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[indice]ÍNDICE GENERAL Título I. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Capítulo II. Órgano consultivo Artículo 3. Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Título II. Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora. Capítulo I. Acceso a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas. Sección 1.ª Condiciones de acceso a la actividad. Artículo 4. Autorización administrativa. Artículo 5. Modificaciones de la documentación aportada. Artículo 6. Efectos de la autorización. Artículo 7. Requisitos para la ampliación de la autorización administrativa de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 8. Organizaciones y agrupaciones de entidades aseguradoras. Artículo 9. Denominación social. Artículo 10. Domicilio social. Artículo 11. Programa de actividades. Artículo 12. Peculiaridades del programa de actividades en los ramos 2, 17, 18 y 19 de la clasificación de ramos del seguro distinto del seguro de vida contenida en el anexo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 13. Ejecución del programa de actividades. Artículo 14. Aumentos y reducciones de capital social y fondo mutual. Aportaciones no dinerarias. Artículo 15. Socios. Evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 16. Colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 17. Cómputo de las participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 18. Honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad. Artículo 19. Registro administrativo. Artículo 20. Inscripción de los actos relativos a entidades aseguradoras y reaseguradoras y sus grupos. Artículo 21. Inscripción de los actos relativos a las personas que ejercen la dirección efectiva de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 22. Inscripción de los actos relativos a las organizaciones para la distribución de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras o para la prestación de servicios comunes relacionados con la actividad de las mismas y sus altos cargos. Artículo 23. Inscripción de las medidas de control especial. Artículo 24. Cancelación de la inscripción de las sanciones impuestas. Sección 2.ª Actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la Unión Europea. Artículo 25. Deber de información al tomador del seguro. Artículo 26. Deber de información estadística relativa a las actividades transfronterizas de las entidades aseguradoras españolas. Artículo 27. Remisión general. Artículo 28. Establecimiento de sucursales. Artículo 29. Comunicación para operar en libre prestación de servicios. Capítulo II. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de otros Estados miembros de la Unión Europea. Sección 1.ª Disposiciones generales para entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 30. Ordenación y supervisión de entidades aseguradoras autorizadas. Sección 2.ª Actividad en régimen de derecho de establecimiento de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 31. Determinación de las condiciones de ejercicio. Artículo 32. Supervisión de sucursales en España por las autoridades del Estado de origen. Artículo 33. Entidades reaseguradoras domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo. Sección 3.ª Actividad en régimen de libre prestación de servicios de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 34. Inicio y modificación de actividad. Sección 4.ª Régimen de las agencias de suscripción. Artículo 35. Requisitos y procedimiento de autorización de las agencias de suscripción. Capítulo III. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Artículo 36. Autorización de sucursales de entidades aseguradoras de terceros países. Artículo 37. Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora. Artículo 38. Garantías financieras de las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 39. Ventajas en el régimen de las sucursales de entidades domiciliadas en terceros países, autorizadas en varios Estados miembros. Artículo 40. Información a la Comisión Europea y a otros Estados miembros sobre filiales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Artículo 41. Régimen especial de establecimiento de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operan en el ámbito de seguros distintos del seguro de vida. Artículo 42. Procedimiento de autorización de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operen en seguros distintos del seguro de vida. Artículo 43. Entidades reaseguradoras de terceros países. Título III. Ejercicio de la actividad. Capítulo I. Sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras Artículo 44. Requisitos generales del sistema de gobierno. Artículo 45. Gestión de riesgos. Artículo 46. Evaluación interna de riesgos y solvencia. Artículo 47. Función Actuarial. Capítulo II. Valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones. Sección 1.ª Normas sobre provisiones técnicas. Artículo 48. Cálculo de las provisiones técnicas: principios generales. Artículo 49. Otros elementos que deben tenerse en cuenta en el cálculo de las provisiones técnicas. Artículo 50. Segmentación de las obligaciones por grupos homogéneos. Artículo 51. Importes recuperables de los contratos de reaseguros y de entidades con cometido especial. Artículo 52. Calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. Artículo 53. Uso de aproximaciones en el cálculo de provisiones técnicas. Artículo 54. Estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. Artículo 55. Ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. Artículo 56. Cálculo del ajuste por casamiento de flujos. Artículo 57. Ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. Artículo 58. Provisiones técnicas del seguro de decesos. Sección 2.ª Fondos propios. Artículo 59. Determinación de los fondos propios. Artículo 60. Clasificación de los fondos propios en niveles. Artículo 61. Clasificación de los fondos propios específicos de los seguros. Artículo 62. Admisibilidad de los fondos propios y límites aplicables a los niveles 1, 2 y 3. Sección 3.ª Capital de solvencia obligatorio. Subsección 1.ª Normas generales. Artículo 63. Cálculo del capital de solvencia obligatorio. Artículo 64. Métodos de cálculo del capital de solvencia obligatorio. Artículo 65. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. Artículo 66. Procedimiento para exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. Artículo 67. Información sobre la exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. Subsección 2.ª Fórmula estándar. Artículo 68. Estructura de la fórmula estándar. Artículo 69. Configuración del capital de solvencia obligatorio básico. Artículo 70. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante la fórmula estándar. Artículo 71. Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida del capital obligatorio básico. Artículo 72. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida del capital obligatorio básico. Artículo 73. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad del capital obligatorio básico. Artículo 74. Módulo de riesgo de mercado del capital obligatorio básico. Artículo 75. Submódulo de riesgo de renta variable basado en la duración. Artículo 76. Peculiaridades del cálculo del capital de solvencia obligatorio para el seguro de decesos. Artículo 77. Módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte del capital obligatorio básico. Subsección 3.ª Modelos internos. Artículo 78. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante modelos internos. Artículo 79. Autorización de modelos internos. Artículo 80. Requisitos adicionales para la autorización de modelos internos parciales. Artículo 81. Política de modificación de modelos internos. Artículo 82. Incumplimiento del modelo interno. Artículo 83. Uso del modelo interno en la toma de decisiones y en las actividades de gestión. Artículo 84. Normas de calidad estadística de los modelos internos. Artículo 85. Normas de calibración de los modelos internos. Artículo 86. Asignación de pérdidas y ganancias. Artículo 87. Normas de validación de los modelos internos. Artículo 88. Documentación de los modelos internos. Sección 4.ª Inversiones. Artículo 89. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 90. Activos que representan las provisiones técnicas en aquellos seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. Capítulo III. Información pública sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 91. Forma del informe sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 92. Contenido del informe sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 93. Plazos de divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 94. Actualizaciones del informe sobre la situación financiera y de solvencia e información voluntaria adicional. Capítulo IV. Obligaciones contables. Artículo 95. Contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 96. Libros y registros contables de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 97. Obligaciones contables de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 98. Auditoría de las cuentas anuales de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo V. Operaciones societarias. Sección 1.ª Cesión de cartera. Artículo 99. Cesión de cartera entre entidades aseguradoras españolas. Artículo 100. Procedimiento de autorización de la cesión de cartera de las entidades aseguradoras españolas. Artículo 101. Cesión de cartera por una entidad aseguradora española de los contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, o que pasen a estar suscritos en cualquiera de esos regímenes. Artículo 102. Cesión de cartera de entidades que operen en España domiciliadas en otro Estado miembro. Artículo 103. Cesión de cartera de sucursales en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 104. Cesión de cartera a una sucursal en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 105. Cesión de cartera de entidades reaseguradoras. Sección 2.ª Modificaciones estructurales. Subsección 1.ª Transformación. Artículo 106. Transformación de entidades aseguradoras. Artículo 107. Procedimiento de autorización de la transformación de entidades aseguradoras. Artículo 108. Traslado del domicilio social al extranjero. Subsección 2.ª Fusión. Artículo 109. Fusión de entidades aseguradoras. Artículo 110. Procedimiento de autorización de la fusión de entidades aseguradoras. Artículo 111. Fusiones transfronterizas. Subsección 3.ª. Cesión global de activo y pasivo. Artículo 112. Cesión global de activo y pasivo. Subsección 4.ª Escisión. Artículo 113. Escisión de entidades aseguradoras. Artículo 114. Procedimiento de autorización de la escisión de entidades aseguradoras. Sección 3.ª Agrupaciones y uniones temporales de entidades aseguradoras o reaseguradoras. Artículo 115. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. Capítulo VI. Conductas de mercado. Sección 1.ª Estatutos, pólizas y tarifas. Artículo 116. Estatutos. Artículo 117. Pólizas y tarifas de primas. Artículo 118. Normas generales sobre bases técnicas. Artículo 119. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de vida. Artículo 120. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de decesos. Artículo 121. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de enfermedad. Sección 2.ª Deber de información. Artículo 122. Deber general de información a facilitar a los tomadores de seguros o asegurados. Artículo 123. Información en los contratos de seguro ofrecidos en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. Artículo 124. Deber particular de información en los seguros de vida. Artículo 125. Deber particular de información en los seguros de decesos. Artículo 126. Deber particular de información en los seguros de enfermedad. Artículo 127. Publicidad. Capítulo VII. Régimen especial de solvencia. Sección 1.ª Ámbito de aplicación. Artículo 128. Ámbito de aplicación. Sección 2.ª Valoración de provisiones técnicas. Artículo 129. Enumeración de las provisiones técnicas. Artículo 130. Provisión de primas. Artículo 131. La provisión de seguros de vida. Artículo 132. Tipo de interés. Artículo 133. Tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad. Artículo 134. Gastos de administración y adquisición. Artículo 135. Rescates. Artículo 136. Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión y asimilados. Artículo 137. Provisión de participación en beneficios y para extornos. Artículo 138. Provisión de siniestros pendientes. Artículo 139. Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago. Artículo 140. Provisión de siniestros pendientes de declaración. Artículo 141. Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros. Artículo 142. Provisión del seguro de decesos. Artículo 143. Provisión del seguro de enfermedad. Artículo 144. Provisión de desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo. Sección 3.ª Valoración de inversiones. Artículo 145. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras. Sección 4.ª Fondos propios. Valoración de activos y pasivos. Artículo 146. Determinación de los fondos propios. Artículo 147. Valoración de los activos. Sección 5.ª Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio. Artículo 148. Cálculo del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio en el régimen especial de solvencia. Artículo 149. Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. Artículo 150. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. Artículo 151. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. Artículo 152. Módulo de riesgo de mercado del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. Artículo 153. Módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. Sección 6.ª Sistema de gobierno. Artículo 154. Requisitos de Sistema de Gobierno en el régimen especial de solvencia. Capítulo VIII. Ejercicio simultáneo de la actividad de seguro de vida y de seguro distinto del de vida. Artículo 155. Entidades aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en seguros de vida y en seguros distintos del de vida. Artículo 156. Gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida. Artículo 157. Obligaciones derivadas de la gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida. Título IV. Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo I. Principios generales. Artículo 158. Transparencia de la actuación supervisora. Artículo 159. Información que deberá facilitarse a efectos de supervisión, estadísticos y contables. Artículo 160. Plazos de presentación de la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. Artículo 161. Limitación de la presentación de información periódica a efectos de supervisión, estadísticos y contables. Artículo 162. Exención o limitación de presentación de información detallada. Artículo 163. Información sobre la limitación o exención en la presentación de información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. Artículo 164. Supervisión de funciones y actividades externalizadas. Artículo 165. Actuaciones inspectoras sobre la presencia permanente de las entidades aseguradoras. Capítulo II. Supervisión financiera. Artículo 166. Contenido de la supervisión financiera. Capítulo III. Supervisión por inspección. Artículo 167. Personal inspector. Artículo 168. Iniciación del procedimiento de supervisión por inspección. Artículo 169. Desarrollo de las actuaciones inspectoras. Artículo 170. Excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora. Artículo 171. Diligencias. Artículo 172. Formalización del acta de inspección. Artículo 173. Terminación de las actuaciones inspectoras. Artículo 174. Deber de comunicación. Título V. Supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo I. Ejercicio de la supervisión de grupos. Artículo 175. Asunción de la función de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en supuestos especiales. Artículo 176. Excepciones a la asunción de la función de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 177. Colegios de Supervisores. Artículo 178. Acceso a la información y verificación. Artículo 179. Cooperación e intercambio de información entre las autoridades de supervisión. Capítulo II. Situación financiera de grupo. Sección 1.ª Solvencia de grupo. Subsección 1.ª Principios generales. Artículo 180. Supervisión de la solvencia de grupo. Artículo 181. Informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo. Artículo 182. Publicidad de la estructura de grupo. Subsección 2.ª Métodos de cálculo. Artículo 183. Método basado en la consolidación contable. Artículo 184. Modelo interno de grupo consolidado y de las entidades aseguradoras y reaseguradoras de grupo. Artículo 185. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional de grupo consolidado. Artículo 186. Método de deducción y agregación. Artículo 187. Inclusión de la participación proporcional. Artículo 188. Supresión del doble cómputo de los fondos propios admisibles. Artículo 189. Supresión de la creación de capital intragrupo. Artículo 190. Valoración. Subsección 3.ª Cálculo de la solvencia de grupo según el tipo de entidad vinculada Artículo 191. Entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas. Artículo 192. Equivalencia respecto de entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. Artículo 193. Determinación de la equivalencia temporal respecto de entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. Artículo 194. Sociedades de cartera de seguros intermedia y sociedades financieras mixtas de cartera intermedias. Artículo 195. Entidades de crédito, empresas de servicios de inversión e instituciones financieras vinculadas. Artículo 196. Falta de información sobre entidades vinculadas. Subsección 4.ª Grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 197. Régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 198. Autorización para acogerse al régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 199. Determinación del capital de solvencia obligatorio de la filial. Artículo 200. Incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio y al capital mínimo obligatorio de la filial. Artículo 201. Terminación de la aplicación del régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Sección 2.ª Concentración de riesgo y operaciones intragrupo. Artículo 202. Supervisión de la concentración de riesgo. Artículo 203. Supervisión de las operaciones intragrupo. Artículo 204. Exclusiones a la supervisión de la concentración de riesgo y de las operaciones intragrupo. Sección 3.ª Gestión de riesgos y control interno. Artículo 205. Supervisión del sistema de gobierno del grupo. Capítulo III. Disposiciones específicas para determinadas clases de grupos. Sección 1.ª Grupos con matrices en la Unión Europea, distintas de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 206. Sociedades de cartera de seguros. Sociedades financieras mixtas de cartera. Sociedades mixtas de cartera de seguros. Sección 2.ª Grupos con entidades matrices fuera de la Unión Europea. Artículo 207. Supervisión equivalente. Artículo 208. Determinación por la Comisión Europea de la equivalencia temporal de terceros países en los que estén domiciliadas entidades aseguradoras y reaseguradoras matrices del grupo. Artículo 209. Falta de equivalencia de la supervisión de grupos de terceros países. Artículo 210. Entidades matrices fuera de la Unión Europea: niveles. Capítulo IV. Grupos mutuales. Artículo 211. Grupos mutuales. Título VI. Situaciones de deterioro financiero. Medidas de control especial. Capítulo I. Situaciones de deterioro financiero. Artículo 212. Situaciones adversas excepcionales y contenido del plan de recuperación y del plan de financiación a corto plazo. Capítulo II. Procedimiento. Artículo 213. Procedimiento de adopción de medidas de control especial. Artículo 214. Funciones de colaboración del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con las medidas de control especial adoptadas. Capítulo III. Intervención administrativa. Artículo 215. Intervención administrativa de las entidades aseguradoras. Artículo 216. Intervención para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de control especial. Artículo 217. Intervención en la liquidación. Título VII. Revocación, disolución y liquidación. Capítulo I. Revocación de la autorización administrativa. Artículo 218. Falta de efectiva actividad y abandono del domicilio social. Capítulo II. Disolución y liquidación de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Sección 1.ª Disolución. Artículo 219. Cómputo del patrimonio neto a efectos de causa de disolución. Artículo 220. Comunicación de la existencia de causa de disolución. Artículo 221. Procedimiento de disolución administrativa. Sección 2.ª Liquidación. Artículo 222. Vencimiento anticipado de los contratos de seguro. Artículo 223. Cesión de oficio de la cartera de seguros en la liquidación. Artículo 224. Documentación a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por los administradores y por los liquidadores. Artículo 225. Deber de colaboración de los antiguos administradores y gestores. Artículo 226. Información a los acreedores. Artículo 227. Finalización de las operaciones de liquidación. Capítulo III. Liquidación por el Consorcio de Compensación de Seguros Artículo 228. Compra de créditos con cargo a recursos del Consorcio de Compensación de Seguros. Artículo 229. Liquidación de entidades solventes. Artículo 230. Liquidación de entidades insolventes. Disposición adicional primera. Registro sobre seguros obligatorios. Disposición adicional segunda. Procedimiento de autorización de las entidades con cometido especial. Disposición adicional tercera. Cuantía máxima de cobertura de responsabilidad civil como riesgo accesorio. Disposición adicional cuarta. Consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con los seguros de crédito y caución. Disposición adicional quinta. Régimen de cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables. Disposición adicional sexta. Dotación de las provisiones técnicas. Cuantía mínima. Disposición adicional séptima. Programa de actividades de los corredores de seguros. Disposición adicional octava. Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos. Disposición adicional novena. Prácticas abusivas. Disposición adicional décima. Contravalor del Euro. Disposición adicional undécima. Peritos de seguros, Comisarios de Averías y Liquidadores de averías. Disposición adicional duodécima. Colaboradores externos de los mediadores de seguros. Disposición adicional decimotercera. Remisiones normativas. Disposición adicional decimocuarta. Control de gastos de personal. Disposición adicional decimoquinta. Distribución de competencias. Disposición adicional decimosexta. Acceso electrónico a los servicios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Disposición adicional decimoséptima. Cobertura de responsabilidad civil de las agencias de suscripción. Disposición transitoria primera. Medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo. Disposición transitoria segunda. Medida transitoria sobre las provisiones técnicas. Disposición transitoria tercera. Incumplimiento del capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de la medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo o sobre las provisiones técnicas. Disposición transitoria cuarta. Medida transitoria para la clasificación de los fondos propios. Disposición transitoria quinta. Medida transitoria sobre los submódulos de concentración y de diferencial del riesgo de mercado. Disposición transitoria sexta. Medida transitoria sobre el submódulo de riesgo de mercado de acciones. Disposición transitoria séptima. Medida transitoria sobre la inversión en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados. Disposición transitoria octava. Medida transitoria para solicitar la aprobación de un modelo interno de grupo aplicable a una parte del grupo. Disposición transitoria novena. Informe sobre la situación financiera y de solvencia. Disposición transitoria décima. Plazos de divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia. Disposición transitoria undécima. Plazos de presentación de la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. Disposición transitoria duodécima. Adaptación de los planes de pensiones preexistentes a lo establecido en la disposición final cuarta, por la que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Disposición transitoria decimotercera. Entidades aseguradoras y reaseguradoras que a partir del 1 de enero de 2016 no suscriban nuevos contratos. Disposición transitoria decimocuarta. Deber de información de las entidades aseguradoras y reaseguradoras respecto al ejercicio 2015 a presentar en el 2016. Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio del capital de solvencia obligatorio. Disposición transitoria decimosexta. Distribución de dividendos o derramas. Disposición transitoria decimoséptima. Procedimiento sancionador simplificado. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social. Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. Disposición final sexta. Modificación de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Disposición final séptima. Modificación de la Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones. Disposición final octava. Salvaguardia del rango normativo. Disposición final novena. Título competencial. Disposición final décima. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. Disposición final undécima. Habilitación normativa. Disposición final duodécima. Entrada en vigor. Anexo. Fórmula estándar del capital de solvencia obligatorio (SCR).[fin indice] [preambulo]I Con la aprobación de la Ley 20/2015 de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en adelante LOSSEAR, se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, en adelante, Directiva Solvencia II, modificada principalmente por la Directiva 2014/51/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010, en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), más conocida como Ómnibus II. Esta normativa europea introduce importantes novedades, respecto de la normativa anterior, en cuanto al régimen de solvencia al que están sometidas las entidades aseguradoras y reaseguradoras para el acceso y el ejercicio de su actividad. Este real decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras tiene como finalidad primordial completar la transposición de la Directiva Solvencia II efectuada por la LOSSEAR en cuanto a aquellos de sus preceptos cuya transposición no requiere de rango legal. Al tratarse de una materia eminentemente técnica, son numerosos los preceptos legales que se remiten expresamente a un desarrollo reglamentario que complemente la regulación contenida en la ley. A mayor abundamiento, la disposición final decimoséptima de la ley establece este mandato en términos amplios. Sin perjuicio de lo anterior, este real decreto no agota la labor de desarrollo normativo necesario, aunque sí constituye un elemento esencial del mismo. En este sentido es preciso mencionar el desarrollo del derecho derivado comunitario europeo en general y más específicamente de las directrices y guías de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) que, en gran medida, habrá de efectuarse posteriormente a través de órdenes ministeriales o de circulares de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, resulta relevante recordar que la normativa nacional, habrá de convivir, evitando cualquier tipo de colisión, con la normativa de la Unión Europea que resulte de directa aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, la cual es cada vez más abundante en este ámbito normativo. A este respecto tiene especial significación la reciente entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de la Comisión de 10 de octubre por el que se completa la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). Por otro lado, desde la entrada en vigor del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, la experiencia adquirida con su aplicación aconseja introducir disposiciones que recojan criterios interpretativos y prácticas supervisoras con la finalidad de mejorar el régimen anteriormente vigente, teniendo en cuenta las circunstancias en las que el sector asegurador español ha de desenvolverse actualmente, tanto en el contexto europeo como en el resto del mundo. No obstante lo anterior, gran parte de las disposiciones del anterior reglamento se conservan en este real decreto, por resultar plenamente aplicables a la realidad actual, si bien, en muchos casos, con las lógicas actualizaciones que demanda la coherencia terminológica y de contenido con el nuevo régimen de Solvencia II. En la formulación y aplicación de estas normas es preciso combinar la solvencia de las entidades aseguradoras y la protección de los consumidores y usuarios, con el fomento y desarrollo del mercado, especialmente considerando la efectividad del Espacio Económico Europeo. El real decreto, como la LOSSEAR, regula con un espíritu omnicomprensivo las circunstancias atinentes a la evolución de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Además, contiene disposiciones relativas a los planes y fondos de pensiones, mediación en seguros privados, Consorcio de Compensación de Seguros, Ley de Contrato de Seguro, Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. En cuanto a los criterios técnicos empleados en la elaboración de la norma, se ha optado por desarrollar exclusivamente aquellas materias de la LOSSEAR que se considera necesario ampliar. Esta solución exige la máxima coordinación entre la norma desarrollada y el presente texto, lo que se refleja en una plena identidad de la estructura de la LOSSEAR y este real decreto. La interrelación entre la ley y el real decreto llevan a que sea precisa una consideración conjunta de ambos para tener una visión global de la normativa en ellos contenida. En ejercicio de esta interpretación sistemática, las facultades reconocidas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se entenderán sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 29/2015, de 14 de julio. Por otro lado, el legislador prefirió ordenar tan sólo aquellos aspectos diferenciales de las entidades aseguradoras respecto al resto de entidades mercantiles. En todo aquello en lo que no se aprecia una singularidad propia de la actividad aseguradora, la remisión a la normativa general es completa y absoluta. Conforme a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los procedimientos regulados en este real decreto que impliquen comunicaciones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrán ser cumplidos electrónicamente. II En cuanto a su estructura, el real decreto sigue fielmente la distribución de la ley, distinguiéndose siete títulos, diecisiete disposiciones adicionales, diecisiete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, doce disposiciones finales y un anexo. El título I desarrolla las disposiciones generales de la ley, en concreto la delimitación de su objeto y las operaciones que tienen la consideración de seguro y reaseguro privado. Se contempla además la posibilidad de formular consultas por los interesados dirigidas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando se susciten dudas concretas sobre este particular, así como la correlativa obligación de ésta de contestarlas emitiendo su criterio de forma motivada. También se detallan, en su capítulo II, las funciones y estructura de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. El título II, que se refiere al acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora, dedica cada uno de sus tres capítulos a los tipos de entidades que pueden actuar en España, diferenciados según su origen. El primero, a las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas. En él se regulan pormenorizadamente aspectos como el procedimiento de solicitud y aprobación, la documentación a aportar o los efectos de la autorización, entre los que destaca que la autorización concedida a una entidad para operar en todo el territorio español supone que también podrá hacerlo en todo el territorio de la Unión Europea, que se conoce como pasaporte comunitario o licencia única. También regula este capítulo las particularidades que afectan a la denominación o el domicilio social de las entidades y aspectos concretos de gran importancia como el programa de actividades, los aumentos y reducciones del capital social o fondo mutual, el régimen de adquisición y reducción de participaciones significativas y el registro administrativo. Ello hace preciso, delimitar su contenido y mecánica operativa. Continúa este capítulo con el desarrollo de los requisitos de honorabilidad y aptitud exigidos a los socios y a quienes ejerzan la dirección efectiva o las funciones fundamentales que integran el sistema de gobierno de la entidad. El segundo capítulo del título II contempla los requisitos a cumplir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras autorizadas en otros estados de la Unión Europea que deseen actuar en España en régimen de derecho de establecimiento o libre prestación de servicios, todo ello presidido por el principio de supervisión por el país de origen y teniendo en cuenta las relaciones que las autoridades de supervisión de los Estados miembros han de mantener para que la supervisión resulte eficaz y eficiente. Finalmente, el capítulo III regula las particularidades que comporta la autorización para el acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países, distinguiendo el régimen especial aplicable a las sucursales de entidades aseguradoras suizas que operen en seguros distintos del seguro de vida, en virtud de la aplicación de la Directiva 91/371/CEE, del Consejo, de 20 junio, referente a la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, relativo al seguro directo distinto del seguro de vida. El título III aborda el ejercicio de la actividad aseguradora o reaseguradora. Su capítulo I está dedicado al sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, materia a la que la Directiva Solvencia II otorga gran importancia, por lo que en este capítulo se desarrollan tanto los requisitos generales que debe reunir el sistema de gobierno para garantizar una gestión sana y prudente de la actividad, como los específicos de cada una de las funciones fundamentales que lo integran. También contiene este título, en su capítulo II, las normas de valoración de activos y pasivos, las garantías financieras e inversiones a efectos de solvencia, siguiendo para ello las pautas marcadas en la ley. Asimismo se incluyen en este capítulo cuestiones esenciales en el nuevo régimen de solvencia como las reglas para el adecuado cálculo de las provisiones técnicas, la determinación, clasificación y admisibilidad de los fondos propios, o el cálculo del capital de solvencia obligatorio, tanto mediante la fórmula estándar como a través de modelos internos. El capítulo III regula la forma y contenido del informe financiero y de solvencia que deberán elaborar periódicamente tanto las entidades aseguradoras y reaseguradoras como sus grupos, así como los plazos para su divulgación y sus actualizaciones. El capítulo IV contiene algunas disposiciones en relación con las obligaciones contables de las entidades aseguradoras. El capítulo V establece los procedimientos de autorización de las operaciones societarias, diferenciando entre la cesión de cartera y las modificaciones estructurales. Dentro de estas últimas se distingue entre la transformación societaria, la fusión, la cesión global del activo y pasivo y la escisión. Concurren dos especialidades en estas figuras; por un lado, las propias de la actividad aseguradora; de otro, las específicas de la naturaleza jurídica y económica de estas entidades. Respecto de la primera, se destaca que la cesión de cartera supone el traspaso en bloque de contratos de seguros, con sus inherentes derechos y obligaciones. Los principios de claridad, transparencia, publicidad y seguridad jurídica deben presidir la transmisión de contratos en masa. Dentro de este mismo capítulo también se regulan las particularidades del traslado del domicilio social al extranjero, así como de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas de las que formen parte entidades aseguradoras. El capítulo VI contiene las disposiciones dedicadas a las conductas de mercado, regulando los aspectos relativos a estatutos, pólizas y tarifas. En este capítulo se concreta su contenido, se transponen las normas comunitarias sobre la materia y se regulan las particularidades en relación con la publicidad de seguros y reaseguros. El capítulo VII desarrolla los principios generales establecidos en la ley para la regulación del régimen especial de solvencia al que podrían acogerse aquellas entidades que no realicen actividades en régimen de derecho de establecimiento o libre prestación de servicios en otros Estados miembros de la Unión Europea y no superen los límites que se establecen, así como las mutualidades de previsión social que cumplan los requisitos para ello establecidos. El capítulo VIII pone fin al título III con las disposiciones especiales referidas al ejercicio simultáneo de las actividades de seguro directo de vida y seguro directo distinto del seguro de vida, lo que sólo es posible en el caso de entidades autorizadas para operar en ambos ámbitos conforme a regímenes anteriores a la entrada en vigor de la ley. El título IV, referido a la supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su capítulo I desarrolla determinados aspectos de la ley sobre esta materia, en particular, la información que debe divulgar la autoridad supervisora, la información que deberán facilitar las entidades a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sus plazos y las exenciones o limitaciones a su presentación o la supervisión de las actividades y funciones externalizadas. En su capítulo II especifica el contenido de la supervisión financiera y en el capítulo III, aspectos de la supervisión por inspección de gran relevancia como los relativos al personal inspector o los que regulan las distintas fases del procedimiento, desde su iniciación a la terminación de las actuaciones inspectoras. El título V se dedica a la supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. El nuevo régimen de solvencia II desplaza la atención de la supervisión hacia a la solvencia del grupo a nivel europeo sin prescindir de la supervisión de las entidades a nivel individual. Este nuevo enfoque exige una estrecha colaboración entre las autoridades de control bajo cuya jurisdicción operen diferentes entidades pertenecientes a un mismo grupo, y supone la aparición de nuevas figuras como el colegio de supervisores o el supervisor de grupo, que se regulan en el capítulo I. El núcleo de esta regulación se encuentra en el capítulo II, referido a la situación financiera del grupo. La sección 1.ª regula el método de cálculo de la solvencia de grupo que con carácter general será el basado en la consolidación contable. No obstante, en determinados supuestos se podrá utilizar, previa autorización, el método de deducción-agregación o una combinación de ambos. Se regulan determinadas especialidades del cálculo de solvencia del grupo sobre el cálculo a nivel de entidad individual, tales como la supresión del doble cómputo de fondos propios admisibles, la supresión de la creación de capital intragrupo, las peculiaridades de determinadas entidades integradas en el grupo, como las sociedades de cartera de seguros intermedia y sociedades financieras mixtas de cartera intermedias, la determinación de la equivalencia o de la equivalencia temporal respecto de entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. La sección 1.ª de este capítulo II finaliza con la regulación de los grupos con gestión centralizada de riesgos. La sección 2.ª se dedica a los otros dos pilares, junto a la solvencia, en los que se basa la supervisión financiera, la supervisión de la concentración de riesgos intragrupo y la supervisión de las operaciones intragrupo. La sección 3.ª pone fin al capítulo II con la introducción de algunas especialidades para la gestión de riesgos y el control interno a nivel de grupo. El capítulo III recoge algunas disposiciones específicas aplicables a los grupos con matrices en la Unión Europea pero que no tengan la condición de entidades aseguradoras o reaseguradoras y a los grupos con matrices situadas fuera de la Unión Europea. El capítulo IV y último del título V contiene un solo artículo dedicado a las especialidades de los grupos mutuales. El título VI regula las situaciones de deterioro financiero de las entidades y las medidas de control especial. En concreto, se regula el contenido del plan de recuperación y del plan de financiación a corto plazo que deben presentar las entidades cuando sus fondos propios admisibles no alcancen para cubrir el capital de solvencia obligatorio o el capital mínimo obligatorio, respectivamente. También se desarrolla el procedimiento de adopción de medidas de control especial en línea con la regulación precedente introduciendo adaptaciones al nuevo régimen de solvencia y las mejoras aconsejadas por la experiencia de su aplicación. Es de destacar la atribución al Consorcio de Compensación de Seguros de nuevas funciones de colaboración en la aplicación de medidas de control especial adoptadas. En el caso de la intervención administrativa, la regulación mantiene y clarifica la distinción entre la intervención adoptada para garantizar el correcto cumplimiento de otras medidas de control especial y la intervención en la liquidación. El título VII completa la regulación contenida en la ley sobre la revocación, disolución y liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. El cese de la actividad está presidido en la ley por los principios de protección de los acreedores, en especial de los asegurados, agilidad y transparencia. La Administración puede intervenir y tutelar el cese, fiscalizando el proceso de revocación, disolución, liquidación y extinción. En relación con la revocación, el real decreto concreta lo que se entiende por falta de efectiva actividad y por abandono del domicilio social. En cuanto a la disolución, recoge el cómputo del patrimonio neto a efectos de causa de disolución, la obligatoriedad de comunicar a la autoridad de supervisión la existencia de causa de disolución, así como el acuerdo de disolución adoptado. Se regulan asimismo las peculiaridades del procedimiento de disolución administrativa, remitiéndose expresamente para completarlas a las normas contenidas en la legislación de las sociedades de capital o a la legislación de cooperativas, cuando se trate de entidades con esta última forma jurídica. Por lo que se refiere a la liquidación, cabe destacar la regulación del vencimiento anticipado de los contratos de seguro, la cesión de oficio de la cartera de seguros en la liquidación, la protección especial de los créditos por contrato de seguro o el proceso y la finalización de las operaciones de liquidación. Mención especial merece la regulación que el capítulo III de este título VII dedica a la liquidación por el Consorcio de Compensación de Seguros, que desarrolla y completa las disposiciones sobre la materia recogidas en la ley. Entre otros aspectos, se recoge el plazo máximo de nueve meses de que dispone el Consorcio para determinar el porcentaje a ofrecer a los acreedores por contrato de seguro, y se distingue entre la liquidación de entidades solventes y de entidades insolventes. El real decreto contiene diecisiete disposiciones adicionales. La primera de ellas atribuye al Consorcio de Compensación de Seguros la gestión del registro público de seguros obligatorios, creado ex novo por la ley, en cumplimiento de la Directiva Solvencia II. En este registro deberán figurar todos los seguros cuya obligatoriedad haya sido establecida por una ley estatal o autonómica y se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para regular mediante resolución la información a remitir al registro cuando se establezca un seguro obligatorio y el procedimiento de remisión. La disposición adicional segunda regula el procedimiento de autorización administrativa para operar como entidad con cometido especial. La tercera establece la cuantía máxima de cobertura de la responsabilidad cuando tenga la consideración de riesgo accesorio de conformidad con el anexo A) b) de la ley. La cuarta atribuye al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la competencia para resolver las consultas, quejas y reclamaciones en relación con los seguros de crédito y caución cuando el tomador o el asegurado no sean profesionales o el riesgo no se refiera a una actividad profesional. La quinta establece el régimen a aplicar para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables. La sexta establece los importes que se computan como cuantía mínima de las provisiones técnicas. La séptima añade la obligación de informar en el programa de actividades a presentar para obtener y mantener la autorización administrativa como corredores de seguros de la estructura de la organización que incluya los sistemas de comercialización, así como de las previsiones de ingresos y gastos para los tres primeros ejercicios de actividad y de la adecuación a estos de los medios y recursos disponibles. La disposición adicional octava precisa los actos sujetos a inscripción en el registro administrativo especial de corredores de seguros y reaseguros, de sociedades de correduría de seguros y reaseguros y de sus altos cargos. La novena califica como prácticas abusivas, a efectos de lo dispuesto en los apartados 2.o) y 3.g) del artículo 55 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación en seguros y reaseguros privados, determinadas conductas. La décima transpone lo dispuesto en la Directiva Solvencia II en relación con el contravalor del euro en otras monedas nacionales de la Unión Europea. La undécima exige un conocimiento suficiente de la técnica de la pericia aseguradora a los peritos de seguros, comisarios de averías, y liquidadores de averías que intervengan en un procedimiento de tasación pericial contradictoria. La duodécima habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a desarrollar el régimen de incompatibilidades y la formación exigible a los colaboradores externos. La disposición adicional decimotercera establece que las referencias normativas que efectúen otras disposiciones al Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este real decreto. La disposición adicional decimocuarta establece que las medidas contenidas en el real decreto no podrán suponer incremento de dotaciones ni gastos de personal. La disposición adicional decimoquinta, referida a la distribución de competencias, traslada, en determinados supuestos, las referencias hechas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. La disposición adicional decimosexta prevé que los ciudadanos puedan relacionarse con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medios electrónicos. La disposición adicional decimoséptima establece la cobertura de responsabilidad civil de las agencias de suscripción. El real decreto contiene diecisiete disposiciones transitorias. La primera establece la posibilidad de aplicar un ajuste en la curva de tipos de interés sin riesgo para reducir el impacto que se produciría en las provisiones técnicas de vida por el cambio en el tipo de interés utilizado para su cálculo. Este ajuste se podrá aplicar previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando se cumplan las condiciones que se establecen y se irá reduciendo de forma lineal cada año hasta 2032, con el fin de que el citado impacto se produzca de manera progresiva. La disposición transitoria segunda permite la aplicación de un ajuste sobre el importe calculado de las provisiones técnicas. Como en el caso anterior, se trata de reducir el impacto que provocaría el cambio de sistema de cálculo. La aplicación de estas medidas transitorias está prevista en la Directiva Solvencia II. La disposición transitoria tercera prevé, para las entidades que apliquen las medidas transitorias primera o segunda, en el caso de que se observe incumplimiento del capital de solvencia obligatorio si no se aplicaran los ajustes permitidos por ellas, la necesidad de elaborar y presentar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un plan de introducción progresiva para restablecer el nivel de cobertura de fondos propios admisibles y así garantizar el cumplimiento del capital de solvencia obligatorio al final del periodo transitorio. La disposición transitoria cuarta permite clasificar como fondos propios básicos de nivel I, durante diez años, aquellos elementos de fondos propios emitidos con anterioridad al 18 de enero de 2016 que cumplan los requisitos que en ella se establecen. La disposición transitoria quinta dispone una medida sobre los submódulos de concentración y de diferencial, dentro del riesgo de mercado, con el objetivo de distribuir en el tiempo el impacto del nuevo régimen. La disposición transitoria sexta contempla una medida sobre el submódulo de acciones, dentro del riesgo de mercado, permitiendo una distribución progresiva de su impacto durante ocho años. La disposición transitoria séptima establece una medida sobre la inversión en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados, de forma que sólo se hayan de aplicar los requisitos contemplados en el nuevo régimen de solvencia los instrumentos emitidos antes del 1 de enero de 2011. La disposición transitoria octava contempla una medida que permite solicitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, hasta el 31 de marzo de 2022, la aprobación de un modelo interno aplicable a una parte del grupo cuando la matriz última a la que se aplique esté situada en España y dicha parte constituya una fracción diferenciada con un perfil de riesgo sustancialmente distinto al resto del grupo. La disposición transitoria novena, relativa al informe sobre la situación financiera y de solvencia, permite que no sea obligatorio hasta diciembre de 2020 incluir en la descripción de la gestión de capital la indicación separada de la exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional o el impacto de los parámetros específicos a utilizar por desvíos significativos frente a las hipótesis de cálculo de la fórmula estándar. La disposición transitoria décima introduce un régimen transitorio de reducción progresiva de los plazos de divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia, tanto para entidades individuales como para grupos. La disposición transitoria undécima amplía la anterior medida a la información anual a efectos de supervisión, estadísticos y contables que deberá remitir al supervisor las entidades aseguradoras y sus grupos. La disposición transitoria duodécima establece un plazo de seis meses para la adaptación de los planes de pensiones preexistentes a lo que establece la disposición final cuarta, por la que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones. La disposición transitoria decimotercera especifica el contenido mínimo que habrá de reunir el informe anual de progreso de la liquidación de las entidades que, a partir del 1 de enero de 2016, no suscriban nuevos contratos. La disposición transitoria decimocuarta especifica que todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como sus grupos, deberán remitir la información periódica a la que se refiere el artículo 66 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en los plazos establecidos en el citado artículo. La disposición transitoria decimoquinta contiene el régimen aplicable a las entidades que dispusieran del margen de solvencia mínimo exigido por la normativa que le resultaba de aplicación el día anterior a la entrada en vigor del nuevo régimen de solvencia, pero no dispongan, en el primer año de aplicación de este real decreto, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio. A estas entidades se les permite tomar las medidas necesarias para adaptarse al nuevo régimen hasta el 31 de diciembre de 2017. La disposición transitoria decimosexta impide la distribución de dividendos a las entidades autorizadas para aplicar las medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo o sobre las provisiones técnicas cuando, sin la aplicación de las citadas medidas, presentasen un déficit de capital de solvencia obligatorio o de capital mínimo obligatorio, o pudieran llegar a presentarlo como consecuencia de la distribución de dividendos. La disposición transitoria decimoséptima contempla un régimen de procedimiento sancionador simplificado en tanto no entre en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y en especial el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, salvo lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; y las disposiciones adicionales quinta y sexta. También se deroga expresamente la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y el apartado tercero de la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 20 de octubre de 2008, sobre las obligaciones de información de las entidades aseguradoras que comercialicen planes de previsión asegurados. La parte dispositiva se cierra con doce disposiciones finales. La disposición final primera introduce determinadas modificaciones en el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, con la finalidad principal de adaptar al nuevo régimen de Solvencia II las referencias normativas al tipo de interés aplicado en relación con el valor de rescate de los seguros colectivos. La disposición final segunda modifica dos artículos del Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, con el fin de precisar el régimen jurídico de los socios protectores y de establecer la posibilidad de que personas que no ostenten la condición de mutualistas puedan formar parte de la Junta Directiva, permitiendo así una mayor profesionalización del órgano de administración de este tipo de entidades aseguradoras. La disposición final tercera modifica el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, con objeto de recoger la extensión de la cobertura del seguro de riesgos extraordinarios a los daños en vehículos que sólo tengan contratado el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos a motor. Asimismo, se introduce una mención expresa a la cobertura de la inhabitabilidad de vivienda derivada de daños producidos por eventos extraordinarios. La disposición final cuarta modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Se desarrollan aspectos puntuales de información y de la inversión en fondos de pensiones abiertos y garantías externas de rentabilidad de los planes de pensiones. La disposición final quinta introduce en el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 julio, las imprescindibles modificaciones que exige la coherencia con el nuevo régimen de solvencia y además se incorpora al Plan una sexta parte, conteniendo las normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, y que sustituye la regulación vigente transitoriamente sobre esta materia contenida en el Plan de 1997. La disposición final sexta modifica el artículo 84 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, con el fin de adecuar su terminología al nuevo régimen de solvencia y de aclarar que, con carácter general, se debe proceder a solicitar una nueva tasación oficial antes de que transcurran dos años desde la anterior. En la disposición final séptima se habilita a las entidades aseguradoras para el acceso al Índice Nacional de Defunciones, con la finalidad de verificar la supervivencia de los beneficiarios que perciban rentas vitalicias o temporales derivadas de operaciones de seguro, o, en el caso de seguros de fallecimiento, poder agilizar el pago de las prestaciones a los beneficiarios de seguros. La disposición final octava salvaguarda el rango normativo de las disposiciones de la orden ministerial modificada por la disposición final anterior. La disposición final novena contiene el título competencial siguiendo la línea marcada por la Ley 20/2015, de 14 de julio. La disposición final décima especifica las directivas de la Unión Europea cuya transposición se completa mediante el presente real decreto. La disposición final undécima habilita al Ministro de Economía y Competitividad para desarrollar, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, el contenido de este real decreto cuando resulte necesario y la disposición final duodécima dispone que la entrada en vigor del real decreto se producirá el 1 de enero de 2016, en cumplimento de lo que establece la Directiva Solvencia II y en el mismo momento en el que se producirá también la entrada en vigor de la ley. Por último, el anexo transpone el desglose para los diferentes módulos y submódulos de riesgo de la fórmula estándar para el cálculo del capital de solvencia obligatorio que establece la Directiva Solvencia II. III Durante su proceso de elaboración el proyecto fue sometido a consideración de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, en su reunión de 28 de mayo de 2015 y sometido a audiencia pública. También han sido consultados el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Justicia, la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Comunidades Autónomas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, DISPONGO: TÍTULO I Disposiciones generales CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada efectuada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II), todo ello con el fin último de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y de promover la transparencia y el desarrollo de la actividad aseguradora. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. En cuanto al ámbito objetivo: a) Tendrán la consideración de actividades de seguro aquellas en las que concurran los requisitos previstos en la normativa reguladora del contrato de seguro. b) No tendrán la consideración de actividades de seguro privado la prestación de servicios profesionales, los contratos de abono concertados para prestar servicios de conservación, mantenimiento, reparación y similares, siempre que en las obligaciones que asuman las partes no figure la cobertura de un riesgo técnicamente asegurable, ni la mera obligación de prestación de servicios mecánicos al automóvil realizada a sus socios por los clubes automovilísticos. 2 Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, no tendrán la consideración de aseguradores aquellas personas que contando con infraestructura adecuada presten, alguno de los servicios citados en el apartado anterior, referidos a asistencia sanitaria, defensa jurídica, asistencia a personas o decesos, devengando su retribución por cada uno de los actos que realicen y con independencia de la persona que los satisfaga. 3. Las dudas que puedan surgir sobre la calificación de una operación, a efectos de su sometimiento a la Ley 20/2015, de 14 de julio y sus normas de desarrollo, serán resueltas en vía administrativa por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Cuando la duda se refiera a si la operación forma parte de la Seguridad Social obligatoria se solicitará informe previo del Ministerio competente por razón de la materia. A estos efectos, las entidades aseguradoras y cualquier persona que acredite ser titular de un interés legítimo podrán formular consultas mediante escrito dirigido a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el que, con relación a la cuestión planteada, se expresarán con claridad y con extensión necesaria los antecedentes y las circunstancias del caso, el objeto de la consulta y los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración. En dicho escrito se hará constar el nombre, apellidos, denominación o razón social, domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que le represente, así como el lugar, fecha y firma de aquéllos. Si el escrito de consulta no reuniera los requisitos señalados en los apartados anteriores, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito será archivado sin más trámite. En la contestación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá aplicar los criterios manifestados en contestaciones a consultas similares evacuadas con anterioridad salvo que considere oportuno cambiar el criterio, en cuyo caso deberá motivar dicho cambio. La contestación se notificará al interesado en el plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir de la recepción de la consulta en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, de la subsanación de las deficiencias advertidas y contra la misma, en su carácter de mera información y no de acto administrativo, no podrá entablarse recurso alguno, sin perjuicio de que puedan impugnarse el acto o actos administrativos dictados de acuerdo con los criterios manifestados en la misma. CAPÍTULO II Órgano consultivo Artículo 3. Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. 1. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones tendrá atribuidas las siguientes funciones: a) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con los seguros privados, reaseguro, planes y fondos de pensiones y la mediación en seguros y reaseguros, con el objeto de hacer efectivo el principio de audiencia de los sectores afectados en el procedimiento de elaboración de tales disposiciones. El informe que emita no será vinculante. b) Realizar cuantos estudios e informes le sean solicitados por su Presidente. c) Formular recomendaciones generales o de carácter particular en las materias señaladas en la letra a) y en relación con los seguros obligatorios. 2. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones está constituida por un Presidente, un Vicepresidente, vocales y un Secretario. 3. Será Presidente el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, al que corresponde ejercer, entre otras, las siguientes funciones: a) Representar a dicho órgano consultivo. b) Acordar su convocatoria. c) Fijar el orden del día, moderar el desarrollo de las sesiones y suspenderlas, en su caso. d) Visar las actas. e) Solicitar la participación de aquellas personas, entidades y organizaciones que considere conveniente. f) Señalar los plazos para la presentación de observaciones y votos particulares por los vocales. g) Designar comisiones de trabajo para asuntos concretos. 4. El Vicepresidente de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones será el Subdirector General de Seguros y Regulación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a quien compete sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 5. El Secretario, nombrado por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado con destino en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, levantará acta de cada sesión que se celebre, en la que se harán constar los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado y los puntos principales de los asuntos tratados. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente reunión de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. En caso de ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por la persona que al efecto designe el Presidente de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. 6. Serán vocales, el Secretario general técnico del Ministerio de Economía y Competitividad, así como los Subdirectores generales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Abogado del Estado en dicho centro directivo. A propuesta del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, previa consulta de las asociaciones e instituciones más representativas en cada caso, serán nombrados cuatro vocales designados en representación de las entidades aseguradoras, dos en representación de las entidades gestoras de fondos de pensiones, dos en representación de los mediadores de seguros titulados, uno en representación de corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro privado, uno en representación de los actuarios de seguros, uno en nombre de los peritos de seguros y comisarios de averías, dos representantes de organizaciones sindicales y uno en representación del Consejo General de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, y uno en representación del Consorcio de Compensación de Seguros. El Ministro de Justicia propondrá el nombramiento de un vocal; asimismo, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte propondrá el nombramiento de un vocal que recaerá en un catedrático de universidad en materia mercantil. El Ministro de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad propondrá la designación de dos vocales, en representación de los consumidores. Todos los vocales serán designados por el Ministro de Economía y Competitividad. 7. Corresponderá a los vocales de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones: a) Asistir a las reuniones y emitir por escrito las observaciones que consideren oportunas. b) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones de la Junta que les encomiende el Presidente. TÍTULO II Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora CAPÍTULO I Acceso a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas Sección 1.ª Condiciones de acceso a la actividad Artículo 4. Autorización administrativa. 1. La solicitud de autorización de acceso a la actividad aseguradora se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los siguientes documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos generales exigidos en el artículo 22 de la Ley 20/2015, de 14 de julio: a) Copia autorizada de la escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Cooperativas, en la que conste la acreditación de la efectividad de la suscripción y desembolso del capital social o fondo mutual en los términos establecidos en los artículos 33 y 34 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) Relación de todos los socios, con expresión de las participaciones que ostenten en el capital social o de las aportaciones al fondo mutual. Cuando se trate de socios que posean una participación significativa se acompañará, cumplimentado individualmente, el cuestionario que contenga la información incluida en la lista que al efecto apruebe el Ministro de Economía y Competitividad para acreditar que se cumplen las condiciones de idoneidad a que se refiere el artículo 36 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. c) Relación de los socios que tengan la condición de entidad aseguradora, entidad de crédito o empresa de servicios de inversión, así como, en su caso, las participaciones, independientemente de su cuantía, de las que sea titular cualquier socio en una entidad aseguradora, una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión. d) Descripción detallada de aquellas relaciones que constituyan vínculos estrechos de acuerdo con lo definido en el artículo 9 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. e) Programa de actividades que contenga, al menos, las indicaciones y justificaciones previstas en los artículos 11 y 12. f) Relación de quienes, bajo cualquier título, ejerzan la dirección efectiva o formen parte del sistema de gobierno de la entidad, o de la entidad dominante, a la que se acompañará, cumplimentado individualmente, el cuestionario que contenga la información prevista en la lista que al efecto apruebe el Ministro de Economía y Competitividad para acreditar que se cumplen las condiciones de honorabilidad y aptitud a que se refiere el artículo 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. g) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea distinto a España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado miembro distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de Carta Verde. h) Si la entidad pretende operar en el ramo de enfermedad, habrá de indicar si va a garantizar riesgos en los que sólo se otorguen prestaciones pecuniarias, riesgos en los que sólo se garantice la prestación de servicios, o si va a garantizar ambos tipos de riesgos. i) Si la entidad pretende operar en el ramo de defensa jurídica, habrá de indicar la modalidad de gestión elegida entre las opciones previstas en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. La autorización o denegación se adoptará y notificará a la entidad, en el plazo máximo de seis meses, por orden ministerial motivada de forma precisa, contra la cual podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. Artículo 5. Modificaciones de la documentación aportada. 1. Las modificaciones de la documentación aportada que hayan servido de base para el otorgamiento de la autorización administrativa de acceso a la actividad aseguradora se notificarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitiendo, en su caso, certificación íntegra de los acuerdos de los órganos sociales competentes, dentro de los diez días siguientes a la aprobación del acta correspondiente. No obstante, en el supuesto de modificación de la relación de socios a que hace referencia el artículo 4, lo dispuesto en el párrafo anterior solamente será aplicable cuando las participaciones tengan la calificación de significativas o cuando, sin tener tal calificación, sean iguales o superiores al cinco por ciento del capital o de los derechos de voto. En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones copia autorizada de la escritura de elevación a públicos de tales acuerdos, cuando ello proceda. En caso de que deban inscribirse tales acuerdos en el Registro Mercantil, la copia autorizada de la escritura a la que se refiere este párrafo se remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro. Cualquier modificación de los representantes designados en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.g) deberá ser comunicada al Consorcio de Compensación de Seguros dentro de los diez días siguientes a contar desde la fecha de su modificación. 2. Las modificaciones de la documentación aportada notificados a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, en su caso, al Consorcio de Compensación de Seguros cuando se trate de los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros a los que se refiere el artículo 4.1.g), que determinen que la entidad aseguradora deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el real decreto para el otorgamiento de la autorización administrativa, darán lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación, sin perjuicio del posible trámite de subsanación previsto en el artículo 169.6 de la referida ley. Artículo 6. Efectos de la autorización. 1. La autorización determinará la inscripción en el registro a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Esta autorización permitirá a las entidades aseguradoras practicar operaciones únicamente en los ramos para los que hayan sido autorizadas y, en su caso, en los riesgos accesorios o complementarios de los mismos, según proceda, debiendo ajustar su régimen de actuación al programa de actividades, estatutos y demás requisitos determinantes de su concesión. 2. La autorización podrá abarcar sólo una parte de los riesgos correspondientes a un ramo, a instancia de la entidad aseguradora solicitante. En este supuesto, el procedimiento y requisitos de autorización serán los mismos que los previstos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto para el ramo correspondiente, si bien, en el programa de actividades a que se refiere el artículo 32 de la referida ley y artículos 11 y 12 de este real decreto, las indicaciones, justificaciones y previsiones deberán adecuarse a los riesgos concretos a los que se limite la solicitud de autorización. 3. En el ramo de enfermedad, la autorización podrá concederse de modo independiente para los riesgos en los que exclusivamente se otorguen prestaciones pecuniarias o exclusivamente se preste el servicio de asistencia sanitaria. Artículo 7. Requisitos para la ampliación de la autorización administrativa de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. La ampliación de la autorización administrativa para que una entidad aseguradora pueda extender su actividad a otros ramos distintos de los autorizados y la ampliación de una autorización que comprenda sólo una parte de los riesgos incluidos en un ramo o que permita a la entidad aseguradora ejercer su actividad en un territorio de ámbito superior al inicialmente solicitado y autorizado, requerirá autorización administrativa en los términos expresados en el artículo 4.2 y estará sujeta a que la entidad aseguradora cumpla los siguientes requisitos: a) Tener fondos propios básicos admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio previsto en el artículo 78 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como fondos propios admisibles que cubran el capital de solvencia obligatorio previsto en el artículo 74 de la misma, en relación con los ramos en los que ya estuviera autorizada para operar. Asimismo, en relación con los ramos en los que solicita la autorización, deberá mantener fondos propios básicos admisibles para cubrir en todo momento el capital mínimo obligatorio, así como fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio. b) Si para los ramos en los que solicita la extensión de actividad se requiere un capital social o fondo mutual y un importe mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio más elevados que los anteriores, deberá disponer de ellos. c) En el caso de entidades aseguradoras que ejerzan actividades de seguro en el ramo de vida y soliciten autorización administrativa para ampliar su actividad a los ramos 1 (accidentes) o 2 (enfermedad) previstos en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, o bien, en el caso de aquellas entidades que ejerciendo actividad en los ramos 1 (accidentes) o 2 (enfermedad), soliciten autorización administrativa para ampliar su actividad al ramo de vida, deberán acreditar: 1.º Que poseen fondos propios básicos admisibles para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio exigido a las entidades que realizan actividad en el ramo de vida, así como para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio exigido a las entidades que realizan actividad en ramos distintos del de vida. 2.º Que se comprometen a cubrir en todo momento las obligaciones financieras mínimas previstas en el artículo 157 en relación con las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y en ramos distintos del de vida. d) Presentar un programa de actividades en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y artículos 11 y 12 de este real decreto. 2. La entidad aseguradora deberá remitir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente artículo y aportará certificación del acuerdo adoptado por el órgano social competente dentro de los diez días siguientes a la aprobación del acta correspondiente. 3. También será precisa autorización administrativa para que una entidad reaseguradora pueda extender su actividad a otra distinta de la inicialmente autorizada, que se otorgará siempre que cumpla los requisitos exigidos en los párrafos a), b) y d) del apartado 1. 4. En el supuesto previsto en el artículo 45.2.d) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las mutualidades de previsión social que deseen operar por ramos deberán superar, al menos, uno de los dos importes previstos en el artículo 128.1.a) y b). Artículo 8. Organizaciones y agrupaciones de entidades aseguradoras. Las organizaciones y agrupaciones previstas en los artículos 25 y 93 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, deberán comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con una antelación de un mes, el inicio de su actividad, aportando: a) Copia autorizada de la escritura de constitución, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil. b) Estatutos de la organización o agrupación. c) Memoria detallada de las actividades que vayan a realizar. d) Información relativa a las entidades aseguradoras que las componen. Artículo 9. Denominación social. 1. Ninguna entidad podrá adoptar la denominación que venga utilizando otra, que induzca a confusión o que haga alusión a otra actividad distinta de la propia aseguradora. 2. Queda prohibido incluir en la denominación social palabras que puedan interpretarse como definidoras de la naturaleza jurídica pública u oficial de la entidad, salvo que la misma tenga tal naturaleza. Artículo 10. Domicilio social. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras tendrán su documentación a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el domicilio social que hayan comunicado para su inscripción en el Registro administrativo al que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. En el inmueble donde radique el domicilio social se hará figurar de manera destacada la denominación social de la entidad y, en caso de traslado, continuará el rótulo con indicación del nuevo domicilio durante un plazo no inferior a tres meses. Artículo 11. Programa de actividades. 1. El programa de actividades a que se refiere el artículo 32 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, deberá contener indicaciones o justificaciones completas y adecuadas, relativas, al menos, a: a) Las razones, causas y objetivos del proyecto que se presenta. b) Los ramos en los que se pretende operar, precisando la naturaleza de los riesgos o compromisos que la entidad aseguradora o reaseguradora se propone cubrir, así como las condiciones y características de los productos. c) Los principios rectores y ámbito geográfico de actuación. d) La estructura de la organización, incluyendo los procedimientos de control interno establecidos. e) Los sistemas de comercialización. f) Los medios de publicidad. g) El sistema de gobierno. h) Los medios destinados a cubrir las exigencias patrimoniales, financieras y de solvencia y a prestar la asistencia que, en su caso, se comprometa. i) Los fondos propios básicos admisibles para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio. j) La política en materia de reaseguro y retrocesión. En el caso de entidades reaseguradoras, el tipo de acuerdos de reaseguro que se propongan celebrar con entidades cedentes. En todo caso, las entidades aseguradoras y reaseguradoras establecerán sus planes de reaseguro de tal modo que guarden relación con su capacidad económica para el adecuado equilibrio técnico-financiero de la entidad. k) Las previsiones de gastos de instalación de los servicios administrativos y de los sistemas de comercialización, así como los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos. l) Los mecanismos adoptados para la atención y resolución de las quejas y reclamaciones de los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y asociaciones. m) Los procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la normativa aplicable. En el caso de actuar a través de mediadores de seguros, se establecerán procedimientos y criterios específicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en la citada normativa. 2. Además de lo anterior, el programa de actividades deberá incluir para los tres primeros ejercicios sociales: a) Una previsión del balance. b) Una previsión del estado de flujos de efectivo. c) Sobre la base de la previsión del balance, una estimación del futuro capital mínimo obligatorio y del futuro capital de solvencia obligatorio, así como el método de cálculo, hipótesis y su justificación y, en su caso, otros estados financieros y contables utilizados para derivar tales estimaciones. d) Las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la cobertura del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio. e) En lo que respecta a los seguros distintos del seguro de vida y al reaseguro, la siguiente información: 1.º Previsiones relativas a los gastos de gestión distintos de los gastos de instalación, en particular los gastos generales corrientes y las comisiones. 2.º Previsiones relativas a las primas o cuotas y a los siniestros. f) En lo que respecta al seguro de vida, además, un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y las aceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro. 3. Cuando la solicitud de autorización sea para operar en el ámbito nacional, deberá contener la siguiente información: a) El ámbito territorial en el que la entidad aseguradora prevé operar inicialmente. b) La disposición de medios para operar en dicho ámbito territorial inicial. c) Una previsión de medios para ampliar el ámbito de actuación en el territorio nacional. Si la entidad aseguradora ampliase posteriormente su ámbito de actuación respecto al inicialmente previsto, deberá comunicárselo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y aportar la documentación justificativa de los medios con los que va a operar. Artículo 12. Peculiaridades del programa de actividades en los ramos 2, 17, 18 y 19 de la clasificación de ramos del seguro distinto del seguro de vida contenida en el anexo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. En los ramos de enfermedad, de defensa jurídica, de asistencia y de decesos, en los que la entidad aseguradora se propone garantizar la prestación de un servicio, el programa de actividades deberá contener, además de lo previsto en el artículo 11, indicaciones y justificaciones relativas a la capacidad para organizar los servicios a los que se comprometa en los contratos. A estos efectos deberán presentar, en su caso, los siguientes documentos: a) Memoria explicativa de la infraestructura de la entidad, en la que se detallen los medios materiales y organizativos con que cuenta para la prestación a realizar. Deberá detallarse, igualmente, si los medios a emplear son propiedad de la entidad o de un tercero que no tenga la consideración de asegurador, acompañando copia del acuerdo en virtud del cual actúe. b) Contrato de reaseguro de prestación de servicios con una entidad aseguradora debidamente autorizada para operar en el Espacio Económico Europeo y que haya justificado ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o ante la autoridad de control de su domicilio social, si éste radica en otro estado miembro del Espacio Económico Europeo, la capacidad para prestar los servicios. 2. En el ramo de defensa jurídica, las entidades que operen en varios ramos deberán optar por una de las modalidades de gestión previstas en el anexo A) a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, especificando en el programa de actividades la modalidad elegida. Artículo 13. Ejecución del programa de actividades. Durante los tres primeros ejercicios, si la actividad de la entidad no se ajusta a su programa de actividades, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar las medidas oportunas para proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios de contratos de seguros, salvo que sea por haber desarrollado la actividad en un ámbito territorial inferior al autorizado. A fin de verificar su ejecución, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir información detallada durante este período. Artículo 14. Aumentos y reducciones de capital social y fondo mutual. Aportaciones no dinerarias. 1. Los aumentos y reducciones de capital social o fondo mutual deberán ser comunicados a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 5. 2. En los supuestos de aumento de capital social o fondo mutual mediante aportaciones no dinerarias, se deberá adjuntar el informe de experto independiente, en los términos de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá iniciar procedimiento para la comprobación del valor de los activos aportados, mediante la capitalización o imputación de rendimientos, la aplicación de precios medios en el mercado o de cotizaciones en mercados nacionales o extranjeros, el dictamen de peritos de la Administración o cualquier otro medio de significación semejante. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo, debidamente motivado, con referencia a los medios de comprobación indicados, en el que se comunicará a la entidad la posible insuficiencia de los valores de los activos aportados, concediendo a la misma un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Transcurrido el plazo indicado, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dictará resolución en la que podrá exigir a la entidad que proceda a la reducción del capital social o fondo mutual o a aportar otros bienes complementarios. En lo no regulado específicamente se aplicará la legislación de procedimiento administrativo común. 3. En cualquier documento que se cite la cifra de capital social debe hacerse referencia al suscrito y al desembolsado. Artículo 15. Socios. Evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. Para apreciar la idoneidad de los socios a que se refiere el artículo 36 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y con la finalidad de garantizar una gestión sana y prudente, toda persona física o jurídica que pretenda adquirir o incrementar una participación significativa en una entidad aseguradora o reaseguradora, habrá de aportar con la notificación a la que se refiere el artículo 85.2 de la misma, un cuestionario, cumplimentado individualmente, que contenga la información que apruebe el Ministro de Economía y Competitividad. El cuestionario detallará, conforme a los siguientes criterios, la información que se considera necesaria para llevar a cabo la evaluación: a) La honorabilidad comercial y profesional de quien se propone adquirir o incrementar la participación significativa. b) La honorabilidad comercial y profesional y la experiencia de quienes fueran a llevar la dirección efectiva de la entidad aseguradora o reaseguradora como consecuencia de la adquisición o incremento propuesto. c) La solvencia financiera de quienes se proponen adquirir o incrementar la participación significativa, para atender los compromisos asumidos en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer en la entidad aseguradora o reaseguradora. d) La solvencia y capacidad de la entidad aseguradora o reaseguradora para cumplir de forma duradera con las normas de supervisión que le sean aplicables y, en particular, cuando proceda, si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que no impida ejercer una supervisión eficaz u obtener la información necesaria, y que permita proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes para llevar a cabo tal supervisión y determinar el reparto de responsabilidades entre las mismas. e) La existencia de indicios racionales que permitan suponer que se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo o, que la citada adquisición pueda aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones. f) La posibilidad de que la entidad quede expuesta de forma inapropiada al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores o cuando, tratándose de actividades financieras, la estabilidad o el control de la entidad puedan quedar afectadas por el alto riesgo de aquéllas. La información a aportar deberá referirse, en todo caso, a los siguientes aspectos: a) Sobre el adquirente potencial y, en su caso, sobre cualquier persona que de forma efectiva dirija o controle sus actividades: 1.º La identidad del adquirente potencial, la estructura del accionariado y la composición de los órganos de administración del adquirente potencial. 2.º La honorabilidad comercial y profesional del adquirente potencial y, en su caso, de cualquier persona que, de forma efectiva, dirija o controle sus actividades. 3.º La honorabilidad comercial y profesional y la experiencia de quienes fueran a llevar la dirección efectiva de la entidad aseguradora como consecuencia de la adquisición o incremento propuestos. 4.º La estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezca. 5.º La existencia de vínculos o relaciones, financieras o no, del adquirente potencial con la entidad adquirida y su grupo. 6.º La situación patrimonial y financiera del adquirente potencial y del grupo al que eventualmente pertenezca. 7.º La solvencia y capacidad de la entidad aseguradora para cumplir de forma duradera con las normas de ordenación y supervisión que le sean aplicables y, en particular, cuando proceda, si el grupo del que pasara a formar parte cuenta con una estructura que permite ejercer una supervisión eficaz u obtener la información necesaria, y que permita proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades competentes para llevar a cabo tal supervisión y determinar el reparto de responsabilidades entre las mismas. 8.º Las evaluaciones realizadas por organismos internacionales de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del país de nacionalidad del adquirente potencial, salvo que sea la de un Estado miembro de la Unión Europea, así como la trayectoria en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del adquirente potencial y de las entidades integradas en su grupo que no estén domiciliadas en la Unión Europea. En el caso de Estados Miembros de la Unión Europea, la información sobre esta trayectoria se obtendrá en la consulta que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones realice a las autoridades supervisoras de este Estado de acuerdo con el artículo 16.1. b) Sobre la adquisición propuesta: 1.º La identidad de la entidad objeto de la adquisición. 2.º La finalidad de la adquisición. 3.º El grado de exposición de la entidad al riesgo de las actividades no financieras de sus promotores o al riesgo de actividades financieras cuando la estabilidad o el control de la entidad puedan quedar afectadas. 4.º La cuantía de la adquisición, así como la forma y plazo en que se llevará a cabo. 5.º Los efectos que tendrán la adquisición sobre el capital y los derechos de voto antes y después de la adquisición propuesta. 6.º La existencia de una acción concertada de manera expresa o tácita con terceros con relevancia para la operación propuesta. 7.º La existencia de acuerdos previstos con otros accionistas de la entidad objeto de la adquisición. 8.º Que no existan indicios racionales que permitan suponer: i) Que, en relación con la adquisición propuesta, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo en el sentido previsto en la normativa de prevención de tales actividades; o ii) Que la citada adquisición no pueda aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones. c) Sobre la financiación de la adquisición: El origen de los recursos financieros empleados para la adquisición, entidades a través de las que se canalizarán y régimen de disponibilidad de los mismos. d) Además, se exigirá: 1.º En el caso de una participación significativa que produzca cambios en el control de la entidad, se detallará un plan de negocio, incluyendo información sobre el plan de desarrollo estratégico de la adquisición, los estados financieros y otros datos provisionales. Asimismo, se detallarán las principales modificaciones en la entidad a adquirir previstas por el adquirente potencial. En particular, sobre el impacto que la adquisición tendrá en el sistema de gobierno, en la estructura y en los recursos disponibles, en los órganos de control interno y en los procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la misma. 2.º En el caso de una participación significativa que no produzca cambios en el control de la entidad, se informará sobre la política del adquirente potencial en relación con la adquisición y sus intenciones respecto a la entidad adquirida, en particular, sobre su participación en el gobierno de la entidad. 3.º En los dos casos anteriores, los aspectos relativos a la honorabilidad comercial y profesional de administradores y directivos que vayan a dirigir la actividad de la entidad aseguradora como consecuencia de la adquisición propuesta. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dará publicidad al contenido de la citada lista de información en su página web o sede electrónica. 2. Tan pronto como reciba la notificación a la que se refiere el artículo 85.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitará, en los casos en que proceda con arreglo a la normativa vigente en materia de blanqueo de capitales, informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a fin de obtener una valoración adecuada de este criterio. Con dicha solicitud la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitirá al Servicio Ejecutivo cuanta información haya recibido de quien se propone adquirir o incrementar la participación o disponga, en ejercicio de sus competencias, que pueda ser relevante para la valoración de este criterio. El Servicio Ejecutivo deberá remitir el informe a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que recibiese la solicitud con la información señalada. El cómputo de los treinta días hábiles previsto para que el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias remita su informe a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se interrumpirá en los mismos términos en que ésta interrumpa el cómputo del plazo de evaluación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dispondrá de un plazo máximo de sesenta días hábiles, a contar desde la fecha en que haya efectuado el acuse de recibo de la notificación a que se refiere el artículo 85.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para evaluar la operación y, en su caso, oponerse a la adquisición de la participación significativa o de cada uno de sus incrementos que igualen o superen los límites mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 85 de la misma o que conviertan a la entidad aseguradora en sociedad controlada por el titular de la participación significativa. El acuse de recibo se realizará por escrito en el plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de la recepción de la notificación por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre que ésta se acompañe de toda la documentación que resulte exigible, y en él se indicará la fecha exacta en que expira el plazo de evaluación. Si la notificación no contuviera toda la información exigible, se requerirá a quien se propone adquirir o incrementar la participación para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la información preceptiva, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la adquisición propuesta. Si lo considera necesario, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar información adicional a la que, con carácter general, procede exigir con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, para evaluar convenientemente la adquisición propuesta. Esta solicitud se hará por escrito y en ella se especificará la información adicional necesaria. Cuando la solicitud de información adicional se realice dentro de los cincuenta primeros días hábiles del plazo establecido en el párrafo primero de este apartado, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá interrumpir el cómputo del mismo, por una única vez, durante el periodo que medie entre la fecha de la solicitud de información adicional y la fecha de recepción de la misma. Esta interrupción podrá tener una duración máxima de veinte días hábiles, que podrá prolongarse hasta treinta días si la adquisición o el incremento propuesto pretende realizarlo una persona física o jurídica que: a) está domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea; o b) no está sujeta a supervisión financiera en España o en la Unión Europea. 4. La oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a la adquisición o incremento pretendido deberá fundarse en la falta de idoneidad del adquirente sobre la base de los criterios y aspectos establecidos en el apartado 1 de este artículo, o en que la información aportada para la evaluación es incompleta. Si dicha Dirección General no se opone a la adquisición o incremento de participación significativa, podrá fijar un plazo máximo para efectuar la adquisición y prorrogarlo cuando proceda. 5. Si una vez finalizada la evaluación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones planteara objeciones a la adquisición propuesta, informará de ello a quien se propone adquirir o incrementar la participación, por escrito y motivando su decisión, en el plazo de dos días hábiles, sin que en ningún caso pueda sobrepasarse el plazo máximo para realizar la evaluación. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no se pronunciara en el plazo de evaluación, podrá procederse a la adquisición o incremento de la participación. 6. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no podrá imponer condiciones previas en cuanto a la cuantía de la participación que deba adquirirse, ni tendrá en cuenta las necesidades económicas del mercado al realizar la evaluación. 7. La resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá recoger, en su caso, las posibles observaciones o reservas expresadas por la autoridad responsable de la supervisión del adquirente. A petición del adquirente o de oficio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá hacer públicos los motivos que justifiquen su decisión, siempre que la información revelada no afecte a terceros ajenos a la operación. 8. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones reciba dos o más notificaciones referidas a la misma entidad, tratará a todos los que pretendan adquirir una participación de forma no discriminatoria. Artículo 16. Colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. A los efectos de la evaluación a que se refiere el artículo 15, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará a las autoridades responsables de la supervisión de los adquirentes de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo siempre que el adquirente sea: a) Una entidad de crédito, una empresa de seguros o reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. b) La sociedad matriz de una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. c) Una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de fondos de pensiones, autorizada en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 2. La Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones, al realizar la evaluación a que se refiere el apartado anterior, consultará, en el ámbito de sus competencias, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones atenderá recíprocamente las consultas que le remitan las autoridades competentes de otros Estados miembros, y, en su caso, el Banco de España o la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Además, les facilitará de oficio y sin retrasos injustificados, toda la información que resulte esencial para la evaluación, así como el resto de información que soliciten, siempre y cuando ésta resulte oportuna para la evaluación. Artículo 17. Cómputo de las participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las acciones, aportaciones o derechos de voto a integrar en el cómputo de una participación incluirán: a) Los adquiridos directamente por el adquirente potencial. b) Los adquiridos a través de sociedades controladas o participadas por el adquirente potencial. c) Los adquiridos por sociedades integradas en el mismo grupo que el adquirente potencial, o participadas por entidades del grupo. d) Los adquiridos por otras personas que actúen por cuenta del adquirente potencial o concertadamente con él o con sociedades de su grupo. En todo caso, se incluirán: 1.º Los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de un acuerdo con un tercero que obligue al adquirente potencial y al propio tercero a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto que poseen, una política común duradera en relación con la gestión de la entidad aseguradora o que tenga por objeto influir de manera relevante en la misma. 2.º Los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de un acuerdo con un tercero, que prevea la transferencia temporal y a título oneroso de los derechos de voto en cuestión. e) Los que posea el adquirente potencial vinculados a acciones adquiridas a través de persona interpuesta. f) Los derechos de voto que puedan controlarse, declarando expresamente la intención de ejercerlos, como consecuencia del depósito de las acciones correspondientes como garantía. g) Los derechos de voto que puedan ejercerse en virtud de acuerdos de constitución de un derecho de usufructo sobre acciones. h) Los derechos de voto que estén vinculados a acciones depositadas en el adquirente potencial, siempre que éste pueda ejercerlos discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas. i) Los derechos de voto que el adquirente potencial pueda ejercer en calidad de representante, cuando los pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas. j) Los derechos de voto que pueden ejercerse en virtud de acuerdos o negocios previstos en las letras f) a i), celebrados por una entidad controlada por el adquirente potencial. 2. Los derechos de voto se calcularán sobre la totalidad de las acciones que los atribuyan, incluso en los supuestos en que el ejercicio de tales derechos esté suspendido. 3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las acciones, aportaciones o derechos de voto a integrar en el cómputo de una participación no incluirán: a) Las acciones adquiridas exclusivamente a efectos de compensación y liquidación dentro del ciclo corto de liquidación habitual. A estos efectos, la duración máxima del ciclo corto de liquidación habitual será de tres días hábiles bursátiles a partir de la operación y se aplicará tanto a operaciones realizadas en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado como a las realizadas fuera de él. Los mismos principios se aplicarán también a operaciones realizadas sobre instrumentos financieros. b) Las acciones que pueda poseer por haber proporcionado el aseguramiento o la colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme, siempre que los derechos de voto correspondientes no se ejerzan o utilicen para intervenir en la administración de la entidad aseguradora y se cedan en el plazo de un año desde su adquisición. c) Las acciones poseídas en virtud de una relación contractual para la prestación del servicio de administración y custodia de valores, siempre que la entidad sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones con instrucciones formuladas por el propietario, por escrito o por medios electrónicos. d) Las acciones o participaciones adquiridas por parte de un creador de mercado que actúe en su condición de tal, siempre que: 1.º Esté autorizado a operar como tal en virtud de las disposiciones que incorporen a su Derecho nacional la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE; y 2.º No intervenga en la gestión de la entidad aseguradora de que se trate, ni ejerza influencia alguna sobre la misma para adquirir dichas acciones, ni respalde el precio de la acción de ninguna otra forma. e) Las acciones o participaciones incorporadas a una cartera gestionada discrecional e individualizadamente, siempre que la empresa de servicios de inversión, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o entidad de crédito, sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones con instrucciones precisas por parte del cliente. 4. Para llevar a cabo el cómputo de una participación a efectos de lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de que el adquirente potencial sea una entidad dominante de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva o de una entidad que ejerza el control de una empresa de servicios de inversión, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La entidad dominante de una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva no estará obligada a agregar la proporción de derechos de voto que atribuyen las acciones que posea a la proporción de derechos de voto de las acciones que formen parte del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por dicha sociedad gestora siempre que ésta ejerza los derechos de voto independientemente de la entidad dominante. No obstante lo anterior, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la entidad dominante u otra entidad controlada por ella, haya invertido en acciones que integren el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva gestionadas por la sociedad gestora y ésta carezca de discrecionalidad para ejercer los derechos de voto correspondientes y pueda únicamente ejercerlos siguiendo las instrucciones directas o indirectas de la entidad dominante o de otra entidad controlada por ella. b) La entidad que ejerza el control de una empresa que presta servicios de inversión no estará obligada a agregar la proporción de los derechos de voto que atribuyan las acciones que posea a la proporción que ésta gestione de manera individualizada como consecuencia de la prestación del servicio de gestión de carteras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1.ª Que la empresa de servicios de inversión, la entidad de crédito o la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva estén autorizadas para la prestación del servicio de gestión de carteras en los términos establecidos en el artículo 140.d) y 145 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; 2.ª Que sólo pueda ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones siguiendo instrucciones formuladas por escrito o por medios electrónicos o, en su defecto, que cada uno de los servicios de gestión de cartera se preste de forma independiente de cualquier otro servicio y en condiciones equivalentes a las previstas en la Ley 35/2003, de 5 noviembre, de instituciones de inversión colectiva, mediante la creación de los oportunos mecanismos; y 3.ª Que ejerza sus derechos de voto independientemente de la entidad dominante. No obstante lo dispuesto en este apartado, se aplicará lo previsto en los apartados anteriores cuando la entidad dominante u otra entidad controlada por ella haya invertido en acciones gestionadas por una empresa de servicios de inversión del grupo y ésta no esté facultada para ejercer los derechos de voto vinculados a dichas acciones y sólo pueda ejercer los derechos de voto correspondientes a esas acciones siguiendo instrucciones directas o indirectas de la entidad dominante o de otra entidad controlada por ella. 5. Las participaciones indirectas se tomarán por su valor cuando el adquirente potencial tenga el control de la sociedad interpuesta, y, por lo que resulte de aplicar el porcentaje de participación en la interpuesta, en caso contrario. Cuando una participación significativa se ostente, total o parcialmente, de forma indirecta, los cambios en las personas o entidades a través de las cuales dicha participación se ostente deberán ser comunicadas previamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrá oponerse según lo previsto en el apartado 2 del artículo 85 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 6. Se considerarán sociedades controladas aquéllas en las que el adquirente potencial ostente el control por darse alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, y participadas aquéllas en las que se posea, de manera directa o indirecta, al menos un veinte por cien de los derechos de voto o del capital de una empresa o entidad. Artículo 18. Honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad. 1. Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no genere dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad. 2. Para valorar la concurrencia de honorabilidad comercial y profesional deberá considerarse toda la información disponible, incluyendo: a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de regulación y supervisión; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos anteriores; su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones; o si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. b) La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de infracciones administrativas teniendo en cuenta: 1.º El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción administrativa. 2.º Si la condena o sanción es o no firme. 3.º La gravedad de la condena o sanción impuestas. 4.º La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la actividad aseguradora, bancaria o del mercado de valores, o de protección de los consumidores. 5.º Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la entidad aseguradora o reaseguradora. 6.º La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal. 7.º La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde la comisión del delito o infracción. 8.º La reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. Las entidades cumplirán las obligaciones de suministro de información necesarias para la valoración prevista en esta letra, remitiendo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un certificado de antecedentes penales de la persona objeto de valoración, sin perjuicio de las competencias de dicha Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para recabar directamente de la persona cuya honorabilidad sea objeto de valoración toda la información complementaria que resulte necesaria para la evaluación de los elementos a los que se refiere esta letra. Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará las bases de datos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre sanciones administrativas. c) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo, sobre alguno de los hechos mencionados en la letra b).4.º anterior. No se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero, director general o asimilado, u otros empleados responsables de las funciones de gobierno de la entidad sean objeto de dichas investigaciones. Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en la persona evaluada alguna de las circunstancias anteriores, y esta resultase relevante para la evaluación de su honorabilidad, la entidad aseguradora o reaseguradora lo comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo máximo de quince días hábiles desde su conocimiento. Los miembros del órgano de administración, directores generales o asimilados y otros empleados que sean responsables de las funciones de gobierno de la entidad aseguradora o reaseguradora, y que tuviesen conocimiento de que concurren en su persona alguna de las circunstancias descritas en este apartado, deberán informar de ello a su entidad. El tratamiento de los datos que las entidades aseguradoras y reaseguradoras lleven a cabo en el marco de lo dispuesto en este precepto deberá limitarse a la exclusiva finalidad de suministro de la información a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, quedando expresamente limitado el número de personas de la entidad que dentro de su organización pueda tener acceso a dichos datos. 3. En relación con la aptitud, se considerará que poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones en las entidades aseguradoras o reaseguradoras quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en el área de seguros y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes. Se tendrán en cuenta para ello tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares a las que van a desarrollarse en otras entidades o empresas. En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidas, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar. En todo caso, los criterios de conocimientos y experiencia se aplicarán valorando la naturaleza, tamaño y complejidad de la actividad de cada entidad financiera y las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado a la persona evaluada. Asimismo, el órgano de administración de una entidad aseguradora o reaseguradora deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, posean suficientes conocimientos y experiencia profesional en, al menos, las siguientes áreas: a) Seguros y mercados financieros. b) Estrategias y modelos de negocio. c) Sistema de gobierno. d) Análisis financiero y actuarial. e) Marco regulatorio. Artículo 19. Registro administrativo. Se abrirá un libro para cada uno de los tipos de entidades y personas a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 20. Inscripción de los actos relativos a entidades aseguradoras y reaseguradoras y sus grupos. 1. Son actos sujetos a inscripción en el Registro administrativo a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la autorización inicial, la ampliación de la autorización, los relativos al establecimiento de sucursales o al ejercicio de la actividad en libre prestación de servicios previstos en la referida ley y en este real decreto, los cambios de denominación social, los cambios de domicilio social, el aumento o reducción del capital social o fondo mutual y otras modificaciones estatutarias, las participaciones significativas, la cesión de cartera, fusión, transformación, cesión global de activos y pasivos, escisión, la pertenencia a un grupo, agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas, la revocación de la autorización administrativa y la rehabilitación de la misma, el acuerdo de disolución, el nombramiento y cese de liquidadores, el domicilio de la oficina liquidadora, la intervención en la liquidación, la extinción y la cancelación de la autorización para operar, así como las sanciones que, en su caso, se hubieran impuesto, salvo la de amonestación privada. Serán igualmente objeto de inscripción los apoderamientos otorgados a las agencias de suscripción así como los ramos o riesgos que comprendan dichos apoderamientos. 2. En relación a los grupos y subgrupos del artículo 40.1.c) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se inscribirán todas las entidades que formen parte de los mismos, con independencia de su naturaleza jurídica y objeto social, indicando su porcentaje de participación. 3. Cuando la inscripción en el registro traiga causa de acuerdos de la Administración, el asiento se practicará de oficio con fundamento en el acto administrativo correspondiente. Cuando proceda de actos de las entidades, éstas deberán solicitar la inscripción de los acuerdos correspondientes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiesen adoptado, a cuyo efecto se remitirá certificación de los órganos sociales correspondientes. En todo caso, deberá presentarse la escritura pública correspondiente, justificando su inscripción en el Registro Mercantil, en el plazo de un mes desde su inscripción en dicho Registro. Artículo 21. Inscripción de los actos relativos a las personas que ejercen la dirección efectiva de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. Son actos sujetos a inscripción en el Registro administrativo a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el nombramiento, la suspensión, revocación, cese por cualquier causa y la inhabilitación, así como las sanciones que, en su caso, se les hubieran impuesto, salvo la de amonestación privada. Se consignarán el nombre y apellidos o denominación social, el domicilio, la nacionalidad, el sexo, el número del documento nacional de identidad, y si se trata de extranjeros, en su caso, el del permiso de residencia o pasaporte. Cuando la dirección efectiva sea desempeñada por personas jurídicas, se inscribirán los datos correspondientes a sus representantes designados. 2. Cuando la inscripción traiga causa de acuerdos de la Administración, el asiento se practicará de oficio con fundamento en el acto administrativo correspondiente. Cuando proceda de actos de las entidades aseguradoras, éstas deberán solicitar la inscripción de los acuerdos correspondientes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiesen acordado el nombramiento o la revocación, a cuyo efecto se remitirá certificación de los órganos sociales correspondientes. Cuando sea exigible de acuerdo con la legislación aplicable, se presentará la escritura pública correspondiente, así como justificación de su inscripción en el Registro Mercantil, en el plazo de un mes desde su inscripción en dicho Registro. Artículo 22. Inscripción de los actos relativos a las organizaciones para la distribución de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras o para la prestación de servicios comunes relacionados con la actividad de las mismas y sus altos cargos. 1. Son actos sujetos a inscripción en el Registro administrativo al que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la comunicación inicial de actividad, los cambios de denominación, objeto y domicilio social, y demás modificaciones que afecten a las organizaciones a las que se refiere el presente artículo. 2. También constará en el mencionado Registro, en el libro referente a la organización obligada, la relación de entidades que la integran y de las personas a las que se confiere la administración o dirección, debiendo constar los mismos datos que se establecen en el artículo 21.2. 3. Cuando la inscripción en el registro traiga causa de acuerdos de la Administración el asiento se practicará de oficio con fundamento en el acto administrativo correspondiente. Cuando proceda de actos de las organizaciones, éstas deberán solicitar la inscripción de los acuerdos correspondientes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubieren adoptado, a cuyo efecto se remitirá certificación expedida por el órgano competente. Cuando sea exigible de acuerdo con la legislación aplicable, se presentará la escritura pública correspondiente, así como justificación de su inscripción en el Registro Mercantil, en el plazo de un mes desde su inscripción en dicho Registro. Artículo 23. Inscripción de las medidas de control especial. 1. Las medidas de control especial serán inscribibles en el Registro a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, cuando se acuerde dar publicidad a las mismas conforme a lo dispuesto en el artículo 213. 2. Se inscribirán en todo caso las medidas de control especial previstas en los artículos 163 y 165 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 24. Cancelación de la inscripción de las sanciones impuestas. Las inscripciones relativas a las sanciones impuestas se cancelarán en el Registro previsto en los artículos anteriores, de oficio o a instancia del interesado. La cancelación de oficio procederá cuando haya recaído resolución o sentencia firme estimatoria del recurso interpuesto contra la sanción. El interesado tendrá derecho a solicitar de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la cancelación de la inscripción de la sanción que le hubiera sido impuesta, siempre que no se haya incurrido en ninguna nueva infracción, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción para el caso de las infracciones leves, cinco años en el caso de las graves y ocho años en el caso de las muy graves. La iniciación de un expediente administrativo sancionador interrumpirá los plazos previstos en el párrafo anterior. Si el procedimiento concluyese con la imposición de una nueva sanción, la inscripción de esta se cancelará cuando transcurra el plazo de cancelación aplicable a la misma, salvo que el plazo de cancelación de alguna sanción anterior inscrita fuese superior, en cuyo caso se atenderá a esta última fecha de cancelación. Producida la cancelación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no podrá tomar en consideración las sanciones cuya inscripción se hubiera cancelado a efectos de lo previsto en los artículos 36, 38 y 85 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 15 de este real decreto. Sección 2.ª Actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la Unión Europea Artículo 25. Deber de información al tomador del seguro. 1. Antes de la celebración por una entidad aseguradora española de un contrato de seguro, distinto al contrato de seguro por grandes riesgos, en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, la entidad deberá informar al tomador del seguro de que está domiciliada en España o, si es el caso, informar del Estado de la sucursal con la que vaya a celebrarse el contrato, lo que también deberá constar en los documentos que a estos efectos se entreguen, en su caso, al tomador del seguro o a los asegurados. 2. La póliza y cualquier otro documento en que se formalice todo contrato de seguro en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, incluidos los contratos de seguro por grandes riesgos, deberán indicar la dirección del domicilio social o, en su caso, de la sucursal de la entidad aseguradora española que proporcione la cobertura; y, tratándose de contratos de seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, celebrados en régimen de libre prestación de servicios, deberá hacerse constar también el nombre y la dirección del representante a que se refiere el artículo 58.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, cuando lo exija el Estado miembro de localización del riesgo. Artículo 26. Deber de información estadística relativa a las actividades transfronterizas de las entidades aseguradoras españolas. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las entidades aseguradoras españolas que operen en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, deberán informar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, separadamente para las operaciones realizadas en cada uno de dichos regímenes y por Estado miembro, sobre el importe de las primas, siniestros y comisiones, sin deducción del reaseguro. La información se suministrará con separación entre el seguro de vida y los seguros distintos del de vida, y dentro de éstos por líneas de negocio. En lo que respecta al seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (ramo 10), excluida la responsabilidad del transportista, la entidad informará también a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la frecuencia y el coste medio de los siniestros. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones suministrará dicha información, sobre una base agregada, a las autoridades de supervisión de los Estados miembros interesados que así lo soliciten. 2. En el caso de entidades aseguradoras españolas que operen en régimen de derecho de establecimiento, deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones información sobre la actividad realizada en cada Estado miembro del Espacio Económico Europeo de acuerdo con la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Las entidades aseguradoras españolas que operen en régimen de libre prestación de servicios deberán informar separadamente de las operaciones que realicen desde la sede central de aquellas otras que se realicen desde las sucursales establecidas en otros Estados miembros. Artículo 27. Remisión general. En todo lo demás, las entidades aseguradoras españolas que operen en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios se ajustarán a las disposiciones de la Ley 20/2015, de 14 de julio, con excepción de las normas contenidas en el artículo 95.2 de la misma y 23.4 del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, cuando los riesgos se encuentren localizados fuera de España. Artículo 28. Establecimiento de sucursales. 1. Toda entidad aseguradora española que se proponga establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro, lo comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acompañando la siguiente información: a) El Estado miembro en cuyo territorio se propone establecer la sucursal. b) Programa de actividades, en el que se indicarán el tipo de operaciones previstas y la estructura orgánica de la sucursal. c) Dirección en el Estado miembro de la sucursal en la que pueden reclamarle y entregarle los documentos. d) Nombre del apoderado general de la sucursal, que deberá estar dotado de poderes suficientes para obligar a la entidad frente a terceros y para representarla ante las autoridades y órganos judiciales del Estado miembro de la sucursal. e) Si la entidad aseguradora pretende que su sucursal cubra los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá declarar que se ha asociado a la oficina nacional y al fondo nacional de garantía del Estado miembro de la sucursal. f) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de defensa jurídica, la opción elegida entre las distintas modalidades de gestión previstas en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. El programa de actividades a que hace referencia el apartado anterior deberá contener indicaciones o justificaciones relativas a: a) Las operaciones que la entidad pretenda realizar, especificando la naturaleza de los riesgos o compromisos que pretenda garantizar, junto, en su caso, con los riesgos accesorios y complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) Los principios rectores en materia de reaseguro. c) Las previsiones de gastos de instalación de los servicios administrativos y, en su caso, de la red de producción; los medios financieros destinados a hacer frente a los mismos y, si los riesgos a cubrir están clasificados en el ramo 18 del apartado A a) del anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, los medios de que dispone la entidad. d) La estructura de la organización de la sucursal. e) Las previsiones, para los tres primeros ejercicios sociales, de los gastos de gestión distintos de los de instalación, así como de las primas o cuotas y de los siniestros para los seguros distintos al seguro de vida. 3. La entidad presentará la documentación a la que se refieren los dos apartados anteriores en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acompañada de traducción jurada a la lengua oficial del Estado miembro en el que la entidad aseguradora se proponga establecer la sucursal. 4. En el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información completa a que hacen referencia los apartados anteriores, y no habiendo objeción alguna, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitirá a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal la traducción jurada a que se hace referencia en el apartado 3, acompañando certificación, en castellano, de que la entidad aseguradora dispone del capital de solvencia obligatorio legalmente exigible y de los ramos y riesgos en que se encuentra autorizada para operar, e indicando la denominación precisa y la dirección del domicilio social de la misma. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará de dicha comunicación a la entidad aseguradora. 5. Todo proyecto de modificación de las informaciones contenidas en los párrafos b), c), o d) del apartado 1 deberá ser notificado por la entidad aseguradora simultáneamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal. La entidad aseguradora deberá presentar todos aquellos documentos en que se contengan dichas modificaciones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acompañando traducción jurada a la lengua oficial del Estado miembro de la sucursal. En el plazo de un mes, a partir de la recepción completa del proyecto de modificación, y no concurriendo ninguno de los supuestos previstos en el artículo 47.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitirá a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal la traducción jurada a que hace referencia el párrafo anterior, e informará de dicha remisión a la entidad aseguradora. La entidad aseguradora podrá ajustar su actividad en régimen de derecho de establecimiento al proyecto de modificación desde que reciba la comunicación de la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal a que se refiere el apartado 47.4 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, o en su defecto, desde el transcurso del plazo de un mes a partir de la recepción por ésta de la información de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a que se refiere el presente artículo. Artículo 29. Comunicación para operar en libre prestación de servicios. 1. Toda entidad aseguradora española que se proponga ejercer por primera vez en uno o más Estados miembros actividades en régimen de libre prestación de servicios, deberá informar de su proyecto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, indicando: a) El Estado miembro en cuyo territorio se pretender operar. b) La naturaleza de los riesgos o compromisos que la entidad aseguradora se proponga cubrir en el Estado miembro de la libre prestación de servicios. c) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, la declaración de la entidad de que se ha asociado a la oficina nacional y al fondo nacional de garantía del Estado miembro de la libre prestación de servicios, así como el nombre y la dirección del representante encargado de atender las reclamaciones que presenten los terceros perjudicados con poderes suficientes para representar a la entidad aseguradora y defenderla ante los tribunales y autoridades administrativas de dicho Estado por lo que respecta a las citadas reclamaciones. d) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de defensa jurídica, la opción elegida entre las distintas modalidades de gestión previstas en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio. La entidad presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación indicada acompañada de traducción jurada a la lengua oficial del Estado miembro en el que la entidad aseguradora se proponga ejercer la actividad en régimen de libre prestación de servicios. 2. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no se opone al proyecto, en el plazo de un mes a partir de la recepción de toda la documentación que figura en el apartado 1, remitirá a la autoridad supervisora del Estado miembro de la prestación de servicios la traducción jurada a que se refiere el anterior apartado, acompañada de certificación en castellano de que la entidad aseguradora dispone del capital de solvencia obligatorio y de los ramos y riesgos en que se encuentre autorizada para operar, indicando la denominación precisa y la dirección del domicilio social de la misma, e informará, al mismo tiempo, por correo certificado, a la entidad aseguradora del envío de este expediente. 3. La entidad aseguradora podrá iniciar su actividad a partir de la fecha certificada en que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones le notifique que ha cursado la comunicación a que se refiere el apartado 2. 4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá oponerse a la actividad en régimen de libre prestación de servicios, dictando al efecto resolución motivada, que se notificará a la entidad en el plazo previsto en el apartado 2. 5. Todo proyecto de modificación de la naturaleza de los riesgos o compromisos que la entidad aseguradora pretenda cubrir en régimen de libre prestación de servicios deberá ser notificado por la entidad aseguradora a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La entidad aseguradora deberá presentar todos aquellos documentos en que se contengan dichas modificaciones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acompañando traducción jurada a la lengua oficial del Estado miembro de la prestación de servicios. En el plazo de un mes, a partir de la recepción completa del proyecto de modificación, y no habiendo objeción alguna, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones remitirá a la autoridad supervisora del Estado miembro de la prestación la traducción jurada a que hace referencia el párrafo anterior, e informará de dicha remisión a la entidad aseguradora. La entidad aseguradora podrá comenzar su actividad en régimen de libre prestación de servicios de acuerdo con el proyecto de modificación a partir de la fecha certificada en que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones le notifique que ha cursado la comunicación a que se refiere el párrafo anterior. CAPÍTULO II Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de otros Estados miembros de la Unión Europea Sección 1.ª Disposiciones generales para entidades aseguradoras y reaseguradoras Artículo 30. Ordenación y supervisión de entidades aseguradoras autorizadas. 1. La falta de presentación por las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios de los documentos exigidos en el artículo 51.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, tendrá la consideración de situación irregular prevista en el apartado tres del presente artículo, sin perjuicio, en su caso, de la sanción administrativa correspondiente. A estos efectos, dichas entidades aseguradoras estarán sujetas a inspección por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos del artículo 109 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y del título IV de este real decreto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la referida ley y artículos 117 y siguientes de este real decreto, en relación con los modelos de pólizas. 2. En la inspección a que se refieren el artículo 109 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y el título IV de este real decreto, se podrá examinar la documentación de las referidas entidades o solicitar que sea presentada o entregada toda la información que se considere necesaria para el ejercicio del control del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las condiciones en que ejercen su actividad en España. 3. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comprobase que una entidad aseguradora de las referidas en el apartado 1 no respeta las normas legales y reglamentarias aludidas en ese apartado, le requerirá para que, en el plazo que señale la citada Dirección, acomode su actuación a dichas normas. Si transcurrido el plazo, la entidad persiste en su situación irregular, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará de ello a la autoridad supervisora del Estado miembro de origen, al objeto de que adopte las medidas pertinentes para que la entidad aseguradora ponga fin a esa situación irregular y las notifique a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Si por falta de adaptación de las medidas pertinentes o porque las adoptadas resultasen inadecuadas, persistiera la infracción del ordenamiento jurídico, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá proceder de acuerdo con el artículo 52.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. En caso de urgencia, las medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán ser adoptadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin necesidad del requerimiento e información exigidos por el párrafo primero del artículo 52.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, debiendo informar inmediatamente de dichas medidas adoptadas a la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora. Sección 2.ª Actividad en régimen de derecho de establecimiento de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros Artículo 31. Determinación de las condiciones de ejercicio. 1. Cuando la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora que pretenda operar en España en régimen de derecho de establecimiento comunique en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dicha intención, deberá acompañar la documentación a que hace referencia el artículo 28, así como certificado que acredite que la entidad dispone del capital mínimo obligatorio, del capital de solvencia obligatorio y de los ramos o riesgos en que está autorizada para operar. La documentación indicada, exceptuando el certificado de solvencia, se presentará en castellano. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo de dos meses, contado a partir del momento en que reciba de la autoridad supervisora del Estado miembro de origen toda la documentación señalada, podrá indicar a la citada autoridad las condiciones en las que, por razones de interés general, deberá ser ejercida la actividad en España. La sucursal podrá establecerse y comenzar su actividad en España desde que la autoridad supervisora del Estado miembro de origen le notifique que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones da su conformidad o da a conocer las condiciones, en las que, por razones de interés general, deberán de ser ejercidas las actividades en España. En cualquier caso, la entidad aseguradora podrá iniciar su actividad cuando concluya el plazo de dos meses previsto en el párrafo anterior, sin haber recibido dicha notificación. 2. Todo proyecto de modificación de la actividad aseguradora en régimen de derecho de establecimiento que afecte a alguno de los aspectos referidos en el artículo 28.1 b) a e) deberá ser notificado por la entidad aseguradora en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones mediante traducción jurada al castellano. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá, en el plazo de un mes a partir de la notificación que figura en el apartado anterior, comunicar a la autoridad supervisora del Estado miembro de origen las condiciones en las que, por razones de interés general, deberá ser ejercida la actividad aseguradora en España. La entidad aseguradora podrá ajustar su actividad en régimen de derecho de establecimiento de acuerdo al proyecto de modificación desde que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dé a conocer las condiciones de interés general aludidas en el párrafo anterior o, en su defecto, desde el transcurso del plazo de un mes a partir de la notificación de la entidad a esa Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y siempre que la autoridad supervisora del Estado miembro de origen haya remitido en ese plazo, al referido centro directivo, el proyecto de modificación. 3. Tanto el establecimiento de la sucursal como la modificación de la actividad son actos sujetos a inscripción en el Registro administrativo previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 32. Supervisión de sucursales en España por las autoridades del Estado de origen. A las actuaciones inspectoras que realice la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a las sucursales en España de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, a los efectos de ejercer sobre ellos la supervisión que con arreglo al artículo 115 de Ley 20/2015, de 14 de julio, le corresponde, les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la referida ley y en el Titulo IV de este real decreto. Artículo 33. Entidades reaseguradoras domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo. 1. Las entidades reaseguradoras domiciliadas en países miembros del Espacio Económico Europeo distintos de España que hayan obtenido la autorización para operar en el Estado miembro de origen, podrán ejercer sus actividades en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, sin que sea necesaria autorización administrativa ni comunicación previa. 2. Las entidades reaseguradoras que operan en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios deberán respetar las disposiciones dictadas por razones de interés general y las de ordenación y supervisión que, en su caso, resulten aplicables. Con la finalidad de comprobar este cumplimiento deberán presentar en los mismos términos que las entidades reaseguradoras españolas todos los documentos que les exija la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A estos efectos, dichas entidades reaseguradoras estarán sujetas a la inspección por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos dispuestos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el presente real decreto. 3. Será aplicable lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, excepto la remisión al artículo 120 de la misma. Podrán realizar publicidad de sus servicios en España en los mismos términos que las entidades aseguradoras españolas y sujetas a idéntica ordenación y supervisión. 4. Cuando la autoridad supervisora de una entidad reaseguradora domiciliada en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España, que opere en ella en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, le revoque la autorización administrativa, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones prohibirá a dicha entidad reaseguradora la contratación en ambos regímenes. En este caso, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar, en colaboración con la referida autoridad, las medidas de control especial previstas en la Ley 20/2015, de 14 de julio. 5. Si sobre una entidad reaseguradora domiciliada en otro Estado miembro se hubiera adoptado por la autoridad supervisora de dicho Estado miembro la medida de control especial de prohibición de disponer y solicitase de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que adopte idéntica medida sobre los bienes de la entidad reaseguradora situados en territorio español, con indicación de aquellos que deban ser objeto de ella, la citada Dirección General adoptará tal medida. 6. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir a las autoridades supervisoras de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo información acerca del estado y desarrollo de los procedimientos de liquidación que se lleven a cabo respecto a las entidades sometidas a la supervisión de dichas autoridades. 7. Si una entidad reaseguradora domiciliada en otro país miembro del Espacio Económico Europeo cede su cartera a una entidad aseguradora o reaseguradora española, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones habrá de certificar, en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud por parte de la autoridad del Estado miembro de origen de la entidad reaseguradora cedente, que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesión, del margen de solvencia necesario. Si, transcurrido dicho plazo, la citada Dirección General no se hubiera pronunciado al respecto, se entenderá remitida la certificación. En este caso, cuando el Estado miembro de origen de la cedente autorice la cesión, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá darle publicidad. 8. Será aplicable a las sucursales en España de entidades reaseguradoras domiciliadas en otro país miembro del Espacio Económico Europeo lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Sección 3.ª Actividad en régimen de libre prestación de servicios de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros Artículo 34. Inicio y modificación de actividad. 1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, podrán iniciar su actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde que reciban la notificación de que la autoridad supervisora del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora ha remitido a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, junto con la comunicación a que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la siguiente información: a) La denominación precisa y la dirección del domicilio social de la entidad, y, en su caso, la dirección de la sucursal establecida en el Espacio Económico Europeo desde la que pretende operar en dicho régimen. b) La naturaleza de los riesgos y compromisos que la entidad pretenda garantizar en España, junto, en su caso, con los riesgos accesorios y complementarios, de acuerdo con el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio. La documentación indicada, exceptuado el certificado de solvencia, se presentará en castellano. 2. Todo proyecto de modificación de la actividad aseguradora en régimen de libre prestación de servicios deberá ser comunicado por la autoridad supervisora del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La entidad aseguradora podrá ajustar su actividad en régimen de libre prestación de servicios al proyecto de modificación desde que haya sido notificada, por parte de las autoridades del Estado miembro de origen de la entidad aseguradora, la comunicación a que se refiere el apartado anterior. 3. Tanto el inicio de la actividad en régimen de libre prestación de servicios como la modificación de dicha actividad son actos sujetos a inscripción en el Registro administrativo previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Sección 4.ª Régimen de las agencias de suscripción Artículo 35. Requisitos y procedimiento de autorización de las agencias de suscripción. 1. Serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización administrativa, los siguientes: a) Ser sociedad mercantil cuyos estatutos prevean dentro del apartado correspondiente al objeto social, la realización de actividades como agencia de suscripción. b) Presentar y atenerse a un programa de actividades en el que se indiquen los riesgos que se van a suscribir, para qué entidades aseguradoras y en qué términos, adjuntando los poderes otorgados, su estructura organizativa y procedimientos de control interno. c) Indicar las aportaciones y participaciones en el capital social de los socios con participación significativa, quienes deberán ser idóneos en los términos de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. d) Estar dirigidas efectivamente por personas que reúnan las condiciones necesarias de honorabilidad y de aptitud establecidas en artículo 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. e) Disponer, por cada una de las entidades aseguradoras que han suscrito un poder, de una cuenta separada del resto de recursos económicos de la sociedad en la que únicamente se gestionen recursos económicos en nombre y por cuenta de cada una de ellas. 2. La ampliación de la autorización administrativa estará sujeta a que la agencia de suscripción cumpla el requisito de presentar y atenerse a un programa de actividades en el que se indiquen los riesgos que se van a suscribir, para qué entidades aseguradoras y en qué términos, adjuntando los poderes otorgados. 3. La solicitud para actuar como agencia de suscripción se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado primero. Tal petición deberá ser resuelta en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización. La solicitud de inscripción será denegada cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión. CAPÍTULO III Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países Artículo 36. Autorización de sucursales de entidades aseguradoras de terceros países. 1. El Ministro de Economía y Competitividad podrá conceder autorización administrativa a entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países no miembros de la Unión Europea para establecer sucursales en España, al objeto de ejercer la actividad aseguradora, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Que se hallen debidamente autorizadas en su país para operar en los ramos en que se propongan hacerlo en España. A tales efectos, se deberá aportar certificación expedida por la autoridad que ejerza el control de la actividad aseguradora en su país que indique las fechas en que la entidad fue autorizada para operar en cada uno de los ramos y los riesgos que garantiza efectivamente y que acredite que está constituida y opera en su país de origen de conformidad con la legislación del mismo. Si en dicho país no existe autoridad que ejerza el control de la actividad aseguradora, la certificación será expedida por otra autoridad competente, debiéndose aportar con aquélla las cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios sociales de la entidad. Los riesgos que garantice siempre deberán estar localizados y sus compromisos asumidos en España, sin que les sea de aplicación la normativa referente a la actividad en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. b) Que creen una sucursal general cuyo objeto esté limitado a la actividad aseguradora, con domicilio permanente en España, donde se conserve la contabilidad y documentación propia de la actividad que desarrollen. Deberá aportarse testimonio fehaciente del documento por el que se establece la sucursal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. c) Que designen un apoderado general, con domicilio y residencia en España, que reúna las condiciones exigidas por los artículos 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 18 de este real decreto y con los más amplios poderes mercantiles para obligar a la entidad aseguradora frente a terceros y representarla ante los tribunales y autoridades administrativas españoles. Si el apoderado general es una persona jurídica, deberá tener su domicilio social en España y designar, a su vez, para representarla una persona física que reúna las condiciones antes indicadas. Dicho apoderado deberá obtener previamente la aceptación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual podrá denegarla o, en su caso, revocarla por carecer de los requisitos que para quienes ejercen cargos de administración de entidades aseguradoras exige la Ley 20/2015, de 14 de julio. Quienes ejerzan la dirección efectiva deberán reunir las condiciones de honorabilidad y aptitud exigidas por la referida ley y su normativa de desarrollo. Deberá acompañarse copia fehaciente de la escritura de apoderamiento e informaciones relativas a la actividad profesional de la persona propuesta, así como las actividades desarrolladas durante los diez años precedentes, indicando si ha sido sancionado o si ha ejercido funciones de administración o de dirección en entidades que hayan sido objeto de liquidación administrativa o judicial. d) Que aporten y mantengan en la sucursal en España activos por un importe, igual al del mínimo absoluto previsto en el artículo 78.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para el capital mínimo obligatorio, y deposite el 25 por 100 de este mínimo absoluto con carácter de fianza a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. e) Que acrediten que la entidad dispone en España de un fondo de cuantía no inferior al capital social desembolsado o fondo mutual mínimos exigidos en los artículos 33 y 34 la Ley 20/2015, de 14 de julio, a las entidades aseguradoras españolas, según los ramos de seguros en que operen, que se denominará fondo permanente de la casa central. Deberá aportarse testimonio notarial de los asientos practicados en los libros de contabilidad que reflejen la aportación del fondo permanente de la casa central. f) Que se compromete a cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio previstos en los artículos 74 y 78 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. g) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados de la Unión Europea distinto a España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de certificado internacional del seguro del automóvil (Carta Verde). h) Que presenten y se atengan a un programa de actividades ajustado a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y artículos 11 y 12 de este real decreto. i) Que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y artículos 44 a 47 de este real decreto, en relación con el sistema de gobierno de la sucursal. j) Que aporten los estatutos por los que se rige la entidad, así como relación de los administradores, directores y de quienes bajo cualquier título lleven la dirección efectiva de la entidad aseguradora, indicando nombre, domicilio y nacionalidad. k) Que acompañen certificado de la autoridad supervisora de su país de origen acreditativo de que dispone del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio exigido por dicha legislación, y de que sus provisiones técnicas están debidamente calculadas a la fecha de su expedición. l) Compromiso de someterse a las leyes españolas. 2. La solicitud y documentos que la acompañen, así como la contabilidad y sus justificantes, se redactarán en castellano. No obstante, podrán presentarse en el idioma oficial del país de la entidad siempre que se acompañe traducción jurada al castellano. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir la comunicación de las bases técnicas utilizadas para el cálculo de las primas y de las provisiones técnicas, sin que dicha exigencia pueda constituir una condición previa para el ejercicio de la actividad. Artículo 37. Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora. La sucursal podrá realizar su actividad aseguradora en España con sometimiento a las disposiciones relativas a la actividad de entidades aseguradoras españolas, salvo las relativas a la actividad en régimen de derecho de establecimiento o libre prestación de servicios, de modo que sus riesgos siempre deberán estar localizados y sus compromisos asumidos en España. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta que: a) Los activos que se correspondan con el capital de solvencia obligatorio de las sucursales deberán estar localizados en España hasta el importe del capital mínimo obligatorio, y en la parte que exceda del mismo en cualquier país del Espacio Económico Europeo. b) Los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas no precisarán aprobación administrativa previa. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir la presentación de los modelos de pólizas, bases técnicas y tarifas de primas siempre que lo entienda pertinente, al objeto de controlar si respetan las disposiciones técnicas y sobre contrato de seguro. Artículo 38. Garantías financieras de las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países. En relación con las garantías financieras exigibles a las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países, serán de aplicación los siguientes requisitos: a) A efectos del cálculo del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio, se tomarán en consideración únicamente las operaciones realizadas por la sucursal. b) El importe de los fondos propios admisibles necesario para cubrir el capital mínimo obligatorio y el mínimo absoluto de ese capital mínimo obligatorio, se constituirá de conformidad con los artículos 73 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 62 de este real decreto. c) El importe de los fondos propios básicos admisibles no podrá ser inferior a la mitad del mínimo absoluto previsto en el artículo 78.3. La fianza depositada de conformidad con el artículo 36.1.d), se considerará incluida en los fondos propios básicos admisibles a efectos de cobertura del capital mínimo obligatorio. Artículo 39. Ventajas en el régimen de las sucursales de entidades domiciliadas en terceros países autorizadas en varios Estados miembros. A efectos de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las empresas autorizadas en varios Estados miembros podrán solicitar acogerse a las siguientes ventajas: a) El capital de solvencia obligatorio previsto en el artículo 106 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se calculará en función del conjunto de la actividad global que ejerzan en todos los Estados miembros y, por tanto, se tomarán en consideración las operaciones efectuadas por el conjunto de las sucursales establecidas en la Unión Europea. b) La fianza a que se refiere el artículo 36 se depositará en el Estado miembro de la autoridad supervisora que, conforme lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se encargue de verificar la solvencia. c) Los activos representativos del capital mínimo obligatorio estarán localizados en cualquiera de los Estados miembros en que tenga establecida una sucursal. Artículo 40. Información a la Comisión Europea y a otros Estados miembros sobre filiales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará a la Comisión Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a las autoridades de supervisión de los restantes Estados miembros: a) De cualquier autorización de una filial, directa o indirecta, cuando una o varias de sus empresas matrices se rijan por el derecho de un tercer país. En estos casos, la información especificará la estructura del grupo de sociedades. b) De cualquier adquisición por parte de una empresa de un tercer país de participaciones en una entidad aseguradora o reaseguradora española que hiciera de esta última una filial de la empresa de un tercer país. Artículo 41. Régimen especial de establecimiento de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operen en el ámbito de seguros distintos del seguro de vida. 1. En el ámbito de los seguros distintos al seguro de vida, el Ministro de Economía y Competitividad concederá autorización administrativa a entidades aseguradoras domiciliadas en la Confederación Suiza para la apertura en España de una sucursal, siempre que cumplan los siguientes requisitos: a) Comunicación de los estatutos por los que se rige la entidad, así como relación de los administradores, directores y de quienes bajo cualquier título lleven la dirección efectiva de la entidad aseguradora, indicando nombre, domicilio y nacionalidad. b) Presentación de un certificado expedido por la autoridad supervisora de su país en el que se acredite: 1.º Que la entidad solicitante adopta la forma jurídica de sociedad anónima o sociedad cooperativa. 2.º Que la entidad limita su objeto social a la actividad de seguros y a las operaciones definidas en el artículo 3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, con exclusión de cualquier otra actividad comercial, en los términos del artículo 5 de la misma. 3.º Los ramos en que la empresa está autorizada para operar. 4.º Que la sociedad dispone de fondos propios admisibles en cuantía suficiente para cubrir el capital mínimo obligatorio previsto en el artículo 78 de la Ley 20/2015, de 14 de julio o el capital de solvencia obligatorio al que se refiere el artículo 74 de la misma, cuando éste último exceda de los importes mínimos absolutos previstos en el artículo 78.3 de la referida ley. 5.º Los riesgos que efectivamente cubre. 6.º La existencia de los medios financieros a que se refiere el artículo 11.1.h) y, si los riesgos que se van a cubrir estuvieren clasificados en el ramo 18 del apartado A) a) del anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, los medios de que disponga la empresa para prestar la asistencia prometida. c) Presentación del programa de actividades ajustado a lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 11 y 12 de este real decreto, acompañado del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad para cada uno de los tres últimos ejercicios sociales. No obstante, cuando la sociedad haya operado durante menos de tres ejercicios sociales, sólo deberá facilitar dichas cuentas para los ejercicios cerrados si se tratase de la creación de una nueva sociedad resultante de la fusión de sociedades existentes, o la creación de una nueva sociedad por una o varias sociedades existentes a fin de operar en un ramo de seguro determinado, explotado anteriormente por una de las sociedades de que se trate. d) Designación de un apoderado general en los términos y condiciones del artículo 36.1.c). No será necesaria la aceptación previa del mismo por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pero sí habrá de cumplir los requisitos de honorabilidad y aptitud previstos en los artículos 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 18 de este real decreto. e) Si la entidad pretende cubrir los riesgos del ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, deberá comunicar el nombre y dirección del representante designado en cada uno de los Estados de la Unión Europea distinto a España, encargado de la tramitación y liquidación de los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de residencia del perjudicado o en un país firmante del sistema de certificado internacional del seguro del automóvil (Carta Verde). Artículo 42. Procedimiento de autorización de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operen en seguros distintos del seguro de vida. 1. La solicitud de autorización, acompañada de la documentación a que se alude en el artículo precedente, se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recabará dictamen de la autoridad de supervisión suiza, remitiendo a ésta última, a tal efecto, el programa de actividades acompañado de las observaciones que se estimen oportunas, todo ello en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la autoridad consultada no se pronuncie en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de los documentos, el dictamen se reputará favorable. 3. La concesión o denegación de la autorización se hará por orden ministerial motivada, en el plazo máximo de seis meses a partir de la recepción de la solicitud y de la documentación complementaria. Con dicha orden, que se notificará a la sociedad interesada, se entenderá agotada la vía administrativa. En ningún caso se entenderá autorizada la sucursal en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo referido. 4. Otorgada la autorización administrativa, se inscribirán la sucursal y su apoderado general en el Registro administrativo a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 43. Entidades reaseguradoras de terceros países. 1. Las sucursales de entidades reaseguradoras de terceros países requerirán la previa autorización administrativa del Ministro de Economía y Competitividad, que se otorgará de acuerdo con lo previsto en el artículo 36, para actividades de reaseguro de vida, actividades de reaseguro distinto del de vida, o para todo tipo de actividades de reaseguro. 2. A las sucursales de entidades reaseguradoras domiciliadas en terceros países les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. En caso de liquidación, no les resultará aplicable lo dispuesto en el capítulo III del título VII. TÍTULO III Ejercicio de la actividad CAPÍTULO I Sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras Artículo 44. Requisitos generales del sistema de gobierno. 1. Todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras dispondrán de un sistema eficaz de gobierno que garantice la gestión sana y prudente de la actividad y que sea proporcionado a su naturaleza, el volumen y la complejidad de sus operaciones. El sistema de gobierno estará sujeto a una revisión interna periódica. 2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con políticas escritas referidas, al menos, a la gestión de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su caso, la externalización de funciones o actividades, y se asegurarán de su aplicación. Las políticas escritas deberán ser aprobadas por el órgano de administración de la entidad, se revisarán, al menos, anualmente y se adaptarán a los cambios significativos en el sistema o área correspondiente. 3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras adoptarán medidas razonables para asegurar la continuidad y la regularidad en la ejecución de sus actividades, incluida la elaboración de planes de contingencia. A tal fin, las entidades emplearán sistemas, recursos y procedimientos adecuados y proporcionados. Artículo 45. Gestión de riesgos. 1. El sistema de gestión de riesgos, previsto en el artículo 66 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, abarcará los que se tengan en cuenta en el cálculo del capital de solvencia obligatorio, así como los que no se tengan en cuenta o se tengan en cuenta sólo parcialmente en dicho cálculo. El sistema cubrirá, al menos, las siguientes áreas: a) suscripción y constitución de reservas; b) gestión de activos y pasivos; c) inversiones, en particular, instrumentos derivados y compromisos similares; d) gestión del riesgo de liquidez y de concentración; e) gestión del riesgo operacional; y f) reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo. Dentro del sistema de gobierno de la entidad, las políticas escritas en materia de gestión de riesgos comprenderán, al menos, las referidas a estas áreas. 2. Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen el ajuste por casamiento contemplado en el artículo 55 o el ajuste por volatilidad contemplado en el artículo 57, se establecerá un plan de tesorería que proyecte los flujos de caja entrantes y salientes en relación con los activos y pasivos sujetos a estos ajustes. 3. Por lo que se refiere a la gestión de activos y pasivos, las empresas de seguros y de reaseguros, evaluarán periódicamente: a) La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se base la extrapolación de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo a que se refiere el artículo 54. b) En caso de que se aplique el ajuste por casamiento a que se refiere el artículo 55: 1.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el cálculo del ajuste por casamiento, incluido el cálculo del diferencial fundamental a que se refiere el artículo 56.1 b), y el posible efecto de una venta forzada de activos sobre sus fondos propios admisibles. 2.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para los cambios en la composición de la cartera de activos asignados. 3.º El impacto de la reducción del ajuste por casamiento a cero. c) en caso de que se aplique el ajuste por volatilidad a que se refiere el artículo 57: 1.º La sensibilidad de sus provisiones técnicas y fondos propios admisibles para las hipótesis en las que se basa el cálculo del ajuste por volatilidad y el posible efecto de una venta forzada de activos en sus fondos propios admisibles. 2.º El impacto de la reducción del ajuste por volatilidad a cero. Las empresas de seguros y reaseguros presentarán dichas evaluaciones contempladas en el apartado 3 a), b) y c), anualmente a la autoridad de supervisión como parte de la información a que se refiere el artículo 159. Cuando la reducción a cero del ajuste por volatilidad dé lugar al incumplimiento del capital de solvencia obligatorio la empresa presentará también un análisis de las medidas que podría aplicar en tal situación para restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir su perfil de riesgo, con el fin de cubrir el capital de solvencia obligatorio. Cuando se aplique el ajuste por volatilidad a que se refiere el artículo 57, la política escrita en materia de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 44, comprenderá una política sobre los criterios para la aplicación del ajuste por volatilidad. En lo que respecta al riesgo de las inversiones, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán demostrar que se atienen a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y sus normas de desarrollo, en materia de inversiones. 4. Cuando se utilice una evaluación externa de la calificación crediticia en el cálculo de las provisiones técnicas y del capital de solvencia obligatorio, las entidades aseguradoras y reaseguradoras evaluarán su idoneidad como parte de su gestión de riesgos, utilizando evaluaciones adicionales, siempre que sea posible, para evitar cualquier dependencia automática de las mencionadas evaluaciones externas. 5. En el caso de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que utilicen un modelo interno completo o parcial debidamente aprobado, la función de gestión de riesgos abarcará las siguientes tareas adicionales: a) Concepción y aplicación del modelo interno. b) Prueba y validación del modelo interno. c) Documentación del modelo interno y de las posibles modificaciones ulteriores del mismo. d) Análisis del rendimiento del modelo interno y elaboración de informes abreviados al respecto. e) Información al órgano de administración sobre el rendimiento del modelo interno, indicando los aspectos que deberían perfeccionarse, y sobre los avances realizados en la corrección de las deficiencias detectadas con anterioridad. Artículo 46. Evaluación interna de riesgos y solvencia. La evaluación interna de riesgos y solvencia que habrán de realizar las entidades aseguradoras y reaseguradoras como parte de su sistema de gestión de riesgos abarcará, como mínimo, lo siguiente: a) Las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgo específico, los límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia de negocio de la entidad. A estos efectos, la entidad deberá implantar procesos proporcionados a la naturaleza, el volumen y complejidad de los riesgos inherentes a su actividad y que le permitan determinar y evaluar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta a corto y largo plazo, y a los que está o podría estar expuesta. La entidad deberá estar en condiciones de explicar los métodos utilizados en dicha evaluación. b) El cumplimiento continúo de los requerimientos de capital y de los requisitos en materia de provisiones técnicas. c) El análisis sobre si el perfil de riesgo de la entidad se aparta y, en qué medida, de las hipótesis en que se basa el cálculo de capital de solvencia obligatorio mediante la fórmula estándar, o mediante su modelo interno completo o parcial. Cuando la empresa de seguros o reaseguros aplique el ajuste de casamiento a que se refiere el artículo 55, el ajuste de volatilidad contemplado en el artículo 57 o las medidas transitorias a que se refieren las disposiciones finales décima a duodécima de la Ley 20/2015, de 14 de julio, realizará también la evaluación del cumplimiento de los requisitos de capital a que se refiere el apartado b), tanto teniendo en cuenta estas adaptaciones y medidas transitorias como sin tenerla en cuenta. Artículo 47. Función actuarial. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con una función actuarial efectiva que se encargará de: a) Coordinar el cálculo de las provisiones técnicas. b) Cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes utilizados, así como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas. c) Evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. d) Cotejar el cálculo de las mejores estimaciones con la experiencia anterior. e) Informar al órgano de administración sobre la fiabilidad y adecuación del cálculo de las provisiones técnicas. f) Supervisar el cálculo de las provisiones técnicas en los supuestos en que, por no disponerse de datos suficientes y de calidad adecuada, se utilicen aproximaciones, incluidos enfoques caso por caso, en relación con el cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas. g) Pronunciarse sobre la política general de suscripción. h) Pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro. i) Contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos, en particular, en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requerimientos de capital, y la evaluación interna de riesgos y solvencia. CAPÍTULO II Valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones Sección 1.ª Normas sobre provisiones técnicas Artículo 48. Cálculo de las provisiones técnicas: principios generales. 1. El valor de las provisiones técnicas previsto en el artículo 69 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, será igual a la suma de la mejor estimación y de un margen de riesgo, calculándose ambos con arreglo a lo previsto en los apartados 2 y 3 siguientes. 2. La mejor estimación se corresponderá con la media de los flujos de caja futuros ponderada por su probabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero mediante la aplicación de la pertinente estructura temporal de tipos de interés sin riesgo, es decir, el valor actual esperado de los flujos de caja futuros. El cálculo de la mejor estimación se basará en información actualizada y fiable y en hipótesis realistas y se realizará con arreglo a métodos actuariales y estadísticos que sean suficientes, aplicables y pertinentes. La proyección de flujos de caja utilizada en el cálculo de la mejor estimación tendrá en cuenta la totalidad de las entradas y salidas de caja necesarias para liquidar las obligaciones de seguro y reaseguro durante todo su período de vigencia. La mejor estimación se calculará en términos brutos, sin deducir los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y, en su caso, de las entidades con cometido especial. Dichos importes se calcularán por separado conforme a las disposiciones aplicables al efecto. 3. El margen de riesgo será tal que se garantice que el valor de las provisiones técnicas sea equivalente al importe que las entidades aseguradoras y reaseguradoras previsiblemente exigirían para poder asumir y cumplir las obligaciones de seguro y reaseguro. 4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras calcularán la mejor estimación y el margen de riesgo por separado. No obstante, cuando los flujos de caja futuros asociados a las obligaciones de seguro o reaseguro puedan replicarse con fiabilidad utilizando instrumentos financieros para los cuales exista un valor de mercado fiable, el valor de las provisiones técnicas asociadas con esos flujos de caja futuros se determinará a partir del valor de mercado de dichos instrumentos financieros. En tal caso, no será necesario calcular por separado la mejor estimación y el margen de riesgo. 5. En el supuesto de que las entidades aseguradoras y reaseguradoras calculen la mejor estimación y el margen de riesgo por separado, el margen de riesgo será igual al coste de financiar el capital de solvencia obligatorio exigible por asumir las obligaciones de seguro y reaseguro durante su período de vigencia. La tasa utilizada para determinar el coste financiero citado en el párrafo anterior, tasa de coste del capital, será igual al tipo adicional, por encima del tipo de interés sin riesgo pertinente, que tendría que satisfacer una entidad aseguradora o reaseguradora por mantener un importe de fondos propios admisibles, igual al capital de solvencia obligatorio exigible por asumir las obligaciones de seguro y de reaseguro durante su período de vigencia. Esta tasa será la misma para todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras y se revisará periódicamente de acuerdo con la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Artículo 49. Otros elementos que deben tenerse en cuenta en el cálculo de las provisiones técnicas. 1. Al calcular las provisiones técnicas, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán tener en cuenta: a) todos los gastos en que incurrirán para cumplir las obligaciones de seguro y reaseguro; b) la inflación, incluida la correspondiente a los gastos y a los siniestros; c) todos los pagos futuros a los tomadores y beneficiarios de seguros, incluidas las participaciones en beneficios discrecionales futuros, que la entidad aseguradora o reaseguradora tenga previsto realizar, con independencia de que tales pagos estén garantizados por contrato; d) el valor de las garantías financieras y de las posibles opciones contractuales incluidas en los contratos de seguro y de reaseguro. Cualquier hipótesis aplicada con respecto a la probabilidad de que los tomadores de seguro ejerzan las opciones contractuales, incluidas las relativas a la resolución y rescate, deberá ser realista y basarse en información actual y fiable. Las hipótesis deberán considerar, explícita o implícitamente, la influencia que futuros cambios en las condiciones financieras o de otro tipo, puedan tener sobre el ejercicio de tales opciones. 2. En aquellos contratos en los que el valor de rescate se hubiera establecido en función de la provisión de seguros de vida correspondiente a los mismos, se entenderá que el importe de ésta será, a efectos de determinar el valor de rescate, el resultante de aplicar las bases técnicas utilizadas para el cálculo de la prima. Artículo 50. Segmentación de las obligaciones por grupos homogéneos. Al calcular las provisiones técnicas, las entidades de seguros y de reaseguros segmentarán sus obligaciones de seguro y reaseguro en grupos de riesgo homogéneos y, como mínimo, por líneas de negocio, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea de directa aplicación. Artículo 51. Importes recuperables de los contratos de reaseguro y de entidades con cometido especial. 1. Los importes recuperables por razón de reaseguro cedido podrán computarse entre los activos de la entidad aseguradora o reaseguradora. Dichos importes se valorarán de acuerdo con lo dispuesto para las provisiones técnicas por seguro directo y reaseguro aceptado, con las siguientes normas específicas: a) Deberá tenerse en cuenta la diferencia temporal entre los recobros y los pagos directos. b) El resultado del cálculo se ajustará para tener en cuenta las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte. El ajuste se basará en una evaluación tanto de la probabilidad de incumplimiento de la contraparte como de la pérdida media resultante. 2. Lo dispuesto en el número anterior será aplicable a los importes recuperables derivados de operaciones que tengan efectos similares al reaseguro, realizadas por la entidad aseguradora o reaseguradora a través de entidades de cometido especial. Para ello será necesario que las entidades de cometido especial y las operaciones cumplan los requisitos que se establezcan por circular. Artículo 52. Calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán aplicar los procesos y procedimientos internos necesarios para garantizar la adecuación, integridad y exactitud de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas, así como que las hipótesis en las que se base el cálculo se comparen periódicamente con la experiencia. Cuando la comparación ponga de manifiesto una desviación sistemática entre la experiencia y los cálculos realizados, la entidad deberá efectuar los ajustes necesarios en los métodos actuariales o en las hipótesis utilizadas. Artículo 53. Uso de aproximaciones en el cálculo de provisiones técnicas. Cuando en circunstancias específicas, las entidades aseguradoras y reaseguradoras no dispongan de datos suficientes de calidad adecuada para aplicar un método actuarial fiable a un conjunto o a un subconjunto de sus obligaciones de seguro o de reaseguro, o a los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro o a las entidades con cometido especial, podrán utilizarse aproximaciones, incluidos métodos caso a caso, para el cálculo de la mejor estimación. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá concretar mediante circular las circunstancias específicas y las aproximaciones a que se refiere el apartado anterior. Artículo 54. Estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. 1. La estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, a la que se hace referencia en el artículo 48.2, será la que publique, para cada divisa, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sin perjuicio de los actos de ejecución que adopte la Comisión Europea para cada moneda pertinente. Su determinación se basará en la información procedente de los instrumentos financieros relevantes y será coherente con la misma. Se tendrán en cuenta los instrumentos financieros relevantes correspondientes a vencimientos para los que los mercados de dichos instrumentos financieros, así como de bonos y obligaciones, sean profundos, líquidos y transparentes. 2. Con respecto a los vencimientos cuyos mercados de instrumentos financieros relevantes o para bonos y obligaciones no sean profundos, líquidos y transparentes, se extrapolará la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo. La parte extrapolada de la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo se basará en tipos de interés futuros que converjan progresivamente desde uno o una serie de tipos futuros relativos a los vencimientos más largos para los cuales los instrumentos financieros relevantes y bonos y obligaciones puedan observarse en un mercado profundo, líquido y transparente hasta un tipo de interés futuro último. Artículo 55. Ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. 1. Las empresas de seguro y reaseguro pueden aplicar un ajuste por casamiento a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación de una cartera de obligaciones de seguro o reaseguro de vida, incluidas las prestaciones en forma de renta procedentes de contratos de seguro o reaseguro distintos del seguro de vida condicionados a la aprobación previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) La empresa de seguros o de reaseguros ha asignado una cartera de activos, compuesta por bonos y obligaciones y otros activos con unas características similares de flujos de caja, para cubrir la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, y mantiene esa asignación durante toda la vida de las obligaciones, excepto para mantener la replicación de los flujos de caja esperados entre los activos y los pasivos cuando estos flujos de caja hayan cambiado de forma sustancial. b) La cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la cartera de activos asignada están identificadas, organizadas y gestionadas por separado respecto de otras actividades de las empresas, y la cartera de activos asignada no puede utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de otras actividades de las empresas. c) Los flujos de caja esperados de la cartera de activos asignada replican cada uno de los flujos de caja esperados de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro en la misma moneda y ninguna falta de correspondencia da lugar a riesgos materiales en relación con los riesgos inherentes a las actividades de seguros a las que se les aplica un ajuste por casamiento. d) En los contratos en los que se basa la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro no se tienen en cuenta las primas futuras. e) Los únicos riesgos de suscripción vinculados a la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro son los riesgos de longevidad, de gastos, de revisión y de mortalidad. f) Si el riesgo de suscripción vinculado a la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro incluye la mortalidad, la mejor estimación de dicha cartera no aumenta en más de un 5 % en el caso de un impacto del riesgo de mortalidad evaluado según los principios establecidos en el artículo 63. g) Los contratos en los que se basan las obligaciones de seguro o de reaseguro no incluyen opción alguna para el tomador del seguro o incluyen únicamente la opción del rescate del seguro cuando el valor de dicho rescate no exceda el valor de los activos, determinado con arreglo al artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, asignados a las obligaciones de seguro o de reaseguro en el momento en que se ejerce dicha opción de rescate. h) Los flujos de caja de la cartera de activos asignada son fijos y no pueden ser modificados por los emisores de los activos ni por terceros. i) Las obligaciones de seguro o de reaseguro de un contrato de seguro o de reaseguro no se dividen en varias partes cuando forman la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro a los efectos del presente apartado. No obstante, a lo dispuesto en el apartado 1.h), las empresas de seguros o de reaseguros podrán utilizar activos cuyos flujos de caja sean fijos, excepto por su dependencia de la inflación, siempre que esos activos repliquen los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro que dependan de la inflación. En caso de que los emisores o terceros tengan derecho a modificar los flujos de caja de un activo de modo que el inversor reciba una compensación suficiente que le permita obtener los mismos flujos de caja mediante la reinversión en activos de una calidad crediticia equivalente o superior, el derecho a modificar los flujos de caja no impedirá que el activo sea admisible en la cartera asignada con arreglo al apartado 1. h). 2. Las empresas de seguros o de reaseguros que apliquen el ajuste por casamiento de flujos a una cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro no podrán volver a adoptar sin conocimiento de la autoridad de supervisión el enfoque que no incluye dicho ajuste. Cuando una empresa de seguros o reaseguros que aplique el ajuste por casamiento de flujos deje de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1, informará inmediatamente de ello a la autoridad de supervisión y tomará las medidas necesarias para volver a cumplir dichos requisitos. Cuando dicha empresa no sea capaz de volver a cumplir dichos requisitos en el plazo de dos meses a partir de la fecha de incumplimiento, dejará de aplicar el ajuste por casamiento de flujos a todas sus obligaciones de seguro o de reaseguro y no podrá aplicarlo de nuevo hasta que hayan transcurrido veinticuatro meses. 3. El ajuste por casamiento de flujos no se aplicará respecto a las obligaciones de seguro o de reaseguro cuando la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación sobre dichas obligaciones incluya un ajuste por volatilidad de conformidad con el artículo 57 o una medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo con arreglo a la disposición final decimoctava de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 56. Cálculo del ajuste por casamiento de flujos. 1. Para cada moneda, el ajuste por casamiento de flujos, contemplado en el artículo 55, se calculará de conformidad con los principios siguientes: a) El ajuste por casamiento de flujos será igual a la diferencia entre los elementos siguientes: 1.º El tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor igual al valor de la cartera de activos asignados determinado conforme al artículo 68.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2.º El tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único, que aplicado a los flujos de caja de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor igual al valor de la mejor estimación de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro teniendo en cuenta el valor temporal y utilizando para ello la estructura temporal básica de tipos de interés sin riesgo. b) El ajuste por casamiento de flujos no incluirá el diferencial fundamental que refleja los riesgos retenidos por la empresa de seguros o de reaseguros. c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), el diferencial fundamental de crédito se incrementará cuando sea necesario para asegurar que el ajuste por casamiento de flujos de los activos con una calidad crediticia con calificación inferior a BBB, o equivalente, no excede los ajustes por casamiento de flujos de los activos, de la misma duración y clase, con una calidad crediticia calificada como BBB o equivalente. d) La utilización de evaluaciones de crédito externas en el cálculo del ajuste por casamiento de flujos se realizará de conformidad con lo establecido en reglamentos comunitarios. e) En el caso de que los contratos de seguro o reaseguro incluyan primas futuras, para determinar los flujos de caja de la cartera de obligaciones, se incluirán todos los flujos probables de prestaciones y gastos derivados de los citados contratos pero no los flujos de primas. 2. A efectos del apartado 1.b), el diferencial fundamental será: a) Igual a la suma de: 1.º El diferencial de crédito correspondiente a la probabilidad de impago de los activos. 2.º El diferencial de crédito correspondiente a la pérdida esperada resultante de la rebaja de la calificación de los activos. b) Para las exposiciones a las Administraciones y los bancos centrales de los Estados miembros, no será inferior al 30 % de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la misma duración, calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados financieros. c) Para activos distintos de las exposiciones a las Administraciones y los bancos centrales de los Estados miembros, no será inferior al 35 % de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo correspondiente a activos de la misma duración, calidad crediticia y clase, conforme a lo observado en los mercados financieros. d) El diferencial fundamental para cada duración, calidad crediticia y clase de activo relevante será el publicado por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, para cada divisa relevante, sin perjuicio de lo que establezcan los actos de ejecución que adopte la Comisión Europea al respecto para cada moneda pertinente. 3. La probabilidad de impago contemplada en el apartado 2.a).1.º, se basará en las estadísticas de impago a largo plazo que sean pertinentes para el activo en cuestión en relación con su duración, calidad crediticia y clase. 4. Cuando no pueda obtenerse un diferencial de crédito fiable a partir de las estadísticas de impago mencionadas en el apartado 2.a), el diferencial fundamental será igual al porcentaje de la media a largo plazo del diferencial con respecto al tipo de interés sin riesgo establecido en el apartado 2.b) y c). Artículo 57. Ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras pueden aplicar un ajuste por volatilidad a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo, con las características descritas en los apartados siguientes. 2. Para cada moneda relevante, el ajuste por volatilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo se basará en el diferencial entre los tipos de interés que pudieran obtenerse de los activos incluidos en una cartera de referencia para dicha moneda y los tipos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés básicos sin riesgo para dicha moneda. El ajuste por volatilidad para la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, para cada mercado nacional relevante, será el publicado por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, sin perjuicio de lo que establezcan los actos de ejecución que adopte la Comisión Europea al respecto para cada moneda pertinente. No se aplicará ningún ajuste por volatilidad a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación, respecto a las monedas y a los mercados nacionales en los que el ajuste por volatilidad no se establezca en dichos actos de ejecución. La cartera de referencia para una moneda será representativa de los activos denominados en dicha moneda y en los que inviertan las empresas de seguros y de reaseguros para cubrir la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro denominadas en dicha moneda. 3. El importe del ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo será igual al 65 % del diferencial para la moneda corregido según el riesgo. El diferencial para la moneda corregido según el riesgo será el resultado de la resta entre el diferencial mencionado en el apartado anterior y la parte de dicho diferencial atribuible a una evaluación realista de las pérdidas esperadas, los riesgos de crédito imprevistos o cualquier otro riesgo de los activos. El ajuste por volatilidad se aplicará solamente a los tipos de interés sin riesgo pertinente de la estructura temporal que no se obtengan mediante extrapolación con arreglo al artículo 54. La extrapolación de la estructura temporal de los tipos de interés sin riesgo pertinente se basará en dichos tipos de interés sin riesgo ajustados. 4. Para cada país pertinente, el ajuste por volatilidad para los tipos de interés sin riesgo contemplado en el apartado 3 para la moneda de dicho país se incrementará, antes de la aplicación del factor del 65 %, por el resultado de restar el diferencial para el país corregido según el riesgo menos el doble del diferencial para la moneda corregido según el riesgo, siempre que dicho resultado sea positivo y el diferencial para el país corregido según el riesgo supere los 100 puntos básicos. El ajuste por volatilidad aumentado se aplicará al cálculo de la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro de los productos vendidos en el mercado de seguros de dicho país. El diferencial para el país corregido según el riesgo se calcula de la misma manera que el diferencial para la moneda corregido según el riesgo para dicho país, pero basándose en una cartera de referencia representativa de los activos en los que han invertido las empresas de seguros y de reaseguros para cubrir la mejor estimación de las obligaciones de seguro y de reaseguro de productos vendidos en el mercado asegurador de dicho país y denominados en su moneda. 5. El ajuste por volatilidad no se aplicará respecto a las obligaciones de seguro cuando la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación sobre dichas obligaciones incluya un ajuste por casamiento de flujos según el artículo 55. 6. No obstante lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 63 de este real decreto, el capital de solvencia obligatorio no cubrirá el riesgo de pérdida de fondos propios básicos que se derive de los cambios en el ajuste por volatilidad. Artículo 58. Provisiones técnicas del seguro de decesos. 1. La provisión del seguro de decesos se calculará de acuerdo con lo establecido en este real decreto y la normativa de la Unión Europea directamente aplicable para los seguros de vida y teniendo en cuenta los límites del contrato aplicables. 2. La base de cálculo de la provisión del seguro de decesos será la prima de tarifa. El cálculo se efectuará mediante un método prospectivo de capitalización individual, sin que ello signifique que existe un derecho de disposición del tomador sobre dicha provisión, salvo que esté expresamente concedido en el contrato. No obstante, podrán utilizarse métodos de capitalización basados en grupos homogéneos de riesgo. 3. Las futuras decisiones de gestión de la entidad aseguradora se tendrán en consideración para la fijación de las hipótesis de cálculo anteriormente detalladas cuando cumplan los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Las hipótesis sobre futuras decisiones de gestión de la entidad aseguradora, que se consideren en el cálculo, se establecerán según la evolución del resto de hipótesis, de manera que se consiga una estimación general de la provisión estable, prudente, objetiva y fiable, todo ello en consideración a la naturaleza y duración del seguro. Sección 2.ª Fondos propios Artículo 59. Determinación de los fondos propios. 1. Los fondos propios básicos estarán integrados por: a) El excedente de los activos con respecto a los pasivos valorados conforme a los artículos 68 y 71 a 73 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y sus normas de desarrollo. Del excedente se deducirá el importe de las acciones propias que posea la entidad aseguradora o reaseguradora. En el caso de entidades aseguradoras autorizadas para la gestión de fondos de pensiones, la cantidad computable se minorará en el importe del capital social desembolsado afecto a tal actividad, así como en el importe de las reservas, que se correspondan con los recursos propios mínimos exigidos por la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones. b) Los pasivos subordinados. 2. Los fondos propios complementarios estarán constituidos por elementos que puedan ser exigidos para absorber pérdidas, distintos de los fondos propios básicos. Los fondos propios complementarios podrán comprender los siguientes elementos, en la medida en que no sean fondos propios básicos: a) El capital social o el fondo mutual no desembolsados ni exigidos. b) Las cartas de crédito y garantías. c) Cualesquiera otros compromisos legalmente vinculantes recibidos por las empresas de seguros y de reaseguros. Cuando se trate de mutuas o mutualidades de previsión social, los fondos propios complementarios podrán incluir, asimismo, las derramas futuras que dicha entidad pueda exigir a sus mutualistas durante los doce meses siguientes. Cuando un elemento de los fondos propios complementarios tenga un valor nominal fijo, el importe de dicho elemento será igual a su valor nominal, siempre que éste refleje adecuadamente su capacidad de absorción de pérdidas. En el supuesto de que un elemento de los fondos propios complementarios haya sido desembolsado o exigido pasará a formar parte del activo, integrándose en los fondos propios básicos y dejará de formar parte de los fondos propios complementarios. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones aprobará, según proceda: a) Un importe monetario para cada elemento de los fondos propios complementarios; o b) Un método para determinar el importe de cada elemento de los fondos propios complementarios, en cuyo caso se aprobará el importe determinado con arreglo a este método por un plazo definido. 4. Para la autorización de cada uno de los elementos de los fondos propios complementarios prevista en el artículo 71.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones basará su aprobación en la evaluación de lo siguiente: a) La consideración de las contrapartes afectadas, en lo que respecta a su capacidad de pago y su disposición a pagar. b) La posibilidad de recuperar los fondos, habida cuenta de la forma jurídica del elemento, así como de cualesquiera condiciones que pudieran impedir que sean efectivamente desembolsados o reclamado su pago. c) Toda información sobre el resultado de las exigencias anteriores de tales fondos propios complementarios realizadas por las empresas de seguros y de reaseguros, en la medida en que dicha información pueda utilizarse con fiabilidad para evaluar los resultados esperados de exigencias futuras. Artículo 60. Clasificación de los fondos propios en niveles. 1. Los elementos de los fondos propios se clasificarán en los tres niveles indicados en el apartado 4 de este artículo, dependiendo de si se trata de elementos de fondos propios básicos o complementarios y de en qué medida posean las siguientes características: a) Disponibilidad permanente: el elemento está totalmente disponible, o puede ser exigido, para absorber pérdidas tanto si la entidad está en funcionamiento como en caso de liquidación. b) Subordinación: en caso de liquidación, el importe total del elemento está disponible para absorber pérdidas y no se admite el reembolso del elemento a su tenedor hasta tanto no se hayan satisfecho todas las demás obligaciones, incluidas las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y de reaseguro. 2. Al evaluar en qué medida los elementos de los fondos propios poseen y mantienen en el tiempo las características mencionadas en el apartado 1, deberá considerarse apropiadamente la duración del elemento, concretamente si éste tiene una duración definida o no. Cuando se trate de un elemento de los fondos propios con duración definida, deberá tenerse en cuenta la suficiencia de la duración del elemento comparada con la duración de las obligaciones de seguro y reaseguro de la entidad. 3. Además, deberá tenerse en cuenta si el elemento está libre de: a) Obligaciones o incentivos para el reembolso del importe nominal. b) Gastos fijos obligatorios. c) Cualquier otro compromiso presente o futuro distinto de su aportación a la entidad aseguradora o reaseguradora. 4. Los elementos de los fondos propios se clasificarán en los tres niveles siguientes: a) Nivel 1: Elementos de los fondos propios básicos cuando posean en grado sustancial las características señaladas en el apartado 1, a) y b), habida cuenta de los factores señalados en los apartados 2 y 3. b) Nivel 2: Elementos de los fondos propios básicos cuando posean en grado sustancial las características señaladas en el apartado 1, b), y los elementos de los fondos propios complementarios cuando posean en grado sustancial las características señaladas en el apartado 1, a) y b), habida cuenta, en ambos casos, de los factores señalados en los apartados 2 y 3. c) Nivel 3: Todos los elementos de los fondos propios básicos y complementarios que no se incluyan en los dos niveles anteriores. 5. El procedimiento de autorización previsto en artículo 72.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para la inclusión de elementos no incorporados a la lista de los elementos de los fondos propios regulados en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, se regirá por lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 71.1 de la referida ley. Artículo 61. Clasificación de los fondos propios específicos de los seguros. 1. Los fondos propios básicos y complementarios se clasificarán en los niveles siguientes: a) Los fondos excedentarios constituidos por los beneficios acumulados que no se han destinado a ser distribuidos a los tomadores y a los beneficiarios de seguros, y que cumplan los criterios establecidos en el artículo 60.4 a), no considerándose obligaciones derivadas de los contratos de seguros o reaseguros, en el nivel 1. b) Las cartas de crédito y garantías administradas en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, en el nivel 2. 2. Las derramas futuras que las mutuas pudieran exigir a sus miembros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce meses, se clasificarán en el nivel 2 cuando posean en grado sustancial las características señaladas en el artículo 60.1 a) y b), habida cuenta de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Artículo 62. Admisibilidad de fondos propios y límites aplicables a los niveles 1, 2 y 3. 1. En lo que respecta a la cobertura del capital de solvencia obligatorio, el importe admisible de los elementos correspondientes a los niveles 2 y 3 estará sujeto a límites cuantitativos. Estos límites se fijarán de manera que se garantice al menos el cumplimiento de las condiciones siguientes: a) La proporción que los elementos del nivel 1 supongan respecto de los fondos propios admisibles sea superior a un tercio del importe total de fondos propios admisibles. b) El importe admisible de los elementos del nivel 3 representen menos de un tercio del importe total de fondos propios admisibles. 2. En lo que respecta al cumplimiento del requisito del capital mínimo obligatorio, el importe de los elementos de los fondos propios básicos admisibles para la cobertura del capital mínimo obligatorio clasificados en el nivel 2 estará sujeto a límites cuantitativos. Estos límites se fijarán de manera que se garantice al menos que la proporción de los elementos del nivel 1 en los fondos propios básicos admisibles sea superior a la mitad del importe total de fondos propios básicos admisibles. 3. El importe admisible de fondos propios para la cobertura del capital de solvencia obligatorio establecido en el artículo 74 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, será igual a la suma del importe del nivel 1, del importe admisible del nivel 2 y del importe admisible del nivel 3. Sección 3.ª Capital de solvencia obligatorio Subsección 1.ª Normas generales Artículo 63. Cálculo del capital de solvencia obligatorio. 1. El cálculo del capital de solvencia obligatorio tendrá en cuenta todos los riesgos cuantificables a los que una entidad aseguradora o reaseguradora esté expuesta. Cubrirá las actividades existentes y las nuevas actividades que se espere realizar en los siguientes doce meses. En relación con las actividades existentes, deberá cubrir exclusivamente las pérdidas inesperadas. El capital de solvencia obligatorio será igual al valor en riesgo de los fondos propios básicos de una entidad aseguradora o reaseguradora, con un nivel de confianza del 99,5 por ciento y un horizonte temporal de un año. 2. El capital de solvencia obligatorio cubrirá, como mínimo, los siguientes riesgos: a) Riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida. b) Riesgo de suscripción en el seguro de vida. c) Riesgo de suscripción del seguro de enfermedad. d) Riesgo de mercado. e) Riesgo de crédito. f) Riesgo operacional. 3. El efecto de las técnicas de reducción del riesgo se tendrá en cuenta al calcular el capital de solvencia obligatorio siempre que el riesgo de crédito y otros riesgos derivados del uso de tales técnicas se reflejen apropiadamente en el capital de solvencia obligatorio, y se cumplan las disposiciones de desarrollo que se establezcan al efecto. Artículo 64. Métodos de cálculo del capital de solvencia obligatorio. 1. El capital de solvencia obligatorio podrá calcularse, teniendo en cuenta lo previsto en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, de acuerdo con los métodos siguientes: a) Mediante el uso de la fórmula estándar, aplicando en dicha fórmula los parámetros que se determinen con carácter general. b) Mediante el uso de la fórmula estándar, aplicando en dicha fórmula los parámetros específicos de la entidad. Dichos parámetros podrán utilizarse en el cálculo de los módulos de riesgo de suscripción del seguro de vida, del seguro distinto al seguro de vida y del seguro de enfermedad y se determinarán mediante métodos normalizados a partir de datos internos de la entidad de que se trate o de datos que resulten directamente pertinentes para las operaciones de dicha entidad. c) Mediante el uso de la fórmula estándar, pero con determinadas simplificaciones en los puntos del cálculo en que se permita esta opción de acuerdo con la normativa de la Unión Europea de directa aplicación y siempre que la naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos que asuman así lo justifique. El uso de simplificaciones en unos aspectos del cálculo será compatible con el uso de parámetros específicos de la entidad en otros aspectos. d) Mediante el uso de la fórmula estándar para determinados aspectos del cálculo combinada con modelos internos parciales, que cubran el cálculo en otros aspectos. e) Mediante el uso de modelos internos completos que cubran todos los aspectos relevantes y con impacto significativo en el perfil de riesgo de la entidad y, por tanto, en su capital de solvencia obligatorio. 2. La utilización de parámetros específicos o de modelos internos requerirá aprobación administrativa previa, a solicitud de la entidad, en los términos y condiciones que se establezcan en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir mediante resolución motivada que se efectúe el cálculo del capital de solvencia obligatorio con parámetros específicos de la entidad o con modelos internos cuando el perfil de riesgo de la entidad se aparte significativamente de las hipótesis aplicadas en el cálculo de la fórmula estándar. Artículo 65. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir un capital adicional a la entidad aseguradora o reaseguradora supervisada mediante resolución motivada, tras las actuaciones de supervisión y con carácter excepcional, en los supuestos siguientes: a) Cuando el perfil de riesgo de la entidad aseguradora o reaseguradora se aparte significativamente de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio calculado mediante la fórmula estándar y la exigencia de un modelo interno sea inadecuada o no haya sido eficaz, o se esté desarrollando un modelo interno parcial o completo. b) Cuando el perfil de riesgo de la entidad aseguradora o reaseguradora se aparte significativamente de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio calculado mediante un modelo interno completo o parcial porque ciertos riesgos cuantificables no se tienen suficientemente en cuenta, y la adaptación del modelo, en un plazo adecuado, con vistas a reflejar mejor el perfil de riesgo considerado haya resultado imposible. c) Cuando el sistema de gobierno de la entidad aseguradora o reaseguradora se aparte significativamente de lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio o en sus normas de desarrollo, y estas desviaciones impidan identificar, medir, controlar, gestionar y notificar correctamente los riesgos a los que se expone o podría exponerse, y la aplicación de otras medidas, por sí mismas, no pueda subsanar suficientemente las deficiencias en un plazo adecuado. d) Cuando la entidad aseguradora o reaseguradora aplique el ajuste por casamiento o el ajuste por volatilidad a los que se refieren los artículos 55 y 57 o las disposiciones transitorias primera y segunda y el perfil de riesgo de esa entidad se desvíe considerablemente de las hipótesis que subyacen en estos ajustes y medidas transitorias. 2. En los supuestos señalados en el apartado 1.a) y 1.b), el capital adicional se calculará de tal forma que el capital de solvencia obligatorio de la entidad cumpla lo dispuesto en el artículo 63.1. En los supuestos señalados en el apartado 1.c), el capital adicional será proporcional a los riesgos significativos derivados de las deficiencias que dieron lugar a la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de imponer dicho capital adicional. En las circunstancias expuestas en el apartado 1.d), el capital adicional será proporcional a los riesgos significativos derivados de la desviación a que se refiere ese apartado. 3. En los supuestos señalados en el apartado 1.b) y 1.c), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones verificará que la entidad aseguradora o reaseguradora adopta las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que hayan motivado la exigencia del capital adicional. 4. La suma del capital de solvencia obligatorio inicial y del capital adicional impuesto dará lugar al nuevo capital de solvencia obligatorio. No obstante, el capital de solvencia obligatorio no incluirá el capital adicional impuesto de conformidad con el apartado 1.c), a efectos de la determinación del margen de riesgo para el cálculo de las provisiones técnicas. Artículo 66. Procedimiento para exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. 1. La exigencia de un capital de solvencia obligatorio adicional se hará en un procedimiento administrativo tramitado con arreglo a la legislación de procedimiento administrativo común aplicable, o a las normas del procedimiento de supervisión por inspección, según proceda. Sólo se tramitará un procedimiento por cada entidad aseguradora, de modo que si ya se ha exigido un capital de solvencia obligatorio adicional a una entidad aseguradora y es preciso, en virtud de revisiones o inspecciones ulteriores, modificar dicha exigencia de capital adicional, la supresión del capital adicional anteriormente exigido será incorporada a la resolución en la que se adopte la nueva exigencia de capital adicional. 2. La exigencia de capital adicional será revisada, al menos, una vez al año y se suprimirá por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando la entidad haya subsanado las deficiencias que, con arreglo al artículo 65, determinaron su exigencia. Artículo 67. Información sobre la exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará anualmente a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación información acerca del capital adicional medio exigido por entidad y la distribución de los capitales adicionales exigidos durante el año anterior, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, según las siguientes categorías: entidades aseguradoras y reaseguradoras conjuntamente; entidades de seguros de vida; entidades de seguros distintos del de vida; entidades aseguradoras que realizan actividades de seguro de vida y de seguros no de vida; y entidades reaseguradoras. 2. En relación con cada una de las indicaciones anteriores, se informará de la proporción de los capitales adicionales exigidos por cada uno de los motivos recogidos en el artículo 65. Subsección 2.ª Fórmula estándar Artículo 68. Estructura de la fórmula estándar. El capital de solvencia obligatorio calculado con arreglo a la fórmula estándar será igual a la suma de los siguientes elementos: a) El capital de solvencia obligatorio básico. b) El capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional. c) El importe del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos. Artículo 69. Configuración del capital de solvencia obligatorio básico. 1. El capital de solvencia obligatorio básico se obtendrá mediante la agregación de módulos de riesgo, en los términos y condiciones establecidos, comprendiendo, al menos, los siguientes: a) Riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida. b) Riesgo de suscripción en el seguro de vida. c) Riesgo de suscripción del seguro de enfermedad. d) Riesgo de mercado. e) Riesgo de incumplimiento de la contraparte. 2. Cuando proceda, en la configuración de los diferentes módulos de riesgo se tendrán en cuenta los efectos de diversificación. 3. La configuración y las especificaciones de los módulos de riesgo serán idénticas para todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, por lo que respecta tanto al capital de solvencia obligatorio básico, como a cualquier cálculo simplificado realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1.c). 4. En relación con los riesgos derivados de catástrofes, podrán utilizarse especificaciones geográficas, cuando proceda, para el cálculo de los módulos de riesgo de suscripción del seguro de vida, del seguro distinto del seguro de vida y del seguro de enfermedad. 5. Cada uno de los módulos de riesgo mencionados en el apartado 1 se calibrará en función del valor en riesgo, con un nivel de confianza del 99,5 por ciento, en un horizonte temporal de un año. 6. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán tener en cuenta otros módulos de riesgo adicionales a los establecidos en este artículo en función de su perfil de riesgo. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a dichas entidades que consideren estos riesgos adicionales para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. Artículo 70. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante la fórmula estándar. 1. Para el cálculo del capital obligatorio básico, los módulos de riesgo individuales se agregarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del anexo y en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, teniendo en cuenta lo siguiente: a) El riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida reflejará el riesgo derivado de las obligaciones de los seguros distintos del seguro de vida, atendiendo a los eventos cubiertos y a los procesos seguidos en el ejercicio de la actividad. Este módulo tendrá en cuenta la incertidumbre de los resultados de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en relación con las obligaciones de seguro y de reaseguro ya existentes y las nuevas actividades que se espere realizar en los siguientes doce meses. b) El riesgo de suscripción en el seguro de vida reflejará el riesgo derivado de las obligaciones de seguro de vida, atendiendo a los eventos cubiertos y a los procesos seguidos en el ejercicio de la actividad. c) El riesgo de suscripción del seguro de enfermedad reflejará el riesgo que se derive de las obligaciones resultantes de la suscripción de dichos contratos, se utilicen o no bases técnicas similares a las del seguro de vida, como consecuencia tanto de los eventos cubiertos, como de los procesos seguidos en el ejercicio de la actividad. d) El riesgo de mercado pondrá de manifiesto el riesgo derivado del nivel o de la volatilidad de los precios de mercado de los instrumentos financieros que influyan en el valor de los activos y pasivos de la entidad. Reflejará adecuadamente, en su caso, la falta de correspondencia estructural entre los activos y los pasivos, en particular por lo que atañe a la duración. e) El riesgo de incumplimiento de la contraparte reflejará las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento inesperado o deterioro de la calidad crediticia de las contrapartes y los deudores de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en los siguientes doce meses. 2. El capital obligatorio por riesgo operacional reflejará los riesgos operacionales siempre que no estén ya incluidos en los módulos de riesgo recogidos en el apartado 1. Se calculará conforme a lo establecido en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. El riesgo operacional incluirá los riesgos legales, pero no los riesgos derivados de decisiones estratégicas ni los riesgos de reputación. En los contratos de seguro de vida, cuando el riesgo de inversión recaiga sobre los tomadores, para el cálculo del capital obligatorio por riesgo operacional se tomará en consideración el importe de los gastos anuales ocasionados por esas obligaciones de seguro. En las operaciones de seguro y de reaseguro distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, el cálculo del capital obligatorio por riesgo operacional tomará en consideración el volumen de esas operaciones, que se determinará a partir de las primas devengadas y las provisiones técnicas constituidas en relación con esas obligaciones de seguro y de reaseguro. En este caso, el capital obligatorio por los riesgos operacionales no sobrepasará el 30% del capital de solvencia obligatorio básico correspondiente a tales operaciones de seguro y de reaseguro. 3. El ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos deberá reflejar la posible compensación de las pérdidas inesperadas mediante un descenso simultáneo de las provisiones técnicas o los impuestos diferidos, o una combinación de ambos y se determinará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá regular mediante circular los requisitos y condiciones para la aplicación de dicho ajuste. El ajuste tendrá en cuenta el efecto de reducción del riesgo generado por futuras prestaciones discrecionales de los contratos de seguro, en la medida en que las empresas de seguros y de reaseguros puedan demostrar que una reducción de esas prestaciones puede servir para cubrir pérdidas inesperadas cuando se produzcan. El efecto de reducción del riesgo de las futuras prestaciones discrecionales no será mayor que la suma de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos correspondientes a esas futuras prestaciones discrecionales. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el valor de las futuras prestaciones discrecionales en circunstancias adversas se comparará con el valor de esas mismas prestaciones según un cálculo basado en la mejor estimación. 4. Para las mutualidades de previsión social que no operen por ramos, por no haber obtenido autorización para ampliación de prestaciones en los términos del artículo 45 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el capital de solvencia obligatorio será de tres cuartas partes del resultante de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3. Para las mutualidades que prevean en sus estatutos la posibilidad de realizar derramas de cuotas o de reducir las prestaciones y el importe anual de cuotas devengadas no supere los 5.000.000 de euros durante tres años consecutivos, la fracción del capital de solvencia obligatorio a la que se refiere el párrafo anterior se reducirá a la mitad. Si la cifra de cuotas señalada se superase durante tres años consecutivos, a partir del cuarto ejercicio la relación será de las tres cuartas partes. Artículo 71. Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida del capital obligatorio básico. El módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida se calculará, con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del anexo, como una combinación del capital obligatorio correspondiente, al menos, a los siguientes submódulos: a) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades derivadas de los seguros debido a fluctuaciones en relación con el momento de ocurrencia, la frecuencia y gravedad de los sucesos asegurados, y en el momento y el importe de la liquidación de siniestros (riesgo de prima y de reserva en los seguros distintos del seguro de vida). b) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades derivadas de los seguros debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o excepcionales (riesgo de catástrofe en los seguros distintos del seguro de vida). Artículo 72. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida del capital obligatorio básico. El módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida se calculará, con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del anexo, como una combinación de los capitales obligatorios correspondientes, al menos, a los siguientes submódulos: a) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de mortalidad, para aquellos casos en que un aumento de la tasa de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros (riesgo de mortalidad). b) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o volatilidad de las tasas de mortalidad, para aquellos casos en que un descenso de la tasa de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros (riesgo de longevidad). c) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o volatilidad de las tasas de invalidez, enfermedad y morbilidad (riesgo de discapacidad y morbilidad). d) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o volatilidad de los gastos de ejecución de los contratos de seguro o de reaseguro (riesgo de gastos en el seguro de vida). e) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o volatilidad de las tasas de revisión aplicables a las prestaciones en forma de renta, debido a modificaciones de la legislación o variaciones en el estado de salud de la persona asegurada (riesgo de revisión). f) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel o la volatilidad de las tasas de discontinuidad, cancelación, renovación y rescate de las pólizas (riesgo de reducción). g) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o extraordinarios (riesgo de catástrofe en los seguros de vida). Artículo 73. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad del capital obligatorio básico. El módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad se calculará, con arreglo a lo establecido en los apartados 2 o 3 del anexo, según se usen técnicas no similares o similares a vida, como una combinación de los capitales obligatorios correspondientes, al menos, a los siguientes submódulos: a) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros debido a variaciones en el nivel, la tendencia o volatilidad de los gastos de ejecución de los contratos de seguro o de reaseguro. b) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros debido a fluctuaciones en relación con el momento de ocurrencia, la frecuencia y gravedad de los hechos asegurados, así como el momento e importe de la liquidación de siniestros en la fecha de constitución de las provisiones. c) Riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a brotes de grandes epidemias, así como la acumulación excepcional de riesgos en esas circunstancias extremas. Artículo 74. Módulo de riesgo de mercado del capital obligatorio básico. 1. El módulo de riesgo de mercado se calculará, con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del anexo, como una combinación de los capitales obligatorios correspondientes, al menos, a los siguientes submódulos: a) Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en la estructura temporal de los tipos de interés o la volatilidad de los tipos de interés (riesgo de tipo de interés). b) Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los precios de mercado de las acciones (riesgo de acciones). c) Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los precios de mercado de la propiedad inmobiliaria (riesgo inmobiliario). d) Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los diferenciales de crédito en relación con la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo (riesgo de diferencial). e) Sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los tipos de cambio de divisas (riesgo de divisa). f) Riesgos adicionales a que esté expuesta una entidad aseguradora o reaseguradora como consecuencia, bien de una falta de diversificación de la cartera de activos o bien de una importante exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo emisor de valores o de un grupo de emisores vinculados (concentraciones de riesgo de mercado). 2. El submódulo de riesgo de acciones calculado con arreglo a la fórmula estándar comprenderá un ajuste simétrico del requisito de capital propio destinado a cubrir el riesgo que se deriva de variaciones en el nivel de los precios de las acciones. Dicho ajuste será publicado por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ). El ajuste simétrico se basará en una función del nivel actual de un índice de las acciones y un nivel medio ponderado de dicho índice. El promedio ponderado se calculará durante un plazo adecuado, que será igual para todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras. El ajuste simétrico no dará lugar a la aplicación de una carga de capital propio que sea inferior o superior en 10 puntos porcentuales al requisito estándar de capital propio. Artículo 75. Submódulo de riesgo de renta variable basado en la duración. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá autorizar la aplicación de un submódulo de riesgo de renta variable del capital de solvencia obligatorio, calibrado utilizando la medida del valor en riesgo, durante un período que sea coherente con el período de mantenimiento de las inversiones de renta variable de la entidad afectada, con un nivel de confianza que ofrezca a los tomadores y los beneficiarios de seguros un nivel de protección equivalente al establecido en el artículo 63.1. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de seis meses. 2. Podrán solicitarlo las entidades aseguradoras que actúen en el ramo de vida e instrumenten compromisos por pensiones o garanticen prestaciones por jubilación en las que las primas abonadas para esas prestaciones tengan una deducción fiscal autorizada para los tomadores de seguros, cuando: a) Todos los activos y pasivos correspondientes a estas actividades estén delimitados, gestionados y organizados por separado respecto de otras actividades de las entidades aseguradoras, sin ninguna posibilidad de transferencia. b) Las actividades de la entidad a las cuales se aplica el enfoque recogido en este apartado, se efectúan únicamente en España. c) La duración media de los pasivos correspondientes a esta actividad que mantiene la entidad sobrepasan la media de doce años. 3. En el cálculo del capital de solvencia obligatorio, estos activos y pasivos se tendrán plenamente en cuenta a los efectos de evaluar los efectos de diversificación, sin perjuicio de la necesidad de salvaguardar los intereses de los tomadores y beneficiarios de seguros en otros Estados miembros. 4. La situación de solvencia y liquidez, así como las estrategias, los procesos y los procedimientos de información de la entidad afectada con respecto a la gestión de activos y pasivos, deberán garantizar de forma continua que la entidad es capaz de mantener inversiones de renta variable durante un período coherente con el período de mantenimiento típico para dichas inversiones en el caso de la entidad en cuestión. 5. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras no podrán volver a aplicar el sistema de cálculo establecido en el artículo 74, salvo en circunstancias debidamente justificadas y previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 76. Peculiaridades del cálculo del capital de solvencia obligatorio para el seguro de decesos. 1. El capital de solvencia obligatorio para el riesgo de suscripción y para el riesgo de tipo de interés en el seguro de decesos podrá calcularse conforme al régimen general del seguro de vida, o conforme al régimen simplificado que se apruebe mediante orden ministerial. 2. Cuando se aplique dicho régimen simplificado, se calculará por separado el importe resultante de cada uno de los submódulos del riesgo de suscripción del seguro de decesos y cada uno de esos importes se sumará al correspondiente submódulo de riesgo de suscripción del seguro de vida. 3. De igual forma, cuando se aplique dicho régimen simplificado, a los efectos de determinar si aplica el escenario de subida o de bajada de la estructura de tipos de interés en las reglas de requerimientos de capital del riesgo de tipo de interés para el total de la entidad, se calcularán por separado, para el seguro de decesos y para el resto de ramos, los importes, a la baja y al alza, resultantes de aplicar las modificaciones de tipos de interés previstas en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Los citados importes obtenidos a la baja y al alza para el ramo de decesos y para el resto de ramos se sumarán respectivamente por separado dando lugar a un escenario agregado a la baja y a un escenario agregado al alza. Se tomará como importe del submódulo de riesgo de tipo de interés el mayor de los dos. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá mediante resolución motivada, exigir a una empresa que cese en la utilización del régimen simplificado, si considera que el mismo no es adecuado al perfil de riesgo de la entidad. Artículo 77. Módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte del capital obligatorio básico. 1. El módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte abarcará los contratos destinados a mitigar riesgos, tales como los contratos de reaseguro, de titulización y de derivados, así como los créditos sobre intermediarios y otros riesgos de crédito no incluidos en el submódulo de riesgo de diferencial. El módulo tendrá debidamente en cuenta las garantías u otras fianzas poseídas por la entidad aseguradora o reaseguradora o por cuenta suya y los riesgos asociados a dichas garantías y fianzas. 2. El módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte reflejará, para cada contraparte, la exposición global de la entidad aseguradora o reaseguradora frente a esa contraparte, sea cual sea la naturaleza jurídica de sus obligaciones contractuales con respecto a esa entidad. Subsección 3.ª Modelos internos Artículo 78. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante modelos internos. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán calcular el capital de solvencia obligatorio utilizando un modelo interno, completo o parcial, previa autorización del Ministro de Economía y Competitividad, y mientras mantengan el cumplimiento tanto de los requisitos establecidos en esta subsección como de los fijados en la propia autorización administrativa. La citada autorización se concederá en los términos y condiciones que establezca en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 2. Mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigirse a las entidades aseguradoras y reaseguradoras a las que se haya autorizado el uso de un modelo interno, que presenten una estimación del capital de solvencia obligatorio calculado con arreglo a la fórmula estándar. 3. Una vez autorizado el uso de un modelo interno, el capital de solvencia obligatorio calculado mediante el modelo interno sólo podrá volverse a calcular con arreglo a la fórmula estándar en circunstancias debidamente justificadas y previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 79. Autorización de modelos internos. 1. En toda solicitud de autorización de un modelo interno, las entidades aseguradoras y reaseguradoras presentarán, como mínimo, justificación de que el modelo interno satisface los requisitos establecidos en los artículos 83 a 88. 2. La aplicación de un modelo o de datos obtenidos externamente a la entidad individualmente considerada, no eximirá de la justificación y cumplimiento continuado de los requisitos que sobre el modelo interno establecen los artículos citados. 3. Si la solicitud de autorización se refiere a un modelo interno parcial, los requisitos citados se adaptarán para tener en cuenta el alcance limitado de la aplicación del modelo. 4. El Ministro de Economía y Competitividad autorizará la utilización del modelo interno cuando los sistemas de que dispone la entidad aseguradora o reaseguradora para la identificación, la medida, el seguimiento, la gestión y los sistemas de información del riesgo sean suficientes y, en particular, cuando el modelo interno cumpla los requisitos a que se refiere el apartado 1. Artículo 80. Requisitos adicionales para la autorización de modelos internos parciales. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán utilizar modelos internos parciales para el cálculo de uno o varios de los elementos indicados en el artículo 68. Asimismo, podrá aplicarse un modelo parcial al conjunto de la actividad de las entidades aseguradoras o reaseguradoras, o únicamente a uno o varios de los segmentos principales de su actividad. 2. Cuando se trate de un modelo interno parcial, el Ministro de Economía y Competitividad lo autorizará si satisface, además de los requisitos establecidos en el artículo 79, las siguientes condiciones: a) La entidad deberá justificar los criterios objetivos que fundamentan el ámbito de aplicación elegido para el modelo interno parcial que, salvo causa suficientemente acreditada, deberá dar prioridad a las principales áreas de riesgo y de negocio de la entidad. b) La entidad deberá justificar que, bien desde el inicio de la aplicación del modelo interno parcial o bien al término del plan de transición que se presente, el modelo cubrirá los principales riesgos u operaciones de seguro dentro del módulo o módulos de riesgo concretos considerados. c) El capital de solvencia obligatorio resultante refleja mejor el perfil de riesgo de la entidad y, en particular, es acorde con los principios establecidos para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. d) La concepción del modelo interno parcial es coherente con los principios establecidos en el cálculo del capital de solvencia obligatorio, de modo que pueda integrarse plenamente en la fórmula estándar de determinación del capital de solvencia obligatorio. 3. Al examinar una solicitud de autorización de un modelo interno parcial aplicable sólo a ciertos submódulos de un módulo de riesgo concreto, o a algunos segmentos de actividad de una entidad aseguradora o reaseguradora con respecto a un módulo de riesgo concreto, o a partes de ambos, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a la entidad que presente un plan de transición realizable con alta probabilidad, que tenga por objeto ampliar el alcance del modelo con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2.b). El plan de transición detallará el modo en que las entidades aseguradoras o reaseguradoras tienen previsto la ampliación del alcance del modelo a otros submódulos o segmentos de actividad, a fin de tener la seguridad de que el modelo se aplique a una parte predominante de sus operaciones de seguro. Artículo 81. Política de modificación de modelos internos. 1. La autorización de un modelo interno por parte del Ministro de Economía y Competitividad incluirá la aprobación de la política que la entidad debe aplicar para futuras modificaciones del modelo. La citada política identificará las modificaciones que se califican como de mayor y menor relevancia. 2. Las modificaciones de mayor relevancia del modelo interno, así como los cambios en la propia política de modificaciones, estarán supeditadas a la autorización previa del Ministro de Economía y Competitividad, en los términos y condiciones que se establezcan en normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 3. Las modificaciones de menor relevancia del modelo interno sólo estarán sometidas a comunicación previa a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que deberá ir acompañada de la documentación detallada de las razones objetivas que justifican el cambio. Las entidades notificarán las citadas modificaciones de forma agrupada trimestralmente. Cuando varias modificaciones menores puedan conjuntamente tener un efecto similar a una modificación mayor, dichos cambios menores se agruparán y tendrán la consideración de modificación mayor, quedando supeditadas a autorización previa del Ministro de Economía y Competitividad. Artículo 82. Incumplimiento del modelo interno. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que, tras haber sido autorizadas por el Ministro de Economía y Competitividad para aplicar un modelo interno, dejen de cumplir los requisitos establecidos en su autorización, deberán cumplir una de las siguientes opciones: a) Presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación justificativa que acredite que el incumplimiento carece de efectos significativos. b) Presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde el incumplimiento, un plan dirigido a restablecer la situación en un plazo no superior a seis meses. 2. Si las entidades que han optado por la opción del apartado 1.b) no aplican el plan mencionado en dicho apartado, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigirles que vuelvan a calcular el capital de solvencia obligatorio conforme a la fórmula estándar. Artículo 83. Uso del modelo interno en la toma de decisiones y en las actividades de gestión. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán acreditar que el modelo interno se utiliza en todas las áreas relevantes y desempeña una función importante en el sistema de gobierno de la entidad y, en particular, por lo que respecta a: a) El sistema de gestión de riesgos y los procesos de toma de decisiones. b) Los procesos de evaluación y asignación del capital económico y de solvencia, incluida la evaluación interna de riesgos y solvencia a que se refiere el artículo 66 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y el artículo 46 de este real decreto. 2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán acreditar que la frecuencia de cálculo del capital de solvencia obligatorio a través del modelo interno está en consonancia con la frecuencia con la que aplican ese modelo interno a los demás fines mencionados en el apartado anterior. Artículo 84. Normas de calidad estadística de los modelos internos. 1. Los métodos utilizados para efectuar el cálculo de la distribución de probabilidad en que se base el modelo interno se fundamentarán en técnicas actuariales y estadísticas adecuadas que sean aplicables y pertinentes, y guardarán coherencia con los métodos aplicados para calcular las provisiones técnicas. 2. Los métodos aplicados para el cálculo de la distribución de probabilidad prevista se basarán en información actualizada y fiable, y en hipótesis realistas. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán estar en disposición de justificar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las hipótesis aplicadas en el modelo interno. 3. Los datos utilizados en el modelo interno deberán ser exactos, completos y adecuados, de tal forma que reflejen el perfil de riesgo específico de la entidad. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán actualizar al menos anualmente las series de datos utilizadas en el cálculo de la distribución de probabilidad prevista. 4. No se exigirá ningún método concreto para el cálculo de la distribución de probabilidad prevista. Sea cual sea el método de cálculo elegido, el modelo interno deberá permitir la clasificación de los riesgos de tal manera que exista la garantía de que se aplicará extensamente y ocupará un lugar destacado en el sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en particular en lo que atañe a su sistema de gestión de riesgos y sus procesos de toma de decisiones, así como a la asignación del capital, de conformidad con el artículo 83. 5. El modelo interno deberá cubrir todos los riesgos significativos a que estén expuestas las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Los modelos internos cubrirán, como mínimo, los riesgos que se mencionan en el artículo 63.2. 6. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán tener en cuenta en su modelo interno, para valorar los efectos de la diversificación, las dependencias existentes dentro de una misma categoría de riesgos, así como entre las distintas categorías de riesgos, siempre que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que el sistema utilizado para evaluar los efectos de la diversificación es adecuado. 7. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán tener en cuenta plenamente el efecto de las técnicas de reducción de riesgos en su modelo interno, a condición de que el riesgo de crédito y otros riesgos derivados del uso de técnicas de reducción de riesgos se reflejen adecuadamente en dicho modelo. 8. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán evaluar con exactitud en su modelo interno, los riesgos específicamente vinculados a las garantías financieras y posibles opciones contractuales, siempre que resulten significativos. Asimismo, deberán evaluar los riesgos asociados a las opciones del tomador y a sus propias opciones contractuales. A estos efectos, deberán tener en cuenta las consecuencias que los futuros cambios en las condiciones financieras y de otro tipo puedan tener sobre el ejercicio de tales opciones. 9. En su modelo interno, las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán tener en cuenta futuras decisiones de gestión en caso de presentarse determinadas circunstancias, siempre que exista evidencia objetiva de que tales acciones serán adoptadas con alto grado de confianza y de que sus efectos serán los previstos. En este caso, la entidad deberá prever el periodo de tiempo necesario para ejecutar tales decisiones. 10. En su modelo interno, las entidades aseguradoras y reaseguradoras tendrán en cuenta todos los pagos que prevean efectuar a los tomadores y beneficiarios, estén o no contractualmente garantizados. Artículo 85. Normas de calibración de los modelos internos. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán aplicar, a efectos de su modelo interno, un horizonte temporal o una medida del riesgo distintos de los establecidos en el artículo 74.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio siempre y cuando los resultados del modelo interno puedan ser utilizados por esas entidades para calcular el capital de solvencia obligatorio de forma tal que se justifique ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que dicho capital supone para los tomadores, beneficiarios y terceros perjudicados un nivel de protección equivalente. 2. Siempre que sea posible, las entidades aseguradoras y reaseguradoras calcularán el capital de solvencia obligatorio directamente a partir de la distribución de probabilidad prevista generada por su modelo interno, utilizando la medida del valor en riesgo establecida en el artículo 74.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 3. Cuando las entidades aseguradoras y reaseguradoras no puedan hallar el capital de solvencia obligatorio directamente a partir de la distribución de probabilidad prevista generada por el modelo interno, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá autorizar el uso de aproximaciones en el proceso de cálculo del capital de solvencia obligatorio, a condición de que puedan demostrar a la citada Dirección General que los tomadores gozarán de un nivel de protección equivalente al derivado de la aplicación del artículo 74.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 4. Con el fin de comprobar la calibración del modelo interno y verificar que sus especificaciones son acordes con las prácticas de mercado generalmente aceptadas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a las entidades aseguradoras y reaseguradoras que apliquen su modelo interno a carteras de referencia y que utilicen hipótesis basadas en datos externos, en lugar de internos. Artículo 86. Asignación de pérdidas y ganancias. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras analizarán, con periodicidad mínima anual, las causas y orígenes de las pérdidas y ganancias que se deriven de cada uno de los principales segmentos de actividad. 2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán demostrar el modo en que la categorización del riesgo elegida en el modelo interno explica las causas y orígenes de las pérdidas y ganancias. 3. La categorización del riesgo y la asignación de las pérdidas y ganancias deberán reflejar el perfil de riesgo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 87. Normas de validación de los modelos internos. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán prever un ciclo periódico de validación de los modelos, dirigido a comprobar su funcionamiento, verificar que sus especificaciones sigan siendo adecuadas y comparar sus resultados con los obtenidos en la realidad. 2. El proceso de validación de los modelos se fundamentará en un soporte estadístico eficaz que permita a las entidades aseguradoras y reaseguradoras justificar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que los requisitos de capital resultantes son adecuados. 3. Los métodos estadísticos aplicados deberán servir para comprobar la validez de la distribución de probabilidad prevista tanto a la vista de las pérdidas experimentadas, como de cualquier nuevo dato relevante e información pertinente a ese respecto. 4. El proceso de validación de los modelos incluirá un análisis de la estabilidad del modelo interno y, en particular, de la sensibilidad de los resultados del modelo interno frente a las modificaciones de las principales hipótesis aplicadas. Comprenderá también el examen de la exactitud, integridad y adecuación de los datos utilizados por el modelo interno, de tal forma que reflejen en todo momento el perfil de riesgo específico de la entidad. Artículo 88. Documentación de los modelos internos. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán justificar documentalmente la estructura y los detalles de funcionamiento de su modelo interno. 2. El contenido de la documentación incluirá la justificación de que se cumple lo dispuesto en los artículos 83 a 87, una descripción detallada de la teoría, las hipótesis y los fundamentos matemáticos y empíricos en que se base el modelo interno, toda posible circunstancia en la que el modelo interno pueda no funcionar eficazmente, toda modificación que introduzcan en su modelo interno conforme a lo establecido en el artículo 81, y cualquier otro extremo relevante a efectos de garantizar que se cumplen las exigencias para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. Sección 4.ª Inversiones Artículo 89. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán invertir sus recursos con arreglo al principio de prudencia. A estos efectos deberán cumplir lo siguiente: a) Invertirán sólo en activos e instrumentos cuyos riesgos puedan determinar, medir, vigilar, gestionar y controlar debidamente además de informar adecuadamente de ellos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dichos riesgos se tendrán en cuenta en la evaluación de las necesidades globales de solvencia dentro de la evaluación interna de riesgos y solvencia. b) Invertirán de forma que quede garantizada la liquidez, seguridad y rentabilidad del conjunto de la cartera de activos, en especial de aquellos que cubren el capital mínimo obligatorio y el capital de solvencia obligatorio. c) Garantizarán que la localización de los activos permita en todo momento su disponibilidad por parte de la entidad aseguradora o reaseguradora. d) Los activos que representan las provisiones técnicas los invertirán de forma que sea coherente con la naturaleza y duración de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y reaseguro y buscando el interés general de todos los tomadores y beneficiarios. En caso de conflicto de intereses, deben buscar el mayor beneficio de los tomadores y beneficiarios. Deben tenerse en cuenta los objetivos dados a conocer por la entidad en materia de inversiones. e) La inversión en instrumentos derivados se admitirá en la medida en que contribuyan a reducir los riesgos de inversión o a facilitar la gestión eficaz de la cartera. f) La inversión en activos no negociados en mercados organizados deberá mantenerse en niveles prudentes. g) Los activos estarán diversificados de manera adecuada a fin de evitar una dependencia excesiva de un único activo, emisor o grupo de empresas, o una determinada zona geográfica, así como un exceso de acumulación de riesgos en la cartera en su conjunto. Las inversiones en activos emitidos por un mismo emisor o por emisores pertenecientes a un mismo grupo no deberán exponer a la entidad a una concentración excesiva de riesgo. 2. Se deberá respetar lo que establezca al respecto la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 3. Sin perjuicio de lo anterior, los bienes inmuebles deberán ser objeto de tasación por una entidad tasadora autorizada para valoración de bienes en el mercado hipotecario con arreglo a lo establecido en las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad. Artículo 90. Activos que representan las provisiones técnicas en aquellos seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. 1. Para los activos que representan las provisiones técnicas en aquellos seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión se deberá respetar el artículo 89.1 a), b), c) y d). 2. Deberán respetarse además las siguientes normas: a) Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente vinculadas al valor de las acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva en valores mobiliarios según está definido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o al valor de los activos contenidos en un fondo interno en posesión de la entidad aseguradora, generalmente dividido en participaciones, las provisiones técnicas correspondientes a dichas prestaciones deberán estar representadas lo más estrechamente posible por dichas participaciones o, si éstas no se hubieran determinado, por dichos activos. b) Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente vinculadas a un índice de acciones o a un valor de referencia distinto de los contemplados en el apartado a), las provisiones técnicas respecto de dichas prestaciones deberán estar reflejadas lo más estrechamente posible a las participaciones que se considere que representan el valor de referencia o, en el caso en que las participaciones no se hubieran determinado, por activos de una seguridad y de una negociabilidad adecuadas que correspondan lo más estrechamente posible a aquellos en los que se fundamenta el valor de referencia. c) Cuando las prestaciones a que se refieren los apartados a) y b) incluyan un tipo de interés garantizado u otra prestación garantizada, los activos de cobertura de las correspondientes provisiones técnicas adicionales estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 89.1 e), f) y g). CAPÍTULO III Información pública sobre la situación financiera y de solvencia Artículo 91. Forma del informe sobre la situación financiera y de solvencia. 1. El informe sobre la situación financiera y de solvencia se podrá elaborar de forma completa o contener referencias a información publicada en virtud de otros requisitos legales o reglamentarios y que sea equivalente en su naturaleza y en su ámbito. 2. El informe sobre la situación financiera y de solvencia estará sometido a revisión. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará a través de circular el contenido del informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia, y el responsable de su elaboración. Artículo 92. Contenido del informe sobre la situación financiera y de solvencia. 1. El informe sobre la situación financiera y de solvencia incluirá lo siguiente: a) Descripción de la actividad y de los resultados de la entidad. b) Descripción del sistema de gobierno de la entidad y evaluación de su adecuación con respecto al perfil de riesgo de la entidad. c) Descripción, por separado para cada categoría de riesgo, de la exposición, concentración, reducción y sensibilidad al riesgo. d) Descripción, por separado para los activos, las provisiones técnicas y otros pasivos, de las bases y los métodos empleados para su valoración, junto con una explicación de las diferencias significativas existentes, en su caso, en las bases y los métodos para la valoración en los estados financieros. e) Descripción de la gestión del capital, que incluirá, al menos, lo siguiente: 1.º La estructura y el importe de los fondos propios, así como su calidad. 2.º El importe del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio. 3.º La opción contemplada en el artículo 75 para el cálculo del capital de solvencia obligatorio. 4.º La información que permita entender convenientemente las principales diferencias entre las hipótesis de base de la fórmula estándar y las del modelo interno utilizado, en su caso, por la entidad para calcular su capital de solvencia obligatorio. 5.º El importe de todo posible déficit con respecto al capital mínimo obligatorio o de cualquier déficit significativo con respecto al capital de solvencia obligatorio durante el período de referencia, aun cuando se haya corregido posteriormente, junto con una explicación de su origen y sus consecuencias y las medidas correctoras adoptadas. f) Las entidades aseguradoras acogidas al régimen especial de solvencia, deberán incluir expresamente la mención de estar acogidas a dicho régimen especial. 2. Cuando sea de aplicación el ajuste por casamiento previsto en el artículo 55, la descripción a que se refiere el apartado 1.d) incluirá una descripción del ajuste por casamiento, de la cartera de obligaciones y activos asignados, así como una cuantificación del efecto de no aplicar el ajuste por casamiento en la situación financiera de la entidad. La descripción a que se refiere el apartado 1.d) también incluirá una declaración sobre si la entidad utiliza el ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57, así como una cuantificación del efecto de un cambio a cero de dicho ajuste en la situación financiera de la entidad. 3. La descripción a que se refiere el apartado 1.e). 1.º, incluirá un análisis de cualesquiera cambios significativos respecto al anterior período de referencia y una explicación de las diferencias importantes existentes, en su caso, con respecto al valor de tales elementos en los estados financieros, así como una breve descripción de la transferibilidad del capital. 4. La indicación del capital de solvencia obligatorio a que se refiere el apartado 1.e). 2.º, especificará por separado, en su caso: a) El importe calculado de conformidad con la fórmula estándar o los modelos internos. b) Cualquier exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional impuesta con arreglo al artículo 76 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. c) El impacto de los parámetros específicos que la entidad aseguradora o reaseguradora debe usar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2. d) Información concisa sobre la motivación de la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para exigir tanto capital de solvencia obligatorio adicional como el uso de los parámetros específicos. La publicación del capital de solvencia obligatorio se acompañará, cuando proceda, de la indicación de que su importe final está subordinado a una evaluación de supervisión. Artículo 93. Plazos de divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán divulgar su informe sobre la situación financiera y de solvencia en el plazo establecido en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 2. Para la divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia de grupo, el plazo previsto en el apartado anterior se extenderá al que se establezca en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán divulgar y remitir a la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones el informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia en los plazos señalados en los apartados 1 y 2. Artículo 94. Actualizaciones del informe sobre la situación financiera y de solvencia e información voluntaria adicional. 1. Se consideran circunstancias importantes que afectan de forma significativa a la información publicada en el informe sobre la situación financiera y de solvencia y que supondrán la publicación de la oportuna información sobre su naturaleza y sus efectos, al menos, las siguientes: a) Cuando se observe un déficit con respecto al capital mínimo obligatorio y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que la entidad no podrá presentar un plan de financiación adecuado a corto plazo o no se presente dicho plan en el plazo de un mes, a partir de la constatación del incumplimiento. b) Cuando se observe un déficit significativo con respecto al capital de solvencia obligatorio y no se presente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un plan de recuperación adecuado en el plazo de dos meses, a partir de la constatación del incumplimiento. 2. Cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el apartado anterior, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones exigirá a la entidad que publique de inmediato el importe del déficit, junto con una explicación de su origen y sus consecuencias y las posibles medidas correctoras adoptadas. 3. Cuando, en el caso a que se refiere el apartado 1.a), pese a que el plan de financiación a corto plazo se hubiera considerado inicialmente adecuado, el déficit con respecto al capital mínimo obligatorio no se hubiera corregido tres meses después de haberse constatado o, en el caso a que se refiere el apartado 1.b), pese a que el plan de recuperación se hubiera considerado inicialmente adecuado, el déficit significativo con respecto al capital de solvencia obligatorio no se hubiera corregido seis meses después de haberse constatado, deberá publicarse al término de dichos plazos respectivamente, el importe del déficit, junto con una explicación de su origen y sus consecuencias y las posibles medidas correctoras adoptadas, así como las posibles medidas correctoras adicionales posteriormente previstas. CAPÍTULO IV Obligaciones contables Artículo 95. Contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. La contabilidad de las operaciones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras se ajustará a las normas contenidas en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, y en las disposiciones que lo desarrollen. En su defecto, serán aplicables las normas del Plan General de Contabilidad, del Código de Comercio y las demás disposiciones de la legislación mercantil en materia contable. Artículo 96. Libros y registros contables de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras llevarán los libros de contabilidad exigidos por el Código de Comercio y otras disposiciones que les sean de aplicación, incluyendo con carácter obligatorio el libro mayor, que recogerá, para cada una de las cuentas, los cargos y abonos que en ellas se realicen, debiendo concordar en todo momento con las anotaciones realizadas en el libro diario. Deberán tener, además, los registros que a continuación se detallan: a) De cuentas. Deberá recoger las cuentas utilizadas por la entidad para el reflejo de sus operaciones en el libro diario, con desgloses en subcuentas, así como las principales relaciones contables relativas a las mismas en cuanto no estén definidas en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. b) De pólizas y suplementos emitidos, y anulaciones. Este registro deberá contener los datos relevantes de cada póliza de seguro o suplemento en relación con sus elementos personales, características del riesgo cubierto y condiciones económicas del contrato. Las pólizas deben ser emitidas con numeración correlativa, pudiendo comprender varias series, según los criterios de clasificación utilizados. Los suplementos emitidos, que incluirán los que se correspondan con extornos de primas, han de ser relacionados con la póliza de la que procedan. Cuando se produzca la anulación de una póliza o suplemento se hará constar tal circunstancia y su fecha en los registros afectados. c) De siniestros. Los siniestros se registrarán tan pronto sean conocidos por la entidad, debiendo atribuírseles una numeración correlativa, por orden cronológico, dentro de cada una de las series que se establezcan conforme a los criterios de clasificación de siniestros que utilice la entidad. La información que, como mínimo, debe contener este registro se referirá a la póliza de la que procede cada siniestro; fechas de ocurrencia y declaración; valoración inicial asignada; pagos o consignaciones posteriores, con indicación separada de los recobros que se hayan producido; la mejor estimación de la provisión de siniestros constituida al comienzo del ejercicio; la mejor estimación de la provisión de siniestros al cierre del período; fecha de la última valoración del siniestro; y los pagos e importes recuperables de reaseguro. También se indicará si existe reclamación judicial, administrativa, ante el defensor del asegurado de la entidad, o de cualquier otra índole. Se entenderá cumplida la obligación de llevanza de este registro aun cuando la información señalada en este apartado esté contenida en diferentes ficheros informáticos, siempre que sea posible establecer una correlación e integración ágil y sencilla entre el contenido de los mismos. En el caso de ramos o riesgos que lo requieran, la entidad podrá adaptar el contenido del registro de siniestros a las características de dichos seguros, comunicando a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones su estructura y forma de gestión. d) De cálculo de las provisiones técnicas. Para cada una de las provisiones técnicas, se llevarán separadamente los registros correspondientes al seguro directo, al reaseguro aceptado y al reaseguro cedido. e) De inversiones. Este inventario comprenderá todos los datos necesarios para una adecuada gestión de las inversiones conforme a las características de cada activo. En todo caso y para cada una de las inversiones de la entidad, incluidas la tesorería y las operaciones con instrumentos derivados, este registro contendrá la descripción, situación, asignación y valoración a efectos contables y de solvencia a la fecha de referencia, así como, en su caso, la inclusión de los mismos como activos asignados a efectos de liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 179.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Asimismo, indicará la entidad depositaria de los activos financieros y el concepto en el que se realiza su depósito. En el caso de que existan afecciones a ramos o riesgos o a contratos de seguro individualizados se identificarán inequívocamente los mismos y los bienes afectados. En todo caso será preciso identificar las inversiones específicamente asignadas a: 1.º Las carteras de obligaciones de seguro o de reaseguro a las que se aplique el ajuste por casamiento al que se refiere el artículo 55. 2.º Pólizas que reconocen participación en beneficios. 3.º Pólizas en las que el valor de rescate se referencie o vincule a unos activos específicos. 4.º Operaciones de cobertura de activos, pasivos e instrumentos derivados. 5.º Carteras en las que se utilice el submódulo de renta variable basado en duraciones. El registro de inversiones recogerá, en todo caso, un resumen de la situación de las inversiones al término de cada trimestre. La asignación de activos a efectos de liquidación deberá mantenerse actualizada por las entidades en todo momento. Sólo podrán modificarse los activos asignados inicialmente cuando resulte oportuna su realización, mediante venta o vencimiento de la inversión, para el pago de las prestaciones que garantizan o bien para su sustitución por otros activos que se adecuen mejor a su finalidad. En caso de modificación, deberá dejarse constancia de su fecha, motivo y activos de sustitución, en su caso. El valor total de los activos asignados, evaluados conforme a lo indicado en este real decreto, no deberá ser en ningún momento inferior al valor contable de las provisiones técnicas. Desde el momento en que se acuerde la disolución de una entidad aseguradora, la asignación de los activos a los que se refiere este apartado no podrá modificarse, excepto para la corrección de errores puramente materiales, salvo autorización previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá retrotraer y dejar sin efecto las modificaciones en el registro especial de activos a efectos de liquidación, efectuadas con anterioridad al acuerdo de disolución, cuando se verifique que tales cambios no han respondido a los criterios aplicados durante el período de funcionamiento normal del negocio, no respetan la normativa vigente o carecen de justificación suficiente. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, en relación con el ramo de seguro de que se trate, los liquidadores añadirán a los activos asignados a dicho ramo, los que se deriven de los rendimientos obtenidos y de las primas recibidas con posterioridad al acuerdo de disolución. f) De contratos de reaseguro aceptado y cedido. Este registro comprenderá los datos identificativos de cada uno de los contratos de reaseguro celebrados por la entidad, separando los de reaseguro aceptado y los de reaseguro cedido y, dentro de ellos, distinguiendo en secciones diferentes los datos identificativos de los tratados obligatorios y los de las cesiones o aceptaciones facultativas. Para cada contrato se recogerán los datos relevantes sobre los elementos personales, características de los riesgos reasegurados, condiciones de la cobertura en reaseguro y todas las circunstancias del contrato con incidencia económica. 2. Los registros a que se refiere el apartado anterior deberán conservarse en soportes informáticos, siempre que cuenten con las debidas garantías de seguridad que impidan su manipulación indebida. 3. En el caso de entidades autorizadas para operar simultáneamente en el ramo de vida y en ramos distintos del de vida, los libros y registros anteriores se mantendrán en secciones separadas. 4. Los libros y registros mencionados en este artículo no podrán llevarse con un retraso superior a tres meses. 5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante circular, podrá dictar normas de llevanza y especificaciones técnicas de los libros y registros a los que se refiere este artículo. Artículo 97. Obligaciones contables de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. El ejercicio económico de toda clase de entidades aseguradoras coincidirá con el año natural. 2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, las entidades aseguradoras deberán elaborar, al menos trimestralmente, el balance, las cuentas técnicas y no técnicas de resultados y un estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. En el estado de solvencia, el capital de solvencia obligatorio a considerar será el último capital de solvencia calculado. Las cuentas técnicas de resultados y el capital mínimo obligatorio, se referirán por separado tanto a la actividad de seguros de vida como a la de seguros distintos del seguro de vida. 3. Las entidades aseguradoras llevarán y conservarán los libros, registros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, en los términos establecidos por la legislación mercantil. No obstante, en el caso de riesgos que puedan dar lugar a siniestros de manifestación diferida, se conservará la documentación correspondiente durante un plazo acorde al periodo esperado de manifestación de los siniestros. 4. Las entidades aseguradoras deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales antes del 10 de julio del año siguiente a aquél al que se refieran, salvo que la entidad realice una actividad exclusivamente reaseguradora en cuyo caso el plazo finalizará el día 10 de octubre. Las entidades obligadas a formular cuentas consolidadas deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión, así como el informe de auditoría de dichas cuentas anuales antes del 10 de julio del año siguiente a aquél al que se refieran, salvo que la entidad obligada realice una actividad exclusivamente reaseguradora o forme parte del grupo una entidad reaseguradora, en cuyo caso el plazo finalizará el día 10 de octubre. Artículo 98. Auditoría de las cuentas anuales de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 1. Las cuentas anuales individuales y las cuentas anuales consolidadas de las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán ser revisadas por los auditores de cuentas. 2. Siempre que existan irregularidades en la contabilidad que dificulten notablemente conocer la verdadera situación patrimonial de la entidad o se trate de entidades sometidas a medidas de control especial, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, mediante requerimientos individualizados, la revisión por el auditor de cuentas de la entidad o de otro auditor de cuestiones específicas, con el alcance que considere necesario para el adecuado control de aquéllas, siempre que no supongan una vulneración del deber de independencia al que éstos se encuentran sujetos, de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. CAPÍTULO V Operaciones societarias Sección 1.ª Cesión de cartera Artículo 99. Cesión de cartera entre entidades aseguradoras españolas. 1. Las entidades aseguradoras españolas podrán ceder entre sí los contratos de seguro que integren la cartera de uno o más ramos en los que operen, excepto las mutualidades de previsión social que sólo podrán adquirir las carteras de entidades de su misma clase. 2. De acuerdo con el artículo 89.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, serán admisibles cesiones parciales de cartera de un ramo en los siguientes casos: a) Cuando comprenda la totalidad de las pólizas de una parte de los riesgos incluidos en un ramo. b) Cuando comprenda la totalidad de las pólizas que, perteneciendo a un ramo, correspondan a una determinada zona geográfica. c) Cuando comprenda la totalidad de las pólizas que, dentro de un ramo, puedan agruparse atendiendo a cualquier otro criterio objetivo, que habrá de quedar determinado claramente en el convenio de cesión. En ningún caso se considerará que constituye un criterio objetivo la cesión de pólizas de seguros reguladas en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, correspondientes a una empresa o grupos de empresas. 3. La cesión de cartera se ajustará a las siguientes reglas: a) No será causa de resolución de los contratos de seguro cedidos siempre que la entidad aseguradora cesionaria quede subrogada en todos los derechos y obligaciones que incumbían a la cedente en cada uno de los contratos, salvo que se trate de mutualidades de previsión social. b) No obstante lo dispuesto en la letra anterior, en el caso de cesión parcial de la cartera de un ramo, los tomadores podrán resolver los contratos de seguro, a cuyo efecto deberán ser debidamente notificados conforme a lo dispuesto en el artículo 100. c) La entidad cesionaria deberá tener autorización administrativa para operar en los ramos correspondientes a la cartera cedida. d) Después de la cesión, la cesionaria deberá tener provisiones técnicas suficientes y fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio. e) Las relaciones laborales existentes en el momento de la cesión se regirán por lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Artículo 100. Procedimiento de autorización de la cesión de cartera de las entidades aseguradoras españolas. 1. La cesión de cartera requerirá autorización del Ministro de Economía y Competitividad, para lo cual deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: a) Certificación de los acuerdos adoptados por los órganos sociales competentes de las entidades aprobando el convenio de cesión y, en su caso, la disolución de la cedente o cedentes, o la modificación del objeto social. b) Convenio de cesión de cartera suscrito por los representantes de las entidades, en el que se especificará: 1.º Inventario detallado de elementos patrimoniales de activo y pasivo que se ceden. 2.º Fecha de toma de efecto de la cesión. 3.º Precio de la cesión. 4.º Efecto condicionado a la autorización administrativa de la cesión. c) Balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades interesadas, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de cesión de cartera por los órganos sociales competentes, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad y adjuntando asimismo los informes emitidos por los auditores de cuentas de las entidades. d) Estimación del estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio de la entidad cesionaria para el caso de que se lleve a efecto la cesión, así como de la entidad cedente en el supuesto de que continúe su actividad aseguradora. 2. Una vez presentada la documentación precitada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad interesada a publicar anuncios en su sitio web, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde la cedente tenga su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de cesión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la cesión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la cesión. 3. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Ministro de Economía y Competitividad, visto el expediente abierto al efecto y examinadas las manifestaciones de disconformidad que se hubieren efectuado, dictará la orden ministerial que proceda sobre la operación de cesión de cartera. Dicha orden declarará, en su caso, la revocación de la autorización administrativa de la cedente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 4. Una vez autorizada, la cesión se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger los acuerdos de cesión, traspaso patrimonial, y en su caso de disolución. El notario autorizante remitirá la escritura en la que se recojan los acuerdos de forma telemática al Registro Mercantil del domicilio social de las entidades participantes en la cesión para su inscripción, salvo que alguna de las partes intervinientes en el otorgamiento no le autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la escritura pública a las entidades y remitirá otra por medios telemáticos y con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción. En la remisión referida se incorporará la copia electrónica de la escritura y los documentos acreditativos de la preceptiva autorización administrativa. El Registrador Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, acreditativa del asiento practicado, acompañada de una copia electrónica de la escritura pública. Si se tratara de una sociedad cooperativa se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. 5. La autorización administrativa concedida a la entidad cedente para ejercer la actividad aseguradora quedará revocada en cuanto al ramo o ramos totalmente cedidos. 6. En aquellos supuestos en los que los tomadores de seguro puedan resolver los contratos, deberá notificárseles individualmente tal derecho. El derecho de resolución podrá ser ejercitado en el plazo de un mes contado desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la orden ministerial, teniendo derecho, además, al reembolso de la parte de prima no consumida. 7. En el caso de que proceda la comunicación de la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los partícipes comunicarán la realización de dicha notificación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual suspenderá el procedimiento previsto en este artículo hasta la terminación del procedimiento iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de la operación de concentración acordada eventualmente por dicha Comisión de acuerdo con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Artículo 101. Cesión de cartera por una entidad aseguradora española de los contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, o que pasen a estar suscritos en cualquiera de esos regímenes. 1. La cesión de cartera por una entidad aseguradora española de los contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios o que, en virtud de la cesión, pasen a estar suscritos en cualquiera de ambos regímenes, a un cesionario domiciliado en la Unión Europea, incluida España, o a las sucursales del cesionario establecidas en un Estado miembro, precisará de la conformidad de la autoridad supervisora del Estado miembro del compromiso o localización del riesgo, de la certificación de que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio, expedida por la autoridad supervisora del Estado miembro de origen del cesionario, y en los contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento, de la consulta a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal cedente. 2. Si los Estados miembros no contestan a las solicitudes de conformidad, certificación o consulta en el plazo de tres meses desde su recepción, se entenderá otorgada tal conformidad, expedida la certificación y evacuada la consulta, respectivamente. 3. Aprobada la cesión de cartera regulada en este artículo mediante orden ministerial, y publicada ésta en el «Boletín Oficial del Estado», la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones lo comunicará a las autoridades de supervisión de los Estados miembros del compromiso o de localización del riesgo. 4 .Los tomadores tendrán derecho a resolver los contratos de seguro afectados por la cesión de cartera regulada en este precepto. En el caso de aquellos tomadores de seguros en los que España sea el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo, el plazo para ejercitar dicho derecho será de un mes desde la publicación a que se refiere el apartado anterior. 5. En todo lo demás, dicha cesión de cartera se ajustará a lo dispuesto en el artículo 100, teniendo en cuenta que la apertura del período de información pública sólo procederá cuando España sea el Estado del compromiso o de localización del riesgo. Artículo 102. Cesión de cartera de entidades que operen en España domiciliadas en otro Estado miembro. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá prestar su conformidad para la cesión de cartera de los contratos de seguro de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro cuando España sea el Estado miembro del compromiso o localización del riesgo. Asimismo, deberá ser consultada cuando la cedente sea una sucursal establecida en España de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro. Finalmente, cuando la cesionaria sea una entidad aseguradora española, dicha Dirección General deberá certificar que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá expresar su criterio en el plazo de tres meses desde la recepción de la petición de conformidad, formulación de consulta o solicitud de certificación remitida por el Estado miembro de origen de la entidad aseguradora cedente. Si, transcurrido dicho plazo, la citada Dirección General no se hubiera pronunciado al respecto, se entenderá otorgada la conformidad, evacuada la consulta o remitida la certificación. Se denegará la certificación cuando se haya exigido a la entidad aseguradora un plan de recuperación, conforme al artículo 156 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, o un plan de financiación, conforme al artículo 157 de la referida ley, y en tanto se considere que los derechos de los tomadores de seguro no están suficientemente garantizados. 3. Cuando España sea el Estado miembro del compromiso o de localización del riesgo, se exigirá a la entidad cedente que notifique individualmente a los tomadores el derecho a resolver los contratos de seguro que, suscritos en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, resulten afectados por la cesión o que, como consecuencia de ella, pasen a cualquiera de estos regímenes, así como el derecho al reembolso de la parte de prima no consumida. Una vez que la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen de la cedente haya dado su autorización a la cesión, comunicándola a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con especificación de la fecha de efecto, ésta procederá a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la cesión autorizada, pudiendo ejercitarse el derecho de resolución de los contratos en el plazo de un mes a contar desde dicha publicación. Artículo 103. Cesión de cartera de sucursales en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países. 1. Sólo será admisible la cesión de cartera de sucursales en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países cuando la cesionaria sea: a) Una entidad aseguradora española o domiciliada en otro Estado miembro. b) Una sucursal establecida en España de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro o en terceros países. c) Una sucursal establecida en los restantes Estados miembros de una entidad aseguradora española o domiciliada en cualquiera de los restantes Estados miembros. 2. La cesión de cartera se sujetará a lo dispuesto en el artículo 100 y, en su caso, requerirá, previamente al otorgamiento de la autorización administrativa, la certificación de la autoridad competente del Estado miembro del cesionario de que éste dispone, habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles necesarios para cubrir el capital de solvencia obligatorio. Tal certificación deberá expedirse dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la petición formulada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y se entenderá extendida de conformidad si, transcurrido el citado plazo, la certificación no es expedida. 3. Si la cesionaria es una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro o una sucursal establecida en él, los tomadores del seguro tendrán derecho a resolver los contratos de seguro afectados por la cesión en los mismos términos establecidos en el artículo 101.4. Artículo 104. Cesión de cartera a una sucursal en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países. 1. Sólo será admisible la cesión de cartera a una sucursal en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países cuando la cedente sea: a) Una entidad aseguradora española. b) Una sucursal establecida en España de entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros o en terceros países. 2. Si la cedente es una entidad aseguradora española o una sucursal en España de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países, la cesión de cartera se ajustará a lo dispuesto en el artículo 100. Si la cedente es una sucursal en España de una entidad aseguradora domiciliada en cualquiera de los restantes Estados miembros, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá prestar su conformidad para la cesión y, previamente, certificar si la sucursal de la entidad aseguradora domiciliada en terceros países dispone, habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles necesarios para cubrir el capital de solvencia obligatorio, en los términos del artículo 102. Artículo 105. Cesión de cartera de entidades reaseguradoras. 1. La cesión de cartera de las entidades reaseguradoras españolas se regirá por lo dispuesto en el artículo 100. 2. La cesión podrá ser de toda la cartera, de todos los contratos de reaseguro de vida o de todos los contratos de reaseguro distinto del de vida. También podrán realizarse cesiones parciales, que no incluyan todos los contratos de reaseguro de vida o de reaseguro distinto del de vida. 3. En las cesiones de cartera que comprendan contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios o que, en virtud de la cesión, pasen a estar suscritos en cualquiera de ambos regímenes, a un cesionario domiciliado en la Unión Europea, se precisará la certificación de que el cesionario dispone, habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio, expedida por la autoridad supervisora del Estado miembro de origen del cesionario. 4. Cuando la cesionaria sea una entidad reaseguradora española, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones certificará que la cesionaria dispone, en su caso, y habida cuenta de la cesión, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio, en el plazo indicado en el artículo 102 y con los mismos efectos en caso de falta de pronunciamiento expreso por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 5. La cesión de cartera podrá dar lugar a la resolución de los contratos de reaseguro celebrados por las entidades aseguradoras con la reaseguradora cedente, si en el plazo de un mes desde que sea comunicada la cesión a las aseguradoras afectadas por la operación, éstas manifiestan expresamente su deseo de resolver el contrato. 6. Se denegará la certificación cuando se haya exigido a la entidad reaseguradora un plan de recuperación, conforme al artículo 156 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, o un plan de financiación, conforme al artículo 157 de la referida ley, y en tanto se considere que las obligaciones contractuales de la entidad reaseguradora no están suficientemente garantizadas. 7. Cuando la Autoridad supervisora del Estado miembro de origen de la cedente autorice la cesión, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá dar publicidad a la operación en su página web una vez recibida la comunicación de la citada Autoridad supervisora. Sección 2.ª Modificaciones estructurales Subsección 1.ª Transformación Artículo 106. Transformación de entidades aseguradoras. 1. El régimen de transformación de entidades aseguradoras será el siguiente: a) Las sociedades anónimas de seguros y de reaseguros podrán transformarse en sociedades anónimas europeas de seguros y de reaseguros. b) Las mutuas de seguros podrán transformarse en sociedades anónimas de seguros. c) Las cooperativas de seguros podrán transformarse en sociedades anónimas de seguros y en sociedades cooperativas europeas de seguros. d) Las mutualidades de previsión social podrán transformarse en mutuas de seguros y en sociedades anónimas de seguros. 2. Cualquier transformación de una entidad aseguradora en una sociedad de tipo distinto a los previstos anteriormente, sea o no aseguradora, será nula. 3. En la transformación de entidades aseguradoras resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 99.3. d) y e). 4. En caso de transformación de mutuas o mutualidades de previsión social, los mutualistas que no hubieran votado a favor del acuerdo podrán separarse de la sociedad que se transforma, en los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. En la valoración de las participaciones sociales que corresponden al socio que se separa se tendrán en cuenta las aportaciones que realizó al fondo mutual y el reembolso de la parte de la prima no consumida de los contratos de seguro que se resuelvan. Artículo 107. Procedimiento de autorización de la transformación de entidades aseguradoras. 1. La transformación de una entidad aseguradora en otra de naturaleza jurídica o clase distinta, requerirá autorización del Ministro de Economía y Competitividad, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: a) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano social competente de la entidad, aprobando el proyecto de transformación. b) Proyecto de transformación suscrito por el representante legal de la entidad, en el que se especificarán las causas de la transformación, la fecha de efecto de la misma, el texto estatutario por el que se regirá la entidad, adaptado a la legislación aplicable a la sociedad resultante, según su naturaleza, el régimen de liquidación de los contratos de seguro para aquellos tomadores que ejerciten el derecho de resolución, el capital social o fondo mutual resultante y, en su caso, el programa de actividades ajustado a lo establecido en el presente real decreto. c) Acreditación de que, una vez adoptado el acuerdo de transformación, se ha hecho público conforme a lo establecido en la normativa mercantil. d) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad interesada, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de transformación por el órgano social competente, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad y adjuntando asimismo el informe emitido por el auditor de cuentas de la entidad. e) Estimación del estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio de la entidad una vez se haya transformado. 2. Una vez presentada la documentación relacionada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad a publicar anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde tenga su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de transformación y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la transformación. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la transformación. 3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Ministro de Economía y Competitividad, visto el expediente abierto al efecto y examinadas las manifestaciones de disconformidad que se hubiesen efectuado, dictará la orden ministerial que proceda sobre la operación de transformación. Dicha orden declarará, en su caso, la cancelación provisional de la inscripción de la entidad que se transforma y la inscripción provisional de la entidad resultante en el Registro administrativo al que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, que serán definitivas en la misma fecha en la que se produzca su preceptiva inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. La orden se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 4. Autorizada la transformación se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger, además de cuantas otras menciones resulten preceptivas, el acuerdo de transformación, las liquidaciones efectuadas a los socios, el balance final de la entidad que se transforma y las modificaciones estatutarias correspondientes. El notario autorizante remitirá la escritura en la que se recojan el acuerdo de forma telemática al Registro Mercantil del domicilio social de la entidad para su inscripción, salvo que esta no le autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la escritura pública a la entidad, quien deberá remitirla por medios telemáticos con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción. En la remisión referida se incorporará la copia electrónica de la escritura y los documentos acreditativos de la preceptiva autorización administrativa. El Registrador Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, acreditativa del asiento practicado, acompañada de una copia electrónica de la escritura pública. Si se tratara de una sociedad cooperativa se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como justificación de su inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente en el plazo de un mes desde que ésta se hubiese producido. 5. La autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora concedida a la entidad que se transforma subsistirá a favor de la entidad resultante de la transformación siempre que siga reuniendo los requisitos necesarios para mantenerla. 6. La transformación será causa suficiente para que los tomadores puedan resolver los contratos de seguros que tuvieran concertados con la entidad, teniendo derecho, además, al reembolso de la parte de prima no consumida, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 100.6. Artículo 108. Traslado del domicilio social al extranjero. 1. El traslado al extranjero del domicilio social de una entidad aseguradora o reaseguradora domiciliada en España requerirá autorización del Ministro de Economía y Competitividad, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: a) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano social competente de la entidad, aprobando el proyecto de traslado. b) Proyecto de traslado suscrito por el representante legal de la entidad, en el que se especificarán las causas del traslado, la fecha de efecto del mismo y el régimen de liquidación de los contratos de seguro para aquellos tomadores que ejerciten el derecho de resolución. c) Acreditación de que, una vez adoptado el acuerdo de traslado, se ha hecho público conforme a lo establecido en la normativa mercantil. d) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de la entidad, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de traslado por el órgano social competente, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad y adjuntando asimismo el informe emitido por el auditor de cuentas de la entidad. e) Estimación del estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio de la entidad para el caso de que se lleve a efecto la operación. 2. Una vez presentada la documentación relacionada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad a publicar anuncios en el sitio web de la entidad, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde tenga su domicilio social y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de traslado del domicilio social y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con el traslado del domicilio social. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para el traslado. 3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Ministro de Economía y Competitividad, visto el expediente abierto al efecto y examinadas las manifestaciones de disconformidad que se hubiesen efectuado, dictará la orden ministerial que proceda sobre la operación de traslado del domicilio social. 4. Autorizado el traslado del domicilio social al extranjero, se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil. El notario autorizante remitirá la escritura en la que se recojan el acuerdo de forma telemática al Registro Mercantil del domicilio social de la entidad para su inscripción, salvo que esta no le autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la escritura pública a la entidad, quien deberá remitirla por medios telemáticos con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción. En la remisión referida se incorporará la copia electrónica de la escritura y los documentos acreditativos de la preceptiva autorización administrativa. El Registrador Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, acreditativa del asiento practicado, acompañada de una copia electrónica de la escritura pública. Si se tratara de una sociedad cooperativa se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como la justificación de su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiese producido. 5. El traslado del domicilio social será causa suficiente para que los tomadores puedan resolver los contratos de seguros que tuvieran concertados con la entidad, teniendo derecho, además, al reembolso de la parte de prima no consumida, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 100.6. Subsección 2.ª Fusión Artículo 109. Fusión de entidades aseguradoras. 1. Cualesquiera entidades aseguradoras podrán fusionarse en una sociedad anónima de seguros. Las sociedades anónimas de seguros podrán absorber entidades aseguradoras, cualquiera que sea la forma que éstas revistan. 2. Las mutuas y cooperativas de seguros podrán, además, fusionarse en entidades de su misma naturaleza y forma, y únicamente podrán absorber a otras entidades aseguradoras con forma distinta a la de sociedad anónima de seguros. No obstante esta última limitación, las mutuas y cooperativas podrán absorber entidades de cualquier naturaleza íntegramente participadas por ellas. 3. Las mutualidades de previsión social podrán fusionarse con entidades de su misma naturaleza y forma, y únicamente podrán absorber entidades de su misma forma jurídica. 4. Las entidades aseguradoras no podrán fusionarse con entidades no aseguradoras, ni absorberlas ni ser absorbidas por entidades no aseguradoras. 5. En la fusión y absorción de entidades aseguradoras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 99.3. a), c), d) y e). Artículo 110. Procedimiento de autorización de la fusión de entidades aseguradoras. 1. La fusión requerirá autorización del Ministro de Economía y Competitividad, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: a) Certificación de los acuerdos adoptados por los órganos competentes de las entidades aprobando el proyecto de fusión y, en su caso, la disolución de las entidades absorbidas así como el traspaso en bloque de sus patrimonios a la absorbente. En su caso, dichos acuerdos incluirán también el de creación de una nueva entidad, que deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto para el acceso a la actividad aseguradora. b) Causas de la fusión y proyecto de fusión, precisando la fecha de toma de efecto de la misma y condicionando su eficacia a la autorización administrativa, así como proyecto de estatutos en caso de creación de nueva entidad. c) En el caso de que surja de la fusión una entidad de nueva creación, documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto para el acceso a la actividad aseguradora. d) Acreditación de que, una vez adoptado el acuerdo de fusión, se ha hecho público conforme a lo establecido en la normativa mercantil. e) Balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades interesadas, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopción del proyecto de fusión, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad y adjuntando asimismo los informes emitidos por los auditores de cuentas de las entidades. f) Balance consolidado y estimación del estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio de la absorbente o de la nueva entidad para el caso de que se lleve a efecto la misma. 2. Presentada dicha documentación junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a las entidades interesadas la publicación de anuncios en uno de los diarios de mayor circulación de las provincias donde tengan su domicilio social, y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de fusión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la fusión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la fusión. 3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el Ministro de Economía y Competitividad, visto el expediente abierto al efecto y examinadas las manifestaciones de disconformidad que se hubieren efectuado, dictará la orden ministerial que proceda sobre la operación de fusión. Dicha orden declarará la extinción y cancelación en el Registro administrativo al que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de las entidades que hayan de extinguirse. En su caso, la orden incluirá la autorización administrativa e inscripción provisional en el registro administrativo de la nueva entidad que se constituya, que serán definitivas a la misma fecha en la que se produzca la preceptiva inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. Dicha orden se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 4. Autorizada la fusión se otorgará la correspondiente escritura pública. El notario autorizante remitirá la escritura en la que se recojan los acuerdos de forma telemática al Registro Mercantil del domicilio social de las entidades participantes en la fusión para su inscripción, salvo que alguna de las partes intervinientes en el otorgamiento no le autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la escritura pública a las entidades, quien deberá remitirla por medios telemáticos con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción. En la remisión referida se incorporará la copia electrónica de la escritura y los documentos acreditativos de la preceptiva autorización administrativa. El Registrador Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, acreditativa del asiento practicado, acompañada de una copia electrónica de la escritura pública. Si se tratara de una sociedad cooperativa se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. 5. La autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora concedida a las entidades fusionadas o absorbidas quedará revocada. En los términos del apartado 3, se concederá nueva autorización a la entidad resultante de la fusión, en el sentido que proceda, en sustitución de las autorizaciones extinguidas. 6. En aquellos supuestos en los que los tomadores de seguro puedan resolver los contratos, tendrán derecho al reembolso de la parte de prima no consumida, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 100.6. 7. En el caso de que proceda la comunicación de la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, conforme a lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los partícipes comunicarán la realización de dicha notificación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la cual suspenderá el procedimiento previsto en este artículo hasta la terminación del procedimiento iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, hasta el levantamiento de la suspensión de la operación de concentración acordada eventualmente por dicha Comisión de acuerdo con el artículo 9.6 de la Ley 15/2007, de 3 de julio. Artículo 111. Fusiones transfronterizas. 1. La absorción de una entidad aseguradora española por otra domiciliada en otro Estado miembro precisará de la conformidad de la autoridad supervisora del Estado miembro del compromiso o localización del riesgo, de la certificación de que la absorbente dispone, habida cuenta de la fusión, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio, expedida por la autoridad supervisora del Estado miembro de origen de la absorbente, y en los contratos suscritos por la absorbida en régimen de derecho de establecimiento, de la consulta a la autoridad supervisora del Estado miembro de la sucursal. 2. Cuando como consecuencia de una fusión transfronteriza los contratos suscritos por una entidad aseguradora española pasen a estar suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 101. Subsección 3.ª Cesión global de activo y pasivo Artículo 112. Cesión global de activo y pasivo. En la cesión global de activo y pasivo resultarán de aplicación los preceptos relativos a la fusión. No obstante la limitación señalada en el artículo 109.2, las mutuas y cooperativas de seguros podrán ser beneficiarias de la cesión global de activo y pasivo, en los términos previstos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, realizada por cualquier entidad. Subsección 4.ª Escisión. Artículo 113. Escisión de entidades aseguradoras. 1. La escisión deberá hacerse por ramos de seguro completos, o bien comprender la totalidad de las pólizas que, perteneciendo a uno o más ramos, correspondan a una determinada zona geográfica. 2. La escisión de entidades aseguradoras estará sujeta a las mismas limitaciones y deberá cumplir idénticos requisitos que la fusión de ellas. Además, no podrá escindirse de una entidad no aseguradora parte de su patrimonio para traspasarse en bloque a una entidad aseguradora, salvo que excepcionalmente el Ministro de Economía y Competitividad lo autorice, siempre que la incorporación patrimonial derivada de la escisión permita un ejercicio de la actividad más adecuado y la entidad aseguradora beneficiaria de la escisión no asuma obligaciones en virtud de aquella, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 80 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Artículo 114. Procedimiento de autorización de la escisión de entidades aseguradoras. 1. La escisión requerirá la autorización del Ministro de Economía y Competitividad, a cuyo efecto deberá aportarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación que se detalla en los siguientes apartados. 2. Si la escisión tiene por objeto la fusión entre sí de las partes escindidas de dos o más entidades, la absorción de éstas por otra entidad aseguradora ya existente o la combinación de ambas situaciones, la documentación a aportar será la establecida para los casos de fusión previstos en el artículo 110. 3. Si la escisión tiene por objeto la creación de nuevas entidades independientes que prosigan la actividad aseguradora, deberá aportarse la siguiente documentación: a) Certificación del acuerdo adoptado por el órgano social competente de la misma aprobando el proyecto de escisión para la constitución de una nueva entidad mediante el traspaso del patrimonio escindido. b) Respecto de las entidades nuevas que resulten de la escisión documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto para el acceso a la actividad aseguradora. c) Causas de la escisión y proyecto de escisión precisando la fecha de toma de efecto de la misma y condicionando su eficacia a la autorización administrativa, así como proyecto de estatutos. d) Inventario detallado de elementos patrimoniales de activo y pasivo que se traspasan a las nuevas entidades. e) Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, de las entidades interesadas, cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de escisión, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad y adjuntando asimismo los informes emitidos por los auditores de cuentas de las entidades. f) Estimación del estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio para el caso de que se lleve a efecto la escisión, tanto de la entidad escindida como de las nuevas que se creen. 4. Presentada la documentación relacionada junto con la solicitud de autorización, mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se acordará la apertura del período de información pública, autorizando a la entidad interesada a publicar anuncios en su sitio web, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia donde tenga su domicilio social y en otro diario de ámbito nacional, dando a conocer el proyecto de escisión y advirtiendo a los tomadores de su derecho a comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo de un mes desde la última publicación, las razones que, en su caso, pudieran tener para estar disconformes con la escisión. No obstante, podrá prescindirse de dicha información pública cuando se deniegue la autorización por no reunir los requisitos legalmente exigibles para la escisión. 5. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Ministro de Economía y Competitividad, visto el expediente abierto al efecto y examinadas las manifestaciones de disconformidad que se hubieran efectuado, dictará la orden ministerial que proceda sobre la operación de escisión. Dicha orden declarará, en su caso, la extinción de la entidad escindida y la cancelación de su inscripción en el Registro administrativo a que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. En su caso, la orden incluirá la autorización administrativa e inscripción provisional en el Registro administrativo al que se refiere el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de la nueva entidad que se constituye, que serán definitivas a la misma fecha en la que se produzca la preceptiva inscripción en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. Dicha orden se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 6. Autorizada la escisión se formalizará en escritura pública, la cual deberá recoger, además de cuantas otras menciones resulten preceptivas, los acuerdos de escisión, la constitución de una nueva entidad, en su caso, el traspaso patrimonial y el balance inicial de la nueva entidad. El notario autorizante remitirá la escritura en la que se recojan los acuerdos de forma telemática al Registro Mercantil del domicilio social de las entidades participantes en la escisión para su inscripción, salvo que alguna de las partes intervinientes en el otorgamiento no le autorice para ello. En este caso, el notario entregará una copia electrónica de la escritura pública a las entidades, quien deberá remitirla por medios telemáticos con firma electrónica al Registro Mercantil para su inscripción. En la remisión referida se incorporará la copia electrónica de la escritura y los documentos acreditativos de la preceptiva autorización administrativa. El Registrador Mercantil remitirá de oficio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por medio telemático una certificación autorizada con su firma electrónica, acreditativa del asiento practicado, acompañada de una copia electrónica de la escritura pública. En el caso de sociedades cooperativas, dicha escritura pública se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas correspondiente. Se deberá remitir en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de su otorgamiento, copia autorizada de dicha escritura a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acreditando asimismo su inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde que ésta se hubiera producido. 7. En aquellos supuestos en los que los tomadores de seguro puedan resolver los contratos, tendrán derecho al reembolso de la parte de prima no consumida, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 100.6. En todo caso, cuando se trate de mutualidades de previsión social, los tomadores tendrán derecho a resolver los contratos de seguro. 8. La autorización administrativa concedida a la entidad escindida subsistirá en favor de la misma con las modificaciones que procedan y se concederá autorización a las nuevas que, en su caso, se creen. 9. Cuando la escisión suponga el traspaso de la parte segregada a una entidad ya existente, se entenderá aplicable al procedimiento regulado en este artículo lo dispuesto en el artículo 110.7. Sección 3.ª Agrupaciones y uniones temporales de entidades aseguradoras o reaseguradoras Artículo 115. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas. 1. Las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas que se constituyan, presentarán en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones información acerca de las entidades que las integran, de los accionistas y de las personas a las que se les confiere la administración y dirección, así como una copia autorizada del documento de formalización y los estatutos por los que se vayan a regir. 2. Se deberán comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las modificaciones que, respecto a la documentación inicialmente aportada, se produzcan con posterioridad. La comunicación se deberá realizar en el plazo de diez días desde la adopción de los correspondientes acuerdos. CAPÍTULO VI Conductas de mercado Sección 1.ª Estatutos, pólizas y tarifas Artículo 116. Estatutos. Los estatutos de las entidades aseguradoras deberán contener, en todo caso, los siguientes extremos: a) La denominación y domicilio social de la entidad, ajustados a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 9 y 10 de este real decreto. b) El sometimiento de la entidad a la normativa específica sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y disposiciones complementarias. c) El objeto de la entidad y el ámbito territorial en que se desarrollará su actividad. Artículo 117. Pólizas y tarifas de primas. 1. Los modelos de pólizas de seguros, las bases técnicas y tarifas deberán estar a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el domicilio social de la entidad. 2. La póliza de seguro será redactada de forma que sea de fácil comprensión. En caso de extravío de la póliza, el asegurador, a petición del tomador del seguro o, en su defecto, del asegurado o beneficiario, tendrá obligación de expedir copia o duplicado de la misma, la cual tendrá idéntica eficacia que la original. La petición se hará por escrito en el que se expliquen las circunstancias del caso, se aporten las pruebas de haberlo notificado a quienes resulten titulares de algún derecho en virtud de la póliza y el solicitante se comprometa a devolver la póliza original si apareciese y a indemnizar al asegurador de los perjuicios que le irrogue la reclamación de un tercero. 3. En los seguros colectivos de vida, con carácter general, se podrá efectuar la incorporación de los asegurados directamente a la póliza a solicitud del tomador. No obstante, además de la póliza, será precisa la suscripción por los asegurados de boletines de adhesión en los siguientes casos: a) Aquellos seguros en los que los asegurados deban contribuir al pago de primas. b) Aquellos seguros en los que existiendo imputación fiscal de las contribuciones empresariales, la misma no sea obligatoria de acuerdo con la legislación vigente. No será necesaria la suscripción del boletín de adhesión en los seguros colectivos que sirvan para el aseguramiento de planes de pensiones ni en los planes de previsión social empresarial, pudiendo procederse a la incorporación de los asegurados directamente a solicitud del tomador en los términos señalados. Una vez suscrito el boletín de adhesión o, en su caso, incorporado el asegurado al contrato, el asegurador emitirá y entregará un certificado individual de seguro. En el caso en que se hubiese efectuado la incorporación de asegurados directamente a la póliza a solicitud del tomador, el certificado individual de seguro indicará un plazo, no inferior a un mes, durante el cual el asegurado podrá oponerse expresamente a su incorporación al colectivo asegurado. Asimismo, en los seguros temporales de fallecimiento o invalidez, el asegurador emitirá y entregará certificados individuales de seguro con motivo de la renovación del contrato. 4. La prima de tarifa estará integrada por la prima pura o de riesgo, por el recargo de seguridad, en su caso, y por los recargos necesarios para compensar a la entidad de los gastos de administración y de adquisición, incluidos entre estos últimos los de mantenimiento del negocio, así como por el posible margen o recargo de beneficio o excedente. Los gastos de gestión de los siniestros se incluirán en todo caso en la prima pura. 5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá prohibir la utilización de las pólizas y tarifas de primas que no cumplan lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio o en este real decreto. A estos efectos, se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo en el que podrá acordarse como medida provisional la suspensión de la utilización de las pólizas o las tarifas de primas. En la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se concederá un plazo improrrogable de seis meses para que la entidad aseguradora acomode sus pólizas y tarifas de primas a lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto. El incumplimiento de este plazo podrá considerarse constitutivo de infracción muy grave, conforme al artículo 194.6 de la referida ley, o grave, conforme al artículo 195.5 de la misma, y dará lugar al inicio del procedimiento sancionador correspondiente. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en los términos que en ella se establecen, a las prácticas contrarias a la libertad de competencia. Artículo 118. Normas generales sobre bases técnicas. 1. Las bases técnicas, que deberán ser suscritas por un actuario de seguros, comprenderán, en cuanto proceda según la estructura administrativa y organización comercial de la entidad, los siguientes apartados: a) Información genérica. En ella se dará explicación del riesgo asegurable conforme a la póliza respectiva, los factores de riesgo considerados en la tarifa y los sistemas de tarificación utilizados. b) Información estadística sobre el riesgo. Se aportará información sobre la estadística que se haya utilizado, indicando el tamaño de la muestra, las fuentes y método de obtención de la misma y el período a que se refiera. c) Recargo de seguridad. Se destinará a cubrir las desviaciones aleatorias desfavorables de la siniestralidad esperada, y deberá calcularse sobre la prima pura. Se determinará, de acuerdo con las características de la información estadística utilizada, atendiendo al tipo, composición y tamaño de la cartera, fondos propios admisibles y al volumen de cesiones al reaseguro, así como al período que se haya considerado para el planteamiento de la solvencia, que no podrá ser inferior a tres años, debiendo especificarse la probabilidad de insolvencia que, en relación con dicho período, se haya tenido en cuenta. d) Recargos para gastos de gestión. Se detallará cuantía, suficiencia y adecuación de los recargos para gastos de administración y de adquisición, incluidos entre estos últimos los de mantenimiento del negocio, justificados en función de la organización administrativa y comercial, actual y prevista en la entidad interesada, teniendo en cuenta si se trata de seguros individuales o de grupo. e) Recargo para beneficio o excedente. Se destinará a remunerar los recursos financieros e incrementar los fondos propios de la entidad. f) Cálculo de la prima. En función de las bases estadísticas y financieras si procede, se establecerá la equivalencia actuarial para fijar la prima pura que corresponda al riesgo a cubrir y a los gastos de gestión de los siniestros. Tomando como base la prima pura y los recargos, se obtendrá la prima de tarifa o comercial. Si se admiten primas fraccionadas y fraccionarias, se justificará la base y el recargo para calcularlas, concretando que estas últimas son liberatorias por el período de seguro a que correspondan. g) Cálculo de las provisiones técnicas. Las bases técnicas reflejarán las metodologías y los modelos subyacentes utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas, así como las hipótesis empleadas en su cálculo. 2. Si, incumpliendo las previsiones de la base técnica, durante dos ejercicios consecutivos los recargos para gastos de gestión son insuficientes para atender los gastos reales de administración y adquisición definidos conforme al Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras, deberá procederse a la adecuación de las bases técnicas. 3. No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior cuando el exceso de gastos sea debido a circunstancias excepcionales y que previsiblemente no vayan a seguir produciéndose en el futuro y así se acredite ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 119. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de vida. 1. La base técnica especificará la metodología de cálculo de la provisión de seguros de vida, así como el tipo de interés utilizado en el cálculo de la prima. En el caso de que alguno de los recargos de gestión no exista por hallarse implícito en el tipo de interés garantizado, dicha circunstancia deberá explicitarse y cuantificarse. La utilización de tipos de interés para el cálculo de las primas superiores a los previstos en la normativa para el cálculo de la provisión de seguros de vida no podrá tener carácter sistemático y permanente. En caso de utilización de los ajustes contemplados en los artículos 55 y 57 el interés técnico máximo a utilizar en el cálculo de las primas deberá adecuarse a lo previsto en los mencionados artículos para el tipo de interés aplicable al cálculo de la provisión de seguros de vida. En cualquier caso, las entidades aseguradoras que no tengan suficiencia de fondos propios admisibles para cubrir tanto el capital mínimo obligatorio como el capital de solvencia obligatorio o respecto de las cuales se hayan adoptado medidas de control especial, no podrán aplicar al cálculo de las primas de los nuevos compromisos un tipo de interés técnico superior al regulado en el artículo 48.2 más el ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. 2. Además, las bases técnicas de los seguros de vida han de contener: a) Los criterios de selección de riesgos que haya decidido aplicar cada entidad, determinando, entre otros, las edades de admisión, períodos de carencia, supuestos de exigencia de reconocimiento médico previo, número mínimo de personas para la aplicación de las tarifas de primas de los seguros colectivos o de grupo y módulos de fijación de capitales asegurados en estos seguros, en su caso. b) Las fórmulas para determinar los valores garantizados para los casos de rescate, reducción de capital asegurado y anticipos. Los valores resultantes han de ser concordantes con los que figuran en las pólizas. c) El sistema de cálculo utilizado y los criterios de imputación de la participación en beneficios a los asegurados, cuando se conceda, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 1.º Las entidades aseguradoras podrán conceder a sus asegurados participación en los beneficios obtenidos, mediante el sistema que deseen, referido a los resultados técnicos, a los financieros o a la combinación de ambos. 2.º En las bases técnicas habrán de detallar el sistema que decidan y precisarán el modelo de cuenta y los criterios de imputación que permitan el cálculo y clara comprobación de tales resultados. Artículo 120. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de decesos. 1. Las bases técnicas de los seguros de decesos deberán reflejar las modificaciones en la cobertura del asegurador ante evoluciones del coste de los servicios funerarios. Se consideran servicios funerarios los de sepelio y cualesquiera otros, directa e íntimamente relacionados con el fallecimiento del asegurado, que se presten a sus allegados y cuya realización no tendría objeto si no fuera con ocasión del fallecimiento del asegurado. 2. Las bases técnicas deberán garantizar que el coste del servicio considerado será suficiente en el momento en que comience la cobertura del seguro. Asimismo deberán establecer el mecanismo para mantener actualizado dicho coste en todo momento en función de los incrementos esperados del mismo. Igualmente deberán contemplar la adaptación de las primas a las posibles variaciones en el coste de los servicios. 3. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizará en la determinación de la prima y de la provisión del seguro de decesos técnica análoga a la del seguro de vida. Artículo 121. Peculiaridades de las bases técnicas de los seguros de enfermedad. 1. Las entidades aseguradoras que operen en el ramo de enfermedad podrán utilizar tablas de morbilidad que definan el riesgo en función de la edad. En este caso deberán utilizar, en la determinación de la prima, técnica análoga a la del seguro de vida, pudiéndose aplicar los principios de la capitalización colectiva. Lo anterior será igualmente de aplicación a la cobertura de los riesgos de asistencia sanitaria. 2. En ningún caso los riesgos y costes relacionados con el embarazo y el parto podrán suponer diferencias en primas ni en prestaciones. Sección 2.ª Deber de información Artículo 122. Deber general de información a facilitar a los tomadores de seguros o asegurados. 1. Antes de la celebración de un contrato de seguro, distinto al contrato de seguro para grandes riesgos, la entidad aseguradora deberá informar al tomador, por escrito o en soporte electrónico, del nombre del Estado miembro en el que esté establecido el domicilio social de la entidad, de su denominación social, de su forma jurídica y de su domicilio social o, en su caso, de la dirección de la sucursal con la que se vaya a celebrar el contrato. 2. Antes de celebrar un contrato de seguro distinto al seguro de vida, si el tomador es una persona física, o en cualquier contrato de seguro de vida, la entidad aseguradora deberá informar al tomador, por escrito o en soporte electrónico, sobre los siguientes extremos: a) Sobre la legislación aplicable al contrato cuando las partes no tengan libertad de elección o, en caso contrario, sobre la propuesta por el asegurador. b) Sobre las diferentes instancias de reclamación, tanto internas como externas, utilizables en caso de conflicto, así como el procedimiento a seguir. 3. Las informaciones mencionadas en los dos apartados anteriores deberán figurar en la póliza o en el documento de cobertura provisional de forma clara y precisa. 4. En los seguros colectivos o de grupo, el asegurador deberá suministrar la información que afecte a los derechos y obligaciones de los asegurados, con anterioridad a la firma del boletín de adhesión cuando proceda dicha firma o, durante la vigencia del contrato en caso contrario, salvo que dicha obligación sea asumida por el tomador del seguro. En los boletines de adhesión y certificados de seguro deberá figurar la información que afecte a los derechos y obligaciones de los asegurados. El asegurador informará por escrito, o mediante soporte electrónico duradero, sobre cualquier cambio en el contenido de dichos documentos. 5. La información previa contendrá una referencia concreta al informe sobre la situación financiera y de solvencia del asegurador, regulado en el artículo 80 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, que permita al tomador del seguro acceder con facilidad a esta información. 6. Las disposiciones contenidas en esta sección se aplicarán sin perjuicio de lo establecido para el contrato de seguro en la legislación sobre comercialización a distancia de los servicios financieros destinados a los consumidores. 7. El Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá dictar normas de desarrollo y establecer obligaciones adicionales de información previa y durante la vigencia del seguro. Artículo 123. Información en los contratos de seguro ofrecidos en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. 1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios estarán sujetas, en los contratos que celebren en ambos regímenes, al mismo deber de información al tomador del seguro y, en su caso, al asegurado, que a las entidades aseguradoras españolas imponen los artículos 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 122 a 126 de este real decreto. En particular, y antes de celebrar el contrato de seguro, la entidad aseguradora habrá de informar al tomador acerca del Estado miembro en el que esté situado su domicilio social o, en su caso, la sucursal desde la que se proporcione la cobertura. A estos efectos, en la proposición de seguro y en la póliza del contrato de seguro deberá constar la dirección del domicilio social o, en su caso, de la sucursal del asegurador que proporcione la cobertura. Asimismo, deberán mencionar expresamente la no aplicación de la normativa española en materia de liquidación de la entidad. 2. Tratándose de contratos de seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, excluida la responsabilidad del transportista, celebrados en régimen de libre prestación de servicios, en el documento de cobertura provisional y en la póliza, en su caso, deberá constar también el nombre y la dirección del representante a que se refiere el artículo 58.1.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 124. Deber particular de información en los seguros de vida. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, antes de la celebración de un contrato de seguro sobre la vida, el asegurador habrá de suministrar al tomador del seguro, por escrito o en soporte electrónico duradero, de forma clara y precisa, la siguiente información: a) Definición de las garantías y opciones ofrecidas. b) Periodo de vigencia del contrato. c) Condiciones para su rescisión. d) Condiciones, plazos y vencimientos de las primas. e) Método de cálculo y de asignación de las participaciones en beneficios. f) Indicación de los valores de rescate y de reducción y naturaleza de las garantías correspondientes; en el caso de que éstas no puedan ser establecidas exactamente en el momento de la suscripción, indicación del mecanismo de cálculo así como de los valores mínimos. g) Primas relativas a cada garantía, ya sea principal o complementaria, cuando dicha información resulte adecuada. h) En los contratos de capital variable, definición de las unidades de cuenta a las que están sujetas las prestaciones e indicación de los activos representativos. i) Modalidades y plazo para el ejercicio del derecho de resolución y, en su caso, formalidades necesarias para el ejercicio de la facultad unilateral de desistimiento a que se refiere el artículo 83.a) de la ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. j) Indicaciones generales relativas al régimen fiscal aplicable. k) Información específica para permitir una comprensión adecuada de los riesgos subyacentes al contrato que asume el tomador del seguro. 2. Durante la vigencia del contrato de seguro sobre la vida, el asegurador habrá de suministrar al tomador del seguro, por escrito o en soporte electrónico duradero, de forma clara y precisa, información sobre las modificaciones que se produzcan relativas a: a) Las condiciones generales y particulares. b) La denominación o razón social del asegurador, la forma jurídica o el domicilio social y, en su caso, la dirección de la sucursal con la cual se haya celebrado el contrato. 3. En caso de emitirse un suplemento de póliza o de modificarse la legislación aplicable al contrato, el tomador del seguro deberá recibir toda la información contenida en el apartado 1. 4. En los seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión se informará de forma clara y precisa de que el importe que se va a percibir dependerá de fluctuaciones en los mercados financieros, ajenas al control del asegurador y cuyos resultados históricos no son indicadores de resultados futuros. Asimismo, se especificará el importe, base de cálculo y periodicidad de todos los gastos inherentes a la operación. 5. En los seguros de vida en que el tomador no asuma el riesgo de la inversión y haya que dotar provisión matemática se informará de la rentabilidad esperada de la operación, con las exclusiones que determine el Ministro de Economía y Competitividad por existir un componente principal de riesgo biométrico. La rentabilidad esperada de la operación de seguro es el tipo de interés anual que iguala los valores actuales de las prestaciones esperadas que se puedan percibir en la operación por todos los conceptos y los pagos esperados de prima. Mediante circular se regulará el mecanismo de cálculo de esta rentabilidad esperada, considerando al menos los factores del período al que afecta la garantía, las tablas biométricas, el pago de primas futuras o la posible existencia de participación en beneficios. El tomador de seguro podrá solicitar a la entidad aseguradora el detalle del cálculo de la rentabilidad esperada debiendo ser entregado por ésta en un plazo máximo de diez días. La información facilitada debe ser completa y fácilmente comprensible para el tomador de seguro. Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que mediante resolución pueda precisar las operaciones de seguros de vida que tengan un alto grado de componente biométrico que se excluyan de la obligación de información de la rentabilidad esperada. 6. En el caso de seguros con participación en beneficios, el asegurador deberá informar por escrito anualmente al tomador del seguro de la situación de sus derechos, incorporando la participación en los beneficios. Además, si el asegurador ha facilitado cifras sobre la evolución potencial de la participación en los beneficios, deberá informar al tomador del seguro de las desviaciones entre la evolución efectiva y los datos iniciales. 7. Si en la proposición de seguro o en el propio contrato de seguro de vida, el asegurador facilita cifras relativas al importe de pagos potenciales, aparte de los pagos acordados por contrato, deberá proporcionar al tomador del seguro un modelo de cálculo del que resulte el pago potencial al vencimiento, aplicando la base de cálculo de la prima y utilizando tres tipos de interés diferentes. Esto no se aplicará a los seguros y contratos de duración determinada. El asegurador deberá informar al tomador del seguro, de manera clara y comprensible, que el modelo de cálculo está basado en supuestos hipotéticos y que el tomador del seguro no debe inferir obligaciones contractuales del citado modelo de cálculo. 8. En relación con los seguros a los que resulta de aplicación el Reglamento n.º 1286/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, no será necesario suministrar la información establecida en el presente artículo en la medida en que la misma se entienda debidamente suministrada con arreglo al documento de datos fundamentales a que hace referencia la citada normativa comunitaria. 9. Las mutualidades de previsión social que tengan reconocido en su reglamento de cotizaciones y prestaciones un sistema financiero-actuarial que establezca que la prestación a obtener por el mutualista estará en relación directa con las cotizaciones efectivamente realizadas e imputadas y que los resultados totales al cierre del ejercicio, positivos o negativos, una vez cubiertas las obligaciones legales y de solvencia de la entidad, se trasladen a las provisiones de los mutualistas activos, deberán explicar claramente en la información previa que las prestaciones a percibir no están preestablecidas de una manera fija, sino que podrán ser inferiores o superiores en función de los resultados negativos o positivos que se obtengan en cada ejercicio. Artículo 125. Deber particular de información en los seguros de decesos. Además de las obligaciones generales de información establecidas en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el artículo 122 de este real decreto, antes de la celebración del contrato de seguro de decesos, la entidad aseguradora habrá de suministrar al tomador del seguro, en cualquiera de las modalidades de cobertura del seguro de decesos, por escrito o en soporte electrónico duradero, de forma clara y precisa, la siguiente información: a) Identificación de la modalidad que se está ofertando conforme a la siguiente tipificación: a prima nivelada, natural, seminatural, mixta por combinación de las anteriores, o a prima única. b) Definición de la modalidad que se está ofertando, características y método de cálculo de la prima inicial y primas sucesivas. c) Identificación de los factores de riesgo objetivos a considerar en la tasa de prima a aplicar en las sucesivas renovaciones de la póliza: edad del asegurado, variaciones en el capital asegurado o evolución en los costes de los servicios funerarios. d) Cuadro evolutivo estimado de las primas comerciales anuales hasta que el asegurado alcance la edad de noventa años, elaborado conforme a las siguientes especificaciones: 1.º Detalle de la evolución previsible de las primas comerciales anuales a partir de la edad del asegurado en el momento de la contratación de la póliza, expresadas en tasas sobre mil euros de capital asegurado inicial. 2.º Detalle de la evolución de los capitales asegurados. e) Información sobre las actualizaciones de capitales asegurados o de prestaciones y de primas a aplicar en las renovaciones, así como el plazo previo al vencimiento y la forma en la que se van a comunicar al tomador del seguro. f) Garantías accesorias opcionales a la cobertura de decesos que se ofrecen en la misma póliza, con indicación del importe de la prima correspondiente a cada una de ellas cuando correspondan a otro ramo de seguro. g) Condiciones de resolución del contrato. h) Existencia, o no, del derecho de rehabilitación de la póliza y normas por las que se rige, en su caso. i) Límites y condiciones relativos a la libertad de elección del prestador. Artículo 126. Deber particular de información en los seguros de enfermedad. 1. Además de las obligaciones generales de información establecidas en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el artículo 122 de este real decreto, antes de celebrar un contrato de seguro de enfermedad, el asegurador deberá informar al tomador, por escrito o en soporte electrónico duradero, sobre los extremos siguientes: a) Identificación de los factores de riesgo objetivos a considerar en la tasa de prima a aplicar en las sucesivas renovaciones de la póliza, en cualquiera de las modalidades de cobertura del seguro de enfermedad. b) Garantías accesorias opcionales a la cobertura de enfermedad que se ofrecen en la misma póliza, con indicación del importe de la prima correspondiente a cada una de ellas cuando correspondan a otro ramo de seguro. c) Condiciones de resolución del contrato y renuncia, en su caso, a la oposición a la prórroga por parte del asegurador en las renovaciones. d) Existencia, o no, del derecho de rehabilitación de la póliza y normas por las que se rige, en su caso. e) Límites y condiciones relativos a la libertad de elección del prestador. 2. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades aseguradoras informarán, antes de cada anualidad de vigencia del contrato, de las actualizaciones de capitales asegurados, prestaciones y cuadro médico, en su caso. En las modalidades de seguro individual o de pólizas familiares, se deberá informar, además, antes de la contratación, de las tarifas de prima estándar aplicables para todos los tramos de edad o que se delimiten en función de cualquier otro criterio objetivo de adscripción de los asegurados. Esta información deberá figurar actualizada y fácilmente accesible en el sitio web de la entidad y estar a disposición del asegurado en sus oficinas. La entidad comunicará al tomador la modificación de la estructura de tramos existente en el momento de la contratación. Artículo 127. Publicidad. 1. Toda publicidad que suponga la oferta de seguros privados se ajustará con carácter general a lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y disposiciones de desarrollo. 2. La publicidad que realicen las entidades aseguradoras deberá transmitir a sus destinatarios una información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de la operación, servicio o producto de seguros y, al menos, tendrá que cumplir los requisitos siguientes: a) Identificación de la entidad aseguradora que asume la cobertura de los riesgos o compromisos, destacada de forma suficiente mediante nombres comerciales o marcas, salvo que éstas puedan inducir a confusión, en cuyo caso se empleará la denominación social. b) Indicación del tipo de contrato de seguro que se oferta. 3. Tendrá la consideración de publicidad toda forma de comunicación por la que se ofrezcan operaciones de seguro o se divulgue información sobre las mismas, cualquiera que sea el medio utilizado para ello, incluidas las circulares y cartas personalizadas que formen parte de una campaña de difusión. 4. La publicidad de las entidades aseguradoras no está sujeta a autorización administrativa, ni debe ser objeto de remisión sistemática previa a su utilización a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, aunque las entidades aseguradoras que pretendan efectuar campañas publicitarias de elevado coste o amplio ámbito de difusión podrán formular consulta previa a su inicio a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A tal efecto, se remitirá una reproducción adecuada, según el medio de difusión a emplear, de los textos, bocetos, composición gráfica o filmaciones a utilizar, con indicación de tamaños y duración de la campaña y, en su caso, tiempos de exhibición. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones resolverá sobre las citadas consultas en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud acompañada de la documentación prevista en el párrafo anterior. 5. En todo caso, la publicidad deberá estar disponible en todo momento para su supervisión por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 6. En el caso de entidades aseguradoras domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo que ejerzan actividad en España, podrán realizar publicidad de sus servicios en España en los mismos términos que las entidades aseguradoras españolas y sujetas a idéntica ordenación y supervisión. CAPÍTULO VII Régimen especial de solvencia Sección 1.ª Ámbito de aplicación Artículo 128. Ámbito de aplicación. 1. Las entidades aseguradoras podrán acogerse al régimen especial de solvencia regulado en este capítulo previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando acrediten que, conforme al artículo 101.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, han cumplido todas las condiciones siguientes: a) Los ingresos brutos anuales por primas devengadas no exceden de 5 millones de euros. b) El importe bruto total de provisiones técnicas, sin considerar los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido especial, no excede de 25 millones de euros. c) Si la entidad aseguradora pertenece a un grupo, el importe bruto total de las provisiones técnicas del grupo, sin considerar los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido especial, no excede de 25 millones de euros; d) La entidad aseguradora no realiza actividades de seguro o reaseguro en los ramos de crédito, caución o responsabilidad civil excepto si se trata de riesgos accesorios, de acuerdo con lo previsto en el apartado A, letra b), del anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio; e) Las operaciones de reaseguro realizadas por la entidad aseguradora no generan ingresos brutos anuales por primas devengadas de reaseguro aceptado que excedan de 500.000 euros o del diez por ciento de sus ingresos brutos anuales por primas devengadas, ni un importe bruto de provisiones técnicas del reaseguro aceptado que excede de 2,5 millones de euros o del diez por ciento de sus provisiones técnicas brutas, sin considerar los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido especial. 2. También podrán acogerse al régimen especial de solvencia regulado en este capítulo, previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las entidades aseguradoras que acrediten que se encuentran en alguna de las situaciones previstas en el artículo 101.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 3. En el caso de entidades aseguradoras que pertenezcan a un grupo sujeto a supervisión de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, deberán además acreditar que todas las entidades del grupo cumplen con los requisitos necesarios para acogerse a dicho régimen. En el caso de que el grupo esté formado únicamente por entidades acogidas al régimen especial de solvencia, no serán de aplicación a dicho grupo las obligaciones exigidas en el título V de la referida ley. 4. Las entidades que soliciten autorización administrativa para ejercer actividades de seguro y reaseguro no podrán acogerse inicialmente al régimen especial de solvencia de acuerdo con el artículo 101.5 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Tampoco podrán acogerse aquellas que, estando autorizadas para operar a 1 de enero de 2016, tengan unos importes brutos anuales por primas devengadas o de provisiones técnicas sin considerar los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro cedido y de las entidades con cometido especial, superiores a los establecidos en el apartado 1 anterior, o que prevean superar en los cinco años siguientes cualquiera de esos importes. Sección 2.ª Valoración de provisiones técnicas Artículo 129. Enumeración de las provisiones técnicas. 1. Las provisiones técnicas a considerar son las siguientes: a) De primas b) De seguros de vida. c) De participación en beneficios y para extornos. d) De siniestros pendientes. e) Del seguro de decesos. f) Del seguro de enfermedad. g) De desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo. 2. Las provisiones técnicas aplicables al reaseguro aceptado y cedido serán las recogidas en los párrafos a) a d). El importe correspondiente a las provisiones técnicas del reaseguro aceptado y cedido deberá calcularse en la forma prevista en este real decreto, teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones específicas de los contratos de reaseguro suscritos. El cálculo de las provisiones por operaciones de reaseguro aceptado, tomará como base los datos que facilite la entidad cedente, incrementándolos en cuanto proceda de acuerdo con la experiencia de la propia entidad. 3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con una función actuarial efectiva, en los términos previstos en el artículo 47. Artículo 130. Provisión de primas. 1. La provisión de primas deberá estar constituida por la fracción de las primas devengadas en el ejercicio que deba imputarse al período comprendido entre la fecha del cierre y el término del período de cobertura. 2. La provisión de primas se calculará póliza a póliza. La base de cálculo de esta provisión estará constituida por las primas de tarifa devengadas en el ejercicio deducido el recargo para gastos de adquisición. La imputación temporal de la prima se realizará de acuerdo con la distribución temporal de la siniestralidad a lo largo del período de cobertura del contrato. 3. La provisión de primas será objeto de ajuste cuando exista insuficiencia de la prima con respecto a los siniestros y gastos futuros. Se entenderá que existe insuficiencia cuando el resultado de la cuenta técnica, para cada ramo o producto comercial, sea negativo en los dos últimos años. Si hubiera insuficiencia se calculará el porcentaje que represente el resultado acumulado de la cuenta técnica, para cada ramo o producto comercial, de los dos últimos años respecto del volumen de primas periodificadas netas de reaseguro, excluyendo el ajuste mencionado en este apartado, acumuladas en los dos últimos años. Las cuantías de los ajustes serán: a) el valor absoluto resultante de multiplicar el porcentaje previsto en el párrafo anterior por la provisión de primas del seguro directo correspondiente al ejercicio de cálculo. b) el valor absoluto resultante de multiplicar el porcentaje previsto en el párrafo anterior por la provisión de primas del reaseguro cedido correspondiente al ejercicio de cálculo. El ajuste por operaciones de reaseguro aceptado deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en los apartados precedentes. 4. Cuando durante dos ejercicios consecutivos sea necesario efectuar el ajuste regulado en este artículo, la entidad deberá presentar en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informe actuarial sobre la revisión necesaria de las bases técnicas para alcanzar la suficiencia de la prima en el que, al menos se identifiquen las causas que han provocado la insuficiencia, las medidas adoptadas por la entidad y el plazo estimado en el que surtirán efecto. Artículo 131. La provisión de seguros de vida. 1. La provisión de seguros de vida deberá representar el valor de las obligaciones del asegurador neto de las obligaciones del tomador por razón de seguros sobre la vida a la fecha de cierre del ejercicio. 2. La provisión de seguros de vida comprenderá: a) En los seguros cuyo período de cobertura sea igual o inferior al año, la provisión de primas. b) En los demás seguros, la provisión matemática. 3. La provisión matemática, que en ningún momento podrá ser negativa, se calculará como la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador o, en su caso, del asegurado. Para calcular el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del asegurador se tendrá en cuenta lo siguiente: a) No se podrá incluir entre los flujos de pagos futuros las participaciones en beneficios discrecionales futuras. b) No se tendrán en cuenta hipótesis sobre el ejercicio de rescate u otras posibles opciones contractuales. c) No se tendrán en cuenta las potenciales acciones futuras de la dirección de la entidad. La base de cálculo de esta provisión será la prima de tarifa devengada en el ejercicio. El cálculo se realizará póliza a póliza, por un sistema de capitalización individual y aplicando un método prospectivo, salvo que no fuera posible por las características del contrato considerado o se demuestre que las provisiones obtenidas sobre la base de un método retrospectivo no son inferiores a las que resultarían de la utilización de un método prospectivo. En las pólizas colectivas este cálculo se efectuará separadamente para cada asegurado. 4. El importe de la provisión matemática que ha de figurar en el balance podrá determinarse mediante interpolación lineal de las provisiones correspondientes a los vencimientos anterior y posterior a la fecha de cierre de aquél, e incluirá la periodificación de la prima, teniendo en cuenta el carácter liberatorio o no de dicha prima. Artículo 132. Tipo de interés. 1. En la provisión de seguros de vida, para calcular el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador o, en su caso, del asegurado, se utilizará la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, prevista en el artículo 54, incluyendo el componente relativo al ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. Sin perjuicio de lo anterior, las empresas de seguro y reaseguro pueden aplicar el ajuste por casamiento a la estructura temporal pertinente de los tipos de interés sin riesgo previsto en el artículo 55, condicionado a la aprobación previa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas en dicho artículo. El procedimiento para su solicitud será el establecido en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 2. En seguros con participación en beneficios, esta provisión no podrá calcularse a un tipo de interés superior al utilizado para el cálculo de la prima. Artículo 133. Tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad. 1. Las tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Estar basadas en experiencia nacional o extranjera, ajustada a tratamientos estadístico-actuariales generalmente aceptados. b) La mortalidad, supervivencia, invalidez y morbilidad reflejadas en las mismas deberán encontrarse dentro de los intervalos de confianza generalmente admitidos para la experiencia española. c) El final del período de observación considerado para la elaboración de las tablas no podrá ser anterior en más de veinte años a la fecha de cálculo de la provisión. d) Cuando se utilicen tablas basadas en la experiencia propia del colectivo asegurado, la información estadística en la que se basen deberá cumplir los requisitos de homogeneidad y representatividad del riesgo, incluyendo sobre el mismo información suficiente que permita una inferencia estadística e indicando el tamaño de la muestra, su método de obtención y el período a que se refiere, el cual deberá adecuarse a lo previsto en el párrafo c) anterior. e) En los seguros de supervivencia, deberán incorporar el efecto del tanto de disminución de la mortalidad considerando una evolución desfavorable de la misma, salvo que ya haya sido tenido en cuenta en el cómputo del período de observación a que se refiere el párrafo c) anterior. No obstante lo anterior, en el cálculo de la provisión de seguros de vida podrán utilizarse tablas más prudentes que, sin cumplir alguno de los requisitos anteriores, tengan un margen de seguridad superior al que resulta de éstos. 2. Si en la fecha de cálculo de la provisión de seguros de vida se constatara la inadecuación de las tablas inicialmente utilizadas al comportamiento real del colectivo asegurado, siempre que sobre la evolución real del riesgo exista información suficiente como para permitir una inferencia estadística, se efectuará si procede una sobredotación de la provisión de seguros de vida para reflejar las nuevas probabilidades. Artículo 134. Gastos de administración y adquisición. 1. La provisión de seguros de vida se calculará teniendo en cuenta los recargos de gestión previstos en las bases técnicas. 2. Si, incumpliendo las previsiones de la base técnica, durante dos ejercicios consecutivos los recargos para gastos de administración y adquisición son insuficientes para atender los gastos reales de administración y adquisición respectivamente, definidos conforme al Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, la provisión de seguros de vida se calculará teniendo en cuenta la nueva circunstancia. 3. No será de aplicación lo previsto en el número anterior cuando el exceso de gastos sea debido a circunstancias excepcionales y que previsiblemente no vayan a seguir produciéndose en el futuro y así se acredite ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 135. Rescates. 1. El importe de las provisiones de seguros de vida para cada contrato deberá ser en todo momento, y como mínimo, igual al valor de rescate garantizado. 2. En aquellos contratos en los que el valor de rescate se hubiera establecido en función de la provisión de seguros de vida correspondiente a los mismos, se entenderá que el importe de ésta será, a estos efectos, el resultante de aplicar las bases técnicas utilizadas para el cálculo de la prima. Dicho valor no podrá minorarse en el importe de las comisiones descontadas pendientes de amortizar o conceptos similares, en la medida en que no estén expresamente previstos en el contrato de seguro. Artículo 136. Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión y asimilados. 1. La provisión de los seguros de vida en los que contractualmente se haya estipulado que el riesgo de inversión será soportado íntegramente por el tomador se determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia para determinar el valor económico de sus derechos. No serán aplicables al cálculo de esta provisión las disposiciones establecidas en el artículo 132. 2. Se efectuarán las dotaciones a la provisión de seguros de vida que procedan para reflejar los riesgos derivados de estas operaciones que no sean efectivamente asumidos por el tomador. En particular, podrán considerarse coberturas estáticas o dinámicas bajo escenarios prudentes de variación de las hipótesis involucradas, en los términos que establezca mediante circular la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 137. Provisión de participación en beneficios y para extornos. 1. Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos. 2. Los seguros distintos del seguro de vida que garanticen el reembolso de primas bajo determinadas condiciones o prestaciones asimilables incluirán en esta provisión las obligaciones correspondientes a dicha garantía, calculadas conforme a las siguientes normas: a) Se incluirán en la provisión todas las obligaciones por los contratos que sobre la base de la información existente al cierre del ejercicio sean susceptibles de dar lugar a las prestaciones citadas. b) La provisión a dotar comprenderá el importe de las primas a reembolsar o prestaciones a satisfacer imputables al período o períodos del contrato ya transcurridos en el momento de cierre del ejercicio. Artículo 138. Provisión de siniestros pendientes. 1. La provisión de siniestros pendientes deberá representar el importe total de las obligaciones pendientes del asegurador derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio y será igual a la diferencia entre su coste total estimado o cierto y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. Dicho coste incluirá los gastos tanto externos como internos de gestión y tramitación de los expedientes, cualquiera que sea su origen, producidos y por producir hasta la total liquidación y pago del siniestro. Los recobros o cantidades a recuperar por el ejercicio de las acciones que correspondan al asegurador frente a las personas responsables del siniestro no podrán deducirse del importe de la provisión. La provisión deberá tener en cuenta todos los factores y circunstancias que influyan en su coste final y será suficiente en todo momento para hacer frente a las obligaciones pendientes a las fechas en que hayan de realizarse los pagos. 2. Para determinar el importe de la provisión, los siniestros se clasificaran por años de ocurrencia, y su cálculo se realizará, al menos, por ramos de seguro. 3. Cada siniestro será objeto de una valoración individual. 4. En los ramos 2, 17, 18 y 19 de los establecidos en el apartado A) del anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, en los que la entidad aseguradora garantice la prestación de una asistencia mediante la celebración de un contrato de reaseguro de prestación de servicios por el que se cede tanto el riesgo como el coste de la siniestralidad al reasegurador, podrá calcularse una única provisión de siniestros pendientes de carácter global tanto para el seguro directo y en su caso el reaseguro aceptado por un lado, como para el reaseguro cedido por otro lado, por la parte cuyo riesgo y siniestralidad se ceda. Para estos mismos ramos, el cálculo de la provisión de siniestros pendientes global de seguro directo y en su caso reaseguro aceptado, en los supuestos en que no se tenga información suficiente, podrá basarse bien en la información suministrada por el reasegurador, bien en costes medios sectoriales o bien en métodos propios de la entidad aseguradora. 5. A salvo de lo señalado en el número anterior, cuando la información sobre los siniestros no permita una estimación adecuada del importe de la provisión, ésta deberá dotarse, como mínimo, y sin perjuicio de posteriores correcciones, por la diferencia entre las primas de riesgo devengadas en el ejercicio, en la parte imputable al mismo, y los pagos por siniestros ocurridos en el ejercicio. 6. La provisión de siniestros pendientes estará integrada por la provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago, la provisión de siniestros pendientes de declaración y la provisión de gastos internos de liquidación de siniestros. Para las operaciones de reaseguro aceptado, podrá calcularse una única provisión de siniestros pendientes de carácter global. Artículo 139. Provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago. 1. Incluirá el importe de todos aquellos siniestros ocurridos y declarados antes del cierre del ejercicio. Formarán parte de ella los gastos de carácter externo inherentes a la liquidación de siniestros y, en su caso, los intereses de demora y las penalizaciones legalmente establecidas en las que haya incurrido la entidad. 2. Cuando la indemnización haya de pagarse en forma de renta, la provisión a constituir se calculará conforme a las normas establecidas en este real decreto para la provisión de seguros de vida. 3. La provisión incluirá las participaciones en beneficios y extornos que se hayan asignado a tomadores, asegurados o beneficiarios y que se encuentren pendientes de pago. Artículo 140. Provisión de siniestros pendientes de declaración. 1. La provisión de siniestros pendientes de declaración deberá recoger el importe estimado de los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y no declarados en esa fecha. 2. Se determinará aplicando un porcentaje del quince por ciento a la provisión de siniestros pendientes de liquidación o pago del seguro directo. Artículo 141. Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros. 1. Esta provisión deberá dotarse por importe suficiente para afrontar los gastos internos de la entidad, necesarios para la total finalización de los siniestros que han de incluirse en la provisión de siniestros pendientes tanto del seguro directo como del reaseguro aceptado. 2. Se determinará en función de la relación existente entre los gastos internos imputables a las prestaciones, resultantes de la reclasificación de gastos por destino establecida en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y el importe de la siniestralidad. El porcentaje resultante deberá multiplicarse, al menos, por el cincuenta por ciento del importe de la provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago más el cien por cien del importe de la provisión de siniestros pendientes de declaración. Artículo 142. Provisión del seguro de decesos. Las entidades que operen en el ramo de decesos constituirán la provisión del seguro de decesos atendiendo al planteamiento actuarial de la operación, utilizando la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo prevista en el artículo 54, incluyendo, en su caso, el componente relativo al ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. Artículo 143. Provisión del seguro de enfermedad. Cuando en el seguro de enfermedad, incluidas las coberturas de asistencia sanitaria, se utilicen bases técnicas formuladas conforme a lo dispuesto en el artículo 121, esta provisión, que deberá representar el valor de las obligaciones del asegurador por razón de tales seguros a la fecha de cierre del ejercicio neto de las del tomador, se calculará utilizando técnica análoga a la del seguro de vida. Artículo 144. Provisión de desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo. Esta provisión, que tendrá carácter acumulativo, se constituirá para hacer frente a las desviaciones que tengan su origen en los sorteos con que se relacionen los sistemas de premios o amortización anticipada que adopten las entidades, y se integrará por la parte de las cuotas destinada a atender dichas desviaciones que no haya sido consumida durante el ejercicio. Las desviaciones que eventualmente se produzcan entre la amortización real y la prevista en las respectivas bases de cálculo se afectarán a esta provisión, sin que su importe pueda ser negativo. Sección 3.ª Valoración de inversiones Artículo 145. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras. 1. Las entidades aseguradoras sometidas al régimen especial de solvencia aplicarán el artículo 79 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y el artículo 89 de este reglamento salvo lo establecido en el apartado 1 e). 2. Las entidades aseguradoras sometidas al régimen especial de solvencia no podrán invertir en derivados y estructurados, salvo, en su caso, los admitidos para la determinación del ajuste por casamiento, ni en cualquier otro activo que se determine mediante orden ministerial. Sección 4.ª Fondos propios. Valoración de activos y pasivos Artículo 146. Determinación de los fondos propios. Los fondos propios se determinarán, clasificarán y serán computables para la cobertura del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio, conforme a lo indicado en los artículos 59 a 62 con las particularidades previstas en el artículo siguiente. Artículo 147. Valoración de activos. 1. A efectos de la determinación de los fondos propios por diferencia entre activos y pasivos, las entidades aseguradoras sometidas al régimen especial de solvencia valorarán los activos que se relacionan en este apartado de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, deduciéndose, en todo caso, de las referidas valoraciones cuantos gastos y tributos indirectos que, previsiblemente y conforme a una valoración prudente de su importe, pudieran originarse en la transmisión o realización. Este sistema valorativo será de aplicación a los siguientes activos: a) Instrumentos financieros que cumplan alguna de las siguientes características: 1.º Estén admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero y que no hayan sido emitidos por la propia aseguradora o entidad de su mismo grupo. 2.º Estén emitidos o garantizados suficientemente por organismos internacionales a los que pertenezca un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o por una entidad de crédito o aseguradora autorizada para operar por medio de establecimiento en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo o por una entidad cuyas acciones se negocien en un mercado regulado. Se entienden incluidos en este apartado los depósitos en entidades de crédito autorizadas para operar por medio de establecimiento en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 3.º Sean financiaciones concedidas al Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, sociedades estatales o a entidades públicas del Espacio Económico Europeo, ya se trate de financiaciones concedidas por la entidad aseguradora o de créditos adquiridos por ésta con posterioridad a la concesión de la referida financiación, siempre que ofrezcan garantías respecto a su seguridad, bien por la calidad del prestatario o bien por las garantías aportadas. 4.º Se trate de depósitos en empresas cedentes por operaciones de reaseguro aceptado o créditos frente a los reaseguradores por su participación en la provisión de prestaciones. 5.º Se trate de acciones nominativas y participaciones de sociedades cuya actividad exclusiva consista en la gestión de activos por cuenta de entidades aseguradoras y fondos de pensiones, cuando al menos el 90 por 100 del capital pertenezca a una o varias de estas entidades. 6.º Otras participaciones según lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 7.º Se trate de créditos pignoraticios, siempre que el objeto de la garantía sea alguno de los activos enumerados en el presente apartado. 8.º Se trate de créditos frente a mediadores y tomadores de seguro con antigüedad no superior a tres meses. b) Bienes inmuebles, derechos reales inmobiliarios y créditos hipotecarios, siempre que se trate de primera hipoteca constituida sobre inmuebles que reúnan los requisitos establecidos a continuación: Los bienes inmuebles y los derechos reales inmobiliarios deberán reunir los siguientes requisitos: 1.º Estar inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la entidad aseguradora. 2.º Estar asegurados contra el riesgo de incendio y otros daños al continente, por entidad distinta del titular del inmueble y por importe no inferior al valor de construcción fijado en la última tasación que se hubiese realizado. 3.º Ser objeto de tasación por una entidad tasadora autorizada para valoración de bienes en el mercado hipotecario con arreglo a lo establecido en las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad. c) Instituciones de inversión colectiva: 1.º Establecidas en el Espacio Económico Europeo y sometidas a coordinación de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). 2.º De carácter financiero que, no encontrándose incluidas en el apartado anterior, estén reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y demás disposiciones de desarrollo. 3.º Inmobiliarias establecidas en el Espacio Económico Europeo, siempre que estén sujetas a autorización y supervisión de una autoridad de control de cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo. d) Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica que se negocien en mercados de divisas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). e) Otros activos no enumerados anteriormente cuando reúnan las condiciones que el Ministro de Economía y Competitividad establezca. 2. Todos los bienes y derechos enumerados en las letras anteriores, salvo los créditos frente a reaseguradores, deberán hallarse situados en Estados miembros del Espacio Económico Europeo. No obstante, en los casos en que por su naturaleza así se requiera, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, motivadamente, podrá autorizar su situación fuera del ámbito territorial antes mencionado. En todo caso, los valores negociables en que se materialice la inversión de las provisiones técnicas deberán estar depositados en intermediarios financieros autorizados para operar por medio de establecimiento en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo o, si se tratase de valores representados por medio de anotaciones en cuenta, deberán respetarse sus normas específicas. En el caso de tratarse de anotaciones en cuenta con registro contable fuera del Espacio Económico Europeo y dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), deberán estar garantizadas suficientemente por una entidad de crédito autorizada para operar por medio de establecimiento en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 3. Las participaciones previstas en el apartado 1.a).6.º se valorarán en todo caso por el valor teórico contable. 4. Los créditos previstos en el apartado 1.a).8.º se valorarán en todo caso por el valor contable, considerando el deterioro relativo a los mismos. 5. Lo dispuesto en este artículo y en la circular de desarrollo que pueda dictar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación a los activos y pasivos, en ningún caso podrán determinar la existencia de una lista cerrada de activos aptos para las inversiones de las provisiones técnicas. 6. La valoración de activos distintos a los incluidos en los apartados 1, 3 y 4 anteriores no se podrá tener en cuenta a los efectos del cálculo de los fondos propios por diferencia entre activos y pasivos. Tampoco se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo del capital de solvencia obligatorio. Sección 5.ª Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio Artículo 148. Cálculo del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio en el régimen especial de solvencia. 1. Las entidades aseguradoras deberán cubrir en todo momento el capital de solvencia obligatorio con los fondos propios admisibles. 2. El capital de solvencia obligatorio será igual a la suma de los siguientes elementos: a) El capital de solvencia obligatorio básico. b) El capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional. c) El importe del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos. 3. El capital de solvencia obligatorio básico se obtendrá mediante la agregación de módulos de riesgo, según la matriz de correlaciones prevista en el artículo 70, comprendiendo, al menos, los siguientes: a) Riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida. b) Riesgo de suscripción en el seguro de vida. c) Riesgo de suscripción del seguro de enfermedad. d) Riesgo de mercado. e) Riesgo de incumplimiento de la contraparte. 4. El capital de solvencia por riesgo operacional será el previsto en el artículo 70 del régimen general. 5. El ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos se determinará de acuerdo con lo dispuesto para el régimen general en el artículo 70.3. 6. Para las mutualidades de previsión social incluidas en este régimen especial de solvencia, el capital de solvencia obligatorio será de tres cuartas partes del recogido en los apartados 3, 4 y 5. Para las mutualidades que prevean en sus estatutos la posibilidad de realizar derramas de cuotas o de reducir las prestaciones y el importe anual de cuotas devengadas no supere los 5.000.000 de euros durante tres años consecutivos, la fracción de capital de solvencia obligatorio a que se refiere el párrafo anterior se reducirá a la mitad. Si la cifra de cuotas señaladas se superase durante tres años consecutivos, a partir del cuarto ejercicio la relación será de las tres cuartas partes. Para las mutualidades de previsión social cuyo objeto exclusivo sea otorgar prestaciones o subsidios de docencia o educación, el capital de solvencia obligatorio exigido será de la cuarta parte. 7. Las entidades aseguradoras autorizadas para aplicar el ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, previsto en el artículo 57, deberán calcular un capital de solvencia obligatorio nocional por cada cartera sujeta a ajuste por casamiento, así como para la parte restante de la entidad, como si dichas carteras sujetas a ajuste por casamiento y la parte restante de la empresa fueran empresas separadas. Las entidades aseguradoras calcularán su capital de solvencia obligatorio como la suma del capital de solvencia obligatorio nocional correspondiente a cada cartera sujeta a ajuste por casamiento y a la parte restante de la entidad. El capital de solvencia obligatorio nocional por cada cartera sujeta a ajuste por casamiento se determinará agregando los capitales obligatorios correspondientes a cada submódulo y módulo de riesgo del capital de solvencia obligatorio básico. Las entidades aseguradoras supondrán que no hay diversificación de riesgos entre cada una de las carteras sujetas a ajuste por casamiento y la parte restante de la entidad. 8. El capital mínimo obligatorio regulado en el artículo 78 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, será un tercio del capital de solvencia obligatorio para las entidades acogidas a este régimen especial sin perjuicio de los mínimos absolutos para el mismo recogidos en dicho artículo. Artículo 149. Módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. 1. El capital de solvencia por el riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida se determinará, bien en función del importe anual de las primas, bien en función de la siniestralidad. El capital de solvencia será igual al que resulte más elevado de los obtenidos por los procedimientos citados. No obstante, cuando el importe obtenido resultara inferior al del ejercicio anterior, el capital de solvencia se determinará multiplicando el del ejercicio anterior por el coeficiente resultante de dividir la provisión técnica de siniestros pendientes neta de reaseguro constituida al cierre y la constituida al inicio del ejercicio, sin que el coeficiente así calculado pueda ser, en ningún caso, superior a 1. 2. El capital de solvencia en función de las primas se determinará en la forma siguiente: a) En el concepto de primas se incluirán las devengadas por seguro directo en el ejercicio que se contemple, netas de sus anulaciones y extornos, más las primas aceptadas en reaseguro en el mismo ejercicio, o bien, si fuera más elevado, el de las primas imputadas por seguro directo en el ejercicio que se contemple, netas de sus anulaciones y extornos, más las primas aceptadas en reaseguro en el mismo ejercicio. b) Hasta 61.300.000 euros de primas se aplicará el 34 por ciento, y al exceso, si lo hubiera, se aplicará el 30 por ciento, sumándose ambos resultados. c) La cuantía obtenida según se dispone en el párrafo anterior se multiplicará por la relación existente en los últimos tres ejercicios, entre el importe de la siniestralidad neta de reaseguro cedido y retrocedido, y el importe bruto de dicha siniestralidad. 3. El capital de solvencia en función de los siniestros se determinará en la forma siguiente: a) En el importe de los siniestros se incluirán los pagados por negocio directo en el ejercicio que se contemple y en los dos anteriores, sin deducción por reaseguro cedido ni retrocedido; se incluirán también los siniestros pagados por aceptaciones en reaseguro y las provisiones de siniestros pendientes por seguro directo y reaseguro aceptado constituidas al cierre del ejercicio contemplado. b) De la suma obtenida según el párrafo a) se deducirá el importe de los recobros por siniestros efectuados en los períodos a que dicho apartado se refiere, más el de las provisiones de siniestros pendientes constituidas al cierre del ejercicio anterior al período contemplado tanto por seguro directo como por reaseguro aceptado. c) Al tercio de la cifra resultante según el párrafo b), con el límite de 42.900.000 euros, se aplicará el 49 por ciento, y al exceso, si lo hubiera, se aplicará el 44 por ciento, sumándose ambos resultados. d) La cuantía obtenida según el párrafo anterior se multiplicará por la relación existente en los tres últimos ejercicios, entre el importe de la siniestralidad neta de reaseguro cedido y retrocedido y el importe bruto de dicha siniestralidad. Artículo 150. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. 1. El capital de solvencia por el riesgo de suscripción en el seguro de vida se determinará como la suma de los importes que resulten de los cálculos de los apartados siguientes: a) Se multiplicará el 4,2 por ciento del importe de las provisiones de seguros de vida por seguro directo, sin deducir el reaseguro cedido, y por reaseguro aceptado, por la relación que exista, en el ejercicio que se contemple, entre el importe de las provisiones de seguros de vida, deducidas las correspondientes al reaseguro cedido y retrocedido, y el importe bruto de las mismas. Tratándose de seguros de vida vinculados a la evolución de activos específicamente afectos o de índices o activos que se hayan fijado como referencia, y para las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación, en la medida en que la entidad no asuma un riesgo de inversión, se aplicará el 1,05 por ciento de la provisión cuando el importe destinado a cubrir los gastos de gestión se fije para un período superior a cinco años, o, en su defecto, el 26 por ciento de los gastos de administración netos de dicha actividad correspondientes al último ejercicio. Para las operaciones de capitalización que no lleven implícita la cobertura de ningún riesgo inherente a la vida humana se aplicará el 4,2 por ciento del importe de las provisiones de seguros de vida constituidas. Para las operaciones tontinas, definidas en el apartado B. 4 del Anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se aplicará el 1,05 por ciento del activo de las asociaciones. b) Para los contratos cuyos capitales en riesgo sean positivos se multiplicará el 0,315 por ciento de los capitales en riesgo, sin deducir reaseguro cedido ni retrocedido, por la relación existente, en el ejercicio que se contemple, entre los capitales en riesgo deducido el reaseguro cedido y retrocedido y el importe bruto de dichos capitales. Se aplicará el 0,105 por ciento en los seguros temporales para caso de muerte con una duración residual máxima de tres años y el 0,158 por ciento, cuando la duración residual sea superior a tres años y no sobrepase los cinco. 2. Para las mutualidades que operen en los riesgos comprendidos en el artículo 15.1.b) del Reglamento de mutualidades de previsión social aprobado por Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre,, que prevean en sus estatutos la posibilidad de realizar derramas de cuotas o de reducir prestaciones o cuenten con socios protectores que se comprometan a asumir, en el caso que sea necesario, los compromisos de las mutualidades con sus asegurados, y el importe anual de cuotas devengadas no supere 60.000 euros durante tres años consecutivos, el capital de solvencia por el riesgo de suscripción se determinará por el 10 por ciento de las cuotas o aportaciones netas de anulaciones y de reaseguro. Si la cifra de cuotas señalada se superase durante tres años consecutivos, a partir del cuarto ejercicio, estas mutualidades aplicarán lo dispuesto en el apartado 1. Artículo 151. Módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. El capital de solvencia por el riesgo de suscripción del seguro de enfermedad se determinará según lo previsto en los artículos 150 o 149, según se usen o no técnicas similares a vida. Artículo 152. Módulo de riesgo de mercado del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. 1. El capital de solvencia por riesgo de mercado se determinará por la agregación del requerimiento de capital de los riesgos de interés, acciones e instituciones de inversión colectiva, inmuebles, diferencial, concentración y divisa según la matriz de correlaciones prevista para el régimen general en el artículo 74. 2. El capital de solvencia por el riesgo de tipo de interés se determinará como el 3,6 por ciento del valor de los activos expuestos al citado riesgo. 3. El capital de solvencia por el riesgo de acciones y de instituciones de inversión colectiva se determinará como el 30 por ciento de su valor. 4. El riesgo de inmuebles se determinará como el 25 por ciento de su valor. 5. El capital de solvencia por el riesgo de diferencial se determinará como el 3 por ciento del valor de los activos expuestos al citado riesgo. 6. El capital de solvencia por el riesgo de concentración será: a) Para cada inmueble o derecho real inmobiliario, el 12 por ciento del importe del valor de los mismos que exceda del 10 por ciento del valor total de los activos a los efectos de determinar los fondos propios. El indicado límite será, asimismo, aplicable cuando se trate de inmuebles y derechos reales inmobiliarios lo suficientemente próximos y de similar naturaleza como para que puedan considerarse como una misma inversión. b) Para cada emisor, prestatario o garante de valores o derechos mobiliarios, el 12 por ciento del importe del valor de los mismos que exceda del 11 por ciento del valor total de los activos a los efectos de determinar los fondos propios. c) En el caso de inversión en acciones o participaciones en sociedades dependientes de entidades aseguradoras que gestionan activos por cuenta de entidades aseguradoras, para el cómputo de los límites anteriores, se acumularán al valor de cada categoría de activos de los que sea titular directamente la entidad, el que resultara de computar los activos correspondientes a las sociedades dependientes en función de su porcentaje de participación. d) No se considerará capital de solvencia por riesgo de concentración para las acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva. e) No se considerará capital de solvencia por riesgo de concentración para los activos financieros emitidos o garantizados suficientemente por organizaciones internacionales a las que pertenezcan Estados miembros del Espacio Económico Europeo, ni en este mismo ámbito los emitidos por Estados, así como los créditos frente a las citadas contrapartes. 7. El capital de solvencia por el riesgo de divisa se determinará por el exceso de activos no congruentes sobre determinados límites. Por activos no congruentes se entiende aquellos en que la moneda en que sean realizables no se corresponde con la moneda en que son exigibles las obligaciones derivadas del cumplimiento de los contratos de seguro y reaseguro suscritos. Los límites son los siguientes: a) El 7 por ciento de los activos expresados o realizables en otras monedas. b) El 20 por ciento de los compromisos expresados en la correspondiente moneda. Artículo 153. Módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte del capital obligatorio básico en el régimen especial de solvencia. 1. En el caso de que de las cuentas anuales de la entidad reaseguradora que presta protección se deduzca motivadamente que la solvencia actual o futura del reasegurador pueda verse afectada, el capital de solvencia por riesgo de contraparte se determinará como la reducción del capital de solvencia por riesgo de suscripción en el importe correspondiente a la cesión total al reaseguro. Se presume que el reaseguro goza de calidad suficiente cuando la entidad reaseguradora tenga como mínimo una calificación de BBB o equivalente otorgada por una agencia de calificación de reconocido prestigio y, en todo caso, cuando la entidad reaseguradora esté sujeta a supervisión de la autoridad de control de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 2. En otro caso, el capital de solvencia por riesgo de contraparte se determinará como la suma de: a) La reducción del capital de solvencia por riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida en el importe correspondiente a una cesión al reaseguro superior al 50 por ciento del importe del capital de solvencia por riesgo de suscripción en el seguro distinto al seguro de vida. b) La reducción del capital de solvencia por riesgo de suscripción en el seguro de vida en el importe correspondiente a una cesión al reaseguro superior al 15 por ciento de la parte del capital de solvencia por riesgo de suscripción en el seguro de vida que se calcula en función de las provisiones de seguro de vida o al 50 por ciento de la parte que se calcula en función de los capitales en riesgo. c) La reducción del capital de solvencia por riesgo de suscripción del seguro de enfermedad, según lo previsto en las letras a) y b). Sección 6.ª Sistema de gobierno Artículo 154. Requisitos de Sistema de Gobierno en el régimen especial de solvencia. Las entidades que se acojan a este régimen especial están sujetas a los requisitos de sistema de gobierno establecidos con carácter general, excepto en lo relativo a la evaluación interna de riesgos y de solvencia prevista en el artículo 66.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la cual comprenderá como mínimo lo previsto en el artículo 46. a) de este real decreto. CAPÍTULO VIII Ejercicio simultáneo de la actividad de seguro de vida y de seguro distinto del de vida Artículo 155. Entidades aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en seguros de vida y en seguros distintos del de vida. 1. Las entidades aseguradoras autorizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 31 apartados 2 y 3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para realizar operaciones de seguro de vida y operaciones de seguro distinto del de vida, deberán llevar una gestión separada de ambas actividades 2. Las entidades aseguradoras que, conforme a regímenes vigentes con anterioridad, se hallasen autorizadas para realizar simultáneamente operaciones de seguro de vida y operaciones de seguro distinto del de vida a la entrada en vigor de este real decreto, podrán seguir simultaneándolas, siempre que lleven una gestión separada de ambas actividades. Artículo 156. Gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida. La gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida se organizará de forma que ambas actividades sean independientes. Los intereses respectivos de los tomadores de un seguro de vida y de los tomadores de un seguro distinto del seguro de vida no podrán verse perjudicados y, en particular, los beneficios procedentes del seguro de vida aprovecharán a los tomadores de un seguro de vida como si la entidad aseguradora practicara únicamente la actividad de seguro de vida. Artículo 157. Obligaciones derivadas de la gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida. 1. Las entidades aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en seguros de vida y en seguros distintos del de vida deberán: a) Llevar una contabilidad separada para cada tipo de operaciones. b) Disponer, como mínimo, de un capital social o fondo mutual igual a la suma, por un lado, del requerido para el ramo de vida y, por el otro, del requerido para el ramo distinto del de vida en el que operen, o bien para el ramo distinto del de vida en que se exija el importe más elevado, en caso de operar en varios. c) Calcular, partiendo de las cuentas separadas, un capital mínimo obligatorio nocional en relación con su actividad de seguro de vida, determinado como si la entidad sólo ejerciera esa actividad, y un capital mínimo obligatorio nocional en relación con su actividad de seguro distinto del de vida, determinado como si la entidad sólo ejerciera esa actividad. d) Cubrir, por un importe equivalente de elementos de los fondos propios básicos admisibles, un capital mínimo obligatorio nocional referido a la actividad de seguro de vida, y un capital mínimo obligatorio nocional referido a la actividad de seguro distinto del de vida. Las obligaciones financieras mínimas referidas a la actividad de seguro de vida y la actividad de seguro distinto del de vida no podrán ser soportadas por la otra actividad. e) Una vez cumplidas las obligaciones financieras mínimas, y siempre que se informe a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la entidad podrá utilizar a efectos de la cobertura del capital de solvencia obligatorio los elementos explícitos de los fondos propios admisibles todavía disponibles para una u otra actividad. f) Los datos contables deberán establecerse de forma que muestren las fuentes de los resultados para los seguros de vida y para los seguros distintos del de vida por separado. El conjunto de los ingresos y de los gastos serán desglosados en función de su origen. Los elementos comunes a las dos actividades se contabilizarán según una clave de reparto que deberá ser aprobada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. g) Las entidades aseguradoras establecerán, sobre la base de los datos contables, un documento que muestre de forma clara los elementos correspondientes a los fondos propios básicos admisibles que cubran cada uno de los capitales mínimos obligatorios nocionales a que se refiere el apartado c). 2. En caso de insuficiencia de los elementos de los fondos propios básicos admisibles correspondientes a una de las actividades para cubrir las obligaciones financieras mínimas a que se refiere el apartado 1.c), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones aplicará a la actividad deficitaria las medidas previstas en la Ley 20/2015, de 14 de julio, con independencia de los resultados obtenidos en la otra actividad. No obstante lo dispuesto en apartado 1.d) segundo párrafo, estas medidas podrán suponer la autorización de un traspaso de elementos explícitos de los fondos propios básicos admisibles de una actividad a otra. 3. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo determinará la disolución administrativa de la entidad aseguradora, salvo que en el procedimiento administrativo de disolución ésta opte por realizar exclusivamente operaciones de seguro de vida u operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida. TITULO IV Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras CAPÍTULO I Principios generales Artículo 158. Transparencia de la actuación supervisora. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con objeto de velar por la transparencia en la supervisión, divulgará la siguiente información: a) El texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y las orientaciones generales en el ámbito de la regulación de los seguros. b) Los criterios generales y métodos, incluidas las herramientas de carácter cuantitativo necesarias en el proceso de supervisión. c) Los datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación de las normas prudenciales. d) La decisión sobre la forma de ejercicio de las opciones previstas en la normativa comunitaria. Esta decisión adoptará la forma de resolución o circular y contendrá la opción aplicable al ámbito nacional. e) Los objetivos de la supervisión y las principales funciones y actuaciones supervisoras. f) Las guías técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. La divulgación de esta información deberá permitir comparar los planteamientos en materia de supervisión aplicados en España con los adoptados por las autoridades de supervisión de los diferentes Estados miembros. 3. La información se divulgará a través del sitio web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir a las entidades y grupos supervisados una explicación de los motivos por los que en su caso se hubieran separado de las guías técnicas. Artículo 159. Información que deberá facilitarse a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 1. La información que las entidades aseguradoras y reaseguradoras y sus grupos suministrarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a efectos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, incluirá la necesaria para llevar a cabo las siguientes actuaciones: a) Para evaluar el sistema de gobierno de las entidades, la actividad que desarrollan, los principios de valoración aplicados a efectos de solvencia, los riesgos asumidos y los sistemas de gestión de riesgos, así como la estructura de su capital, sus necesidades de capital y su gestión. b) Para tomar las decisiones pertinentes en el ejercicio de las facultades de supervisión. c) Para el cumplimiento de las necesidades estadísticas y para el seguimiento de la información contable. 2. Esta información deberá ajustarse a los siguientes principios: a) Deberá reflejar la naturaleza, el tamaño y la complejidad de la actividad de la entidad y, en particular, los riesgos inherentes a dicha actividad. b) Deberá ser accesible, comparable y coherente en el tiempo y ser completa en todos sus aspectos significativos. c) Deberá ser pertinente, fiable y comprensible. 3. La información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables se ajustará a los modelos aprobados por el Ministro de Economía y Competitividad mediante orden. 4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá recabar aclaración sobre la documentación recibida al objeto de obtener la información prevista en este artículo. Artículo 160. Plazos de presentación de la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los plazos previstos en el artículo 312 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre: a) Información anual a efectos de supervisión, estadísticos y contables, así como el informe regular de supervisión. b) Información trimestral a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 2. Para la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables de grupo, los plazos previstos en el apartado 1 se ampliarán en seis semanas, conforme al artículo 373 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre, salvo en lo referente al informe sobre la evaluación interna de riesgos y de la solvencia previsto en el apartado 4. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las entidades acogidas al régimen especial de solvencia regulado en el capítulo VII del título III, solo están obligadas a remitir información trimestral a efectos de supervisión, estadísticos y contables trimestralmente cuando se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: a) Que las primas devengadas en el ejercicio por seguro directo más reaseguro aceptado superen la cifra de 1.200.000 euros. La obligación cesará cuando deje de alcanzarse el referido límite durante dos ejercicios seguidos. b) Que operen en el ramo de seguro de vida. c) Que se encuentren sometidas a procedimiento administrativo de adopción de medidas de control especial, cuando así se requiera por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de disolución, o de revocación de la autorización administrativa, o bien se encuentren en periodo de liquidación no asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros. En todo caso, las entidades acogidas al régimen especial que no resulten obligadas a remitir información trimestral a efectos de supervisión, estadísticos y contable deberán remitir con esta periodicidad los balances, la cuenta de pérdidas y ganancias y un estado de solvencia que incluya el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. En el estado de solvencia, el capital de solvencia obligatorio a considerar será el último capital de solvencia calculado. 4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras y sus grupos deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el informe sobre la evaluación interna de riesgos y su solvencia en el plazo establecido en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Artículo 161. Limitación de la presentación de información periódica a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78.6 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, en aquellos casos en que se exija la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables con una frecuencia inferior al año, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá limitar la presentación de información periódica, cuando: a) La información sea excesivamente gravosa de acuerdo con la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la entidad. b) La información sea suministrada al menos anualmente. 2. Esta limitación sólo se concederá a las entidades que, en su conjunto no representen más de un veinte por ciento del mercado de seguros y reaseguros nacional de vida y de no vida, respectivamente. La cuota de mercado de vida se calculará en función de las provisiones técnicas brutas y la cuota de mercado de los seguros distintos del de vida se calculará en función de las primas brutas emitidas. Al conceder esta limitación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá dar preferencia a las entidades de menor tamaño. 3. Esta limitación no será aplicable en el caso de que la entidad forme parte de un grupo en el sentido previsto en el artículo 132 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, salvo si la entidad puede demostrar que la información es excesivamente gravosa de acuerdo con la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo. 4. Para determinar si la presentación de información es excesivamente gravosa, en relación con la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la entidad, se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos: a) El volumen de primas, provisiones técnicas y activos de la entidad. b) La volatilidad de los siniestros y prestaciones cubiertas por la entidad. c) Los riesgos de mercado procedentes de las inversiones de la entidad. d) El nivel de concentración de los riesgos. e) El número total de ramos de seguros de vida y de seguros distintos del seguro de vida para los que se concede la autorización. f) Los posibles efectos de la gestión de activos de la entidad sobre la estabilidad financiera. g) Los sistemas y estructuras de la entidad para proporcionar la información a efectos de supervisión y la política escrita prevista en el artículo 114.4 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. h) La idoneidad del sistema de gobierno de la entidad. i) El nivel de fondos propios que cubre el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. j) Si la entidad aseguradora es cautiva, en los términos previstos en el artículo 6.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, que únicamente cubra los riesgos asociados al grupo industrial o comercial al que pertenezca. Artículo 162. Exención o limitación de la presentación de información detallada a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá eximir o limitar, de acuerdo con la delimitación de cada concepto que establezca la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, la presentación de información detallando todos los elementos, uno por uno, cuando: a) La información sea excesivamente gravosa de acuerdo con la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de la entidad. b) La presentación de la información no sea necesaria para la supervisión efectiva de la entidad. c) La exención no socave la estabilidad de los sistemas afectados de la Unión Europea. d) La entidad sea capaz de proporcionar la información a petición del supervisor. 2. En estos casos se estará a lo previsto en el artículo 161, apartados 2, 3 y 4. Artículo 163. Información sobre la limitación o exención en la presentación de información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará anualmente a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación información acerca del número de entidades de seguros y de reaseguros que se benefician de la limitación de presentación de información periódica y del número de entidades aseguradoras y reaseguradoras que se benefician de la exención o limitación de presentación de información detallando todos los elementos, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente en forma de porcentajes del volumen total de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas. Artículo 164. Supervisión de funciones y actividades externalizadas. 1. Cuando las entidades aseguradoras o reaseguradoras externalicen una función o una actividad de seguro o reaseguro, quien preste el servicio externalizado colaborará con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en relación con la supervisión de la función o actividad externalizada y facilitará la información que le sea requerida relativa a tales funciones o actividades a dicha Dirección General así como a las propias entidades aseguradoras o reaseguradoras y a sus auditores de cuentas. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que externalicen funciones o actividades adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se cumplan las citadas obligaciones de información y acceso por parte de quien les preste el servicio externalizado. 2. Cuando los locales de quienes presten el servicio externalizado se encuentren en otro Estado miembro, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones realizará las actuaciones de supervisión en esos locales, por sí misma o por medio de personas que designe para ello, previo informe a las autoridades competentes del citado Estado miembro. Cuando quien preste el servicio no esté sujeto a un régimen específico de supervisión, se informará a las autoridades de supervisión de seguros de dicho Estado. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá delegar la realización de tales actuaciones en las autoridades de supervisión del Estado miembro en que se sitúe el proveedor del servicio, si así se acordara entre ambas autoridades. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunique a las autoridades de supervisión del Estado miembro de acogida que tiene la intención de realizar una inspección con arreglo a este apartado, y cuando en la práctica se le prohíba ejercer su derecho a realizar dicha inspección, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. Esta autoridad tendrá derecho a participar en las inspecciones cuando sean efectuadas de forma conjunta por dos o más autoridades de supervisión. Artículo 165. Actuaciones inspectoras sobre la presencia permanente de las entidades aseguradoras. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá realizar actuaciones inspectoras en los lugares en los que una entidad aseguradora desarrolle actividad en España en régimen de libre prestación de servicios, para comprobar si la estructura de la organización de la que, en su caso, disponga la entidad en España es asimilable a una presencia permanente y, por tanto, al régimen de derecho de establecimiento. CAPÍTULO II Supervisión financiera Artículo 166. Contenido de la supervisión financiera. En el desarrollo de la supervisión financiera establecida en el artículo 117 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se revisará y evaluará el cumplimiento de los siguientes aspectos: a) El sistema de gobierno de la entidad, incluida la evaluación interna de riesgos y solvencia. b) Las provisiones técnicas. c) Los requisitos de capital. d) Las normas de inversión. e) Las características cualitativas y cuantitativas de los fondos propios f) Los requisitos aplicados a los modelos internos completos y parciales, cuando la entidad los utilice. CAPÍTULO III Supervisión por inspección Artículo 167. Personal inspector. 1. Las actuaciones de inspección de seguros se realizarán por los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 2. Los funcionarios pertenecientes a cuerpos técnicos de la Administración General del Estado y a cuerpos superiores y técnicos de sistemas y tecnología de la información de la Administración General del Estado podrán colaborar con el inspector o inspectores actuantes siempre que desempeñen puestos de trabajo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y figuren designados en el acuerdo a que se refiere el artículo 168. 3. La firma del acta de inspección contemplada en el artículo 172, ya sea previa o definitiva, corresponderá a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Artículo 168. Iniciación del procedimiento de supervisión por inspección. 1. El procedimiento administrativo de supervisión por inspección se iniciará mediante acuerdo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que se notificará a la entidad o a la persona inspeccionada. 2. En dicho acuerdo se identificará a quienes se encomienden las actuaciones inspectoras y se hará constar el objeto de las comprobaciones a desarrollar. Artículo 169. Desarrollo de las actuaciones inspectoras. 1. Cuando las actuaciones inspectoras se desarrollen en el domicilio social, agencias, sucursales, delegaciones, oficinas, locales, o en cualquier otro lugar donde se desarrolle actividad de la entidad o persona inspeccionada o se encuentre la documentación requerida, ésta pondrá a disposición de la inspección el espacio físico y los medios auxiliares necesarios para facilitar la realización de las citadas actuaciones. 2. La inspección podrá requerir a la entidad o persona inspeccionada que envíe comunicaciones a terceros solicitando aclaraciones o informaciones con la finalidad de confirmar saldos o determinar la veracidad de los hechos manifestados por la entidad o persona inspeccionada, la autenticidad de los documentos exhibidos a la inspección, o el alcance y las consecuencias de determinadas operaciones. La inspección podrá exigir que el texto de la comunicación cuente con su autorización y que, en su caso, la contestación a la misma sea remitida directamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 3. Las autoridades, los responsables de oficinas o dependencias públicas y quienes en general ejerzan funciones públicas deberán prestar a la inspección, a instancia de ésta o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el apoyo, concurso, auxilio y protección que sean precisos. Artículo 170. Excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora. 1. Se considerará excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora toda acción u omisión de la entidad o personas con quienes se entiendan las actuaciones, que tienda a dilatar indebidamente, entorpecer o impedir éstas. 2. En particular, se considerará excusa, negativa o resistencia a la actuación inspectora: a) Las actuaciones que tiendan a dificultar la entrega inmediata al representante de la entidad o a la persona inspeccionada, o a sus agentes o empleados, del acuerdo de iniciación del procedimiento de supervisión por inspección, de las diligencias extendidas durante la actividad inspectora, de las actas previas o definitivas, o de cualquier comunicación escrita de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o de los funcionarios a quienes se encomienden las actuaciones de comprobación. b) La incomparecencia de la persona requerida por la inspección, con arreglo a las leyes vigentes, en el lugar, día y hora que se le hubiese señalado en tiempo y forma para la iniciación, desarrollo o terminación de las actuaciones, salvo que medie causa suficiente que sea debidamente justificada. c) La negativa a exhibir los libros, registros y documentos de llevanza y conservación obligatorias. d) La omisión o negativa a facilitar los datos, informes, justificantes y antecedentes que sean requeridos por la inspección, así como la alteración o manipulación de los mismos. e) Negar o dificultar indebidamente el acceso o la permanencia de la inspección en el domicilio social, las agencias, sucursales, locales y oficinas donde se desarrolle actividad de la entidad o persona inspeccionada o se encuentre la documentación requerida, así como obstaculizar la localización de dichos lugares. f) Las actitudes que supongan amenazas o coacciones a la inspección, o que dilaten indebidamente las comprobaciones inspectoras. Artículo 171. Diligencias. 1. La inspección podrá extender diligencias para hacer constar los hechos o circunstancias que se pongan de manifiesto durante el curso de las actuaciones inspectoras, las manifestaciones de las personas con quienes se entienden dichas actuaciones, así como la formulación de requerimientos a la entidad o persona inspeccionada. 2. De las diligencias que extienda la inspección se entregará un ejemplar a la persona con quien se entiendan las actuaciones. Si ésta se negare a recibirla, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en derecho, y si se negare a firmar la diligencia, o no pudiera, se hará constar en la misma esta circunstancia, sin perjuicio de la entrega a dicha persona del duplicado correspondiente. Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de una persona con quien se entiendan tales actuaciones, o dicha persona se encontrare ausente, la diligencia se firmará únicamente por la inspección, y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a derecho. Artículo 172. Formalización del acta de inspección. 1. El acta reflejará su carácter de previa o definitiva, se extenderá por duplicado y se firmará por el representante legal de la entidad inspeccionada o por persona con poder suficiente para ello o, en su caso, por la persona inspeccionada, y por los funcionarios a que se refiere el artículo 167.2, designados en el acuerdo, debiendo ambas partes rubricar todas las hojas de los dos ejemplares del cuerpo principal del acta de inspección que se extienda. La firma del acta por la entidad o persona inspeccionada, salvo que medie declaración expresa en contrario, no equivaldrá a su conformidad con los hechos, ni con su valoración y conclusiones recogidas en la misma. 2. Uno de los ejemplares del acta se entregará al firmante de la misma. En caso de negativa a firmar el acta o a la recepción de la misma, los inspectores lo harán constar por escrito y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones notificará el acta en el domicilio de la entidad o persona inspeccionada. Si se rechazase la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 3. El acta de inspección incluirá una relación de los anexos que formen parte de la misma, y la inspección entregará, junto con el cuerpo principal del acta de inspección, una copia de los mismos, salvo en el supuesto de que el anexo incluya exclusivamente documentación aportada en el transcurso de las actuaciones inspectoras por la entidad o persona inspeccionada, en cuyo caso se hará constar dicha circunstancia en la relación de anexos. Artículo 173. Terminación de las actuaciones inspectoras. Las actuaciones inspectoras concluirán: a) Con el levantamiento del acta de inspección definitiva. b) Por el transcurso de 6 meses sin actuación inspectora alguna, por causas no imputables a la entidad o persona inspeccionada. c) Por acuerdo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones notificado a la entidad o persona inspeccionada en virtud del cual no se estime necesario continuar las comprobaciones inspectoras. Artículo 174. Deber de comunicación. Los representantes legales de las entidades inspeccionadas deberán dar cuenta del acta de inspección y de la resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones al órgano de administración en la primera reunión que celebre después de aquéllas. Igualmente deberán dar cuenta de tales documentos a la Junta general o Asamblea general cuando así lo disponga la citada resolución. TÍTULO V Supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras CAPÍTULO I Ejercicio de la supervisión de grupos Artículo 175. Asunción de la función de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en supuestos especiales. 1. Aun no dándose las circunstancias indicadas en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las autoridades de supervisión afectadas, previa solicitud de cualquiera de ellas, podrán decidir conjuntamente que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones asuma las funciones de supervisor de grupo, cuando dicha atribución resultara adecuada, habida cuenta de la estructura del grupo y la importancia relativa de las actividades desarrolladas por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en diferentes países. A estos efectos, cualquiera de las autoridades de supervisión afectadas podrá solicitar que se abra un debate para decidir si la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, resulta adecuada. Este debate sólo podrá celebrase una vez al año. La asunción de las funciones de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, fuera de los casos indicados en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, requerirá decisión conjunta del colegio de supervisores adoptada en los tres meses siguientes a la solicitud del debate. Antes de adoptar una decisión, las autoridades de supervisión afectadas darán al grupo la oportunidad de manifestar su opinión. En caso de ser designada supervisor de grupo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante resolución, notificará al grupo la decisión conjunta plenamente motivada. Si, dentro de este plazo de tres meses, alguna de dichas autoridades hubiera remitido el asunto a la Autoridad Europea de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, se aplazará la decisión conjunta hasta el pronunciamiento de ésta, que deberá adoptar su decisión en el plazo de un mes desde la remisión. La posterior decisión conjunta será definitiva, se tomará motivadamente de conformidad con el pronunciamiento de la Autoridad Europea de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación y se notificará al grupo y al colegio de supervisores por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el caso de que hubiera sido designada supervisor de grupo. El asunto no se remitirá a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación una vez finalizado el plazo de tres meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta. 2. Si no se hubiera alcanzado una decisión conjunta entre todas las autoridades de supervisión, esta función será ejercida por la autoridad de supervisión determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 176. Excepciones a la asunción de la función de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 1. Aun concurriendo las circunstancias indicadas en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las autoridades de supervisión afectadas, previa solicitud de cualquiera de ellas, podrán adoptar una decisión conjunta para que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no asuma las funciones de supervisor de grupo, cuando su asunción fuera inadecuada, habida cuenta de la estructura del grupo y la importancia relativa de las actividades desarrolladas por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en diferentes países. A estos efectos, cualquiera de las autoridades de supervisión afectadas podrá solicitar que se abra un debate para decidir si la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio resulta adecuada. Este debate sólo podrá celebrase una vez al año. La no asunción de las funciones de supervisor de grupo requerirá decisión conjunta de las autoridades de supervisión afectadas, adoptada en el plazo de tres meses desde que cualquiera de las autoridades planteara el debate. Antes de adoptar una decisión, las autoridades de supervisión afectadas darán al grupo la oportunidad de manifestar su opinión. El supervisor de grupo designado notificará al grupo la decisión conjunta plenamente motivada. Si, dentro de este plazo de tres meses, alguna de dichas autoridades hubiera remitido el asunto a la Autoridad Europea de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, se aplazará la decisión conjunta hasta el pronunciamiento de ésta, que deberá adoptar su decisión en el plazo de un mes desde la remisión. La posterior decisión conjunta será definitiva, se tomará motivadamente de conformidad con el pronunciamiento de la Autoridad Europea de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación y se notificará al grupo y al colegio de supervisores por el supervisor de grupo designado. El asunto no se remitirá a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación una vez finalizado el plazo de tres meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta. 2. Si finalmente no se hubiera alcanzado una decisión conjunta entre todas las autoridades de supervisión afectadas para establecer una excepción a los criterios contemplados en el artículo 134.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá la función de supervisor de grupo. Artículo 177. Colegios de Supervisores. 1. A fin de facilitar el ejercicio de las tareas de supervisión de grupo, se establecerá un colegio de supervisores. Entre los miembros del colegio de supervisores se incluirán el supervisor de grupo, las autoridades de supervisión de todos los Estados miembros en los que esté situado el domicilio social de todas las entidades filiales y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Será presidido por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea el supervisor de grupo. Las autoridades de supervisión de las sucursales importantes y de las entidades vinculadas estarán autorizadas a participar también en el colegio de supervisores. No obstante, su participación estará limitada sólo a lograr el objetivo de un intercambio eficaz de información. El funcionamiento efectivo del colegio de supervisores podrá requerir que un número reducido de autoridades de supervisión dentro del mismo lleven a cabo determinadas actividades. El colegio de supervisores velará por que los procesos de cooperación, intercambio de información y consulta entre las autoridades de supervisión del colegio de supervisores se apliquen con arreglo al título V de la Ley 20/2015, de 14 de julio, con vistas a promover la convergencia de sus respectivas decisiones y actividades. 2. Cuando el supervisor de grupo no desempeñe las tareas a que se refiere el artículo 135.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, o cuando los miembros del colegio de supervisores no cooperen en la medida exigida en dicho apartado, cualquiera de las autoridades de supervisión afectadas podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. 3. Sin perjuicio de otras medidas que se puedan adoptar conforme a la normativa aplicable, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones basará la creación y funcionamiento de los colegios de supervisores en los que participe en acuerdos de coordinación celebrados con las otras autoridades de supervisión afectadas por la supervisión de un grupo de entidades aseguradoras o reaseguradoras. En caso de divergencia de puntos de vista respecto de los acuerdos de coordinación, cualquiera de los miembros del colegio de supervisores podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, adoptará su decisión definitiva de conformidad con la decisión de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la transmitirá a las demás autoridades de supervisión afectadas. 4. Sin perjuicio de otras medidas que se deriven de la aplicación de la normativa comunitaria europea, los acuerdos de coordinación, especificarán los procedimientos para la adopción de decisiones en cuanto a la aprobación de modelos internos de grupo, la exigencia de capital adicional y el ejercicio de las funciones de los supervisores de grupo, la consulta a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, en los casos en que proceda, y la consulta entre autoridades y cooperación entre ellas. 5. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones asignados por la Ley 20/2015, de 14 de julio, su normativa de desarrollo y la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, al supervisor de grupo y a otras autoridades supervisoras, los acuerdos de coordinación podrán encomendar tareas adicionales al supervisor de grupo, a las demás autoridades de supervisión o a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, si de ello se deriva una supervisión más eficiente del grupo y no se obstaculizan las actuaciones de supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con respecto a las funciones que le encomienda de forma individual la mencionada normativa. 6. En el caso de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sea supervisor de grupo, trasmitirá a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación la información sobre el funcionamiento del colegio de supervisores y cualesquiera otras dificultades encontradas en el mismo que sean relevantes de cara a las revisiones que haga la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no sea supervisor de grupo velará porque dicho supervisor de grupo remita a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación la anterior información. Artículo 178. Acceso a la información y verificación. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, podrá limitar la información exigida a efectos de supervisión a nivel grupo con una frecuencia inferior al año, cuando todas las entidades aseguradoras y reaseguradores del grupo disfruten de la limitación de conformidad con el artículo 161, teniendo en cuenta la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo podrá eximir de la presentación de información detallando todos los elementos, uno por uno, a nivel de grupo, cuando todas las entidades aseguradoras y reaseguradores del grupo, disfruten de la exención de conformidad con el artículo 162, teniendo en cuenta la naturaleza, tamaño y complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del grupo y el objetivo de estabilidad financiera. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará anualmente a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación información acerca del número de grupos que se benefician de la limitación de presentación de información periódica a efectos de supervisión y el número de grupos que se benefician de la exención de presentación de información detallando todos los elementos, uno por uno a que se refiere este apartado, junto con su volumen de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos, medidos respectivamente en forma de porcentajes del volumen total de requisitos de capital, primas, provisiones técnicas y activos de todos los grupos. 2. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considera pertinente verificar la información referida a una entidad que forme parte de un grupo, ya sea o no regulada, y esté domiciliada en otro Estado miembro, deberá solicitar a las autoridades de supervisión de ese Estado miembro que efectúen la verificación. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá realizar directamente la verificación de esa entidad en el Estado miembro donde esté domiciliada, previa autorización de la autoridad supervisora de ese Estado. En todo caso, podrá participar en la verificación cuando no proceda directamente a ella. Cuando no se haya dado curso, en un plazo de dos semanas, a la solicitud presentada a otra autoridad de supervisión para que efectúe una verificación con arreglo al presente apartado, o cuando en la práctica se prohíba a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercer su derecho a participar con arreglo al párrafo anterior, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. 3. Cuando la autoridad supervisora de otro Estado miembro considere pertinente verificar la información referida a una entidad, sea o no regulada, que forme parte de un grupo y esté domiciliada en España, deberá solicitarlo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dentro de sus competencias, efectuará la verificación directamente o autorizando a la autoridad supervisora que le solicitó la verificación a efectuarla ella misma, que, en todo caso, podrá participar en la verificación cuando no proceda a hacerla directamente. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará al supervisor de grupo de la decisión adoptada. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación está facultada para participar en las verificaciones cuando sean efectuadas de forma conjunta por dos o más autoridades de supervisión. Artículo 179. Cooperación e intercambio de información entre las autoridades de supervisión. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones colaborará con las autoridades supervisoras de las entidades aseguradoras y reaseguradoras individuales dentro de un grupo y con el supervisor de grupo, en particular en los casos en que una entidad aseguradora o reaseguradora del grupo afronte dificultades financieras. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones facilitará sin demora a las demás autoridades supervisoras afectadas, y demandará de éstas, toda información pertinente tan pronto como esté disponible o intercambiarán información, previa solicitud, para permitir y facilitar el ejercicio de las labores de supervisión respectivas. La información a comunicar deberá incluir, al menos, la referente a actuaciones del grupo y de las autoridades supervisoras, y la información proporcionada por el grupo. Cuando una autoridad de supervisión no haya comunicado la información pertinente o cuando una solicitud de cooperación y, en particular, de intercambio de la información pertinente, se haya denegado o no se haya dado curso a la misma en un plazo de dos semanas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ). CAPÍTULO II Situación financiera del grupo Sección 1.ª Solvencia de grupo Subsección 1.ª Principios generales Artículo 180. Supervisión de la solvencia de grupo 1. El cálculo de la solvencia del grupo se realizará al menos anualmente y la información sobre el mismo se presentará, con la periodicidad que se determine en las normas que resulten de aplicación, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea el supervisor de grupo por la entidad participante o, en caso de que el grupo no esté encabezado por una entidad aseguradora o reaseguradora, por la sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera o por la entidad del grupo que determine la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones previa consulta a las demás autoridades de supervisión afectadas y al propio grupo. 2. Las entidades obligadas conforme al apartado anterior, deberán mantener un control permanente del capital de solvencia obligatorio del grupo. En caso de que el perfil de riesgo del grupo se aparte significativamente de las hipótesis en las que se basa el último cálculo del capital de solvencia obligatorio de grupo notificado, se procederá inmediatamente a un nuevo cálculo del capital de solvencia obligatorio y a su presentación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo. Cuando haya indicios de que el perfil de riesgo del grupo ha variado significativamente desde la última información presentada sobre el capital de solvencia obligatorio del grupo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como supervisor de grupo, requerirá que dicho capital de solvencia obligatorio vuelva a calcularse. 3. En caso de insuficiencia de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio o cuando exista riesgo de insuficiencia en los tres meses siguientes, se aplicará lo dispuesto en los artículos 156, 160 y 166 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. La entidad participante, deberá comunicar esta circunstancia, tan pronto como sea posible, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea supervisor de grupo, quién informará a las demás autoridades de supervisión afectadas. Artículo 181. Informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo. 1. Antes de dar su autorización para la elaboración de un solo informe que comprenda la información sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo y a nivel de cualquiera de las filiales integrantes del grupo, que debe ser identificable individualmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará a las otras autoridades supervisoras afectadas y tendrá en consideración sus observaciones y reservas. El plazo máximo para resolver será de seis meses. 2. Si el informe único a que se refiere el apartado 1 no incluye información que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, u otra autoridad supervisora que haya autorizado a la filial dentro del grupo, exija de entidades comparables, y si esa omisión se considera significativa, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o la otra autoridad de supervisión podrán exigir a la filial afectada que revele la información adicional necesaria. 3. El informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo estará sometido a revisión. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones determinará a través de circular el contenido del informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia, y el responsable de su elaboración. Artículo 182. Publicidad de la estructura del grupo. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades de cartera de seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera, publicarán en sus páginas web con periodicidad anual, a nivel de grupo, la estructura jurídica y la estructura de gobernanza y organizativa, incluida una descripción de todas las filiales, sociedades vinculadas materiales y sucursales significativas que pertenezcan al grupo. En caso de no disponer de página web, las entidades anteriores deberán enviar una copia electrónica de esta información a quien lo solicite, en un plazo máximo de diez días. La solicitud podrá estar referida a la información de los últimos cinco años como máximo. Subsección 2.ª Métodos de cálculo Artículo 183. Método basado en la consolidación contable. 1. El cálculo de la solvencia de grupo de la entidad aseguradora o reaseguradora participante se efectuará a partir de las cuentas consolidadas. La solvencia de grupo de la entidad aseguradora o reaseguradora participante resultará de la diferencia entre las siguientes magnitudes: a) Los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio, calculados a partir de los datos consolidados; y b) El capital de solvencia obligatorio a nivel de grupo, calculado a partir de los datos consolidados (capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado). En el cálculo de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio y en el del capital de solvencia obligatorio a nivel de grupo basado en datos consolidados, se aplicará lo dispuesto en las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo II del título III de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. El capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado, se calculará con arreglo, bien a la fórmula estándar, o bien a un modelo interno aprobado. 3. El capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado está integrado, como mínimo, por la suma de lo siguiente: a) El capital mínimo obligatorio de la entidad aseguradora o reaseguradora participante; y b) La parte proporcional del capital mínimo obligatorio de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas. Dicho mínimo deberá estar cubierto por fondos propios básicos admisibles en los términos del artículo 78.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. A fin de determinar si los citados fondos propios admisibles pueden considerarse aptos para cubrir el capital mínimo de solvencia obligatorio de grupo consolidado se aplicarán, con las adaptaciones necesarias, los principios establecidos en los artículos 187 a 196. Asimismo, será de aplicación, con las adaptaciones necesarias, lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 184. Modelo interno del grupo consolidado y de las entidades aseguradoras y reaseguradoras del grupo. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su función de supervisor de grupo, informará a las demás autoridades de supervisión miembros del colegio de supervisores afectadas acerca de la solicitud de autorización de un modelo interno de grupo y les remitirá la solicitud completa tan pronto como ésta se presente. Cooperará con ellas para adoptar una posición conjunta acerca de si procede o no conceder dicha autorización y determinar las condiciones, en su caso, a las que ésta quede supeditada, en un plazo no superior a seis meses a contar desde la fecha en que haya recibido la solicitud completa. Si, en el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, cualquiera de las autoridades de supervisión afectadas hubiera remitido el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, el Ministro de Economía y Competitividad, aplazará su decisión a la espera de la que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación pueda adoptar y resolverá de conformidad con la decisión de ésta. Esta decisión se considerará definitiva y habrá de ser aplicada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y por el resto de las autoridades de supervisión afectadas. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación adoptará su decisión en el plazo de un mes. No obstante lo anterior, si la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, rechazase la decisión propuesta por el panel independiente, creado por la Junta de Supervisores para facilitar una solución imparcial a las diferencias entre las autoridades de supervisión afectadas, el Ministro de Economía y Competitividad adoptará la decisión final. Esta decisión se considerará definitiva y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. El asunto no se remitirá a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación una vez finalizado el plazo de seis meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta. Cuando todas las autoridades de supervisión afectadas hayan adoptado la posición conjunta a que se refiere párrafo segundo del presente apartado, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como supervisor de grupo, lo comunicará al solicitante. 2. En ausencia de una posición conjunta de las autoridades de supervisión afectadas en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hubiese recibido la solicitud completa, el Ministro de Economía y Competitividad deberá resolver sobre la solicitud, teniendo en cuenta las posibles observaciones o reservas manifestadas por las demás autoridades de supervisión afectadas durante el plazo establecido en el apartado 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará al solicitante y a las demás autoridades de supervisión afectadas la decisión adoptada. Esta decisión se considerará definitiva y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. 3. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que el perfil de riesgo de una entidad aseguradora o reaseguradora, de cuya supervisión sea responsable, se aparta significativamente de las hipótesis en que se basa el modelo interno que haya sido autorizado a nivel de grupo, y en tanto la entidad considerada no haya respondido adecuadamente a los requerimientos que se le hayan efectuado, podrá, de conformidad con el artículo 65, exigir a dicha entidad aseguradora o reaseguradora un capital adicional al capital de solvencia obligatorio que se derive de la aplicación del referido modelo interno. En circunstancias excepcionales en las que resulte inapropiada la exigencia de capital adicional, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a la entidad considerada que calcule su capital de solvencia obligatorio con arreglo a la fórmula estándar. De conformidad con el artículo 65, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir a la entidad aseguradora o reaseguradora un capital adicional al capital de solvencia obligatorio derivado de aplicar la fórmula estándar. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará la resolución motivada que contenga su decisión tanto a la entidad aseguradora o reaseguradora como al resto de los supervisores de grupo. Artículo 185. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional de grupo consolidado. Para determinar si el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado refleja adecuadamente el perfil de riesgo del grupo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, vigilará la posibilidad de que se planteen a nivel de grupo las situaciones previstas en el artículo 65, en particular cuando: a) cualquier riesgo específico existente a nivel de grupo no quede suficientemente cubierto por la fórmula estándar o el modelo interno utilizado, debido a que sea difícil de cuantificar; b) se exija por las autoridades de supervisión afectadas un capital adicional sobre el capital de solvencia obligatorio de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas. En tales supuestos será de aplicación, con las adaptaciones necesarias, lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 186. Método de deducción y agregación. 1. Cuando se emplee el método de deducción y agregación, la solvencia de grupo de la entidad aseguradora o reaseguradora participante será la diferencia entre las siguientes magnitudes: a) Los fondos propios admisibles de grupo agregados, con arreglo a lo previsto en el apartado 2; y b) El valor, en la entidad aseguradora o reaseguradora participante, de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas y el capital de solvencia obligatorio de grupo agregado, calculado conforme a lo previsto en el apartado 3. 2. Los fondos propios admisibles de grupo agregado serán la suma de lo siguiente: a) Los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de la entidad aseguradora o reaseguradora participante; y b) La parte proporcional de la entidad aseguradora o reaseguradora participante en los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas. 3. El capital de solvencia obligatorio de grupo agregado será la suma de lo siguiente: a) El capital de solvencia obligatorio de la entidad aseguradora o reaseguradora participante; y b) La parte proporcional del capital de solvencia obligatorio de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas. 4. Cuando la participación en las empresas de seguros o de reaseguros vinculadas consista, total o parcialmente, en una propiedad indirecta, el valor en la empresa de seguros o de reaseguros participante de las empresas de seguros o de reaseguros vinculadas incorporará el valor de dicha propiedad indirecta, teniendo en cuenta las participaciones sucesivas pertinentes, y los elementos contemplados en el apartado 2, letra b), y el apartado 3, letra b), incluirán, respectivamente, las correspondientes partes proporcionales de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de las empresas de seguros o de reaseguros vinculadas y del capital de solvencia obligatorio de las empresas de seguros o de reaseguros vinculadas. 5. En caso de que se solicite autorización para calcular el capital de solvencia obligatorio de las empresas de seguros y de reaseguros del grupo, con arreglo a un modelo interno presentado, bien por una empresa de seguros o de reaseguros y sus empresas vinculadas, o bien conjuntamente por las empresas vinculadas a una sociedad de cartera de seguros o a una sociedad financiera mixta de cartera, se aplicará, con las adaptaciones necesarias el artículo 147 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y el artículo 184 de este real decreto. 6. A la hora de determinar si el capital de solvencia obligatorio de grupo agregado, calculado con arreglo a lo previsto en el apartado 3, refleja adecuadamente el perfil de riesgo del grupo, las autoridades de supervisión afectadas prestarán particular atención a todo riesgo específico existente a nivel de grupo que no quede suficientemente cubierto, debido a su difícil cuantificación. En caso de que el perfil de riesgo del grupo se aparte significativamente de las hipótesis en las que se basa el capital de solvencia obligatorio de grupo agregado, podrá imponerse un incremento sobre el capital de solvencia obligatorio de grupo agregado. En estos supuestos será de aplicación, con las adaptaciones necesarias, lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 187. Inclusión de la participación proporcional. 1. En el cálculo de la solvencia de grupo, se tendrá en cuenta la participación proporcional que posea la entidad participante en sus entidades vinculadas. Esta participación proporcional corresponderá: a) Si se emplea el método de consolidación contable, a los porcentajes utilizados para confeccionar las cuentas consolidadas; o b) Si se emplea el método de deducción y agregación, a la proporción de capital suscrito que posea, directa o indirectamente, la entidad participante. No obstante, y con independencia del método aplicado, cuando la entidad vinculada sea una entidad filial y no disponga de fondos propios admisibles en cuantía suficiente para cubrir el capital de solvencia obligatorio, habrá de computarse el total del déficit de solvencia de la filial. Cuando a juicio de las autoridades de supervisión, la responsabilidad de la entidad matriz que posea una participación en el capital se limite estrictamente a dicha participación, el supervisor de grupo podrá permitir que el déficit de solvencia de la entidad filial se tenga en cuenta de manera proporcional. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, determinará, previa consulta a las demás autoridades de supervisión y al propio grupo, la participación proporcional que haya de computarse en los siguientes casos: a) Cuando no existan vínculos de capital entre algunas de las entidades de un grupo; b) Cuando las autoridades de supervisión hayan determinado que la posesión, directa o indirecta, de derechos de voto o de capital de una entidad debe asimilarse a una participación, por ejercerse efectivamente sobre esa entidad, en su opinión, una influencia notable; c) Cuando las autoridades de supervisión hayan determinado que una entidad es entidad matriz de otra porque, en su opinión, la primera ejerce de manera efectiva una influencia dominante en esa otra entidad. Artículo 188. Supresión del doble cómputo de los fondos propios admisibles. 1. No se permitirá el doble cómputo de los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio entre las distintas entidades aseguradoras o reaseguradoras que se hayan tenido en cuenta en ese cálculo. A tal efecto, en el cálculo de la solvencia de grupo y en caso de que no esté previsto en los métodos previstos en los artículos 183 y 186, se excluirán los importes siguientes: a) El valor de todo activo de la entidad aseguradora o reaseguradora participante que represente la financiación de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de una de sus entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas; b) El valor de todo activo de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante que represente la financiación de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de dicha entidad aseguradora o reaseguradora participante; c) El valor de todo activo de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante que represente la financiación de fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de cualquier otra entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a dicha entidad aseguradora o reaseguradora participante. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los elementos que se mencionan a continuación sólo podrán computarse en la medida en que sean admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de la entidad vinculada considerada: a) Los fondos excedentarios de una entidad aseguradora o reaseguradora de vida, vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante, respecto de la cual se calcule la solvencia de grupo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y 59 de este real decreto; b) Todo capital suscrito y no desembolsado de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante respecto de la cual se calcule la solvencia de grupo. No obstante, se excluirán en todo caso del cálculo los siguientes elementos: a) Todo capital suscrito y no desembolsado que represente una obligación potencial para la entidad participante; b) Todo capital suscrito y no desembolsado de la entidad aseguradora o reaseguradora participante que represente una obligación potencial para la entidad aseguradora o reaseguradora vinculada; c) Todo capital suscrito y no desembolsado de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada que represente una obligación potencial para otra entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la misma entidad aseguradora o reaseguradora participante. 3. Cuando las autoridades de supervisión consideren que determinados fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada, distintos de los contemplados en el apartado 2, no pueden estar realmente disponibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de la entidad de aseguradora o reaseguradora participante respecto de la cual se calcule la solvencia de grupo, dichos fondos propios sólo podrán computarse en la medida en que sean admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de la entidad vinculada. 4. La suma de fondos propios contemplados en los apartados 2 y 3 no podrá superar el capital de solvencia obligatorio de la entidad aseguradora o reaseguradora vinculada. 5. Los fondos propios admisibles de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante respecto de la cual se calcule la solvencia de grupo, que estén sujetos a la autorización previa de las autoridades de supervisión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 72.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, sólo podrán computarse en la medida en que hayan sido debidamente autorizados por las autoridades responsables de la supervisión de dicha entidad vinculada. Artículo 189. Supresión de la creación de capital intragrupo. 1. En el cálculo de la solvencia de grupo, no se tomarán en consideración aquellos fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio que procedan de una financiación recíproca entre la entidad aseguradora o reaseguradora participante y cualquiera de las siguientes: a) Una empresa vinculada; b) Una empresa participante; c) Otra empresa vinculada a cualquiera de sus empresas participantes 2. En el cálculo de la solvencia de grupo no se tendrán en cuenta los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada a la entidad aseguradora o reaseguradora participante respecto de la cual se calcule la solvencia del grupo, cuando los fondos propios considerados procedan de una financiación recíproca con cualquier otra entidad vinculada a dicha entidad de seguros o reaseguros participante. 3. Se considerará que existe financiación recíproca, como mínimo, cuando una entidad aseguradora o reaseguradora, o cualquiera de sus entidades vinculadas, posea participaciones en otra entidad que, directa o indirectamente, posea fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio de la primera entidad, o bien conceda préstamos a esta otra entidad. Artículo 190. Valoración. Los activos y los pasivos se valorarán con arreglo a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Subsección 3.ª Cálculo de la solvencia de grupo según el tipo de entidad vinculada Artículo 191. Entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas. El cálculo de la solvencia de grupo se realizará integrando los importes correspondientes a cada una de las entidades aseguradoras o reaseguradoras vinculadas. Cuando una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada tenga su domicilio social en otro Estado miembro, en el cálculo de la solvencia de grupo se tomará en consideración, respecto de la entidad vinculada, el capital de solvencia obligatorio y los fondos propios admisibles para cubrirlo que establezca ese otro Estado miembro. Artículo 192. Equivalencia respecto de entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. 1. A efectos del cálculo de la solvencia de grupo por el método de deducción-agregación de una entidad aseguradora o reaseguradora participante en una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país, esta última será tratada como una entidad vinculada. No obstante, cuando el tercer país en el que tenga su domicilio social dicha entidad sujete a ésta a autorización administrativa previa y a un régimen de solvencia equivalente, como mínimo, al establecido para las entidades aseguradoras y reaseguradoras de la Unión Europea, en el cálculo de la solvencia de grupo se tomará en consideración, respecto de dicha entidad, el capital de solvencia obligatorio y los fondos propios admisibles para cubrirlo que establezca el tercer país considerado. 2. Se verificará la equivalencia del régimen prudencial, de acuerdo con los apartados siguientes: a) Esta equivalencia será determinada por la Comisión Europea en base a los criterios que ésta especifique, con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. El listado de regímenes prudenciales equivalentes será publicado por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación en su sitio web y se mantendrá actualizado. Las decisiones de la Comisión se revisarán periódicamente con objeto de mantenerse actualizadas para atender a cualquier modificación sustancial del régimen de supervisión de la Unión Europea y del régimen de supervisión del tercer país. b) Cuando no se cumplan todos los criterios establecidos en el apartado a), la equivalencia puede ser determinada de forma temporal por la Comisión Europea, con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de acuerdo con los criterios que se establezcan en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. El listado de los terceros países para los que se ha determinado un régimen de solvencia temporalmente equivalente será publicado por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación en su sitio web y se mantendrá actualizado. Las decisiones de la Comisión se revisarán regularmente con objeto de mantenerse actualizadas con los informes de los progresos realizados por el tercer país, que serán presentados a la Comisión anualmente para su evaluación con la ayuda de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. El régimen de equivalencia temporal será de diez años o concluirá cuando dicha decisión sea revocada o en la fecha en que, de conformidad con el apartado a), el régimen prudencial de ese tercer país se considere equivalente, si esta última fecha es anterior. El régimen de equivalencia temporal estará sujeto a renovaciones por períodos adicionales de diez años cuando la Comisión Europea lo determine con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. c) Cuando no se haya adoptado ninguna decisión con arreglo a los apartados a) y b), corresponderá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo verificar, de oficio o a instancia de la entidad participante la equivalencia del régimen de solvencia del tercer país. Al proceder a dicha verificación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará, con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, a las demás autoridades de supervisión afectadas, antes de adoptar una decisión en cuanto a la equivalencia. Esta decisión se tomará de acuerdo con los criterios adoptados por la Comisión Europea con arreglo al apartado a), así como con las decisiones previas adoptadas bilateralmente con respecto a ese tercer país, excepto cuando sea necesario atender a modificaciones sustanciales introducidas en el régimen de supervisión español o en el régimen de supervisión de ese tercer país. En caso de desacuerdo entre las autoridades de supervisión en cuanto a la decisión sobre la equivalencia adoptada, se podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la decisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, cuando actúe como supervisor de grupo. Artículo 193. Determinación de la equivalencia temporal respecto de entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. Tal y como se establece en el apartado 2.b) del artículo anterior, cuando no se cumplan todos los criterios establecidos en el apartado 2.a) del citado artículo, la equivalencia de un tercer país puede ser determinada de forma temporal por la Comisión Europea, con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación de acuerdo con los siguientes criterios: a) ese tercer país puede demostrar que existe actualmente en vigor un régimen de solvencia que puede considerarse equivalente o, en su caso, que puede ser adoptado y aplicado por ese tercer país b) el tercer país tiene un régimen de solvencia basado en el riesgo y establece requisitos de solvencia cuantitativos y cualitativos, así como requisitos en relación con la información presentada a efectos de supervisión y transparencia c) la legislación vigente del tercer país permite, en principio, la cooperación e intercambio de información confidencial de supervisión con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y con las autoridades de supervisión definidas en el artículo 7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio; d) el tercer país dispone de un sistema independiente de supervisión; e) el tercer país ha establecido una obligación de secreto profesional para todas las personas que actúan en nombre de sus autoridades de supervisión. Artículo 194. Sociedades de cartera de seguros intermedias y sociedades financieras mixtas de cartera intermedias. 1. Al calcular la solvencia de grupo de una entidad aseguradora o reaseguradora que posea, a través de una sociedad de cartera de seguros o de una sociedad financiera mixta de cartera, una participación en una entidad aseguradora o reaseguradora vinculada o en una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país, se tomará en consideración la situación de dicha sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera. A efectos exclusivamente de este cálculo, la sociedad de cartera de seguros intermedia o sociedad financiera mixta de cartera intermedia tendrá la misma consideración que una entidad aseguradora o reaseguradora, por lo que para la determinación del capital de solvencia obligatorio y de los fondos admisibles para cubrir el mismo, le será de aplicación lo dispuesto en las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo II del título III de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. En caso de que una empresa de cartera de seguros intermedia o sociedad financiera mixta de cartera intermedia posea deuda subordinada u otros fondos propios admisibles sujetos a limitaciones conforme a lo previsto en el artículo 62, tales fondos se reconocerán como fondos propios admisibles por los importes que arroje la aplicación de los límites establecidos en el artículo 62 al total de fondos propios admisibles existentes a nivel de grupo en relación con el capital de solvencia obligatorio a nivel de grupo. Aquellos fondos propios admisibles de una sociedad de cartera de seguros intermedia o sociedad financiera mixta de cartera intermedia que, de estar en posesión de una entidad aseguradora o reaseguradora, requerirían, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, autorización previa por parte de las autoridades de supervisión, sólo podrán incluirse en el cálculo de la solvencia de grupo si han sido debidamente autorizados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea el supervisor de grupo. Este procedimiento de autorización se regirá por lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 71.1 de la referida ley. Artículo 195. Entidades de crédito, empresas de servicios de inversión e instituciones financieras vinculadas. Cuando se calcule la solvencia de grupo de una entidad aseguradora o reaseguradora que sea una entidad participante en una entidad de crédito, empresa de servicios de inversión o institución financiera, tal y como se definen en el artículo 6 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, podrá autorizar la aplicación del método de consolidación contable (método 1) o del método de deducción y agregación (método 2) establecidos en el anexo del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. No obstante, el método 1 previsto en dicho anexo sólo se autorizará si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, considera adecuado el nivel de gestión integrada y de control interno de las entidades que se incluirían en la consolidación. El método que se elija deberá aplicarse de manera coherente a lo largo del tiempo. No obstante, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, podrá, de oficio o a instancia de la entidad participante, acordar que se deduzcan de los fondos propios admisibles a efectos de la solvencia de grupo, toda participación en una entidad de crédito, empresa de servicios de inversión o entidad financiera. Artículo 196. Falta de información sobre entidades vinculadas. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, no pudiera disponer de la información necesaria para el cálculo de la solvencia de grupo de una entidad aseguradora o reaseguradora, relativa a una entidad vinculada que tenga su domicilio social en otro Estado miembro o en un tercer país, el valor contable de dicha entidad en la entidad aseguradora o reaseguradora participante se deducirá de los fondos propios admisibles a efectos de la solvencia de grupo. En tal caso, no se aceptará como fondos propios admisibles a efectos de la solvencia de grupo ninguna plusvalía latente asociada a dicha participación. Subsección 4.ª Grupos con gestión centralizada de riesgos Artículo 197. Régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. A efectos del cálculo del capital de solvencia obligatorio del grupo, podrá autorizarse el régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos a las entidades aseguradoras o reaseguradoras filiales de una entidad aseguradora o reaseguradora o de una sociedad de cartera de seguros o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) que la filial no haya sido excluida de la supervisión de grupo conforme al artículo 133.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y se incluya en la supervisión de grupo efectuada por el supervisor de grupo a nivel de la entidad matriz; b) que los procesos de gestión de riesgos y los mecanismos de control interno de la entidad matriz engloben a la filial, y la entidad matriz demuestre, a satisfacción de las autoridades de supervisión afectadas, que efectúa una gestión prudente de la filial; c) que la entidad matriz haya obtenido la autorización del supervisor de grupo para efectuar la evaluación interna de los riesgos y la solvencia a nivel de grupo y a nivel de la filial simultáneamente y elabore un único documento que abarque tales evaluaciones; d) que la entidad matriz haya obtenido la autorización del supervisor de grupo para elaborar un único informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo y a nivel de la filial; e) que la entidad matriz haya obtenido autorización para acogerse al régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 198. Autorización para acogerse al régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones colaborará con el resto de autoridades de supervisión afectadas a fin de conceder o no la autorización para acogerse al régimen de grupo con gestión centralizada de riesgos y determinar, en su caso, las condiciones a las cuales deberá supeditarse la autorización. 2. La solicitud habrá de presentarse exclusivamente ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando se trate de filiales autorizadas en España. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará y transmitirá la solicitud completa a las demás autoridades de supervisión afectadas. 3. Las autoridades de supervisión afectadas harán cuanto de ellas dependa para adoptar una decisión conjunta sobre la solicitud, en un plazo no superior a tres meses, a contar desde la fecha en que todas las autoridades de supervisión en el colegio de supervisores hayan recibido la solicitud completa. Si, en el plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior, cualquiera de las autoridades de supervisión afectadas hubiera remitido el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, el supervisor de grupo aplazará su decisión a la espera de la que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación pueda adoptar y resolverá de conformidad con la decisión de esta. Esta decisión se considerará definitiva y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación adoptará su decisión en el plazo de un mes. No obstante lo anterior, si la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación rechazase la decisión propuesta por el panel independiente, creado por la Junta de Supervisores para facilitar una solución imparcial de las diferencias entre las autoridades de supervisión afectadas, el supervisor de grupo adoptará la decisión final. Esta decisión se considerará definitiva y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. El asunto no se remitirá a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación una vez finalizado el plazo de tres meses o tras haberse adoptado una decisión conjunta. 4. El régimen de gestión centralizada de riesgos se aplicará en las mismas condiciones, con las necesarias adaptaciones, a las entidades aseguradoras y reaseguradoras que sean filiales de una sociedad de cartera de seguros o de una sociedad financiera mixta de cartera. 5. Cuando las autoridades de supervisión afectadas hayan adoptado la decisión conjunta a que se refiere el apartado 3, la autoridad de supervisión que haya autorizado a la filial notificará al solicitante la decisión, que estará plenamente motivada. La decisión conjunta se considerará determinante y habrá de ser respetada por las autoridades de supervisión afectadas. 6. En ausencia de una decisión conjunta de las autoridades de supervisión afectadas en el plazo de tres meses fijado en el apartado 3, el supervisor de grupo adoptará su propia decisión respecto a la solicitud. Durante dicho período, el supervisor de grupo tendrá debidamente en cuenta lo siguiente: a) las posibles observaciones o reservas manifestadas por las autoridades de supervisión afectadas; b) las posibles reservas manifestadas por las demás autoridades de supervisión en el colegio. La decisión estará plenamente motivada e incluirá una explicación de cualquier desviación significativa con respecto a las reservas manifestadas por las demás autoridades de supervisión afectadas. El supervisor de grupo entregará al solicitante y a las demás autoridades de supervisión afectadas una copia de la decisión. La decisión se considerará determinante y habrá de ser respetada por las autoridades de supervisión afectadas. Artículo 199. Determinación del capital de solvencia obligatorio de la filial. 1. No obstante lo dispuesto en relación con el modelo interno de grupo en el artículo 147 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el capital de solvencia obligatorio de la filial se calculará con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo. 2. Cuando el capital de solvencia obligatorio de la filial se calcule con arreglo a un modelo interno aprobado a nivel de grupo y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que el perfil de riesgo de la filial, de cuya supervisión es responsable, se aparta significativamente de ese modelo interno, y en tanto la entidad considerada no responda adecuadamente a los requerimientos formulados por la citada Dirección General, ésta podrá proponer que se exija un capital de solvencia obligatorio adicional al que se deriva de la aplicación del referido modelo o, en circunstancias excepcionales en las que resulte inapropiado tal capital adicional, exigir a la entidad que calcule su capital de solvencia obligatorio con arreglo a la fórmula estándar. 3. Cuando el capital de solvencia obligatorio de la filial se calcule con arreglo a la fórmula estándar y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones considere que el perfil de riesgo de la filial, de cuya supervisión es responsable, se aparta significativamente de las hipótesis en las que se basa dicha fórmula, y en tanto la entidad considerada no responda adecuadamente a los requerimientos formulados por la citada Dirección General, ésta podrá proponer, en casos excepcionales, que se exija a la entidad que sustituya un subconjunto de parámetros utilizados en el método de cálculo por parámetros específicos de esa entidad cuando se calculen los módulos de riesgo de suscripción de seguro de vida, seguro distinto del seguro de vida y seguro de enfermedad, o en los supuestos referidos en el artículo 65 exigir un capital de solvencia obligatorio adicional de esa filial. 4. Cuando se dé alguno de los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debatirá su propuesta en el colegio de supervisores y comunicará los motivos de tal propuesta tanto a la filial como al colegio de supervisores. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hará todo lo posible por lograr un acuerdo sobre su propuesta o sobre cualesquiera otras posibles medidas en el seno del colegio de supervisores. Este acuerdo se considerará definitivo y habrá de ser aplicado por las autoridades de supervisión afectadas. En caso de desacuerdo entre la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el supervisor de grupo y dentro del plazo de un mes a contar desde la propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cualquiera de ellos podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. En este caso, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones aplazará su decisión hasta el pronunciamiento de dicha Autoridad, que deberá producirse en el plazo de un mes desde la remisión y resolverá de conformidad con la decisión de ésta. Esta decisión se considerará definitiva, deberá motivarse plenamente, se notificará a la filial y al colegio de supervisores y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. Artículo 200. Incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio y al capital mínimo obligatorio de la filial. 1. En caso de incumplimiento de una filial con respecto al capital de solvencia obligatorio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea responsable de su supervisión, transmitirá al colegio de supervisores el plan de recuperación presentado por la filial con el fin de lograr, en el plazo de seis meses desde que se constató por primera vez el incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio, el restablecimiento del nivel de fondos propios admisibles o la reducción de su perfil de riesgo de modo que se cubra el capital de solvencia obligatorio. El colegio de supervisores hará todo lo posible por lograr un acuerdo sobre la propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto de la aprobación del plan de recuperación en el plazo de cuatro meses desde que se observó por primera vez el incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio. A falta de un acuerdo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones decidirá sobre la aprobación del plan de recuperación, teniendo en cuenta las observaciones y las reservas de las demás autoridades de supervisión en el colegio de supervisores. 2. En caso de incumplimiento por una filial con respecto al capital mínimo obligatorio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea responsable de su supervisión, transmitirá al colegio de supervisores el plan de financiación a corto plazo presentado por la filial con el fin de lograr, en el plazo de tres meses desde que se constató por primera vez el incumplimiento con respecto al capital mínimo obligatorio, el restablecimiento del nivel de fondos propios admisibles que cubre el capital mínimo obligatorio o la reducción de su perfil de riesgo de modo que se cumpla el capital mínimo obligatorio. Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones informará al colegio de supervisores de cualquier medida adoptada para reforzar el capital mínimo obligatorio en la filial. 3. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones detecte el deterioro de la situación financiera de una filial sujeta a su supervisión y concurra alguna de las circunstancias que puedan dar lugar a la adopción de medidas de control especial, lo notificará sin demora al colegio de supervisores. Con excepción de las situaciones de emergencia, el colegio de supervisores examinará las medidas que se han de adoptar. El colegio de supervisores hará todo lo posible por lograr un acuerdo sobre las medidas propuestas en el plazo de un mes a partir de la fecha de la comunicación. A falta de un acuerdo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones decidirá si las medidas propuestas deben ser adoptadas, teniendo debidamente en cuenta las observaciones y las reservas de las demás autoridades de supervisión en el colegio de supervisores. 4. En el caso de desacuerdo entre la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el supervisor del grupo en cuanto a la aprobación del plan de recuperación, incluida la prórroga del periodo de recuperación, dentro del plazo de cuatro meses a que se refiere el apartado 1 o en cuanto a la aprobación de las medidas propuestas dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado 3, cualquier supervisor podrá remitir el asunto a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y solicitar su asistencia. En tales casos, dicha autoridad adoptará su decisión en el plazo de un mes a partir de la remisión. La remisión a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación si existe desacuerdo, sólo podrá realizarse dentro del plazo de cuatro meses o de un mes respectivamente, recogidos en el párrafo anterior, y únicamente si no se trata de situaciones de emergencia en el caso de incumplimiento del capital mínimo obligatorio. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones aplazará su decisión a la espera de la que adopte la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y resolverá de conformidad con la decisión de ésta. Esta decisión se considerará definitiva, deberá motivarse plenamente, se notificará a la filial y al colegio de supervisores y habrá de ser aplicada por las autoridades de supervisión afectadas. Artículo 201. Terminación de la aplicación del régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. 1. El régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos dejará de ser aplicable a una filial en los supuestos siguientes: a) Cuando el supervisor de grupo haya decidido no incluir a la filial en la supervisión de grupo. b) Cuando los procesos de gestión de riesgos y los mecanismos de control interno de la entidad matriz no engloben a la filial o la entidad matriz haya dejado de efectuar una gestión prudente de la filial, y el grupo no restablezca la situación de cumplimiento de esta condición en un plazo adecuado. c) Cuando la entidad matriz no tenga ya autorización del supervisor de grupo para efectuar la evaluación interna de los riesgos y la solvencia a nivel de grupo y a nivel de la filial simultáneamente, así como cuando la entidad matriz no tenga ya autorización del supervisor de grupo para elaborar un único informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo y a nivel de la filial. 2. En el supuesto al que se refiere el apartado 1.a), cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su función de supervisor de grupo, previa consulta al resto de autoridades supervisoras afectadas, decida dejar de incluir a la filial en la supervisión de grupo que lleva a cabo, deberá informar inmediatamente a las autoridades de supervisión afectadas y a la entidad matriz. 3. En los supuestos a los que se refiere el apartado 1, párrafos b) y c), corresponderá a la entidad matriz velar por que se cumplan las condiciones de manera permanente. En caso de incumplimiento, informará sin demora a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, bien en su condición de supervisor de grupo o de supervisor de la filial afectada. La entidad matriz deberá presentar un plan dirigido a restablecer la situación de cumplimiento en un plazo adecuado. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, comprobará al menos una vez al año, de oficio, que se siguen cumpliendo las condiciones a que se refiere el artículo 197, párrafos b), c) y d). La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones efectuará asimismo dicha comprobación a instancia de las correspondientes autoridades de supervisión. Cuando la verificación realizada ponga de manifiesto deficiencias, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, como supervisor de grupo, exigirá a la entidad matriz que presente un plan encaminado a restablecer la situación de cumplimiento en un plazo razonable. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en sus funciones de supervisor de grupo, y tras consultar a las demás autoridades de supervisión afectadas, comprueba que el plan a que se refieren los apartados anteriores resulta insuficiente o que no está siendo aplicado dentro del plazo convenido, considerará que las condiciones contempladas en el artículo 197, párrafos b), c) y d), han dejado de cumplirse e informará inmediatamente a las autoridades de supervisión afectadas. 5. Una vez terminada la aplicación del régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos, podrá volver a aplicarse si la entidad matriz presenta una nueva solicitud y obtiene una decisión favorable de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 198. Sección 2.ª Concentración de riesgo y operaciones intragrupo Artículo 202. Supervisión de la concentración de riesgo. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades de cartera de seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera están obligadas a notificar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, trimestralmente, toda posible concentración de riesgo significativa a nivel de grupo. La información deberá ser facilitada por la entidad aseguradora o reaseguradora que figure a la cabeza del grupo. Cuando el grupo no esté encabezado por una entidad aseguradora o reaseguradora, esta obligación corresponderá a la sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera o la entidad aseguradora o reaseguradora del grupo que determine la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en su función de supervisor de grupo, previa consulta con las demás autoridades de supervisión afectadas y con el grupo. 2. Las concentraciones de riesgo estarán sujetas al procedimiento de supervisión por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea el supervisor de grupo. Al supervisar las concentraciones de riesgo, se verificará, en particular, el posible riesgo de contagio dentro del grupo, el riesgo de conflicto de intereses y el nivel o volumen de los riesgos. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, previa consulta con las demás autoridades de supervisión afectadas y con el grupo, decidirá: a) La categoría de riesgos sobre los que deberán informar, en toda circunstancia, las entidades aseguradoras y reaseguradoras del grupo, atendiendo a las características del grupo específico considerado y a su estructura de gestión de riesgos. b) Los umbrales apropiados basados en el capital de solvencia obligatorio o en las provisiones técnicas, o en ambos, a fin de determinar las concentraciones de riesgo significativas sujetas a notificación. Artículo 203. Supervisión de las operaciones intragrupo. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las sociedades de cartera de seguros y las sociedades financieras mixtas de cartera están obligadas a notificar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, trimestralmente, todas las operaciones significativas que realicen dentro del grupo, incluidas las realizadas con una persona física vinculada a cualquier entidad del grupo mediante vínculos estrechos. En todo caso, las operaciones intragrupo consideradas muy significativas se notificarán tan pronto como sean conocidas. La información necesaria deberá ser facilitada por la entidad aseguradora o reaseguradora que figure a la cabeza del grupo. Cuando el grupo no esté encabezado por una entidad aseguradora o reaseguradora, esta obligación corresponderá a la sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera o la entidad aseguradora o reaseguradora del grupo que determine la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones previa consulta con las demás autoridades de supervisión afectadas y con el grupo. 2. Las operaciones intragrupo estarán sujetas al procedimiento de supervisión por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea supervisor de grupo. 3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea el supervisor de grupo, previa consulta con las demás autoridades de supervisión afectadas y con el grupo, decidirá la categoría de operaciones intragrupo que deban notificar, en toda circunstancia, las entidades aseguradoras y reaseguradoras de un determinado grupo. Será de aplicación, con las adaptaciones necesarias, el artículo 202.3. Artículo 204. Exclusiones a la supervisión de la concentración de riesgo y de las operaciones intragrupo. 1. Cuando la entidad aseguradora o reaseguradora, la sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera, matriz última con domicilio social en la Unión Europea, que se refiere el artículo 140.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, sea una filial de una entidad sujeta a supervisión adicional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, previa consulta a las demás autoridades de supervisión afectadas, podrá decidir no ejercer la supervisión de la concentración de riesgo, de las operaciones intragrupo o ambas, sobre dicha entidad matriz última. 2. En aquellos grupos donde la entidad aseguradora o reaseguradora participante, o la sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera con domicilio social en la Unión Europea, sea bien una empresa vinculada a una entidad regulada o sea ella misma una entidad regulada o una sociedad financiera mixta de cartera sujeta a supervisión adicional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, previa consulta con las demás autoridades de supervisión afectadas, podrá decidir no ejercer, a nivel de esa entidad aseguradora o reaseguradora participante o de esa sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera, la supervisión de la concentración de riesgo, de la operaciones intragrupo o ambas. Sección 3.ª Gestión de riesgos y control interno Artículo 205. Supervisión del sistema de gobierno del grupo. 1. El sistema de control interno del grupo comprenderá, al menos, lo siguiente: a) los mecanismos apropiados, con respecto a la solvencia del grupo, que permitan identificar y medir todos los riesgos significativos existentes, y cubrir adecuadamente esos riesgos con fondos propios admisibles; b) los procedimientos de información y de contabilidad fiables de cara a la vigilancia y gestión de las operaciones intragrupo y la concentración de riesgo. 2. Los mecanismos y procedimientos a que se refiere el apartado 1 estarán sujetos al procedimiento de supervisión por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando ésta sea supervisor de grupo. 3. Cuando el cálculo de la solvencia a nivel de grupo se lleve a cabo conforme al método basado en la consolidación contable, la entidad aseguradora o reaseguradora participante o la sociedad de cartera de seguros o la sociedad financiera mixta de cartera facilitará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su función de supervisor de grupo, explicación suficiente sobre la diferencia entre la suma del capital de solvencia obligatorio de todas las entidades de seguros o de reaseguros vinculadas del grupo y el capital de solvencia obligatorio de grupo consolidado. 4. La entidad aseguradora o reaseguradora participante o la sociedad de cartera de seguros o la sociedad financiera mixta de cartera, previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando sea supervisor de grupo, podrá efectuar la evaluación interna de riesgos y solvencia, o de cualquiera de sus partes, a nivel de grupo y a nivel de alguna filial simultáneamente; en estos casos, elaborará un único documento que abarque todas las evaluaciones. El plazo máximo para resolver será de seis meses. Antes de autorizar, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones consultará a los miembros del colegio de supervisores y tendrá debidamente en cuenta sus observaciones o reservas. Cuando el grupo ejerza la facultad recogida en el párrafo anterior, presentará el documento a todas las autoridades de supervisión afectadas al mismo tiempo. El ejercicio de esta facultad no eximirá a las filiales afectadas de la obligación de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en relación con su evaluación interna de riesgos y solvencia conforme al artículo 66 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. CAPÍTULO III Disposiciones específicas para determinadas clases de grupos Sección 1.ª Grupos con matrices en la Unión Europea distintas de entidades aseguradoras y reaseguradoras Artículo 206. Sociedades de cartera de seguros. Sociedades financieras mixtas de cartera. Sociedades mixtas de cartera de seguros. 1. Cuando las entidades aseguradoras y reaseguradoras sean filiales de una sociedad de cartera de seguros o de una sociedad financiera mixta de cartera, el cálculo de la solvencia de grupo se efectuará a nivel de la sociedad de cartera de seguros o de la sociedad financiera mixta de cartera. A efectos del mencionado cálculo, la entidad matriz tendrá la misma consideración que una entidad aseguradora o reaseguradora por lo que se refiere al capital de solvencia obligatorio y a los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio. 2. Todas las personas que dirijan una sociedad de cartera de seguros o una sociedad financiera mixta de cartera de manera efectiva deberán cumplir las exigencias de aptitud y honorabilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 3. Cuando la entidad matriz de una o varias entidades aseguradoras o reaseguradoras sea una sociedad mixta de cartera de seguros, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá la supervisión general de las operaciones efectuadas entre esas entidades aseguradoras o reaseguradoras y la sociedad mixta de cartera de seguros y sus entidades vinculadas. Será de aplicación, con las adaptaciones necesarias, los artículos 136 a 139 y 153 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y el artículo 178. Sección 2.ª Grupos con entidades matrices fuera de la Unión Europea Artículo 207. Supervisión equivalente. En el caso de que la supervisión de grupo en el tercer país sea considerada equivalente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recurrirá a la supervisión equivalente ejercida por las autoridades supervisoras del tercer país, aplicándose lo previsto en las secciones 1.ª y 2.ª, del Capítulo II, del Título V y en los artículos 144 y 153 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y en el Capítulo I, del Título V y en los artículos 182 y 194.2 de este real decreto. Artículo 208. Determinación por la Comisión Europea de la equivalencia temporal de terceros países en los que estén domiciliadas entidades aseguradoras y reaseguradoras matrices del grupo. Tal y como se establece en el apartado b) del artículo 154.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, cuando no se cumplan todos los criterios establecidos en el apartado a) del citado artículo, la equivalencia puede ser determinada de forma temporal por la Comisión Europea, con la asistencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, si ese tercer país cumple como mínimo los criterios siguientes: a) El tercer país se ha comprometido por escrito con la Unión Europea a adoptar y aplicar un régimen prudencial que pueda considerarse equivalente, antes de que finalice dicho período temporal y a iniciar el proceso de evaluación del régimen de equivalencia. b) Ha establecido un programa de trabajo para cumplir el compromiso contemplado en la letra a). c) Ha asignado recursos suficientes al cumplimiento del compromiso contemplado en la letra a). d) Cuenta con un régimen prudencial basado en el riesgo y establece requisitos de solvencia cuantitativos y cualitativos, así como requisitos en relación con la información presentada a efectos de supervisión y transparencia y con la supervisión de grupo. e) Ha asumido la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y con las autoridades de supervisión definidas en el artículo 7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, acuerdos por escrito en materia de cooperación e intercambio de información confidencial de supervisión. f) Dispone de un sistema independiente de supervisión. g) Ha establecido una obligación de secreto profesional para todas las personas que actúen en nombre de sus autoridades de supervisión, en particular en materia de intercambio de información con la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y con las autoridades de supervisión definidas en el artículo 7 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Artículo 209. Falta de equivalencia de la supervisión de grupos de terceros países. 1. Cuando la supervisión de grupos en el tercer país no sea considerada equivalente, o cuando un Estado miembro no aplique la equivalencia temporal en el caso de que exista una entidad aseguradora o reaseguradora situada en un Estado miembro cuyo balance total sea superior al balance total de la empresa matriz situada en un tercer país, se aplicarán a esas entidades aseguradoras y reaseguradoras, el capítulo II, secciones 1.ª y 2.ª y el capítulo III del Título V de la Ley 20/2015, de 14 de julio, a excepción del artículo 150, o uno de los métodos previstos en el apartado 2. Asimismo será aplicable lo establecido en el capítulo I del Título V de este real decreto. Los principios generales y métodos establecidos en el capítulo II, secciones 1.ª y 2.ª y en el capítulo III del Título V de la Ley 20/2015, de 14 de julio, serán aplicables en relación con la sociedad de cartera de seguros, la sociedad financiera mixta de cartera y las entidades aseguradoras o reaseguradoras de terceros países. A efectos exclusivamente del cálculo de la solvencia del grupo, la entidad matriz se asimilará a una entidad aseguradora o reaseguradora con domicilio en España por lo que se refiere a los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio y a la exigencia de un capital de solvencia obligatorio, que se determinará con arreglo a los principios establecidos en el artículo 194 cuando se trate de una sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera, y conforme a lo principios establecidos en el artículo 192, cuando se trate de una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá aplicar otros métodos que garanticen una adecuada supervisión de las entidades aseguradoras y reaseguradoras de un grupo. Estos métodos deberán ser aprobados previa consulta con las demás autoridades supervisoras afectadas y notificados a éstas y a la Comisión Europea una vez acordados. En particular, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá exigir la constitución de una sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera que tenga su domicilio social en la Unión Europea, y aplicar lo dispuesto en el presente título a las entidades aseguradoras y reaseguradoras del grupo a cuya cabeza figure esa sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera. Artículo 210. Entidades matrices fuera de la Unión Europea: niveles. Cuando la entidad matriz con domicilio en un tercer país sea, a su vez, filial de una sociedad de cartera de seguros o sociedad financiera mixta de cartera cuyo domicilio social se halle también fuera de la Unión Europea, o de una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país, la verificación de la equivalencia se realizará sólo en el nivel de la entidad matriz última que sea una sociedad de cartera de seguros de un tercer país, una sociedad financiera mixta de cartera de un tercer país o una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país. No obstante, cuando no exista supervisión equivalente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá efectuar una nueva verificación en un nivel inferior en el que exista una entidad matriz de una entidad aseguradora o reaseguradora, ya sea una sociedad de cartera de seguros de un tercer país una sociedad financiera mixta de cartera de un tercer país o una entidad aseguradora o reaseguradora de un tercer país. En este supuesto, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones explicará su decisión al grupo y se aplicará lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. CAPÍTULO IV Grupos mutuales Artículo 211. Grupos mutuales. 1. Las mutuas de seguros podrán constituir grupos mutuales, mediante la creación de una sociedad de grupo mutual, que será una sociedad anónima participada por todas ellas. Esta entidad será considerada la entidad matriz a los efectos de la normativa de ordenación, supervisión y solvencia y le corresponderá la dirección de las políticas financieras y de explotación de todas las entidades el grupo. Su objeto social exclusivo será el establecimiento y la administración de vínculos de solidaridad financiera sólidos y sostenibles entre entidades que formen parte del grupo, así como el diseño y ejecución de políticas estratégicas y comerciales del grupo y la prestación de servicios comunes. Las mutualidades de previsión social también podrán formar grupos mutuales entre ellas o con mutuas de seguros. 2. Cada mutua o mutualidad de previsión social sólo podrá formar parte de un grupo mutual. 3. La sociedad de grupo mutual no tendrá la consideración de entidad aseguradora, pero estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, y a sus disposiciones de desarrollo. 4. Corresponderá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, la autorización de la constitución, modificación y disolución del grupo mutual, a cuyo efecto se tramitará el correspondiente expediente administrativo, que será resuelto en un plazo máximo de 6 meses. Transcurrido este plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud. 5. La sociedad de grupo mutual se regirá por lo dispuesto en sus estatutos y en los convenios de adhesión suscritos con cada una de las entidades integrantes del grupo. Estos convenios de adhesión deberán incluir los derechos y obligaciones, tanto políticos como financieros, de cada una de las entidades del grupo, hacia el resto de las entidades del grupo y hacia la propia sociedad matriz, así como aspectos relativos a las estrategias comerciales y operativas del grupo. La duración de estos convenios será como mínimo de diez años y deberán incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el grupo. Los convenios de adhesión se elevarán a escritura pública y se depositarán en el Registro Mercantil. 6. La asamblea general de mutualistas de cada una de las entidades integrantes del grupo mutual, deberá aprobar el convenio de adhesión inicial y sus modificaciones posteriores. Estos convenios de adhesión deberán también ser autorizados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo. 7. El abandono de un grupo mutual por cualquiera de sus entidades integrantes requerirá un preaviso al resto de entidades del grupo mutual de dos años y deberá ser objeto de comunicación previa a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando sea el supervisor de grupo, que podrá oponerse al mismo cuando suponga un incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas en el contrato de grupo mutual. 8. Cuando una mutua o mutualidad de previsión social, cuyo domicilio social esté en España, pretenda incorporarse o pretenda abandonar un grupo mutual cuya matriz tenga su domicilio social en otro país de la Unión Europea, deberá comunicarlo previamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 9. Los grupos mutuales estarán sujetos a supervisión de grupo de conformidad con las mismas normas que se aplican a los grupos constituidos sobre la base de vínculos de capital. Asimismo, el compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades del grupo mutual, no podrá en ningún caso poner en peligro la solvencia a nivel individual de las entidades integrantes del grupo, ni los compromisos que éstas tienen asumidos con sus asegurados. 10. Las operaciones societarias que afecten a cualquiera de las mutuas integrantes del grupo supondrán la modificación del grupo mutual. TÍTULO VI Situaciones de deterioro financiero. Medidas de control especial CAPÍTULO I Situaciones de deterioro financiero Artículo 212. Situaciones adversas excepcionales y contenido del plan de recuperación y del plan de financiación a corto plazo. 1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación que declare la concurrencia de situaciones adversas excepcionales que afecten a entidades aseguradoras o reaseguradoras que representen una cuota importante del mercado o de la línea de negocio afectada cuando, en la situación financiera de éstas, incidan seria o negativamente una o más de las siguientes circunstancias: a) Una caída de los mercados financieros imprevista brusca y profunda. b) Un entorno persistente de bajos tipos de interés. c) Un acontecimiento de consecuencias catastróficas. Cuando concurra alguna situación adversa excepcional declarada por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá prorrogar el plazo previsto en el artículo 156.2 de la Ley por un periodo máximo de hasta siete años teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, incluida la duración media de las provisiones técnicas. La entidad aseguradora o reaseguradora a la que se haya concedido la prórroga del plazo al que se refiere el apartado anterior deberá presentar cada tres meses a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un informe sobre los progresos realizados en el que expondrá las medidas adoptadas y los progresos registrados para restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondientes a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir su perfil de riesgo de manera que se cubra el capital de solvencia obligatorio. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones revocará la prórroga concedida si el informe sobre los progresos realizados muestra que no se han registrado progresos suficientes, entre la fecha en que se constató el incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio y la fecha de la presentación del informe sobre los progresos realizados, para lograr el restablecimiento del nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir el perfil de riesgo con el fin de cubrir el capital de solvencia obligatorio. 2. El plan de recuperación y el plan de financiación a corto plazo que deba presentar una entidad aseguradora o reaseguradora conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, respectivamente, contendrá como mínimo indicaciones y justificaciones sobre lo siguiente: a) Las estimaciones de los gastos de gestión, en especial las comisiones y los gastos generales corrientes. b) Las estimaciones de los ingresos y gastos relativos a las operaciones de seguro directo, a las aceptaciones en reaseguro y a las cesiones en reaseguro. c) Una previsión de los balances de situación. d) Las estimaciones de los recursos financieros relacionados con las provisiones técnicas, y las de los que cubran el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. e) La política global de reaseguro. f) Las causas que han provocado el incumplimiento, las medidas a adoptar por la entidad y el plazo estimado en el que se adoptarán y ejecutarán, que no podrá sobrepasar los plazos previstos en los artículos 156 y 157 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, salvo que tratándose de cesiones de cartera o modificaciones estructurales la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerde ampliar el plazo previa solicitud de la entidad. CAPÍTULO II Procedimiento Artículo 213. Procedimiento de adopción de medidas de control especial. 1. La adopción de medidas de control especial se efectuará en un procedimiento administrativo tramitado con arreglo a las normas del procedimiento de supervisión por inspección, con las siguientes peculiaridades: a) El procedimiento de medidas de control especial se iniciará por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dictada tras la realización de inspecciones u otro tipo de comprobaciones. b) Sólo se tramitará un procedimiento por cada entidad de modo que si se han adoptado medidas de control especial sobre una entidad y es preciso, en virtud de comprobaciones o inspecciones ulteriores, acordar nuevas medidas, sustituir o dejar sin efecto, total o parcialmente las ya adoptadas, la ratificación o cesación de estas últimas, según proceda, serán incorporadas a la resolución en la que se adopten las nuevas medidas de control especial. c) Iniciado el procedimiento, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá adoptar, como medidas provisionales, las referidas en el artículo 160 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. d) Excepcionalmente, podrá prescindirse de la audiencia de la entidad aseguradora o reaseguradora afectada cuando tal trámite origine un retraso tal que comprometa gravemente la efectividad de la medida adoptada, los derechos de los asegurados o los intereses económicos afectados. En este supuesto, la resolución que adopte la medida de control especial deberá expresar las razones que motivaron la urgencia de su adopción y dicha medida deberá ser ratificada o dejada sin efecto previa audiencia del interesado. 2. Las medidas de control especial se dejarán sin efecto por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cuando hayan cesado las situaciones que determinaron su adopción y queden, además, debidamente garantizados los derechos de los tomadores, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados. 3. En los casos de incumplimiento de las medidas de control especial y cuando los derechos de los asegurados o los intereses económicos afectados lo justifiquen, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá dar publicidad a las medidas adoptadas, previa audiencia de la entidad interesada. Además, a los actos de la entidad aseguradora con vulneración de las medidas de control especial previstas en el artículo 161 c) y d) de la Ley 20/2015, de 14 de julio les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para las operaciones realizadas sin autorización administrativa. 4. El procedimiento de medidas de control especial terminará por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o, para el caso en que en el mismo no se hayan adoptado ninguna de las medidas de control especial previstas o hayan sido dejadas sin efecto, por el transcurso de seis meses sin actuación alguna por causas no imputables a la entidad, en cuyo caso la resolución que se dicte deberá declarar la caducidad producida. Artículo 214. Funciones de colaboración del Consorcio de Compensación de Seguros en relación con las medidas de control especial adoptadas. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá solicitar la colaboración del Consorcio de Compensación de Seguros, de forma motivada, para que, en relación con las medidas de control especial adoptadas, lleve a cabo: a) El seguimiento de los planes de financiación o de recuperación a que se refieren los apartados a) y b) del art 160.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) La emisión de informe no vinculante sobre las propuestas de autorización para la realización de actos de gestión o disposición prohibidos o limitados del art 160.1, apartados c) y d), y 161.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio. c) Informes sobre la ejecución y grado de cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 161.f) de la Ley 20/2015, de 14 de julio. d) Las funciones que se determinen en relación con las revisiones de cuestiones específicas por el auditor de cuentas de la entidad o por otro auditor a las que se refiere el artículo 161.j) de la Ley 20/2015, de 14 de julio. e) Apoyo para la realización de las funciones que tienen asignadas los interventores nombrados. CAPÍTULO III Intervención administrativa Artículo 215. Intervención administrativa de las entidades aseguradoras. 1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 163 y 178.2.a) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar: a) La intervención de la liquidación de la entidad para salvaguardar los intereses de los tomadores y asegurados, beneficiarios y perjudicados o de otras entidades aseguradoras. b) La intervención de la entidad aseguradora para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de control especial que, en su caso, se hubiesen adoptado. 2. Las tareas de intervención serán desempeñadas por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. Serán designados por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, y en ningún caso ostentarán la representación de la entidad. Artículo 216. Intervención para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de control especial. 1. Adoptadas medidas de control especial para una aseguradora, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar la intervención para garantizar el cumplimiento de aquéllas, determinando las funciones que ésta puede realizar de entre las siguientes: a) Autorizar la disposición de bienes sobre los que se haya adoptado la medida prevista en los artículos 160.1.c) y de la Ley 20/2015, de 14 de julio, siempre que el importe obtenido se ingrese en cuenta abierta en una entidad de crédito, sometida a la misma medida de control especial. b) Autorizar la adquisición, con cargo a fondos sometidos a la medida de control especial citada en la letra anterior, de bienes que, automáticamente, quedarán sometidos a la misma medida de control especial. A estos efectos, la autorización especificará dicho extremo y será inscribible en los registros públicos correspondientes. c) Autorizar que, con cargo a los fondos provenientes de la disposición de bienes de acuerdo con la letra a) anterior, se puedan realizar pagos destinados a satisfacer los derechos de los tomadores, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados. d) Autorizar la realización de los actos de gestión y disposición, la contratación de nuevos seguros o la admisión de nuevos socios. e) Cualquiera otra que se estime necesaria. 2. La actuación de la intervención se ajustará a las siguientes normas: a) Extenderá diligencia en la que haga constar su toma de posesión, las personas que asisten, las incidencias y posibles dificultades para el desarrollo de sus funciones de intervención. b) Podrá acreditar sus actuaciones y comprobaciones en informes, diligencias, autorizaciones o denegaciones, de las que entregará copia al representante legal de la entidad. c) Podrá extender diligencias para documentar los requerimientos y las advertencias que, en su caso, formule a la entidad. Las manifestaciones que la entidad desee formular se harán constar en documento separado. Artículo 217. Intervención en la liquidación. 1. En el ejercicio de sus funciones la intervención en la liquidación tendrá las siguientes facultades: a) Fiscalizar la administración y contabilidad de las entidades intervenidas. b) Velar por la garantía de los intereses de los tomadores, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados, así como por la conservación y el adecuado destino de los bienes sociales. c) Controlar la labor de los liquidadores para que ésta se ajuste estrictamente a lo establecido en la Ley 20/2015, de 14 de julio, en el presente real decreto y demás disposiciones aplicables. d) Elevar informe a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acerca de la memoria a la que se refiere el artículo 224.2.b). A estos efectos, los interventores podrán solicitar de los liquidadores la información, las aclaraciones y la documentación que sea necesaria para evaluar la información incluida en aquélla. e) Instar a los liquidadores el ejercicio de las acciones que procedan para la reintegración o reconstitución del patrimonio. f) Intervenir los movimientos de fondos, elementos de activo o de pasivo y, en general, todas las operaciones sociales. g) Proponer a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la sustitución de los liquidadores cuando incumplan las normas que para la protección de los tomadores, asegurados, beneficiarios y terceros perjudicados se establecen en la Ley 20/2015, de 14 de julio, en el presente real decreto o las que rigen la liquidación, o bien la dificulten o la retrasen. h) Proponer a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la remisión al Ministerio Fiscal de los antecedentes precisos cuando existan actuaciones que pudieran tener carácter delictivo, y poner de manifiesto a dicha Dirección General los hechos que pudiesen dar lugar a la imposición de sanciones administrativas. i) Proponer a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando concurran los presupuestos previstos en la Ley 20/2015, de 14 de julio y en este real decreto, la adopción de las medidas de control especial que se estimen necesarias. j) Todas aquellas facultades que expresamente se les atribuya en la resolución por la que se disponga la intervención administrativa de la entidad o en la que se designen los interventores. 2. Todos los pagos y disposiciones de activos requerirán la autorización previa del interventor, salvo aquellos que hayan sido previamente autorizados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A efectos de agilizar el procedimiento de autorización de pagos, la intervención podrá fijar la periodicidad con la que los liquidadores deban remitir la relación detallada de los pagos a realizar en el respectivo período. 3. Los depositarios de bienes de la entidad intervenida no podrán disponer ni permitir que se disponga de los mismos ni de sus rendimientos sin autorización de la intervención, desde el momento en que se les hubiese notificado la existencia de la intervención administrativa de la entidad. 4. Los acreedores de la entidad mantendrán y podrán ejercitar todos sus derechos y acciones frente a la misma, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la intervención. 5. La intervención ajustará su actuación a las siguientes normas: a) Extenderá diligencia en el domicilio social de la entidad, en la que hará constar su toma de posesión, las personas que asisten, las incidencias y posibles dificultades para la liquidación y para el desarrollo de sus funciones de intervención, y si concurre alguna causa por la que proceda que la liquidación sea asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros a que se refiere el artículo 183 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) Podrá acreditar sus actuaciones y comprobaciones en informes, diligencias, autorizaciones o denegaciones, de las que entregará copia al representante legal de la entidad. c) Podrá extender diligencias para documentar los requerimientos y las advertencias que, en su caso, formule a la entidad. Las manifestaciones que la entidad desee formular se harán constar en documento separado. d) Requerirá a los liquidadores o a los administradores para que faciliten, en el más breve plazo posible, toda la documentación necesaria para conocer los valores reales del activo y pasivo a fin de poder determinar la verdadera situación de la entidad y comprobar si ésta se encuentra en condiciones de cumplir sus obligaciones. e) Adoptará las medidas necesarias para el más efectivo control de las variaciones en el patrimonio de la entidad, efectuando anotaciones en los registros que procedan, cursando las oportunas notificaciones a los depositarios de bienes y valores propiedad de la misma y a las entidades de crédito en las que existan cuentas de la entidad intervenida, comunicándoles que no podrán efectuarse disposiciones sin su expresa autorización. f) Ordenará a los liquidadores y a la organización administrativa y comercial de la entidad que se abstengan de realizar pagos sin su intervención, salvo que se adapten a las instrucciones que para ello dicte, y que los ingresos sean realizados única y exclusivamente en las entidades y cuentas señaladas por la propia intervención. g) Instará a los liquidadores para que la liquidación concluya en el plazo más breve posible, particularmente en lo que se refiere al pago de siniestros, de extornos, de impuestos, de retribuciones del personal y al cumplimiento de sentencias judiciales. 6. La intervención cesará cuando hayan desaparecido las causas que la motivaron; cuando se haya producido declaración judicial de concurso; cuando, conforme al artículo 183 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el Ministro de Economía y Competitividad acuerde que la liquidación sea asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros; o cuando concluya la liquidación. 7. Los acuerdos de intervención y el cese de la misma se notificaran a las autoridades supervisoras de los restantes Estados Miembros, se inscribirán en el Registro Mercantil, y se publicarán en el sitio web de la entidad, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea». TÍTULO VII Revocación, disolución y liquidación CAPÍTULO I Revocación de la autorización administrativa Artículo 218. Falta de efectiva actividad y abandono del domicilio social. 1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3.b) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se entenderá que se produce una falta de efectiva actividad en un ramo cuando se aprecie, durante dos ejercicios sociales consecutivos, que el volumen anual de negocio de la entidad aseguradora correspondiente al ramo sea inferior a las siguientes cantidades: a) 60.000 euros al año en los ramos comprendidos en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) 18.000 euros al año en los ramos comprendidos en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. En el caso de entidades aseguradoras que únicamente practiquen el seguro de asistencia sanitaria y limiten su actividad a un ámbito territorial con menos de 2.000.000 de habitantes, se reducirá a la mitad. c) 30.000 euros al año en los ramos comprendidos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2. No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a aquellas entidades aseguradoras que durante el período previsto en el mismo justifiquen fundadamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones esa falta de actividad y su posible subsanación. 3. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.4.b) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se considerará causa de revocación el abandono por la entidad del domicilio social que hubiese sido notificado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ignorándose su paradero, y no compareciendo sin causa justificada ante la misma en el plazo de quince días desde que fuese emplazada para hacerlo mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». CAPÍTULO II Disolución y liquidación de entidades aseguradoras y reaseguradoras Sección 1.ª Disolución Artículo 219. Cómputo del patrimonio neto a efectos de causa de disolución. A efectos de las causas de disolución se entenderá por: a) Patrimonio neto, el patrimonio neto definido en el artículo 36.1.c) del Código de Comercio más los pasivos subordinados efectivamente desembolsados que se encuadren dentro de la definición de fondos propios básicos de nivel 1, 2 y 3, conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 60. b) Capital social, el capital social suscrito. Artículo 220. Comunicación de la existencia de causa de disolución. Conocida la existencia de causa de disolución, ésta deberá comunicarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo máximo de quince días, mediante escrito que indique la causa de la que se trate, el plazo o día en que se reunirá la junta o asamblea general para la adopción del acuerdo, así como las demás circunstancias que se consideren oportunas. De igual forma, una vez adoptado el acuerdo de disolución, se informará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el plazo máximo de tres días, mediante escrito detallando los extremos y medidas adoptados. Artículo 221. Procedimiento de disolución administrativa. 1. El procedimiento administrativo de disolución se iniciará de oficio o a solicitud de los administradores y se notificará a la entidad afectada, a la que se concederá un plazo de alegaciones de quince días. Recibidas las alegaciones o tras el transcurso del plazo concedido sin haberse recibido, el Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, acordará, si procede, la disolución de la entidad, sin que sea necesaria, a estos efectos, la convocatoria de su junta o asamblea general. El acuerdo de disolución contendrá la revocación de la autorización administrativa de la entidad para todos los ramos en los que opere la entidad aseguradora y pondrá fin a la vía administrativa. 2. En todo lo no regulado expresamente en los artículos anteriores y en cuanto no se oponga a ellos, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 360 a 370 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. No obstante, las cooperativas de seguros se regirán por las reglas de disolución contenidas en la legislación de cooperativas. Sección 2.ª Liquidación Artículo 222. Vencimiento anticipado de los contratos de seguro. 1. Durante el período de liquidación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a iniciativa propia o a petición de los liquidadores o administradores de la entidad o de los interventores, podrá determinar la fecha de vencimiento anticipado de la totalidad o de parte de los contratos de seguro. 2. La resolución que al efecto dicte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones será notificada a la entidad y deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» con una antelación de, al menos, quince días naturales a la fecha en que haya de tener efecto el vencimiento anticipado de los contratos, período durante el cual los liquidadores deberán notificarlo individualmente a los tomadores o asegurados, en su caso. Así mismo se publicará en el sitio web de la entidad. 3. En los supuestos en los que concurran circunstancias excepcionales que aconsejen no demorar la fecha de vencimiento, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá declarar la fecha de vencimiento anticipado de los contratos de seguro sin sujeción al plazo previsto en el apartado anterior y requerirá a los liquidadores para que en el plazo de diez días naturales hagan público el acuerdo en el sitio web de la entidad y en dos diarios de los de mayor circulación en el ámbito territorial de actuación de la entidad aseguradora, sin perjuicio de que deban realizar la comunicación individualizada a los tomadores de seguro, en un plazo de quince días naturales a contar desde la notificación de la resolución. Artículo 223. Cesión de oficio de la cartera de seguros en la liquidación. 1. Si la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones estimara conveniente proceder de oficio a la cesión de cartera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 185.5 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, podrá publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea» la resolución por la que se pone de manifiesto esta intención, y requerirá a la entidad cedente para que tenga a disposición de las entidades aseguradoras interesadas, en el lugar y durante el plazo que se señale en la publicación, la documentación relativa a la cartera a ceder. De esta obligación se excluye aquella información que permita a las entidades aseguradoras interesadas dirigirse directamente a los tomadores, asegurados o mediadores de seguro. Finalizado el plazo previsto para examinar la documentación de la entidad cedente, ésta en el plazo máximo de quince días remitirá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las ofertas recibidas, indicando, en su caso, el orden de preferencia justificando debidamente la propuesta. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dictará resolución señalando la entidad cesionaria, para lo cual, junto al orden de preferencia antes señalado, considerará especialmente la situación patrimonial, la organización administrativa y contable, y la experiencia de las entidades interesadas. 2. Una vez determinada la entidad cesionaria, el procedimiento de cesión de oficio de la cartera de seguros se ajustará a los preceptos de la Ley 20/2015, de 14 de julio, y del presente real decreto, en la medida que sean conformes con su naturaleza. Artículo 224. Documentación a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por los administradores y por los liquidadores. 1. Una vez acordada la disolución, los administradores o los liquidadores de la entidad deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la siguiente documentación: a) Certificación acreditativa del acuerdo de disolución adoptado por los órganos sociales competentes de la entidad, que se remitirá dentro de los tres días siguientes al de la fecha de su adopción. b) Certificación acreditativa del acuerdo adoptado por los órganos competentes de la entidad nombrando liquidadores, que se remitirá dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiesen sido nombrados y en la que, al menos, se hará constar: 1.º Liquidadores designados, consignando los datos que deben constar en el Registro de los altos cargos de entidades aseguradoras y reaseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 2.º Domicilio de la oficina liquidadora. 3.º Remuneración que se les asigne, salvo que lo efectúen gratuitamente, en cuyo caso, se hará constar así expresamente. c) Justificación de haber publicado el acuerdo de disolución y el llamamiento a los acreedores no conocidos, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se hubiesen realizado la publicación y el llamamiento. 2. Además, los liquidadores de la entidad deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o a los interventores si la liquidación fuese intervenida, la siguiente información: a) En el plazo de un mes desde la fecha de su nombramiento: 1.º Descripción de la estructura de la organización que se proyecte mantener en el transcurso del período de liquidación y de los medios propios o ajenos que se propone destinar a garantizar la atención a los acreedores de la entidad durante dicho período. 2.º Balance de situación con referencia a la fecha del acuerdo de disolución. 3.º Inventario a valor liquidativo de los bienes y derechos que componen el activo de la entidad y una relación de los acreedores conocidos de la misma, referidos a la fecha de comienzo de la liquidación, especificando la naturaleza, cuantía y justificación de sus créditos. 4.º Plazos estimados para la realización de las distintas clases de activos, para el pago de las deudas de la entidad, con especial mención a los plazos de liquidación de las contraídas por la entidad por razón de contratos de seguro, y para la finalización de la liquidación. Los liquidadores incluirán las explicaciones necesarias para justificar los plazos propuestos. 5.º Medidas a adoptar, en su caso, para la cesión parcial o total de la cartera de contratos de seguro o el rescate o resolución anticipada de los mismos. 6.º Cualesquiera otros extremos que pudieran tener incidencia en la liquidación de la entidad. b) Con periodicidad semestral: Memoria sobre la marcha de la liquidación, las desviaciones observadas y las medidas correctoras a adoptar. No obstante, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o los interventores si la liquidación fuese intervenida, podrán requerir esta información trimestralmente. 3. Si al final de la liquidación quedasen deudas de la entidad reconocidas por la misma no cobradas por sus acreedores, los liquidadores procederán a la consignación en depósito en la forma prevista en el artículo 394.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Artículo 225. Deber de colaboración de los antiguos administradores y gestores. Quienes, bajo cualquier título, hubiesen llevado la dirección efectiva de la entidad al tiempo de su disolución y los que lo hubieran hecho en los cinco años anteriores a la fecha de la misma, vendrán obligados a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación que se relacionen con operaciones del período en que aquéllos ostentaron tales cargos y a informar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones. Igual obligación incumbirá a quienes hubiesen desempeñado cargos como liquidadores de la entidad. Artículo 226. Información a los acreedores. 1. Los liquidadores deberán informar a los acreedores sobre: a) La situación de la entidad, en particular, si se ha determinado el vencimiento anticipado del período de duración de los contratos de seguro que integren la cartera de la entidad en liquidación y sobre su fecha. b) La forma en que han de solicitar el reconocimiento de sus créditos, mediante comunicación individual a los conocidos o a través de anuncios, aprobados en su caso por el interventor, que se publicarán en el sitio web de la entidad, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en dos diarios, al menos, de los de mayor circulación en el ámbito de actuación de la entidad en liquidación, cuando sean desconocidos o bien se ignore su domicilio. La comunicación se referirá a los plazos que deberán respetarse, a las consecuencias derivadas del incumplimiento de dichos plazos, al órgano competente para aceptar la presentación de los créditos o las observaciones relativas a éstos y a cualesquiera otras medidas. Se indicará asimismo si deben presentar sus créditos los acreedores cuyos créditos tengan preferencia o disfruten de una garantía real. En el caso de los créditos por razón de contrato de seguro, la comunicación indicará, además, las repercusiones generales del procedimiento de liquidación en los contratos de seguro, así como los derechos y obligaciones de los asegurados respecto de tales contratos. La comunicación se podrá efectuar por medios telemáticos, informáticos o electrónicos, que permitan dejar constancia fehaciente de su recepción, cuando se disponga de los datos necesarios para practicarla por estos medios. 2. Cuando el acreedor conocido tenga su domicilio en otro Estado miembro, la información anterior se facilitará en castellano, si bien el escrito deberá llevar, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, el encabezamiento «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables» o «Convocatoria para la presentación de observaciones sobre los créditos. Plazos aplicables», según proceda. No obstante, cuando el acreedor lo sea por un contrato de seguro, la información se facilitará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro donde radique su domicilio. 3. Los acreedores con domicilio en un Estado miembro podrán presentar los escritos de reclamación de créditos o de observaciones sobre los créditos en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado donde radique su domicilio, si bien el escrito deberá llevar el encabezamiento «Presentación de créditos» o, en su caso, «Presentación de observaciones sobre los créditos» en castellano. Artículo 227. Finalización de las operaciones de liquidación. 1. Una vez concluidas las operaciones de liquidación, y a efectos de que, en su caso, el Ministro de Economía y Competitividad declare extinguida la entidad según lo dispuesto en el artículo 181.6 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, los liquidadores deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones copia autorizada de la escritura pública prevista en el artículo 247.2 del Reglamento del Registro Mercantil. 2. En los casos en los que conforme al artículo 181.6 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, proceda, por excepción, cancelar los asientos en el Registro Administrativo sin declaración de extinción de la entidad, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, comunicará de oficio al Registro Mercantil, y al Registro de Cooperativas en su caso, donde conste inscrita la sociedad, este supuesto y los administradores deberán remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, junto con la solicitud, la siguiente documentación: a) Memoria explicativa del proceso de liquidación de las operaciones de seguro. b) Balance de la entidad una vez finalizada la liquidación de las operaciones de seguro. CAPÍTULO III Liquidación por el Consorcio de Compensación de Seguros Artículo 228. Compra de créditos con cargo a recursos del Consorcio de Compensación de Seguros. Antes del transcurso del plazo de nueve meses desde que haya asumido sus funciones liquidadoras, el Consorcio deberá haber procedido a acordar el porcentaje a ofrecer a los acreedores por contrato de seguro una vez aplicados, en su caso, los beneficios de liquidación. Sólo por causas justificadas, debidamente acreditadas ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá superar el mencionado plazo. Artículo 229. Liquidación de entidades solventes. 1. En el supuesto de que se constate la solvencia de la entidad aseguradora en liquidación por el Consorcio, éste podrá optar por llevar a cabo el proceso de liquidación conforme a lo previsto en el capítulo II del título VII, pudiendo abonar sus créditos a los acreedores con cargo a los fondos propios de la entidad a medida que éstos sean líquidos y exigibles, sin necesidad de convocar Junta de Acreedores. En tal caso, una vez satisfechos todos los créditos y los derivados de gastos de liquidación, se aprobará el balance final, que deberá ser ratificado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones antes de proceder al reparto del haber social entre accionistas o mutualistas conforme a lo dispuesto en los artículos 391 a 394 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. La consignación en depósito de las cuotas no reclamadas o de los créditos que no hayan podido ser satisfechos tendrá lugar en el propio Consorcio a disposición de sus legítimos dueños durante un plazo de veinte años, transcurrido el cual sin haber sido reclamadas se ingresarán en el Tesoro Público, al que se informará de la consignación. 2. Aunque la liquidación de una entidad solvente se lleve a cabo en la forma prevista en el apartado 1, el Consorcio podrá, por razones de falta de liquidez de la entidad u otras circunstancias que lo aconsejen, aplicar los beneficios de liquidación previstos en el artículo 186.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. En tal caso, el Consorcio podrá resarcirse de los créditos adquiridos a medida que la entidad tenga la liquidez necesaria para ello. En el supuesto contemplado en este apartado, y en lo que no se oponga a sus previsiones, será también de aplicación lo previsto en los demás artículos de este capítulo. Asimismo, se estará, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 59.2, último inciso, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 3. En relación con los activos y pasivos sobrevenidos con posterioridad a la liquidación, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 398, 399 y 400 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Artículo 230. Liquidación de entidades insolventes. 1. En caso de insolvencia de la entidad en liquidación, el Consorcio no estará obligado a solicitar la declaración judicial de concurso salvo que el plan de liquidación formulado no fuera aprobado en junta de acreedores. La misma solicitud se podrá formular en cualquier momento del período de liquidación anterior a la junta de acreedores cuando estimase que, dadas las circunstancias concurrentes en la entidad aseguradora cuya liquidación tiene encomendada, sufrirán grave perjuicio los créditos de los acreedores si no tuviera lugar dicha declaración judicial de concurso. 2. Hasta la ratificación del plan de liquidación, el Consorcio no podrá realizar el pago de sus créditos a los acreedores de la entidad aseguradora, salvo lo dispuesto en los artículos 186 y 187 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. 3. Los gastos que sean precisos para la liquidación, incluidos los correspondientes a las participaciones en otras entidades, podrán ser satisfechos con cargo a los propios recursos del Consorcio. Su recuperación, en el caso de que se haya aprobado el plan de liquidación por la Junta de Acreedores, quedará condicionada a que sean totalmente satisfechos los demás créditos reconocidos en la liquidación. 4. El plan de liquidación comprenderá una información sobre las medidas adoptadas con arreglo al artículo 186 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el balance y la lista provisional de acreedores. El activo del balance deberá ser líquido, salvo que la enajenación de algún bien no se haya considerado procedente o ésta haya sido imposible y, tratándose de créditos, sea presumible que esperar su cobro efectivo retrasaría notablemente la liquidación. La lista provisional de acreedores se formulará con arreglo al orden de prelación del artículo 179 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y por la cuantía que corresponda a cada uno de ellos. Finalmente, el plan de liquidación contendrá la propuesta respecto del importe que, con arreglo al activo y pasivo del balance y el orden de prelación de créditos, deba satisfacerse a cada uno de los acreedores. Disposición adicional primera. Registro de seguros obligatorios. 1. El Registro de seguros obligatorios, al que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley 20/2015 de 14 de julio, contendrá toda la información actualizada relativa a los seguros obligatorios. El contenido de la información y las especificaciones sobre el procedimiento de remisión se establecerán mediante resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 2. El acceso a los datos del Registro de seguros obligatorios será público, a través de la web del Consorcio de Compensación de Seguros. 3. La gestión del Registro corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros. Todas las operaciones que requieran esta gestión se realizarán por medios electrónicos. 4. El Consorcio de Compensación de Seguros elaborará anualmente, sobre la base de los datos disponibles a 31 de diciembre, un informe del contenido del registro, que será puesto a disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, a través de ésta, a los órganos de las Comunidades Autónomas competentes en la materia. Disposición adicional segunda. Procedimiento de autorización de las entidades con cometido especial. La solicitud de autorización administrativa para operar como entidad de cometido especial se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los siguientes documentos e información: a) Copia autorizada de la escritura de constitución. b) Estatutos. c) Ámbito de autorización. En todo lo demás estas entidades se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. Disposición adicional tercera. Cuantía máxima de cobertura de responsabilidad civil como riesgo accesorio. Se podrá actualizar por orden ministerial el límite de 61.000 euros que se establece como cuantía máxima de cobertura de responsabilidad civil cuando tenga la consideración de riesgo accesorio conforme a lo establecido en el anexo A) b) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, siempre que dicho importe no supere el valor asegurado respecto del riesgo principal. Disposición adicional cuarta. Consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con los seguros de crédito y caución. El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, será competente para atender y resolver las consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con los seguros de crédito y caución cuando el tomador o el asegurado no ejerzan a título profesional, una actividad industrial, comercial o liberal, o el riesgo se refiere a dicha actividad. Disposición adicional quinta. Régimen de cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables. 1. En desarrollo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 20/2015, de 14 de julio, para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables se aplicarán los siguientes artículos del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre: [ignorar]Artículo 29. Concepto y enumeración de las provisiones técnicas. [ignorar]Artículo 30. Provisión de primas no consumidas. [ignorar]Artículo 31. Provisión de riesgos en curso. [ignorar]Artículo 32. Provisión de seguros de vida. [ignorar]Artículo 33. Tipo de interés aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de vida. [ignorar]Artículo 34. Tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y de morbilidad. [ignorar]Artículo 35. Gastos de administración. [ignorar]Artículo 36. Rescates. [ignorar]Artículo 37. Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión y asimilados. [ignorar]Artículo 38. Provisión de participación en beneficios y para extornos. [ignorar]Artículo 39. Provisión de prestaciones. [ignorar]Artículo 40. Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago. [ignorar]Artículo 41. Provisión de siniestros pendientes de declaración. [ignorar]Artículo 42. Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros. [ignorar]Artículo 43. Métodos estadísticos de cálculo de la provisión de prestaciones. [ignorar]Artículo 44. Provisión de siniestros pendientes de declaración en riesgos de manifestación diferida. [ignorar]Artículo 45. Reserva de estabilización. [ignorar]Artículo 46. Provisión del seguro de decesos. [ignorar]Artículo 47. Provisión del seguro de enfermedad. [ignorar]Artículo 48. Provisión de desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo. [ignorar]Artículo 48 bis. Provisión de gestión de riesgos derivados de la internacionalización asegurados por cuenta del Estado. [ignorar]Disposición adicional cuarta. Seguros agrarios combinados. [ignorar]Disposición adicional décima. Adaptación a la terminología del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. [ignorar]Disposición transitoria primera. Provisión de riesgos en curso. [ignorar]Disposición transitoria segunda. Seguros de vida. [ignorar]Disposición transitoria undécima. Dotación a la provisión del Seguro de decesos. 2. En lo referente al tipo de interés a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida para los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2016 las entidades aseguradoras y reaseguradoras aplicarán el artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. No obstante, las entidades que utilicen para el citado cálculo lo previsto en los apartados 1.a).1.º y 1.b).1.º del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, podrán optar por no aplicar dicho tipo de interés y adaptarse a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo prevista en el artículo 54 de este real decreto, incluyendo, en su caso, el componente relativo al ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57 de este real decreto, siempre que, en tal caso, las dotaciones adicionales se efectúen anualmente siguiendo un método de cálculo lineal. El plazo máximo de adaptación será de diez años a contar desde el 31 de diciembre de 2015. Las entidades que opten por adaptarse a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, no podrán con posterioridad aplicar el tipo de interés previsto para los apartados 1.a).1.º y 1.b).1.º del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 3. Para los contratos de seguro de vida celebrados a partir del 1 de enero de 2016, sujetos a los apartados 1.a).1.º y 1.b).1.º del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán utilizar como tipo de interés máximo el resultante de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo prevista en el artículo 54, incluyendo el componente relativo al ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. Para el resto de contratos de seguro de vida celebrados a partir del 1 de enero de 2016, las entidades seguirán utilizando como tipo de interés para el cálculo de la provisión de seguros de vida cualquiera de los apartados del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a excepción de lo previsto en sus incisos 1.a).1.º y 1.b).1.º. 4. En desarrollo de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 20/2015 de 14 de julio, para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables, se aplicará lo dispuesto en la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados. 5. En el ramo de vida, los gastos de adquisición activados a efectos contables no podrán superar para cada póliza el valor de la provisión matemática a prima de inventario del primer ejercicio contabilizada en el pasivo del balance. 6. Para el cálculo de la provisión contable del seguro de decesos, la opción prevista en el apartado 2 anterior será igualmente aplicable para los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2016, sin perjuicio de la aplicabilidad de lo previsto en la Disposición transitoria undécima del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. Para los contratos del seguro de decesos celebrados a partir del 1 de enero de 2016 las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán utilizar como tipo máximo el resultante de la estructura temporal libre de riesgo prevista en el artículo 54, incluyendo el componente relativo al ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. 7. Para poder realizar los cálculos citados en los párrafos anteriores conforme a la normativa mencionada deberán permanecer actualizadas sus bases técnicas correspondientes conforme a los artículos 77, 78, 79 y 80 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. 8. Para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables de las mutualidades de previsión social y de las entidades aseguradoras acogidas al régimen especial de solvencia, se aplicará lo establecido en los apartados anteriores. Disposición adicional sexta. Dotación de las provisiones técnicas. Cuantía mínima. 1. Las dotaciones a efectuar a las provisiones técnicas conforme a los métodos previstos y permitidos a efectos contables, así como las adicionales que, en su caso, se efectúen para adaptarse a lo previsto en este real decreto a dichos efectos, tendrán a todos los efectos la consideración de cuantía mínima para la constitución de las citadas provisiones técnicas. 2. No obstante lo anterior, la provisión técnica de prestaciones estimada por métodos estadísticos, a los que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, tendrá la consideración de cuantía mínima en el importe menor de las siguientes cuantías: a) La provisión resultante de la aplicación del método estadístico del ejercicio. b) La provisión técnica de prestaciones al término del ejercicio en curso «x» estimada por métodos estadísticos ponderada por el cociente existente entre: en el numerador, la parte de la provisión técnica de prestaciones al término del ejercicio en curso «x» estimada por métodos estadísticos, y correspondiente a los siniestros ocurridos con anterioridad al ejercicio «x», más los pagos en los ejercicios «X-2», «X-1» y «x» de siniestros ocurridos en los ejercicios «X-3» y anteriores, más los pagos en «X- 1» y «x» de siniestros ocurridos en «X-2», más los pagos en «x» de los siniestros ocurridos en «X-1», y en el denominador, la suma de las provisiones técnicas de prestaciones estimadas por métodos estadísticos del ejercicio «X-3», más la provisión del ejercicio «X-2» correspondiente sólo a los siniestros de «X-2», más provisión del ejercicio «X-1» correspondiente sólo a los siniestros de «X-1». Donde: X y X-i: son el ejercicio en curso y cada uno de los respectivos ejercicios anteriores X-i. PTPx: es la PTP del ejercicio x estimada por métodos estadísticos. PTPxx-1: es la PTP en el ejercicio x correspondiente a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-1 y en ejercicios anteriores estimada por métodos estadísticos. PTPx-3x-n: es la PTP en el ejercicio x-3 correspondiente a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-3 y en los «n» ejercicios anteriores estimada por métodos estadísticos. PTPx-2x-2: es la PTP en el ejercicio x-2 correspondiente a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-2 estimada por métodos estadísticos. PTPx-1x-1: es la PTP en el ejercicio x-1 correspondiente a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-1 estimada por métodos estadísticos. Pagosx-ix-3: son los pagos correspondientes a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-3 y ejercicios anteriores, pero realizados en los ejercicios x-2, x-1 y x. Pagosx-ix-2: son los pagos correspondientes a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-2, pero realizados en los ejercicios x-1 y x. Pagosxx-1: son los pagos correspondientes a los siniestros ocurridos en el ejercicio x-1, y realizados en el ejercicio x. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los tres primeros ejercicios en los que a fecha de cierre de los estados contables resulte de aplicación un método estadístico a los que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, tendrá la consideración de cuantía mínima de la provisión técnica de prestaciones el importe que haga que la siniestralidad del ejercicio no exceda del resultado de aplicar al importe de las primas periodificadas del ejercicio, el porcentaje determinado por la proporción en que se encuentre la siniestralidad de los cinco ejercicios inmediatamente anteriores al período impositivo, en relación a las primas periodificadas habidas en los cinco ejercicios referidos. Para el cálculo mencionado no se tendrán en cuenta aquellos datos que hubieran sido excluidos en la aplicación del método estadístico. Disposición adicional séptima. Programa de actividades de los corredores de seguros. El programa de actividades que deberán presentar los corredores de seguros como requisito necesario para obtener y mantener la inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos deberá incluir la estructura de la organización, que incluya los sistemas de comercialización. Además, para los tres primeros ejercicios sociales, deberá contener un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de ingresos y gastos, en particular los gastos generales corrientes, y las previsiones relativas a primas de seguro que se van a intermediar, con la justificación de las previsiones que prevea y de la adecuación a éstas de los medios y recursos disponibles. Disposición adicional octava. Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos. 1. En el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, deberán inscribirse los mediadores de seguros, y los corredores de reaseguros, indicando el nombre y apellidos o la denominación social, en su caso el sexo, la nacionalidad, el número de documento nacional de identidad o de identificación fiscal, el domicilio de la sede profesional o social, el ámbito de actuación, el número de inscripción, así como las modificaciones de los estatutos que por su objeto deban constar en el registro administrativo, la mención al dominio o a la dirección de Internet, las participaciones significativas, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas, la cancelación de la inscripción y la inhabilitación para el desempeño de la actividad de mediación, así como las sanciones que se hubieran impuesto, salvo la de amonestación privada. También se inscribirán los actos relativos al ejercicio de la actividad en régimen de derecho de establecimiento o en libre prestación de servicios en cada uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo Adicionalmente, en el caso de las personas jurídicas, y respecto a los cargos de administración y de dirección responsables de las actividades de mediación, se inscribirán la fecha del nombramiento, la suspensión, revocación o cese de los mismos por cualquier causa, la inhabilitación y las sanciones que, en su caso, se les hubieran impuesto, salvo la de amonestación privada. Se consignarán el nombre y apellidos o denominación social, en su caso el sexo, el domicilio, la nacionalidad, el número del documento nacional de identidad o de identificación fiscal, y si se trata de extranjeros, en su caso, el del permiso de residencia o pasaporte vigentes. Cuando dichos cargos sean desempeñados por personas jurídicas, se inscribirán los datos correspondientes a sus representantes designados. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se inscribirá igualmente: a) En relación con los mediadores de seguros, la designación del titular del departamento o servicio de atención al cliente y, si procede, del defensor del cliente. b) En relación con los corredores de seguros y de reaseguros, la situación de inactividad. c) En relación con los agentes de seguros, exclusivos o vinculados, se hará mención a las entidades aseguradoras con la que tienen suscrito contrato de agencia de seguros; y, en el caso de los agentes de seguros exclusivos, se hará mención a las autorizaciones que obtengan para ejercer su actividad de mediación de seguros con otra entidad aseguradora, indicando los productos de seguro en los que pueden mediar para la misma, así como las fechas de inicio y fin de dicha autorización. d) En el caso de los operadores de banca-seguros se inscribirá, además, la red o las redes de las entidades de crédito o de los establecimientos financieros de crédito a través de las cuales el operador de banca-seguros intermedia los seguros. 3. Cuando la inscripción en el registro traiga causa en acuerdos de la Administración el asiento se practicará de oficio con fundamento en el acto administrativo correspondiente. Cuando proceda de actos del administrado deberá presentarse escrito firmado por el interesado o por el representante legal de la sociedad dentro de los diez días siguientes al de adopción de los acuerdos, presentando la documentación acreditativa fehaciente o, en su caso, la escritura pública en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro Mercantil. 4. Las inscripciones relativas a las sanciones impuestas se cancelarán de oficio o a instancia del interesado. La cancelación de oficio procederá cuando haya recaído resolución o sentencia firme estimatoria del recurso interpuesto contra la sanción. El interesado tendrá derecho a solicitar de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la cancelación de la inscripción de la sanción que le hubiera sido impuesta, siempre que no se haya incurrido en ninguna nueva infracción, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción para el caso de las infracciones leves, cinco años en el caso de las graves y ocho años en el caso de las muy graves. La iniciación de un expediente administrativo sancionador interrumpirá los plazos previstos en el párrafo anterior. Si el procedimiento concluyese con la imposición de una nueva sanción, las anotaciones pendientes se cancelarán cuando transcurra el plazo de cancelación aplicable a la misma, salvo que el que restase por correr de la anterior fuese superior, en cuyo caso se atenderá a la fecha de su vencimiento. Producida la cancelación, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no podrá tomar en consideración las sanciones cuya inscripción se hubiera cancelado a efectos de valorar los requisitos de honorabilidad comercial y profesional en los términos previstos en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación en seguros y reaseguros privados. Disposición adicional novena. Prácticas abusivas. Se considerará incluida dentro de las prácticas abusivas a las que se refieren los apartados 2.o y 3.g) del artículo 55 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, cualquier conducta tendente al traspaso a otra entidad aseguradora, con nuevo cobro de comisión descontada, de pólizas sobre las que previamente se haya cobrado comisión descontada de otra aseguradora y ésta no haya sido devuelta, en la parte proporcional del período no transcurrido. Disposición adicional décima. Contravalor del Euro. Siempre que en la normativa reguladora de ordenación supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras se haga referencia al euro, el contravalor en la moneda nacional que deberá tomarse en consideración a partir del 31 de diciembre de cada año será el del último día del mes de octubre precedente para el que estén disponibles los contravalores del euro en todas las monedas del Espacio Económico Europeo. Disposición adicional undécima. Peritos de seguros, Comisarios de Averías y Liquidadores de averías. Los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías que intervengan en el procedimiento de tasación pericial contradictoria deberán tener conocimiento suficiente de la técnica de la pericia aseguradora. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá desarrollar por circular los mecanismos de acreditación de conocimientos exigibles a los peritos de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías. Disposición adicional duodécima. Colaboradores externos de los mediadores de seguros. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá desarrollar por circular la formación y otros aspectos del régimen aplicable a los colaboradores externos regulados en el artículo 8 de la ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Disposición adicional decimotercera. Remisiones normativas. Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este real decreto. Disposición adicional decimocuarta. Control de gastos de personal. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer un incremento de dotaciones ni de otros gastos de personal. Disposición adicional decimoquinta. Distribución de competencias. Las referencias a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se entenderán realizadas al órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando corresponda de acuerdo con la distribución de competencias prevista en el artículo 19 de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Disposición adicional decimosexta. Acceso electrónico a los servicios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los ciudadanos podrán relacionarse con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para ejercer sus derechos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los términos previstos para cada procedimiento. Disposición adicional decimoséptima. Cobertura de responsabilidad civil de las agencias de suscripción. Las agencias de suscripción dispondrán de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio del Espacio Económico Europeo las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional con la cuantía de al menos un millón y medio de euros por siniestro y, en suma, dos millones de euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año. Disposición transitoria primera. Medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo. 1. Previa aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán aplicar un ajuste transitorio a la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo. El plazo máximo para resolver será de seis meses. 2. El ajuste se calculará, para cada moneda, como un porcentaje de una diferencia teniendo en cuenta: a) El porcentaje se reducirá linealmente al final de cada año, pasando del 100 por cien durante el año que comienza el 1 de enero de 2016 al 0 por cien el 1 de enero de 2032. b) La diferencia se calculará restando los siguientes importes: 1.º El tipo de interés determinado por la entidad aseguradora y reaseguradora con arreglo al artículo 33 y la disposición transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998. 2.º El tipo efectivo anual, calculado como el tipo de descuento único que, aplicado a los flujos de caja de la cartera de obligaciones admisibles de seguro o de reaseguro, da lugar a un valor igual al valor de la mejor estimación de la cartera de obligaciones admisibles de seguro o de reaseguro teniendo en cuenta el valor temporal y utilizando para ello la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo mencionada en el artículo 54. Cuando las entidades aseguradoras y reaseguradoras apliquen el ajuste por volatilidad del artículo 57, la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo será la que incorpora el correspondiente ajuste. 3. El ajuste solo será admisible para las obligaciones de seguro y reaseguro que cumplan los siguientes requisitos: a) Se deriven de contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2015, de 14 de julio, excluidas las renovaciones de contratos en dicha fecha o con posterioridad a ella. b) Las provisiones técnicas correspondientes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se calculen conforme al Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. c) No se aplique, para dichas obligaciones, el artículo 55. 4. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que apliquen el apartado 1 deberán cumplir los siguientes requisitos: a) No podrán incluir las obligaciones admisibles de seguro y reaseguro en el cálculo del ajuste por volatilidad previsto en el artículo 57. b) No podrán aplicar la disposición transitoria segunda (medida transitoria sobre las provisiones técnicas). c) Deberán publicar, como parte de su informe sobre la situación financiera y de solvencia contemplado en el artículo 80 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la aplicación de esta estructura temporal de tipos de interés sin riesgo transitoria y la cuantificación del impacto de no aplicar esta medida transitoria en su situación financiera. d) Deberán contar con una política de la entidad en relación a la aplicación de la medida transitoria que recoja, en particular, las normas establecidas para coordinar la aplicación de esta medida con cualquier operación que suponga la reducción de fondos propios. e) Deberá disponer con un plan de proyección de la situación financiera y de solvencia durante el periodo transitorio, de tal forma que se garantice que: 1.º Durante el periodo transitorio se prevé que los fondos propios admisibles serán suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio, teniendo en cuenta la aplicación de esta medida transitoria y los demás regímenes transitorios que se prevé aplicar, así como la posible política de distribución de resultados de la entidad. 2.º Al término del régimen transitorio se prevé que los fondos propios admisibles serán suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. 5. Esta medida transitoria podrá ser aplicada, en su caso, a nivel de grupo previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 6. Las entidades incluidas en el régimen especial de solvencia también podrán acogerse a esta disposición transitoria. Disposición transitoria segunda. Medida transitoria sobre las provisiones técnicas. 1. Previa aprobación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán aplicar una deducción transitoria a las provisiones técnicas. El plazo máximo para resolver será de seis meses. 2. La deducción podrá aplicarse al nivel de los grupos de riesgo homogéneos del artículo 50. 3. La deducción transitoria se calculará como un porcentaje máximo de una diferencia teniendo en cuenta que: a) El porcentaje máximo se reducirá linealmente al final de cada año, pasando del 100 por cien durante el año que comienza el 1 de enero de 2016 al 0 por cien el 1 de enero de 2032. b) La diferencia se calculará restando los siguientes importes: 1.º Las provisiones técnicas una vez deducidos los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, calculados conforme al artículo 51 en la fecha de la entrada en vigor de la Ley 20/2015, de 14 de julio. Cuando las empresas de seguros y reaseguros apliquen, en la fecha de entrada en vigor de la ley, el artículo 57, la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo será la que incorpora el correspondiente ajuste a dicha fecha. 2.º Las provisiones técnicas una vez deducidos los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro calculados, de conformidad con el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, a 31 de diciembre de 2015. 4. A petición del adquirente o de oficio, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá aprobar que los importes de las provisiones técnicas, incluido, en su caso, el importe correspondiente al ajuste de volatilidad, que se empleen para calcular la deducción transitoria, se recalculen cada veinticuatro meses o con mayor frecuencia cuando haya variado materialmente el perfil de riesgo de la entidad. 5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá limitar esta deducción transitoria cuando considere que su aplicación pudiera suponer una reducción de los recursos financieros exigibles a la entidad con respecto a los calculados de acuerdo con la normativa vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2015 de 14 de julio, a 31 de diciembre de 2015. 6. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que pretendan aplicar lo dispuesto en el apartado 1 deberán cumplir los siguientes requisitos: a) No podrán aplicar la disposición transitoria primera. b) Deberán publicar, como parte de su informe sobre la situación financiera y de solvencia contemplado en el artículo 80 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, la aplicación de esta deducción transitoria, y la cuantificación del impacto de no aplicar esta medida transitoria en su situación financiera. c) Deberán contar con una política de la entidad en relación a la aplicación de la medida transitoria que recoja, en particular, las normas establecidas para coordinar la aplicación de esta medida con cualquier operación que suponga la reducción de fondos propios. d) Deberá disponer de un plan de proyección de la situación financiera y de solvencia durante el periodo transitorio, de tal forma que se garantice que: 1.º Durante el periodo transitorio se prevé que los fondos propios admisibles serán suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio, teniendo en cuenta la aplicación de esta medida transitoria y los demás regímenes transitorios que se prevé aplicar, así como la posible política de distribución de resultados de la entidad. 2.º Al término del régimen transitorio se prevé que los fondos propios admisibles serán suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. 7. Esta medida transitoria podrá ser aplicada, en su caso, a nivel de grupo previa autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 8. Las entidades incluidas en el régimen especial de solvencia también podrán acogerse a esta disposición transitoria. Disposición transitoria tercera. Incumplimiento del capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de la medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo o sobre las provisiones técnicas. 1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que apliquen la medida transitoria establecida en la disposición transitoria primera o en la disposición transitoria segunda informarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tan pronto como observen que no van a cumplir con el capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de dichas medidas transitorias. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones exigirá a la entidad aseguradora o reaseguradora adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio al final del período transitorio. 2. En el plazo de dos meses a partir de la observación del incumplimiento del capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de dichas medidas transitorias, la entidad aseguradora o reaseguradora presentará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un plan de introducción progresiva en el que expongan las medidas planeadas para establecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir su perfil de riesgo, a fin de garantizar el cumplimiento del capital de solvencia obligatorio al final del período transitorio. La entidad aseguradora o reaseguradora podrá actualizar el plan durante el período transitorio. 3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras que no cumplan con el capital de solvencia obligatorio sin la aplicación de dichas medidas transitorias, deberán presentar anualmente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un informe sobre los progresos realizados en el que expongan las medidas adoptadas y los progresos registrados para garantizar el cumplimiento del capital de solvencia obligatorio al final del período transitorio. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones revocará la aprobación de la aplicación de las medidas transitorias cuando el informe sobre los progresos realizados indique que el cumplimiento en relación con el capital de solvencia obligatorio al final del período transitorio no es realista. Disposición transitoria cuarta. Medida transitoria para la clasificación de los fondos propios. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 60, se incluirán en los fondos propios básicos de nivel 1 por un periodo máximo de diez años después del 1 de enero de 2016, los elementos de los fondos propios básicos que cumplan los siguientes requisitos: a) Se hayan emitido con anterioridad al 18 de enero de 2015. b) A 31 de diciembre de 2015, se hubieran podido utilizar para cubrir como máximo el 50 por ciento del margen de solvencia, calculado conforme a la normativa en vigor en dicha fecha. c) Que sin la aplicación de esta medida transitoria, no se podrían clasificar en el nivel 1 o en el nivel 2 conforme al artículo 60. 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 60, se incluirán en los fondos propios básicos de nivel 2 por un periodo máximo de diez años después del 1 de enero de 2016, los elementos de los fondos propios básicos que cumplan los siguientes requisitos: a) Se hayan emitido con anterioridad al 18 de enero de 2015. b) A 31 de diciembre de 2015, se hubieran podido utilizar para cubrir como máximo el 25 por ciento del margen de solvencia, calculado conforme a la normativa en vigor en dicha fecha. 3. Esta medida transitoria podrá ser aplicada, en su caso, a nivel de grupo. 4. Las entidades incluidas en el régimen especial de solvencia también podrán acogerse a esta disposición transitoria. Disposición transitoria quinta. Medida transitoria sobre los submódulos de concentración y de diferencial del riesgo de mercado. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el artículo 63.1 del presente real decreto, al calcular el submódulo de riesgo de concentración y el submódulo de riesgo de diferencial de acuerdo con la fórmula estándar en relación con las exposiciones a las administraciones centrales o los bancos centrales de los Estados miembros denominadas y financiadas en la moneda nacional de cualquier otro Estado miembro se utilizarán los siguientes parámetros generales: a) Hasta el 31 de diciembre de 2017, los parámetros generales serán los mismos que los que se aplicarían a tales exposiciones denominadas y financiadas en su moneda nacional. b) En 2018, los parámetros generales que correspondería utilizar se reducirán en un 80 por ciento. c) En 2019, los parámetros generales que correspondería utilizar se reducirán en un 50 por ciento. d) A partir del 1 de enero de 2020, los parámetros generales no se reducirán. 2. Esta medida transitoria podrá ser aplicada, en su caso, a nivel de grupo. Disposición transitoria sexta. Medida transitoria sobre el submódulo de riesgo de mercado de acciones. No obstante lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley 20/2015, de 14 de julio y en el artículo 63.1 del presente real decreto al calcular el submódulo de riesgo de acciones de acuerdo con la formula estándar sin la opción establecida en el artículo 75, para las acciones adquiridas por la entidad antes del 1 de enero de 2016 o en esa misma fecha, se utilizarán los parámetros generales que resulten del promedio ponderado de los siguientes valores: a) El parámetro general que se utilizará al calcular el submódulo de riesgo de renta variable de conformidad con el artículo 75. b) El parámetro general que se utilizará al calcular el submódulo de riesgo de renta variable de conformidad con la formula estándar sin la opción establecida en el artículo 75. La ponderación del parámetro del apartado b), se incrementará como mínimo linealmente al final de cada año, pasando del 0 % durante el año que comienza el 1 de enero de 2016 al 100 % el 1 de enero de 2023. Disposición transitoria séptima. Medida transitoria sobre la inversión en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados. 1. Las entidades aseguradoras o reaseguradoras que inviertan en valores negociables u otros instrumentos financieros basados en préstamos empaquetados emitidos antes del 1 de enero de 2011, sólo aplicarán los requisitos contemplados para la inversión en esta clase de valores o instrumentos en la normativa de la Unión Europea de directa aplicación, en los casos en que se añadan nuevas exposiciones subyacentes o se sustituyan las existentes a partir del 31 de diciembre de 2014. 2. Esta medida transitoria podrá ser aplicada, en su caso, a nivel de grupo. Disposición transitoria octava. Medida transitoria para solicitar la aprobación de un modelo interno de grupo aplicable a una parte del grupo. Una entidad aseguradora o reaseguradora que sea matriz última podrá solicitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, hasta el 31 de marzo de 2022, la aprobación de un modelo interno de grupo aplicable a una parte del mismo cuando tanto la entidad a la que le aplique como la matriz última estén situadas en España y dicha parte constituya una fracción diferenciada con un perfil de riesgo sustancialmente distinto al del resto del grupo. Disposición transitoria novena. Informe sobre la situación financiera y de solvencia. Sin perjuicio de la información que obligatoriamente deba publicarse en virtud de cualesquiera otros requisitos legales o reglamentarios, hasta el 31 de diciembre de 2020 no será obligatorio que las entidades aseguradoras o reaseguradoras incluyan, en la descripción de la gestión del capital contenida en el informe sobre la situación financiera y de solvencia al que se refiere el artículo 92, la indicación separada de la exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional o el impacto de los parámetros específicos que la entidad aseguradora o reaseguradora debe utilizar por desviaciones significativas frente a las hipótesis de base del cálculo de la fórmula estándar. Disposición transitoria décima. Plazos de divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia. 1. Los plazos para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras divulguen el informe sobre la situación financiera y de solvencia, previstos en el artículo 93, serán para los ejercicios económicos que finalicen el 31 de diciembre de los años 2016, 2017 y 2018, de veinte, dieciocho y dieciséis semanas, respectivamente. 2. Para la divulgación del informe sobre la situación financiera y de solvencia de grupo los plazos previstos en el apartado anterior se ampliarán en seis semanas. 3. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán divulgar y remitir a la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones el informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia en los plazos señalados en los apartados 1 y 2. Disposición transitoria undécima. Plazos de presentación de la información a efectos de supervisión, estadísticos y contables. 1. Los plazos para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras presenten la información anual a efectos de supervisión, estadísticos y contables, así como el informe regular de supervisión, previstos en el artículo 160 serán, para los ejercicios económicos que finalicen el 31 de diciembre de los años 2016, 2017 y 2018, de veinte, dieciocho y dieciséis semanas, respectivamente. 2. Los plazos para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras presenten la información trimestral a efectos de supervisión, estadísticos y contables, previstos en el artículo 160 serán, para los ejercicios económicos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, de ocho, siete y seis semanas, respectivamente. 3. Para la presentación de información a efectos de supervisión, estadísticos y contables de grupo, los plazos previstos en los apartados anteriores se ampliarán en seis semanas. Disposición transitoria duodécima. Adaptación de los planes de pensiones preexistentes a lo establecido en la disposición final cuarta, por la que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Las especificaciones de los planes de pensiones, los boletines de adhesión a los mismos y los documentos con los datos fundamentales para el partícipe de los planes individuales, deberán adaptarse a lo establecido en la disposición final cuarta de este real decreto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Disposición transitoria decimotercera. Entidades aseguradoras y reaseguradoras que a partir del 1 de enero de 2016 no suscriban nuevos contratos. A los efectos de dar cumplimiento al requisito establecido en la Disposición transitoria undécima.3 b) de la Ley 20/2015, de 14 de julio, el informe anual de progreso deberá contar como mínimo con el siguiente contenido: a) Contratos vigentes a 31 de diciembre de cada año, con detalle de las garantías asociadas a cada uno de ellos, así como de los contratos de reaseguros u otras medidas de mitigación de riesgos que les afecten. b) Prestaciones pagadas a lo largo del año y siniestros pendientes de tramitación a 31 de diciembre, comparando lo previsto por la entidad en sus estimaciones con la experiencia del ejercicio y valorando, en su caso, el efecto de las desviaciones observadas en la terminación de las actividades de la sociedad antes de 1 de enero de 2019 c) Cálculo de provisiones técnicas y estado de cobertura, teniendo en cuenta los requisitos normativos vigentes hasta 31 de diciembre de 2015 d) Estructura operativa de la entidad con relación a las unidades organizativas, personal y medios con los que se cuentan para garantizar el desarrollo de las operaciones pendientes. e) Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar al cumplimiento del compromiso inicial de terminación de las actividades de la sociedad antes del 1 de enero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir a las entidades que se encuentren en este régimen cualquier información adicional necesaria para comprobar el adecuado cumplimiento de los requisitos establecidos en la Disposición transitoria undécima de la Ley 20/2015, de 14 de julio Disposición transitoria decimocuarta. Deber de información de las entidades aseguradoras y reaseguradoras respecto al ejercicio 2015 a presentar en el 2016. Todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como sus grupos, deberán remitir la información correspondiente al ejercicio 2015, a la que se refiere el artículo 66 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en los plazos establecidos en el citado artículo. Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio del capital de solvencia obligatorio. No obstante lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, las entidades aseguradoras y reaseguradoras que, el día anterior a la entrada en vigor de este real decreto, dispongan de la cuantía mínima del margen de solvencia obligatorio a que se refieren los artículos 61 y 62 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, pero no dispongan, en el primer año de aplicación de este real decreto, de los fondos propios admisibles suficientes para cubrir el capital de solvencia obligatorio regulado en la sección tercera del capítulo II, tomarán las medidas necesarias para establecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o la reducción de su perfil de riesgo para asegurar que dispone del capital de solvencia obligatorio, como muy tarde, a 31 de diciembre de 2017. La entidad aseguradora o reaseguradora que se encuentre en esta situación lo comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el plazo máximo de 15 días desde que lo conozca, informando de las medidas que pretende adoptar para asegurar el cumplimiento de su requerimiento de capital en la fecha límite. Asimismo habrá de presentar un informe trimestral en el que expondrá las medidas adoptadas y los progresos registrados para restablecer el nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura de su requerimiento de capital o para reducir su perfil de riesgo. Este informe se presentará durante el mes siguiente al final del trimestre al que corresponde. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a las entidades que se encuentren en la circunstancia prevista en el apartado 1 de la disposición transitoria novena de la Ley 20/2015, de 14 de julio. La prórroga establecida en el párrafo primero se revocará si el informe presentado muestra que no se han registrado progresos suficientes para lograr el restablecimiento del nivel de fondos propios admisibles correspondiente a la cobertura del capital de solvencia obligatorio o para reducir el perfil de riesgo con el fin de cubrir el capital de solvencia obligatorio entre la fecha en que se constató el incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio y la fecha de la presentación del informe. Lo anterior no impedirá la aplicación de las medidas de control especial que resulten procedentes, en su caso. Lo dispuesto en esta disposición transitoria, así como en la disposición transitoria novena de la Ley 20/2015, de 14 de julio, le resultará aplicable también a las entidades incluidas en el régimen especial de solvencia. Asimismo, será aplicable, con las adaptaciones necesarias, a nivel de grupo. Disposición transitoria decimosexta. Distribución de dividendos o derramas. Las entidades autorizadas para aplicar las medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo o sobre las provisiones técnicas no podrán, salvo autorización previa, repartir dividendos o derramas, cuando sin la aplicación de las citadas medidas presentasen un déficit de capital de solvencia obligatorio o de capital mínimo obligatorio, o pudieran llegar a presentarlo como consecuencia de la distribución de dividendos o derramas. Disposición transitoria decimoséptima. Procedimiento sancionador simplificado. Hasta que entre en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento simplificado a que hace referencia el artículo 210 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se regirá por lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y, en particular, las siguientes: a) El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, salvo lo dispuesto en: i) el artículo 11, en lo que no se oponga al artículo 41.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio; ii) los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; iii) las disposiciones adicionales quinta y sexta; iv) y los artículos que regulan el régimen del cálculo de provisiones técnicas a efectos contables recogidos en la disposición adicional quinta de este real decreto. Las referencias contenidas en estos preceptos al texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, se entenderán realizadas a los correspondientes artículos de la Ley 20/2015, de 14 de julio. b) Los artículos 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.1, y 29.2 del Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, manteniéndose vigentes el resto de los artículos en lo que no se opongan a lo dispuesto en la ley. c) Los artículos 85, 86 y 87 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. d) La disposición transitoria quinta, «normas para la formulación de las cuentas de los grupos consolidables de entidades aseguradoras» del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. e) El apartado tercero de la Resolución, de 20 de octubre de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sobre las obligaciones de información de las entidades aseguradoras que comercialicen planes de previsión asegurados. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. Se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, en los siguientes términos: Uno. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado como sigue: «2. A efectos de la cuantificación del derecho de rescate de los contratos regulados en este capítulo, se aplicarán las siguientes normas: a) Cuando para un determinado contrato, el interés técnico aplicado no incluya el componente relativo al ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la cuantía del derecho de rescate no podrá ser inferior al valor de las provisiones de seguros de vida correspondientes a la póliza. No obstante, en caso de que el tomador ejercite el derecho de rescate previsto en el apartado 1.a) o 1.b) de este artículo, podrá acordarse expresamente en el contrato de seguro que instrumente compromisos por pensiones que el valor de rescate no pueda ser inferior al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones de seguro de vida correspondientes. A tal efecto, dichos activos deberán estar identificados, recogidos en el registro de inversiones y comunicados al tomador. b) Cuando para un determinado contrato, el interés técnico aplicado incluya el componente relativo al ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la cuantía del derecho de rescate deberá ser igual al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones de seguros de vida correspondientes. c) Si existiese déficit en la cobertura de las provisiones correspondientes, tal déficit no será repercutible en el derecho de rescate. d) A la cuantía del derecho de rescate no se le podrá aplicar ningún tipo de penalizaciones o descuentos. En el caso del derecho de rescate del trabajador asegurado, cuando las condiciones contractuales refieran el valor de rescate al valor de realización de los activos correspondientes a la póliza, deberá preverse en el contrato la facultad del asegurado de permanecer en el seguro colectivo en caso de cese de la relación laboral con el tomador. e) A efectos de lo previsto en este apartado se entenderá por valor de realización de los activos su valor de mercado, definido como tal en el plan de contabilidad de las entidades aseguradoras.» Dos. El apartado 2 del artículo 33 queda redactado como sigue: «2. El tipo de interés técnico aplicable a los seguros regulados en este capítulo será el que resulte de la aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. El Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer la información que se habrá de remitir por las entidades aseguradoras sobre los contratos de seguro regulados en este capítulo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.» Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado como sigue: «2. Al menos anualmente el trabajador asegurado y los beneficiarios que ya perciban sus prestaciones con cargo al contrato de seguro deberán recibir la siguiente información: a) Certificación de la entidad aseguradora indicando el número de póliza, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas. Si el contrato contempla la existencia de derechos económicos en caso de cese o extinción de la relación laboral, la certificación anual deberá hacer referencia a la existencia de tales derechos así como, en su caso, advertir expresamente de la eventual diferencia que pudiera existir entre el valor de mercado de los activos correspondientes y el importe de la provisión de seguros de vida. b) Valor de las primas satisfechas por el tomador en el ejercicio anterior. c) Valor de la provisión de seguros de vida a 31 de diciembre del ejercicio anterior. Se deberá distinguir la parte de la provisión de seguros de vida correspondiente a primas pagadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiere. La información prevista en este apartado tendrá el carácter de mínima, pudiendo ampliarse mediante acuerdo colectivo en la empresa.» Cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 4 de la disposición adicional única, que queda redactada como sigue: «b) Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a cada asegurado del plan de previsión social empresarial: 1.º Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora. 2.º Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior. 3.º Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior, distinguiéndose la parte correspondiente a primas pagadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiere. 4.º Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social.» Cinco. Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional única, que queda redactado como sigue: «5. El tomador de un plan de previsión social empresarial únicamente podrá ejercer el derecho de rescate para integrar todos los compromisos instrumentados en el plan de previsión social empresarial en otro plan de previsión social empresarial o en un plan de pensiones promovido por la empresa. En ambos casos, la nueva aseguradora o el plan de pensiones, asumirán la cobertura total de los compromisos por pensiones transferidos. El importe del derecho de rescate deberá ser abonado directamente a la nueva aseguradora del nuevo plan de previsión social empresarial o al fondo de pensiones en el que se integre el plan de pensiones. Será admisible que el pago del valor de rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad. Cuando se realicen cobros parciales de derechos económicos por contingencias o por los supuestos excepcionales de liquidez regulados en el texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, o se efectúen movilizaciones parciales de los citados derechos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea percibir o movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. En el supuesto de movilizaciones parciales, los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada en el párrafo anterior.» Seis. Se añade una disposición transitoria única que queda redactada como sigue: «Disposición transitoria única. Contratos de seguros que asignan inversiones conforme al apartado 2 del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. En los contratos de seguros que a la entrada en vigor del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, contaran con inversiones asignadas conforme al apartado 2 del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y no incluyan el componente relativo al ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la cuantía del derecho de rescate deberá ser igual al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones de seguros de vida correspondientes.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social. Se modifica el Reglamento de mutualidades de previsión social, aprobado por el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, en los siguientes términos: Uno. Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactado como sigue: «g) Indicación de los socios protectores y obligaciones que asuman en relación con la mutualidad, detallando, en concreto, el régimen de entrada y salida de los mismos en el ámbito de la mutualidad así como el carácter de las aportaciones y su articulación en el funcionamiento económico y contable de la entidad.» Dos. Se modifica el párrafo primero apartado 2 del artículo 39, que queda redactado como sigue: «2. Los miembros de la junta directiva habrán de ser mutualistas al menos en dos terceras partes; no obstante, caso de existir entidades o personas protectoras, los estatutos sociales podrán determinar que los protectores o sus representantes formen parte de la junta directiva. La participación del protector en la junta directiva en ningún caso podrá suponer el control efectivo de este órgano societario.» Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. Se modifica el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 1.a) del artículo 4, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. El seguro de riesgos extraordinarios amparará, conforme legalmente se determina, a los asegurados de las pólizas que se indican a continuación, en las cuales es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros: a) En los seguros contra daños: las pólizas de vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendios y eventos de la naturaleza, otros daños en los bienes (robo, rotura de cristales, daños a maquinaria, equipos electrónicos y ordenadores), responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y las de pérdidas pecuniarias diversas, que contemplen coberturas de las citadas en el artículo 3.2 o coberturas de inhabitabilidad o desalojo forzoso de viviendas, o pérdidas de alquileres de viviendas; así como modalidades combinadas de ellos o cuando se contraten de forma complementaria. No obstante, quedan excluidas, en todo caso, las pólizas de los seguros agrarios combinados, cualquiera que sea el bien objeto del seguro, así como cualesquiera otras que cubran producciones agropecuarias susceptibles de aseguramiento a través del sistema de los seguros agrarios combinados por encontrarse contempladas en los planes que anualmente aprueba el Gobierno, cualquiera que sea la delimitación de las coberturas que prevea dicho sistema, así como las pólizas que cubran los riesgos derivados del transporte de mercancías, y de la construcción y montaje, incluidas la pólizas suscritas en cumplimiento de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Las pólizas que cubriendo producciones agropecuarias no incluidas en un plan anual de seguros agrarios combinados, se encuentren en vigor en el momento de la inclusión de dichas producciones en un nuevo plan, se entenderán excluidas de la obligación de pagar el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros y, en consecuencia, de la cobertura otorgada por éste, por aplicación del párrafo anterior, a partir de su vencimiento o renovación, y a más tardar en el plazo de un año desde la aprobación por el Gobierno del plan anual en el que pasen a estar incluidas las producciones.» Dos. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 5, que pasan a tener la siguiente redacción: «1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 3 y 4 de este artículo.» «4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente. b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.» Tres. Se modifica el art 9, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 9. Franquicia. 1. En los seguros contra daños en las cosas y responsabilidad civil en vehículos terrestres, se aplicará la franquicia que, en su caso, fije el Ministro de Economía y Competitividad a propuesta del Consorcio de Compensación de Seguros. 2. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, en los siguientes términos: Uno. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 10, que quedan redactados como sigue: «4. El reconocimiento del derecho a la prestación deberá ser notificado al beneficiario mediante escrito firmado por la entidad gestora, dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde la presentación de la documentación correspondiente, indicándole la forma, modalidad y cuantía de la prestación, periodicidad y vencimientos, formas de revalorización, posibles reversiones, y grado de aseguramiento o garantía, informando en su caso del riesgo a cargo del beneficiario, y demás elementos definitorios de la prestación, según lo previsto en las especificaciones o de acuerdo a la opción señalada por aquél. Si se tratase de un capital inmediato, deberá ser abonado al beneficiario dentro del plazo máximo de 7 días hábiles desde que éste presentase la documentación correspondiente. No obstante, las especificaciones de los planes de empleo y asociados en los que la jubilación opere bajo la modalidad de prestación definida podrán extender dicho plazo hasta un máximo de 30 días hábiles cuando así se justifique por razones de la necesaria intervención de terceras personas o entidades en la cuantificación del derecho consolidado. 5. En los supuestos excepcionales de liquidez de enfermedad grave y desempleo de larga duración previstos en el artículo 9 de este reglamento, de acuerdo a lo previsto en las especificaciones, y con las condiciones o limitaciones que éstas establezcan, los derechos consolidados podrán hacerse efectivos mediante un pago o en pagos sucesivos, en tanto se mantengan dichas situaciones debidamente acreditadas. Los derechos solicitados deberán ser abonados dentro del plazo máximo de 7 días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente. No obstante, las especificaciones de los planes de empleo y asociados en los que la jubilación opere bajo la modalidad de prestación definida podrán extender dicho plazo hasta un máximo de 30 días hábiles cuando así se justifique por razones de la necesaria intervención de terceras personas o entidades en la cuantificación del derecho consolidado.» Dos. Se introduce un nuevo artículo 10 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 10 bis. Antigüedad de las aportaciones en caso de cobro o movilización parcial de derechos consolidados. Cuando se realicen cobros parciales de derechos consolidados por contingencias o por los supuestos excepcionales de liquidez regulados en el texto refundido de la ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en este reglamento, o se efectúen movilizaciones parciales de los citados derechos, la solicitud del partícipe deberá incluir indicación referente a si los derechos consolidados que desea percibir o movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. En el supuesto de movilizaciones parciales, los derechos consolidados a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a aportaciones anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el partícipe no haya realizado la indicación señalada en el párrafo anterior.» Tres. El último párrafo de la letra a) del artículo 16 queda redactado como sigue: «Lo dispuesto anteriormente se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que las entidades financieras asuman compromisos de revalorización de los derechos consolidados a una fecha determinada, en los términos del artículo 77 de este reglamento.» Cuatro. Se añade una letra k) al artículo 18 con la siguiente redacción: «k) Criterios para seleccionar las aportaciones de las que deriven los derechos consolidados o económicos en los casos de cobros parciales o movilizaciones parciales.» Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda redactado como sigue: «2. Con periodicidad al menos anual, la entidad gestora del fondo de pensiones en el que el plan se encuentre integrado remitirá a cada partícipe de los planes de empleo una certificación sobre el total de las aportaciones, directas o imputadas, realizadas en el año natural y el valor, al final del mismo, del total de sus derechos consolidados en el plan, distinguiéndose la parte correspondiente a aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiere. Las especificaciones podrán prever plazos inferiores al señalado anteriormente para remitir dicha información. La certificación a que se refiere este apartado deberá contener un resumen sobre la determinación de las contingencias cubiertas, el destino de las aportaciones y las reglas de incompatibilidad sobre aquéllas. En su caso, la certificación indicará la cuantía de los excesos de aportación del partícipe advertidos sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el medio para el abono de la devolución.» Seis. Se modifica el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 35, que queda redactado como sigue: «A tal fin, el partícipe deberá presentar la solicitud de movilización que deberá incluir la identificación del plan y fondo de pensiones de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso, el importe a movilizar y una autorización del partícipe a la entidad gestora o aseguradora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la gestora del fondo de origen la movilización de los derechos consolidados, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. En caso de movilización parcial de derechos consolidados, la solicitud del partícipe deberá incluir indicación referente a si los derechos consolidados que desea movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. Los derechos consolidados a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a aportaciones anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el partícipe no haya realizado la indicación señalada anteriormente.» Siete. Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 48, que queda redactada como sigue: «h) Ausencia de garantía de rentabilidad con advertencia de la posibilidad de incurrir en pérdidas y referencia, en su caso, a la existencia de garantía financiera externa, otorgada por una entidad financiera directamente al plan de pensiones o bien a los partícipes individualmente. En caso de que la garantía haya sido otorgada directamente al plan se incluirá referencia a la misma con indicación de los aspectos mencionados en el párrafo tercero del artículo 77, señalando además que la garantía es exigible a la entidad garante, que se obliga a satisfacerla directamente al plan de pensiones en el que se integrará como mayor valor de los derechos consolidados de los partícipes.» Ocho. Se modifican las letras k) y m) del apartado 1 del artículo 48, que quedan redactadas como sigue: «k) Formas de cobro y procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del beneficiario, con especial referencia a la fecha de valoración de los derechos consolidados, así como, en caso de cobros parciales, el criterio para seleccionar las aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis de este reglamento, y en su caso, posibilidad de aseguramiento de las prestaciones con identificación de la denominación y domicilio de la entidad aseguradora. m) Movilidad de los derechos consolidados e indicaciones sobre el cálculo del derecho consolidado, condiciones, procedimientos y plazos para la movilización de derechos consolidados o económicos, indicando la fecha de valoración de los derechos a estos efectos, así como, en caso de movilizaciones parciales, el criterio para seleccionar las aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de traspaso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis de este reglamento.» Nueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 48, que queda redactado como sigue: «4. Con periodicidad anual, la entidad gestora del fondo de pensiones remitirá a cada partícipe de los planes individuales una certificación sobre el total de las aportaciones realizadas en el año natural y el valor, al final del mismo, del total de sus derechos consolidados, distinguiéndose la parte correspondiente a aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiera. La certificación a que se refiere este apartado deberá contener un resumen sobre la determinación de las contingencias cubiertas, el destino de las aportaciones y las reglas de incompatibilidad sobre aquéllas. En su caso, la certificación indicará la cuantía de los excesos de aportación advertidos y el deber de comunicar el medio para el abono de la devolución.» Diez. El apartado 9 del artículo 48 queda redactado como sigue: «9. Las especificaciones de los planes de pensiones del sistema individual, podrán modificarse por acuerdo del promotor, previa comunicación por éste o por la entidad gestora o depositaria correspondiente, con al menos un mes de antelación a la fecha de efectos, a los partícipes y beneficiarios. Las modificaciones de la política de inversión del fondo en que se integre el plan y de las comisiones de gestión y depósito aplicadas, el establecimiento y modificación de las garantías reguladas en el artículo 77, así como los acuerdos de sustitución de gestora o depositaria del fondo de pensiones y los cambios de dichas entidades por fusión o escisión, deberán notificarse a los partícipes y beneficiarios con al menos un mes de antelación a la fecha de efectos.» Once. Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 50, que queda redactado como sigue: «A tal fin, el partícipe deberá presentar la solicitud de movilización que deberá incluir la identificación del plan y fondo de pensiones de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso, el importe a movilizar y una autorización del partícipe a la entidad gestora o aseguradora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la gestora del fondo de origen la movilización de los derechos consolidados, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. En caso de movilización parcial de derechos consolidados, la solicitud del partícipe deberá incluir indicación referente a si los derechos consolidados que desea movilizar corresponden a aportaciones anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. Los derechos consolidados a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a aportaciones anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el partícipe no haya realizado la indicación señalada anteriormente.» Doce. Se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue: «La comisión de control de un plan de pensiones de empleo adscrito a un fondo podrá acordar la canalización de recursos de su cuenta de posición a otros fondos de pensiones de empleo autorizados para operar como abiertos, en las siguientes condiciones: a) El plan de pensiones de empleo inversor mantendrá una cuenta de participación en el fondo de empleo abierto que podrá ser movilizable a otro fondo de empleo abierto, o reintegrable en el fondo en el que esté integrado el plan inversor. Corresponde a la comisión de control del fondo abierto aceptar la apertura de dicha cuenta de participación, pudiendo delegar tal facultad en alguno de sus miembros, en una subcomisión o en su gestora. b) La cuenta de participación del plan en el fondo abierto se considerará un activo del fondo de empleo al que esté adscrito el plan inversor, asignado individualmente a la cuenta de posición de éste. En el activo del fondo al que esté adscrito el plan inversor, a la cuenta de participación del plan no le serán aplicables los límites de diversificación de inversiones previstos en este reglamento. En cuanto a las comisiones de gestión y depósito imputables a dicha cuenta, se estará a lo previsto al efecto en el artículo 84. El fondo de empleo abierto no podrá garantizar una rentabilidad mínima por la participación de un plan inversor. c) La instrumentación del cobro de aportaciones y pago de prestaciones del plan se realizará en el fondo al que esté adscrito, correspondiendo a su gestora la certificación y movilización de los derechos consolidados, el reconocimiento y abono de las prestaciones y la cuantificación de la cuenta de posición del plan. d) La gestora del fondo abierto deberá informar a la comisión de control del plan de empleo inversor de los cambios en las normas de funcionamiento y en la política de inversión del fondo abierto, y con la periodicidad que se pacte, que será como mínimo anual, informará a dicha comisión sobre el estado y movimientos de la cuenta de participación y sobre las inversiones del fondo de pensiones abierto. Asimismo, la gestora del fondo de pensiones abierto deberá facilitar diariamente la referida información a la gestora del fondo al que está adscrito el plan inversor.» Trece. Se introduce un nuevo artículo 68 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 68 bis. Canalización de recursos de un plan de pensiones individual o asociado adscrito a un fondo a otros fondos de pensiones abiertos. El promotor de un plan de pensiones individual o la comisión de control de un plan de pensiones asociado adscrito a un fondo podrán acordar la canalización de recursos de su cuenta de posición a otros fondos de pensiones personales autorizados para operar como abiertos, en las siguientes condiciones: a) El plan de pensiones individual o asociado inversor mantendrá una cuenta de participación en el fondo personal abierto que podrá ser movilizable a otro fondo personal abierto, o reintegrable en el fondo en el que esté integrado el plan inversor. Corresponde a la comisión de control del fondo abierto aceptar la apertura de dicha cuenta de participación, pudiendo delegar tal facultad en alguno de sus miembros, en una subcomisión o en su gestora. A falta de comisión de control del fondo abierto, dicha facultad le corresponde a la entidad gestora. b) La cuenta de participación del plan en el fondo abierto se considerará un activo del fondo personal al que esté adscrito el plan inversor, asignado individualmente a la cuenta de posición de éste. En el activo del fondo al que esté adscrito el plan inversor, a la cuenta de participación del plan no le serán aplicables los límites de diversificación de inversiones previstos en este reglamento. En cuanto a las comisiones de gestión y depósito imputables a dicha cuenta, se estará a lo previsto al efecto en el artículo 84. El fondo personal abierto no podrá garantizar una rentabilidad mínima por la participación de un plan inversor. c) La instrumentación del cobro de aportaciones y pago de prestaciones del plan se realizará en el fondo al que esté adscrito, correspondiendo a su gestora la certificación y movilización de los derechos consolidados, el reconocimiento y abono de las prestaciones y la cuantificación de la cuenta de posición del plan. La gestora del fondo abierto deberá informar al promotor del plan de pensiones individual o a la comisión de control del plan asociado inversor de los cambios en las normas de funcionamiento y en la política de inversión del fondo abierto, y con la periodicidad que se pacte, que será como mínimo anual, informará a dicho promotor o comisión de control del plan sobre el estado y movimientos de la cuenta de participación y sobre las inversiones del fondo de pensiones abierto. Asimismo, la gestora del fondo de pensiones abierto deberá facilitar diariamente la referida información a la gestora del fondo al que está adscrito el plan inversor.» Catorce. El último párrafo del apartado 4 del artículo 69 queda redactado como sigue: «En el caso de los planes de pensiones para los que una entidad financiera haya ofrecido una garantía externa en los términos establecidos en el artículo 77 de este reglamento deberá recogerse expresamente esta circunstancia en la declaración comprensiva de los principios de la política de inversión.» Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 71, que queda redactado como sigue: «3. Los fondos de pensiones deberán valorar diariamente a precios de mercado sus operaciones en derivados. No obstante, en aquellos planes de pensiones en los que exista una garantía otorgada por una entidad financiera cuya política de inversión tenga como finalidad alcanzar un objetivo concreto de rentabilidad en el que se utilicen instrumentos financieros derivados, se permitirá durante el periodo inicial de comercialización, que no podrá ser superior a tres meses, que no se valoren las posiciones en instrumentos financieros derivados, siempre que así se haya previsto en la declaración de la política de inversión del fondo de pensiones en el que esté integrado el plan de pensiones.» Dieciséis. Se modifica el artículo 76, que queda redactado como sigue: «La comisión de control de un fondo de pensiones de empleo o personal podrá acordar la inversión en fondos de pensiones, de la misma categoría, autorizados para operar como abiertos en las siguientes condiciones: a) El fondo de pensiones inversor mantendrá una cuenta de participación en el fondo abierto que podrá ser movilizable a otro fondo de pensiones abierto. Un mismo fondo podrá mantener cuenta de participación en más de un fondo abierto. Corresponde a la comisión de control del fondo abierto aceptar la apertura de dicha cuenta, pudiendo delegar tal facultad en una subcomisión o en la gestora del fondo. A falta de comisión de control del fondo abierto, dicha facultad le corresponde a la entidad gestora. b) La participación en el fondo abierto no podrá asignarse a un plan o planes determinados de los adscritos al fondo inversor, sino que se considerará un activo del fondo de pensiones inversor asignado colectiva y proporcionalmente a todos los planes adscritos a aquél. En el activo del fondo de pensiones inversor, a la cuenta de participación en un fondo abierto no le serán de aplicación los límites de diversificación de inversiones de los fondos de pensiones previstos en este reglamento, en relación con el patrimonio del fondo inversor. En lo relativo a las comisiones de gestión y depósito imputables a dicha cuenta, se aplicará lo previsto al efecto en el artículo 84. El fondo abierto no podrá garantizar una rentabilidad mínima por la participación de fondos de pensiones inversores. c) En el fondo inversor se instrumentará el cobro de aportaciones y pago de prestaciones de los planes adscritos al fondo, correspondiendo a su gestora la certificación y movilización de los derechos consolidados, el reconocimiento y abono de las prestaciones y la cuantificación de las cuentas de posición de los planes adscritos. d) La gestora del fondo abierto deberá informar a la comisión de control del fondo inversor de los cambios en las normas de funcionamiento y en la política de inversión del fondo abierto, y con la periodicidad que se pacte, que será como mínimo anual, informará a dicha comisión sobre el estado y movimientos de la cuenta de participación y sobre las inversiones del fondo de pensiones abierto. Asimismo, la gestora del fondo abierto facilitará diariamente la referida información a la gestora del fondo inversor.» Diecisiete. Se modifica el artículo 77, que queda redactado como sigue: «Las entidades financieras, en los términos permitidos por su normativa específica, podrán otorgar garantías, incluidas las concertadas mediante contratos de seguro, referidas a la obtención de un determinado valor liquidativo o del derecho consolidado en una fecha determinada en los planes de pensiones individuales o asociados de aportación definida. Las referidas garantías podrán ser otorgadas al plan de pensiones directamente mediante documento de garantía suscrito por la entidad garante con el plan, o bien a los partícipes individualmente en documento de garantía suscrito por la entidad garante con el partícipe. Cuando la garantía se instrumente mediante contrato de seguro se formalizará la correspondiente póliza de seguro de vida suscrita por la aseguradora con el plan si se trata de una garantía otorgada al plan de pensiones directamente o, en su caso, mediante póliza de seguro individual suscrita por la aseguradora con el partícipe si se trata de garantía otorgada a los partícipes individualmente. En dicho documento de garantía o póliza de seguro se especificarán clara y detalladamente la identidad de la entidad garante, el objeto de la garantía y la rentabilidad o parámetro de referencia, el plan al que se refiere, la duración, condiciones de mantenimiento y posibles causas de suspensión o rescisión de la garantía, la compensación a entregar al plan o, en su caso, a partícipes y beneficiarios a los que se otorgue individualmente en caso de suspensión o rescisión unilateral de la misma, las circunstancias, tiempo y forma en que podrá exigirse su ejecución, forma de determinar la cuantía a compensar o abonar por la entidad financiera y, en su caso, límites cuantitativos de la garantía. Si la información hace referencia a una teórica rentabilidad implícita en la operación, deberá informarse de su equivalente calculada sobre una base anual. Cuando se trate de garantías otorgadas a los partícipes individualmente, en el documento de garantía, del cual se entregará copia al partícipe, o en la póliza de seguro individual, se hará constar expresamente que la garantía es exigible a la entidad garante, que se obliga a satisfacerla directamente al usuario, sin que pueda exigirse o considerarse como prestación del plan de pensiones, aportación al plan o incremento de derechos consolidados en el plan, siendo esa garantía ajena e independiente de los derechos y obligaciones derivados de la pertenencia al plan de pensiones. Cuando se trate de garantías otorgadas al plan de pensiones directamente, en el documento de garantía o en la póliza de seguro correspondiente se hará constar expresamente que la garantía es exigible a la entidad garante, que se obliga a satisfacerla directamente al plan de pensiones en el que se integrará como mayor valor de los derechos consolidados de los partícipes. De acuerdo con lo establecido en los artículos 48.1 y 101.2, cuando exista garantía externa otorgada al plan directamente, el documento de datos fundamentales para el partícipe en el caso de planes individuales, o el boletín de adhesión en el caso de los planes asociados, deberán incluir indicaciones sobre los aspectos mencionados en el párrafo tercero de este artículo. Respecto de un mismo plan de pensiones podrán concurrir las garantías previstas en este artículo otorgadas por una misma o distintas entidades financieras. Las referidas garantías, tanto las instituidas entre la entidad garante y el plan, como las otorgadas directamente a los partícipes, no podrán condicionarse a las actuaciones en materia de inversiones de las comisiones de control o de la gestora del fondo o de terceras entidades con las que se haya contratado la gestión de las inversiones del fondo de pensiones, sin perjuicio de los conciertos sobre el particular entre la entidad garante y aquéllas. Las entidades gestoras de fondos de pensiones no podrán asumir las garantías a que se refiere este artículo. Se exceptúan las entidades gestoras que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 80 tengan la naturaleza de entidades aseguradoras, las cuales podrán asumir dichas garantías. Los planes o fondos de pensiones respecto de los cuales la entidad garante ofrezca su garantía sólo podrán contener en su denominación el término «garantía», «garantizado», «seguro», «asegurado» u otros equivalentes cuando el importe de la garantía cubra a la fecha de vencimiento de la misma, como mínimo, la totalidad de lo aportado hasta la finalización de la garantía. En ningún caso las garantías reguladas en este artículo supondrán la asunción de riesgos o garantía de prestaciones determinadas por parte del plan de pensiones o del fondo de pensiones correspondiente. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y disposiciones de desarrollo.» Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 80, que queda redactado como sigue: «2. A efectos de lo previsto en el citado párrafo a) del artículo 78.1, para la cobertura del mínimo inicial de 600.000 euros y recursos adicionales requeridos en función del activo de los fondos gestionados, las aseguradoras podrán computar el capital o fondo mutual desembolsados, la reserva legal, las reservas de revalorización de elementos patrimoniales por aplicación de norma legal, la prima de emisión de acciones, las reservas voluntarias y la parte del saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias que se destine a incrementar reservas voluntarias. En todo caso, la exigencia de recursos propios para la actividad como gestora de fondos de pensiones se considera adicional a las exigencias de fondos propios básicos requeridos para el ejercicio de la actividad aseguradora. No obstante, no será necesario incrementar el importe del capital social de la entidad aseguradora por encima de la cuantía exigida en su normativa específica siempre y cuando disponga de fondos propios básicos adicionales a los requeridos para su actividad aseguradora en cuantía suficiente para cubrir los requisitos del artículo 78.1 de este reglamento.» Diecinueve. Se modifica el artículo 85 bis, que queda redactado como sigue: «1. Las entidades gestoras, las entidades depositarias, las entidades comercializadoras de planes de pensiones, quienes desempeñen cargos de administración y dirección en todas ellas, sus empleados, agentes y apoderados, así como los miembros de las comisiones de control de los planes y de los fondos de pensiones estarán sujetos a las normas de conducta previstas en este reglamento y en su normativa de desarrollo. 2. Las entidades gestoras, las entidades depositarias, las entidades diferentes de una entidad gestora que gestionen los activos de un fondo de pensiones y las entidades comercializadoras deberán elaborar un reglamento interno de conducta, de obligado cumplimiento, que regulará la actuación de sus órganos de administración, empleados y representantes. Cuando las entidades referidas en el párrafo anterior ya tengan, en aplicación de otra normativa, la obligación de elaborar un reglamento interno de conducta, podrán integrar en éste las normas específicas referidas a su actividad en el ámbito de los planes y fondos de pensiones. 3. Los reglamentos internos de conducta deberán estar inspirados en las normas de conducta de los mercados de valores. Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad para, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, desarrollar y adaptar lo establecido en dichas normas a las especialidades propias de la actividad en el ámbito de los planes y fondos de pensiones. Específicamente, los reglamentos internos de conducta deberán establecer procedimientos de control interno que acrediten que las decisiones de inversión a favor de un determinado fondo de pensiones o cliente, se adopta con carácter previo a la transmisión de la orden al intermediario. Asimismo, deberá disponer de criterios, objetivos y preestablecidos, para la distribución o desglose de operaciones que afecten a varios fondos de pensiones o clientes, que garanticen la equidad y no discriminación entre ellos. 4. Los reglamentos internos de conducta de la entidad gestora y de la entidad depositaria elaborados según lo previsto en este Reglamento deberán remitirse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones junto a la solicitud de autorización administrativa en el caso de la entidad gestora y, al tiempo de la solicitud de inscripción en el registro especial de entidades depositarias, en el caso de entidades depositarias. Tales reglamentos internos de conducta estarán a disposición de las comisiones de control de los fondos de pensiones gestionados o respecto de los que se preste el servicio de depósito. 5. El incumplimiento de lo previsto en los reglamentos internos de conducta podrá dar lugar a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.» Veinte. Se modifica la letra f) del apartado 2 del artículo 101, que queda redactada como sigue: «f) Régimen de prestaciones, posibles beneficiarios, formas de cobro y grado de aseguramiento o garantía de las prestaciones, con identificación, en su caso, de la denominación y domicilio social de la entidad aseguradora o garante. Procedimiento para la solicitud de las prestaciones por parte del beneficiario, con especial referencia a la fecha de valoración de los derechos consolidados a efectos del pago de prestaciones, así como, en caso de cobros parciales, el criterio para seleccionar las aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de cobro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis de este reglamento.» Veintiuno. Se modifica la letra i) del apartado 2 del artículo 101, que queda redactada como sigue: «i) Indicaciones sobre el cálculo del derecho consolidado, condiciones, procedimientos y plazos para la movilización de derechos consolidados o económicos, indicando la fecha de valoración de los derechos a estos efectos, así como, en caso de movilizaciones parciales, el criterio para seleccionar las aportaciones de las que derivan los derechos consolidados o económicos objeto de traspaso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 bis de este reglamento.» Veintidós. Se añade un nuevo punto 4.º en la letra m) del apartado 2 del artículo 101, con la siguiente redacción: «4.º En el caso de los planes de pensiones de aportación definida se destacará expresamente que no garantizan rentabilidad, advirtiéndose de la posibilidad de incurrir en pérdidas. No obstante, cuando el plan de pensiones asociado cuente con una garantía financiera externa de las previstas en el artículo 77, otorgada al plan de pensiones directamente, el boletín de adhesión incluirá referencia a la misma con indicación de los aspectos mencionados en el párrafo tercero de dicho artículo 77 y señalando que la garantía es exigible a la entidad garante, que se obliga a satisfacerla directamente al plan de pensiones en el que se integrará como mayor valor de los derechos consolidados de los partícipes. Cuando se trate de una garantía otorgada a los partícipes directamente, el boletín de adhesión podrá incluir referencia a la misma indicándose que el detalle y condiciones de aquélla figuran en contrato individual aparte.» Veintitrés. Se modifica el punto 3.º de la letra h) del apartado 3 del artículo 101, que queda redactado como sigue: «3.º Se destacará expresamente que los planes de pensiones individuales no garantizan rentabilidad, advirtiéndose de la posibilidad de incurrir en pérdidas. No obstante, cuando el plan de pensiones cuente con una garantía financiera externa de las previstas en el artículo 77, otorgada al plan de pensiones directamente, el boletín de adhesión incluirá referencia a la misma sin perjuicio de la información sobre dicha garantía en el documento con los datos fundamentales para el partícipe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48. Cuando se trate de una garantía otorgada a los partícipes directamente, el boletín de adhesión podrá hacer referencia a la misma, indicándose que el detalle y condiciones de aquélla figuran en contrato individual aparte.» Veinticuatro. Se modifica el párrafo tercero de la disposición adicional quinta, que queda redactado como sigue: «A tal fin, el asegurado deberá presentar la solicitud de movilización que deberá incluir la identificación del plan de previsión asegurado de origen desde el que se realizará la movilización y la entidad aseguradora de origen, así como, en su caso, el importe a movilizar y una autorización del tomador o beneficiario a la entidad aseguradora o entidad gestora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la entidad aseguradora de origen la movilización de la provisión matemática, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. En caso de movilización parcial de derechos económicos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. Los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada anteriormente.» Veinticinco. Se modifica el párrafo tercero de la disposición adicional sexta que queda redactado como sigue: «A tal fin, el asegurado deberá acompañar a su solicitud la identificación del plan de previsión social empresarial y entidad aseguradora de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso, el importe a movilizar y una autorización del asegurado a la aseguradora o entidad gestora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la aseguradora del plan de previsión social empresarial de origen la movilización de los derechos económicos, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. En caso de movilización parcial de derechos económicos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. Los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada anteriormente.» Veintiséis. La disposición adicional séptima queda redactada como sigue: «Disposición adicional séptima. Homogeneización de las obligaciones de información. 1. A efectos de mejorar y homogeneizar la información previa a la contratación, así como la información periódica, el Ministro de Economía y Competitividad establecerá las obligaciones de información a partícipes, asegurados y mutualistas en los instrumentos de previsión social complementarios que reducen la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en lo que no esté regulado en normas de rango superior o de la Unión Europea de directa aplicación. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, con periodicidad anual las entidades aseguradoras remitirán a cada tomador de los planes de previsión asegurados una certificación sobre el total de las primas pagadas en cada año natural y el valor, al final del año natural, de la participación en beneficios que se le haya asignado, en su caso, y de su provisión matemática distinguiéndose la parte correspondiente a primas abonadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiera. Si el contrato cuenta con inversiones afectas se deberá advertir expresamente y de manera destacada de que pudiera existir una eventual diferencia entre el valor de mercado de los activos correspondientes y el importe de la provisión matemática para el caso de movilización o disposición anticipada. Cuando ello proceda, la certificación indicará la cuantía de los excesos de primas advertidos sobre el límite financiero legalmente establecido y el deber de comunicar el medio para el abono de la devolución. 3. Las mutualidades de previsión social deberán igualmente, con carácter anual, remitir a cada mutualista un certificado con el contenido regulado en el apartado 2 anterior en relación con los contratos de seguro contemplados en el artículo 51.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. No obstante, la información anual a los mutualistas relativa a los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones, a los que se refiere el punto 3.º de la letra a) de dicho artículo 51.2, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.» Veintisiete. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción: «Disposición adicional octava. Antigüedad de las aportaciones en caso de cobro o movilización parcial e inembargabilidad en los planes de pensiones y en los sistemas de previsión social complementaria análogos a los planes de pensiones. 1. Cuando se realicen cobros parciales de derechos económicos por contingencias o por los supuestos de liquidez regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en este reglamento, o se efectúen movilizaciones parciales de los citados derechos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea percibir o movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera. Los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada anteriormente. En caso de que el asegurado, mutualista o beneficiario sea titular de derechos susceptibles de embargo en varios planes de pensiones, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, serán embargables en primer lugar los derechos en planes de pensiones del sistema individual y asociado y planes de previsión asegurados, y en último término los derechos en planes de pensiones de empleo, planes de previsión social empresarial.» Veintiocho. Se introduce una nueva disposición transitoria séptima, con la siguiente redacción: «Disposición transitoria séptima. Movilizaciones de derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas a planes de pensiones y sistemas de previsión social complementarios análogos con anterioridad a 1 de enero de 2016. En la información a remitir por las entidades de origen a las entidades de destino en las movilizaciones de derechos consolidados o económicos que se soliciten por los partícipes o asegurados no será preciso incluir detalle de las cuantías y fechas de cada una de las aportaciones realizadas o primas abonadas antes de 1 de enero de 2016, si bien, se deberá informar de la cuantía de los derechos consolidados o económicos objeto de traspaso correspondientes a las mismas, así como de la parte de las mismas que se corresponde con aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007.» Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. Se modifica el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en los siguientes términos: Uno. El título de la norma queda redactado como sigue: «Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.» Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue: «Las cinco primeras partes del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras serán de aplicación obligatoria para todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas comprendidas en el capítulo I del título II de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y, cualquiera que sea la forma que adopten con arreglo a lo previsto en su artículo 27, así como para las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países, no miembros del Espacio Económico Europeo, establecidas en España. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la cuarta y quinta parte sólo serán de aplicación obligatoria en relación con el desarrollo de grupos, subgrupos y cuentas de tres dígitos, así como sus definiciones y relaciones contables. En el caso de que la entidad necesite utilizar cuentas de tres dígitos no previstas en el presente Plan, se utilizarán, en su caso, las recogidas en el Plan General de Contabilidad. Las mutualidades de previsión social que otorguen prestaciones sociales, deberán habilitar las cuentas y subcuentas necesarias dentro del subgrupo 65 con la finalidad de registrar el movimiento de las operaciones a que estas prestaciones sociales den lugar. Tanto los gastos originados por el otorgamiento de estas prestaciones sociales, que no serán objeto de reclasificación, como los ingresos, deberán imputarse a la cuenta no técnica. La sexta parte del Plan será de aplicación a los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras definidos en el artículo 84.3 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando conforme a los dispuesto en el artículo 43 bis del Código de Comercio, no apliquen las normas internacionales de información financiera adoptadas por los reglamentos de la Unión Europea.» Tres. El segundo párrafo del artículo 4 queda redactado como sigue: «A estos efectos, las contingencias previstas en el artículo 44 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para las mutualidades de previsión social, se asimilarán a las actividades contempladas en el apartado anterior, en función de lo que disponen los artículos 15, 16 y 19 del Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre.» Cuatro. Se suprime la disposición transitoria quinta. Normas para la formulación de cuentas de los grupos consolidables de entidades aseguradoras. Cinco. El apartado 4 de la norma de registro y valoración segunda de la segunda parte del Plan queda redactado como sigue: «4. Valor razonable de los inmuebles. Se entenderá, a los efectos de esta norma y de las subsiguientes, que el valor razonable de los inmuebles será el valor de tasación otorgado por una entidad tasadora autorizada para la valoración de bienes en el mercado hipotecario, con arreglo a las normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras aprobadas por el Ministerio de Economía y Competitividad.» Seis. El párrafo octavo del apartado 2.7 de la norma de registro y valoración octava de la segunda parte del Plan queda redactado como sigue: «Se entenderá por suceso aislado ajeno al control de la entidad, entre otros, los siguientes sucesos: a) Un deterioro significativo en la solvencia del emisor. b) Cambios en los requerimientos de capitales económicos. c) Rescates de pólizas que excedan de las estimaciones de rescates realizadas por la entidad en base a proyecciones que contemplen su experiencia en los 5 últimos ejercicios y la realidad de variables financieras observables en los mercados.» Siete. Los apartados 1 y 2 de la norma de registro y valoración 9.ª de la segunda parte del Plan quedan redactados como sigue: «1. Marco general de los contratos de seguros. Todo contrato calificado como contrato de seguro conforme a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la Ley de contrato de seguro y demás disposiciones de desarrollo, se contabilizará según lo dispuesto en la quinta parte de este Plan para los contratos de seguros. 2. Provisiones técnicas. La valoración de las provisiones técnicas se efectuará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. La cuantía resultante no se modificará por los distintos criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros. Atendiendo a lo establecido en la quinta parte de este Plan, la reserva de estabilización se reconocerá en el patrimonio neto. Anualmente su importe se incrementará, en la cuantía exigida en la normativa de ordenación y supervisión de los seguros privados, con cargo al patrimonio neto. Su importe únicamente podrá ser dispuesto para compensar las desviaciones de la siniestralidad del ejercicio de propia retención. El recargo de seguridad no será objeto de periodificación contable.» Ocho. La norma 1.ª de la tercera parte del Plan queda redactado como sigue: «1. Documentos que integran las cuentas anuales. Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras y en el presente Plan, con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.» Nueve. El apartado 5 de la norma 2.ª de la tercera parte del Plan queda redactado como sigue: «5. Las entidades que operen simultáneamente en el ramo de vida y en los ramos distintos del de vida deberán llevar contabilidad separada para ambos tipos de actividad, con referencia a los siguientes conceptos: a) Cuentas técnicas de pérdidas y ganancias. b) Los fondos propios admisibles para la cobertura del capital mínimo obligatorio. c) Las provisiones técnicas y su inversión.» Diez. El párrafo primero de la norma 9.ª de la tercera parte del Plan queda redactado como sigue: «La memoria, completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:» Once. El apartado V).A.24.7 de los Modelos de Cuentas Anuales de la tercera parte del Plan queda redactado como sigue: «7. En el caso de que la entidad pertenezca a un grupo de entidades aseguradoras y reaseguradoras, conforme a lo dispuesto en el artículo 84.3 de Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, se indicará el nombre del grupo y el de la entidad obligada a presentar la información a efectos estadísticos y contables en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la descripción de las sociedades incluidas a estos efectos en el perímetro de la consolidación, el objeto social y los métodos de consolidación aplicados a cada una de estas sociedades. Además, en el caso de que la entidad pertenezca a un grupo sujeto a supervisión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, se indicará el nombre del grupo y el de la entidad obligada a presentar la información a efectos de supervisión en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el ámbito de aplicación de la supervisión de grupo, el objeto social de las entidades incluidas en el mismo, el método de cálculo de la solvencia del grupo y el método de valoración aplicado a cada entidad del grupo. Asimismo, se facilitará información sobre la sujeción del grupo a lo dispuesto en la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero y en el Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, que desarrolla la anterior, por concurrir en el mismo las circunstancias previstas en las citadas normas a efectos de su constitución como conglomerado financiero o grupo mixto no consolidable.» Doce. Se suprimen los apartados V).A.27 de los Modelos de Cuentas Anuales de la tercera parte del Plan, referido al Estado de cobertura de provisiones técnicas y V).A.28 de los Modelos de Cuentas Anuales de la tercera parte del Plan referido al Estado del margen de solvencia y del fondo de garantía. Trece. El primer párrafo del apartado V).B de los Modelos de Cuentas Anuales de la tercera parte del Plan queda redactado como sigue: «En la memoria abreviada se incluirán los desgloses de información requeridos en los apartados que a continuación se precisan referidos al contenido de la memoria normal: “1. Actividad de la entidad. 2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 3. Aplicación de resultados. 4. Normas de registro y valoración. 8. Comisiones activadas y otros gastos de adquisición activados. 11. Moneda Extranjera. 13. Ingresos y gastos. 14. Provisiones y contingencias. 15. Información sobre medio ambiente. 16. Retribuciones a largo plazo al personal. 17. Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 18. Subvenciones, donaciones y legados. 19. Combinaciones de negocios. 20. Negocios conjuntos. 21. Activos en venta y operaciones interrumpidas. 22. Hechos posteriores al cierre. 23. Operaciones con partes vinculadas. 24. Otra información. 25. Información segmentada.”» Catorce. Se añade una sexta parte al Plan con el título Normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, con el contenido siguiente: «SEXTA PARTE Normas sobre la formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras La formulación de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, tal y como se definen en el artículo 84.3 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuando conforme a los dispuesto en el artículo 43 bis del Código de Comercio, no se apliquen las normas internacionales de información financiera adoptadas por los reglamentos de la Unión Europea, se regirá por las normas contenidas en el Código de Comercio, en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, y en las disposiciones que lo desarrollen, con las particularidades que a continuación se indican: 1. Las referencias hechas a las normas de registro y valoración del PGC han de entenderse realizadas a las equivalentes normas de registro y valoración del PCEA. 2. Homogeneización valorativa. Cuando se integren entidades no aseguradoras sujetas a reglas contables diferentes se mantendrán estas sin que resulte necesario proceder a su homogeneización. En caso de filiales no pertenecientes al Espacio Económico Europeo no será necesario armonizar previamente las partidas correspondientes a la provisiones técnicas de dichas sociedades. 3. Eliminaciones. Se efectuarán las eliminaciones que correspondan por ingresos y gastos recíprocos y créditos y débitos por operaciones internas de seguro. 4. Estructura de las cuentas anuales consolidadas. La estructura de las cuentas anuales consolidadas se adaptará a lo establecido en el anexo. 5. La memoria consolidada recogerá, además la siguiente información: a) Operaciones de reaseguro y coaseguro. Se informará de las operaciones realizadas en reaseguro y coaseguro entre empresas del grupo de entidades aseguradoras y reaseguradoras, especificando los resultados que se hayan producido. En particular, se suministrará información sobre: – Ingresos y gastos técnicos por operaciones de reaseguro aceptado y de reaseguro cedido. – Otros ingresos y gastos no técnicos. – Saldos por operaciones de reaseguro aceptado y cedido. – Saldo por operaciones de coaseguro. – Depósitos constituidos por reaseguro aceptado y depósitos recibidos por reaseguro cedido y retrocedido. – Provisiones técnicas por reaseguro aceptado o cedido. b) Información sobre el balance consolidado. Cuando se incluyan en el balance consolidado sociedades a las que se haya aplicado el método de integración global en cuyos balances individuales figuren activos y pasivos distintos de los que figuran en los balances de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se registrarán, según corresponda, en las partidas «otros activos» u «otros pasivos» del balance consolidado del grupo y sobre las referidas cuentas se suministrará en la memoria el oportuno desglose, así como la información que, de acuerdo a su naturaleza se exige en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. c) Información sobre la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Reclasificaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Cuando intervengan en la consolidación entidades no aseguradoras o reaseguradoras que se consoliden por integración global con el resto de entidades aseguradoras y reaseguradoras del grupo, se efectuarán las reclasificaciones de ingresos y gastos que resulten necesarias para su inclusión en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo la denominación que corresponda a su verdadera naturaleza desde el punto de vista de la actividad aseguradora. Sobre dichas reclasificaciones, la composición de los ingresos y gastos que se han visto afectadas por las mismas y sobre los criterios seguidos para su realización, se suministrará detallada información en la memoria. d) Otra información: La información exigida a las entidades aseguradoras individuales en los apartados 25 y 26 de la memoria individual del presente plan en la medida en que sea aplicable a nivel de grupo. MODELOS DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LOS GRUPOS DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS Activo consolidado A-1) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes A-2) Cartera de negociación I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda III. Derivados IV. Otros A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda III. Instrumentos híbridos IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión V. Otros A.4) Activos financieros disponibles para la venta I. Instrumentos de patrimonio II. Valores representativos de deuda III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión IV. Otros A-5) Préstamos y partidas a cobrar I. Valores representativos de deuda II. Préstamos 1. Anticipos sobre pólizas 2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas a) Entidades asociadas b) Entidades multigrupo c) Otros 3. Préstamos a otras partes vinculadas III. Depósitos en entidades de crédito IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado V. Créditos por operaciones de seguro directo 1. Tomadores de seguro 2. Mediadores VI. Créditos por operaciones de reaseguro VII. Créditos por operaciones de coaseguro VIII. Desembolsos exigidos IX. Otros créditos 1. Créditos con las Administraciones Públicas 2. Resto de créditos A-6) Cartera de inversión a vencimiento A-7) Derivados de cobertura A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas I. Provisión para primas no consumidas II. Provisión de seguros de vida III. Provisión para prestaciones IV. Otras provisiones técnicas A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias I. Inmovilizado material II. Inversiones inmobiliarias A-10) Inmovilizado intangible I. Fondo de comercio 1. Fondo de comercio de consolidación 2. Otros II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores III. Otro activo intangible A-11) Participaciones en sociedades puestas en equivalencia I. Entidades asociadas II. Entidades multigrupo A-12) Activos fiscales I. Activos por impuesto corriente II. Activos por impuesto diferido A-13) Otros activos I. Activos y derechos de reembolsos por retribuciones a largo plazo al personal II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición III Periodificaciones IV. Resto de activos A-14) Activos y grupos de activos en venta TOTAL ACTIVO Pasivo y patrimonio neto consolidado A) PASIVO A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias A-3) Débitos y partidas a pagar I. Pasivos subordinados II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido III. Deudas por operaciones de seguro 1. Deudas con asegurados 2. Deudas con mediadores 3. Deudas condicionadas IV. Deudas por operaciones de reaseguro V. Deudas por operaciones de coaseguro VI. Obligaciones y otros valores negociables VII. Deudas con entidades de crédito VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro IX. Otras deudas: 1. Deudas con las Administraciones públicas 2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas a) Entidades asociadas b) Entidades multigrupo c) Otros 3. Resto de otras deudas A-4) Derivados de cobertura A-5) Provisiones técnicas I. Provisión para primas no consumidas II. Provisión para riesgos en curso III. Provisión de seguros de vida 1. Provisión para primas no consumidas 2. Provisión para riesgos en curso 3. Provisión matemática 4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador IV. Provisión para prestaciones V. Provisión para participación en beneficios y para extornos VI. Otras provisiones técnicas A-6) Provisiones no técnicas I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales II. Provisión para pensiones y obligaciones similares III. Provisión para pagos por convenios de liquidación IV. Otras provisiones no técnicas A-7) Pasivos fiscales I. Pasivos por impuesto corriente II. Pasivos por impuesto diferido A-8) Resto de pasivos I. Periodificaciones II. Pasivos por asimetrías contables III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido IV. Otros pasivos A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta TOTAL PASIVO B) PATRIMONIO NETO B-1) Fondos propios I. Capital o fondo mutual 1. Capital escriturado o fondo mutual 2. (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Reserva de estabilización 3. Reservas en sociedades consolidadas 4. Reservas en sociedades puestas en equivalencia 5. Otras reservas IV. (Acciones propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas VII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 1. Pérdidas y ganancias consolidadas 2. (Pérdidas y ganancias socios externos) VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto B-2) Ajustes por cambios de valor: I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Diferencias de cambio y conversión IV. Corrección de asimetrías contables V. Sociedades puestas en equivalencia VI. Otros ajustes B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B-4) Socios externos TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada   20XX 20XX-1 I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA     I.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro     a) Primas devengadas     a1) Seguro directo     a2) Reaseguro aceptado     a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)     b) Primas del reaseguro cedido (-)     c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)     c1) Seguro directo     c2) Reaseguro aceptado     d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)     I.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones.     a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias     b) Ingresos procedentes de inversiones financieras     c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De inversiones financieras     d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones     d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     d2) De inversiones financieras     e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia     e2) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     I.3 Otros Ingresos Técnicos     I.4 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro     a) Prestaciones y gastos pagados     a1) Seguro directo     a2) Reaseguro aceptado     a3) Reaseguro cedido (-)     b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)     b1) Seguro directo     b2) Reaseguro aceptado     b3) Reaseguro cedido (-)     c) Gastos imputables a prestaciones     I.5 Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)     I.6 Participación en Beneficios y Extornos     a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.     b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)     I.7 Gastos de Explotación Netos     a) Gastos de adquisición     b) Gastos de administración     c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido     I.8 Otros Gastos Técnicos (+ ó -)     a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)     b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)     c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)     d) Otros     I.9 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones     a) Gastos de gestión de las inversiones     a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras     b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones     b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b3) Deterioro de inversiones financieras     c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De las inversiones financieras     e) Gastos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia     e2) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     I.10 Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)     II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA     II.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro     a) Primas devengadas     a1) Seguro directo     a2) Reaseguro aceptado     a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)     b) Primas del reaseguro cedido (-)     c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)     c1) Seguro directo     c2) Reaseguro aceptado     d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)     II.2 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones     a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias     b) Ingresos procedentes de inversiones financieras     c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De inversiones financieras     d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones     d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     d2) De inversiones financieras     e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia     e2) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     II.3 Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión     II.4 Otros Ingresos Técnicos     II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro     a) Prestaciones y gastos pagados     a1) Seguro directo     a2) Reaseguro aceptado     a3) Reaseguro cedido (-)     b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)     b1) Seguro directo     b2) Reaseguro aceptado     b3) Reaseguro cedido (-)     c) Gastos imputables a prestaciones     II.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -)     a) Provisiones para seguros de vida     a1) Seguro directo     a2) Reaseguro aceptado     a3) Reaseguro cedido (-)     b) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros     c) Otras provisiones técnicas     II.7 Participación en Beneficios y Extornos.     a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos     b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)     II.8 Gastos de Explotación Netos     a) Gastos de adquisición     b) Gastos de administración     c) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido     II.9 Otros Gastos Técnicos.     a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)     b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)     c) Otros     II.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones     a) Gastos de Gestión del inmovilizado material y de las inversiones     a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras     b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones     b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b3) Deterioro de inversiones financieras     c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De las inversiones financieras     e) Gastos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia     e2) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     II.11 Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión     II.12 Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida)     III. CUENTA NO TÉCNICA     III.1 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones     a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias     b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras     c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De inversiones financieras     d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones     d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     d2) De inversiones financieras     e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia     e2) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     f) Diferencias negativas de consolidación     f1) Sociedades consolidadas     f2) Sociedades puestas en equivalencia     III.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones     a) Gastos de gestión de las inversiones     a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras     a2) Gastos de inversiones materiales     b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones     b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     b3) Deterioro de inversiones financieras     c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones     c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias     c2) De las inversiones financieras     e) Gastos de entidades incluidas en la consolidación     e1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia     e2) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia     e3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas     III.3 Otros Ingresos     a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones     b) Resto de ingresos     III.4 Otros Gastos     a) Gastos por la administración de fondos de pensiones     b) Resto de gastos     III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Técnica)     III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5)     III.7 Impuesto sobre Beneficios     III.8 Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7)     III.9 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)     III.10 Resultado del Ejercicio Consolidado ( III.8 + III.9)     a) Resultado atribuido a la sociedad dominante     b) Resultado atribuido a socios externos     Estado de ingresos y gastos consolidados reconocidos   20XX 20XX-1 I) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO     II) OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS     II.1 Activos financieros disponibles para la venta     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.2 Coberturas de los flujos de efectivo     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas     Otras reclasificaciones     II.3 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.4 Diferencias de cambio y conversión     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.5 Corrección de asimetrías contables     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.6 Activos mantenidos para la venta     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.7 Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal     II.8 Entidades valoradas por puesta en equivalencia     Ganancias y pérdidas por valoración     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias     Otras reclasificaciones     II.9 Otros ingresos y gastos reconocidos     II.10 Impuesto sobre beneficios     III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS     III.1 Atribuidos en la entidad dominante     III.2 Atribuidos a socios externos     Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el… de 20XX   Capital Prima de emisión Reservas y resultados de ejercicios anteriores (*) (Acciones propias y de la sociedad dominante) Otras aportaciones de socios o mutualistas Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio Ajustes por cambios de valor Subvenciones donaciones y legados recibidos Socios externos TOTAL A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 2                         I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.                         II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.                         B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1                         I. Total ingresos y gastos consolidado reconocidos.                         II. Operaciones con socios o mutualistas                         1. Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual                         2. Condonaciones de deudas.                         3. (–) Distribución de dividendos o derramas activas                         4. Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas).                         5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.                         6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos                         7. Otras operaciones con socios o mutualistas                         III. Otras variaciones del patrimonio neto.                         C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X - 1                         I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.                         II. Ajustes por errores 200X-1.                         D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X                         I. Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.                         II. Operaciones con socios o mutualistas                         1. Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual                         2. Condonaciones de deudas.                         3. (–) Distribución de dividendos o derramas activas                         4. Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas).                         5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.                         6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos                         7. Otras operaciones con socios o mutualistas                         III. Otras variaciones del patrimonio neto.                         E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X                         (*) Incluye reservas en sociedades consolidadas y reservas en sociedades puestas en equivalencia. Estado de flujos de efectivo consolidado   Notas en la memoria Total 20XX 20XX-1 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       A.1) Actividad aseguradora       1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado       2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado       3. Cobros reaseguro cedido       4. Pagos reaseguro cedido       5. Recobro de prestaciones       6. Pagos de retribuciones a mediadores       7. Otros cobros de explotación       8. Otros pagos de explotación       9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I       10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II       A.2) Otras actividades de explotación       1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones       2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones       3. Cobros de otras actividades       4. Pagos de otras actividades       5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III       6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV       7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)       A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V)       B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       B.1) Cobros de actividades de inversión       1. Inmovilizado material       2. Inversiones inmobiliarias       3. Activos intangibles       4. Instrumentos financieros       5. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas       6. Intereses cobrados       7. Dividendos cobrados       8. Unidad de negocio       9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión       10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI       B.2) Pagos de actividades de inversión       1. Inmovilizado material       2. Inversiones inmobiliarias       3. Activos intangibles       4. Instrumentos financieros       5. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas       6. Unidad de negocio       7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión       8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII       B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)       C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       C.1) Cobros de actividades de financiación       1. Pasivos subordinados       2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital       3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas       4. Enajenación de valores propios y de la sociedad dominante       5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación       6. Venta de participaciones a socios externos       7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6) = VIII       C.2) Pagos de actividades de financiación       1. Dividendos a los accionistas       2. Intereses pagados       3. Pasivos subordinados       4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas       5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas       6. Adquisición de valores propios y de la sociedad dominante       7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación       8. Adquisición de participaciones a socios externos       8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8) = IX       C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)       Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)       Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X)       Efectivo y equivalentes al inicio del periodo       Efectivo y equivalentes al final del periodo       Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo       1. Caja y bancos       2. Otros activos financieros       3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista       Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)       Disposición final sexta. Modificación de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos: «b) Determinación del valor razonable a efectos del apartado 4 de la norma de registro y valoración segunda de la segunda parte del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, y determinación de la valoración de activos a efectos del artículo 68 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.» Dos. Se modifica el título del capítulo I del Título IV, que queda redactado en los siguientes términos: «Valoración de inmuebles de entidades aseguradoras a efectos de la determinación de su valor razonable». Tres. Se modifican los apartados 1y 2 del artículo 82, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Las entidades aseguradoras deberán informar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de cualquier incidencia que pudiera producir una alteración relevante en el valor de los inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios, o en las circunstancias que pudieran afectar a los mismos.» «2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir, tanto a la entidad aseguradora propietaria del inmueble y de los derechos reales inmobiliarios como a la entidad tasadora autorizada que hubiese emitido el informe, las aclaraciones necesarias y la presentación de documentos distintos a los mencionados expresamente en la presente Orden si fuese preciso para verificar o revisar las circunstancias, cálculos y valores incorporados al informe.» Cuatro Se modifica el artículo 83, que queda redactado en los siguientes términos: «Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerde comprobar la valoración realizada por entidades tasadoras autorizadas, lo comunicará por escrito a la entidad aseguradora titular del inmueble o del derecho real inmobiliario. Ambas entidades deberán entregar la documentación que les sea solicitada y dar las máximas facilidades para realizar la citada comprobación; en caso contrario, se procederá por el técnico actuante a levantar diligencia de constancia de hechos.» Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Las entidades aseguradoras solicitarán de una entidad tasadora autorizada la revisión de las valoraciones de los inmuebles de su propiedad y de los derechos reales inmobiliarios inscritos a su favor, antes de que hayan transcurrido dos años desde la anterior valoración y, con independencia de la antigüedad de la anterior tasación, siempre que se pudiera haber producido una alteración relevante en el valor de los mismos. Excepcionalmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá reducir el plazo de los dos años, con carácter general o para determinada clase de inmuebles y derechos reales inmobiliarios, cuando por las especiales circunstancias que afectasen al mercado inmobiliario fuese necesario para evitar sobrevaloraciones de los inmuebles.» Disposición final séptima. Modificación de la Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones. Uno. Se modifica el apartado Segundo, que queda redactado en los siguientes términos: «Segundo. Su finalidad y uso será proveer de datos sobre el estado vital de las personas a los sistemas de información utilizados para la gestión de pacientes, para la gestión y el control sanitario, para el mantenimiento de registros de enfermedades, para la vigilancia en salud pública, para la obtención de estadísticas y para la ejecución de estudios epidemiológicos o de investigación sanitaria; verificar la supervivencia de los beneficiarios de rentas vitalicias o temporales derivadas de operaciones de seguro, y agilizar el pago de las prestaciones a los beneficiarios de seguros en caso de fallecimiento del asegurado». Dos Se modifica el apartado Sexto, que queda redactado en los siguientes términos: «Sexto. Los datos personales contenidos en el Índice Nacional de Defunciones podrán ser cedidos para los fines y usos previstos en el apartado segundo únicamente a entidades, organismos o instituciones pertenecientes a alguno de los grupos siguientes: a) Centros o establecimientos sanitarios de titularidad pública o privada, destinados al diagnóstico y/o tratamiento médico y/o quirúrgico de enfermos ingresados o atendidos de forma ambulatoria. b) Administraciones públicas sanitarias. c) Centros de investigación de carácter público. d) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en los ramos de vida o accidentes. Para ello deberán formular la correspondiente solicitud motivada, que deberá ser resuelta en un plazo máximo de un mes a contar desde su recepción, advirtiendo expresamente a los cesionarios de su obligación de dedicarlos exclusivamente a la finalidad para la que se ceden. Los centros o establecimientos sanitarios que sean de titularidad privada deberán, además, estar autorizados por la comunidad autónoma correspondiente para los fines señalados, y constar en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad». Disposición final octava. Salvaguardia del rango normativo. Las modificaciones introducidas, por la disposición final sexta y la disposición final séptima, en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras; y en la Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones, respectivamente, mantendrán el rango normativo de orden ministerial. Disposición final novena. Título competencial. Conforme a lo establecido en la disposición final decimocuarta de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las disposiciones contenidas en este real decreto, se dictan al amparo del artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para establecer las bases de la ordenación de los seguros y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, respectivamente. Se exceptúan de lo anterior los artículos: a) 3, 19 a 24, 40,166, 167 y disposición adicional octava, que no tendrán carácter básico. b) 44, el capítulo II, el capítulo IV y el capítulo V del Título III, 122 a 126, 127 apartados 1 a 3, 219, 222, 225 y 226 que se dictan al amparo del 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil. Disposición final décima. Incorporación del Derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto se completa la transposición al derecho español de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) modificada por la Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (Ómnibus II). Igualmente se incorpora la Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2011 por la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/67/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE, en lo relativo a la supervisión adicional de las entidades financieras que forman parte de un conglomerado financiero. Disposición final undécima. Habilitación normativa. Se faculta al Ministro de Economía y Competitividad, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, para realizar el desarrollo normativo de las disposiciones contenidas en este real decreto en cuanto sea necesario y para mejor ejecución y desarrollo del mismo. Disposición final duodécima. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. No obstante lo anterior, el apartado dos de la disposición final cuarta entrará en vigor el 1 de julio de 2016; y la disposición adicional decimoséptima, el día siguiente de su publicación. Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS JURADO ANEXO Fórmula estándar del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) 1. Cálculo del capital de solvencia obligatorio básico El capital de solvencia obligatorio básico, que establece el artículo 69.1, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el módulo de riesgo i, SCRj representa el módulo de riesgo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j: Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por: – SCR no de vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro no de vida. – SCR de vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida. – SCR enfermedad, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad. – SCR mercado, que representa el módulo de riesgo de mercado. – SCR incumplimiento, que representa el módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte. El factor Corri,j representa el concepto que figura en la fila i y la columna j de la siguiente matriz de correlaciones: i j Mercado Incumplimiento Vida Enfermedad Distinto del de vida Mercado 1 0,25 0,25 0,25 0,25 Incumplimiento 0,25 1 0,25 0,25 0,5 Vida 0,25 0,25 1 0,25 0 Enfermedad 0,25 0,25 0,25 1 0 Distinto del de vida 0,25 0,5 0 0 1 2. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida El módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida, que establece el artículo 71, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j: Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por: – SCR primas y reservas nv, que representa el submódulo de primas y reservas del seguro distinto del seguro de vida. – SCR catástrofe nv, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro distinto del seguro de vida. 3. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida El módulo de riesgo de suscripción de seguro de vida, que establece el artículo 72, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j: Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por: – SCR mortalidad, que representa el submódulo de riesgo de mortalidad. – SCR longevidad, que representa el submódulo de riesgo de longevidad. – SCR discapacidad, que representa el submódulo de riesgo de discapacidad. – SCR gastos vida, que representa el submódulo de riesgo de gastos del seguro de vida. – SCR revisión, que representa el submódulo de riesgo de revisión. – SCR caducidad, que representa el submódulo de riesgo de caducidad. – SCR catástrofe vida, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro de vida. 4. Cálculo del módulo de riesgo de mercado El módulo de riesgo de mercado, que establece el artículo 74, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j: Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por: – SCR tipo de interés, que representa el submódulo de riesgo de tipo de interés; – SCR renta variable, que representa el submódulo de riesgo de renta variable; – SCR inmobiliario, que representa el submódulo de riesgo inmobiliario; – SCR diferencial, que representa el submódulo de riesgo de diferencial; – SCR concentración, que representa el submódulo de concentración de riesgo de mercado; – SCR divisa, que representa el submódulo de riesgo de divisa B.

Decreto aseguradoras: marca garantías de solvencia y honorabilidad y permite acceso a Registro de Defunciones

[indice]ÍNDICE GENERAL Título I. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Capítulo II. Órgano consultivo Artículo 3. Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Título II. Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora. Capítulo I. Acceso a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas. Sección 1.ª Condiciones de acceso a la actividad. Artículo 4. Autorización administrativa. Artículo 5. Modificaciones de la documentación aportada. Artículo 6. Efectos de la autorización. Artículo 7. Requisitos para la ampliación de la autorización administrativa de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 8. Organizaciones y agrupaciones de entidades aseguradoras. Artículo 9. Denominación social. Artículo 10. Domicilio social. Artículo 11. Programa de actividades. Artículo 12. Peculiaridades del programa de actividades en los ramos 2, 17, 18 y 19 de la clasificación de ramos del seguro distinto del seguro de vida contenida en el anexo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 13. Ejecución del programa de actividades. Artículo 14. Aumentos y reducciones de capital social y fondo mutual. Aportaciones no dinerarias. Artículo 15. Socios. Evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 16. Colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición de participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 17. Cómputo de las participaciones significativas en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 18. Honorabilidad y aptitud de quienes ejerzan la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad. Artículo 19. Registro administrativo. Artículo 20. Inscripción de los actos relativos a entidades aseguradoras y reaseguradoras y sus grupos. Artículo 21. Inscripción de los actos relativos a las personas que ejercen la dirección efectiva de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 22. Inscripción de los actos relativos a las organizaciones para la distribución de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras o para la prestación de servicios comunes relacionados con la actividad de las mismas y sus altos cargos. Artículo 23. Inscripción de las medidas de control especial. Artículo 24. Cancelación de la inscripción de las sanciones impuestas. Sección 2.ª Actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la Unión Europea. Artículo 25. Deber de información al tomador del seguro. Artículo 26. Deber de información estadística relativa a las actividades transfronterizas de las entidades aseguradoras españolas. Artículo 27. Remisión general. Artículo 28. Establecimiento de sucursales. Artículo 29. Comunicación para operar en libre prestación de servicios. Capítulo II. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de otros Estados miembros de la Unión Europea. Sección 1.ª Disposiciones generales para entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 30. Ordenación y supervisión de entidades aseguradoras autorizadas. Sección 2.ª Actividad en régimen de derecho de establecimiento de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 31. Determinación de las condiciones de ejercicio. Artículo 32. Supervisión de sucursales en España por las autoridades del Estado de origen. Artículo 33. Entidades reaseguradoras domiciliadas en otros países miembros del Espacio Económico Europeo. Sección 3.ª Actividad en régimen de libre prestación de servicios de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 34. Inicio y modificación de actividad. Sección 4.ª Régimen de las agencias de suscripción. Artículo 35. Requisitos y procedimiento de autorización de las agencias de suscripción. Capítulo III. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Artículo 36. Autorización de sucursales de entidades aseguradoras de terceros países. Artículo 37. Condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora. Artículo 38. Garantías financieras de las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 39. Ventajas en el régimen de las sucursales de entidades domiciliadas en terceros países, autorizadas en varios Estados miembros. Artículo 40. Información a la Comisión Europea y a otros Estados miembros sobre filiales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Artículo 41. Régimen especial de establecimiento de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operan en el ámbito de seguros distintos del seguro de vida. Artículo 42. Procedimiento de autorización de sucursales de las entidades aseguradoras suizas que operen en seguros distintos del seguro de vida. Artículo 43. Entidades reaseguradoras de terceros países. Título III. Ejercicio de la actividad. Capítulo I. Sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras Artículo 44. Requisitos generales del sistema de gobierno. Artículo 45. Gestión de riesgos. Artículo 46. Evaluación interna de riesgos y solvencia. Artículo 47. Función ### RESUMEN: Decreto aseguradoras: marca garantías de solvencia y honorabilidad y permite acceso a Registro de Defunciones

La Constitución Española, en su artículo 10.1, declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. La Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, pone de manifiesto, asimismo, la estrecha vinculación del artículo 1 de la Constitución Española, en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento, con el artículo 41 de la norma constitucional y de la doctrina constitucional que concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994); así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan. La Ley 19/2021 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Asimismo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales dedica su Principio Fundamental número catorce a la renta mínima, señalando que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral». El Ingreso Mínimo Vital (IMV), como prestación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa de forma relevante en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área política VII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo». Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la inversión 7 «Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital», que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social con las comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como con los distintos agentes sociales. Como materialización de este objetivo, se aprueba el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones están condicionadas al desarrollo adecuado de los itinerarios de inclusión social. La dotación presupuestaria total procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de la inversión 7 del Componente 23, asciende a un total de 297,95 millones de euros que deberán ejecutarse a lo largo del periodo 2021-2023. La necesidad de integrar los aspectos éticos en el desarrollo de los itinerarios de inclusión social se entiende fundamentada en que las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derechos y necesidades de las personas, por lo que se considera prioritario que los posibles conflictos éticos que surjan en la ejecución de los mismos se afronten de un modo integral, tanto en el sentido de que se tengan en cuenta todas las dimensiones de las personas participantes en dichos itinerarios, como que se integren las diferentes perspectivas en el análisis de los problemas que puedan surgir en el proceso. La creación del presente Comité Ético, para el acompañamiento del desarrollo de los itinerarios de inclusión social asociados a la prestación de Ingreso Mínimo Vital, se basa en el modelo de gobernanza compartida, recogido en la Ley 19/2021, que persigue «consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones, en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio». La mencionada norma, contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (SGOPIPS), en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con los agentes sociales, empresas colaboradoras, y entidades del Tercer Sector, mediante la firma de convenios, pudiendo estos regir el despliegue de itinerarios, adaptados a cada momento vital de la persona, o en la realización de acciones en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del IMV. La Ley, en su artículo 33, crea además la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, como órgano de cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión, así como, en el artículo 34, el Consejo Consultivo, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales. Sobre la base de esta necesaria gobernanza compartida y partiendo de una visión de la ética en la intervención social, como una ética aplicada, basada en la reflexión y orientación multidisciplinar con el fin de proveer una atención de calidad, integral y centrada en la persona, es por lo que se regula el Comité Ético como un organismo ligado a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (SGOPIPS), que pretende ser el instrumento que contribuya progresivamente a la creación de una cultura ética como eje del trabajo en equipo y en red con otras entidades y con el fin de dotar a los agentes que intervengan en la aplicación de los itinerarios de inclusión social del asesoramiento, sensibilización, análisis y espacio de deliberación con respecto a las cuestiones éticas que puedan surgir en dicha intervención, repercutiendo en su calidad y en el respeto a los derechos de las personas que participan en los itinerarios. El Comité Ético tendrá como objetivo general promover la protección de los derechos humanos y la integración de los principios y valores morales en las intervenciones y toma de decisiones, relacionadas con la aplicación de los itinerarios de inclusión social, con el objetivo final de mejorar la calidad de los proyectos y asegurar un tratamiento equitativo y apropiado a cada participante. De acuerdo con lo anterior, dispongo: Artículo 1. Objeto y finalidad. 1. La presente orden tiene por objeto crear y regular el Comité Ético vinculado a la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que establece el Ingreso Mínimo Vital, dedicado especialmente a la protección de los derechos de las personas participantes en el desarrollo de los itinerarios de inclusión social. 2. El Comité Ético tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad del desarrollo de los itinerarios de inclusión social y en el bienestar de las personas participantes en los mismos, velando porque se garantice su dignidad y el respeto a su autonomía e intimidad. Artículo 2. Definición y adscripción. 1. El Comité Ético vinculado a los Itinerarios de Inclusión Social, es un órgano de consulta y deliberación, de naturaleza interdisciplinar y funcionalmente independiente, para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético que surjan en la ejecución, desarrollo y evaluación de los itinerarios de inclusión, configurándose a estos efectos como foro ético de referencia. 2. El Comité Ético se adscribe a la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, órgano competente en materia de Inclusión Social. Artículo 3. Ámbito de actuación. 1. El ámbito de actuación del Comité Ético vinculado a los Itinerarios de Inclusión Social se corresponderá con el ámbito establecido en los convenios para el desarrollo de los citados itinerarios, en sus diferentes fases (diseño, ejecución y evaluación) así como en cualesquiera otros instrumentos de cooperación para llevar a cabo su ejecución. 2. Por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, podrán establecerse otros ámbitos de actuación del Comité Ético, en el ejercicio de la aplicación de las políticas de inclusión, de conformidad con la normativa vigente y en los términos previstos en la Ley 19/2021, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 3. El Comité Ético deberá coordinarse, a través de la SGOPIPS, con los órganos de cooperación (Comisión de Seguimiento), consulta y participación (Consejo Consultivo) y registro (Registro de Mediadores Sociales) establecidos en la Ley 19/2021, respectivamente en los artículos 33, 34 y disposición transitoria séptima, punto 2, y, en su caso, con cualquier otra figura u órgano que pueda crearse en el marco del IMV y de los itinerarios de inclusión social. Artículo 4. Objetivo general y líneas de actuación. 1. El Comité Ético tiene como objetivo general promover la protección de los derechos humanos y la integración de los principios y valores morales en la toma de decisiones con el objetivo final de mejorar la calidad de los proyectos y asegurar un tratamiento equitativo y apropiado a cada participante. Artículo 5. Objetivos específicos. El Comité Ético tiene los siguientes objetivos específicos: 1. Analizar el valor que aporta la metodología de ensayo controlado aleatorizado (RCT, en sus siglas en inglés, Randomized Controlled Trial) en la gestión de los programas de inclusión social. 2. Identificar controversias, conflictos o incompatibilidades relacionadas con los principios que inspiran el modelo de política social asociado al desarrollo de itinerarios de inclusión social que hayan podido surgir durante el desarrollo de los proyectos y asesorar para su resolución. 3. Salvaguardar la dimensión ética en el desarrollo de los itinerarios de inclusión basándose en valores que garanticen el respeto de la identidad personal, la dignidad y la intimidad de los participantes, sin que exista discriminación alguna. 4. Adicionalmente, el Comité Ético tiene como objetivo responder a las posibles cuestiones que suscite el muestreo RCT. Artículo 6. Funciones. 1. En coherencia con el objetivo general del Comité Ético y con su carácter exclusivamente consultivo y de asesoramiento técnico, sus funciones principales son: a) Emitir informes que contengan su opinión y/o las recomendaciones pertinentes en relación a cuestiones éticas consideradas de especial relevancia, a solicitud del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social). b) Realizar propuestas dirigidas a garantizar el cumplimiento de los principios éticos y el respeto a los derechos individuales. c) Llevar a cabo la evaluación ética de los proyectos, consultando a expertos externos si es necesario. 2. El Comité Ético tendrá además las siguientes funciones: a) Sensibilizar a los profesionales que trabajan en el ámbito de los itinerarios de inclusión respecto de la dimensión ética de la práctica que desarrollan. b) Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se produzcan con ocasión del desarrollo de los itinerarios, planteados por los profesionales o por las personas participantes o sus representantes legales. c) Asesorar y orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas situaciones que con frecuencia generan conflictos de valor. d) Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación que traten de dar respuesta a las situaciones en que, con mayor frecuencia, se planteen conflictos éticos. e) Promover y colaborar en la formación en ética aplicada a las intervenciones sociales, del conjunto de profesionales que intervienen en el ámbito de los itinerarios de inclusión social. f) Validar el consentimiento informado tipo que se utilizará en todas las intervenciones, así como asesorar sobre las adaptaciones que se puedan hacer del mismo en función de las necesidades de cada colectivo. g) Emitir un informe previo al inicio de las intervenciones que acredite en cada proyecto que el diseño de las actuaciones y la evaluación de las mismas respeta ex ante los principios éticos básicos de la experimentación con seres humanos en el marco de las ciencias sociales. h) Elaborar y aprobar su reglamento interno de funcionamiento. 3. Las funciones atribuidas al Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social se ejercerán sin perjuicio de las competencias que, en materia de ética y deontología profesional, correspondan a los colegios profesionales. Artículo 7. Informes y recomendaciones. 1. Los informes y recomendaciones del Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social se realizarán siempre por escrito y no tendrán carácter vinculante. 2. A través de sus informes, el Comité Ético formulará propuestas sobre planes de acciones posibles en aquellos casos que presenten conflictos de valores. 3. Mediante las recomendaciones, el Comité Ético orienta, de oficio, las buenas prácticas profesionales con el fin de mejorar la calidad de la atención en el ámbito de los itinerarios de inclusión social. Artículo 8. Composición. 1. El Comité Ético estará compuesto por el Presidente, y dos expertos designados como vocales, de los cuales uno de ellos realizará las funciones de Secretaría técnica. En todo caso, el Presidente podrá convocar a las reuniones del Comité a cualquier persona experta que estime conveniente en función de los asuntos a tratar. Estos expertos serán designados en base a su profundo conocimiento en las cuestiones a tratar por el Comité. 2. La persona que ocupe la presidencia contará con una destacada trayectoria profesional en defensa de los valores éticos y contará con un perfil científico social o en Humanidades de reconocido prestigio, con experiencia en procesos de evaluación. 3. Los dos expertos designados como vocales lo serán en Ética, en cualquiera de sus ramas o enfoques. 4. No podrán formar parte del Comité Ético personas que sean titulares de órganos directivos públicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 5. La participación como miembro del Comité será a título individual y en ningún caso como representante o portavoz de cualquier centro, servicio, institución o colectivo. Artículo 9. Designación. 1. El nombramiento y renovación de los miembros del Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social se realizará por el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a propuesta del titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas Sociales y Previsión Social. 2. El nombramiento como miembro del citado Comité tendrá una duración de cuatro años, renovable por igual periodo de tiempo. Artículo 10. Funcionamiento. 1. El Comité Ético gozará de plena independencia y autonomía funcional en todas sus actuaciones. 2. Entre los principios rectores de la actuación de los miembros del Comité Ético destaca la protección de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, el respeto al interés general así como el respeto a los derechos de los colectivos de mayor vulnerabilidad. El Comité de Ética dispondrá de un reglamento interno de funcionamiento. 3. Podrán asistir a las reuniones, de manera puntual, asesores técnicos externos que por su conocimiento o experiencia resulten necesarios para la deliberación de un asunto concreto. 4. Los miembros del Comité Ético y las personas que asistan a las sesiones como asesoras, están obligadas a respetar la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, así como a preservar el secreto de sus deliberaciones. 5. Los miembros del Comité Ético y, en su caso, los asesores externos no percibirán retribución económica por el desempeño de sus funciones. La creación y el funcionamiento del Comité Ético no supondrán incremento del gasto público. 6. Los miembros del Comité Ético tendrán la facultad de solicitar aquella información que estimen necesaria para el adecuado desarrollo de sus funciones, en relación a la intervención requerida. 7. Las decisiones y recomendaciones emitidas por el Comité no tendrán, en ningún caso, carácter vinculante. No obstante, en consideración al elevado nivel académico y técnico de sus miembros, estas recomendaciones deberán razonar de forma suficiente las decisiones tomadas en contra de estas recomendaciones. Disposición adicional única. Plazo de constitución. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Orden, se constituirá el Comité Ético vinculado a los itinerarios de inclusión social. Disposición final única. Eficacia. La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de marzo de 2022.–El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte.

El comité ético para asesorar en los itinerarios de inclusión del IMV tendrá que constituirse en máximo 3 meses, contará con 1 presidente/a y 2 vocales, expertos en ética, nombrados por el ministro para cuatro años, y sin cobrar sueldo.

La Constitución Española, en su artículo 10.1, declara que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social. La Ley 19/2021 de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, pone de manifiesto, asimismo, la estrecha vinculación del artículo 1 de la Constitución Española, en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento, con el artículo 41 de la norma constitucional y de la doctrina constitucional que concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994); así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan. La Ley 19/2021 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Asimismo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales dedica su Principio Fundamental número catorce a la renta mínima, señalando que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral». El Ingreso Mínimo Vital (IMV), como prestación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa de forma relevante en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», encuadrado en el área política VII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo». Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la inversión 7 «Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital», que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros, el desarrollo de proyectos piloto para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión social con las comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como con los distintos agentes sociales. Como materialización de este objetivo, se aprueba el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones están condicionadas al desarrollo adecuado de los itinerarios de inclusión social. La dotación presupuestaria total procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de la inversión 7 del Componente 23, asciende a un total de 297,95 millones de euros que deberán ejecutarse a lo largo del periodo 2021-2023. La necesidad de integrar los aspectos éticos en el desarrollo de los itinerarios de inclusión social se entiende fundamentada en que las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derechos y necesidades de las personas, por lo que se considera prioritario que los posibles conflictos éticos que surjan en la ejecución de los mismos se afronten de un modo integral, tanto en el sentido de que se tengan en cuenta todas las dimensiones de las personas participantes en dichos itinerarios, como que se integren las diferentes perspectivas en el análisis de los problemas que puedan surgir en el proceso. La creación del presente Comité Ético, para el acompañamiento del desarrollo de los itinerarios de inclusión social asociados a la prestación de Ingreso Mínimo Vital, se basa en el modelo de gobernanza compartida, recogido en la Ley 19/2021, que persigue «consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones, en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio». La mencionada norma, contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), a través de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (SGOPIPS), en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con los agentes sociales, empresas colaboradoras, y entidades del Tercer Sector, mediante la firma de convenios, pudiendo estos regir el despliegue de itinerarios, adaptados a cada momento vital de la persona, o en la realización de acciones en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del IM ### RESUMEN: El comité ético para asesorar en los itinerarios de inclusión del IMV tendrá que constituirse en máximo 3 meses, contará con 1 presidente/a y 2 vocales, expertos en ética, nombrados por el ministro para cuatro años, y sin cobrar sueldo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017, Vengo en nombrar Director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a don Francisco José Rábena Barrachina. Dado en Madrid, el 23 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO

Nombrado Francisco José Rábena Barrachina como nuevo director del Alto Comisionado para la Marca España.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de junio de 2017, Vengo en nombrar Director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a don Francisco José Rábena Barrachina. Dado en Madrid, el 23 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO ### RESUMEN: Nombrado Francisco José Rábena Barrachina como nuevo director del Alto Comisionado para la Marca España.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 8, 16 y 109 de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo Artículo 8.º 1. La RFEA, además de sus competencias propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del atletismo, ejerce las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: a) Calificar y organizar en su caso las actividades y competiciones de ámbito estatal. A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente. b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción general del atletismo en todo el territorio nacional. c) Diseñar, elaborar y ejercer, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los atletas de alto nivel y las listas anuales de los mismos. d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos. e) La prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, en las competiciones oficiales de atletismo que tengan ámbito estatal, así como las competiciones que, por razón de sus participantes, tengan ámbito interterritorial. f) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado. g) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos legales, reglamentaria y estatutariamente establecidos. h) Ejercer el control de las subvenciones asignadas a los componentes de los distintos estamentos del atletismo, en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes. i) Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva. j) Cualquier otra que le sean atribuidas por la legislación vigente. 2. Los actos realizados por la RFEA en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa. Artículo 16.º 1. Para la participación en actividades o competiciones atléticas oficiales de ámbito estatal será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la RFEA, según las siguientes condiciones mínimas: a) Uniformidad de las condiciones económicas, en similar estamento y categoría, cuya cuantía será fijada por la Asamblea. Los ingresos producidos por estos conceptos irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y funcionamiento de la Federación. b) Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las distintas categorías deportivas. c) La RFEA expedirá las licencias solicitadas en el plazo de 15 días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición, en sus Estatutos o Reglamentos. La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la Federación Española la correspondiente responsabilidad disciplinaria, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico deportivo. 2. Las licencias expedidas por las Federaciones autonómicas habilitarán para dicha participación cuando estas se hallen integradas en la RFEA, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije esta y comuniquen su expedición a la misma. A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la Federación Española la correspondiente cuota económica, en los plazos que se fijen en las normas reglamentarias de esta. Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico, que conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua española oficial del Estado. Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos: a) Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte. b) Cuota correspondiente a la Federación Española, fijada por la Asamblea General. c) Cuota para la Federación de ámbito autonómico. 3. Todos los miembros de los diferentes Estamentos (atletas, clubes, entrenadores, jueces y otros colectivos) que forman la Asamblea General deberán disponer de la correspondiente licencia por la RFEA. 4. La licencia es el vínculo de integración de cada uno de los miembros de los diferentes Estamentos, en esta RFEA. Dicha vinculación se efectúa a petición propia a través de la Federación autonómica que le corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal. 5. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos proporcionados por los estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la RFEA, que reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y que se encuentran inscritos en el Registro General de datos personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de dicho fichero es la RFEA. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEA. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la RFEA, sita en la avenida de Valladolid, n.º 81, piso 1, de Madrid, D.P. 28008. La adscripción e integración en la RFEA a través de la suscripción y renovación de la licencia federativa, implica la aceptación y libre asunción por parte de los atletas, de los siguientes efectos: a) Su consentimiento para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los resultados de éstas, aparezcan publicados sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia. b) Su autorización para la comunicación de sus datos personales a países sedes de competiciones internacionales de atletismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de protección de datos equiparable a la española. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para participar en esta competición. c) Su acatamiento del artículo 30 del Reglamento IAAF (Ámbito del Reglamento Antidopaje), y su obediencia a todo cuanto dispongan las disposiciones del Reglamento IAAF, en especial a la facultad que se reconoce a la RFEA en los artículos 38 a 41 del Reglamento IAAF (Procedimientos Disciplinarios), para comunicar a la IAAF los siguientes datos: nombre del atleta, fecha de sometimiento a controles de dopaje, resultado analítico adverso de dichos controles, y contenido de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores y judiciales incoados como consecuencia de dichos resultados. d) Su autorización y consentimiento, para que en caso de que los atletas sean sancionados con la prohibición para competir, la RFEA publique en su página web (intranet), a efectos de que dicha sanción sea conocida por todos los atletas, en previsión de la sanción contemplada en el artículo 60.4.a) del Reglamento IAAF, los datos siguientes: nombre y apellidos, precepto normativo infringido y periodo de duración de la sanción de prohibición para competir impuesta. Artículo 109.º Es órgano disciplinario de la RFEA: a) El Comité de Disciplina Deportiva de la RFEA.

Modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Atletismo

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 8, 16 y 109 de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo Artículo 8.º 1. La RFEA, además de sus competencias propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación del atletismo, ejerce las siguientes funciones públicas de carácter administrativo: a) Calificar y organizar en su caso las actividades y competiciones de ámbito estatal. A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente. b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito autonómico para la promoción general del atletismo en todo el territorio nacional. c) Diseñar, elaborar y ejercer, en colaboración, en su caso, con las Federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de los atletas de alto nivel y las listas anuales de los mismos. d) Colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos. e) La prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte, en las competiciones oficiales de atletismo que tengan ámbito estatal, así como las competiciones que, por razón de sus participantes, tengan ámbito interterritorial. f) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado. g) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos legales, reglamentaria y estatutariamente establecidos. h) Ejercer el control de las subvenciones asignadas a los componentes de los distintos estamentos del atletismo, en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes. i) Ejecutar en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva. j) Cualquier otra que le sean atribuidas por la legislación vigente. 2. Los actos realizados por la RFEA en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa. Artículo 16.º 1. Para la participación en actividades o competiciones atléticas oficiales de ámbito estatal será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la RFEA, según las siguientes condiciones mínimas: a) Uniformidad de las condiciones económicas, en similar estamento y categoría, cuya cuantía será fijada por la Asamblea. Los ingresos producidos por estos conceptos irán dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y funcionamiento de la Federación. b) Uniformidad de contenido y datos expresados en función de las distintas categorías deportivas. c) La RFEA expedirá las licencias solicitadas en el plazo de 15 días desde su solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición, en sus Estatutos o Reglamentos. La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la Federación Española la correspondiente responsabilidad disciplinaria, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico deportivo. 2. Las licencias expedidas por las Federaciones autonómicas habilitarán para dicha participación cuando estas se hallen integradas en la RFEA, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije esta y comuniquen su expedición a la misma. A estos efectos, la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la Federación Española la correspondiente cuota económica, en los plazos que se fijen en las normas reglamentarias de esta. Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico, que conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, consignarán los datos correspondientes al menos en la lengua española oficial del Estado. Dichas licencias reflejarán tres conceptos económicos: a) Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte. b) Cuota correspondiente a la Federación Española, fijada por la Asamblea General. c) Cuota para la Federación de ámbito autonómico. 3. Todos los miembros de los diferentes Estamentos (atletas, clubes, entrenadores, jueces y otros colectivos) que forman la Asamblea General deberán disponer de la correspondiente licencia por la RFEA. 4. La licencia es el vínculo de integración de cada uno de los miembros de los diferentes Estamentos, en esta RFEA. Dicha vinculación se efectúa a petición propia a través de la Federación autonómica que le corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal. 5. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos proporcionados por los estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la RFEA, que reúnen ### RESUMEN: Modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Atletismo

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 1.2) Número de identificación fiscal: Q2802407C. 1.3) Dirección: Doctor Tolosa Latour s/n. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28041. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: [email protected] 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKL2qkqSumYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad Social. 4. Códigos CPV: 64210000 (Servicios telefónicos y de transmisión de datos). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 6. Descripción de la licitación: Servicio del teléfono 900 gratuito para información del Ingreso Mínimo Vital con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto. 9. Criterios de adjudicación: 9.1) Ahorro sobre el precio unitario por minuto de llamada (precio) (Ponderación: 90%). 9.2) Reducción de indisponibilidad mensual del servicio (criterio de calidad del servicio) (Ponderación: 10%). 10. Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2021. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Número de ofertas recibidas: 1. 11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 12. Adjudicatarios: 12.1) Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 12.2) Número de identificación fiscal: A82018474. 12.3) Dirección: CALLE GRAN VIA 28. 12.4) Localidad: MADRID. 12.6) Código postal: 28013. 12.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Valor de la oferta seleccionada: 270.000,00 euros. 13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 270.000,00 euros. 13.3) Valor de la oferta de menor coste: 270.000,00 euros. 16. Procedimientos de recurso: 16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: 16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8. 16.1.3) Localidad: Madrid. 16.1.5) Código postal: 28020. 16.1.6) País: España. 17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: 17.1) ID: 2021-880436. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de mayo de 2021). 17.2) ID: 2021/S 098-257017. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (21 de mayo de 2021). 17.3) ID: 2021-880436. Anuncio de Licitación publicado en BOE (24 de mayo de 2021). 18. Fecha de envío del anuncio: 26 de agosto de 2021. Madrid, 26 de agosto de 2021.- El Gerente de Informática de la Seguridad Social, Carlos Escudero Rivas.

Telefónica se lleva el contrato del teléfono de atención del IMV (el 900202222) por el precio de licitación: 270.000,00 euros.

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 1.2) Número de identificación fiscal: Q2802407C. 1.3) Dirección: Doctor Tolosa Latour s/n. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28041. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: [email protected] 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=vKL2qkqSumYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Gestión y Administración de la Seguridad Social. 4. Códigos CPV: 64210000 (Servicios telefónicos y de transmisión de datos). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 6. Descripción de la licitación: Servicio del teléfono 900 gratuito para información del Ingreso Mínimo Vital con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto. 9. Criterios de adjudicación: 9.1) Ahorro sobre el precio unitario por minuto de llamada (precio) (Ponderación: 90%). 9.2) Reducción de indisponibilidad mensual del servicio (criterio de calidad del servicio) (Ponderación: 10%). 10. Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2021. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Número de ofertas recibidas: 1. 11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 12. Adjudicatarios: 12.1) Nombre: TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 12.2) Número de identificación fiscal: A82018474. 12.3) Dirección: CALLE GRAN VIA 28. 12.4) Localidad: MADRID. 12.6) Código postal: 28013. 12.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Valor de la oferta seleccionada: 270.000,00 euros. 13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 270.000,00 euros. 13.3) Valor de la oferta de menor coste: 270.000,00 euros. 16. Procedimientos de recurso: 16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: 16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8. 16.1.3) Localidad: Madrid. 16.1.5) Código postal: 28020. 16.1.6) País: España. 17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: 17.1) ID: 2021-880436. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de mayo de 2021). 17.2) ID: 2021/S 098-257017. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (21 de mayo de 2021). 17.3) ID: 2021-880436. Anuncio de Licitación publicado en BOE (24 de mayo de 2021). 18. Fecha de envío del anuncio: 26 de agosto de 2021. Madrid, 26 de agosto de 2021.- El Gerente de Informática de la Seguridad Social, Carlos Escudero Rivas. ### RESUMEN: Telefónica se lleva el contrato del teléfono de atención del IMV (el 900202222) por el precio de licitación: 270.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campaña de Publicidad 2014. c) Lote: 3 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2014. c) Contratista: Media Plannig Levante, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 80.000 euros. Valencia, 24 de junio de 2014.- Directora general.

Ciudad de las Artes y las Ciencias contrata a Media Plannig Levante, S.L para campaña de publicidad 2014 por importe total de 80.000 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Campaña de Publicidad 2014. c) Lote: 3 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 2 de junio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 23 de junio de 2014. c) Contratista: Media Plannig Levante, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 80.000 euros. Valencia, 24 de junio de 2014.- Directora general. ### RESUMEN: Ciudad de las Artes y las Ciencias contrata a Media Plannig Levante, S.L para campaña de publicidad 2014 por importe total de 80.000 euros.

Visto el expediente de indulto de don Enrique Jesús Garrido Rodríguez, en virtud de exposición elevada en cumplimiento del privilegio otorgado por el Rey Carlos III a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2011, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda, como autor de un delito de tráfico de drogas, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 22.300 euros, por hechos cometidos en el año 2004, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2013, Vengo en indultar a don Enrique Jesús Garrido Rodríguez la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

indulto de Enrique Jesús Garrido Rodríguez a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto.

Visto el expediente de indulto de don Enrique Jesús Garrido Rodríguez, en virtud de exposición elevada en cumplimiento del privilegio otorgado por el Rey Carlos III a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2011, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Málaga, sección segunda, como autor de un delito de tráfico de drogas, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 22.300 euros, por hechos cometidos en el año 2004, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2013, Vengo en indultar a don Enrique Jesús Garrido Rodríguez la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ ### RESUMEN: indulto de Enrique Jesús Garrido Rodríguez a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que en ellas concurren, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que a continuación se relacionan: Doña Lorena González Olivares. Don Miguel Ángel Recio Crespo. Don José Pascual Marco Martínez. Madrid, 21 de marzo de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo.

Medallas y encomiendas de Alfonso X, entre ellas a Lorena González Olivares, exdirectora del ICAA, destituida en noviembre.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que en ellas concurren, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que a continuación se relacionan: Doña Lorena González Olivares. Don Miguel Ángel Recio Crespo. Don José Pascual Marco Martínez. Madrid, 21 de marzo de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo. ### RESUMEN: Medallas y encomiendas de Alfonso X, entre ellas a Lorena González Olivares, exdirectora del ICAA, destituida en noviembre.

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal y sobre los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley. Por su parte, el artículo 165 prevé que la Intervención General de la Administración del Estado elabore anualmente un Plan de auditorías en el que se incluyan las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio. En este sentido, el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, las Entidades Estatales de Derecho Público distintas de las anteriores, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías. Asimismo, el artículo 141 establece que la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. La disposición adicional segunda de la ley prevé que para la ejecución de dicho Plan Anual, la Intervención General de la Administración del Estado pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación. Mediante Resolución, de 28 de febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 que contempla las actuaciones de auditoría a efectuar en cumplimiento del artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, relativo a la auditoría de cuentas anuales. Asimismo, mediante Resolución, de 28 de febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019 (Plan IGAE 2019) que determina, entre otras, las auditorías sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y control, las auditorías de operaciones sobre muestras de gastos y las auditorías de las cuentas a rendir por las autoridades competentes a realizar en 2019, en desarrollo de las obligaciones de control dimanantes de las Estrategias de Auditoría aprobadas para el marco 2014-2020, y de la normativa europea. La Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente, que serán objeto de la debida supervisión, que la Intervención General de la Administración del Estado no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Insuficiencia de medios. La Intervención General de la Administración del Estado carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control. Artículo 2. Colaboración de empresas privadas. Se autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y para la realización de controles de fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019. Artículo 3. Contratos plurianuales. En aquellos trabajos de control o auditoría cuya realización por la Intervención General de la Administración del Estado tenga carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria. Disposición Final Única. Entrada en vigor. La presente Orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 21 de marzo de 2018.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.

La Intervención General del Estado argumenta que no tiene suficientes medios propios, de nuevo, y que tiene que contratar empresas privadas de auditoria.

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el Plan Anual de Auditorías a que se refiere el artículo 165 de esta Ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal y sobre los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley. Por su parte, el artículo 165 prevé que la Intervención General de la Administración del Estado elabore anualmente un Plan de auditorías en el que se incluyan las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio. En este sentido, el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, establece la obligación de la Intervención General de la Administración del Estado de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los Organismos Autónomos, las Entidades Públicas Empresariales, las Entidades Estatales de Derecho Público distintas de las anteriores, los Consorcios contemplados en el artículo 2.1.h) de la Ley, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y los Fondos considerados en el artículo 2.2 de la Ley que rindan cuentas independientes, las Fundaciones del sector público estatal obligadas a auditarse por su normativa específica y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan Anual de Auditorías. Asimismo, el artículo 141 establece que la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público estatal y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. La disposición adicional segunda de la ley prevé que para la ejecución de dicho Plan Anual, la Intervención General de la Administración del Estado pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la que se especificará la insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado que justifique dicha contratación. Mediante Resolución, de 28 de febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 que contempla las actuaciones de auditoría a efectuar en cumplimiento del artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, relativo a la auditoría de cuentas anuales. Asimismo, mediante Resolución, de 28 de febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019 (Plan IGAE 2019) que determina, entre otras, las auditorías sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y control, las auditorías de operaciones sobre muestras de gastos y las auditorías de las cuentas a rendir por las autoridades competentes a realizar en 2019, en desarrollo de las obligaciones de control dimanantes de las Estrategias de Auditoría aprobadas para el marco 2014-2020, y de la normativa europea. La Intervención General de la Administración del Estado, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones incluidas en los planes aprobados, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente, que serán objeto de la debida supervisión, que la Intervención General de la Administración del Estado no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Insuficiencia de medios. La Intervención General de la Administración del Estado carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones de control y auditoría previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos de ejecución contenidos en dichos Planes y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa nacional y comunitaria, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control. Artículo 2. Colaboración de empresas privadas. Se autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de auditorías de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de las entidades a que se refiere el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria, incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2019 y para la realización de controles de fondos comunitarios establecidos en el Plan de Control de Fondos Europeos para el año auditor 2018-2019. Artículo 3. Contratos plurianuales. En aquellos trabajos de control o auditoría cuya realización por la Intervención General de la Administración del Estado tenga carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal, se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria. Disposición Final Única. Entrada en vigor. La present ### RESUMEN: La Intervención General del Estado argumenta que no tiene suficientes medios propios, de nuevo, y que tiene que contratar empresas privadas de auditoria.

A propuesta del Ministro de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en doña Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de abril de 2018, Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque, con vecindad civil de Derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil. Dado en Madrid, el 6 de abril de 2018. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque, nacionalizada por decreto.

A propuesta del Ministro de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en doña Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de abril de 2018, Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque, con vecindad civil de Derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil. Dado en Madrid, el 6 de abril de 2018. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Alicia Beatriz Blanco Villegas Cinque, nacionalizada por decreto.

La Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, ha modificado la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Esta reforma responde, por una parte, a la conveniencia de incluir en la norma comunitaria una referencia a que todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen a bordo de los vehículos deberán estar homologados, bien de acuerdo con las normas del Reglamento CEPE/ONU 44/03, único vigente hasta entonces, o bien con las normas del Reglamento CEPE/ONU 129, que entró en vigor el 9 de julio de 2013, introducido por la citada Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, en el que se recogen las últimas mejoras técnicas que deben cumplir esos dispositivos, disposición que ya se viene aplicando al haberse incorporado a nuestro ordenamiento a través de la normativa de industria que regula esta materia. En segundo lugar, con la modificación de la mencionada directiva se trata de incluir una precisión con respecto a los dispositivos de retención infantil, para exigir que su utilización se realice conforme a las instrucciones que haya facilitado el fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica, en donde se indicará de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de manera segura. Esta previsión se debe a que actualmente conviven en el mercado dispositivos de retención infantil que deben instalarse en el sentido de la marcha y otros que han de disponerse en sentido contrario, motivo por el que no es posible establecer una regulación única para todos ellos, de manera que, para garantizar una correcta y segura instalación de todos ellos, es preciso establecer que ésta deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. En nuestro ordenamiento, las normas sobre el uso de los dispositivos de retención infantil se recogen en el artículo 117 (Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados) del Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. En consecuencia es necesario modificar el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento interno las previsiones de la citada norma comunitaria. Además se ha aprovechado para incorporar en este artículo otros cambios orientados a aumentar la seguridad y la protección de los menores en función de su estatura y del asiento que ocupen en el vehículo, con la finalidad de reducir la gravedad de las lesiones que pudieran sufrir en caso de accidente. En concreto se refuerza la protección de los menores de dieciocho años de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando viajen en un vehículo de hasta nueve plazas incluido el conductor, al establecer la obligación de que ocupen los asientos traseros, admitiendo como únicas excepciones que el vehículo no disponga de asientos traseros, éstos ya se encuentren ocupados por menores de edad en sus mismas condiciones, o no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los sistemas de retención. Únicamente en dichas circunstancias excepcionales estos menores podrán ocupar el asiento delantero del vehículo debiendo utilizar, en todo caso un sistema de retención homologado adaptado a su talla y peso. El objetivo de estos cambios es imponer como prioridad que el menor que no alcance esa estatura ocupe siempre el asiento trasero del vehículo, en el que la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros, evitando que los menores puedan ocupar el asiento delantero aun cuando los asientos traseros no estén ocupados. No obstante, cabe señalar que los cambios incluidos en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación no afectan al artículo 119 del propio texto reglamentario, que relaciona las exenciones a las obligaciones previstas en aquél en cuanto al uso de cinturones u otros sistemas de retención homologados, entre las que se recogen las referidas a los taxis cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, a los que se permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero. También se ha simplificado la redacción del precepto, con el fin de aportar una mayor claridad que evite las dudas que su interpretación ha suscitado en los últimos años. Por último, se modifica el número 4.º del apartado A), sobre matriculación ordinaria, del anexo XIII «Matriculación», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, al objeto de establecer la obligatoriedad de la emisión en soporte electrónico de las tarjetas de inspección técnica tipo B en los casos de vehículos de las categorías M o N y tipo BL. De esta manera se elimina para esos casos la opción actual de expedir esas tarjetas en soporte papel o en soporte electrónico, lo que supone una reducción de cargas administrativas para los fabricantes e importadores de estas clases de vehículos, en consonancia con el conjunto de medidas que la Administración General del Estado viene adoptando con este objetivo. Además, se adapta su redacción a la normativa aduanera vigente, en lo que se refiere al documento acreditativo de la importación de los vehículos, para sustituir las referencias al Certificado para Matrícula de Vehículos a Motor y al Certificado de Adeudo, por el Documento Único Administrativo (DUA). Esta norma ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.d) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación prevista en la disposición final primera del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Defensa, de Fomento y de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio de 2015, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. El artículo 117 del Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, queda redactado como sigue: «Artículo 117. Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados. 1. El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. 2. En los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se informará a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados, por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IV, colocado en lugares visibles de cada asiento. En estos vehículos, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de tres o más años deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de estos sistemas utilizarán los cinturones de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla y peso. 3. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Dichos ocupantes deberán situarse en los asientos traseros. Excepcionalmente podrán ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los siguientes casos: 1.º Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros. 2.º Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1. 3.º Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantil. En caso de que ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado. 4. Los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo siempre de acuerdo con las instrucciones que haya facilitado su fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica. Las instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura. 5. La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o muy grave, conforme a lo establecido en el artículo 65, apartados 4.h) y 5.ll), respectivamente, del texto articulado.» Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. El número 4.º del apartado A) «Matriculación ordinaria», del anexo XIII «Matriculación», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, queda redactado del siguiente modo: «4.º Tarjeta de inspección técnica que podrá emitirse en soporte papel o en soporte electrónico. No obstante lo anterior, las tarjetas de inspección técnica tipo B para vehículos de categoría M o N, y tipo BL, deberán estar emitidas de forma obligatoria en soporte electrónico. Si el vehículo es de importación, se presentará el documento único administrativo (DUA) o documento alternativo, en caso de proceder de un Estado parte del Acuerdo EEE distinto de España, salvo que en la tarjeta de inspección técnica conste la diligencia de importación.» Disposición final segunda. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado sobre tráfico y circulación de vehículos a motor por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española. Disposición final tercera. Incorporación de Derecho comunitario. Mediante esta norma se incorpora al Derecho español la Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 1. Este real decreto entrará en vigor el 1 de octubre de 2015. 2. No obstante, lo dispuesto en la disposición final primera, en concreto en el último inciso del párrafo primero del número 4.º, sobre obligatoriedad de emisión de tarjetas de inspección técnica en soporte electrónico, entrará en vigor en las siguientes fechas: a) 11 de noviembre de 2015, para las tarjetas de inspección técnica tipo B de los vehículos de categoría M o N. b) 11 de mayo de 2016, para las tarjetas de inspección técnica tipo BL. Dado en Madrid, el 17 de julio de 2015. FELIPE R. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

Decreto sobre cinturones y sillitas niño. Vehículos de más de 9 plazas deben usar cinturones.

La Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, ha modificado la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Esta reforma responde, por una parte, a la conveniencia de incluir en la norma comunitaria una referencia a que todos los dispositivos de retención para niños que se utilicen a bordo de los vehículos deberán estar homologados, bien de acuerdo con las normas del Reglamento CEPE/ONU 44/03, único vigente hasta entonces, o bien con las normas del Reglamento CEPE/ONU 129, que entró en vigor el 9 de julio de 2013, introducido por la citada Directiva de ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, en el que se recogen las últimas mejoras técnicas que deben cumplir esos dispositivos, disposición que ya se viene aplicando al haberse incorporado a nuestro ordenamiento a través de la normativa de industria que regula esta materia. En segundo lugar, con la modificación de la mencionada directiva se trata de incluir una precisión con respecto a los dispositivos de retención infantil, para exigir que su utilización se realice conforme a las instrucciones que haya facilitado el fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica, en donde se indicará de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de manera segura. Esta previsión se debe a que actualmente conviven en el mercado dispositivos de retención infantil que deben instalarse en el sentido de la marcha y otros que han de disponerse en sentido contrario, motivo por el que no es posible establecer una regulación única para todos ellos, de manera que, para garantizar una correcta y segura instalación de todos ellos, es preciso establecer que ésta deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. En nuestro ordenamiento, las normas sobre el uso de los dispositivos de retención infantil se recogen en el artículo 117 (Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados) del Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. En consecuencia es necesario modificar el artículo 117 del Reglamento General de Circulación, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento interno las previsiones de la citada norma comunitaria. Además se ha aprovechado para incorporar en este artículo otros cambios orientados a aumentar la seguridad y la protección de los menores en función de su estatura y del asiento que ocupen en el vehículo, con la finalidad de reducir la gravedad de las lesiones que pudieran sufrir en caso de accidente. En concreto se refuerza la protección de los menores de dieciocho años de estatura igual o inferior a 135 centímetros cuando viajen en un vehículo de hasta nueve plazas incluido el conductor, al establecer la obligación de que ocupen los asientos traseros, admitiendo como únicas excepciones que el vehículo no disponga de asientos traseros, éstos ya se encuentren ocupados por menores de edad en sus mismas condiciones, o no sea posible la instalación en los asientos traseros de todos los sistemas de retención. Únicamente en dichas circunstancias excepcionales estos menores podrán ocupar el asiento delantero del vehículo debiendo utilizar, en todo caso un sistema de retención homologado adaptado a su talla y peso. El objetivo de estos cambios es imponer como prioridad que el menor que no alcance esa estatura ocupe siempre el asiento trasero del vehículo, en el que la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros, evitando que los menores puedan ocupar el asiento delantero aun cuando los asientos traseros no estén ocupados. No obstante, cabe señalar que los cambios incluidos en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación no afectan al artículo 119 del propio texto reglamentario, que relaciona las exenciones a las obligaciones previstas en aquél en cuanto al uso de cinturones u otros sistemas de retención homologados, entre las que se recogen las referidas a los taxis cuando circulen en tráfico urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, a los que se permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero. También se ha simplificado la redacción del precepto, con el fin de aportar una mayor claridad que evite las dudas que su interpretación ha suscitado en los últimos años. Por último, se modifica el número 4.º del apartado A), sobre matriculación ordinaria, del anexo XIII «Matriculación», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, al objeto de establecer la obligatoriedad de la emisión en soporte electrónico de las tarjetas de inspección técnica tipo B en los casos de vehículos de las categorías M o N y tipo BL. De esta manera se elimina para esos casos la opción actual de expedir esas tarjetas en soporte papel o en soporte electrónico, lo que supone una reducción de cargas administrativas para los fabricantes e importadores de estas clases de vehículos, en consonancia con el conjunto de medidas que la Administración General del Estado viene adoptando con este objetivo. Además, se adapta su redacción a la normativa aduanera vigente, en lo que se refiere al documento acreditativo de la importación de los vehículos, para sustituir las referencias al Certificado para Matrícula de Vehículos a Motor y al Certificado de Adeudo, por el Documento Único Administrativo (DUA). Esta norma ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispues ### RESUMEN: Decreto sobre cinturones y sillitas niño. Vehículos de más de 9 plazas deben usar cinturones.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios es el marco legal en el que se encuadran todas las disposiciones relativas, entre otras, a la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y seguimiento de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos que hacen posible las garantías de seguridad, calidad y eficacia de los mismos. Desde su aprobación, se han producido diversas modificaciones de la configuración jurídica de la Unión Europea habida cuenta de la experiencia acumulada y tras distintas actuaciones de evaluación efectuadas por la Unión Europea en algunas de las materias relacionadas con el sector farmacéutico, como son la farmacovigilancia de los medicamentos, el refuerzo de la calidad de los medicamentos y la protección de la cadena de suministro ante el riesgo de los medicamentos falsificados, o las modificaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos, con el objeto de eliminar diferencias en las legislaciones nacionales y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de los medicamentos, así como un alto nivel de protección de la salud pública y de la salud de las personas y animales, que obligan a nuestro país a revisar la normativa interna vigente. En efecto, por un lado, se aprueba la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica en lo que respecta a farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Y por otro, se produce la aprobación de la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, por la que se modifica, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Estas directivas han de ser incorporadas a la normativa nacional, a través de esta Ley para, posteriormente, proceder a la actualización correspondiente de su normativa de desarrollo. Así, esta Ley conlleva el cumplimiento de la necesidad de adaptación cuanto antes a las nuevas normas europeas de farmacovigilancia establecidas a fin de proteger la salud pública y hacerlo de manera armonizada para todos los medicamentos de uso humano con independencia del procedimiento de autorización de los mismos, de modo que no es posible que las normas nacionales no estén alineadas con las de los productos autorizados de modo centralizado por la Comisión Europea. Además, esta Ley supone un refuerzo imprescindible de las garantías en la fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos, así como la venta legal de medicamentos a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, de acuerdo con la citada normativa europea vigente en la materia. En consecuencia, esta Ley modifica las disposiciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en materia de farmacovigilancia (artículos 17.9, 22, 53 y 101.2.c.9.ª), y en materia de medicamentos falsificados (artículos 8, 64, 66 bis, 69, 71, 71 bis, 101.2.b.1.ª33.ª y 34.ª y 101.2.c.2.ª y 11.ª). A su vez, durante este periodo se aprobó la Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se modifican la Directiva 2001/82/CE y la Directiva 2001/83/CE, en lo relativo a las variaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos, garantizando que todas ellas, con independencia del procedimiento de autorización, nacional o europeo, estén sujetas a los mismos criterios de solicitud, evaluación y autorización. Esta Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1091/2010, de 3 de septiembre de 2010, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Por ello, y con el fin de ser coherente con el objetivo global de la referida Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, tendente a eliminar diferencias en las legislaciones nacionales, se hace precisa, a su vez, la adecuación a la misma de las referencias contenidas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, en materia de modificación de las autorizaciones de comercialización con el objeto de simplificar, aclarar y flexibilizar el marco legislativo en la evaluación de modificaciones sin comprometer la salud pública. Consecuentemente, esta Ley modifica las disposiciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en lo relativo a modificaciones de las autorizaciones de comercialización (artículos 9, 15, 23, 24, 25, 31, 32 y 101.2.b.6.ª). Además, y en relación con los productos cosméticos, desde la aprobación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se han producido cambios normativos importantes, tales como la aprobación del Reglamento (CE) núm. 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que introdujo ciertas modificaciones en la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a los productos cosméticos, entre otras cosas, en lo que a la definición de producto cosmético se refiere. Además, ha sido publicado el Reglamento 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, que también incide en la definición de dichos productos. En consecuencia, se procede a la actualización de la definición de producto cosmético, modificándose asimismo la definición y la denominación de los productos de higiene personal por productos de cuidado personal, término de alcance más amplio que el anterior y que recoge, de forma más completa, su verdadero contenido. Asimismo, y por motivos de salud pública o seguridad de las personas, es necesario extender de manera explícita a los productos sanitarios y a los cosméticos y a los productos de cuidado personal, según la nueva denominación recogida en esta Ley, las distintas previsiones que la Ley ya recoge para los medicamentos mediante las modificaciones introducidas en el artículo 4, acerca de las garantías de defensa de la salud pública, y en el artículo 99, acerca de las medidas cautelares. A su vez, estos mismos motivos hacen necesario restringir la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como la publicidad de estos productos, regulados, respectivamente, en los artículos 2 y 78 de la Ley. En otro orden de cosas, y a los solos efectos de dotar de mayor precisión al régimen aplicable, se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 86 y del apartado 9 del artículo 94 bis de la Ley relativos, respectivamente, a la sustitución por el farmacéutico de medicamentos prescritos y al nivel de aportación de las personas encuadradas en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial. Por su parte, actualmente el régimen de infracciones y sanciones en materia tanto de productos sanitarios, como de productos cosméticos, deriva de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la cual remite a la normativa específica de estas materias. En consecuencia, y dado que actualmente esta normativa específica la constituyen distintas normas con rango de real decreto, se hace necesaria su inclusión en esta Ley. Respecto a la modificación del artículo 109, se trata de medidas para promover la disponibilidad de medicamentos veterinarios para las especies llamadas menores, a través de la exención del 70% de la tasa en los procedimientos de modificación de las condiciones de autorización de estos medicamentos, puesto que en el momento actual existe una falta de disponibilidad de medicamentos veterinarios para determinadas especies y para determinados usos. La necesidad de estos medicamentos viene dada tanto por razones de salud pública, puesto que es preciso tener medicamentos destinados a estas especies en los que se haya evaluado por la autoridad competente los tiempos de espera para preservar la salud de los consumidores de alimentos procedentes de estas especies, como por razones de sanidad y bienestar animal. Por distintos motivos, se da también nueva redacción al artículo 111, pudiendo destacar como principales los diferentes cambios normativos y organizativos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios producidos desde la entrada en vigor de la Ley 29/2006, de 26 de julio, que han simplificado algunos procedimientos y han permitido delimitar la prestación de otros. Por lo tanto, y constituyendo el hecho imponible de la tasa la prestación o realización, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 111 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, procede modificar dichas tasas cualitativa y cuantitativamente para adaptarlas a los servicios o actividades prestados. Asimismo, el funcionamiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el marco de las agencias europeas y la existencia de procedimientos coordinados europeos se convierte también en un motivo para la modificación de determinadas tasas. Si bien los criterios técnicos con los que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evalúa los medicamentos son los mismos independientemente del procedimiento empleado, la carga de trabajo es muy distinta cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evalúa con el fin de emitir una autorización nacional de cuando actúa como Estado miembro de referencia asumiendo la responsabilidad de la evaluación de los llamados Procedimientos Descentralizados o en los Procedimientos de Reconocimiento Mutuo. En último término, esta Ley incluye una nueva disposición adicional, la decimoquinta, relativa a la modificación del sentido del silencio, con el objeto de incorporar nuevos procedimientos a los ya fijados en su momento por la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por las repercusiones sanitarias que la estimación por silencio administrativo de las solicitudes de determinados procedimientos en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, podrían conllevar. Esta Ley consta de un artículo único, distribuido en sesenta y nueve apartados, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales. Artículo único. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, queda modificada como sigue: Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 1, con la siguiente redacción: «4. A su vez, regula los cosméticos y productos de cuidado personal y, en particular, las medidas cautelares y el régimen de infracciones y sanciones, aplicables a éstos.» Dos. El apartado 5 del artículo 2, queda redactado en los siguientes términos: «5. Se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. La normativa de desarrollo establecerá los requisitos aplicables y regulará dichas modalidades de venta con respecto a los medicamentos no sujetos a prescripción garantizando, en todo caso, que los medicamentos de uso humano se dispensen por una oficina de farmacia autorizada, con la intervención de un farmacéutico, previo asesoramiento personalizado conforme previenen los artículos 19.4 y 84.1 de esta Ley, y con cumplimiento de la normativa aplicable en función de los medicamentos objeto de venta o de la modalidad de venta y cumplimiento de los requisitos en materia de información recogidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y, en el caso de los medicamentos veterinarios, se dispensen por uno de los establecimientos descritos en los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley, con la intervención de un farmacéutico, debiendo asimismo cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de julio. Se prohíbe, asimismo, la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de medicamentos. Las Administraciones sanitarias, por razones de salud pública o seguridad de las personas, podrán limitar, condicionar o prohibir la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio del reparto, distribución o suministro a las entidades legalmente autorizadas para la dispensación al público. La normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que puedan venderse directamente a profesionales de la medicina, odontología, veterinaria y podología exclusivamente los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional.» Tres. Se modifica el apartado 6 del artículo 2, que queda redactado en el tenor siguiente: «6. La custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá exclusivamente: a) A las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas. b) A los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de dichas instituciones o para los medicamentos que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del equipo multidisciplinar de atención a la salud, de conformidad con la calificación otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para tales medicamentos. c) En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, además de los medicamentos especificados en el punto b) de este apartado, corresponderá a los servicios de farmacia de los hospitales, la custodia, conservación y dispensación de los medicamentos de uso humano en los que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acuerde establecer reservas singulares, limitando su dispensación sin necesidad de visado a los pacientes no hospitalizados. No obstante, en el caso de ensayos clínicos que se realicen en centros de investigación que no posean servicios de farmacia será posible el envío de los medicamentos en investigación por el promotor al centro de investigación, asumiendo el investigador de dicho centro las responsabilidades relativas a la correcta administración, custodia y entrega de dichos medicamentos de acuerdo con lo especificado en el protocolo del estudio. Se prohíbe la dispensación, venta o comercialización de cualquier medicamento que sea devuelto o entregado por los pacientes, o el público en general, a las oficinas de farmacia.» Cuatro. El apartado 2 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo: «2. Asimismo el ejercicio profesional del farmacéutico en oficina de farmacia, en establecimiento comercial detallista, en entidades o agrupaciones ganaderas o en un servicio de farmacia hospitalaria y demás estructuras asistenciales será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos de los laboratorios farmacéuticos y/o almacenes mayoristas.» Cinco. En el artículo 4 el actual apartado 3 pasa a ser el apartado 4 y se introduce un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción: «3. Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación a los productos que se presenten como productos sanitarios o como productos cosméticos sin que tengan tal consideración, así como a los productos sanitarios y a los productos cosméticos que se comercialicen sin haber seguido los procedimientos establecidos en sus normativas específicas.» Seis. Los párrafos c), d), l), m) y n) del artículo 8 pasan a tener la siguiente redacción: «c) “Principio activo o sustancia activa”: toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que, al ser utilizadas en su producción, se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico. d) “Excipiente”: todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. l) “Producto sanitario”: cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: 1.º diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, 2.º diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, 3.º investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, 4.º regulación de la concepción, y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. m) “Producto de cuidado personal”: sustancias o mezclas que, sin tener la consideración legal de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos o biocidas, están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o mucosas del cuerpo humano con finalidad de higiene o de estética, o para neutralizar o eliminar ectoparásitos. n) “Producto cosmético”: toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales.» Siete. Se añaden cuatro nuevos párrafos o), p), q) y r) al artículo 8, con la siguiente redacción: «o) “Medicamento falsificado”: cualquier medicamento cuya presentación sea falsa con respecto a: 1.º su identidad, incluidos el envase y etiquetado, el nombre o composición en lo que respecta a cualquiera de sus componentes, incluidos los excipientes, y la dosificación de dichos componentes; 2.º su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización; o 3.º su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados. La presente definición no comprende los defectos de calidad involuntarios y se entiende sin perjuicio de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. p) “Distribución mayorista de medicamentos”: toda actividad que consista en obtener, almacenar, conservar, suministrar o exportar medicamentos, excluida la dispensación al público de los mismos. q) “Almacén por contrato”: entidad que actúa como tercero, con la cual un laboratorio o un almacén mayorista suscribe un contrato para realizar determinadas actividades de distribución de medicamentos. r) “Intermediación de medicamentos”: todas las actividades relativas a la venta o compra de medicamentos, a excepción de aquellas incluidas en la definición de distribución mayorista, tal y como se define en este artículo, que no incluyen contacto físico con los mismos y que consisten en la negociación de manera independiente y en nombre de otra persona jurídica o física.» Ocho. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos: «2. Cuando un medicamento haya obtenido una autorización, de acuerdo con el apartado anterior, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales, así como cualesquiera otras modificaciones y ampliaciones al expediente de autorización que se introduzcan, deberán ser objeto de autorización o notificación, conforme se disponga en la normativa que regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Todas estas modificaciones se considerarán pertenecientes a la misma autorización global de comercialización, en particular a los efectos de la aplicación de los periodos de exclusividad de datos.» Nueve. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como sigue: «2. La denominación del medicamento podrá consistir en un nombre de fantasía que no pueda confundirse con la denominación común, o una denominación común o científica acompañada de una marca o del nombre del titular de la autorización de comercialización. La denominación del medicamento no podrá confundirse con una denominación oficial española o una denominación común internacional ni inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento. Los medicamentos genéricos deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo y, en su defecto, con la denominación común internacional o bien, si ésta no existiese, con la denominación común usual o científica de dicha sustancia, acompañada, en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante; asimismo, podrán denominarse con una marca siempre que no pueda confundirse con una denominación oficial española o una denominación común internacional ni inducir a error sobre las propiedades terapéuticas o la naturaleza del medicamento. Podrán identificarse con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico Genérico) aquellos medicamentos que determine la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en razón de su intercambiabilidad.» Diez. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado del siguiente modo: «1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad regulará los aspectos relativos a las garantías de información: características, extensión, pormenores y lugares donde deba figurar. En todo caso, para la elaboración de esta información sobre el medicamento, su titular proporcionará información escrita suficiente sobre su identificación, indicaciones y precauciones a observar en su empleo. Esta información se presentará, al menos, en la lengua española oficial del Estado y con ella se elaborará la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado. Los textos y demás características de la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado forman parte de la autorización de los medicamentos y han de ser previamente autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sus modificaciones requerirán asimismo autorización previa o notificación, según proceda.» Once. El apartado 9 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos: «9. El titular de la autorización de un medicamento deberá mantener actualizado el expediente aportado para obtener aquélla, incorporando al mismo cuantos datos, informes o modificaciones tecnológicas impongan los avances de la ciencia y las normas de correcta fabricación y control. Asimismo, deberá presentar los informes periódicos de seguridad establecidos en la legislación vigente con el fin de mantener actualizado el expediente en materia de seguridad.» Doce. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 22 queda redactado en los siguientes términos: «b) Cuando, basándose en datos de seguridad y/o eficacia el medicamento tenga una relación beneficio-riesgo desfavorable.» Trece. Se añade una nuevo párrafo g) en el apartado 1 del artículo 22, con la siguiente redacción: «g) Cuando se incumpla con los requisitos establecidos en las condiciones de autorización de comercialización en materia de farmacovigilancia.» Catorce. El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 23. Modificaciones de la autorización por razones de interés general. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá modificar, de forma justificada y notificándolo al titular de la autorización de comercialización, la autorización de los medicamentos que lo requieran por razones de interés público o defensa de la salud o seguridad de las personas. Ello, sin perjuicio de la obligación del titular de la autorización de comercialización de asegurar que la información de sus productos esté actualizada en función de los últimos conocimientos científicos, incluidas las conclusiones de las evaluaciones y las recomendaciones publicadas en el portal Web europeo sobre medicamentos y en el portal Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.» Quince. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 24, con el siguiente redactado: «7. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá establecer modalidades de autorización especiales para medicamentos que, de acuerdo con una resolución expresa de la misma, se consideren necesarios para atender requerimientos especiales, siempre y cuando sean destinados para uso de un paciente individual bajo prescripción de un facultativo acreditado y bajo su responsabilidad directa.» Dieciséis. El apartado 2 del artículo 25 queda redactado en los siguientes términos: «2. Cuando un medicamento veterinario haya obtenido una autorización, de acuerdo con el apartado anterior, toda dosificación, forma farmacéutica, vía de administración y presentaciones adicionales, así como cualesquiera otras modificaciones y ampliaciones al expediente de autorización que se introduzcan, deberán ser objeto de autorización o notificación, conforme se disponga en la normativa que regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Todas estas modificaciones se considerarán pertenecientes a la misma autorización global de comercialización, en particular a los efectos de la aplicación de los periodos de exclusividad de datos.» Diecisiete. El apartado 1 del artículo 31 queda redactado del siguiente modo: «1. Los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad regularán los aspectos relativos a las garantías de información: características, extensión, pormenores y lugares donde deba figurar. En todo caso, para la elaboración de esta información sobre el medicamento veterinario, su titular proporcionará información escrita suficiente sobre su identificación, indicaciones y precauciones a observar en su empleo. Esta información se presentará, al menos, en la lengua española oficial del Estado y con ella se elaborará la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado. Los textos y demás características de la ficha técnica, el prospecto y el etiquetado forman parte de la autorización de los medicamentos veterinarios y han de ser previamente autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sus modificaciones requerirán, asimismo, autorización previa o notificación, según proceda.» Dieciocho. El apartado 1 del artículo 32 queda redactado en los siguientes términos: «1. De acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, el Gobierno reglamentará el procedimiento para la obtención de la autorización e inscripción en el Registro de Medicamentos, de conformidad con los trámites y plazos que la Unión Europea establezca en virtud de la armonización comunitaria. Asimismo, el Gobierno reglamentará, conforme a la normativa comunitaria, el procedimiento para la notificación y autorización de cuantas modificaciones se produzcan en la autorización inicial.» Diecinueve. El apartado 2 del artículo 38 queda redactado del siguiente modo: «2. La dispensación al público de los medicamentos, se realizará exclusivamente por: a) Las oficinas de farmacia legalmente establecidas, que además serán las únicas autorizadas para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. b) Los establecimientos comerciales detallistas autorizados, siempre que cuenten con un servicio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y dispensación de estos medicamentos. c) Las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas que cuenten con servicio farmacéutico responsable de la custodia, conservación y dispensación de estos medicamentos para el uso exclusivo de sus miembros. Reglamentariamente se regulará la actuación profesional del farmacéutico en cada uno de los establecimientos anteriormente descritos en las letras b) y c) como condición y requisito para garantizar el control efectivo en la dispensación al público de los medicamentos veterinarios. No obstante lo anterior, los medicamentos destinados a perros, gatos, animales de terrario, pájaros domiciliarios, peces de acuario y pequeños roedores que no requieran prescripción veterinaria, podrán distribuirse y venderse en otros establecimientos, en los términos previstos reglamentariamente.» Veinte. Los apartados 3 y 4 del artículo 53 quedan modificados en los siguientes términos: «3. Las comunidades autónomas trasladarán la información recibida a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.» «4. Los titulares de la autorización también están obligados a poner en conocimiento de las autoridades sanitarias competentes en materia de farmacovigilancia las sospechas de reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haber sido causadas por los medicamentos que fabrican o comercializan, de conformidad con las directrices europeas sobre Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. Asimismo, estarán obligados a la actualización permanente de la información de seguridad del producto, a la ejecución de los planes de farmacovigilancia y programas de gestión de riesgos y a la realización de una evaluación continuada de la relación beneficio-riesgo del medicamento, conforme a las directrices nacionales y europeas en la materia. Cuando las autoridades sanitarias consideren que dicha información sobre seguridad interesa de forma relevante a la salud pública, garantizarán el acceso público a la misma.» Veintiuno. El apartado 2 del artículo 64 queda redactado de la siguiente manera: «2. Los laboratorios farmacéuticos deberán cumplir las normas de correcta fabricación publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, conforme a las directrices detalladas sobre prácticas de correcta fabricación de medicamentos establecidas en el marco comunitario. Asimismo, los fabricantes y los distribuidores de principios activos utilizados como materias primas deberán cumplir las normas de correcta fabricación de principios activos y las buenas prácticas de distribución de principios activos, publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A tales efectos, se entiende por «fabricación de principios activos utilizados como materias primas» la fabricación completa o parcial o la importación de un principio activo utilizado como materia prima, tal y como se define en el artículo 8 de esta Ley, así como los diversos procesos de división, acondicionamiento y presentación previos a su incorporación en un medicamento, incluidos el reacondicionamiento y reetiquetado. El laboratorio farmacéutico únicamente podrá utilizar como materias primas principios activos fabricados de conformidad con las normas de correcta fabricación de principios activos y distribuidos de conformidad con las buenas prácticas de distribución de principios activos. Para este fin, el laboratorio farmacéutico verificará el cumplimiento por parte del fabricante y de los distribuidores de principios activos de las normas correctas de fabricación y de las buenas prácticas de distribución, mediante la realización de auditorías en las instalaciones de fabricación y distribución de los fabricantes y distribuidores de los mismos. El laboratorio farmacéutico verificará tal cumplimiento por sí mismo o, sin perjuicio de su responsabilidad de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, a través de una entidad que actúe por cuenta de él en virtud de un contrato.» Veintidós. En el artículo 64 los actuales apartados 3, 4 y 5 pasan a ser los apartados 4, 5 y 6 y se introduce un nuevo apartado 3, con la siguiente redacción: «3. El laboratorio farmacéutico garantizará que los excipientes son aptos para su utilización en un medicamento mediante la determinación de las prácticas de fabricación apropiadas, con una evaluación formal de riesgos realizada con arreglo a las directrices aplicables contempladas en las normas de correcta fabricación de medicamentos así como las establecidas en el marco comunitario.» Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 66 bis con la siguiente redacción: «Artículo 66 bis. Registro de fabricantes, importadores o distribuidores de principios activos. 1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá un registro de fabricantes, importadores o distribuidores de principios activos que incluirá todos los datos que se fijen de forma reglamentaria. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas tendrán acceso a los datos completos de este registro a efectos de inspección. Los datos de este registro serán de acceso público y se desarrollará en menos de un año desde la publicación de la presente Ley. 2. Es obligatoria la inscripción en este registro de forma previa al inicio de la actividad de fabricación, importación o distribución así como la remisión inmediata de cualquier cambio en los datos proporcionados que pueda repercutir en la calidad, seguridad o eficacia de los principios activos. Asimismo de forma anual se actualizarán los datos remitidos.» Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 69 en los siguientes términos: «1. Los almacenes de distribución al por mayor de medicamentos, así como los almacenes por contrato, estarán sometidos a la autorización previa de la comunidad autónoma donde esté domiciliado el almacén. Ello no obstante, el almacén deberá comunicar la realización de sus actividades a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas donde, no estando domiciliado, tales actividades se realicen. La autorización de almacén de distribución podrá incluir la actividad de almacén por contrato.» «3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, los almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera, estarán sometidos a la autorización previa como almacén de distribución de medicamentos que será otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.» Veinticinco. Se modifica el artículo 71 en los siguientes términos: «Artículo 71. Director técnico. Todas las entidades de distribución autorizadas de acuerdo con el artículo 69 dispondrán de un director técnico farmacéutico cuyo cargo será incompatible con otras actividades de carácter sanitario que supongan intereses directos con la fabricación o dispensación de medicamentos o que vayan en detrimento del adecuado cumplimiento de sus funciones. El Gobierno establecerá las funciones del director técnico.» Veintiséis. Se añade un nuevo artículo 71 bis, en el capítulo II del Título IV, con la siguiente redacción: «Artículo 71 bis. Intermediación en la distribución de medicamentos de uso humano. 1. Las personas que se dediquen a tareas de intermediación en la distribución de medicamentos de uso humano establecidas en España deberán inscribirse, de forma previa al inicio de su actividad, en un registro que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá a tal efecto, que incluirá todos los datos que se fijen de forma reglamentaria. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas tendrán acceso a los datos completos de este registro a efectos de inspección. Este registro será de acceso público. 2. Las personas que se dediquen a la intermediación en el comercio de medicamentos deberán cumplir las obligaciones que vengan impuestas en la normativa vigente así como las disposiciones específicas incluidas en las buenas prácticas de distribución de medicamentos publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.» Veintisiete. El apartado 1 del artículo 77 queda redactado como sigue: «Artículo 77. La receta médica y la prescripción hospitalaria. 1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación. Los fisioterapeutas también podrán indicar, usar y autorizar, de forma autónoma la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante orden de dispensación. El Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la participación de las organizaciones colegiales correspondientes, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros y a los fisioterapeutas para las actuaciones previstas en este artículo.» Veintiocho. Se modifica el título del artículo 78, así como el primer párrafo de su apartado 2 y el apartado 3; se renumera como 4 el actual apartado 3 y los apartados 4 y 5 pasan a ser apartados 5 y 6, respectivamente. «Artículo 78. Garantías en la publicidad de medicamentos y productos sanitarios destinada al público en general. […] 2. La publicidad de un medicamento que sea objeto de publicidad al público, cumplirá con los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo; por su parte, los mensajes publicitarios deberán reunir los siguientes requisitos: […] 3. La publicidad de medicamentos sin receta no requerirá de autorización administrativa previa, si bien las Administraciones sanitarias competentes efectuarán los controles necesarios para garantizar que los contenidos publicitarios cumplan con las normas legales y reglamentarias, que les sean de aplicación y que se ajusten fielmente a las condiciones científicas y técnicas recogidas en la autorización de comercialización. 4. Las Administraciones sanitarias, por razones de salud pública o seguridad de las personas, podrán limitar, condicionar o prohibir la publicidad de los medicamentos y de los productos sanitarios.» Veintinueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 78, quedando redactado como sigue: «5. En el caso de los productos sanitarios queda excluida la posibilidad de realizar publicidad directa o indirecta, dirigida al público en el caso de que un producto esté financiado por el Sistema Nacional de Salud. Esta prohibición de publicidad afecta a las empresas fabricantes, distribuidoras o comercializadoras, así como a todas aquellas entidades que puedan mantener un contacto directo con el paciente. Asimismo, se prohíben las primas, obsequios, descuentos, premios, concursos, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de dichos productos.» Treinta. Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 78, con la siguiente redacción: «6. No podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios. 7. La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos respetará los criterios contemplados en la publicidad de productos sanitarios.» Treinta y uno. El apartado 1 del artículo 85 bis queda redactado como sigue: «85 bis. Sistemas de información para apoyo a la prescripción. 1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas dotarán a sus prescriptores de un sistema de prescripción electrónica común e interoperable y que permitirá el registro de la formación sobre el número de dosis ajustada a las necesidades del tratamiento, en el que se incorporarán subsistemas de apoyo a la prescripción, tales como: nomenclátor de medicamentos en línea; correspondencia entre principios activos, medicamentos disponibles y patologías en las que están indicados; protocolos de tratamiento por patología recomendados desde las instituciones sanitarias y las sociedades médicas, con indicación de los estándares de elección y los beneficios esperados; coste del tratamiento prescrito y alternativas de elección terapéutica, según criterios de eficiencia; base de datos de interacciones; base de datos de ensayos clínicos en su provincia o comunidad autónoma; información periódica en línea (autorización y retirada de medicamentos y productos sanitarios, alertas y comunicaciones de interés para la protección de la salud pública); difusión de noticias sobre medicamentos que, sin ser alertas en sentido estricto, contribuyan a mejorar el nivel de salud de la población.» Treinta y dos. El apartado 5 del artículo 86 queda redactado como sigue: «5. Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el medicamento prescrito tiene un precio superior al precio menor de su agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito por el de precio más bajo de su agrupación homogénea, y, en caso de igualdad, dispensará el medicamento genérico. En el caso de los medicamentos biosimilares, se respetarán las normas vigentes según regulación específica en materia de sustitución e intercambiabilidad.» Treinta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 y se añade un apartado 5 pasando el actual a numerarse como apartado 6, quedando redactados como sigue: «1. Con el fin de lograr un adecuado abastecimiento del mercado y establecer garantías de seguridad para los ciudadanos, los laboratorios, los almacenes mayoristas, las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales detallistas y las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas para la dispensación de medicamentos veterinarios, están sujetos a las obligaciones de información a que se refiere este artículo. […] 5. Las oficinas de farmacia, los establecimientos comerciales detallistas y las entidades o agrupaciones ganaderas autorizadas para dispensar medicamentos veterinarios, comunicarán, en los términos que se fijen reglamentariamente, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios las unidades de medicamentos veterinarios dispensados. 6. La recogida y tratamiento de datos a que se refiere este artículo deberá adecuarse a la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (...).» Treinta y cuatro. Se añade un nuevo párrafo al artículo 88.1, con la siguiente redacción: «Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.» Treinta y cinco. Se añaden tres nuevos apartados al artículo 88, y el actual apartado 2 pasa a numerarse como apartado 5 con la siguiente redacción: «2. Las disposiciones normativas del Gobierno o del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las resoluciones emitidas por el centro directivo competente de dicho Ministerio, en materia de financiación de medicamentos y productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, surtirán efecto en todo el territorio español desde la fecha en que resulten aplicables. 3. El precio industrial de financiación pública, establecido por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud, no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional. Las previsiones contenidas en el párrafo anterior también serán de aplicación a los productos sanitarios, una vez se desarrolle reglamentariamente el sistema de financiación de precios y márgenes de dichos productos, incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 4. Toda modificación del precio de un medicamento o producto sanitario financiado por el Sistema Nacional de Salud surtirá efecto en la misma fecha en todo el territorio español. 5. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá acordar las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos y productos sanitarios de las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el Sistema Nacional de Salud.» Treinta y seis. Se añade un apartado 7 al artículo 89 con la siguiente redacción: «7. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de la incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de los medicamentos que, según lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, lleven las siglas EFG en razón de su intercambiabilidad.» Treinta y siete. El apartado 6 del artículo 90 queda redactado como sigue: «6. Como regla general, el precio de financiación por el Sistema Nacional de Salud será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del Sistema Nacional de Salud. Los laboratorios farmacéuticos, los almacenes mayoristas y las oficinas de farmacia a través de la Organización Farmacéutica Colegial, deben aportar la información que se determine para hacer efectivo el reembolso debido por las oficinas de farmacia a laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoristas en aquellos medicamentos que se establezca y que hayan sido dispensados fuera del Sistema Nacional de Salud. El procedimiento para su articulación se desarrollará reglamentariamente.» Treinta y ocho. El apartado 2 del artículo 93 queda redactado como sigue: «2. Los conjuntos incluirán todas las presentaciones de medicamentos financiadas que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de administración, entre las que existirá incluida en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, al menos, una presentación de medicamento genérico o biosimilar, salvo que el medicamento o su ingrediente activo principal hayan sido autorizados con una antelación mínima de diez años en un Estado miembro de la Unión Europea, en cuyo caso no será indispensable la existencia de un medicamento genérico o biosimilar para establecer un conjunto. Las presentaciones indicadas para tratamientos en pediatría, así como las correspondientes a medicamentos de ámbito hospitalario, incluidos los envases clínicos, constituirán conjuntos independientes.» Treinta y nueve. El apartado 9 del artículo 94.bis queda redactado como sigue: «9. El nivel de aportación de las personas encuadradas en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial será del 30 por ciento con carácter general, resultándoles de aplicación lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 6 y en el párrafo e) del apartado 8.» Cuarenta. Se añade un apartado 2 al artículo 95 y el actual texto se numera como punto 1, con la siguiente redacción: «1. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud corresponde a las Administraciones Públicas sanitarias la evaluación de las prescripciones por áreas, zonas, terapias, grupos poblacionales y otras circunstancias. 2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá los mecanismos de coordinación que permitan conocer la utilización de medicamentos y productos sanitarios, optimizar la investigación de su evolución y adoptar las medidas de información y promoción del uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y, en su caso, las medidas cautelares y de control correspondientes con exigencia de las responsabilidades administrativas y penales a que hubiere lugar. 3. Al objeto de ejecutar las acciones necesarias para la valoración de la prescripción y de la política farmacéutica general, las Administraciones Públicas competentes facilitarán la información agregada o desagregada relativa al consumo de medicamentos tanto por receta como a nivel de centros hospitalarios y cualesquiera otros ámbitos incluidos dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Como mínimo, dicha información se presentará con periodicidad mensual; se facilitará desde las Consejerías responsables de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que efectuará la agregación y depuración correspondiente antes de hacerla pública.» Cuarenta y uno. Se añade un apartado 3 al artículo 97, con la siguiente redacción: «3. La información a que se hace referencia en este artículo será facilitada con periodicidad mensual y estará referida a un período no superior a los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha en que sea facilitada.» Cuarenta y dos. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 99 queda redactado como sigue: «b) La suspensión de la elaboración, prescripción, dispensación y suministro de medicamentos y productos sanitarios en investigación.» Cuarenta y tres. En el apartado 1 del artículo 99 se introduce un nuevo párrafo c) con la siguiente redacción: «c) La limitación, prohibición, suspensión o sujeción a condiciones especiales de la fabricación, importación, comercialización, exportación, publicidad, puesta en servicio o utilización de los productos sanitarios, cosméticos o productos de cuidado personal, así como la puesta en cuarentena, la retirada del mercado y la recuperación de dichos productos.» Cuarenta y cuatro. El apartado 1 del artículo 100 queda redactado del siguiente modo: «1. Las infracciones en materia de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.» Cuarenta y cinco. El título y el apartado 1 del artículo 101 quedan redactados del siguiente modo: «Artículo 101. Infracciones de medicamentos. 1. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.» Cuarenta y seis. Se suprime la infracción numerada como 4.ª en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 101, que queda sin contenido, pasando el actual contenido de las infracciones 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª y 12.ª a las infracciones 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª y 11.ª Asimismo, se suprimen las infracciones numeradas como 28.ª y 34.ª en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 101, que quedan sin contenido, pasando el actual contenido de las infracciones 29.ª, 30.ª, 31.ª, 32.ª y 33.ª a las infracciones 28.ª, 29.ª, 30.ª, 31.ª y 32.ª. Cuarenta y siete. La infracción numerada como 7.ª en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 101, pasa a tener la siguiente redacción: «7.ª Incumplir los requisitos que para la realización de la visita médica, establezca la normativa de las Administraciones sanitarias competentes en la gestión de la prestación farmacéutica.» Cuarenta y ocho. Las infracciones numeradas como 1.ª, 2.ª, 3.ª, 6.ª, 9.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 18.ª, 23.ª, y 29.ª en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 101 pasan a tener la siguiente redacción: «1.ª No realizar en la elaboración, fabricación, importación, exportación y distribución de medicamentos o de principios activos, los controles de calidad exigidos en la legislación sanitaria o incumplir las directrices detalladas sobre normas de correcta fabricación o buenas prácticas de distribución establecidas en el marco comunitario o efectuar los procesos de fabricación o control mediante procedimientos no validados.» «2.ª Elaborar, fabricar, importar, exportar, dispensar o distribuir medicamentos por personas físicas o jurídicas que no cuenten con la preceptiva autorización.» «3.ª Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma.» «6.ª Modificar por parte del titular, sin autorización previa o notificación, según proceda, cualquiera de las condiciones de autorización del medicamento.» «9.ª Incumplir, el promotor o investigador de un ensayo clínico, las obligaciones establecidas para cada uno de ellos en la legislación vigente, cuando el hecho en razón de los criterios contemplados en este artículo no merezca la calificación de muy grave.» «15.ª Negarse a dispensar medicamentos sin causa justificada.» «16.ª Dispensar medicamentos sin receta, cuando ésta resulte obligada.» «17.ª Suministrar, adquirir o vender medicamentos a entidades no autorizadas para la realización de tales actividades.» «18.ª Actuar, los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración y siempre que estén en ejercicio, en funciones de delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agentes informadores de los laboratorios de medicamentos.» «23.ª Dispensar o suministrar medicamentos en establecimientos distintos a los autorizados.» «29.ª Aceptar, los profesionales sanitarios, con motivo de la prescripción, dispensación y administración de medicamentos con cargo al Sistema Nacional de Salud, o sus parientes y personas de su convivencia, cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos prohibidos, primas u obsequios efectuados por quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos.» Cuarenta y nueve. Se añaden cinco nuevas infracciones numeradas como 33.ª, 34.ª, 35.ª, 36.ª y 37.ª en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 101, con la siguiente redacción: «33.ª Incumplir, las personas que se dediquen a la intermediación de medicamentos, los requisitos establecidos en la normativa vigente y en las buenas prácticas de distribución de medicamentos. 34.ª Incumplir, el fabricante de los medicamentos, las obligaciones en materia de excipientes que se utilicen en la fabricación de medicamentos. 35.ª Realizar, por parte del titular de la autorización de laboratorio o del titular de una autorización de distribución, actividades que no se ajusten a la misma. 36.ª Incumplir, las oficinas de farmacia y servicios de farmacia, lo establecido legalmente en materia de aportación del usuario en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 37.ª Cualquier acto de la oficina de farmacia que induzca al usuario a adquirir una mayor cantidad de medicamentos dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que el verdaderamente necesario o demandado por este último.» Cincuenta. Las infracciones numeradas como 1.ª, 2.ª, 9.ª, 11.ª, 16ª, 23.ª y 24.ª en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 101 quedan redactadas en los siguientes términos: «1.ª Poner en el mercado medicamentos de cualquier naturaleza sin haber obtenido la preceptiva autorización sanitaria para ello.» «2.ª Fabricar, importar, exportar, intermediar, distribuir, dispensar y vender medicamentos falsificados. Esta infracción también se aplicará en el caso de que esta venta se efectúe a distancia.» «9.ª Incumplir, el promotor o investigador de un ensayo clínico, las obligaciones establecidas para cada uno de ellos en la legislación vigente cuando suponga perjuicio en los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos.» «11.ª Vender medicamentos a domicilio o a través de internet o de otros medios telemáticos o indirectos, en contra de lo previsto en esta Ley o incumpliendo las disposiciones que regulen dicha modalidad de venta.» «16.ª Realizar promoción, información o publicidad de medicamentos no autorizados o sin que tales actividades se ajusten a lo dispuesto en esta Ley o en la legislación general sobre publicidad.» «23.ª Realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional.» «24.ª Dispensar, vender o comercializar los medicamentos devueltos o entregados por los pacientes o el público en general a las oficinas de farmacia.» Cincuenta y uno. Se añaden dos nuevas infracciones numeradas como 25.ª y 26.ª en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 101, con la siguiente redacción: «25.ª Incumplir, el titular de la autorización de comercialización, su obligación de tener suficientemente abastecido el mercado, de modo adecuado y continuado para posibilitar el cumplimiento de las exigencias legalmente establecidas en materia de prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y garantizar el abastecimiento a las oficinas de farmacia y servicios de farmacia de los medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas, de precio más bajo y precio menor. 26.ª Impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados, en los centros en los que se elaboren, fabriquen, distribuyan y dispensen medicamentos.» Cincuenta y dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 101 con la siguiente redacción: «3. La comisión de una infracción, precedida de otras dos de grado inmediatamente inferior o igual sancionadas en firme en el plazo de un año previo a dicha comisión, incrementará de leve a grave, o de grave a muy grave, dicha infracción.» Cincuenta y tres. Se añade un nuevo artículo 101 bis con la siguiente redacción: «Artículo 101 bis. Infracciones de productos sanitarios. 1. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia. 2. Constituirán infracciones administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en el artículo 102 las conductas que a continuación se tipifican: a) Infracciones leves: 1.ª No aportar, las entidades o personas responsables, los datos, declaraciones, así como cualquier información que estén obligados a suministrar por razones sanitarias, técnicas, económicas, administrativas y financieras. 2.ª Incumplir el deber de colaborar con las autoridades sanitarias en la evaluación, vigilancia y control de los productos sanitarios. 3.ª Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma. 4.ª Presentar en ferias, exposiciones y demostraciones productos no aptos para la puesta en el mercado o en servicio sin la correspondiente indicación de su no conformidad o imposibilidad de puesta en servicio. 5.ª No mantener a disposición del paciente la declaración prevista para los productos a medida, no informarle al respecto o no entregársela a su requerimiento. 6.ª No identificar como tales los productos destinados exclusivamente a exportación. 7.ª Incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la reglamentación aplicable que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o cuando no proceda su calificación como faltas graves o muy graves. b) Infracciones graves: 1.ª No facilitar al paciente y/o no incluir en su historia clínica la información preceptiva sobre el producto que ha recibido o la tarjeta de implantación cuando así se haya establecido, así como no remitir dicha tarjeta a la empresa suministradora o al registro nacional que se haya dispuesto. 2.ª Fabricar, agrupar y esterilizar los productos en territorio nacional sin la licencia sanitaria previa de funcionamiento de la instalación, así como importar productos sanitarios sin la licencia previa de establecimiento. 3.ª Fabricar, agrupar, esterilizar o importar productos sin respetar los requisitos exigidos o sin ajustarse a las condiciones en que se otorgó la licencia de funcionamiento. 4.ª Incumplir el responsable técnico las obligaciones que competen a su cargo. 5.ª Comercializar productos sanitarios sin marcado CE cuando éste sea preceptivo, usar cualquier otro marcado que pueda inducir a confusión con el marcado CE, así como colocar el marcado CE en los productos en condiciones distintas de las establecidas, salvo lo dispuesto en la infracción 5.ª de la letra c) de este apartado. 6.ª No mantener a disposición de las autoridades competentes y por el tiempo señalado la documentación preceptiva, así como negarse a facilitar dicha documentación a las autoridades sanitarias. 7.ª Incumplir el deber de comunicación de comercialización en los productos en los que dicha comunicación sea requerida, así como no comunicar las modificaciones producidas o el cese de la comercialización. 8.ª Incumplir el deber de comunicación de los responsables establecidos en España cuando dicha comunicación sea requerida así como no comunicar las modificaciones producidas. 9.ª Incumplir el fabricante, representante autorizado, importador o distribuidor las obligaciones relativas a la identificación de los agentes que les preceden o les siguen en la cadena de comercialización. 10.ª Incumplir el importador o el distribuidor las obligaciones que les incumben para asegurarse de que los productos han seguido los procedimientos de evaluación de conformidad correspondientes y se ha elaborado la documentación preceptiva. 11.ª Distribuir o vender productos de forma ambulante o en establecimientos que no han sido debidamente comunicados o autorizados, o que no dispongan del técnico o del profesional cualificado que corresponda. 12.ª Distribuir, instalar, mantener y utilizar productos sin observar las condiciones exigidas, así como poner a la venta productos sanitarios alterados, en malas condiciones o cuando se haya sobrepasado el plazo de validez. 13.ª Distribuir productos implantables sin proporcionar la correspondiente tarjeta de implantación cuando ésta sea preceptiva, así como no dar el tratamiento debido a dichas tarjetas. 14.ª Vender al público productos sanitarios en los casos no permitidos, así como sin exigir la correspondiente prescripción cuando ésta resulte obligada, salvo lo contemplado en la infracción 7.ª, de la letra c) de este apartado. 15.ª Realizar investigaciones clínicas sin atenerse a los procedimientos y condiciones previstos salvo lo contemplado en las infracciones 8.ª y 9.ª de la letra c) de este apartado. 16.ª Ejecutar incorrectamente el organismo notificado las actuaciones que se le encomiendan sin que tenga repercusiones para la seguridad de los productos certificados. 17.ª Negarse a facilitar el organismo notificado la documentación solicitada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fin de verificar el cumplimiento de sus requisitos y obligaciones. 18.ª Incumplir el fabricante, representante autorizado, importador o distribuidor el deber de notificación de los incidentes adversos y acciones de seguridad al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios, así como negarse a modificar o suspender las acciones en las condiciones requeridas por la autoridad sanitaria. 19.ª Incumplir el deber de notificación en el transcurso de las investigaciones clínicas de las circunstancias requeridas. 20.ª Impedir la actuación de los inspectores, debidamente acreditados, en los centros en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o utilicen productos sanitarios. 21.ª La violación del principio de confidencialidad en relación con las informaciones de pacientes y productos por quienes están obligados a mantenerla. 22.ª Poner en servicio en España productos que no incluyan en el etiquetado e instrucciones de uso los datos e informaciones requeridos, al menos en español. 23.ª Incumplimiento de los requisitos y condiciones relativos a la publicidad y promoción de los productos sanitarios. 24.ª Efectuar publicidad dirigida al público de los productos en los que no está permitida, excepto lo contemplado en la infracción 12.ª de la letra c) de este apartado. 25.ª Ofrecer, otorgar o prometer primas, ventajas pecuniarias o ventajas en especie a los profesionales sanitarios o a cualquier otro cualificado, relacionados con la utilización o prescripción de los productos sanitarios, así como a sus parientes y personas de su convivencia. También el solicitarlas o aceptarlas. 26.ª Utilizar un profesional productos en condiciones y para usos distintos de los indicados por el fabricante, o por personal no cualificado o debidamente adiestrado. 27.ª Utilizar en pacientes productos que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la conformidad que les sean de aplicación. 28.ª Negarse a dispensar productos sanitarios sin causa justificada. 29.ª Actuar, los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración y siempre que estén en ejercicio, en funciones de delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agentes informadores de los laboratorios de productos sanitarios. 30.ª Fabricar productos sanitarios a medida sin contar con la correspondiente prescripción escrita por un facultativo. 31.ª Incumplir el profesional sanitario el deber de notificación de los incidentes adversos al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. 32.ª Incumplir, las oficinas de farmacia y servicios de farmacia, lo establecido legalmente en materia de aportación del usuario en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. c) Infracciones muy graves: 1.ª Poner en el mercado y/o en servicio productos que no cumplan con los requisitos esenciales que les sean de aplicación. 2.ª Poner en el mercado y/o en servicio productos que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la conformidad o que no hayan efectuado las declaraciones que, en su caso, les resulten de aplicación. 3.ª Comercializar y/o poner en servicio productos que comprometan la salud o la seguridad de los pacientes, usuarios o, en su caso, de terceros. 4.ª Instalar y/o mantener inadecuadamente productos, de forma que comprometan la salud o la seguridad de los pacientes, usuarios o, en su caso, de terceros. 5.ª Usar indebidamente el marcado «CE» en productos no conformes o que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la conformidad correspondientes, así como en los productos que no tienen la condición de productos sanitarios. 6.ª Incumplir el deber de ejecución de las medidas y acciones necesarias para reducir o eliminar riesgos para la salud ocasionados por los productos, así como de las medidas y acciones ordenadas por las autoridades sanitarias. 7.ª Vender al público productos para el diagnóstico genético. 8.ª Realizar investigaciones clínicas incumpliendo las obligaciones establecidas en la legislación vigente, cuando suponga un perjuicio en los derechos, seguridad y bienestar de los pacientes. 9.ª Realizar investigaciones clínicas sin contar con el consentimiento del sujeto de las mismas o, en su caso, de su representante, o incumplir por parte del investigador el deber de información sobre la investigación clínica a quien participa como sujeto de la misma. 10.ª Utilizar por un profesional productos en condiciones y para usos distintos de los indicados por el fabricante, o por personal no cualificado o debidamente adiestrado, con riesgo para la salud y seguridad de las personas. 11.ª Ejecutar incorrectamente, el organismo notificado, las actuaciones que se le encomiendan, cuando quede perjudicada la seguridad de los productos certificados, así como continuar certificando una vez retirada la correspondiente designación. 12.ª Efectuar publicidad dirigida al público de los productos para el diagnóstico genético. 13.ª Falsificar productos sanitarios, así como falsificar los documentos acreditativos de la conformidad. 14.ª Incumplir, la empresa suministradora, su obligación de tener suficientemente abastecido el mercado, de modo adecuado y continuado para posibilitar el cumplimiento de las exigencias legalmente establecidas en materia de prestación con productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud y garantizar el abastecimiento. 15.ª Cualquier acto de la oficina de farmacia que induzca al usuario a adquirir una mayor cantidad de productos sanitarios dentro de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que el verdaderamente necesario o demandado por este último.» Cincuenta y cuatro. Se añade un nuevo artículo 101 ter con la siguiente redacción: «Artículo 101 ter. Infracciones de productos cosméticos y productos de cuidado personal. 1. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia. 2. Constituirán infracciones administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en el artículo 102 las conductas que a continuación se tipifican: a) Infracciones leves: 1.ª Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma. 2.ª Incumplir el deber de colaborar con las autoridades sanitarias competentes en la evaluación, vigilancia y control de los cosméticos. 3.ª Incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, cuando en razón a los criterios contemplados en este artículo, tales incumplimientos merezcan la calificación de leves, o no proceda su calificación como falta grave o muy grave. b) Infracciones graves: 1.ª Comercializar como si fueran cosméticos productos que no se ajusten a la definición de tales establecida en la normativa vigente, bien por el lugar de aplicación a que se destina, bien por su finalidad. 2.ª Comercializar como si fueran cosméticos productos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano o a la protección frente a la contaminación o infección por microorganismos, hongos o parásitos. 3.ª Comercializar sustancias o mezclas que se presenten como cosméticos sin cumplir la normativa aplicable. 4.ª No proporcionar a la Administración competente la información que esté obligado a suministrar la persona responsable, así como la falta de comunicación de cualquier modificación de las informaciones iniciales que sea necesario comunicar. 5.ª No facilitar a las autoridades sanitarias competentes la información que les sea requerida sobre las sustancias en las que exista duda en relación con su seguridad, así como cualquier otra información que sea requerida por dichas autoridades con fines de control del mercado. 6.ª La falta de coincidencia entre las menciones requeridas del etiquetado de los productos y la información proporcionada a la Administración competente. 7.ª Comercializar cosméticos que omitan en el etiquetado alguna de las menciones requeridas o no la expresen en la lengua y/o en los términos establecidos. 8.ª Utilizar en el etiquetado, en la comercialización o en la publicidad de los productos cosméticos textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen, así como efectuar reivindicaciones que incumplan los criterios comunes establecidos. 9.ª Comercializar productos cosméticos que induzcan a confusión con alimentos, medicamentos, productos sanitarios, biocidas u otros productos, o bien que hagan referencia al tratamiento de patologías. 10.ª Comercializar cosméticos sin haber realizado la evaluación de la seguridad prevista en la regulación o sin haberla realizado en las condiciones establecidas. 11.ª Realizar las actividades de fabricación de productos cosméticos o alguna de sus fases, como el control, envasado o etiquetado, en territorio nacional, o de importación de cosméticos procedentes de países no comunitarios sin un técnico responsable con cualificación adecuada conforme a la normativa específica. 12.ª Fabricar o importar productos cosméticos, o trasladar, ampliar o modificar sustancialmente las actividades e instalaciones sin haber presentado la declaración responsable de cumplimiento de requisitos para realizar dichas actividades. 13.ª Fabricar o importar productos cosméticos sin atenerse a las condiciones manifestadas en la declaración responsable, así como elaborar los productos cosméticos sin observar los principios de buenas prácticas de fabricación. 14.ª Incumplir el técnico responsable y demás personal las obligaciones que competan a sus cargos. 15.ª Incumplir la persona responsable o el distribuidor las obligaciones que le incumben para poner en conformidad los productos no conformes y negarse a ejecutar las medidas dictadas por las autoridades sanitarias competentes con este fin. 16.ª Incumplir la persona responsable o el distribuidor las obligaciones relativas a la identificación de los agentes que les preceden o les siguen en la cadena de comercialización. 17.ª Incumplir la persona responsable, o el distribuidor las obligaciones que les incumben para asegurarse de que los productos que comercializan cumplen los requisitos establecidos en la normativa. 18.ª Incumplir el deber de notificar la persona responsable o distribuidor a las autoridades sanitarias los efectos graves no deseados, los riesgos que presenten los productos y las medidas correctoras adoptadas. 19.ª Impedir la actuación de los inspectores, debidamente acreditados, en los centros en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o utilicen productos cosméticos. 20.ª Suministrar a los consumidores cosméticos destinados a estudios internos o destinados a ser presentados en ferias, exposiciones o demostraciones y cuya introducción en territorio español se haya autorizado exclusivamente para ese fin. 21.ª Distribuir cosméticos sin observar las condiciones exigidas, así como poner a la venta productos cosméticos alterados, en malas condiciones o cuando se haya sobrepasado la fecha de duración mínima, cuando proceda. 22.ª No mantener a disposición de las autoridades sanitarias competentes alguna/s de las informaciones que se establece/n en el expediente de información del producto, o no expresarlas en español, cuando resulte exigible. 23.ª No facilitar al público por parte de la persona responsable la información que resulta preceptiva de acuerdo con la regulación. 24.ª Introducir en el mercado productos cosméticos fabricados en instalaciones que no hayan sido objeto de declaración responsable. c) Infracciones muy graves: 1.ª Comercializar productos cosméticos o productos que se presenten como cosméticos que perjudiquen la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, o en los que no se advierta a los consumidores de los riesgos que previsiblemente pudieran derivarse de su normal utilización por medio de instrucciones, advertencias e indicaciones apropiadas. 2.ª Comercializar productos cosméticos que incluyan: 1.º Sustancias prohibidas para su uso en cosméticos. 2.º Sustancias en concentraciones superiores y/o en condiciones diferentes de las establecidas para su uso en cosméticos. 3.º Colorantes, conservantes o filtros ultravioleta distintos de los autorizados para su uso en cosméticos, o en concentraciones superiores y/o en condiciones diferentes a las establecidas. 4.º Sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, fuera de las condiciones establecidas en la normativa de cosméticos. 3.ª Comercializar cosméticos que incumplan los requisitos establecidos relativos a la experimentación animal. 4.ª Falsear la información que debe proporcionarse a la autoridad sanitaria, así como falsear la declaración responsable de cumplimiento de requisitos para la realización de actividades de fabricación e importación. 5.ª Incumplir el deber de ejecución de las medidas y acciones necesarias para eliminar riesgos para la salud ocasionados por los cosméticos, así como de las medidas y acciones ordenadas por las autoridades sanitarias. 6.ª Elaborar los productos cosméticos en condiciones técnico-sanitarias deficientes que afecten a su seguridad. 7.ª Fabricar, introducir en el mercado o comercializar productos falsificados. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará a los productos de cuidado personal cuando el objeto de la infracción resulte aplicable a dichos productos. En todo caso se considerarán infracciones muy graves: a) Comercializar los productos de cuidado personal sin la preceptiva autorización sanitaria. b) Elaborar los productos de cuidado personal en condiciones técnico-sanitarias deficientes que afecten a su seguridad. c) Comercializar los productos de cuidado personal que perjudiquen la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, o en los que no se advierta a los consumidores de los riesgos que previsiblemente pudieran derivarse de su normal utilización por medio de instrucciones, advertencias e indicaciones apropiadas. 4. La comisión de una infracción, precedida de otras dos de grado inmediatamente inferior o igual cometidas y sancionadas en firme en el plazo de un año previo a dicha comisión, incrementará de leve a grave, o de grave a muy grave, dicha infracción.» Cincuenta y cinco. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 102, con la redacción siguiente, pasando el actual contenido de los apartados 3, 4 y 5 a los apartados 4, 5 y 6: «3. Sin perjuicio de la multa que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el apartado uno de este artículo, la infracción muy grave en materia de medicamentos, recogida en el apartado 23, del párrafo c) del apartado 2 del artículo 101, podrá conllevar la inhabilitación de la oficina de farmacia implicada para dispensar recetas del Sistema Nacional de Salud por un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 1 año.» Cincuenta y seis. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 102 con la redacción siguiente: «7. Lo previsto en los apartados anteriores resultará de aplicación a las infracciones en materia de productos sanitarios y cosméticos, de conformidad con lo establecido en los artículos 101 bis y 101 ter. No obstante, en el caso de infracciones en materia de productos sanitarios y cosméticos, la sanción sólo se impondrá en su grado máximo cuando la actuación infractora haya producido un daño directo o provocado un riesgo grave y directo en la salud pública.» Cincuenta y siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 107, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Se crea la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal.» Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 109, y se añaden dos nuevos apartados al mismo, numerados como 6 y 7, con la siguiente redacción: «3. Estarán exentos del pago de la tasa correspondiente los servicios y actividades relativas a medicamentos de terapia avanzada que hayan de ser realizadas por entidades de naturaleza pública integradas en el Sistema Nacional de Salud así como aquellos que no vayan destinados a la comercialización de dichos productos.» «6. Se aplicará a los medicamentos veterinarios destinados exclusivamente a especies menores o usos menores una exención del 70% de las tasas correspondientes a las autorizaciones de comercialización, a las extensiones de línea a especies menores o usos menores de medicamentos ya autorizados a especies mayores, a las modificaciones de la autorización de comercialización, asesoramientos científicos, productos en fase de investigación clínica veterinaria, ensayos clínicos veterinarios, renovación de la autorización, presentación de la declaración anual simple de intención de comercialización e informes periódicos de seguridad, de medicamentos veterinarios autorizados por procedimiento nacional, de reconocimiento mutuo o descentralizado. No se aplicará a los procedimientos de transmisión de titularidad y/o de representante del titular. 7. Estarán exentas parcialmente del pago de la tasa correspondiente las asesorías científicas sobre medicamentos que incluyan únicamente preguntas relacionadas con el desarrollo pediátrico. La tasa se reducirá en un noventa y cinco por ciento de la cuantía establecida en cada caso.» Cincuenta y nueve. Se modifica el artículo 111, quedando redactado en los siguientes términos: «Artículo 111. Cuantía. 1. La cuantía de cada tasa en euros será: Grupo I. Medicamentos de Uso Humano Epígrafe Descripción Euros Evaluación, autorización e inscripción de nuevos medicamentos 1.1 Tasa por la evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento de uso humano (expediente de autorización presentado según el artículo 17, excepto el contemplado en el 17.3) 20.529,17 1.2 Tasa por la evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento de uso humano genérico (expediente de autorización presentado según el artículo 17.3 8.350,71 1.3 Tasa por la evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo gas medicinal 8.350,71 Transmisión de titularidad de un medicamento de uso humano 1.4 Tasa por el procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento de uso humano, o por modificación del representante del titular 697,57   Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento de uso humano   1.5 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada como de “importancia mayor” Tipo II 7.051,73 1.6 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada como Tipo IB 1.236,85 1.7 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano, calificada de tipo IA (incluida las tipo IA de notificación inmediata) 717,25 Procedimientos de renovación de la autorización de comercialización 1.8 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento de uso humano 2.319,51 Tasa anual de mantenimiento de medicamentos autorizados 1.9 Tasa anual simple de un medicamento de uso humano ya autorizado 370,00 Tasas por importaciones paralelas 1.10 Tasa por el procedimiento de autorización para la «importación paralela» de un medicamento de uso humano 896,49 1.11 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización para la “importación paralela” de un medicamento de uso humano 362,86 1.12 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización para la «importación paralela» de un medicamento de uso humano 362,86 1.13 Tasa por notificación de importación 355,49   Tasas por liberación de lotes de vacunas, hemoderivados y graneles   1.14 Tasa por la expedición de certificado europeo de liberación de lote para vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el análisis de un medicamento por lote 1.200,00 1.15 Tasa por liberación de lotes de hemoderivados y vacunas de acuerdo con los artículos 41.4 y 43.3 del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre:     (a) cada solicitud individualizada 100,00   (b) entre 6 y 10 solicitudes/año (por año) 500,00   (c) entre 11 y 40 solicitudes/año (por año) 1.500,00   (d) entre 41 y 160 solicitudes/año (por año) 3.500,00   (e) por más de 160 solicitudes/año (por año) 5.000,00 1.16 Tasa por la expedición certificado europeo de liberación de lote para vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el análisis de un granel (por granel) 336,00 Tasa por la evaluación de innovaciones galénicas 1.17 Tasa por la evaluación de una solicitud de declaración de innovación galénica de interés terapéutico 974,30 Tasa aplicable a la exportación 1.18 Autorizaciones de exportación, a países intracomunitarios y terceros países, de medicamentos estupefacientes y psicótropos 170,00 Otras 1.19 Tasa para las actuaciones previstas en el apartado 6 del artículo 111 362,86 1.20 Tasa por la reserva de una vacante para actuar como Estado miembro de Referencia en un procedimiento descentralizado o de reconocimiento mutuo 750,00 Grupo II. Medicamentos alérgenos Epígrafe Descripción Euros Evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento alérgeno de uso humano para uso diagnóstico 2.1 Tasa por el Procedimiento Nacional 852,41 Transmisión de titularidad de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico 2.2 Tasa por el procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico 467,78 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico 2.3 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico, calificada como de “importancia mayor” Tipo II 497,76 2.4 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico, definida como Tipo IB 87,32 2.5 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización un medicamento alérgeno para uso diagnóstico, calificada de tipo IA (incluida las tipo IA de notificación inmediata) 50,63 Procedimientos de Renovación de la autorización de comercialización 2.6 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico 304,34 Tasa anual de mantenimiento de medicamentos alérgenos autorizados 2.7 Tasa anual simple de un medicamento alérgeno para uso diagnóstico ya autorizado 370,00 Tasa por liberación de graneles 2.8 Tasa por autorización de graneles 608,68 Grupo III. Medicamentos de plantas medicinales Epígrafe Descripción Euros Evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento tradicional a base de plantas (MTP) 3.1 Tasa por un procedimiento simplificado nacional 2.165,29 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento tradicional a base de plantas (MTP) 3.2 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización un medicamento tradicional a base de plantas (MTP) 335,62 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento de uso humano a base de plantas por uso bien establecido 3.3 Tasa por el Procedimiento Nacional, excepto 3.1 8.350,71 Transmisión de titularidad de medicamentos a base de plantas 3.4 Tasa por el procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento tradicional a base de plantas (MTP) o un medicamento a base de plantas autorizado por uso bien establecido 697,57 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento a base de plantas 3.5 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano a base de plantas, calificada como de “importancia mayor” Tipo II 1.236,85 3.6 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano a base de plantas, calificada como Tipo IB 552,15 3.7 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento de uso humano a base de plantas, calificada de tipo IA (incluida las tipo IA de notificación inmediata) 314,70 Procedimientos de Renovación de la autorización de comercialización 3.8 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento tradicional a base de plantas (MTP) 304,34 3.9 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento a base de plantas autorizado por uso bien establecido 1.507,87 Tasas anuales de mantenimiento de medicamentos a base de plantas autorizados 3.10 Tasa anual simple de un medicamento tradicional a base de plantas (MTP) ya autorizado 370,00 3.11 Tasa anual simple de un medicamento a base de plantas autorizado por uso bien establecido 370,00 Grupo IV. Medicamentos Homeopáticos de uso humano y veterinarios Epígrafe Descripción Euros Evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada Tasa por un procedimiento simplificado nacional 4.1 Una sola cepa 590,78 4.2 Entre dos y cinco cepas 738,47 4.3 Más de seis cepas 923,09 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada 4.4 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada 325,75 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de un nuevo medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada 4.5 Tasa por el Procedimiento Nacional 8.350,71 Transmisión de titularidad de un medicamento homeopático con o sin indicación terapéutica aprobada 4.6 Tasa por el procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento homeopático con o sin indicación terapéutica aprobada, o por modificación del representante del titular 697,57 Evaluación, autorización e inscripción en el registro de una variación de un medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada 4.7 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada, calificada como de “importancia mayor” Tipo II 1.236,85 4.8 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada, calificada como Tipo IB 552,15 4.9 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada, calificada de tipo IA (incluida las tipo IA de notificación inmediata) 314,70 Procedimientos de Renovación de la autorización de comercialización 4.10 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada 304,34 4.11 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento homeopático con indicación terapéutica aprobada 1.507,87 Tasas anuales de mantenimiento de medicamentos homeopáticos autorizados 4.12 Tasa anual simple de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada ya autorizado 90,00 4.13 Tasa anual simple de un medicamento homeopático de uso humano con indicación terapéutica aprobada ya autorizado 370,00 Grupo V. Investigación Clínica Epígrafe Descripción Euros 5.1 Tasa por un procedimiento de evaluación del primer ensayo clínico con medicamentos no autorizados en un país perteneciente a la Conferencia Internacional de armonización (ICH) con principios activos o combinaciones de principios activos no autorizados en España 4.200,00 5.2 Tasa por el procedimiento:   a) De autorización de un ensayo clínico con un medicamento autorizado en un país perteneciente a la Conferencia Internacional de armonización (ICH), que no sea España. 400,00 b) De autorización de ensayos clínicos con medicamentos no autorizados en algún país perteneciente a la Conferencia Internacional de armonización (ICH), posteriores al primer ensayo clínico incluido en la categoría 5.1. c) De autorización de un ensayo clínico con las características indicadas en 5.1 en los casos de una reiteración de la solicitud de autorización cuando el resultado de la primera solicitud fue un desistimiento o la no autorización del ensayo. d) De autorización de un ensayo clínico con un medicamento no autorizado en un país perteneciente a la Conferencia Internacional de armonización (ICH) con principios activos autorizados en España. 5.3 Tasa por el procedimiento:   a) De autorización de un ensayo clínico con medicamentos autorizados e inscritos en España, con independencia del etiquetado específico de éstos para el ensayo. 111,19 b) De autorización de un ensayo clínico cuyo promotor sea un investigador o grupo de investigadores en los que un Servicio de Farmacia sea el encargado de elaborar o enmascarar los medicamentos en investigación. 5.4 Procedimiento de calificación como producto en fase de investigación clínica de un medicamento veterinario no autorizado en España 275,42 5.5 Tasa por procedimiento de ensayo clínico veterinario 111,19 Grupo VI. Laboratorios Farmacéuticos, Fabricantes, Importadores o Distribuidores de Principios Activos y otras entidades que desarrollen actividades con medicamentos o principios activos Epígrafe Descripción Euros 6.1 Procedimiento de autorización de apertura de un laboratorio farmacéutico 5.857,78 6.2 Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico por cambios menores en la misma 325,75 6.3 a) Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico por cambios mayores en la misma cuando las actuaciones inspectoras no incluyan visita de inspección 3.857,78 6.3 b) Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico por cambios mayores en la misma cuando las actuaciones inspectoras incluyan visita de inspección 5.857,78 6.4 a) Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o consumidores representativa, en el ámbito nacional 4.955,42 6.4 b) Actuaciones inspectoras individualizadas, salvo en los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o consumidores representativa, en terceros países 10.800,00 6.4 c) Actuaciones inspectoras individualizadas en terceros países, no preceptivas, a solicitud del interesado 20.000,00 6.5 Procedimiento de autorización de fabricación de medicamentos aprobados en otros países y no registrados en España 636,85 6.6 Procedimiento de autorización de fabricación excepcional por terceros de medicamentos de uso humano y/o veterinario 325,75 6.7 Procedimiento de autorización y/o certificación de almacenes de medicamentos bajo control o vigilancia aduanera. 1300,00 6.8 Resolución de autorización de cultivos de plantas que puedan destinarse a la fabricación de medicamentos estupefacientes y psicótropos 600,00 6.9 Inscripción inicial, notificación de modificaciones preceptivas o actualización anual del registro de empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de principios activos 800,00 6.10 Inscripción en el registro de personas dedicadas a la intermediación en la distribución de medicamentos de uso humano 250,00 Grupo VII. Certificaciones e Informes Epígrafe Descripción Euros 7.1 Tasa por la expedición de una certificación 140,46 7.2 Tasa por asesoramientos científicos para medicamentos que incluyan preguntas multidisciplinares sobre (a) calidad, seguridad y desarrollo clínico, o (b) calidad y desarrollo clínico, o (c) seguridad y desarrollo clínico, o (d) asesoría pre-remisión de un expediente 4.182,56 7.3 Tasa por asesoramientos científicos para medicamentos que incluyan preguntas sobre (a) desarrollo clínico, o (b) calidad y seguridad, o (c) calidad y estudios de bioequivalencia en el caso de medicamentos genéricos 3.031,13 7.4 Tasa por asesoramientos científicos para medicamentos que incluyan preguntas sobre (a) calidad, o (b) seguridad, o (c) estudios de bioequivalencia en el caso de medicamentos genéricos 2.002,71 7.5 Tasa por asesoramiento de seguimiento de los supuestos incluidos en el epígrafe 7.2 2.002,71 7.6 Tasa por asesoramiento de seguimiento de los supuestos incluidos en el epígrafe 7.3 1.515,57 7.7 Tasa por asesoramiento de seguimiento de los supuestos incluidos en el epígrafe 7.4 974,30 7.8 Tasa por asesoramiento para la clasificación de variaciones no clasificadas según el artículo 5, y para agrupamiento de variaciones, según el artículo 7, del Reglamento (CE) 1234/2008 de la Comisión Europea 487,14 7.9 Tasa por asesoramientos científicos sobre medicamentos para uso pediátrico en cualquiera de los supuestos incluidos en los epígrafes anteriores 202,98 7.10 Asesoramiento científico/técnico sobre el diseño de instalaciones y procesos de fabricación de acuerdo con las normas de correcta fabricación 487,14 Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal Epígrafe Descripción Euros 8.1 Procedimiento de declaración especial de cosméticos 483,07 8.2 Procedimiento de registro y autorización individualizada para productos de cuidado personal y desinfectantes 483,07 8.3 Procedimiento de registro e inscripción de productos sanitarios 100,00 8.4 Procedimiento de modificación y convalidación de productos de cuidado personal y desinfectantes 168,34 8.5 Procedimiento de expedición de una certificación 146,36 8.6 Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de la actividad de fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal 709,98 8.7 Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de la actividad de importación de productos cosméticos y de cuidado personal 365,97 8.8 Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de modificaciones de la actividad de fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal 365,97 8.9 Procedimiento de comprobación y control de la declaración responsable de modificaciones de la actividad de importación de productos cosméticos y de cuidado personal 168,34 8.10 Actuaciones inspectoras individualizadas para la comprobación de la declaración responsable 709,98 8.11 Procedimiento de autorización de confidencialidad de ingredientes cosméticos 483,07 8.12 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de productos sanitarios y desinfectantes: establecimiento de fabricación, agrupación 709,98 8.13 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de productos sanitarios y desinfectantes: establecimiento de importación 365,97 8.14 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios y desinfectantes en lo referente a su emplazamiento: establecimiento de fabricación, agrupación 709,98 8.15 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios y desinfectantes en lo referente a su emplazamiento: establecimiento de importación 365,97 8.16 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios y desinfectantes 168,34 8.17 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de productos sanitarios y desinfectantes: establecimiento de fabricación 512,35 8.18 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de productos sanitarios y desinfectantes: establecimiento de importación 314,73 8.19 Autorización de investigaciones clínicas de productos sanitarios 800,00 8.20 Informe de evaluación de principio activo incorporado en un producto sanitario 1.463,86 8.21 Evaluación de expedientes de certificación del marcado “CE” de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia por sistema completo de garantía de calidad 2.436,00 8.22 Evaluación de expedientes de certificación del marcado “CE” de productos sanitarios por examen “CE” de tipo, combinado con garantía de calidad de la producción, verificación “CE» o garantía de calidad del producto 878,32 8.23 Evaluación de expediente de certificación del marcado “CE” de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia, por declaración “CE” de conformidad combinada con garantía de calidad de la producción, verificación “CE” o garantía de calidad del producto 731,95 8.24 Verificación de productos y lotes de productos 227,89 8.25 Evaluación de expediente de certificación del marcado “CE” de productos sanitarios por examen “CE” de diseño 1.610,27 8.26 Auditoría inicial conforme a sistema completo de garantía de calidad 3.200,00 8.27 Auditoría inicial conforme a garantía de calidad de la producción 2.660,00 8.28 Auditoría inicial conforme a garantía de calidad de producto 2.133,00 8.29 Auditorias de seguimiento y de prórroga de certificación 2.133,00 8.30 Auditorías a local suplementario y de repetición 1.067,00 8.31 Modificación de datos administrativos en la certificación del marcado “CE” 146,36 8.32 Prórrogas de las certificaciones del marcado “CE” 146,36 8.33 Procedimiento de modificación de productos sanitarios 60,00 Grupo IX. Medicamentos veterinarios Epígrafe Descripción Euros 9.1 Tasa por solicitud de autorización de comercialización de un medicamento veterinario, excepto para las solicitudes contempladas en el artículo 17.3 10.264,57 9.2 Tasa por solicitud de autorización de comercialización de un medicamento veterinario genérico (expediente presentado según el artículo 17.3) 4.175,35 9.3 Tasa por el procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento veterinario, o por modificación del representante del titular 697,57 9.4 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento veterinario, calificada como de “importancia mayor” Tipo II 3.525,87 9.5 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento veterinario, definida como Tipo IB 1.212,59 9.6 Tasa por el procedimiento de modificación de la autorización de un medicamento veterinario, calificada de tipo IA (incluidas las tipo IA de notificación inmediata) 717,25 9.7 Tasa por el procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento veterinario 2.319,51 9.8 Tasa por declaración anual simple de intención de comercializar un medicamento veterinario ya autorizado 119,01 9.9 Tasa por el procedimiento de autorización para la «importación paralela» de un medicamento veterinario 731,61 9.10 Tasa por evaluación de informe periódico de seguridad semestral de un medicamento veterinario, esté o no registrado el medicamento en España 378,92 9.11 Tasa por evaluación de informe periódico de seguridad anual de un medicamento veterinario, esté o no registrado el medicamento en España 742,92 9.12 Tasa por evaluación de informe periódico de seguridad trienal o superior a tres años de un medicamento veterinario, esté o no registrado el medicamento en España 2.228,76 9.13 Tasa por expedición de certificado europeo de liberación oficial de lote para medicamentos inmunológicos veterinarios según el artículo 81 de la Directiva 2001/82/CE 336,00 9.14 Tasa por expedición de certificado europeo de liberación oficial de lote para medicamentos inmunológicos veterinarios según el artículo 82 de la Directiva 2001/82/CE 1.200,00 9.15 Tasa por la reserva de una vacante para actuar España como Estado miembro de Referencia en un procedimiento Descentralizado o de Reconocimiento Mutuo 400,00 Grupo X. Procedimientos de financiación con cargo a fondos públicos y fijación de precio de productos sanitarios Epígrafe Descripción Euros 10.1 Procedimiento de inclusión de un producto sanitario en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 344,46 10.2 Procedimiento de exclusión de un producto sanitario en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 344,46 2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por extensión de línea la segunda y sucesivas solicitudes de autorización e inscripción en el registro de otras formas farmacéuticas, vías de administración y concentración de un medicamento ya autorizado e inscrito. La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de la primera autorización del medicamento. En el caso de los medicamentos de uso veterinario, tendrán la consideración de extensión de línea la ampliación de una autorización a nuevas especies de destino siempre que se trate de especies productoras de alimentos. Constituirán una extensión de línea aquellas modificaciones que requieran la presentación de una nueva solicitud de autorización, de acuerdo con la norma europea que regula las modificaciones de autorización de medicamentos otorgadas por la autoridad competente de un Estado miembro. Lo dispuesto en los párrafos anteriores referentes a las extensiones de línea es aplicable también cuando el medicamento no está todavía autorizado y se presentan en paralelo extensiones de línea de una solicitud principal. A los efectos de la tasa descrita en los apartados 8.1 y 8.21, tiene la consideración de: a) “Producto cosmético sometido a declaración especial”, aquel que, previa la autorización correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, incluye en su composición colorantes, agentes conservadores o filtros ultravioletas, no incluidos entre las sustancias admitidas como componentes de los productos cosméticos. b) “Familia de productos sanitarios”, el conjunto de productos sanitarios que, perteneciendo a la misma categoría, se destinan a aplicaciones sanitarias idénticas o similares. 3. La cuantía de las tasas por los servicios y actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, productos sanitarios, productos cosméticos y productos de cuidado personal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, podrá modificarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 4. Cuando la evaluación y control de un medicamento o producto sanitario requiera actuaciones en el extranjero o costes excepcionales, las correspondientes tasas se liquidarán sobre el coste real del servicio en que consiste el supuesto que determina su exigencia. Igualmente se liquidarán sobre el coste real del servicio los gastos de desplazamiento, estancia y ensayos derivados de las actuaciones previstas en los epígrafes 6.1, 6.4 a) b) y c), 8.22, 8.24, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30 y 10.1. 5. Cuando en el procedimiento de autorización e inscripción en el registro de un medicamento de uso humano o veterinario, que se corresponde con las tasas previstas en los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 9.1, 9.2 y 9.4, la solicitud presentada sea rechazada en la fase de validación, se procederá a la devolución de un setenta por ciento de la cuantía total de la tasa. A los efectos de lo establecido en la presente Ley, se entiende por validación la acción de carácter administrativo, desarrollada con el propósito de verificar que la solicitud reúne todos los requisitos necesarios para realizar la prestación del servicio o realización de la actividad administrativa. 6. Las modificaciones de la autorización de un medicamento, que sean consecuencia de una decisión de la Comisión Europea y que no conlleven actividad de evaluación científica por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.19. En los casos de agrupación de modificaciones independientes Tipo IA, siendo estas iguales o distintas, que afecten a varios medicamentos pertenecientes al mismo titular y siempre que se presenten al mismo tiempo y en un único formato de solicitud de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1234/2008 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios, devengarán para cada uno de los tipos de modificaciones iguales una tasa principal y tasas reducidas para el resto de las modificaciones. Cuando una modificación afecte a distintos medicamentos del mismo titular, y que conlleven una única evaluación científica, la segunda y siguientes devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.19. Cuando se produzcan distintas modificaciones en la autorización de comercialización de un medicamento, el importe total de las mismas no podrá ser superior a la tasa prevista para el procedimiento de autorización e inscripción en el Registro del tipo de medicamento de que se trate. En el caso de agrupación de modificaciones independientes que afecten al mismo medicamento y siempre que todas se presenten al mismo tiempo y en un único formato de solicitud, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento 1234/2008 de la Comisión Europea, se exigirá una tasa por cada una de las modificaciones solicitadas. La tasa correspondiente al epígrafe 7.2, “Tasa por asesoramientos científicos para medicamentos que incluyan preguntas multidisciplinares sobre (a) calidad, seguridad y desarrollo clínico, o (b) calidad y desarrollo clínico, o (c) seguridad y desarrollo clínico, o (d) asesoría pre-remisión de un expediente” se reducirá en un 25 por 100 para los asesoramientos científicos que incluyan preguntas sobre desarrollo sólo de: Eficacia clínica; o calidad y seguridad preclínica; o calidad y bioequivalencias. 7. Las tasas de los procedimientos descentralizados para medicamentos de uso humano o veterinario, que resulten en una autorización nacional en los que España actúe como Estado miembro de referencia (prestaciones de los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7) se incrementarán en un 25% sobre el valor de la tasa correspondiente. En los procedimientos de reconocimiento mutuo para medicamentos de uso humano o veterinario en los que España actúe como Estado miembro de referencia se abonará una tercera parte de la tasa completa de referencia (prestaciones 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 9.1 y 9.2). La tasa del epígrafe 1.20, que será de aplicación a cualquier medicamento de uso humano, incluidos los medicamentos especiales, será descontada del importe total que proceda abonar en el caso de que el interesado presente una solicitud relativa a un procedimiento descentralizado o de reconocimiento mutuo, actuando España como Estado miembro de referencia. Asimismo la tasa del epígrafe 9.15, que será de aplicación a cualquier medicamento veterinario, será descontada del importe total que proceda abonar en el caso de que el interesado presente una solicitud relativa a un procedimiento descentralizado o de reconocimiento mutuo, actuando España como Estado miembro de referencia.» Sesenta. El artículo 112 queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 112. Devengo. La tasa se devengará cuando la solicitud, que inicia el expediente, tenga entrada en el registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según su respectiva competencia, momento en el cual se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad administrativa.» Sesenta y uno. El apartado 1 del artículo 113 queda redactado como sigue: «1. El pago de la tasa deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de desarrollo. El pago de las tasas contempladas en esta Ley se realizará, preferentemente, por vía o medio electrónico, conforme a lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.» Sesenta y dos. El apartado 4 del artículo 113 queda redactado como sigue: «4. Abonada la tasa, el sujeto pasivo habrá de presentar la solicitud correspondiente dentro de los diez días siguientes al ingreso.» Sesenta y tres. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 113 con la siguiente redacción: «6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá utilizar para obtener la efectividad de sus débitos con naturaleza de derecho público, el procedimiento administrativo de apremio, siempre que dichos débitos se encuentren en periodo ejecutivo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá convenir con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la gestión recaudatoria de sus ingresos de derecho público en la forma prevista por el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.» Sesenta y cuatro. Se añade un nuevo artículo 114, con la siguiente redacción: «Artículo 114. Supuestos de devolución de tasas. Procederá la devolución de ingresos por tasas, además de en los supuestos contemplados en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando abonada la tasa, el sujeto pasivo no presente la solicitud de la prestación del servicio o realización de actividad correspondiente dentro del plazo de diez días siguientes al ingreso que establece el artículo 113.4, siempre que sea por causa no imputable al sujeto pasivo, acreditada de forma fehaciente. Esta devolución será de un ochenta por ciento de su cuantía.» Sesenta y cinco. La disposición adicional tercera queda redactada como sigue: «Disposición adicional tercera. Aplicación de la Ley a los productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal. 1. De conformidad con lo dispuesto en esta Ley, se determinarán reglamentariamente las condiciones y requisitos que cumplirán los productos sanitarios para su fabricación, importación, investigación clínica, distribución, comercialización, puesta en servicio, dispensación y utilización, así como los procedimientos administrativos respectivos, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea. 2. Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente, en aquello que proceda, a los productos de cuidado personal y cosméticos. 3. Las actividades de fabricación e importación de cosméticos y productos de cuidado personal se someten al régimen de declaración responsable, regulado en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta declaración responsable deberá ser presentada ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La presentación de la declaración responsable permitirá el inicio de las actividades, sin perjuicio de la comprobación posterior por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, mediante verificación documental y, en su caso, inspección, de los elementos y circunstancias puestos de manifiesto por el interesado en la declaración responsable. 4. Se devengarán las tasas necesarias para cubrir los costes de comprobación de la declaración responsable y de la inspección que, en su caso, resulte necesaria.» Sesenta y seis. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimoquinta. Excepción del régimen jurídico previsto en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 1. Sin perjuicio de los procedimientos relacionados en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, correspondientes a la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entenderán incluidos en la referida excepción, los siguientes: a) Autorización y modificaciones mayores de laboratorios farmacéuticos. b) Autorización de importación, exportación y fabricación de medicamentos no registrados. c) Autorización excepcional de exportación de medicamentos para donaciones humanitarias. d) Declaración de innovación galénica de interés terapéutico. e) Autorización, modificación y renovación de la importación paralela de medicamentos. f) Autorización de medicamentos por procedimiento descentralizado entre Estados de la Unión Europea. 2. El procedimiento para el registro y autorización de productos sanitarios no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos, y del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, recogido en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, queda excluido de la excepción prevista en el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.» Sesenta y siete. Se modifica la disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción: «La colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un facultativo, en el ejercicio de sus atribuciones profesionales, no tendrá la consideración de dispensación, comercialización, venta, distribución, suministro o puesta en el mercado de los mismos, a los efectos de los artículos 3.1 y 101. En todo caso, el facultativo deberá separar sus honorarios de los costes de fabricación.» Sesenta y ocho. Se modifica la redacción de la disposición transitoria segunda en el tenor siguiente: «Disposición transitoria segunda. Conflicto de intereses. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en particular en su artículo 3, los farmacéuticos en ejercicio profesional con oficina de farmacia, en establecimiento comercial detallista, en entidades o agrupaciones ganaderas o en un servicio de farmacia hospitalaria y demás estructuras asistenciales, que a la entrada en vigor de esta Ley tengan intereses económicos directos en laboratorios farmacéuticos autorizados, podrán mantener esos intereses hasta la extinción de la autorización o transferencia del laboratorio. Asimismo, los farmacéuticos relacionados en el párrafo anterior que formen parte o que puedan entrar a formar parte de cooperativas con un mínimo de 20 cooperativistas o de sociedades mercantiles con un mínimo de 100 accionistas o socios, conformadas en ambos casos exclusivamente por los citados farmacéuticos y ya existentes a la entrada en vigor de esta disposición, podrán participar en éstas hasta su disolución, siempre que la misma no conlleve un posible conflicto de intereses.» Sesenta y nueve. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 de la disposición final primera, que quedan redactados del siguiente modo: «1. Los títulos I; II, excepto el artículo 38; III; IV, excepto los artículos 68 a 71 de su capítulo II; V; los artículos 75.2, 76, 78 a 80, 82 y 85 a 87 del título VI; los artículos 90 a 93 bis del título VII; y VIII; las disposiciones adicionales primera, segunda y séptima, así como las disposiciones transitorias, tienen la condición de legislación sobre productos farmacéuticos y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 2. Los artículos 38, 68 a 71, 75.1, 3, 4 y 5, 77, 81, 83, 84 y 95 a 97 ter y las disposiciones adicionales tercera y cuarta, tienen la condición de normativa básica y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. 3. Los artículos 88, 89 y 94 a 94 ter, así como las disposiciones adicionales quinta y sexta se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social.» Disposición adicional primera. Cambio de denominación de los «productos de higiene personal» por «productos de cuidado personal». A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los «productos de higiene personal» pasarán a denominarse «productos de cuidado personal»; en consecuencia, todas la referencias a «productos de higiene personal» realizadas, tanto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, objeto de modificación, como en su normativa de desarrollo, o cualquier otra normativa que les pueda resultar de aplicación, se entenderán realizadas a «productos de cuidado personal». Disposición adicional segunda. No incremento de gasto de personal. De la aplicación de la presente Ley no podrá derivarse ningún incremento de gasto de personal. Las nuevas necesidades de recursos humanos que, en su caso, pudieren surgir como consecuencia de las obligaciones normativas contempladas en la presente Ley, deberán ser atendidas mediante la redistribución de plazas. Disposición adicional tercera. Posicionamiento de medicamentos. Las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas, tendrán una base científico técnica común para todo el Sistema Nacional de Salud y se realizarán en el marco de los informes de posicionamiento de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Dichos informes tendrán carácter vinculante. Disposición adicional cuarta. Sustitución del término «almacén mayorista» o «almacén de distribución al por mayor» por «entidad de distribución». A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias realizadas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, a «almacén mayorista» o a «almacén de distribución al por mayor» se entenderán realizadas a «entidad de distribución» de acuerdo con el ámbito de autorización de las mismas. Disposición transitoria única. Pago de las tasas por vía o medio no electrónico. Hasta el 1 de enero de 2014, el pago de las tasas contempladas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, podrá continuar realizándose, preferentemente, por vía o medio no electrónico. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley y, en particular, el apartado 2, del artículo 102 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; el capítulo XII del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios; el capítulo XII del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos; el capítulo VIII del Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro y el capítulo VIII del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, por el que se regulan los productos cosméticos. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. En el Anexo I del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, relativo a los procedimientos administrativos con sentido del silencio negativo que pasa a positivo, la referencia al procedimiento relativo a las autorizaciones de ensayos clínicos y/o productos en fase de investigación clínica que regula el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, quedará redactada como sigue: Procedimiento Norma reguladora Artículo Plazo de resolución Autorización de ensayos clínicos y productos en fase de investigación clínica con medicamentos veterinarios, salvo los siguientes supuestos: a) Ensayos clínicos en los que la AEMPS haya comunicado objeciones al promotor dentro de los 30 días naturales, a contar desde la notificación de la admisión a trámite de la solicitud. b) Ensayos clínicos con medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente y medicamentos de terapias avanzadas. c) Ensayos clínicos con medicamentos inmunológicos. Ley 14/2000, de 29 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. Orden PRE/2938/2004, de 7 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, en lo referente a la calificación de productos en fase de investigación clínica y realización de ensayos clínicos con medicamentos para uso veterinario. Disposición adicional 29. Artículo 56. Artículos 5 y 12. 30 días naturales. Disposición final segunda. Título competencial. Lo dispuesto en el artículo único de esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado: 1. Los apartados uno al dieciocho, veinte al veintitrés, veintiséis al treinta y ocho y cuarenta al cincuenta seis, así como el sesenta y siete tienen la condición de legislación sobre productos farmacéuticos y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 2. Los apartados diecinueve, veinticuatro y veinticinco, la disposición adicional primera y la disposición adicional cuarta tienen la condición de normativa básica y se dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. 3. El apartado treinta y nueve se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad Social. 4. Los apartados cincuenta y siete al sesenta y cinco se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general. 5. El apartado sesenta y seis, y la disposición final primera se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Disposición final tercera. Incorporación del derecho comunitario. Mediante esta Ley se incorporan parcialmente al derecho español las siguientes directivas: 1. La Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica en lo que respecta a farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. 2. La Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, por la que se modifica, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Disposición final cuarta. Autorización para elaborar un texto refundido. Al efecto de consolidar en un texto único las modificaciones incorporadas, desde su entrada en vigor, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta autorización incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el artículo 63, apartado 1, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 63. Servicio activo. 1. El personal estatutario se hallará en servicio activo cuando preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal, o cuando desempeñe funciones de gestión clínica, cualquiera que sea el servicio de salud, institución o centro en el que se encuentre destinado, así como cuando desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos de las Administraciones públicas abierto al personal estatutario.» Dos. Se incluye un nuevo artículo 65 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 65 bis. Servicios de gestión clínica. Se declarará en la situación de servicios de gestión clínica al personal estatutario fijo que acepte voluntariamente el cambio en su relación de empleo que se le oferte por los servicios de salud para acceder a estas funciones, cuando la naturaleza de las instituciones donde se desarrollen las funciones de gestión clínica no permitan que preste sus servicios como personal estatutario fijo en activo. En esta situación, este personal tendrá derecho al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad, así como a la reserva de su plaza de origen.» Tres. Se incluye una nueva disposición transitoria octava, con los siguientes términos: «Disposición transitoria octava. Pase a la situación de servicios de gestión clínica desde situaciones distintas al servicio activo. 1. El personal estatutario fijo que, encontrándose en la situación de servicios bajo otro régimen jurídico del artículo 65 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, pase a desempeñar funciones de gestión clínica, será declarado en la situación de servicios de gestión clínica con los siguientes efectos: a) Si se encontrase dentro de los tres primeros años de la situación de servicios bajo otro régimen jurídico, tendrá derecho en esta nueva situación al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad y a la reincorporación al servicio activo en la misma categoría y área de salud de origen o, si ello no fuera posible, en áreas limítrofes con aquélla. b) Si hubiese superado ya los tres primeros años en la situación de servicios bajo otro régimen jurídico, únicamente tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad. 2. Asimismo, el personal estatutario fijo que pase a la situación de servicios de gestión clínica desde una situación que no conlleve reserva de plaza o derecho al reingreso, únicamente tendrá derecho al cómputo de tiempo a efectos de antigüedad.» Disposición final sexta. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Se modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 19 que pasa a tener la siguiente redacción: «2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando ello proceda, atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo tronco tendrán un período de formación común de una duración de dos años. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previo informe de las comisiones nacionales de las especialidades implicadas, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, podrá disminuir o aumentar la duración del periodo troncal hasta un máximo de seis meses, según las competencias a adquirir en el periodo de formación troncal de que se trate. En estos supuestos, las evaluaciones a las que se refiere el artículo 20.2 e) de esta Ley se adecuarán, en los términos que se determine reglamentariamente, a la nueva duración de los periodos de formación troncal.» Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 10 con la siguiente redacción: «5. El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo establecido en los apartados anteriores, estableciendo las características y los principios generales de la gestión clínica, y las garantías para los profesionales que opten por no acceder a estas funciones.» Disposición final séptima. Modificación de la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental. Se modifica la disposición adicional de la Ley 10/1986, de 17 de marzo sobre Odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, que pasa a tener la siguiente redacción: «Disposición Adicional. La presente Ley en ningún modo limita la capacidad profesional como dentistas de los médicos especialistas en Estomatología que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tuvieran reconocido el derecho adquirido a ejercer las funciones señaladas en el artículo primero de esta Ley. Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de que los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial realicen actividades correspondientes a su especialidad en el ámbito de la cavidad oral, siempre que no ejerzan la profesión de dentista.» Disposición final octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se añade un nuevo apartado 4 a la disposición adicional vigésima octava del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que tendrá la siguiente redacción: «4. No serán de aplicación las medidas establecidas en los artículos 9 y 10, párrafo tercero, del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, a los contratos derivados de adquisición de medicamentos promovidos al amparo de lo previsto en esta disposición adicional siempre que los ahorros que resulten de la compra centralizada sean superiores a las deducciones fijadas en dichos artículos del Real Decreto-ley 8/2010, de 29 de mayo.» Disposición final novena. Entrada en vigor. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 24 de julio de 2013. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

La reforma de la ley del medicamento (Real Decreto Legislativo 1/2015), que centraliza los límites de precios.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios es el marco legal en el que se encuadran todas las disposiciones relativas, entre otras, a la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y seguimiento de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos que hacen posible las garantías de seguridad, calidad y eficacia de los mismos. Desde su aprobación, se han producido diversas modificaciones de la configuración jurídica de la Unión Europea habida cuenta de la experiencia acumulada y tras distintas actuaciones de evaluación efectuadas por la Unión Europea en algunas de las materias relacionadas con el sector farmacéutico, como son la farmacovigilancia de los medicamentos, el refuerzo de la calidad de los medicamentos y la protección de la cadena de suministro ante el riesgo de los medicamentos falsificados, o las modificaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos, con el objeto de eliminar diferencias en las legislaciones nacionales y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de los medicamentos, así como un alto nivel de protección de la salud pública y de la salud de las personas y animales, que obligan a nuestro país a revisar la normativa interna vigente. En efecto, por un lado, se aprueba la Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que modifica en lo que respecta a farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Y por otro, se produce la aprobación de la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, por la que se modifica, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano. Estas directivas han de ser incorporadas a la normativa nacional, a través de esta Ley para, posteriormente, proceder a la actualización correspondiente de su normativa de desarrollo. Así, esta Ley conlleva el cumplimiento de la necesidad de adaptación cuanto antes a las nuevas normas europeas de farmacovigilancia establecidas a fin de proteger la salud pública y hacerlo de manera armonizada para todos los medicamentos de uso humano con independencia del procedimiento de autorización de los mismos, de modo que no es posible que las normas nacionales no estén alineadas con las de los productos autorizados de modo centralizado por la Comisión Europea. Además, esta Ley supone un refuerzo imprescindible de las garantías en la fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos, así como la venta legal de medicamentos a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, de acuerdo con la citada normativa europea vigente en la materia. En consecuencia, esta Ley modifica las disposiciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en materia de farmacovigilancia (artículos 17.9, 22, 53 y 101.2.c.9.ª), y en materia de medicamentos falsificados (artículos 8, 64, 66 bis, 69, 71, 71 bis, 101.2.b.1.ª33.ª y 34.ª y 101.2.c.2.ª y 11.ª). A su vez, durante este periodo se aprobó la Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se modifican la Directiva 2001/82/CE y la Directiva 2001/83/CE, en lo relativo a las variaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos, garantizando que todas ellas, con independencia del procedimiento de autorización, nacional o europeo, estén sujetas a los mismos criterios de solicitud, evaluación y autorización. Esta Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1091/2010, de 3 de septiembre de 2010, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. Por ello, y con el fin de ser coherente con el objetivo global de la referida Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio, tendente a eliminar diferencias en las legislaciones nacionales, se hace precisa, a su vez, la adecuación a la misma de las referencias contenidas en la Ley 29/2006, de 26 de julio, en materia de modificación de las autorizaciones de comercialización con el objeto de simplificar, aclarar y flexibilizar el marco legislativo en la evaluación de modificaciones sin comprometer la salud pública. Consecuentemente, esta Ley modifica las disposiciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en lo relativo a modificaciones de las autorizaciones de comercialización (artículos 9, 15, 23, 24, 25, 31, 32 y 101.2.b.6.ª). Además, y en relación con los productos cosméticos, desde la aprobación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se han producido cambios normativos importantes, tales como la aprobación del Reglamento (CE) núm. 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que introdujo ciertas modificaciones en la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a los productos cosméticos, entre otras cosas, en lo que a la definición de producto cos ### RESUMEN: La reforma de la ley del medicamento (Real Decreto Legislativo 1/2015), que centraliza los límites de precios.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. c) Número de expediente: P. Abierto 12/15. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73220000 (Servicios de consultoría en desarrollo). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE; BOE; DOUE, y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de julio de 2015; BOE: 8 de agosto de 2015; DOUE: 21 de julio de 2015, y DOUE: 4 de agosto de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 557.851,24 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 557.851,24 euros. Importe total: 675.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2015. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2015. c) Contratista: Deloitte Consulting, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 323.553,72 euros. Importe total: 391.500,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por aplicación conjunta de los criterios de adjudicación del contrato, esta empresa obtiene la mayor puntuación según los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP. Madrid, 26 de noviembre de 2015.- Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Deloitte va a evaluar los servicio de evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo por importe total de 675.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. c) Número de expediente: P. Abierto 12/15. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73220000 (Servicios de consultoría en desarrollo). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE; BOE; DOUE, y DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 21 de julio de 2015; BOE: 8 de agosto de 2015; DOUE: 21 de julio de 2015, y DOUE: 4 de agosto de 2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 557.851,24 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 557.851,24 euros. Importe total: 675.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2015. b) Fecha de formalización del contrato: 20 de noviembre de 2015. c) Contratista: Deloitte Consulting, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 323.553,72 euros. Importe total: 391.500,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por aplicación conjunta de los criterios de adjudicación del contrato, esta empresa obtiene la mayor puntuación según los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP. Madrid, 26 de noviembre de 2015.- Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal. ### RESUMEN: Deloitte va a evaluar los servicio de evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo por importe total de 675.000,00 euros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en disponer el cese de doña Ana Mato Adrover como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 26 de noviembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Cese de Ana Mato Adrover como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno, Vengo en disponer el cese de doña Ana Mato Adrover como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 26 de noviembre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Cese de Ana Mato Adrover como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La Mesa del Senado, en su reunión de 9 de septiembre de 2014, ha acordado convocar entre postgraduados quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, de acuerdo con las bases que figuran a continuación: Primera. Objeto y número de becas. 1. Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en estos campos. 2. La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las Direcciones de Documentación, de Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria. 3. De dichas becas se reservarán dos para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base tercera y acrediten, dentro del plazo a que se refiere la base cuarta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el caso de que dichas becas no quedaran cubiertas, acrecerán al turno libre. 4. Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el apartado anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia. Segunda. Características de las becas. 1. Las becas se otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015) y consistirán en doce pagos por meses vencidos de ochocientos (800) euros brutos. 2. El Senado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre (BOE del 27), dará de alta a las personas que obtengan la beca en el régimen general de la Seguridad Social, cotizando por todas las contingencias comunes y profesionales legalmente establecidas, con la excepción de las de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. 3. Las becas son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral. 4. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial de ningún tipo entre el becario y la Cámara. Tercera. Solicitantes. 1. Pueden solicitar la concesión de beca los ciudadanos españoles y los de otros países miembros de la Unión Europea poseedores de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación que reúnan los requisitos siguientes: a) Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1987, b) No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto los sustitutos que hubieran accedido a la misma dentro del último trimestre del año 2014. 2. Asimismo podrán solicitar la concesión de la beca los poseedores de cualquier Licenciatura o título de Grado universitario, que, además de reunir los requisitos señalados en el apartado anterior, acrediten haber cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al menos 200 horas lectivas. Cuarta. Presentación de solicitudes. 1. Los solicitantes de las becas deberán presentar una instancia dirigida al Secretario General del Senado en el Registro de la Dirección de Documentación del Senado (Palacio del Senado, segunda planta, Bailén, 3, 28071 Madrid), en horario de lunes a viernes, entre las 9,30 horas y las 14 horas, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la presentación de instancias será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En todo caso se acompañará a la instancia: a) Fotocopia del documento nacional de identidad, b) Una fotografía reciente de tamaño carné, c) Currículum vitae expresado según el esquema del formulario que se publica con la presente convocatoria como anexo único, y d) Justificación imprescindible, mediante documentos originales o fotocopias, del título o títulos académicos, expediente académico y todos los méritos alegados, ordenados conforme se especifica en el anexo. 2. Los solicitantes que no resulten adjudicatarios ni figuren entre los sustitutos dispondrán de un plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado», del Acuerdo de la Mesa por el que se aprueba la propuesta de adjudicación de las becas, para solicitar la devolución de la documentación por ellos presentada a la convocatoria. Transcurrido este plazo, el Senado procederá a su eliminación. Quinta. Jurado. 1. Las becas se concederán por la Mesa del Senado, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario del Senado; el Secretario General o, por delegación, el Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios; el Director de Documentación, o el de Estudios y un funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, que actuará como secretario. De las deliberaciones se levantará acta con los acuerdos del Jurado y la firma del secretario con el visto bueno del Presidente. 2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta correspondiente a la Mesa. 3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente por mayoría de votos, pero también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá, asimismo, hasta sesenta sustitutos para el caso de renuncia de los adjudicatarios. Sexta. Selección de becarios. 1. La valoración de las solicitudes se realizará tomando en consideración los méritos que consten en la documentación acreditativa aportada, que se evaluarán de la siguiente manera: A) El expediente académico correspondiente al título universitario, que se valorará hasta un máximo de 25 puntos. B) Estudios de carácter archivístico, bibliotecario o documental, adicionales a los que figuran en los requisitos: Títulos de Master, Doctor, o de postgrado; cursos no vinculados a la Universidad; se valorará aquí el título de Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o el de Grado en Información y Documentación, por el tiempo adicional de estudios respecto a los Diplomados en esta materia, que también pueden solicitar las becas. Hasta un máximo de 20 puntos. C) La formación práctica y experiencia en desempeños similares, hasta un máximo de 10 puntos. D) El conocimiento de idiomas, hasta un máximo de 13 puntos. E) Los conocimientos de informática aplicados a la Documentación, Archivística o Biblioteconomía, hasta un máximo de 15 puntos. F) Otros méritos, hasta un máximo de 7 puntos. 2. El Jurado encargado de la selección podrá acordar las pruebas o entrevistas que considere pertinentes para determinar el nivel de conocimientos, incluidas las lenguas, la experiencia práctica y la idoneidad de los candidatos. 3. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Jurado podrá adoptar las medidas necesarias para adaptar la realización de las pruebas por parte de las personas discapacitadas que así lo hubieran hecho constar en su instancia, siempre que no se altere el contenido y la finalidad de las mismas y se respete el principio de igualdad de oportunidades. El Jurado puede solicitar de estas personas la aportación de la documentación que precise para conocer la discapacidad y llevar a cabo las adaptaciones correspondientes. Séptima. Obligaciones del becario. 1. Los becarios, por el solo hecho de solicitar estas becas, se comprometen a aceptar el contenido de estas bases. 2. El becario se obliga a realizar las actividades de formación que se determinen en cualquiera de las unidades documentales de la Secretaría General del Senado en las condiciones de lugar y tiempo pertinentes, durante veinticinco horas semanales. 3. Los becarios estarán obligados a observar absoluta discreción en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubieran tenido conocimiento durante el período de la beca. No deberán comunicar bajo ninguna forma documentos o informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieren cualificadas para tener conocimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la Institución. Seguirán sometidos a esta obligación después de finalizar su beca. 4. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, además de otras responsabilidades que resultaren exigibles. 5. Igualmente, el Senado se reserva el derecho de retirar la beca en el supuesto de que el becario no realizara las actividades de formación en condiciones satisfactorias, o no demostrara suficiente aprovechamiento. Octava. Justificación del cumplimiento de la finalidad de la beca. 1. El beneficiario, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo fijado para la terminación de la acción formativa, debe presentar memoria de las actividades realizadas y programa seguido durante el disfrute de la beca, suscrita por el mismo. 2. El responsable de la unidad o el tutor de la acción formativa, expedirá una certificación con el informe sobre la actividad desarrollada por el becario. Una copia de dicha certificación será entregada al becario. Palacio del Senado, 9 de septiembre de 2014.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.

En el Senado, 3 becas de comunicación institucional y otras 3 de archivística

La Mesa del Senado, en su reunión de 9 de septiembre de 2014, ha acordado convocar entre postgraduados quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, de acuerdo con las bases que figuran a continuación: Primera. Objeto y número de becas. 1. Se convocan quince becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en estos campos. 2. La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas propias de las Direcciones de Documentación, de Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria. 3. De dichas becas se reservarán dos para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base tercera y acrediten, dentro del plazo a que se refiere la base cuarta, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el caso de que dichas becas no quedaran cubiertas, acrecerán al turno libre. 4. Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el apartado anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia. Segunda. Características de las becas. 1. Las becas se otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015) y consistirán en doce pagos por meses vencidos de ochocientos (800) euros brutos. 2. El Senado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre (BOE del 27), dará de alta a las personas que obtengan la beca en el régimen general de la Seguridad Social, cotizando por todas las contingencias comunes y profesionales legalmente establecidas, con la excepción de las de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. 3. Las becas son improrrogables e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período, así como con el desempeño de cualquier actividad laboral. 4. La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial de ningún tipo entre el becario y la Cámara. Tercera. Solicitantes. 1. Pueden solicitar la concesión de beca los ciudadanos españoles y los de otros países miembros de la Unión Europea poseedores de un título superior universitario de Diplomatura o Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de Grado en Información y Documentación que reúnan los requisitos siguientes: a) Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1987, b) No haber disfrutado en años anteriores de la misma beca del Senado, excepto los sustitutos que hubieran accedido a la misma dentro del último trimestre del año 2014. 2. Asimismo podrán solicitar la concesión de la beca los poseedores de cualquier Licenciatura o título de Grado universitario, que, además de reunir los requisitos señalados en el apartado anterior, acrediten haber cursado estudios en materias archivísticas, bibliotecarias o documentales durante al menos 200 horas lectivas. Cuarta. Presentación de solicitudes. 1. Los solicitantes de las becas deberán presentar una instancia dirigida al Secretario General del Senado en el Registro de la Dirección de Documentación del Senado (Palacio del Senado, segunda planta, Bailén, 3, 28071 Madrid), en horario de lunes a viernes, entre las 9,30 horas y las 14 horas, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la presentación de instancias será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En todo caso se acompañará a la instancia: a) Fotocopia del documento nacional de identidad, b) Una fotografía reciente de tamaño carné, c) Currículum vitae expresado según el esquema del formulario que se publica con la presente convocatoria como anexo único, y d) Justificación imprescindible, mediante documentos originales o fotocopias, del título o títulos académicos, expediente académico y todos los méritos alegados, ordenados conforme se especifica en el anexo. 2. Los solicitantes que no resulten adjudicatarios ni figuren entre los sustitutos dispondrán de un plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación, en el «Boletín Oficial del Estado», del Acuerdo de la Mesa por el que se aprueba la propuesta de adjudicación de las becas, para solicitar la devolución de la documentación por ellos presentada a la convocatoria. Transcurrido este plazo, el Senado procederá a su eliminación. Quinta. Jurado. 1. Las becas se concederán por la Mesa del Senado, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario del Senado; el Secretario General o, por delegación, el Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios; el Director de Documentación, o el de Estudios y un funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios, que actuará como secretario. De las deliberaciones se levantará acta con los acuerdos del Jurado y la firma del secretario con el visto bueno del Presidente. 2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Jurado se reunirá para examinarlas y elevar la propuesta correspondiente a la Mesa. 3. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa, igualmente por mayoría de votos, pero también podrán declararse desiertas. El Jurado propondrá, asimismo, hasta sesenta sustitutos para el caso de renuncia de los adjudicatarios. Sexta. Selección de becarios. 1. La valoración de las solicitudes se realizará tomando en consideración los méritos que consten en la documentación acreditativa aportada, que se evaluarán de la siguiente manera: A) El expediente académico correspondiente al título universitario, que se valorará hasta un máxi ### RESUMEN: En el Senado, 3 becas de comunicación institucional y otras 3 de archivística

I: Entidad adjudicadora. I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nombre oficial: Renfe-Operadora - G. de área de compras y patrimonio-D.G. económico-financiera. Dirección postal: Avda. Pio XII, 110. Caracola 1. Localidad: Madrid Código postal: 28036. Documento Nacional de Identidad: Q2801659J. A la atención de: Tel. 913007479. Fax. 913007479. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected] Dirección Internet: http://www.renfe.com Dirección del Perfil de Comprador: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba. El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba. Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba. La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: No. II: Objeto del contrato. II.1) Descripción. II.1.1) Denominación del contrato: Servicios de gestión e inversión publicitaria Renfe-Operadora en medios de comunicación. II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicio - Categoría de servicio n.º: 13 - España. II.1.3) El anuncio se refiere a: Un Acuerdo Marco. II.1.4) Información sobre el acuerdo marco. Duración del acuerdo marco:17 meses. Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco: 22.750.000,00 euros. II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición(o adquisiciones): Servicios de gestión e inversión publicitaria Renfe-Operadora en medios de comunicación. I.1.6) Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV). Nomenclatura principal: 79341000-6. II.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No. II.1.8) El contrato está dividido en lotes: Sí. Las ofertas deberán presentarse para: Todos los lotes. Lote Nº: 1 -- Radio, Prensa, Suplementos Dominicales y Revistas. 1) Breve descripción: El lote 1 comprende los servicios de Gestión e Inversión. publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Radio. - Prensa. - Suplementos Dominicales. - Revistas - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociadas directamente por Renfe-Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6. 3) Cantidad o extensión: Coste Estimado: 11.000.000,00 EUR. 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 17. Lote Nº: 2 -- Televisión, Internet, Exterior y Cine. 1) Breve descripción: El lote 2 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Televisión. - Internet. - Exterior. - Cine - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe-Operadora (incluye la inserción de anuncios oficiales). 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6. 3) Cantidad o extensión: Coste Estimado: 11.750.000,00 EUR. 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 17. II.1.9) Se aceptarán variantes: No. II.2) Cantidad o extensión del contrato. II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 22.750.000,00 EUR (IVA Excluido). El presupuesto máximo que se ha estimado para la inversión en medios para la vigencia de los. Acuerdos Marco es de 22.750.000 €. El presupuesto máximo de inversión en medios anteriormente indicado se desglosa por lotes conforme a lo siguiente: LOTE 1.- 11.000.000 € LOTE 2.- 11.750.000 €. En relación a la posible renovación de la eventual prórroga, con carácter opcional para Renfe-Operadora, el presupuesto máximo de licitación para la misma es de 14.000.000 €, que se desglosa por lotes conforme a lo siguiente: LOTE 1.- 7.000.000 € LOTE 2.- 7.000.000 €. No obstante la cantidad indicada no supone un compromiso de gasto por parte de Renfe-Operadora, por lo que ésta se reserva la facultad de no alcanzarla. II.2.2) Opciones: No. II.2.3) Este contrato podrá ser renovado: Sí. Número de renovaciones posibles: 1. II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución: Duración: 17 meses. III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico. III.1) Condiciones relativas al contrato. III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía provisional: las empresas que se presenten a esta licitación deberán constituir una Garantía provisional por cada lote, con los importes que a continuación se indican: LOTE 1: 110.000 EUR LOTE 2: 117.500 EUR. Garantía definitiva: sólo se exigirá a las empresas adjudicatarias. Los importes de las garantías definitivas, según el lote para el que resulte adjudicatario son: LOTE 1: 550.000 EUR LOTE 2: 587.500 EUR. III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares. III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Para el caso de que las empresas se presenten de forma agrupada, deberán presentar la documentación y cumplir los requisitos que se señalan en el Título II, Capítulo II, apartado 2.4 de la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 (Rev. 01), de 30 de octubre de 2013, en adelante 'Instrucción', por la que se aprueban las instrucciones por las que se regulan los procedimientos de contratación de Renfe-Operadora, que está a disposición de los licitadores en el 'Perfil del Contratante', en la página Web de Renfe-Operadora. III.1.4) Otras condiciones particulares a la que está sujeta la ejecución del contrato: No. III.2) Condiciones de participación. III.2.1) Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil: La situación personal de las empresas se acreditará según se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.2.2) Capacidad económica y financiera: La capacidad económica y financiera se acreditarán en la forma que se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.2.3) Capacidad técnica: La capacidad técnica de las empresas se acreditará según se indica en el apartado 5.5 del Pliego de Condiciones Particulares. III.3) Condiciones específicas de los contratos de servicios. III.3.1) La ejecución del servicio se reserva a una profesión determinada: No. III.3.2) Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la ejecución del servicio: No. IV: Procedimiento. IV.1) Tipo de procedimiento abierto. IV.2) Criterios de adjudicación Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación a licitar o a negociar. IV.2.2) Se realizará una subasta electrónica: No. IV.3) Información administrativa. IV.3.1) Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: 2014-00230. IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato: No. IV.3.4) Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación: 30/06/2014-12:00. IV.3.5) Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación: Español. IV.3.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta Periodo en meses: 4. IV.3.7) Condiciones para la apertura de ofertas:Lugar: La apertura de los sobres «C» es pública y oportunamente se comunicará a los licitadores lugar y fecha definitiva. VI: Información complementaria. VI.1) Se trata de contratos periódicos: No. VI.2) Se relacionan el contrato o (contratos) con un proyecto o programa financiado mediante fondos de la UE: No. VI.3) Información adicional: 1. Los gastos de publicidad de la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. Las cuantías exigibles por tasa de publicación de anuncios pueden ser consultadas en la página Web del Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://www.boe.es 2. Esta licitación, se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y, respecto a las materias que expresamente se remite el Pliego de Condiciones Particulares, por la Instrucción IN-SGC-001/08 (Rev. 01) por las que se regulan los Procedimientos de Contratación de Renfe-Operadora y en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción, por el ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación. 3. Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación deberá hacer referencia al número de expediente indicado en este anuncio. 4. Las empresas que estén interesadas en participar deberán enviar su oferta conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 5. El Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación puede obtenerse en el Perfil del Contratante, http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html 6. La documentación deberá presentarse en español, en caso contrario deberá venir acompañada de una traducción al idioma español, primando esta última en caso de duda o discrepancia. 7. Las ofertas podrán entregarse «en mano» o enviarse por correo. Para el supuesto de envío por correo, se procederá según lo indicado en el apartado 5 del Capítulo Único del Título V, de la «Instrucción». Al presentar la ofertase hará entrega de una carta (fuera del sobre), en la que se facilitarán los datos de la empresa que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre Renfe-Operadora y la empresa licitadora, cumplimentando los datos requeridos en el modelo «Datos de contacto a efectos de comunicaciones» que se encuentra disponible en «Modelos de declaración responsable», dentro del «Perfil del contratante», en la página Web de Renfe-Operadora. 8. La renovación, opcional para Renfe-Operadora, indicada en el punto II.2.3 será de 12 meses. 9. Del presente procedimiento abierto resultará una empresa adjudicataria para cada uno de los lotes. 10. El período de vigencia de los Acuerdos Marco indicado en los apartados II.1.4 y II.3 es estimado. Renfe-Operadora notificará por escrito la adjudicación de los correspondientes Acuerdos Marco y la fecha de comienzo de su vigencia. En todo caso la vigencia inicial de dichos Acuerdos Marco finalizará el 31 de diciembre de 2015. La documentación reseñada en este anuncio y aplicable a la presente licitación esta disponible en la página web de Renfe, el 'Perfil del Contratante', en la siguiente dirección de Internet: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en la dirección: http://www.renfe.es VI.4) Procedimientos de recurso. VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Nombre oficial: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Dirección postal: Avda. General Perón, 38, Planta 8. Código postal: 28020. Localidad: Madrid. País: España. Correo electrónico: [email protected] Teléfono: Fax: 91 349 14 41. VI.4.2) Presentación de recursos: Quince días hábiles (artículo 104 de la Ley 31/2007). Fecha de envío del anuncio al DOUE: 20.05.2014. Madrid, 20 de mayo de 2014.- Pilar Oviedo Cabrillo, Gerente de Área de Compras.

Renfe prevé gastar 22.750.000,00 euros en anuncios durante 17 meses (vía acuerdo marco)

I: Entidad adjudicadora. I.1) Nombre, direcciones y puntos de contacto: Nombre oficial: Renfe-Operadora - G. de área de compras y patrimonio-D.G. económico-financiera. Dirección postal: Avda. Pio XII, 110. Caracola 1. Localidad: Madrid Código postal: 28036. Documento Nacional de Identidad: Q2801659J. A la atención de: Tel. 913007479. Fax. 913007479. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected] Dirección Internet: http://www.renfe.com Dirección del Perfil de Comprador: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba. El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba. Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba. La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras: No. II: Objeto del contrato. II.1) Descripción. II.1.1) Denominación del contrato: Servicios de gestión e inversión publicitaria Renfe-Operadora en medios de comunicación. II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicio - Categoría de servicio n.º: 13 - España. II.1.3) El anuncio se refiere a: Un Acuerdo Marco. II.1.4) Información sobre el acuerdo marco. Duración del acuerdo marco:17 meses. Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco: 22.750.000,00 euros. II.1.5) Breve descripción del contrato o la adquisición(o adquisiciones): Servicios de gestión e inversión publicitaria Renfe-Operadora en medios de comunicación. I.1.6) Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV). Nomenclatura principal: 79341000-6. II.1.7) Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No. II.1.8) El contrato está dividido en lotes: Sí. Las ofertas deberán presentarse para: Todos los lotes. Lote Nº: 1 -- Radio, Prensa, Suplementos Dominicales y Revistas. 1) Breve descripción: El lote 1 comprende los servicios de Gestión e Inversión. publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Radio. - Prensa. - Suplementos Dominicales. - Revistas - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociadas directamente por Renfe-Operadora. 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6. 3) Cantidad o extensión: Coste Estimado: 11.000.000,00 EUR. 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 17. Lote Nº: 2 -- Televisión, Internet, Exterior y Cine. 1) Breve descripción: El lote 2 comprende los servicios de Gestión e Inversión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: - Televisión. - Internet. - Exterior. - Cine - Inserción en los medios anteriores de los acuerdos negociados directamente por Renfe-Operadora (incluye la inserción de anuncios oficiales). 2) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos): 79.34.10.00-6. 3) Cantidad o extensión: Coste Estimado: 11.750.000,00 EUR. 4) Indicación sobre el período distinto de duración o el inicio/ la ejecución del contrato: En meses 17. II.1.9) Se aceptarán variantes: No. II.2) Cantidad o extensión del contrato. II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 22.750.000,00 EUR (IVA Excluido). El presupuesto máximo que se ha estimado para la inversión en medios para la vigencia de los. Acuerdos Marco es de 22.750.000 €. El presupuesto máximo de inversión en medios anteriormente indicado se desglosa por lotes conforme a lo siguiente: LOTE 1.- 11.000.000 € LOTE 2.- 11.750.000 €. En relación a la posible renovación de la eventual prórroga, con carácter opcional para Renfe-Operadora, el presupuesto máximo de licitación para la misma es de 14.000.000 €, que se desglosa por lotes conforme a lo siguiente: LOTE 1.- 7.000.000 € LOTE 2.- 7.000.000 €. No obstante la cantidad indicada no supone un compromiso de gasto por parte de Renfe-Operadora, por lo que ésta se reserva la facultad de no alcanzarla. II.2.2) Opciones: No. II.2.3) Este contrato podrá ser renovado: Sí. Número de renovaciones posibles: 1. II.3) Duración del contrato o fecha límite de ejecución: Duración: 17 meses. III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico. III.1) Condiciones relativas al contrato. III.1.1) Depósitos y garantías exigidos: Garantía provisional: las empresas que se presenten a esta licitación deberán constituir una Garantía provisional por cada lote, con los importes que a continuación se indican: LOTE 1: 110.000 EUR LOTE 2: 117.500 EUR. Garantía definitiva: sólo se exigirá a las empresas adjudicatarias. Los importes de las garantías definitivas, según el lote para el que resulte adjudicatario son: LOTE 1: 550.000 EUR LOTE 2: 587.500 EUR. III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares. III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: Para el caso de que las empresas se presenten de forma agrupada, deberán presentar la documentación y cumplir los requisitos que se señalan en el Título II, Capítulo II, apart ### RESUMEN: Renfe prevé gastar 22.750.000,00 euros en anuncios durante 17 meses (vía acuerdo marco)

Visto el fallo de la Sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016 dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaído en el procedimiento n.º 256/2016, seguido por la demanda de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., contra la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), y la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio colectivo, Y teniendo en consideración los siguientes Antecedentes de hecho Primero. En el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo de 2012, se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 25 de abril de 2012, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese centro directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (código de convenio número 99010825011997). Segundo. El 17 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el registro general del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se declara no ajustado a derecho el último párrafo del artículo 39 del Convenio colectivo publicado en el BOE de 18 de mayo de 2012. Fundamentos de Derecho Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y este hubiera sido publicado, también se publicará en el boletín oficial en que aquel se hubiere insertado. En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de dicha sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 10 de noviembre de 2016, recaída en el procedimiento n.º 256/2016 relativa al VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 5 de diciembre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Social Secretaria doña Marta Jaureguizar Serrano Sentencia n.º: 167/16 Fecha de juicio: 2/11/2016. Fecha sentencia: 10/11/16. Fecha auto aclaración: Tipo y núm. procedimiento: Impugnación de Convenios 256/2016. Ponente: Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Demandante/s: Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Demandado/s: Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Resolución de la sentencia: Estimatoria. Breve resumen de la sentencia: Retribución de vacaciones. VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Complementos de actividad. La AN considera que la retribución de vacaciones se debe integrar con el promedio de lo percibido regular y habitualmente por los trabajadores sin que se puedan exceptuar con carácter general, tal y como se recoge en el convenio, el pago de complementos de actividad porque,tiene declarado la Jurisprudencia que la retribución de las vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales (retribución normal o media) obtenida por el trabajador en la época de actividad, lo cual es acorde con su finalidad: garantizar el disfrute efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del trabajo habitual; en su promedio. (FJ 4). AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL Goya 14 (Madrid). Teléfono: 914007258. Equipo/usuario: GCM. NIG: 28079 24 4 2016 0000274. Modelo: ANS105 Sentencia. IMC impugnación de Convenios 0000256 /2016. Procedimiento de origen: Sobre: Impugugnación Convenios. Ponente Ilma. Sra.: Doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Sentencia 167/16. Ilma. Sra. Presidenta doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Ilmos./Ilmas. Sres./Sras. Magistrados/as: Don Ramón Gallo Llanos. Doña María Carolina San Martín Mazzucconi. En Madrid, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y EN NOMBRE DEL REY han dictado la siguiente SENTENCIA En el procedimiento Impugnación de Convenios 256/2016 seguido por demanda de Comisiones Obreras de Construccion y Servicios (Ldo. Juan José Montoya Pérez) y de Federacion de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. (Ldo. José Manuel Rodríguez Vázquez) contra Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) (Ldo. José Alberto Echevarría), la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) (Ldo. Eduardo Soria Flores), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES) (Ldo. Antonio Molina Schmind), y Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) (Ldo. Miguel Angel Cruz Pérez) sobre impunación de convenios. Ha sido ponente el Ilma. Sra. doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Antecedentes de hecho Primero. Según consta en autos, el día 15 de septiembre de 2016 se presentó demanda, que ha sido aclarada mediante escrito de 20 de septiembre de 2016, por don José Manuel Rodríguez Vázquez, letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid, en nombre y representación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, y por don Juan José Montoya Pérez, letrado en ejercicio del ilustre colegio de Madrid, en nombre y representación de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, contra Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores-Sector Solidario (LARES) y Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre Impugnación de Convenio Colectivo. Segundo. La Sala designó ponente señalándose el día 2 de noviembre de 2016 para los actos de conciliación y, en su caso, juicio. Tercero. Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el que la parte demandante se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando que se declare que el último párrafo del artículo 39 del Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, no se ajusta a derecho, ya que en la retribución de las vacaciones se han de incluir todos los complementos o retribuciones, fijos o variables, que se devenguen en la jornada ordinaria y como tales sean percibidos por los trabajadores en el desempeño de su puesto de trabajo. Frente a tal pretensión, Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), se adhiere a la demanda. AESTE, alega falta de acción y, en cuanto al fondo, se opuso a la demanda, todo ello en los términos que resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral. LARES y FED, se oponen a la demanda y se adhieren a lo manifestado por la codemandada. El Ministerio Fiscal en su informe sostuvo que se debe desestimar la excepción de falta de acción y estimarse la demanda formulada. Cuarto. Recibido el pleito aprueba, se practicaron las pruebas propuestas por las partes y declaradas pertinentes, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto. Quinto. En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales. Resultando y así se declaran, los siguientes, Hechos probados Primero. Por Resolución de la Dirección General de Empleo de fecha 25 de abril de 2012 (BOE número 119, de 18 de mayo), se registra y pública el VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, que entró en vigor el 1 de enero de 2012 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, encontrándose en el momento actual en fase de ultraactividad. (Descriptor 3, hecho conforme) Segundo. El artículo 39 de dicho Convenio colectivo establece: «Artículo 39. Vacaciones. El período de vacaciones anuales será retribuido y su duración será de 30 días naturales. En aquellos casos que no se haya completado el año de trabajo efectivo, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la parte proporcional. Las vacaciones se disfrutaran preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. El período de disfrute vacaciones se fijará en un período de 30 días o en dos periodos de 15 días, no pudiendo realizarse más fracciones, salvo acuerdo entre la empresa y el personal y contando con la aprobación de la representación unitaria o sindical, respetándose siempre en los siguientes criterios: a) El régimen de turnos de vacaciones se hará por rigurosa rotación anual del personal entre los distintos meses, iniciándose esta rotación el primer año, por antigüedad en la empresa. El personal que fraccionen las vacaciones en dos o más periodos, tan sólo tendrá prioridad de elección en uno de estos periodos. A tal efecto se constituirán los correspondientes turnos de vacaciones. Estos turnos harán de acuerdo con el calendario laboral, según las prestaciones del servicio. El inicio del período de vacaciones o de disfrute de las fiestas abonables, no puede coincidir con un día de descanso semanal, de forma y manera, que en estos casos se entenderán iniciadas las vacaciones al día siguiente del descanso semanal. Si el regreso de las vacaciones coincide con el día libre, éste deberá respetarse, reiniciándose el trabajo al día siguiente. b) El calendario de vacaciones se elaborará antes de la finalización del primer trimestre de cada año y, en todo caso, con un mínimo de dos meses del comienzo del mismo. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador o a la trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el personal podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. La retribución de las vacaciones no incluirá en ningún caso el pago de complementos de actividad, excepto el plus de nocturnidad para aquel personal de turno fijo de noche.» Tercero. El artículo 41 del convenio establece en la siguiente estructura retributiva: «Artículo 41. Estructura retributiva. La estructura retributiva queda como sigue: A) Salario base: Es la parte de la retribución del personal fijada por unidad de tiempo y en función de su grupo y categoría profesional, con independencia de la remuneración que corresponda por puesto de trabajo específico o cualquier otra circunstancia. El salario base se corresponde con lo que figura en anexo I. Se percibirá proporcionalmente a la jornada realizada. B) Plus de antigüedad: Se establece el mismo en la cuantía reflejada en el anexo I por cada tres años de servicio prestados en la empresa. Se percibirá proporcionalmente a la jornada realizada. C) Plus de nocturnidad: Las horas trabajadas entre las 22 horas y las 7 horas tendrán una retribución específica, según anexo I. Este complemento se percibirá igualmente en la retribución de las vacaciones para el personal con turno fijo de noche. D) Plus de domingos y festivos: Las jornadas realizadas en domingo o festivo, salvo para aquel personal contratado específicamente para domingos o festivos, tendrán una retribución según anexo I. Estos importes se abonarán por jornada trabajada en domingo o festivo, independientemente de las horas trabajadas. Para el personal que preste servicios en turno nocturno se considerará domingo o festivo trabajado si ha iniciado su jornada durante el domingo o la festividad. E) Plus de disponibilidad: Se podrán establecer turnos de disponibilidad, voluntarios, que tendrán una retribución específica por turno, según anexo I. F) Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias que se realicen tendrán una retribución específica, según artículo 43 y anexo I. G) Gratificaciones extraordinarias: Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base, más antigüedad, la primera con devengo del 1 de diciembre al 31 de mayo y abono el día 15 de junio y la segunda con devengo de 1 de junio al 30 de noviembre y abono el día 15 de diciembre. En ningún caso dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo en los contratos menores de seis meses o cuando exista acuerdo con la representación unitaria o sindical. H) Gastos de desplazamiento: La empresa se hará cargo de los gastos de desplazamiento del personal cuando: • A requerimiento de la empresa, dentro de la jornada laboral, la realización del servicio comporte la necesidad de utilizar medios de transporte. La propia naturaleza del servicio y organización del trabajo impliquen la necesidad de utilizar medios de transporte para su prestación. Ello especialmente en los desplazamientos entre servicios de tipo rural o semirural y durante su cumplimentación por cualquier trabajador o trabajadora. El abono se hará de una de las siguientes formas: • Haciéndose cargo del importe del transporte en medios públicos (autobús, taxi, etc.). • Facilitando el transporte en vehículo de la empresa. • Abonando a 0,18 euros por km si el personal se desplaza con su propio vehículo. En todo caso, los importes derivados no se cotizarán en la medida en que no superen el importe por kilómetro legalmente establecido.» Fundamentos de Derecho Primero. En cuanto a los hechos declarados probados, se obtienen de las pruebas que en ellos se indica, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS. Segundo. La demanda de impugnación de Convenio colectivo interpuesta por Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras y por Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, solicita que,se declare que el último párrafo del artículo 39 del Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, no se ajusta a derecho, ya que en la retribución de las vacaciones se han de incluir todos los complementos o retribuciones, fijos o variables, que se devenguen en la jornada ordinaria y como tales sean percibidos por los trabajadores en el desempeño de su puesto de trabajo. Frente a tal pretensión, Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), se adhiere a la demanda. AESTE, alega falta de acción y, en cuanto al fondo, se opuso a la demanda, sostiene que la nulidad de la cláusula solicitada del convenio implicaría la nulidad del artículo 39 y 41 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio colectivo relativo a la vinculación a la totalidad. LARES y FED, se oponen a la demanda y se adhieren a lo manifestado por la codemandada. El Ministerio Fiscal en su informe sostuvo que se debe desestimar la excepción de falta de acción y estimarse la demanda formulada. Tercero. AESTE sostiene que no se puede impugnar el convenio cuando en julio de 2016 tuvo lugar una reunión de la Comisión negociadora, sin que constara la ruptura de las negociaciones, sin que se pueda privar a la comisión negociadora del derecho a la negociación. Insiste en que no existe un conflicto real y actual entre las partes, lo que determina falta de acción. En relación a la falta de acción como ausencia de conflicto en la STS de 18 de julio de 2002 (Rec. 1289/2001) se razona que la denominada «falta de acción» no tiene, al menos desde la visión de los tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado que le otorgue autonomía propia. Ello ha propiciado que, según las ocasiones, se la haya identificado, y no en todos los casos acertadamente, con: A) Un desajuste subjetivo entre la acción y su titular. B) Una inadecuación objetiva del proceso elegido en relación con la pretensión ejercitada. C) La ausencia de un interés litigioso actual y real, de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativas. D) Una falta de fundamentación de la pretensión ejercitada. Como recuerda la STS de 14 de febrero de 2008 (recurso 119/2006), sobre la frontera entre el conflicto colectivo jurídico y el de intereses se ha pronunciado la Sala muchas sentencias, como las de 19 de abril de 2000 (Rec. 2980/1999), (Rec. 3380/00) y de 7 de febrero de 2006 (Rec. 23/2005), entre otras. La última de ellas precisa que conviene poner de relieve las notas identificadoras del conflicto colectivo jurídico, único que puede seguirse por los trámites previstos en la Ley Procesal Laboral. Conforme a esa jurisprudencia, se viene exigiendo la concurrencia de un triple condicionamiento para la conformación del conflicto colectivo: «el objetivo, en cuando a la generalidad del interés debatido, el subjetivo, que se refiere a los sujetos afectados, y el finalista, caracterizado por el fin perseguido con su planteamiento (...). Precisamente la nota finalista es la que marca la frontera entre el conflicto colectivo jurídico y el de reglamentación, económico o de intereses, y la distinción entre una y otra figura cobra especial interés porque implica la competencia del orden social para conocer solamente de los primeros. La impugnación de convenio presupone la controversia que puede ser solventada declarando si el convenio conculca la legalidad vigente, pues lo que se cuestiona es si un determinado precepto del convenio es ajustada a derecho o no, en tanto que el conflicto de intereses o económico tiene como finalidad la modificación (...) del orden jurídico preestablecido, es decir, cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento para pacificar la situación». En el presente caso existe un conflicto jurídico real. La demanda formulada por Federación de Sanidad y Sectores Socio sanitarios de Comisiones Obreras y por Comisiones Obreras de Construcción y Servicios persigue la obtención de una declaración de no ajustado a derecho del último párrafo del artículo 39 del Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal y, no cabe duda, que existe una efectiva controversia entre las partes y que la acción ejercitada es cauce adecuado para dilucidar quién tiene la razón, al entender los sindicatos accionantes que el precepto convencional es contrario a los preceptos y a la jurisprudencia que citan en la demanda. La Asociación demandada considera que no se puede impugnar el convenio si se está negociando. En este caso, hay interés real y actual. Se trata de una discrepancia entre las partes sobre la legalidad de un precepto del Convenio Colectivo por el que se rigen las relaciones laborales de sus respectivos ámbitos de representatividad. No hay aquí un interés futuro, sino presente y real, puesto que es un hecho indiscutido el que las asociaciones patronales demandadas se oponen a la declaración de nulidad del precepto y remiten a la negociación entre las partes del precepto que genera la controversia. La existencia de una negociación, antes e incluso después del acto del juicio, en modo alguno descarta la discrepancia. Que las partes intenten solventar el objeto litigioso al margen del cauce judicial en absoluto supone que no haya posibilidad de residenciarlo ante los tribunales. Incluso una vez iniciado el procedimiento, recaída la sentencia de instancia cabe que se alcance un acuerdo directo y que se someta a la consideración del Tribunal. Adicionalmente, la negociación del nuevo convenio no tiene por qué zanjar la discrepancia surgida con ocasión de la legalidad cuestionada del precepto cuya nulidad se postula. No se trata de decidir cómo han de ser las cosas (conflicto de intereses) sino cómo son a la vista de las normas aplicables (conflicto jurídico). La impugnación de un precepto del convenio colectivo es materia prototípica del procedimiento de impugnación de convenio y de ello se trata ahora. Por tanto, la situación derivada de un precepto del convenio denunciado que comporta consecuencias para la retribución de los trabajadores en vacaciones y los sindicatos que asumen la tutela de los derechos de tales trabajadores sí poseen acción, en términos procesales, para residenciar ante los tribunales la quaestio disputata. Cuarto. La cuestión litigiosa se centra en determinar si el último párrafo del artículo 39 del Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, se ajusta o no se ajusta a derecho, ya que según la demanda, en la retribución de las vacaciones se han de incluir todos los complementos o retribuciones, fijos o variables, que se devenguen en la jornada ordinaria y como tales sean percibidos por los trabajadores en el desempeño de su puesto de trabajo. Tal y como se refleja en el ordinal segundo del relato fáctico, el precepto cuestionado en lo que aquí interesa, dispone: «La retribución de las vacaciones no incluirá en ningún caso el pago de complementos de actividad, excepto el plus de nocturnidad para aquel personal de turno fijo de noche.» El artículo 38 ET establece que el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a 30 días naturales, no concretando, por consiguiente, que conceptos deben integrar dicha remuneración, por lo que la jurisprudencia ha venido resolviendo en los distintos supuestos que se han planteado, qué conceptos retributivos deben integrar la remuneración de las vacaciones. La jurisprudencia más reciente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la manera en la que han de retribuirse las vacaciones se contiene en la S Tribunal Supremo Sala 4.ª, S 29-9-2016, n.º 789/2016, rec. 233/2015 y en las sentencias de Pleno n.º 497/2016 y 591/2016, de 8 y 30 de junio de 2.016 (recursos 207/2015 y 45/2015). En ellas se lleva a cabo un extenso estudio del alcance del artículo 7 del Convenio 132 OIT, en relación con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 7, y de la STJUE 22/07/2014, asunto Lock, doctrina contenida en ésta sobre la que esas sentencias afirman que no resuelve todos los problemas que puedan plantearse en relación con el asunto discutido, ante la no eficacia horizontal directa de la Directiva. Por ello, en el fundamento de derecho decimotercero de la segunda de las sentencias de esa Sala citadas, se viene a establecer la nueva doctrina jurisprudencial, en la que se dice que «... si bien hasta la fecha hemos mantenido que el Convenio Colectivo puede válidamente limitar los elementos salariales de la jornada «ordinaria» que hayan de retribuirse en vacaciones, apartándose así de la «remuneración normal o media», siempre –se decía– que en cómputo anual se respetasen los mínimos indisponibles de Derecho necesario (FJ Sexto), de todas formas tal criterio ha de ser rectificado –y se rectifica por esta sentencia–, atendiendo a que tanto la doctrina del TJUE –elemento interpretativo de nuestro régimen normativo y convencional–, como el art. 7.1 Convenio 132 atienden a la «remuneración normal o media», si bien –artículo 7.1 citado– «calculada en la forma» que pudiera acordar –entre otras posibilidades– la negociación colectiva». Argumenta la STS de 29 de septiembre de 2016 antes citada: «… Pues bien, aclarado ello nos parece razonable entender que aunque la fijación de esa retribución («normal o media») por parte de la negociación colectiva admita un comprensible grado de discrecionalidad, pues a ello indudablemente alude la expresión «calculada en la forma...» que el citado artículo 7.1 del Convenio 132 utiliza, de todas las maneras la misma no puede alcanzar la distorsión del concepto «normal o media»- hasta el punto de hacerlo irreconocible, puesto que se trata concepto jurídico indeterminado y como tal ofrece: a) Lo que se ha denominado «núcleo» –zona de certeza–, que parece debe integrarse, en su faceta «positiva» por los conceptos que integran la retribución «ordinaria» del trabajador individualizado, como por ejemplo, el salario base, los conceptos –complementos– debidos a «condiciones personales» del trabajador (antigüedad, titulación, idiomas...) y a circunstancias de la «actividad empresarial» (toxicidad; penosidad; peligrosidad...), que siempre son percibidos por los trabajadores individualmente considerados; y en su faceta «negativa», por términos generales, los conceptos retributivos extraordinarios (con carácter general y sin perjuicio de su excepción en singulares circunstancias, los bonus; determinados incentivos; horas extraordinarias...). b) El llamado «halo» –zona de duda–, que bien pudiera estar integrado por complementos atribuibles a circunstancias relativas al concreto «trabajo realizado» (esporádica nocturnidad; aislada turnicidad; las mismas horas extraordinarias, pero dotadas de una cierta reiteración...), y cuya calificación –como retribución ordinaria o extraordinaria– dependerá de las circunstancias concurrentes (particularmente la habitualidad en su ejecución), y que es precisamente el punto en el que puede operar una cierta discrecionalidad de la negociación colectiva. Planteamiento, que por fuerza impone a los Tribunales un examen casuístico que en cada supuesto lleve a una conclusión que sea respetuosa con las prescripciones legales, nacionales y de la UE, pero a la vez satisfaga –y este ha de ser el norte de la interpretación judicial– la finalidad de efectivo descanso que persigue la figura de vacaciones retribuidas». En el presente supuesto el Convenio colectivo excluye expresamente de la retribución de las vacaciones «el pago de complementos de actividad» exceptuando el plus de nocturnidad para aquel personal de turno fijo de noche y la Sala considera que, la aplicación del artículo 7.1 del Convenio 132 OIT y de la doctrina jurisprudencial citada nos conducen a declarar que la retribución de vacaciones se debe integrar con el promedio de lo percibido regular y habitualmente por los trabajadores sin que se puedan exceptuar con carácter general, tal y como se recoge en el convenio, el pago de complementos de actividad porque, tiene declarado la Jurisprudencia que la retribución de las vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales (retribución normal o media) obtenida por el trabajador en la época de actividad, lo cual es acorde con su finalidad: garantizar el disfrute efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del trabajo habitual; en su promedio,no incluyéndose en ellos y siendo excepción los conceptos salariales de carácter extraordinarios establecidos para remunerar también actividades extraordinarias. Así, pues, para que un concepto salarial sea excluido de la retribución de las vacaciones no basta que este concepto sea debido a una circunstancia no habitual en el trabajo realizado, sino que es preciso que el trabajo mismo que se remunera sea también extraordinario. Esta interpretación hace justicia a la expresión empleada en el transcrito párrafo primero del artículo séptimo que se remite a remuneración normal y media, lo que indica que remuneraciones extraordinarias del trabajo realizado en la jornada normal han de computarse en su promedio. Quinto. De lo razonado hasta ahora se desprende que, la demanda debe ser estimada previa desestimación de la excepción de falta de acción invocada por Aeste tal y como propone el Ministerio Fiscal en su informe, sin que la Sala puede entrar a resolver por no ser objeto del presente procedimiento sobre la alegación de la demandada relativa a la nulidad del artículo 41 en relación con el artículo 10 del Convenio. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Desestimamos la excepción de falta de acción invocada por AESTE. Estimamos, la demanda formulada por don José Manuel Rodríguez Vázquez letrado en nombre y representación de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras y por don Juan José Montoya Pérez, letrado en nombre y representación de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios contra Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores –Sector Solidario– (LARES) y Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo, declaramos que el último párrafo del artículo 39 del Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, que establece: «la retribución de las vacaciones no incluida en ningún caso el pago de complementos de actividad, excepto el plus de nocturnidad para que el personal de turno fijo de noche» no se ajusta a derecho. Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el artículo 229.1.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el artículo 230 del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la calle Barquillo, 49, si es por transferencia con el número 0049 3569 92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el número 2419 0000 00 0256 16; si es en efectivo en la cuenta número 2419 0000 00 0256 16, pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista. Comuníquese la sentencia a la Autoridad Laboral y publíquese en el «Boletín Oficial del Estado». Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias. Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Audiencia Nacional: el personal de Dependencia deberá cobrar en vacaciones igual sueldo (incluye complementos)

Visto el fallo de la Sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016 dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, recaído en el procedimiento n.º 256/2016, seguido por la demanda de Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., contra la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), y la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio colectivo, Y teniendo en consideración los siguientes Antecedentes de hecho Primero. En el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de mayo de 2012, se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 25 de abril de 2012, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese centro directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (código de convenio número 99010825011997). Segundo. El 17 de noviembre de 2016 tuvo entrada en el registro general del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se declara no ajustado a derecho el último párrafo del artículo 39 del Convenio colectivo publicado en el BOE de 18 de mayo de 2012. Fundamentos de Derecho Primero. De conformidad con lo establecido en el artículo 166.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuando la sentencia sea anulatoria, en todo o en parte, del Convenio colectivo impugnado y este hubiera sido publicado, también se publicará en el boletín oficial en que aquel se hubiere insertado. En consecuencia, esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de dicha sentencia de la Audiencia Nacional dictada el día 10 de noviembre de 2016, recaída en el procedimiento n.º 256/2016 relativa al VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 5 de diciembre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Social Secretaria doña Marta Jaureguizar Serrano Sentencia n.º: 167/16 Fecha de juicio: 2/11/2016. Fecha sentencia: 10/11/16. Fecha auto aclaración: Tipo y núm. procedimiento: Impugnación de Convenios 256/2016. Ponente: Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Demandante/s: Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Demandado/s: Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE). Resolución de la sentencia: Estimatoria. Breve resumen de la sentencia: Retribución de vacaciones. VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. Complementos de actividad. La AN considera que la retribución de vacaciones se debe integrar con el promedio de lo percibido regular y habitualmente por los trabajadores sin que se puedan exceptuar con carácter general, tal y como se recoge en el convenio, el pago de complementos de actividad porque,tiene declarado la Jurisprudencia que la retribución de las vacaciones ha de comprender todos los conceptos salariales (retribución normal o media) obtenida por el trabajador en la época de actividad, lo cual es acorde con su finalidad: garantizar el disfrute efectivo del derecho a vacaciones mediante la continuidad de la percepción de la renta del trabajo habitual; en su promedio. (FJ 4). AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL Goya 14 (Madrid). Teléfono: 914007258. Equipo/usuario: GCM. NIG: 28079 24 4 2016 0000274. Modelo: ANS105 Sentencia. IMC impugnación de Convenios 0000256 /2016. Procedimiento de origen: Sobre: Impugugnación Convenios. Ponente Ilma. Sra.: Doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Sentencia 167/16. Ilma. Sra. Presidenta doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Ilmos./Ilmas. Sres./Sras. Magistrados/as: Don Ramón Gallo Llanos. Doña María Carolina San Martín Mazzucconi. En Madrid, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al margen y EN NOMBRE DEL REY han dictado la siguiente SENTENCIA En el procedimiento Impugnación de Convenios 256/2016 seguido por demanda de Comisiones Obreras de Construccion y Servicios (Ldo. Juan José Montoya Pérez) y de Federacion de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. (Ldo. José Manuel Rodríguez Vázquez) contra Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) (Ldo. José Alberto Echevarría), la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) (Ldo. Eduardo Soria Flores), Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES) (Ldo. Antonio Molina Schmind), y Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) (Ldo. Miguel Angel Cruz Pérez) sobre impunación de convenios. Ha sido ponente el Ilma. Sra. doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Antecedentes de hecho Primero. Segú ### RESUMEN: Audiencia Nacional: el personal de Dependencia deberá cobrar en vacaciones igual sueldo (incluye complementos)

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2514-2012, promovido por don Tasio Erkizia Almandoz, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, bajo la dirección de la Letrada doña Jone Goirizelaia Ordorika, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2012, que declara no haber lugar al recurso de casación núm. 1638-2011, interpuesto contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2011 en el rollo de sala núm. 14-2010. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han comparecido la Asociación Dignidad y Justicia, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica Ana Liceras Vallina, bajo la dirección de la Letrada doña Carmen Ladrón de Guevara Pascual. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, en nombre y representación de don Tasio Erkizia Almandoz, bajo la dirección de la Letrada doña Jone Goirizelaia Ordorika, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 de abril de 2012. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por Sentencia de 3 de mayo de 2011, dictada en el rollo de sala núm. 14-2010, condenó al recurrente, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo [art. 578 del Código penal (CP)], con la atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de un año de prisión y siete años de inhabilitación absoluta, imponiéndole las costas de la instancia, incluidas las de la acusación popular. La Sentencia consideró probados los siguientes hechos: «I. El acusado, Tasio Erquizia Alamandoz es mayor de edad y carece de antecedentes penales. II. El referido, el día 21 de diciembre de 2008 participó como principal orador en un acto celebrado en la localidad de Arrigorriaga (Vizcaya) en recuerdo y loa del responsable de la organización E.T.A. Jose Miguel Beñaran Ordeñana, alias ‘Argala’, quien había sido asesinado treinta años antes en la localidad francesa de Angelu. El acto fue publicitado mediante carteles pegados en las calles en los que se transcribía un texto atribuido a Argala que dice: ‘La lucha armada no nos gusta a nadie, la lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ellas se va a la cárcel, al exilio, se es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar’. Para su celebración se colocó una carpa y en su interior una tarima o escenario elevado en el que, en su lado derecho desde el punto de vista del público asistente, había, sobre un caballete, una gran fotografía del miembro de ETA cuya figura se ensalzaba; en el centro, una pantalla en la que se proyectaron fotografía de miembros encapuchados de la banda terrorista y de presos y, a la izquierda, un atril desde el que el acusado pronunció un discurso, todo ello presidido por un cartel con el lema ‘Independentzia Sozialismo 1949-1978’, en referencia a la fecha de nacimiento y muerte del llamado Argala. Durante el homenaje a ‘Argala’ actuaron bailarines o ‘dantzaris’ que ejecutaron una ‘Ezpatadantza’ o danza de espadas, baile de conmemoración y rendición de honores en el que los bailarines saludan con espadas de forma similar a la presentación de armas de los actos militares y también se ejecutó una ‘Ikurrin dantza’ o danza de la bandera en la que los danzantes adoptaron postura genuflexa frente al escenario, inclinando la cabeza hacia el suelo mientras en el centro un abanderado hondeaba la ikurriña sobre ellos, tras lo cual depositaron claveles rojos ante la fotografía de Argala. También intervinieron versolaris –improvisadores populares de versos en euskera– y músicos que tocaban instrumentos tradicionales vascos como la txalaparta, entre otros. III. El discurso del acusado Tasio Erkizia Almandoz fue el momento central del acto. En él pidió ‘una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático’ y terminó con los gritos ¡Gora Euskal Herria askatuta’, ‘Gora Euskal Herria euskalduna’ y ‘Gora Argala’ –¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria vasca! ¡Viva Argala!, gritos que fueron respondidos por el público. Previamente, al subir al escenario, Erkizia colocó un clavel rojo sobre el soporte en el que se apoyaba la fotografía de Argala. IV. El acusado no había tenido relación de amistad ni trato o contacto especial con José Miguel Beñaran Ordañana, ‘Argala’, cuya única actividad conocida fue su pertenencia, como dirigente, de ETA, grupo organizado que usando armas, explosivos y otros medios comete delitos contra aquellos que no comparten su proclamada finalidad de conseguir la independencia de ‘Euskal Herria’.» b) La Sentencia en sus fundamentos de Derecho expone: «2. El delito de enaltecimiento del terrorismo. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo previsto y penado en los artículos 578 y 579.2 del Código penal. Como se dice en los autos del pleno de esta sala de 9 de julio de 2008, citados por la defensa, ‘enaltecer’, según el Diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo de ensalzar, que significa engrandecer, exaltar, alabar. Exaltar, es elevar a alguien o a algo a gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Se coloca así al ensalzado, exaltado o alabado en una posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. El que enaltece —sujeto activo del delito— otorga a los delitos de terrorismo y a los que en ellos intervienen —autores y partícipes— la condición de modelo a seguir, otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente. ‘Justificar’ es, también según el diccionario, probar una cosa con razones convincentes o con testigos o documentos y también hacer justo algo. En el tipo penal del que tratamos equivale a argumentar a favor del terrorista, disculpar sus acciones y aproximarlas o incluirlas en los actos permitidos por el ordenamiento jurídico, pese a vulnerarlo de modo directo. En palabras del Tribunal Supremo es hacer aparecer como acciones lícitas o legitimas aquello que solo es un comportamiento criminal –STS, 2, 149/2007 de 26 de febrero–. El tipo penal exige, además, que los actos de ‘enaltecimiento o justificación’, estén dotados de una publicidad de cierta calidad y capacidad de incidencia (medios de expresión pública o difusión) y que se inscriban en una línea clara de concreto apoyo a acciones específicas de carácter terroristas en sentido estricto (ATS de 23 de septiembre de 2003). Por ello, hay que distinguir entre lo que son ‘actos’ y ‘delitos de terrorismo’ (artículos 571 a 577 Código penal) y los que sin ser actos de terrorismo, expresan públicamente alguna forma de apoyo o solidaridad moral a los hechos o a sus autores (enaltecimiento o justificación), distinción que de forma inequívoca realizó el Tribunal Constitucional en STC 199/1987, de 16 de diciembre, al resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre y cuya doctrina aparece recogida en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2002 y en el de 14 de junio de 2002. Este último matiz es de gran trascendencia, pues como expresan los autos del Tribunal Supremo citados ‘la apología, cuando se persigue penalmente, es un delito (de opinión) que versa sobre otro delito distinto, o delito-objeto: el de terrorismo, con el que no puede confundirse. De no ser así, esto es, si la apología del terrorismo fuera también delito de terrorismo, tendría que ser tratada de igual modo como delito la apología de la apología, lo que conduciría directamente al absurdo’…» «3.2 Los elementos objetivos del tipo del artículo 578 C.P. exigen, por lo que concierne al caso, que en el acto colectivo se llevara a cabo la loa de ‘Argala’ con intervención del acusado, y, como antecedente, que esa loa estuviera vinculada a la conducta terrorista del ensalzado, para lo que ha de tenerse especialmente en cuenta a efectos de valoración de la prueba que ‘en una concurrencia de personas gozan de tanta riqueza semiótica las palabras como los gestos’ (STS 20.06.2007 antes citada). Además es preciso que el acto haya tenido cierta repercusión pública, pues el tipo penal exige que el enaltecimiento se haga por cualquier medio de expresión pública o difusión. La prueba practicada conduce a afirmar la concurrencia de dichas premisas: a) De un lado, quedó patente por las imágenes vistas en el plenario que el acto es un homenaje a José Miguel Bañarán Ordeñana, ‘Argala’, pues es un acto que se celebra en su honor, con claras muestras de veneración y respeto hacia él con motivo del trigésimo aniversario de su fallecimiento. Esta conclusión la extrae el tribunal de los siguientes hechos apreciados directamente en las imágenes: 1. En el escenario –elevado sobre el nivel del suelo para que fuese perfectamente visible–, sobre un caballete, hay una gran fotografía de Argala. 2. Durante el acto se tocan instrumentos tradicionales –txalaparta, txistu, etc.– y se recitan versos improvisados en su honor. 3. Se baila una ‘ezpatadantza’ o baile de espadas, danza siempre ligada a la conmemoración o a la rendición de honores y, en nuestro caso, con esta última función pues, como claramente se aprecia en las imágenes, los bailarines saludan militarmente con las espadas a la fotografía que hay sobre el estrado 4. También bailan una Ikurrin dantza o baile de la bandera en la que se ondea la Ikurriña sobre la cabeza humillada de los danzantes, que están en postura genuflexa de frente al estrado (véase también la fotografía al folio 82). 5. Y, se depositan claveles rojos al pie de la fotografía como señal de respeto. Todos estos gestos no pueden interpretarse sino como que el acto tenía por finalidad la loa de Argala. Por último, que en él interviene el acusado como máximo protagonista es algo inconcuso y está admitido por él mismo tanto en fase de instrucción como en el plenario. b) De otro lado, que la loa tenía por objeto la conducta terrorista del homenajeado queda patente por varios hechos, singularmente porque: 1. A José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, no se le conoce otra actividad que la terrorista. Es un hecho notorio que fue dirigente de la banda y su gran influencia en la pervivencia del terrorismo etarra tras la instauración del Estado democrático. 2. Así quedó acreditado, además, por las declaraciones del testigo miembro del Cuerpo Nacional de Policía con número 77.665 que ratificó los dos informes que constan en la causa sobre quién era Argala y su participación en la actividad de ETA y por los propios carteles que convocaban al acto y en los cuales aparece una leyenda con palabras de Argala en las que dice que ‘La lucha armada no nos gusta a nadie, la lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ellas se va a la cárcel, al exilio, se es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar’ (por todos, folio 50 de autos). 3. Durante el acto se proyecta en una pantalla situada en el centro del escenario imágenes en las que se ve a varios encapuchados sentados tras una mesa con los símbolos y anagrama de ETA, así como imágenes de presos. c) Finalmente, la aparición de la noticia en los medios de difusión, periódicos y noticiarios de televisión, es prueba de la repercusión pública del acto, como afirma la tan citada STS de 20.06.2007. 3.3 El acusado se prestó voluntariamente a participar como protagonista en un acto que, como se acaba de exponer, era un claro homenaje a un terrorista –condición que no se pierde por haber sido a su vez víctima de otros delincuentes que lo asesinaron–, y a su vista, ciencia y paciencia se desarrolló toda él que siempre giró en torno a la rendición de honores, loa, elogio y alabanza de ‘Argala’, por lo que no es razonable ni creíble la explicación de que se trataba sólo de un recordatorio dentro de un acto político. Es más, si el acusado se hubiera limitado a pronunciar un discurso estrictamente político en defensa de la independencia del País Vasco y el socialismo su conducta no sería reprochable, pues España es una democracia tolerante, no militante; es decir, no se exige la adhesión a los postulados constitucionales sino que se puede defender cualquier idea –incluso el cambio de la estructura del Estado, de la forma política o la secesión de éste– siempre que se haga por medios democráticos -lo que excluye radicalmente la violencia y no se vulneren o lesiones los derechos fundamentales. Sin embargo, el acusado no hace eso sino que, con ambigüedad calculada pide ‘una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático’, terminando su discurso con el grito de ‘¡Gora Argala!’ —¡Viva Argala!— ante cuya fotografía había depositado un clavel rojo. Por lo tanto, del contexto en el que se produce su intervención, de su actitud y de sus palabras y gestos se extrae su voluntad de exaltar la figura de José Miguel Bañarán Ordeñana, Argala, cuya única actividad conocida es la de terrorista y al que se presenta como héroe e icono de la ‘lucha del pueblo vasco’ por el socialismo y la independencia.» c) El demandante de amparo formuló recurso de casación, alegando, entre otros motivos, la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], argumentando que la exteriorización de las ideas o de las propias convicciones, asociadas al ideario político de cada uno, solo podrían ser consideradas manifestaciones ilícitas cuando lleve aparejada una injerencia violenta o intimidatoria o cuando se hagan manifestaciones contrarias a derechos o se ensalcen a organizaciones terroristas. Esas circunstancias no habrían concurrido en este caso ya que en los hechos probados no aparece ninguna expresión en que se ensalce actividades terroristas, toda vez que la expresión «¡Gora Argala!» lo único que da es muestras de afecto a una persona en el marco de un homenaje familiar e íntimo al que acudieron 50 familiares y amigos en el trigésimo aniversario de su fallecimiento. d) La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2012, acordada en el recurso de casación núm. 1638-2011, declaró no haber lugar al recurso. El concreto motivo de casación referido a la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] fue desestimado en el fundamento de derecho cuarto, tras hacer una exposición en que se justificaba la constitucionalidad del precepto, con la siguiente argumentación: «1. Se alega que la condena se ha producido imputándose al acusado una manifestación ‘Gora Argala’ que se considera como loa a un terrorista miembro de ETA, pero la conducta del Sr. Erkizia no supone sino la libre expresión de un discurso político en el marco de una confrontación ideológica propia de un Estado de derecho, en el que el pluralismo político es la base, y donde se explicó la posición de la izquierda abertzale con respecto a la coyuntura política del momento, y el recuerdo a una persona fallecida de la que se ha sido amigo, sin otra trascendencia. 2. … En nuestra STS núm. 299/2011, de 25 de abril, indicamos que ‘ciertamente el tipo penal de la exaltación/justificación en la doble modalidad del crimen o de sus autores, en la medida que constituye una figura que desborda la apología clásica del art. 18, puede adentrarse en la zona delicada de la sanción de opiniones, por deleznables que puedan ser consideradas, y, lo que es más delicado, pueden entrar en conflicto con derechos de rango constitucional como son los derechos de libertad ideológica y de opinión, reconocidos, respectivamente en los arts. 16.1 y 20.1 a) de la Constitución. Es por ello que, reconociendo la tensión que existe entre este delito y el derecho a la libre expresión de ideas y libertad ideológica, (como expresamente se reconoce en la sentencia de esta Sala 585/2007 de 20 de junio), la labor judicial, como actividad individualizada que es, en un riguroso análisis, caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o expresiones producidas así como la ocasión y el escenario en el que fueron pronunciadas y, en fin, todas las circunstancias concurrentes, para determinar si está dentro del ámbito del tipo penal o extramuros de él, sin olvidar que el principio favor libertatis debe jugar, necesariamente en los casos de duda, ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión e ideológica que podrían quedar afectados por el tipo penal, derechos que constituyen una de las más acusadas señas de identidad de la Sociedad Democrática. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el delito de exaltación/justificación del terrorismo o sus autores se sitúa extramuros del delito de la apología clásica del art. 18 CP, pero sin invadir ni cercenar el derecho de libertad de expresión. Zona intermedia que, como ya hemos dicho, debe concretarse cuidadosamente caso a caso. ¿Cuál es esa zona intermedia? se pregunta la sentencia referenciada 224/2010.Y a ello se responde que, ‘de acuerdo con la concreta previsión contenida en la Exposición de Motivos de la Ley 7/2000, el bien jurídico protegido estaría en la interdicción de lo que el TEDH –SSTEDH de 8 de julio de 1999, Sürek vs Turquía, 4 de diciembre de 2003, Müslüm vs Turquía y también nuestro Tribunal Constitucional STC 235/2007 de 7 de noviembre– califica como el discurso del odio, es decir la alabanza o justificación de acciones terroristas, que no cabe incluirlo dentro de la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de exposición o ideológica en la medida que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella Comunidad que lo sufre, porque el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva en el aterrorizamiento colectivo como medio de conseguir esas finalidades. Es claramente un plus cualitativamente distinto del derecho a expresar opiniones arriesgadas que inquieten o choquen a sectores de una población, porque la Constitución también protege a quienes la niegan –STC 176/1995–, y ello es así porque nuestra Constitución no impone un modelo de ‘democracia militante’. No se exige ni el respeto ni la adhesión al ordenamiento jurídico ni a la Constitución. Nada que ver con esta situación es la alabanza de los actos terroristas o la apología de los verdugos. Como ya dijo esta Sala en la sentencia 633/2002 de 21 de mayo, la opción independentista puede y tiene cabida y legitimidad dentro del pluralismo político, y de hecho hay partidos que sostienen tal ideología y que ostentan responsabilidades políticas en algunas Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es, al socaire de una legítima opinión independentista, tratar de imponerla con el indisimulado propósito de exterminar el pluralismo político mediante los más graves actos de aterrorización social. Esta consciente confusión entre la opción independentista y el exterminio del disidente, tiene una de sus manifestaciones más claras en la atribución a los terroristas de ETA la condición de ‘presos políticos’ por el entorno social que apoya el terrorismo. Se trata de una burda manifestación de la reinvención del lenguaje que constituye uno de los símbolos de la dinámica terrorista, que, en ocasiones, de forma inconsciente y por frivolidad acaba formando parte del lenguaje coloquial, de forma tan acrítica como censurable. En la jurisprudencia reciente, cabe recordar también que la STS 31/2011, de 2 de febrero, decía textualmente que ‘en esta clase de delitos es importante, no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con los que han sido utilizados, pues evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la responsabilidad por un delito de enaltecimiento del terrorismo, es preciso determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada ocasión concreta’. En la sentencia de esta Sala núm. 676/2009, de 5 de junio de 2009, se abordan hechos relativos a la designación de ‘reina y dama’ de las fiesta de la localidad a dos personas condenadas por delitos de terrorismo relacionados con ETA. Los acusados exhibieron también unas fotos o monigotes, como dice la sentencia, en el salón de Pleno del Ayuntamiento y por las calles de la localidad. La Audiencia Nacional les condenó como autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo. La sentencia de casación –ciertamente con un voto particular– desestimó el recurso interpuesto, destacando que se trataba el aplicado de un tipo específico descrito por el Legislador sin tacha de constitucionalidad, consistente en ensalzar, encumbrar o mostrar como digna de honra la conducta de una determinada gravísima actuación delictiva, como es la de los elementos terroristas. Y que el propio carácter del fenómeno terrorista justifica ampliamente tal previsión legislativa que enfrenta una fenomenología delictiva de enorme importancia social, en la que incluso personas o grupos inicialmente ajenos a la propia actividad ilícita contribuyen a ella, reforzando su actuación mediante mensajes de justificación y claro apoyo. Y se destaca en esta sentencia que, por ello ha de tenerse muy presente que ni se trata en modo alguno de una simple criminalización de opiniones discrepantes ni el fundamento y el bien jurídico protegido en este caso es la defensa de la superioridad de ideas contrarias a aquellas que animan a esta clase de delincuentes, sino que, muy al contrario, la finalidad es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático. Pues bien, situándonos en el sabido contexto en que se producen los hechos objeto de enjuiciamiento, es claro que en el País Vasco existe, desde hace tiempo, una facción criminal que propugna la independencia política respecto del resto del Estado del Reino de España por medios violentos, expresados en asesinatos, estragos, extorsiones y amedrentamientos de los núcleos de población que mayoritariamente han optado por la democracia como medio pacífico de expresión de las ideas. Su rechazo, es obvio, que debe hacerse tanto a través de la necesaria criminalización y castigo, con graves penas, de esas conductas y sus autores, como mediante su expulsión del mundo democrático del que voluntariamente se han apartado al recurrir al crimen como medio de actuar sobre la realidad política. 3. Y ciertamente, en ese contexto es donde tienen lugar los hechos declarados probados. En el presente caso nos encontramos con un acto de indudable ‘homenaje’ a un dirigente de la organización terrorista ETA. Organización que viene atemorizando y causando dolor a la sociedad española en general, y a la vasca en particular, durante ya más de cincuenta años. La sala de instancia examina el entorno y circunstancias en los que se producen las manifestaciones del acusado. La convocatoria de una manifestación en un espacio público, realizada con fotografías y textos de un miembro de ETA, militante activo hasta su fallecimiento, hondeando la ikurriña, con ejecución de bailes de rendición de honores, en ese acto y circunstancias el acusado realiza su intervención, colocando un clavel rojo sobre el soporte en que se apoyaba una gran fotografía de Argala, y tomando después la palabra, acabó profiriendo como final de su actuación los gritos de ‘Gora Euskal Herria askatuta’, ‘Gora Euskal Herria euskalduna’ y ‘Gora Argala’, a los que respondió el público convocado. Debe significarse que, (a diferencia de lo acontecido en otras ediciones de la conmemoración del aniversario con respecto a otros oradores) no es el contenido de las palabras pronunciadas en su discurso por el Sr. Erkizia recogidas parcialmente en el factum, y reflejadas en la grabación, que fue reproducida ante el acusado y el tribunal de instancia –siendo invocada por el acusado y su defensa repetidamente, a pesar de su impugnación en este recurso–, por independentista y contrario a la subsistencia del actual sistema constitucional, que sea, lo que resulta incompatible con el derecho a la libre expresión de ideas y libertad ideológica, sino que es el conjunto de actos desarrollados en honor del homenajeado con la participación del acusado como principal invitado, quien terminó su alocución con la expresión «gora Argala» («Arriba Argala»), estando presente en el desarrollo de la danza, música, versos y efectuación personal de ofrenda floral, lo que excede de los límites legales del ejercicio del expresado derecho constitucional. La pretendida disociación entre el estricto homenaje familiar a una persona, en el aniversario de su fallecimiento, y el enaltecimiento público de esa misma persona, en su cualidad de miembro destacado de una organización terrorista, como es ETA, no puede efectuarse. El desarrollo de todas las fase del descrito acto, con manifestación pública posterior de unas 250 personas por el casco urbano de la población, y el contexto de aquél, en un lugar tan señalado y público como los soportales de las antiguas escuelas municipales, ubicadas junto al Ayuntamiento (ver informe de la Ertzanza, f 84), no lo permiten. Se ha de tener presente que, desde luego, no estamos ante una simple criminalización de opiniones discrepantes, como también que el bien jurídico protegido se centra en combatir los actos dirigidos a la promoción pública de ‘quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático.’ (STS 5-6-09). La notoriedad de la trayectoria del citado ‘Argala’ y las circunstancias en las que se realizan los actos, permiten al Tribunal de instancia, concluir, acertadamente, que la mencionada tensión entre el derecho de libertad de expresión y la realización de los elementos del tipo del art. 578 CP, ha de resolverse a favor de éste. En el caso examinado resulta la procedencia de la condena de Tasio Erkizia, siendo su conducta penalmente incardinable en el delito de ensalzamiento, previsto y penado en dicho precepto. Sin que ello conlleve el resentimiento constitucional que se pretende. Por todo ello, el motivo ha de ser desestimado.» La Sentencia incluye un Voto particular discrepante en que se sostiene que a partir de los hechos declarados probados y teniendo en cuenta todo el contexto de la intervención del acusado en el homenaje no puede afirmase que existiera una extralimitación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión mediante una manifestación del discurso del odio. 3. El demandante de amparo aduce en su recurso que las Sentencias impugnadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], por lo que solicita su anulación. El demandante de amparo expone que los derechos a la libertad ideológica, a la participación política y a la libre expresión de ideas son derechos de especial incidencia en un sistema cuya base es el pluralismo político y que la exteriorización de las ideas, de las propias convicciones, de manera oral, escrita o con la adopción de actitudes o conductas sociales y asociadas al ideario político de cada uno, solo podrán ser consideradas manifestaciones ilícitas cuando su exteriorización lleve aparejada una injerencia violenta o intimidatoria de la libertad de otra persona o grupo, o cuando se hagan manifestaciones contrarias a derechos o se ensalcen a organizaciones terroristas, porque en ese caso se traspasa la esfera del legítimo ejercicio del derecho. En relación con ello, argumenta que la condena se ha basado en la participación en un acto político en que se realizaron reflexiones de ese carácter, por lo que la conducta desarrollada «no supone sino la libre expresión de un discurso político en el marco de una confrontación ideológica propia de un Estado de derecho». Igualmente, pone de manifiesto que en los hechos probados no aparece ninguna expresión en que se ensalce actividades terroristas, toda vez que la expresión «¡Gora Argala!» lo único que da es muestras de afecto en el marco de un homenaje familiar e íntimo al que acudieron 50 familiares y amigos a recordar a una persona en el trigésimo aniversario de su fallecimiento. En la demanda de amparo se justifica la especial trascendencia constitucional de recurso afirmando que el tipo penal de enaltecimiento del terrorismo en su doble modalidad de justificación del crimen o sus autores desborda el clásico delito de apología pudiendo entrar en conflicto con los derechos a la libertad ideológica y de expresión, lo que hace necesario un pronunciamiento del Tribunal constitucional en que se establezcan qué requisitos deben darse para deslindar el legítimo ejercicio del derecho de la comisión de un delito de enaltecimiento. 4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 3 de junio de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir que se remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el proceso de amparo. Igualmente, se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se acordó por ATC 167/2013, de 9 de septiembre, denegar la suspensión solicitada. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 26 de julio de 2013, tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones; por personada a la Procuradora doña Mónica Ana Liceras Vallina, en nombre y representación de la Asociación Dignidad y Justicia; y acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo de 20 días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC. 6. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 4 de octubre de 2013, presentó sus alegaciones interesando que se denegara el amparo solicitado. El Ministerio Fiscal afirma, en primer lugar, que las resoluciones impugnadas han hecho un detenido análisis tanto de las expresiones proferidas por el recurrente como del contexto y actuaciones desarrolladas en el marco del acto para concluir que su conducta no quedaba amparada por el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. A esos efectos, argumenta que desde la perspectiva de los derechos invocados y tomando en consideración que la condena ha sido por un delito de enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP resulta preciso analizar si las ideas expresadas por el recurrente «versaron sobre materias y se manifestaron de modo que pudieran contribuir a la formación de una opinión pública libre, como garantía del pluralismo democrático. De ser así la fuerza del derecho fundamental se convertiría en una causa de justificación que operaría como excluyente de la antijuridicidad de la conducta sancionada». En relación con ello, el Ministerio Fiscal expone la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el particular, poniendo de manifiesto la consideración de que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del odio, definido como aquel desarrollado en términos que suponga una incitación a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Así, destaca que en los hechos declarados probados se sostiene que el recurrente participó como principal orador en un acto celebrado en recuerdo y loa de un responsable de ETA, que se publicitaba mediante carteles pegados en las calles en que se transcribía un texto atribuido al homenajeado en que el que se afirmaba que la lucha armada era imprescindible para avanzar; que sobre un caballete se mostraba una gran fotografía del miembro de ETA homenajeado; que en el centro se situó una pantalla en la que se proyectaron fotografías de miembros encapuchados de ETA y que el discurso del recurrente fue el momento central del acto «y que en él pidió una reflexión para escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a un nuevo escenario democrático». A partir de ello, el Ministerio Fiscal concluye que la conducta del recurrente no puede encontrar amparo en la protección constitucional dispensada por los arts. 16.1 y 20.1 a) CE, ya que suponía «una particular manifestación personificada del conocido como ‘discurso del odio’; esto es, aquella forma de expresión que propaga, promueve o justifica el odio racial, la xenofobia y otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la intolerancia manifestada mediante un nacionalismo y etnocentrismo agresivos como los que representa la organización terrorista ETA». 7. La Procuradora doña Mónica Ana Liceras Vallina, en escrito registrado el 26 de septiembre de 2013, presentó sus alegaciones solicitando que el recurso de amparo fuera desestimado. Argumenta que la invocación del derecho a la libertad ideológica y de expresión se fundamenta en un presupuesto fáctico que no responde a la verdad objetiva que aparece reflejada en la Sentencia impugnada, ya que la condena trae causa de su participación destacada en un homenaje a un terrorista integrante de ETA hasta su muerte no solo con la manifestación de «Gora Argala», sino por sus palabras, gestos y el contexto y repercusión de su intervención. Igualmente, se afirma que esta intervención del recurrente no queda amparada por el derecho a la libertad ideológica y de expresión ya que «carece de cobertura constitucional la apología de los verdugos, glorificando su imagen y justificando sus hechos más si cabe cuando ello pueda suponer una humillación de sus víctimas». 8. El recurrente, en escrito registrado el 1 de octubre de 2013, presentó sus alegaciones ratificándose en su escrito de demanda de amparo. 9. Por providencia de 16 de junio de 2016, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto de este recurso de amparo es analizar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado los derechos fundamentales del demandante de amparo a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE], por haber sido condenado penalmente como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) con motivo de su intervención en un homenaje ciudadano tributado a una persona que había formado parte de la banda terrorista ETA en el trigésimo aniversario de su muerte producida como consecuencia de un atentado terrorista. La especial trascendencia constitucional de este recurso, en los términos formulados a efectos meramente enunciativos y ejemplificadores en la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, radica en la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de los derechos fundamentales, tenga la oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión hasta ahora no planteada ante esta jurisdicción constitucional como es el eventual conflicto que puede generar la interpretación y aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) con el derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. 2. La jurisprudencia constitucional ha destacado tanto el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas democráticos, como su carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales, como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son manifestación del discurso del odio y que cabe interpretar como incitaciones a la violencia, discriminación contra colectivos, etc. Igualmente, la jurisprudencia constitucional también ha abordado la cuestión relativa a los límites que impone el principio de proporcionalidad a la injerencia que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión supone la sanción penal de determinadas expresiones. La reciente STC 177/2015, de 22 de julio, FJ 2, destaca estos tres aspectos cuando expone lo siguientes elementos caracterizadores de este derecho: (i) El carácter institucional del derecho a la libertad de expresión. La STC 177/2015 afirma que en una jurisprudencia unánime que arranca de las tempranas SSTC 6/1981, de 16 de marzo, y 12/1982, de 31 de marzo, se subraya repetidamente la «peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión», en cuanto que garantía para «la formación y existencia de una opinión pública libre», que la convierte «en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática». De modo congruente con ello se destaca la necesidad de que dicha libertad «goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones», que ha de ser «lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor» [FJ 2 a)]. La STC 177/2015 continúa exponiendo que este carácter institucional determina que la jurisprudencia constitucional haya establecido que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática»; y que la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones «acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población», ya que en nuestro sistema «no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución … El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas» [FJ 2 b)]. (ii) El carácter limitable del derecho a la libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que alienten la violencia. La ya citada STC 177/2015 también sienta que el derecho a la libertad de expresión no es de carácter absoluto. Así, el Tribunal declara en este pronunciamiento que la libertad de expresión tiene, como todos los demás derechos, sus límites, de manera que cualquier ejercicio de ese derecho no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional, y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista, de lo que resulta que, en principio, se pudiera considerar necesario en las sociedades democráticas sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia y que, del mismo modo, la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios [FJ 2 c)]. En relación con este elemento caracterizador, en la STC 177/2015 se afirmó que, ante conductas que pueden ser eventualmente consideradas manifestaciones del discurso del odio, la labor de control constitucional que debe desarrollarse es la de «dilucidar si los hechos acaecidos son expresión de una opción política legítima, que pudieran estimular el debate tendente a transformar el sistema político, o si, por el contrario, persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia» (FJ 4). Igualmente se recodaba que «[e]n la STC 136/1999, de 20 de julio, afirmamos que ‘no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre’ (FJ 15). Del mismo modo, la utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre» (FJ 4). Y, además, que «[e]s obvio que las manifestaciones más toscas del denominado ‘discurso del odio’ son las que se proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes» (FJ 4). (iii) La proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por último, también la STC 177/2015 pone de manifiesto los riesgos derivados de la utilización del ius puniendi en la respuesta estatal ante un eventual ejercicio, extralimitado o no, del derecho a la libertad de expresión por la desproporción que puede suponer acudir a esta potestad y el efecto desaliento que ello puede generar. Así, en dicha resolución se afirma que los límites a los que está sometido el derecho a la libertad de expresión deben ser siempre ponderados con exquisito rigor, habida cuenta de la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, cuando esta libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales o intereses de significada importancia social y política respaldados por la legislación penal. A ese respecto se incide en que, cuando esto sucede, esas limitaciones siempre han de ser interpretadas de tal modo que el derecho fundamental a la libertad de expresión no resulte desnaturalizado, lo que obliga al Juez penal a tener siempre presente su contenido constitucional para «no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático» [FJ 2 d)]. En relación con lo anterior la STC 177/2015 recuerda que en este contexto de análisis la labor que debe desarrollar el órgano judicial penal consiste en valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se justifica por el valor predominante de la libertad de expresión, lo que determina que «la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible» y «constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en consideración» [FJ 2 d)]. A esos efectos, la jurisprudencia constitucional ha afirmado como justificativo de esa posición no solo que «es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito» (SSTC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2); sino también que el juez al aplicar la norma penal, como el legislador al definirla, no pueden «reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal» (STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5). 3. La concreta cuestión de la eventual incidencia que podría tener la sanción de un delito de enaltecimiento del terrorismo en el derecho a la libertad de expresión no ha sido todavía objeto de ningún pronunciamiento de este Tribunal mediante Sentencia. Ahora bien, por la similitud estructural que presentan ambos tipos penales y por su incidencia sobre el derecho fundamental invocado, resulta necesario recordar la doctrina establecida en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, en la que se analiza la constitucionalidad de los tipos penales referidos a la negación y difusión de ideas que justifiquen el genocidio. En la STC 235/2007, en relación con los delitos de genocidio se afirmaba que «la especial peligrosidad de delitos tan odiosos y que ponen en riesgo la esencia misma de nuestra sociedad permite excepcionalmente que el legislador penal sin quebranto constitucional castigue la justificación pública de ese delito, siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión» (FJ 9). Esa idea de la necesidad de que la justificación opere como una incitación indirecta a la comisión del delito fue la que determinó que la STC 235/2007 declarara la inconstitucionalidad del delito de negación del genocidio, ante la ausencia de ese elemento de incitación en su tipificación (FJ 8). E, igualmente, fue la exigencia interpretativa de que debiera concurrir ese elemento de incitación en el delito de la difusión de ideas que justifiquen el genocidio, lo que permitió mantener su constitucionalidad (FJ 9 y apartado 2 del fallo). En efecto, en relación con la tipificación penal de esta última conducta, la STC 235/2007 afirmó que «[t]ratándose de la expresión de un juicio de valor, sí resulta posible apreciar el citado elemento tendencial en la justificación pública del genocidio. La especial peligrosidad de delitos tan odiosos y que ponen en riesgo la esencia misma de nuestra sociedad, como el genocidio, permite excepcionalmente que el legislador penal sin quebranto constitucional castigue la justificación pública de ese delito, siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión; esto es incriminándose (y ello es lo que ha de entenderse que realiza el art. 607.2 CP) conductas que aunque sea de forma indirecta supongan una provocación al genocidio. Por ello, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, perseguir tales conductas, incluso haciéndolas merecedoras de reproche penal siempre que no se entienda incluida en ellas la mera adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo, que resultaría plenamente amparada por el art. 16 CE y, en conexión, por el art. 20 CE» (FJ 9). Esta exigencia de que la sanción penal de las conductas de exaltación o justificación de actos terroristas o de sus autores requiere, como una manifestación del discurso del odio, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con el estándar del derecho de la libertad de expresión por ser necesaria esa injerencia en una sociedad democrática también aparece en el contexto internacional y regional europeo tal como se acredita con la actividad desarrollada tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea en favor de sancionar penalmente las manifestaciones de apoyo a los fenómenos terroristas o a sus autores. En el marco del Consejo de Europa, cabe destacar la aprobación del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 («BOE» núm. 250, de 16 de octubre de 2009). El art. 5.1 de este Convenio, bajo la rúbrica «provocación pública para cometer delitos terroristas», establece que «[a] los efectos del presente Convenio, se entenderá por ‘provocación pública para cometer delitos terroristas’ la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición del público de mensajes con la intención de incitar a cometer delitos terroristas, cuando ese comportamiento, ya preconice directamente o no la comisión de delitos terroristas, cree peligro de que se puedan cometer uno o varios delitos.» En el art. 5.2 se impone a los Estados parte, entre ellos España, la adopción de «las medidas necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la provocación pública para cometer delitos terroristas tal como se define en el apartado 1, cuando se cometa ilegal e intencionadamente». El informe explicativo de este convenio destacó, en relación con la sanción penal de estas conductas, los riesgos derivados de una eventual limitación desproporcionada del derecho a la libertad de expresión, enfatizando que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –se citaba la STEDH de 20 de enero de 2000, asunto Hogefeld c. Alemania– había establecido que no puede quedar amparado bajo el legítimo ejercicio de este derecho la incitación a actos terroristas violentos, por lo que ciertas restricciones a los mensajes que puedan constituir una incitación indirecta a delitos terroristas violentos están en consonancia con el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (§ 92 del informe explicativo). Igualmente se puso de manifiesto que en el origen de la definición de esta conducta de provocación pública están los documentos elaborados por el grupo de trabajo sobre apología del terrorismo del comité de expertos sobre terrorismo del Consejo de Europa (Codexter-Apologie), quien había propuesto centrarse, entre otras conductas, en las expresiones públicas de apoyo a actos terroristas o grupos (§§ 86 a 88 del informe explicativo); teniendo para ello presente tanto las opiniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como del Comisionado para los Derechos humanos del Consejo de Europa que también habían sugerido que tal disposición podría cubrir, entre otras conductas, la difusión de mensajes de elogio al autor de un ataque terrorista (§ 95 del informe explicativo). De ese modo, se concluye en el informe explicativo que si bien finalmente en el art. 5.1 del Convenio se utiliza una fórmula genérica frente a otra más casuística, permite una cierta discreción a los países para definir este delito en relación con, por ejemplo, la conducta de difundir la idea de que un acto terrorista pueda resultar necesario y justificado (§§ 96 a 98 del Informe explicativo). Por su parte, en el marco de la Unión Europea, si bien en la redacción originaria de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo («DOCE» núm. L 164, de 22 de junio de 2002), se limitaba a incluir en el artículo 4.1 la obligación de tipificar como delito la inducción a la comisión de delitos terroristas. Con ocasión de la nueva redacción dada a su art. 3.1 a) por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 («DOUE» núm. L 330, de 9 de diciembre de 2008), ya se establece que se entenderá por «’provocación a la comisión de un delito de terrorismo’ la distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la comisión de cualesquiera de los delitos enumerados en el artículo 1, apartado 1, letras a) a h), cuando dicha conducta, independientemente de que promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión de uno o algunos de dichos delitos». 4. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la eventual tensión que se podría generar entre la sanción penal de este tipo de conductas y el derecho a la libertad de expresión. A esos efectos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de la constatación de que este derecho no es ilimitado, en primer lugar, en aplicación del apartado segundo del art. 10 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), conforme al cual, su ejercicio «podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial». Igualmente, también ha sostenido que la libertad de expresión puede sufrir excepciones, en segundo lugar, en aplicación del art. 17 CEDH, conforme al cual, ninguna de las disposiciones del Convenio «podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo». En concreto, por lo que se refiere a sanciones penales vinculadas a conductas de incitación o apología del terrorismo es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que podría resultar justificada una limitación de la libertad de expresión cuando pueda inferirse que dichas conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito (por ejemplo, STEDH de 2 de octubre de 2008, as. Leroy v. France, § 43), bien sea como apoyo moral a la actividad –mediante el enaltecimiento de la propia actividad– (por ejemplo, SSTEDH de 16 de marzo de 2000, as. Özgür Gündem c Turquía, § 65; 7 de febrero de 2006, as. Halis Dogan c Turquía, § 37; 7 de marzo de 2006, as. Hocaoğullari c Turquía, § 39; 10 de octubre de 2006, as. Halis Dogan c Turquía –núm. 3–, § 35); o como apoyo moral a la ideología a través de la loa a quienes desarrollan esa actividad –mediante el enaltecimiento de sus autores– (por ejemplo, STEDH de 28 de septiembre de 1999, as. Öztürk c Turquía, § 66; 2 de octubre de 2008, as. Leroy v. France, § 43). En aplicación de esta doctrina han sido diversas las resoluciones bien de inadmisión (DDTEDH de 13 de noviembre de 2003, as. Gündüz c Turquía –núm. 2–; de 16 de junio de 2009, as. Bahceci y otros c Turquía) bien de desestimación de la lesión del derecho a la libertad de expresión (SSTEDH de 25 de noviembre de 1997, as. Zana c Turquía; de 8 de julio de 1999, as. Sürek c Turquía –núms. 1 y 3–; 7 de febrero de 2006, as. Halis Dogan c Turquía; 7 de marzo de 2006, as. Hocaoğullari c Turquía; 10 de octubre de 2006, as. Halis Dogan c Turquía –núm. 3–; 2 de octubre de 2008, as. Leroy v. France) en supuestos en que quedaba acreditado que la condena penal se derivaba de conductas que eran concretas manifestación del discurso del odio por justificar el recurso a la violencia para la consecución de objetivos políticos. En conclusión, tomando en consideración la jurisprudencia de este Tribunal sobre la incidencia de las manifestaciones del denominado discurso del odio en el derecho a la libertad de expresión –que está en línea con la preocupación que a nivel internacional y regional se ha desarrollado en relación con la necesidad de sancionar penalmente las conductas de provocación a la comisión de delitos terroristas y la eventual incidencia que ello podría tener sobre el derecho a la libertad de expresión y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el particular–, hay que concluir que la sanción penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo sancionadas en el art. 578 –«el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución»– supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores en la medida en que puedan ser consideradas como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades. Por tanto, la labor de control de constitucionalidad que bajo la invocación del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] debe desarrollarse en este procedimiento de amparo debe quedar limitada, sin entrar en aspectos de legalidad penal ordinaria referidos a la concreta aplicación del tipo penal, a verificar si en este caso las resoluciones judiciales impugnadas, al imponer la sanción penal al recurrente, han ponderado esa concreta exigencia, como elemento determinante delimitador de la constitucionalidad, de que la conducta desarrollada por el recurrente pudiera ser considerada una manifestación del discurso del odio, que incitaba a la violencia. 5. En el presente caso, como ha sido expuesto más detenidamente en los antecedentes, las resoluciones judiciales han justificado la condena del recurrente como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP), al haber considerado probado que participó como principal orador en un acto celebrado en la ciudad natal en recuerdo y loa de un responsable de la organización ETA, quien había sido asesinado treinta años antes. En concreto se destaca que aceptó intervenir en un evento de homenaje de una persona con la que no había tenido relación de amistad ni trato o contacto especial y cuya única actividad conocida fue su pertenencia, como dirigente, a la organización terrorista ETA. El acto se publicitó mediante carteles pegados en las calles en los que se transcribía un texto atribuido al homenajeado en que se menciona que «La lucha armada no nos gusta a nadie, la lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ellas se va a la cárcel, al exilio, se es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar» y para su celebración se usó una tarima en que se ubicó una gran fotografía del homenajeado; una pantalla en la que se proyectaron fotografías de miembros encapuchados de la banda terrorista y de presos; y un atril desde el que el demandante pronunció un discurso, todo ello presidido por un cartel con el lema «Independentzia Sozialismo 1949-1978», en referencia a la fecha de nacimiento y muerte del llamado homenajeado. En el acto se desarrollaron bailes conmemorativos tradicionales de homenaje con el uso de espadas de forma similar a la presentación de armas de los actos militares y adoptándose posturas genuflexas frente al escenario ante un abanderado que ondeaba la ikurriña sobre ellos, tras lo cual depositaron claveles rojos ante la fotografía del homenajeado. El discurso del recurrente fue el momento central del acto y en él pidió «una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático» y terminó con los gritos «¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria vasca! ¡Viva Argala!», gritos que fueron respondidos por el público. Previamente, al subir al escenario, colocó un clavel rojo sobre el soporte en el que se apoyaba la fotografía del homenajeado. La Sentencia de instancia argumentó que concurre el delito de enaltecimiento del terrorismo porque (i) el acto colectivo en que participó el demandante de amparo se desarrolló en loa del homenajeado, ya que se ubicó una gran foto del homenajeado sobre un escenario, se ejecutaron bailes y actuaciones tradicionales de homenaje y se depositaron claveles rojos al pie de la fotografía; (ii) esta loa estaba vinculada a la conducta terrorista del homenajeado, ya que al homenajeado no se le conocía ninguna otra actividad que la terrorista, la convocatoria se publicitó con un texto de este en que se hacía referencia a que la lucha armada es imprescindible para avanzar y durante el acto se proyectaba en una gran pantalla imágenes de varios encapuchados sentados tras una mesa con los símbolos y anagrama de ETA, así como de presos; y (iii) tuvo repercusión pública, apareciendo la noticia del homenaje en los medios de difusión, periódicos y noticiarios de televisión. Por lo que se refiere a la concreta autoría del demandante se argumenta que (i) se prestó voluntariamente a participar como protagonista en un acto que era un claro homenaje a un terrorista, condición que no se pierde por haber sido a su vez víctima de otros delincuentes que lo asesinaron, asistiendo a todo su desarrollo; y (ii) no se limitó a un discurso político reivindicativo, sino que con una ambigüedad calculada pide «una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático», terminando su discurso con el grito de «¡Gora Argala!» –«¡Viva Argala!»– ante cuya fotografía había depositado un clavel rojo. Por su parte, la Sentencia de casación confirmó la condena impuesta argumentando (i) que el contexto en que se produce la conducta enjuiciada es la existencia de un grupo terrorista que propugna la independencia política del País Vasco mediante el uso de la violencia; (ii) que el acto es de indudable homenaje a un terrorista y no un mero acto familiar como pone de manifiesto el lugar donde se desarrolló –un lugar tan señalado y público como los soportales de las antiguas escuelas municipales, ubicadas junto al Ayuntamiento–, el propio contenido del acto y la manifestación pública posterior de unas 250 personas por el casco urbano de la población; (iii) que lo incompatible con los derechos a las libertades de expresión e ideológica de la conducta del ahora demandante de amparo no es el contenido de las palabras pronunciadas en su discurso «sino que es el conjunto de actos desarrollados en honor del homenajeado con la participación del acusado como principal invitado, quien terminó su alocución con la expresión ‘gora Argala’ (‘Arriba Argala’), estando presente en el desarrollo de la danza, música, versos y efectuación personal de ofrenda foral, lo que excede de los límites legales del ejercicio del expresado derecho constitucional»; y (iv) que la condena no supone la criminalización de opiniones discrepantes, sino la sanción de un acto dirigido a la promoción pública de «quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático». 6. En atención a lo expuesto, debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas, al condenar al recurrente como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo por su participación en ese homenaje, no han vulnerado su derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. Su conducta no puede ser considerada como un legítimo ejercicio de este derecho, por ser manifestación del conocido como discurso del odio, al estar presentes todos los requisitos citados necesarios para ello: fue una expresión de odio basado en la intolerancia (el acto se publicitó mediante carteles pegados en las calles en los que se transcribía un texto atribuido a Argala que dice: «La lucha armada no nos gusta a nadie, la lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ellas se va a la cárcel, al exilio, se es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar»; con proyección de fotografías de miembros encapuchados de la banda terrorista; el recurrente pidió con ambigüedad calculada «una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático»); manifestado a través de un nacionalismo agresivo; con inequívoca presencia de hostilidad hacia otros individuos. Es cierto que la Recomendación núm. R (97) 20 del Consejo de Europa de la que parte la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es aplicable a la difusión a través de los medios de comunicación. Sin embargo, no puede obviarse en el presente caso dos ideas. Por una parte, los hechos cursaron en un acto público, lo que sin problemas puede entenderse como de eficacia perfectamente equiparable. Por otra, como reflejan las sentencias que antecedieron a ésta, el acto tuvo repercusión pública, apareciendo la noticia del homenaje en los medios de difusión, periódicos y noticiarios de televisión, dato que no podía ignorar el recurrente. Además, puede afirmarse que hubo una instigación a la violencia. Ciertamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia de 16 de julio de 2009, caso Feret c Bélgica, § 73, recuerda que «la incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo». Parece claro, pues, que si los hechos implican tal incitación a la violencia, con mayor razón pueden incardinarse en dicho discurso (SSTEDH de 29 de abril 2008, caso Kutlular c. Turquía, § 49; de 16 de julio de 2009, caso Feret c. Bélgica, § 64; de 8 de julio de 1999, caso Sürek c. Turquía, § 62). Incitar supone siempre llevar a cabo una acción que ex ante implique elevar el riesgo de que se produzca tal conducta violenta. Desde esta última perspectiva, acciones como las que nos ocupan crean un determinado caldo de cultivo, una atmosfera o ambiente social proclive a acciones terroristas, antesala del delito mismo, singularmente si se tienen en cuenta las circunstancias en las que cursaron los hechos: fue un acto público, previamente publicitado mediante carteles pegados en las calles, en un contexto en el que la actividad terrorista seguía siendo un importante problema social. Por consiguiente, es incuestionable que, para un espectador objetivo, la conducta del recurrente era idónea para contribuir a perpetuar una situación de violencia. El planteamiento efectuado no es ajeno a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, tal como ya se ha expuesto anteriormente, la citada STC 235/2007, para entender como legítima la sanción de conductas de punición de justificación del genocidio, afirmó que «será necesario que la difusión pública de las ideas justificadoras entre en conflicto con bienes constitucionalmente relevantes de especial transcendencia que hayan de protegerse penalmente. Así sucede, en primer lugar, cuando la justificación de tan abominable delito suponga un modo de incitación indirecta a su perpetración. Sucederá también, en segundo lugar, cuando con la conducta consistente en presentar como justo el delito de genocidio se busque alguna suerte de provocación al odio hacia determinados en grupos definidos mediante la referencia a su color, raza, religión u origen nacional o étnico, de tal manera que represente un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de discriminación» (FJ 9). Es más, es claro que la justificación del genocidio ex ante, en determinado ambiente social, caracterizado por un rechazo generalizado de tales doctrinas, puede ser menos peligroso para bienes constitucionales que la conducta aquí objeto de consideración, llevada a cabo en un ambiente social en el que, patentemente, resultaba mucho más fácil que prendiera la llama. El contexto en el que acaecen los hechos no es jurídicamente irrelevante (STEDH Sürek contra Turquía, de 8 julio 1999, § 62). Las resoluciones judiciales impugnadas, en su labor de interpretación y aplicación del art. 578 CP, han ponderado adecuadamente todas las circunstancias concurrentes en la conducta del demandante de amparo. Concluyen correctamente no solo la aplicación del tipo penal –sobre lo que nada tiene ahora que decir este Tribunal al no ser una cuestión controvertida en este recurso de amparo bajo la invocación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE)–; sino, especialmente, que era una conducta que no quedaba amparada dentro del contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], que es el concretamente invocado en este amparo, al tratarse de una manifestación del discurso del odio que incitaba públicamente el uso de la violencia en la consecución de determinados objetivos políticos. Al respecto, no es ociosa la cita de STEDH de 8 julio 1999, caso Sürek contra Turquía, §§ 61-62, en la que se subraya que «allí donde las declaraciones litigiosas inciten al uso de la violencia con respecto a un individuo, un representante del Estado o una parte de la población, las autoridades nacionales gozan de un margen de apreciación más amplio en su examen de la necesidad de una injerencia en el ejercicio de la libertad de expresión». Aceptado, como aquí hemos hecho, la presencia de dicha incitación a la violencia en los hechos objeto de enjuiciamiento, se comprimen aún más los márgenes para apreciar el ejercicio legítimo del derecho invocado. En conclusión, debe denegarse el amparo solicitado por el demandante, toda vez que la sanción penal de su conducta, por ser una manifestación del discurso del odio, que incitaba a la violencia, a través del enaltecimiento del autor de actividades terroristas, la cual no puede quedar amparada dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Tasio Erkizia Almandoz. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veinte de junio de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2514-2012 Con respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con parte de la fundamentación jurídica y el fallo de esta. Considero que hubiera debido ser estimatoria por vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1.a) CE]. 1. Votos particulares en defensa de la libertad de expresión. Son numerosos los votos particulares que me he considerado obligado a formular en mi función de magistrado del Tribunal Constitucional. Algunos de ellos lo han sido para discrepar de opiniones mayoritarias que, a mi juicio, restringían los estándares mínimos de protección de los derechos a la libertad de expresión e información por haber considerado que determinadas injerencias represivas en su ejercicio eran necesarias y proporcionadas (así, SSTC 73/2014, de 8 de mayo; 18/2015, de 16 de febrero; 65/2015, de 13 de abril, y 177/2015, de 22 de junio). Como afirmé en el Voto particular formulado a la STC 177/2015 estos derechos están íntimamente ligados a la democracia y son uno de los mejores indicadores de su calidad. Todo proceso de democratización comienza con la expansión de los derechos a la libertad de expresión e información por constituirse en una regla de reconocimiento inherente a ese sistema. La libertad de expresión, como tantas veces se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional y en la internacional de los derechos humanos, es uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Todo proceso de deterioro democrático, en contraposición, comienza con la restricción de estos derechos. No es fácil mostrarse discrepante cuando la cuestión de fondo planteada es el conflicto que generan conductas tan sensibles socialmente como son las de enaltecimiento del terrorismo o de la violencia en general con el derecho a la libertad de expresión. Opiniones favorables a la preferencia por la seguridad emergentes en nuestro entorno político y cultural derivadas de la amenaza que comporta la globalización del fenómeno terrorista harían más cómodo aliarse con la imperante idea de la justificación de legislaciones de excepción. Sin embargo, la defensa de los derechos fundamentales y, especialmente, del derecho a la libertad de expresión, determina que la protección que debe dispensarse deba ser especialmente cuidadosa cuando se trate de aquellas conductas que menos consenso puedan suscitar por resultar molestas o inquietantes o por chocar con las sustentadas por el Estado o una parte cualquiera de la población. El mejor derecho se hace a veces con las personas menos deseables (Frankfurter). El haz de garantías que dispensa el derecho a la libertad de expresión no resulta relevante respecto de manifestaciones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes. Su campo de actuación es, precisamente, aquellas manifestaciones más extremas en que la discrepancia valorativa sea radical en relación con el propio sistema, por la conexión que tienen con una sociedad democrática los principios del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, a los que sirve la libertad de expresión. La grandeza de la democracia, por ser una regla de reconocimiento del propio sistema democrático, es tanto mayor cuanto más coherente sea la feroz defensa de la posibilidad de que quienes discrepen con la democracia misma así puedan manifestarlo. Ciertamente, el derecho a la libertad de expresión no es de carácter absoluto y cualquier injerencia del Estado en el ejercicio de ese derecho no puede ser considerada lesiva del mismo. En esa idea se fundamenta la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia para considerar que la conducta del recurrente, por ser una manifestación del discurso del odio, que incitaba a la violencia, a través del enaltecimiento del autor de actividades terroristas, no puede quedar amparada dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. Debo mostrar mi acuerdo con el planteamiento general de la opinión mayoritaria en lo que se refiere a la doctrina constitucional aplicable al caso, si bien considero que hubiera sido necesario profundizar en el estudio de los elementos que posibilitan la represión penal de conductas de justificación de la violencia terrorista desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. Esa profundización hubiera debido llevar a concluir, y esa es mi discrepancia principal con la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia, que en el presente caso no concurren esos elementos que hacen que la sanción impuesta al demandante resulte necesaria y proporcionada desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. 2. La represión penal de conductas de justificación de la violencia terrorista es legítima en el marco de la libertad de expresión. El planteamiento general de la opinión mayoritaria parte del presupuesto de que la cuestión sometida a la consideración del Tribunal en el presente recurso de amparo es el conflicto que genera la interpretación y aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) con el derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. A partir de ello, y siguiendo una consolidada jurisprudencia constitucional, establece que en este contexto de análisis la labor que corresponde al órgano judicial penal consiste en valorar, como cuestión previa a la propia aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se justifica por el valor predominante de esta. Respecto de esa valoración la opinión mayoritaria realiza un interesante análisis —que se ha incluido en la Sentencia— sobre el tratamiento de esta materia en la jurisprudencia constitucional, en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en dos instrumentos normativos regionales como son el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, y la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, en la redacción dada tras la reforma por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008. La conclusión que obtiene de este análisis la opinión mayoritaria es que la sanción penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores solo en el caso en que dichas conductas propicien o alienten, aunque sea de manera indirecta, a la violencia terrorista, poniendo en una situación de riesgo a las personas o derechos de terceros o al propio sistema de libertades. Comparto este planteamiento general de la opinión mayoritaria porque supone una necesaria clarificación de los límites constitucionales a la intervención penal en relación con las conductas de enaltecimiento del terrorismo, bien a través de justificación de la propia violencia terrorista, bien a través de la exaltación de sus autores. Me parece que es fundamental en el actual contexto de emergencia de nuevas realidades terroristas que la jurisprudencia constitucional deje claro (i) que la labor de los órganos judiciales penales en la aplicación del tipo penal del art. 578 del Código penal no queda limitada a la subsunción de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, sino que, al tener también encomendado esos mismos órganos judiciales la protección de los derechos fundamentales, se les exige una previa ponderación de la injerencia que esa respuesta penal implica para la libertad de expresión; y (ii) que en esa previa ponderación lo determinante desde el punto de vista constitucional, y a cuya exigencia está sujeto el órgano judicial penal, es que la conducta enjuiciada, más allá del estricto cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos del delito de enaltecimiento del terrorismo, suponga una incitación, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista. Es de agradecer esta contundencia en la posición de la opinión mayoritaria, que incluso se ha traducido en una doble cita de la doctrina constitucional establecida en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, en que se afirmó que la constitucionalidad de la sanción penal de la difusión de ideas que justifiquen el genocidio solo resultaba posible «siempre que tal justificación opere como incitación indirecta a su comisión» (FJ 9). Tal contundencia espero que sea correctamente interpretada por los operadores jurídicos en el sentido de que este pronunciamiento constitucional implica una suerte de sentencia interpretativa en relación con el tipo penal de enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP, en la línea de lo que ya se sostuvo respecto del delito de difusión de ideas que justifiquen el genocidio en la citada STC 235/2007. Espero, en una palabra, que la jurisprudencia constitucional cumpla en esta ocasión con su función. 3. Hacía falta profundizar en los elementos que posibilitan la represión penal de conductas de justificación de la violencia terrorista desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia es clara y contundente sobre la exigencia de que la constitucionalidad de la represión penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo impone que se acredite que exista una incitación, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista. Entiendo esta opinión como un avance muy importante. Sin embargo, creo que el avance en la línea constitucionalmente exigible hubiera sido mayor si se hubiera realizado un mayor esfuerzo para profundizar en la determinación de los elementos que deben de ser tomados en consideración, desde una perspectiva constitucional, para valorar la necesidad y proporcionalidad de la injerencia de la intervención penal respecto de este tipo de conductas. El desarrollo de esta labor de concreción se hubiera visto muy favorecido, dentro del marco de lo que ha venido a llamarse el diálogo de tribunales –ya sé que algún miembro de la Sala no comparte este concepto, en el que yo insisto amablemente–, con un análisis más detallado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el gran número de ocasiones en que ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos semejantes al que se plantea en el presente recurso de amparo. A esos efectos, por ejemplo, hubiera sido esclarecedor un análisis más detenido sobre la relevancia que en esta valoración puede tener el mayor o menor impacto de difusión pública dependiendo de la naturaleza de la conducta desarrollada. Con carácter general, este tipo de conductas se suelen asociar a acciones que tienen lugar en medios de comunicación social con una amplia repercusión. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha enfrentado también a otras manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión con un inferior impacto como son la publicación de libros en forma de narraciones, ensayos académicos o incluso poemarios; la lectura de un comunicado ante 150 personas (STEDH de 1 de febrero de 2011, as. Faruk Temel c Turquía) o la participación en actos conmemorativos como es, precisamente, el que dio lugar a este recurso de amparo. A ese respecto, la STEDH de 8 de julio de 1999, as. Gerger c Turquía, en un supuesto de sanción penal por las expresiones proferidas en una ceremonia conmemorativa de diversas personas sentenciadas a muerte y ejecutadas veinte años antes por un delito de intentar subvertir el orden constitucional mediante la violencia, que fueron interpretadas como una defensa de la legitimidad de la causa independentista de parte del territorio nacional turco, afirma que «[l]a Corte observa que el mensaje del demandante fue leído solamente ante un grupo de personas que asistieron a una ceremonia conmemorativa, lo que limita considerablemente su impacto potencial sobre la seguridad nacional, el orden público o la integridad territorial» (§ 50). Del mismo modo, hubiera sido también importante comprobar la incidencia que otorga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este tipo de ponderaciones a las circunstancias personales de quien realiza la conducta. No es preciso recordar que, con carácter general, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que «[e]l artículo 10.2 apenas deja lugar para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y el debate político –en el cual la libertad de expresión reviste la más alta importancia– o de las cuestiones de interés general. Preciosa para todos, la libertad de expresión lo es muy especialmente para un cargo electo del pueblo; representa a sus electores, manifiesta sus preocupaciones y defiende sus intereses. Por consiguiente, las injerencias en la libertad de expresión de un parlamentario obligan al Tribunal a realizar un control más estricto» (STEDH de 15 de marzo de 2011, as. Otegi Mondragón c España, § 50). Esa misma apreciación la ha extendido a los supuestos concretos referidos a conductas relacionadas con la incitación al terrorismo (STEDH 23 de abril de 1992, as. Castells c. España, § 42; o, más recientemente, STEDH de 1 de febrero de 2011, as. Faruk Temel c Turquía, § 55). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha justificado esa limitación del ejercicio de la libertad de expresión en casos de personas detenidas por actos terroristas o miembros de ese tipo de organizaciones cuya finalidad fuera el justificar dichos actos (DTEDH de 20 de enero de 2000, as. Hogefeld c Alemania). Otro de los elementos que han sido relevantes en las valoraciones realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que la conducta desarrollada coincidiera en el tiempo con actos terroristas (SSTEDH de 25 de noviembre de 1997, as. Zana c Turquía, § 56; o de 2 de octubre de 2008, as. Leroy c France, § 45) o que se acreditara un contexto de violencia en que esa manifestación hubiera tenido alguna influencia. Respecto de esto último, es de destacar como la STEDH de 28 de septiembre de 1999, as. Öztürk c Turquía, en relación con el contenido de un determinado libro, señala que «el Tribunal no está convencido de que a la larga la edición de noviembre de 1988 podría haber tenido un efecto perjudicial sobre la prevención del desorden y el delito en Turquía. De hecho, el libro ha estado en venta abierta desde 1991 y, al parecer, no ha agravado la amenaza de ‘separatista’ que, según el gobierno, se habría producido antes y después de la condena del señor Öztürk» (§ 69). Por último, también resulta interesante el análisis realizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las concretas manifestaciones proferidas. A esos efectos si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que esta cuestión no es tan relevante en los casos en que puede apreciarse la existencia de una incitación directa de la violencia terrorista (SSTEDH de 7 de febrero de 2006, as. Halis Dogan c Turquía, § 37; o 7 de marzo de 2006, as. Hocaogullari c Turquía, § 39); su valoración debe ser más cautelosa cuando, a pesar de tratarse de tonos hostiles e incluso de la defensa de objetivos contrarios al orden legal y constitucional establecidos, no puedan ser identificado como defensa de actitudes violentas en la consecución de esos objetivos. Así, por ejemplo, la STEDH de 11 de diciembre de 2007, as. Karakoyun y Taran c Turquía, afirma que «aunque ciertos pasajes dibujan un cuadro extremadamente negativo de Turquía y, consecuentemente, dan a la narración un tono hostil, ello no incita la violencia, la resistencia armada o la insurrección, por lo que no constituye una manifestación del discurso del odio, lo que, desde la perspectiva del Tribunal, es un factor esencial» (§ 30). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha enfrentado también a supuestos en que el discurso podía ser considerado de una ambigüedad calculada. Ese fue el caso de la STEDH de 21 de febrero de 2008, as. Yalciner c Turquía. En esa resolución, «[e]l Tribunal aprecia que existe una ambigüedad deliberada en la terminología usada en el discurso del demandante en lo referente al método a adoptar en respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades. Por un lado, llamó a la acción política y, por otro, expresó una cierta justificación de la lucha armada, al describir la presencia del Ejército turco en el sudeste de Turquía como ‘ocupación’. En efecto, si bien no hacía un abierto llamamiento al uso de la fuerza y de la violencia como método de acción, tampoco la disociaba claramente del uso de la violencia» (§ 46). En relación con ello, se afirma que «[e]n estas circunstancias, por tratarse del discurso de un político que puede comprometer la paz civil del país, el Tribunal considera que la condena del demandante como tal, incluso tomando en consideración el limitado margen de apreciación del que disponen los estados en esta materia, podría ser considerado razonablemente una respuesta a una ‘necesidad social imperiosa’. Las razones expuestas por las autoridades para justificar la condena del demandante eran ‘relevantes y suficientes’» (§ 47). La Sentencia continua afirmando que, «[e]n cualquier caso, el Tribunal debe también tomar en consideración la naturaleza y la severidad de las sanciones para valorar la proporcionalidad de la injerencia. Se comprueba que en este caso el demandante fue condenado inicialmente a una pena de prisión de un año y un mes» (§ 48). A partir de esto concluye que, a pesar de posteriormente se suspendiera su ejecución estableciendo una serie de condiciones, existió una vulneración del art. 10 CEDH porque la injerencia que para su libertad de expresión suponía esa condena resultaba desproporcionada para los fines legítimamente perseguidos. 4. Los órganos judiciales omitieron una ponderación específica sobre el derecho a la libertad de expresión. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, como ya se ha expuesto, incide especialmente en que los órganos judiciales penales, dentro de su función de protección de los derechos fundamentales, deben valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que se enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión. Citando la STC 177/2015, de 22 de julio, establece además que «la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible» y «constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en consideración» [FJ 2 d)]. En atención a esto, pero de una manera casi apodíctica, la opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia sostiene que las resoluciones judiciales impugnadas, en su labor de interpretación y aplicación del art. 578 CP, han ponderado adecuadamente todas las circunstancias concurrentes en la conducta del demandante de amparo y han concluido correctamente no solo la aplicación del tipo penal; sino, especialmente, que era una conducta que no quedaba amparada dentro del contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], al tratarse de una manifestación del discurso del odio que incitaba públicamente al uso de la violencia en la consecución de determinados objetivos políticos. No comparto esa opinión. Si se pone en relación esta obligación de ponderación de los órganos judiciales penales con la circunstancia, también señalada, de que la legitimidad de la injerencia penal en el ejercicio de la libertad de expresión en este tipo de conductas queda estrictamente vinculada a que se acredite que supone una incitación, aunque sea indirecta, a la comisión de ilícitos penales, poniendo en riesgo los derechos de terceros o el propio orden constitucional, habría que haber concluido que en este caso las resoluciones judiciales impugnadas no habían hecho esa valoración previa. En efecto, partiendo de la base de que el art. 578 CP se sanciona «el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución», ambas resoluciones judiciales se han centrado, a mi juicio de manera evidente, en una labor estrictamente formal de interpretación y aplicación del citado precepto penal limitándose a constatar (i) que, conforme a su tenor literal, se sanciona, entre otras, la conducta de enaltecimiento de quienes hayan participado en la ejecución de delitos terroristas; y (ii) que la conducta desarrollada por el recurrente constituía el enaltecimiento de una persona que treinta años antes había formado parte de una organización terrorista. Sin embargo, a tenor de la amplia transcripción que se ha realizado en los antecedentes, no han llevado a cabo la labor de ponderación que les correspondía como garantes de los derechos fundamentales, ya que no han hecho un análisis previo de verificación acerca de (i) si la conducta desarrollada por el recurrente podría ser considerada un legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en atención a que no era susceptible de ser valorada como una incitación, aunque fuera indirecta, a la comisión de ilícitos penales; (ii) o, por el contrario, si no quedaba amparada por el ejercicio de ese derecho al poner de manifiesto que constituía un riesgo para los derechos de terceros o el orden constitucional derivado de su potencial efecto, aunque fuera indirecto, para incitar a la comisión de ilícitos penales. La ausencia de esa ponderación previa constituye en sí misma, según la jurisprudencia del Tribunal, una vulneración de este derecho fundamental a la libertad de expresión que hubiera debido implicar la necesidad de que este recurso de amparo fuera estimado. 5. No es acertada la valoración sobre la concurrencia en el presente caso de una conducta que incitaba a la violencia terrorista. La opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia concluye que en el presente caso la condena del recurrente no vulnera su derecho a la libertad de expresión porque su conducta incitaba a la violencia a través del enaltecimiento del autor de actividades terroristas. Los argumentos en que se sustenta esa conclusión son (i) que, si bien la conducta no se desarrolló en un medio de comunicación, lo fue en un acto público que puede ser considerado como de eficacia equiparable al ser recogido por los medios de comunicación; (ii) que la conducta del recurrente fue una expresión de odio basada en la intolerancia manifestado a través de un nacionalismo agresivo con inequívoca presencia de hostilidad hacia otros individuos, como acreditaría el hecho de que el acto se publicitó mediante carteles pegados en las calles en los que se transcribía un texto atribuido al homenajeado en que se destaca que «la lucha armada es imprescindible para avanzar», se proyectaban fotografías de miembros encapuchados de la banda terrorista y de que el recurrente pidió con ambigüedad calculada «una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático»; y (iii) que esa conducta era idónea para incitar a la violencia y contribuir a perpetuar una situación de violencia, ya que creaba un determinado caldo de cultivo, una atmósfera o ambiente social proclive a acciones terroristas en un contexto en el que la actividad terrorista seguía siendo un importante problema social. Discrepo de esta argumentación. Considero que la reacción punitiva del Estado imponiendo una sanción penal privativa de libertad de un año y siete años de inhabilitación absoluta al demandante de amparo por la conducta que desarrolló en el homenaje a «Argala» no era necesaria ni proporcionada, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, por no poder ser considerada una incitación, aunque fuera indirecta, a la violencia terrorista. Las razones en las que sustento esta conclusión son las siguientes: (i) La opinión mayoritaria ha utilizado para analizar la conducta del recurrente un contexto muy amplio formado por conductas y actos que, a partir de la declaración de hechos probados de las Sentencias impugnadas, no cabe imputar al demandante de amparo. Las circunstancias, por ejemplo, de que el acto se convocara mediante una cartelería en que aparecía una determinada expresión imputada al homenajeado sobre la necesidad de la lucha armada o que durante su desarrollo se emitieran fotografías de personas encapuchadas pertenecientes a una organización terrorista no puede ser utilizadas sin más para valorar las acciones del recurrente. Las resoluciones judiciales dejan claro que el demandante fue invitado por los organizadores del homenaje para dirigir unas palabras a los asistentes en el marco de ese acto conmemorativo, sin establecer ninguna otra vinculación ni con la organización del evento ni con su desarrollo. El mero hecho de la tolerancia que podría atribuirse al demandante de amparo por la asistencia a ese acto en las condiciones en que estaba convocado y con su concreto desarrollo no puede resultar relevante. Parece razonable considerar que si ninguna responsabilidad se estableció respecto de quienes hubieran tomado esas concretas decisiones, mucho menos lo puede ser ahora respecto de quien acudió al acto como mero invitado. Si se trató, tal como se establece en las resoluciones impugnadas, de un acto que por celebrarse en un espacio público fue debidamente comunicado y no clandestino, no pueden ahora utilizarse como elementos valorativos en contra del recurrente aspectos –como es su publicitación– respecto de los que también el Estado mostró tolerancia. (ii) Por tanto, los aspectos relevantes de su actuación que eran susceptibles de ser valorados en nuestro control de constitucionalidad debían haber quedado limitados a aquellos que en la declaración de hechos probados se le atribuían. En concreto, el apartado III de esa declaración hacía constar lo siguiente: «El discurso del acusado Tasio Erkizia Almandoz fue el momento central del acto. En él pidió ‘una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático’ y terminó con los gritos ‘¡Gora Euskal Herria askatuta!, ¡Gora Euskal Herria euskalduna! y ¡Gora Argala!’ –‘¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria vasca! ¡Viva Argala!’–, gritos que fueron respondidos por el público»; añadiendo que «[p]reviamente, al subir al escenario, Erkizia colocó un clavel rojo sobre el soporte en el que se apoyaba la fotografía de Argala». En mi opinión, esa concreta conducta desarrollada por el recurrente no tiene la entidad suficiente como para que pueda considerarse, más allá de la indudable exaltación y homenaje a la figura del conmemorado que se celebraba precisamente en la plaza de su pueblo natal que lleva su apodo –Argala–, que suponía una incitación, aunque sea indirecta, a la comisión de ilícitos terroristas o de cualquier otro modo evidenciara un riesgo más o menos inminente para los derechos de terceros o el orden constitucional derivado de la comisión de ilícitos penales. Es más, incluso si se aceptara la petición de principio de que la expresión pedir «una reflexión para escoger el camino más idóneo, el camino que más daño haga al Estado» pudiera aisladamente interpretarse como que ese camino es el camino de la violencia terrorista; creo que en el contexto completo de la expresión recogida en las sentencias, en que se añade que el demandante hacía una expresa indicación de que es un camino «que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático», se despeja cualquier duda en relación a que no puede derivarse de sus palabras una defensa de la violencia terrorista. Por tanto, a pesar de que la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia insiste en afirmar que esta manifestación del recurrente responde a una ambigüedad calculada, la expresa referencia a un nuevo escenario democrático, con el contenido material que ello implica de respeto, entre otros, a los principios de pluralidad y tolerancia, impediría a cualquier espectador objetivo identificar en las expresiones del demandante de amparo una apelación al uso de medios violentos. Por lo demás, si se atiende a la existencia de otras afirmaciones del demandante en aquel acto que, aunque no están contenidas en la declaración de hechos probados, sí están recogidas como transcripción literal en el apartado primero del Voto particular del Magistrado don Joaquín Giménez a la Sentencia de casación a partir del visionado de los videos aportados como prueba, queda más evidenciado que su discurso nada tenía que ver con la incitación a la violencia. Al contrario, representa una toma de posición, en el marco del debate entonces imperante dentro de la izquierda abertzale, en favor de continuar por otras vías pacíficas el proceso de independencia. Solo de ese modo puede entenderse la expresión de que «hemos conseguido en estos 30 años con mucho sufrimiento, esfuerzo y trabas, y también con equivocaciones pero con una entrega total llegar a una crisis de las instituciones actuales. Es necesario dar un paso más, de la resistencia a la construcción. Sin la izquierda abertzale no hay futuro para Euskalerria y ellos lo saben muy bien». La apelación al reconocimiento de errores y equivocaciones, a la necesidad de abandonar posiciones de resistencia por otras de construcción y la mención misma a la izquierda abertzale como motor del cambio no parece que pueda interpretarse en ningún caso como una incitación a persistir en la violencia terrorista como medio de consecución de objetivos políticos, sino, por el contrario, a abandonarla. (iii) Las circunstancias personales del demandante y el contexto temporal en que se desarrolla su conducta son elementos que debidamente ponderados también hubieran debido propiciar la estimación del recurso de amparo. Todos estos elementos sirven, en conjunción con todo lo destacado anteriormente, para poner de manifiesto que la conducta del recurrente está muy lejos de tener la nota de incitación, aunque sea indirecta, a la violencia terrorista exigida para negar la protección constitucional debida por el derecho a la libertad de expresión a sus manifestaciones. En efecto, en el recurrente concurre la condición de ser un destacado hombre político que, si bien en el momento en que se desarrolló el acto no ostentaba ningún cargo de representación electiva –ha sido concejal del Ayuntamiento de Bilbao desde 1979 a 1983 y ha sido diputado del Parlamento vasco desde 1984 a 1998–, sigue siendo un referente de la llamada izquierda abertzale. En ese marco, la intervención que desarrolló en el acto conmemorativo debe ser considerada una manifestación del denominado «discurso político» en que se toma una posición sobre un tema netamente de interés en el debate partidista. Por otra parte, es de conocimiento público que el demandante viene participando activamente en el proceso de reflexión interna que ya en los momentos en que tuvo lugar su intervención se estaba desarrollando en la izquierda abertzale, y que asistió a la reunión que dio lugar a la Declaración de Alsasua de 2009, siendo un firme defensor de la propuesta «Zutik Euskal Herria», hecha pública en febrero de 2010, de creación de un Estado vasco por medio de vías políticas y democráticas y en ausencia de violencia, en que se asumen los principios Mitchell para dar salida a la situación de la violencia terrorista en el País Vasco. Con esa trayectoria no es fácil que las palabras del demandante, pronunciadas en diciembre de 2008, puedan ser interpretadas como incitadoras a continuar en el camino de la violencia terrorista. (iv) La anterior conclusión aparece reforzada por otros dos elementos de singular importancia como son, por un lado, que la conducta del recurrente se desarrolló en un acto conmemorativo en el que sus palabras quedaban limitadas en su difusión a las personas allí concentradas; y, por otro, determinadas circunstancias concurrentes en la persona del homenajeado. Respecto de lo primero, aunque en la declaración de hechos probados nada se dice sobre el número de asistentes, en su fundamentación se reitera la idea, no contradicha, de que los asistentes al acto eran una cincuentena de personas. De nuevo, la circunstancia de que los medios de comunicación se hubieran hecho eco del acto en sus noticieros tampoco resulta relevante en tanto que aquí lo concretamente enjuiciado no es el acto en sí –no se estaba juzgando a los promotores del homenaje– sino la posibilidad de afirmar que la conducta desplegada por el recurrente en ese acto no era una manifestación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión por tener un contenido de incitación, aunque fuera de manera indirecta, a la violencia terrorista. En relación con ello, no se ha acreditado que lo difundido por los medios de comunicación fuera el concreto contenido de la intervención del demandante. Además, partiendo de la base de que tampoco existe ninguna prueba videográfica del contenido de su intervención, ya que los medios solo pudieron aportar la grabación del comienzo y el final de la misma, difícilmente puede concluirse que existió una difusión pública de dicha intervención en una magnitud que objetivamente pudiera implicar un riesgo. Respecto de los elementos concurrentes en la persona del homenajeado, hay que destacar (i) que había fallecido 30 años antes; (ii) que su actividad la desarrolló en un periodo histórico previo al comienzo del régimen constitucional democrático, de modo tal que, si bien no consta que nunca fuera condenado por ninguna actividad terrorista, se le asocia con la participación en el comando de ETA que el 20 de diciembre de 1973 cometió el magnicidio del entonces presidente del Gobierno durante el régimen dictatorial franquista, don Luis Carrero Blanco; y (iii) que, a su vez, había sido víctima mortal de un atentado terrorista cometido el 21 de diciembre de 1978 en Francia, que fue reivindicado por el Batallón Vasco Español. Este singular perfil del homenajeado y, especialmente, el carácter casi histórico de la actividad que pudo haber desarrollado aleja también la posibilidad de concluir en un análisis realizado por un espectador objetivo que, atendiendo a la concreta conducta del demandante y a las circunstancias concurrentes en el caso, se trataba de una acción que, a través del enaltecimiento de la figura de un terrorista, pretendía incitar públicamente a la violencia terrorista y era objetivamente idónea para ello. En conclusión, existe un conjunto de circunstancias en el caso que no permite concluir que la conducta del recurrente encierre un potencial lesivo de incitación a la comisión de ilícitos penales de tal relevancia que su castigo con una pena de prisión de un año y una larga condena de inhabilitación por siete años resulte necesario y proporcionado en una sociedad democrática que reconoce la libertad de expresión como un elemento institucional de primera magnitud en su sistema de valores. Por tanto, en mi opinión, debió haberse otorgarse al recurrente el amparo solicitado por la vulneración de su derecho a la libertad de expresión. Madrid, a veinte de junio de dos mil dieciséis.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

TC confirma condena a Tasio Erkizia Almandoz por enaltecimiento terrorismo. Con 1 voto particular por libertad expresión

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2514-2012, promovido por don Tasio Erkizia Almandoz, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, bajo la dirección de la Letrada doña Jone Goirizelaia Ordorika, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2012, que declara no haber lugar al recurso de casación núm. 1638-2011, interpuesto contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2011 en el rollo de sala núm. 14-2010. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han comparecido la Asociación Dignidad y Justicia, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Mónica Ana Liceras Vallina, bajo la dirección de la Letrada doña Carmen Ladrón de Guevara Pascual. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. El Procurador de los Tribunales don Javier Cuevas Rivas, en nombre y representación de don Tasio Erkizia Almandoz, bajo la dirección de la Letrada doña Jone Goirizelaia Ordorika, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 de abril de 2012. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por Sentencia de 3 de mayo de 2011, dictada en el rollo de sala núm. 14-2010, condenó al recurrente, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo [art. 578 del Código penal (CP)], con la atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de un año de prisión y siete años de inhabilitación absoluta, imponiéndole las costas de la instancia, incluidas las de la acusación popular. La Sentencia consideró probados los siguientes hechos: «I. El acusado, Tasio Erquizia Alamandoz es mayor de edad y carece de antecedentes penales. II. El referido, el día 21 de diciembre de 2008 participó como principal orador en un acto celebrado en la localidad de Arrigorriaga (Vizcaya) en recuerdo y loa del responsable de la organización E.T.A. Jose Miguel Beñaran Ordeñana, alias ‘Argala’, quien había sido asesinado treinta años antes en la localidad francesa de Angelu. El acto fue publicitado mediante carteles pegados en las calles en los que se transcribía un texto atribuido a Argala que dice: ‘La lucha armada no nos gusta a nadie, la lucha armada es desagradable, es dura, a consecuencia de ellas se va a la cárcel, al exilio, se es torturado; a consecuencia de ella se puede morir, se ve uno obligado a matar, endurece a la persona, le hace daño, pero la lucha armada es imprescindible para avanzar’. Para su celebración se colocó una carpa y en su interior una tarima o escenario elevado en el que, en su lado derecho desde el punto de vista del público asistente, había, sobre un caballete, una gran fotografía del miembro de ETA cuya figura se ensalzaba; en el centro, una pantalla en la que se proyectaron fotografía de miembros encapuchados de la banda terrorista y de presos y, a la izquierda, un atril desde el que el acusado pronunció un discurso, todo ello presidido por un cartel con el lema ‘Independentzia Sozialismo 1949-1978’, en referencia a la fecha de nacimiento y muerte del llamado Argala. Durante el homenaje a ‘Argala’ actuaron bailarines o ‘dantzaris’ que ejecutaron una ‘Ezpatadantza’ o danza de espadas, baile de conmemoración y rendición de honores en el que los bailarines saludan con espadas de forma similar a la presentación de armas de los actos militares y también se ejecutó una ‘Ikurrin dantza’ o danza de la bandera en la que los danzantes adoptaron postura genuflexa frente al escenario, inclinando la cabeza hacia el suelo mientras en el centro un abanderado hondeaba la ikurriña sobre ellos, tras lo cual depositaron claveles rojos ante la fotografía de Argala. También intervinieron versolaris –improvisadores populares de versos en euskera– y músicos que tocaban instrumentos tradicionales vascos como la txalaparta, entre otros. III. El discurso del acusado Tasio Erkizia Almandoz fue el momento central del acto. En él pidió ‘una reflexión [para] escoger el camino más idóneo, el camino que más daño le haga al Estado, que conduzca a este pueblo a un nuevo escenario democrático’ y terminó con los gritos ¡Gora Euskal Herria askatuta’, ‘Gora Euskal Herria euskalduna’ y ‘Gora Argala’ –¡Viva Euskal Herria libre! ¡Viva Euskal Herria vasca! ¡Viva Argala!, gritos que fueron respondidos por el público. Previamente, al subir al escenario, Erkizia colocó un clavel rojo sobre el soporte en el que se apoyaba la fotografía de Argala. IV. El acusado no había tenido relación de amistad ni trato o contacto especial con José Miguel Beñaran Ordañana, ‘Argala’, cuya única actividad conocida fue su pertenencia, como dirigente, de ETA, grupo organizado que usando armas, explosivos y otros medios comete delitos contra aquellos que no comparten su proclamada finalidad de conseguir la independencia de ‘Euskal Herria’.» b) La Sentencia en sus fundamentos de Derecho expone: «2. El delito de enaltecimiento del terrorismo. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo previsto y penado en los artículos 578 y 579.2 del Código penal. Como se dice en los autos del pleno de esta sala de 9 de julio de 2008, citados por la defensa, ‘ ### RESUMEN: TC confirma condena a Tasio Erkizia Almandoz por enaltecimiento terrorismo. Con 1 voto particular por libertad expresión

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 154-2008, promovido por doña Dolores Moreno del Arco, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Tello Borrell y asistida por el Abogado don Alberto Manzaneda Ávila, contra las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén, de 9 de enero de 2006, dictada en autos núm. 504-2005 sobre prestaciones de Seguridad Social; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006, que confirmó la anterior resolución al desestimar el recurso de suplicación formalizado por la demandante de amparo, y el Auto de 10 de octubre de 2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que inadmitió el sucesivo recurso de casación para la unificación de doctrina. Ha sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), asistido y representado por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de enero de 2008, doña Carmen Tello Borrell, en nombre y representación de doña Dolores Moreno del Arco, presentó recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la resolución del recurso, son los siguientes: a) La demandante de amparo, señora Moreno del Arco, afiliada al régimen general de la Seguridad Social, solicitó pensión de jubilación en fecha 7 de junio de 2005. La petición fue denegada por resolución de la Dirección provincial de Jaén del INSS, de 16 de junio de 2005, que razonaba que la solicitante no reunía el período mínimo de cotización de quince años de carencia genérica prescrito en el art. 161.1 b) de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado uno del art. 4 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, «ya que solo son computables 2.070 días incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias (cotizaciones efectuadas tiempo parcial)» siendo necesario reunir 5.465 días. Según los hechos probados, la demandante tiene acreditados como periodos de cotización a tiempo parcial los comprendidos entre el 1 de marzo de 1990 y el 17 de septiembre de 2002, y entre el 18 de septiembre de 2002 y 31 de mayo de 2005. b) Una vez agotada la vía previa, la actora interpuso demanda contra la denegación del INSS, que fue desestimada por Sentencia de 9 de enero de 2006 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén. Razona la Sentencia que resulta de aplicación la disposición adicional séptima LGSS, que fija las normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como el art. 3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la seguridad social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, normas que estima acordes con lo establecido en el art. 12.4 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y con el principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE, toda vez que tratan de asegurar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, lo que sin embargo no implica una igualdad absoluta entre el cómputo de las cotizaciones efectuadas por un trabajador que realiza jornada completa y uno con jornada parcial, pues las situaciones que se comparan no son idénticas, sino diferentes, existiendo una base objetiva razonable para que el cálculo de sus cotizaciones se produzca de forma distinta. En consecuencia, declara que la resolución impugnada realizó correctamente el cómputo de días de cotización para calcular el periodo de carencia, derivándose que la solicitante no reunía el periodo mínimo de cotización de quince años que reclama el artículo 161.1 b) LGSS. c) Contra la citada Sentencia interpuso recurso de suplicación la demandante de amparo, que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006. La Sentencia reitera el criterio formulado por el juzgador a quo en orden a la justificación de la diferencia normativa en las cotizaciones del contrato de trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial; regulación que no resulta a criterio de la Sala contraria al principio de igualdad y no discriminación proclamado por la Constitución. Razona que las normas aplicables establecen unas reglas especiales de cómputo de las cotizaciones para los trabajadores a tiempo parcial, plasmadas en el art. 3 del Real Decreto 1131/2002, fundamentalmente en el apartado 2 del mismo, que prevé la aplicación de un coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos, conforme a lo dispuesto en su apartado 1, con lo que se trata de asegurar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, sin que el hecho de no imponer una igualdad absoluta entre el cómputo de las cotizaciones efectuadas por un trabajador que realiza jornada completa y uno que realiza jornada parcial suponga trato discriminatorio alguno. Por consiguiente, prosigue, no se daría en la regulación actual la situación que censuró el Tribunal Constitucional en la STC 253/2004, de 22 de diciembre, que declaró inconstitucional y nulo el párrafo segundo del art. 12.4 LET, en cuanto que establecía que para determinar los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computaban exclusivamente las horas trabajadas. La actual regulación, en cambio, dice la Sala, adecúa al principio de proporcionalidad las situaciones de cotización de los trabajadores a tiempo parcial y a jornada completa, situaciones desiguales que justifican la regulación atenuada con criterios o coeficientes correctores. d) Interpuesto por la ahora demandante en amparo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la anterior Sentencia, fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2007, por falta de contradicción entre las Sentencias a contraste, toda vez que en ellas se aplicaban previsiones normativas no coincidentes. 3. La demandante de amparo denuncia la infracción del art. 14 CE, al haberse desatendido la doctrina constitucional de las SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, y 50/2005, de 14 de marzo. A su criterio, la regulación que le ha sido aplicada (disposición adicional séptima LGSS y desarrollo reglamentario) intentó atemperar el cálculo del período de cotización en el trabajo a tiempo parcial, pero no logra el fin perseguido, como acredita el caso de la recurrente en el que con quince años y dos meses de cotización a tiempo parcial ha obtenido sólo la acreditación real de 2.070 días, por lo que para alcanzar los 5.465 días requeridos precisaría de más de treinta años de cotización. Se produce, por tanto, una absoluta falta de proporcionalidad y una injustificada dificultad de acceso a la prestación. La nueva regulación legal, en suma, no elimina los vicios de inconstitucionalidad contenidos en la que fue anulada en su día por el Tribunal Constitucional, sino que incide en ellos, disponiendo para las mujeres trabajadoras a tiempo parcial un sistema de acceso a la prestación contributiva por jubilación desproporcionado, de injustificada dificultad para ser acreedor del derecho y, por darse especialmente en el empleo femenino, discriminatorio indirectamente por razón del sexo. 4. En virtud de providencia de la Sala Primera, de 26 de julio de 2010, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, solicitándose la certificación o fotocopia adverada de las actuaciones a los órganos judiciales que intervinieron en los diferentes grados jurisdiccionales, antes citados, así como la práctica de los emplazamientos correspondientes. 5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de septiembre de 2010, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del INSS, solicitó se le tuviera por personado y parte en el procedimiento. 6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Segunda de este Tribunal, de 30 de marzo de 2011, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones y el escrito del Letrado de la Administración de la Seguridad Social, a quien se tuvo por personado y parte en la representación que ostenta, acordándose abrir el plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, de conformidad con el art. 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniere. 7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de mayo de 2011, la representación procesal de la parte recurrente en amparo cumplimentó el trámite de alegaciones reiterando su escrito de demanda. 8. La representación del INSS presentó sus alegaciones con fecha 5 de mayo de 2011, solicitando la desestimación del recurso. En lo que atañe estrictamente a las quejas formuladas, destaca que los parámetros de la legislación aplicada atienden, con criterios de proporcionalidad, al esfuerzo y desgaste del trabajador a tiempo parcial, inferior al propio de quien trabaja a tiempo completo, así como a la contribución económica al sistema, diferencias sustanciales éstas que justifican la distinta regulación normativa de sus situaciones, ya que lo contrario sería discriminatorio para los trabajadores a tiempo completo. 9. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 9 de mayo de 2011, interesando la denegación del amparo solicitado. Recuerda el Ministerio público que la prestación a la que se refiere la demanda de amparo es una prestación contributiva, y por ello dependiente de las cotizaciones del sujeto protegido, y sostiene que la finalidad perseguida con el diferente trato normativo no es otra que el equilibrio económico del sistema de la Seguridad Social, esto es, su viabilidad, estableciendo requisitos adaptados a las peculiares características de las respectivas modalidades contractuales e instaurando reglas proporcionales que atienden al tiempo efectivamente trabajado en cada supuesto, para completar el período mínimo de carencia exigido en todo caso. No puede excluirse que el legislador, apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones o las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento, máxime cuando los arts. 41 y 50 CE no constriñen al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o la previsión de iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho. En atención a tales argumentos, concluye que no se ha producido la lesión del art. 14 CE, ya que los órganos judiciales han resuelto teniendo en cuenta una causa justificadora del diferente trato otorgado a la situación de la demandante de amparo y la correspondiente a los trabajadores a tiempo completo, que no es otra que la contributividad del sistema aunque sin llegar a la exigencia de una proporcionalidad estricta. 10. Por providencia de 5 de abril de 2013 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la recurrente en amparo, afiliada al régimen general de la Seguridad Social, solicitó pensión de jubilación en fecha 7 de junio de 2005, que le fue denegada por resolución de la Dirección provincial de Jaén del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de 16 de junio de 2005, porque no reunía el período mínimo de cotización de quince años de carencia prescrito en el art. 161.1 b) de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS). La resolución fue confirmada por la Sentencia de 9 de enero de 2006 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén y, posteriormente, por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006, que estimaron que la disposición adicional séptima LGSS, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, aplicada al caso, respeta el art. 14 CE, en contra de lo que aducía la recurrente. A juicio de ésta, en efecto, dicha regulación no elimina los vicios de inconstitucionalidad contenidos en la que anuló en su día este Tribunal (STC 253/2004, de 22 de diciembre), sino que reincide en los mismos, estableciendo para las mujeres trabajadoras a tiempo parcial un sistema de acceso a la prestación contributiva por jubilación desproporcionado, de injustificada dificultad para ser acreedor del derecho y, por darse especialmente en el empleo femenino, discriminatorio indirectamente por razón del sexo. 2. Planteado el presente amparo ex art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en los términos expuestos, la respuesta ha de ser forzosamente concisa e inequívoca a la luz de nuestra reciente STC 61/2013, de 14 de marzo, por la que el Pleno de este Tribunal ha declarado inconstitucional y nula la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre. En ese pronunciamiento hemos establecido que las reglas que acompañan a la previsión cuestionada en relación con el cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a una prestación de jubilación no permiten superar los parámetros de justificación y proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento introducidas no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir. Las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. Razón por la que declaramos que la norma cuestionada vulnera el art. 14 CE, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo. Por tanto, en la medida en que esta concreta previsión ya ha sido declarada inconstitucional por este Tribunal por vulnerar el art. 14 CE, y que es la que ha determinado la denegación de la pretensión de la recurrente, deberá concluirse, sin necesidad de razonamientos adicionales, que en el presente caso ha de otorgarse el amparo solicitado. 3. La determinación de los efectos del otorgamiento del amparo y el alcance del restablecimiento de la recurrente en la integridad de su derecho exigen tomar en consideración los siguientes extremos. En primer lugar, el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo impugnado, en su labor de unificación de doctrina, se ha limitado a apreciar el incumplimiento de un requisito de acceso al recurso, sin que en sí mismo implique vulneración alguna. Ello no impide, sin embargo, como ya se ha afirmado en otras ocasiones por este Tribunal (por todas, STC 49/2005, de 14 de marzo, FJ 4), que deba ser anulado en la medida en que confirma y declara firme la Sentencia dictada en suplicación, que sí es contraria al art. 14 CE, al igual que ocurre con la dictada en instancia por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén. En segundo lugar, en el presente caso resultará necesaria la retroacción de actuaciones. En relación con ella, pese a dirigirse formalmente la demanda de amparo contra las Sentencias y el Auto recaídos en el proceso laboral, debe advertirse que el recurso se opone en última instancia a la resolución del INSS que aquellas resoluciones judiciales han venido a confirmar. Teniendo en cuenta, por una parte, que no corresponde a este Tribunal seleccionar e interpretar la norma aplicable en el ámbito de la legalidad ordinaria una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma aplicada a la demandante y, por otra, que ninguna de las resoluciones judiciales que conocieron de la cuestión sustantiva se ajusta a las exigencias del art. 14 CE, será procedente restablecer el derecho vulnerado retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la resolución administrativa, que fue ratificada en el proceso, a fin de que se dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por doña Dolores Moreno del Arco y, en consecuencia: 1.º Reconocer su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). 2.º Anular las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén, de 9 de enero de 2006, dictada en autos núm. 504-2005; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006, y del Auto de 10 de octubre de 2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como la resolución de la Dirección provincial de Jaén del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 16 de junio de 2005. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al del dictado de la citada resolución administrativa a fin de que se dicte una nueva respetuosa con el art. 14 CE. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a ocho de abril de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Adela Asua Batarrita.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

Sentencia del TC: Anula sentencias anterioriores del TSJA, TS y la resolución de la Dirección provincial de Jaén del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Manuel Aragón Reyes, doña Adela Asua Batarrita, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 154-2008, promovido por doña Dolores Moreno del Arco, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Tello Borrell y asistida por el Abogado don Alberto Manzaneda Ávila, contra las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén, de 9 de enero de 2006, dictada en autos núm. 504-2005 sobre prestaciones de Seguridad Social; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006, que confirmó la anterior resolución al desestimar el recurso de suplicación formalizado por la demandante de amparo, y el Auto de 10 de octubre de 2007 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que inadmitió el sucesivo recurso de casación para la unificación de doctrina. Ha sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), asistido y representado por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de enero de 2008, doña Carmen Tello Borrell, en nombre y representación de doña Dolores Moreno del Arco, presentó recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la resolución del recurso, son los siguientes: a) La demandante de amparo, señora Moreno del Arco, afiliada al régimen general de la Seguridad Social, solicitó pensión de jubilación en fecha 7 de junio de 2005. La petición fue denegada por resolución de la Dirección provincial de Jaén del INSS, de 16 de junio de 2005, que razonaba que la solicitante no reunía el período mínimo de cotización de quince años de carencia genérica prescrito en el art. 161.1 b) de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado uno del art. 4 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, «ya que solo son computables 2.070 días incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias (cotizaciones efectuadas tiempo parcial)» siendo necesario reunir 5.465 días. Según los hechos probados, la demandante tiene acreditados como periodos de cotización a tiempo parcial los comprendidos entre el 1 de marzo de 1990 y el 17 de septiembre de 2002, y entre el 18 de septiembre de 2002 y 31 de mayo de 2005. b) Una vez agotada la vía previa, la actora interpuso demanda contra la denegación del INSS, que fue desestimada por Sentencia de 9 de enero de 2006 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Jaén. Razona la Sentencia que resulta de aplicación la disposición adicional séptima LGSS, que fija las normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como el art. 3 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la seguridad social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, normas que estima acordes con lo establecido en el art. 12.4 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) y con el principio de igualdad y no discriminación del art. 14 CE, toda vez que tratan de asegurar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, lo que sin embargo no implica una igualdad absoluta entre el cómputo de las cotizaciones efectuadas por un trabajador que realiza jornada completa y uno con jornada parcial, pues las situaciones que se comparan no son idénticas, sino diferentes, existiendo una base objetiva razonable para que el cálculo de sus cotizaciones se produzca de forma distinta. En consecuencia, declara que la resolución impugnada realizó correctamente el cómputo de días de cotización para calcular el periodo de carencia, derivándose que la solicitante no reunía el periodo mínimo de cotización de quince años que reclama el artículo 161.1 b) LGSS. c) Contra la citada Sentencia interpuso recurso de suplicación la demandante de amparo, que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, de 5 de diciembre de 2006. La Sentencia reitera el criterio formulado por el juzgador a quo en orden a la justificación de la diferencia normativa en las cotizaciones del contrato de trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial; regulación que no resulta a criterio de la Sala contraria al principio de igualdad y no discriminación proclamado por la Constitución. Razona que las normas aplicables establecen unas reglas especiales de cómputo de las cotizaciones para los trabajadores a tiempo parcial, plasmadas en el art. 3 del Real Decreto 1131/2002, fundamentalmente en el apartado 2 del mismo, que prevé la aplicación de un coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos, conforme a lo dispuesto en su apartado 1, con lo que se trata de asegurar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, sin que el hecho de no imponer una igualdad absoluta entre el cómputo de las cotizaciones efectuadas por un trabajador que realiza jornada completa y uno que realiza jornada parcial suponga trato discriminatorio alguno. Por consiguiente, prosigue, no se daría en la regulación actual la situación que censuró el Tribunal Constitucional en la STC 253/2004, de 22 de diciembre, que declaró inconstitucional y nulo el párrafo segundo del art. 12.4 LET, en cuanto que establecía que para determinar los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computaban exclusivamente las horas trabajadas. La actual regulación, en cambio, dice la Sala, adecúa al principio de proporcionalidad las situ ### RESUMEN: Sentencia del TC: Anula sentencias anterioriores del TSJA, TS y la resolución de la Dirección provincial de Jaén del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias en nombre y representación del mismo, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que figura registrado con el número 1/223/2016. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 15 de febrero de 2016.- Letrada de la Administración de Justicia.

Recursos de Asturias al Real Decreto 1058/2015, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006

Por el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias en nombre y representación del mismo, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que figura registrado con el número 1/223/2016. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 15 de febrero de 2016.- Letrada de la Administración de Justicia. ### RESUMEN: Recursos de Asturias al Real Decreto 1058/2015, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006

A propuesta de la Ministra de Igualdad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 2021, Vengo en nombrar Directora del Instituto de las Mujeres a doña María Antonia Morillas González. Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2021. FELIPE R. La Ministra de Igualdad, IRENE MARÍA MONTERO GIL

Nombramiento de la Directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas González.

A propuesta de la Ministra de Igualdad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de mayo de 2021, Vengo en nombrar Directora del Instituto de las Mujeres a doña María Antonia Morillas González. Dado en Madrid, el 4 de mayo de 2021. FELIPE R. La Ministra de Igualdad, IRENE MARÍA MONTERO GIL ### RESUMEN: Nombramiento de la Directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas González.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU. b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU. 2) Domicilio: Avda. de las Américas, 1. 3) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 4) Teléfono: 924.38.76.50. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/12/2012. d) Número de expediente: NG-011112. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Avda. de las Américas, 1. 2) Localidad y código postal: Mérida, 06800. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años desde la firma del contrato. f) Admisión de prórroga: Dos renovaciones anuales. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver Bases Jurídicas. 4. Valor estimado del contrato: 8.000.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.000.000,00 euros. Importe total: 8.000.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 50.000,00 €. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas, del 26 de diciembre de 2012. b) Modalidad de presentación: Formato papel y electrónico. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. 2) Domicilio: Avda. de la Constitución, s/n. 3) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 4) Dirección electrónica: [email protected]. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura Sobre 2. b) Dirección: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Avda. de la Constitución, s/n. c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 06800. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante con suficiente antelación. 10. Gastos de publicidad: Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 15 de noviembre de 2012. Mérida, 21 de noviembre de 2012.- Administradora Única de la 'Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU', Beatriz Maesso Corral.

Licitación del Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura, por importe total de 8.000.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU. b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU. 2) Domicilio: Avda. de las Américas, 1. 3) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 4) Teléfono: 924.38.76.50. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/12/2012. d) Número de expediente: NG-011112. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Avda. de las Américas, 1. 2) Localidad y código postal: Mérida, 06800. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años desde la firma del contrato. f) Admisión de prórroga: Dos renovaciones anuales. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver Bases Jurídicas. 4. Valor estimado del contrato: 8.000.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 4.000.000,00 euros. Importe total: 8.000.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 50.000,00 €. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:00 horas, del 26 de diciembre de 2012. b) Modalidad de presentación: Formato papel y electrónico. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. 2) Domicilio: Avda. de la Constitución, s/n. 3) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 4) Dirección electrónica: [email protected]. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura Sobre 2. b) Dirección: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, Avda. de la Constitución, s/n. c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 06800. d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante con suficiente antelación. 10. Gastos de publicidad: Deberán ser abonados por el adjudicatario según las tasas vigentes. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 15 de noviembre de 2012. Mérida, 21 de noviembre de 2012.- Administradora Única de la 'Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU', Beatriz Maesso Corral. ### RESUMEN: Licitación del Servicio de Realización y Suministro de Programas Divulgativos para su emisión a través de Canal Extremadura, por importe total de 8.000.000,00 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto por la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, una vez aprobadas las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana correspondientes al ejercicio 2015, se dispone la publicación de la información relativa a las mismas y el informe de auditoría de cuentas, para general conocimiento. Dicha información puede consultarse en la página web del Organismo: www.chguadiana.es Badajoz, 31 de julio de 2016.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, P.S. (Real Decreto 984/1989, de 28 de julio), el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Martínez Jiménez.

Las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, llenas de errores contables

En cumplimiento de lo dispuesto por la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, una vez aprobadas las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana correspondientes al ejercicio 2015, se dispone la publicación de la información relativa a las mismas y el informe de auditoría de cuentas, para general conocimiento. Dicha información puede consultarse en la página web del Organismo: www.chguadiana.es Badajoz, 31 de julio de 2016.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, P.S. (Real Decreto 984/1989, de 28 de julio), el Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Martínez Jiménez. ### RESUMEN: Las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, llenas de errores contables

Advertida errata en la inserción de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha 27 de marzo de 2019, páginas 31589 a 31868, se transcribe a continuación la oportuna rectificación: En todas las candidaturas de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA al Congreso de los Diputados y al Senado de las diferentes juntas electorales provinciales, donde dice: «CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s)», debe decir: «CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)».

Rectificación del BOE del nombre del partido político Ciudadanos.

Advertida errata en la inserción de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha 27 de marzo de 2019, páginas 31589 a 31868, se transcribe a continuación la oportuna rectificación: En todas las candidaturas de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA al Congreso de los Diputados y al Senado de las diferentes juntas electorales provinciales, donde dice: «CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s)», debe decir: «CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)». ### RESUMEN: Rectificación del BOE del nombre del partido político Ciudadanos.

La Orden CIN/2502/2011, de 17 de septiembre, aprobó las bases reguladoras de la distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» con la finalidad de premiar a los ayuntamientos que han apostado de una manera decidida por inversiones en infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales. Mediante Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación se publicó la convocatoria correspondiente al año 2012. La Orden de bases establece tres categorías en la distinción, atendiendo a la población del municipio: a) hasta 20.000 habitantes, b) de 20.001 a 100.000 habitantes, y c) más de 100.000 habitantes, previendo que puedan concederse hasta un máximo de diez distinciones por cada una de las categorías existentes. Tras revisar y estudiar la documentación de las solicitudes recibidas, la Dirección General de Innovación y Competitividad emitió al jurado el informe de evaluación de las candidaturas previsto en el artículo 7.2 de la Resolución de 5 de noviembre de 2012, ajustándose a los criterios de evaluación. El jurado previsto en el artículo 6.4 de la Orden de bases, designado mediante Resolución del Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 22 de marzo de 2013, emitió la propuesta de concesión de las distinciones en su reunión del 13 de junio de 2013. De acuerdo con la propuesta de concesión emitida por el jurado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Orden de bases y en los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución de convocatoria, resuelvo: Primero. Conceder las distinciones que a continuación se expresan en cada una de las siguientes categorías: a) Categoría A: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de hasta 20.000 habitantes. La distinción ha recaído en los Ayuntamientos que a continuación se citan por orden alfabético: – Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia). – Ayuntamiento de Salinas (Alicante). b) Categoría B: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de 20.001 a 100.000 habitantes. La distinción ha recaído en el Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife). c) Categoría C: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de más de 100.000 habitantes. La distinción ha recaído en el Ayuntamiento de A Coruña (A Coruña). Las distinciones serán objeto de entrega solemne en un acto de próxima convocatoria. Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución de concesión en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página Web del Ministerio de Economía y Competitividad (http://www.mineco.es). Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes, conforme lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 4 de julio de 2013.–La Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela García.

Ciudades de la ciencia y la innovación 2012: Puerto Lumbreras, Salinas, A Coruña y Adeje.

La Orden CIN/2502/2011, de 17 de septiembre, aprobó las bases reguladoras de la distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» con la finalidad de premiar a los ayuntamientos que han apostado de una manera decidida por inversiones en infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales. Mediante Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación se publicó la convocatoria correspondiente al año 2012. La Orden de bases establece tres categorías en la distinción, atendiendo a la población del municipio: a) hasta 20.000 habitantes, b) de 20.001 a 100.000 habitantes, y c) más de 100.000 habitantes, previendo que puedan concederse hasta un máximo de diez distinciones por cada una de las categorías existentes. Tras revisar y estudiar la documentación de las solicitudes recibidas, la Dirección General de Innovación y Competitividad emitió al jurado el informe de evaluación de las candidaturas previsto en el artículo 7.2 de la Resolución de 5 de noviembre de 2012, ajustándose a los criterios de evaluación. El jurado previsto en el artículo 6.4 de la Orden de bases, designado mediante Resolución del Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 22 de marzo de 2013, emitió la propuesta de concesión de las distinciones en su reunión del 13 de junio de 2013. De acuerdo con la propuesta de concesión emitida por el jurado, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 de la Orden de bases y en los apartados 1 y 2 del artículo 9 de la Resolución de convocatoria, resuelvo: Primero. Conceder las distinciones que a continuación se expresan en cada una de las siguientes categorías: a) Categoría A: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de hasta 20.000 habitantes. La distinción ha recaído en los Ayuntamientos que a continuación se citan por orden alfabético: – Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia). – Ayuntamiento de Salinas (Alicante). b) Categoría B: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de 20.001 a 100.000 habitantes. La distinción ha recaído en el Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife). c) Categoría C: Distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para municipios de más de 100.000 habitantes. La distinción ha recaído en el Ayuntamiento de A Coruña (A Coruña). Las distinciones serán objeto de entrega solemne en un acto de próxima convocatoria. Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución de concesión en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página Web del Ministerio de Economía y Competitividad (http://www.mineco.es). Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad en el plazo de un mes, conforme lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 4 de julio de 2013.–La Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela García. ### RESUMEN: Ciudades de la ciencia y la innovación 2012: Puerto Lumbreras, Salinas, A Coruña y Adeje.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas «Museos.-2014», «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014», «Patrimonio Mundial.-2014» y «Marca España.-2014». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de cuatro series de sellos de correo denominadas «Museos.-2014», «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014», «Patrimonio Mundial.-2014» y «Marca España.-2014». Segundo. Características. «Museos.-2014» Dentro de la serie «Museos.-2014», el 12 de marzo de 2014 se emitirán dos sellos de correo. Uno dedicado al «Museo de Guadalajara. Guadalajara». Fundado en 1838, es el Museo Provincial más antiguo de España. En el sello se reproducen diferentes piezas del mismo, junto a la fachada del Palacio del Infantado, sede del Museo desde 1973. El otro sello estará dedicado al «Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca». Situado en las Casas Colgadas, este Museo, propiedad de la Fundación Juan March, fue creado por iniciativa del artista Fernando Zóbel. El Museo posee y expone de forma permanente una de las muestras más significativas del arte abstracto español de mediados del siglo XX. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset engomando. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado de los sellos: 12 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical). – Formato de los sellos: 74,6 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 12 sellos de cada motivo. – Valor postal de cada sello: 0,54 euros. – Tirada: 300.000 sellos de cada motivo. «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014» Dentro de la serie «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación», el día 14 de marzo de 2014 se emitirá un sello de correo autoadhesivo denominado «TICS: Emoticonos». En el sello se reproducen diferentes elementos presentes en este campo: Código QR, emoticono y RA (Realidad Aumentada). Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Autoadhesivo fosforescente. – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 25 sellos. – Valor postal del sello: Tarifa A. – Tirada: Ilimitada. «Patrimonio Mundial.-2014». El día 24 de marzo de 2014 se emitirá una serie de sellos de correo denominada «Patrimonio Mundial». La serie se presenta en formato de hoja bloque con un sello circular. El fondo de la hoja reproduce diferentes imágenes del Park Güell de Barcelona y la firma de su creador, Antoni Gaudí. En el sello circular se reproduce la imagen del anverso de la moneda de 2 euros, conmemorativa de la declaración del Park Güell como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía + Offset + Hueco Barniz (hoja bloque). – Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. – Dentado del sello: 13 ½. – Formato del sello: 32 mm. (circular). – Formato de la hoja bloque: 104,5 x 150 mm. (vertical). – Valor postal del sello: 3,16 euros. – Tirada: 280.000 hojas bloque. «Marca España.-2014» El día 25 de marzo de 2014 se emitirá un sello de correo dedicado a la «Marca España», proyecto cuyo objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como en el exterior, para el beneficio de todos. En el sello se reproduce el logo de la Marca España. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 ¾. – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 20 sellos. – Valor postal del sello: 0,92 euros. – Tirada: 300.000 sellos. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de estas cuatro series se iniciará el 12, 14, 24 y 25 de marzo de 2014, respectivamente. 2. La distribución a los puntos de venta de las cuatro series cesará el 31 de diciembre de 2016, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 18 de febrero de 2014.–El Subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín.–La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.

Ya tenemos sellos Marca España.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de correo denominadas «Museos.-2014», «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014», «Patrimonio Mundial.-2014» y «Marca España.-2014». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de cuatro series de sellos de correo denominadas «Museos.-2014», «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014», «Patrimonio Mundial.-2014» y «Marca España.-2014». Segundo. Características. «Museos.-2014» Dentro de la serie «Museos.-2014», el 12 de marzo de 2014 se emitirán dos sellos de correo. Uno dedicado al «Museo de Guadalajara. Guadalajara». Fundado en 1838, es el Museo Provincial más antiguo de España. En el sello se reproducen diferentes piezas del mismo, junto a la fachada del Palacio del Infantado, sede del Museo desde 1973. El otro sello estará dedicado al «Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca». Situado en las Casas Colgadas, este Museo, propiedad de la Fundación Juan March, fue creado por iniciativa del artista Fernando Zóbel. El Museo posee y expone de forma permanente una de las muestras más significativas del arte abstracto español de mediados del siglo XX. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset engomando. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado de los sellos: 12 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical). – Formato de los sellos: 74,6 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 12 sellos de cada motivo. – Valor postal de cada sello: 0,54 euros. – Tirada: 300.000 sellos de cada motivo. «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación.-2014» Dentro de la serie «TICS. Tecnologías de la Información y la Comunicación», el día 14 de marzo de 2014 se emitirá un sello de correo autoadhesivo denominado «TICS: Emoticonos». En el sello se reproducen diferentes elementos presentes en este campo: Código QR, emoticono y RA (Realidad Aumentada). Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Autoadhesivo fosforescente. – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 25 sellos. – Valor postal del sello: Tarifa A. – Tirada: Ilimitada. «Patrimonio Mundial.-2014». El día 24 de marzo de 2014 se emitirá una serie de sellos de correo denominada «Patrimonio Mundial». La serie se presenta en formato de hoja bloque con un sello circular. El fondo de la hoja reproduce diferentes imágenes del Park Güell de Barcelona y la firma de su creador, Antoni Gaudí. En el sello circular se reproduce la imagen del anverso de la moneda de 2 euros, conmemorativa de la declaración del Park Güell como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía + Offset + Hueco Barniz (hoja bloque). – Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. – Dentado del sello: 13 ½. – Formato del sello: 32 mm. (circular). – Formato de la hoja bloque: 104,5 x 150 mm. (vertical). – Valor postal del sello: 3,16 euros. – Tirada: 280.000 hojas bloque. «Marca España.-2014» El día 25 de marzo de 2014 se emitirá un sello de correo dedicado a la «Marca España», proyecto cuyo objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como en el exterior, para el beneficio de todos. En el sello se reproduce el logo de la Marca España. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 ¾. – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm. (horizontal). – Efectos en Pliego: 20 sellos. – Valor postal del sello: 0,92 euros. – Tirada: 300.000 sellos. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de estas cuatro series se iniciará el 12, 14, 24 y 25 de marzo de 2014, respectivamente. 2. La distribución a los puntos de venta de las cuatro series cesará el 31 de diciembre de 2016, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la ### RESUMEN: Ya tenemos sellos Marca España.

Por el Procurador D. Ignacio María Cuadrado Ruescas, en nombre y representación de la Cámara de concesionarios y empresas vinculadas al sector público en el ámbito de las infraestructuras, los equipamientos y servicios públicos, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que ha sido admitido a trámite por resolución de 6 de Abril de 2017 y figura registrado con el número 1/219/2017. Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días desde la publicación del presente. Madrid, 6 de abril de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia, D.ª Aurelia Lorente Lamarca.

La Cámara empresas vinculadas al sector público (CCIES) lleva al Supremo la desindexación de servicios públicos

Por el Procurador D. Ignacio María Cuadrado Ruescas, en nombre y representación de la Cámara de concesionarios y empresas vinculadas al sector público en el ámbito de las infraestructuras, los equipamientos y servicios públicos, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que ha sido admitido a trámite por resolución de 6 de Abril de 2017 y figura registrado con el número 1/219/2017. Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días desde la publicación del presente. Madrid, 6 de abril de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia, D.ª Aurelia Lorente Lamarca. ### RESUMEN: La Cámara empresas vinculadas al sector público (CCIES) lleva al Supremo la desindexación de servicios públicos

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y lo establecido en la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el Boletín Oficial del Estado por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional de Estado, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Consejo Superior de Deportes correspondientes al ejercicio 2012, que figura como anexo a este Resolución. Las cuentas completas están publicadas en la página web del Organismo: http://www.csd.gob.es/csd/informacion/cuentas-del-organismo/ Madrid, 12 de septiembre de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Cuentas del Consejo Superior de Deportes 2012.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y lo establecido en la Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el Boletín Oficial del Estado por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional de Estado, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Consejo Superior de Deportes correspondientes al ejercicio 2012, que figura como anexo a este Resolución. Las cuentas completas están publicadas en la página web del Organismo: http://www.csd.gob.es/csd/informacion/cuentas-del-organismo/ Madrid, 12 de septiembre de 2013.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Cuentas del Consejo Superior de Deportes 2012.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se comunica que el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia en la página web de la Dirección General de Tráfico cuya dirección es http://www.dgt.es. Las eventuales observaciones a su contenido deberán ser remitidas por correo ordinario a la Subdirección General de Políticas Viales, Secretaría del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a la siguiente dirección postal: calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071, Madrid. Lo que se hace público a los efectos oportunos. Madrid, 29 de junio de 2015.- La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez.

Abierto trámite de audiencia Reglamento Gral de Conductores 15 días para aportar, por correo ordinario, desde mañana

De conformidad con lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se comunica que el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia en la página web de la Dirección General de Tráfico cuya dirección es http://www.dgt.es. Las eventuales observaciones a su contenido deberán ser remitidas por correo ordinario a la Subdirección General de Políticas Viales, Secretaría del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, a la siguiente dirección postal: calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071, Madrid. Lo que se hace público a los efectos oportunos. Madrid, 29 de junio de 2015.- La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez. ### RESUMEN: Abierto trámite de audiencia Reglamento Gral de Conductores 15 días para aportar, por correo ordinario, desde mañana

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de diciembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de sellos de correo denominadas «Navidad.–2012», «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012», «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas», «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» y «Catedrales.–2012». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de cinco series de sellos de correo denominadas «Navidad.–2012», «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012», «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas», «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» y «Catedrales.–2012». Segundo. Características. «Navidad.–2012» El día 5 de noviembre de 2012 se emitirá la tradicional serie de sellos de correo denominada «Navidad». Consta de dos sellos autoadhesivos que reproducen, respectivamente, un fragmento de la «Adoración de los Reyes Magos», que se conserva en la Capilla de San Martín de la Catedral Vieja de Salamanca, y una escena denominada «Maternidad», obra de J. Carrero. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Autoadhesivo fosforescente. – Formato de los sellos: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal) y 28,8 × 40,9 mm. (vertical). – Efectos en pliego: 25. – Valor postal de los sellos: 0,36 euros y 0,70 euros. – Tirada: Ilimitada para cada valor postal. «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012» Dentro de la serie «Deportes», el 6 de noviembre de 2012 se emitirá un hoja bloque denominada «Fútbol UEFA EURO 2012». En el fondo de la hoja bloque se reproduce una imagen de todos los jugadores de la Selección Española de Fútbol, celebrando la victoria en el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2012, junto al logotipo de la competición y el logo de Correos. En el sello, que tiene formato circular, el Trofeo oficial de la UEFA y unas cintas con los colores de la bandera de España. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ½. – Formato del sello: 32 mm. (circular). – Formato de la hoja bloque: 150 × 104,5 mm. (horizontal). – Valor postal del sello: 1 euro. – Tirada: 280.000 hojas bloque. «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas» El 8 de noviembre de 2012 se podrá en circulación un sello de correo correspondiente a la serie «América UPAEP», con el tema «Mitos y Leyendas». El sello se ha dedicado a «Los Amantes de Teruel» y en él se reproduce una imagen de las manos de los Amantes, tomada del mausoleo esculpido por Juan de Ávalos, que gestiona la Fundación Amantes de Teruel. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato del sello: 28,8 × 40,9 mm (vertical) – Efectos en pliego: 50. – Valor postal del sello: 0,85 euros. – Tirada: 300.000 sellos. «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» El día 12 de noviembre de 2012 se emitirá una serie de sellos de correo dedicada a los «Cuerpos de la Administración General del Estado». La serie consta de dos sellos dedicados, respectivamente, al «Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado» y al «Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado». Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato de los sellos: 40,9 × 28,8 mm. (horizontales). – Efectos en pliego: 50. – Valor postal del sello: 0,85 euros. – Tirada: 300.000 sellos de cada motivo. «Catedrales.–2012». El 15 de noviembre de 2012 se emitirá una hoja bloque con un sello de correo dedicado a la «Catedral de León», dentro de la serie denominada Catedrales. La hoja bloque reproduce una imagen exterior de la Catedral. El sello de correo, una imagen de la Virgen Blanca. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía y Offset. – Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato del sello: 28,8 × 40,9 mm. (vertical). – Formato de la hoja bloque: 99 × 133 mm. (vertical). – Valor postal del sello: 2,90 euros. – Tirada: 280.000 hojas bloque. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de estas cinco emisiones se iniciará el 5, 6, 8, 12 y 15 de noviembre de 2012, respectivamente. 2. La distribución a los puntos de venta de las cinco emisiones cesará el 31 de diciembre de 2014, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 10 de octubre de 2012.–El Subsecretario de Fomento, Mario Garcés Sanagustín.–La Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz.

Próximamente en tu estanco habitual, sello redondo de la UEFA Euro 2012

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de diciembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de cinco series de sellos de correo denominadas «Navidad.–2012», «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012», «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas», «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» y «Catedrales.–2012». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de cinco series de sellos de correo denominadas «Navidad.–2012», «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012», «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas», «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» y «Catedrales.–2012». Segundo. Características. «Navidad.–2012» El día 5 de noviembre de 2012 se emitirá la tradicional serie de sellos de correo denominada «Navidad». Consta de dos sellos autoadhesivos que reproducen, respectivamente, un fragmento de la «Adoración de los Reyes Magos», que se conserva en la Capilla de San Martín de la Catedral Vieja de Salamanca, y una escena denominada «Maternidad», obra de J. Carrero. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Autoadhesivo fosforescente. – Formato de los sellos: 40,9 × 28,8 mm. (horizontal) y 28,8 × 40,9 mm. (vertical). – Efectos en pliego: 25. – Valor postal de los sellos: 0,36 euros y 0,70 euros. – Tirada: Ilimitada para cada valor postal. «Deportes. Fútbol UEFA EURO 2012» Dentro de la serie «Deportes», el 6 de noviembre de 2012 se emitirá un hoja bloque denominada «Fútbol UEFA EURO 2012». En el fondo de la hoja bloque se reproduce una imagen de todos los jugadores de la Selección Española de Fútbol, celebrando la victoria en el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2012, junto al logotipo de la competición y el logo de Correos. En el sello, que tiene formato circular, el Trofeo oficial de la UEFA y unas cintas con los colores de la bandera de España. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ½. – Formato del sello: 32 mm. (circular). – Formato de la hoja bloque: 150 × 104,5 mm. (horizontal). – Valor postal del sello: 1 euro. – Tirada: 280.000 hojas bloque. «América UPAEP.–2012. Mitos y Leyendas» El 8 de noviembre de 2012 se podrá en circulación un sello de correo correspondiente a la serie «América UPAEP», con el tema «Mitos y Leyendas». El sello se ha dedicado a «Los Amantes de Teruel» y en él se reproduce una imagen de las manos de los Amantes, tomada del mausoleo esculpido por Juan de Ávalos, que gestiona la Fundación Amantes de Teruel. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato del sello: 28,8 × 40,9 mm (vertical) – Efectos en pliego: 50. – Valor postal del sello: 0,85 euros. – Tirada: 300.000 sellos. «Cuerpos de la Administración General del Estado.–2012» El día 12 de noviembre de 2012 se emitirá una serie de sellos de correo dedicada a los «Cuerpos de la Administración General del Estado». La serie consta de dos sellos dedicados, respectivamente, al «Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado» y al «Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado». Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Papel: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato de los sellos: 40,9 × 28,8 mm. (horizontales). – Efectos en pliego: 50. – Valor postal del sello: 0,85 euros. – Tirada: 300.000 sellos de cada motivo. «Catedrales.–2012». El 15 de noviembre de 2012 se emitirá una hoja bloque con un sello de correo dedicado a la «Catedral de León», dentro de la serie denominada Catedrales. La hoja bloque reproduce una imagen exterior de la Catedral. El sello de correo, una imagen de la Virgen Blanca. Características Técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía y Offset. – Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. – Dentado: 13 ¾. – Formato del sello: 28,8 × 40,9 mm. (vertical). – Formato de la hoja bloque: 99 × 133 mm. (vertical). – Valor postal del sello: 2,90 euros. – Tirada: 280.000 hojas bloque. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de estas cinco emisiones se iniciará el 5, 6, 8, 12 y 15 de noviembre de 2012, respectivamente. 2. La distribución a los puntos de venta de las cinco emisiones cesará el 31 de diciembre de 2014, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la perten ### RESUMEN: Próximamente en tu estanco habitual, sello redondo de la UEFA Euro 2012

El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece que, a los efectos de determinar la situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente Administración Autonómica, así como para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas. Para la confección del presente Catálogo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones relacionadas con el sector de Marina Mercante, así como de los entrenadores y deportistas profesionales. Estos criterios se han establecido conjuntamente con las unidades de la Administración General del Estado, que por su ámbito de actividad tienen autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con dichas ocupaciones. La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero. En virtud de la competencia que el mencionado artículo 65 confiere al Servicio Público de Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, con vigencia para el tercer trimestre de 2016 y resuelve, previa consulta con la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, dar publicidad al mismo, incluyéndose su contenido en el Anexo adjunto. Madrid, 24 de junio de 2016.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle. ANEXO Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2016 No hay ocupaciones. 3721.104.4 Deportistas profesionales. Ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la Secretaría de Estado para el Deporte, que aparecen en todas las provincias e islas. 3722.102.9 Entrenadores deportivos. 3151.101.4 Frigoristas navales. Ocupaciones aprobadas, a propuesta de la Administración General del Estado, en el sector de la Marina Mercante, que aparecen en todas las provincias costeras más LLeida y Madrid. 3151.102.5 Jefes de máquinas de buque mercante. 3151.103.6 Maquinistas navales. 3151.104.7 Mecánicos de litoral. 3151.105.8 Mecánicos navales. 3152.104.4 Pilotos de buques mercantes. 3152.106.6 Sobrecargos de buques. 3833.101.5 Oficiales radioelectrónicos de la marina mercante. 5110.101.5 Cocineros de barco. 5821.101.8 Auxiliares de buques de pasaje. 5821.103.6 Camareros de barco. 5821.104.5 Mayordomos de buque. 8192.101.0 Caldereteros (maestranzas). 8192.102.1 Engrasadores de máquinas de barcos. 8340.101.5 Bomberos de buques especializados. 8340.102.6 Contramaestres de cubierta (excepto pesca). 8340.103.7 Marineros de cubierta (excepto pesca). 8340.104.8 Mozos de cubierta.

Trabajos “difícil cobertura” (puedes contratar extranjeros sin trabas): deportista/entrenador y gente en barcos

El artículo 65 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 establece que, a los efectos de determinar la situación nacional de empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la información suministrada por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para cada provincia o demarcación territorial que, en su caso, establezca la correspondiente Administración Autonómica, así como para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse para cada isla o agrupación de ellas. Para la confección del presente Catálogo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tenido en cuenta criterios técnicos acerca del impacto sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones relacionadas con el sector de Marina Mercante, así como de los entrenadores y deportistas profesionales. Estos criterios se han establecido conjuntamente con las unidades de la Administración General del Estado, que por su ámbito de actividad tienen autoridad y conocimiento sobre las materias relacionadas con dichas ocupaciones. La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero. En virtud de la competencia que el mencionado artículo 65 confiere al Servicio Público de Empleo Estatal, esta Dirección General ha elaborado el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, con vigencia para el tercer trimestre de 2016 y resuelve, previa consulta con la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, dar publicidad al mismo, incluyéndose su contenido en el Anexo adjunto. Madrid, 24 de junio de 2016.–La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zataraín del Valle. ANEXO Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2016 No hay ocupaciones. 3721.104.4 Deportistas profesionales. Ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la Secretaría de Estado para el Deporte, que aparecen en todas las provincias e islas. 3722.102.9 Entrenadores deportivos. 3151.101.4 Frigoristas navales. Ocupaciones aprobadas, a propuesta de la Administración General del Estado, en el sector de la Marina Mercante, que aparecen en todas las provincias costeras más LLeida y Madrid. 3151.102.5 Jefes de máquinas de buque mercante. 3151.103.6 Maquinistas navales. 3151.104.7 Mecánicos de litoral. 3151.105.8 Mecánicos navales. 3152.104.4 Pilotos de buques mercantes. 3152.106.6 Sobrecargos de buques. 3833.101.5 Oficiales radioelectrónicos de la marina mercante. 5110.101.5 Cocineros de barco. 5821.101.8 Auxiliares de buques de pasaje. 5821.103.6 Camareros de barco. 5821.104.5 Mayordomos de buque. 8192.101.0 Caldereteros (maestranzas). 8192.102.1 Engrasadores de máquinas de barcos. 8340.101.5 Bomberos de buques especializados. 8340.102.6 Contramaestres de cubierta (excepto pesca). 8340.103.7 Marineros de cubierta (excepto pesca). 8340.104.8 Mozos de cubierta. ### RESUMEN: Trabajos “difícil cobertura” (puedes contratar extranjeros sin trabas): deportista/entrenador y gente en barcos

Mediante Acuerdo 162/2013, de 9 de abril, fue convocada la licitación, por el procedimiento abierto, para la adquisición de un vehículo autobomba rural pesada destinado a los servicios de prevención y extinción de incendios. Mediante Acuerdo 301/2013, de 18 de junio, ha sido declarada desierta la licitación. Al procedimiento concurrieron cuatro licitadores. Dos de ellos fueron excluidos por no acreditar la solvencia técnica exigida y los otros dos por no respetar el secreto de la oferta dado que ambos incluyeron en el sobre destinado a la información de los criterios no evaluables mediante fórmulas, información necesaria para cuantificar los criterios evaluables mediante fórmulas. Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2013.- Eduardo Alday Galán, Jefe del Servicio de Administración Local.

No se va a poder adjudicar la compra de un vehículo autobomba porque empresas licitadoras fueron torpes, ha sido declarada desierta la licitación

Mediante Acuerdo 162/2013, de 9 de abril, fue convocada la licitación, por el procedimiento abierto, para la adquisición de un vehículo autobomba rural pesada destinado a los servicios de prevención y extinción de incendios. Mediante Acuerdo 301/2013, de 18 de junio, ha sido declarada desierta la licitación. Al procedimiento concurrieron cuatro licitadores. Dos de ellos fueron excluidos por no acreditar la solvencia técnica exigida y los otros dos por no respetar el secreto de la oferta dado que ambos incluyeron en el sobre destinado a la información de los criterios no evaluables mediante fórmulas, información necesaria para cuantificar los criterios evaluables mediante fórmulas. Vitoria-Gasteiz, 19 de junio de 2013.- Eduardo Alday Galán, Jefe del Servicio de Administración Local. ### RESUMEN: No se va a poder adjudicar la compra de un vehículo autobomba porque empresas licitadoras fueron torpes, ha sido declarada desierta la licitación

En aplicación de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, y lo establecido en el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por la de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente al ejercicio 2016 que figura como anexo a esta resolución. Las cuentas anuales completas y el informe de auditoría de cuentas están disponibles en la página WEB del Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es. La Intervención General de la Administración del Estado ha comunicado a este Organismo la presentación de sus cuentas anuales del ejercicio 2016 ante el Tribunal de Cuentas con fecha 30 de agosto de 2017 y número de registro telemático 42052. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Resumen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, que figura en el anexo de esta resolución. Madrid, 1 de septiembre de 2017.–El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Julio Angel Martínez Meroño.

Las cuentas del SEPE de 2016.

En aplicación de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, y lo establecido en el apartado primero de la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada por la de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, cuyo presupuesto de gastos tenga carácter limitativo, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente al ejercicio 2016 que figura como anexo a esta resolución. Las cuentas anuales completas y el informe de auditoría de cuentas están disponibles en la página WEB del Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es. La Intervención General de la Administración del Estado ha comunicado a este Organismo la presentación de sus cuentas anuales del ejercicio 2016 ante el Tribunal de Cuentas con fecha 30 de agosto de 2017 y número de registro telemático 42052. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa anteriormente citada, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Resumen de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, que figura en el anexo de esta resolución. Madrid, 1 de septiembre de 2017.–El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Julio Angel Martínez Meroño. ### RESUMEN: Las cuentas del SEPE de 2016.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Parlamento de Andalucía. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. c) Número de expediente: 117/2012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4 lotes). c) Lote: 4. Lote núm. 1: Seguro de accidentes para el colectivo de conductores y ocupantes de vehículos oficiales del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 2: Seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 3: Seguro contra daños de los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lote núm. 4: Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles del Parlamento de Andalucía y otras coberturas adicionales. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000-5: Servicios de seguros de vida. 66512000-2 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad. 66514110-0 Servicios de seguros de automóviles. 66515000-3 Servicios de seguros de daños. 66515100-4 Servicios de seguros de incendio. 66515200-5 Servicios de seguros de cosas. 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 528.200,00 euros, impuestos incluidos.Presupuesto de cada lote: Lote núm. 1: 2.600,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 2: 380.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 3: 104.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 4: 41.600,00 €, impuestos incluidos. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 25 de septiembre de 2013; Lote 2: 2 de octubre de 2013; Lote 3: 9 de octubre de 2013; Lote 4: 9 de octubre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 21 de octubre de 2013; Lote 2: 25 de octubre de 2013; Lote 3: 31 de octubre de 2013; Lote 4: 31 de octubre de 2013. c) Contratista: Lote 1: Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Lote 2: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 3: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 4: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos. Sevilla, 6 de noviembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez.

Adjudicados los seguros del parlamento andaluz: Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Parlamento de Andalucía. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. c) Número de expediente: 117/2012. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas en el Parlamento de Andalucía (4 lotes). c) Lote: 4. Lote núm. 1: Seguro de accidentes para el colectivo de conductores y ocupantes de vehículos oficiales del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 2: Seguro de vida y accidentes para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía. Lote núm. 3: Seguro contra daños de los bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Lote núm. 4: Seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles del Parlamento de Andalucía y otras coberturas adicionales. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 66511000-5: Servicios de seguros de vida. 66512000-2 Servicios de seguros de accidentes y de enfermedad. 66514110-0 Servicios de seguros de automóviles. 66515000-3 Servicios de seguros de daños. 66515100-4 Servicios de seguros de incendio. 66515200-5 Servicios de seguros de cosas. 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 528.200,00 euros, impuestos incluidos.Presupuesto de cada lote: Lote núm. 1: 2.600,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 2: 380.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 3: 104.000,00 €, impuestos incluidos. Lote núm. 4: 41.600,00 €, impuestos incluidos. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: Lote 1: 25 de septiembre de 2013; Lote 2: 2 de octubre de 2013; Lote 3: 9 de octubre de 2013; Lote 4: 9 de octubre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: 21 de octubre de 2013; Lote 2: 25 de octubre de 2013; Lote 3: 31 de octubre de 2013; Lote 4: 31 de octubre de 2013. c) Contratista: Lote 1: Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; Lote 2: Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 3: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros; Lote 4: Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos. Sevilla, 6 de noviembre de 2013.- El Letrado Mayor-Secretario General del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jiménez. ### RESUMEN: Adjudicados los seguros del parlamento andaluz: Importe total: Lote 1: 1.914,23 €, impuestos incluidos; Lote 2: 223.877,38 €, impuestos incluidos; Lote 3: 54.728,26 €, impuestos incluidos; Lote 4: 24.800,00 €, impuestos incluidos.

I La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia. El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos. En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno. En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto. Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. De este modo, se incorpora a nuestra legislación la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –en adelante Convenio de Lanzarote– satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. II Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, será el interlocutor para incorporar el código identificador del perfil genético del condenado, así como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En todo caso, el acceso deberá estar vinculado a las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro. Por otra parte, se permite la obtención de los datos inscritos, incluso sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado, en el caso de los órganos judiciales o de que la certificación sea recabada por las entidades públicas de protección de menores competentes territorialmente. Para completar la protección dispensada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales a los menores y evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales, el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, exige como requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos, debiendo entenderse referida a la que tiene fines de explotación sexual, tanto en España como en el extranjero. En consonancia con la precitada exigencia legal, el presente real decreto recoge un régimen de certificación de este tipo de inscripciones, a instancia del propio interesado o de las Administraciones públicas con el consentimiento del interesado o su representante. El régimen de cancelación de las inscripciones del Registro Central de Delincuentes Sexuales se establece en función de la edad de la víctima y del condenado. Si la víctima fuera mayor de edad, la cancelación se hace coincidir con la de los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripción más allá de los efectos que el Código Penal establece atendiendo a la gravedad del delito cometido. Por el contrario, si la víctima tuviera la condición de menor de edad, se considera conveniente seguir un régimen distinto en relación con los límites temporales establecidos para la cancelación de los antecedentes penales y ampliar la duración de la inscripción hasta 30 años, atendiendo a la especifica función y finalidad de las inscripciones de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protección de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserción pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia. No obstante, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisión del delito, no será de aplicación lo anterior, sino que se estará al plazo de cancelación de los antecedentes penales con la finalidad de posibilitar la reinserción de los menores infractores y evitar su estigmatización. Por otra parte, previendo la inscripción en el Registro de condenas dictadas por tribunales extranjeros, se establece con carácter general, respecto de las mismas, que la cancelación estará condicionada a la previa comunicación del Estado de condena, tal como dispone el art. 5.2 de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, respecto de las condenas dictadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. III A lo largo de la regulación del presente real decreto late la protección del interés del menor como último fin de la norma, respondiendo así el legislador, en consonancia con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2012 de 17 de octubre, al mandato constitucional que recibe directamente del artículo 39 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos la obligación de velar por la protección integral de los niños de conformidad con los Convenios Internacionales. Siguiendo esta máxima, cabe destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño parte de un principio fundamental: el interés del niño ha de considerarse superior a los demás intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posición de partida de los menores, que tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses. La trascendencia de este principio lleva a que el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, declare que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los tribunales, o los órganos legislativos, primarán el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. La Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa a los derechos de las víctimas ha dado lugar a la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, cuyo artículo 19, al referirse al derecho de las víctimas, establece la obligación para las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos, de adoptar las medidas necesarias para su protección, confiriendo una especial importancia al Ministerio Fiscal cuando la víctima sea menor. La determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador, que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y así se ha hecho en el presente real decreto, cuyo fin primordial no es otro que la creación de un instrumento eficaz para dar respuesta al clamor social de proteger el interés de los menores, potenciales víctimas de estos delitos especialmente reprochables y que afectan de una manera fundamental al desarrollo normal de la personalidad de los niños. Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito. 1. Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél. 2. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos en esta materia por España. Artículo 2. Derecho de aplicación supletoria. En todo aquello que no esté específicamente previsto en el presente real decreto resultará de aplicación supletoria el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Artículo 3. Naturaleza y finalidad. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa. 2. La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior. Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Artículo 4. Organización. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Su gestión corresponde a la Secretaria de Estado de Justicia a través de la Secretaría General de la Administración de Justicia. 2. El encargado del Registro será responsable de su control, organización y gestión; adoptará las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisión de la información regulada en el artículo siguiente, así como la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en las inscripciones. Asimismo, garantizará, con plena eficacia jurídica, la autenticidad e integridad de los datos certificados e impulsará el cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las inscripciones. Artículo 5. Información contenida en las inscripciones. 1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales contendrá toda la información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Asimismo, deberá constar el código identificador del perfil genético (ADN) del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial. No accederán al Registro los datos de identidad de la víctima, salvo, en su caso, su condición de menor de edad. 2. La inscripción, el acceso, rectificación, cancelación y certificación de los datos, así como las medidas de seguridad de la información contenida en el Registro se regirán por lo establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, con las especialidades establecidas en el presente real decreto. Artículo 6. Comunicación entre registros. 1. El Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitirán de forma automática al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la información relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo anterior, en el mismo momento en que proceda su inscripción en los respectivos registros, así como cualquier modificación que se produzca con posterioridad, incluida la cancelación del antecedente penal. 2. La transmisión de datos al Registro Central de Delincuentes Sexuales se realizará a través de los procedimientos regulados en este real decreto y en las disposiciones administrativas que lo desarrollen. Artículo 7. Soporte de la información. Los datos se almacenarán en soportes apropiados para su mantenimiento y expresión, con garantía jurídica y de modo indubitado, de toda la información que ha de constar en el Registro, asegurando su disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, conservación e interoperabilidad. Artículo 8. Acceso a la información contenida en las inscripciones. 1. El Ministerio de Justicia autorizará para la satisfacción de las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información contenida en el Registro: a) A los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a través del personal de cada órgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que estén conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias. b) Al Ministerio Fiscal, a través del personal de cada órgano u oficina fiscal autorizado por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas. c) A la policía judicial, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 549. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la prevención, persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro. 2. El Ministerio de Justicia habilitará a los funcionarios autorizados encargados de la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior para que puedan incorporar el código identificador del perfil genético previsto en el artículo 5. 3. En todo caso, conforme a lo previsto en el capítulo IV del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, quedará constancia de la identidad de las personas que accedan al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de los datos consultados, correspondiendo al encargado del Registro la realización de auditorías periódicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades previstas en el presente real decreto. Artículo 9. Certificación de los datos inscritos. 1. Los órganos judiciales, en relación con las causas que tramiten y para su unión al procedimiento, podrán obtener directamente los datos contenidos en el Registro y aportarlos al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del Letrado de la Administración de Justicia, con plena validez jurídica, sin necesidad de solicitar certificación al responsable del registro. 2. El encargado del Registro, siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales, y previo consentimiento del interesado o de su representante, informará de los datos relativos al mismo contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a instancia de cualquier órgano de las Administraciones Públicas ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores, así como para su ejercicio. En ausencia de tal consentimiento, el certificado se expedirá a instancia del propio interesado en los términos previstos en el apartado siguiente. 3. A petición del titular interesado, podrán certificarse directamente los datos relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas. Tratándose de menores de edad o personas con la capacidad modificada judicialmente la solicitud habrá de efectuarse, en todo caso, por su representante legal. La certificación positiva contendrá la transcripción de los datos inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su expedición, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de ley, se hallen a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales. En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3. 4. Las Entidades Públicas de protección de menores competentes territorialmente podrán solicitar, por vía telemática, al encargado del Registro Central de Delincuentes Sexuales los datos que resulten necesarios del inscrito para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor, guardador o acogedor, aún sin consentimiento de aquél y siempre que no se trate de información reservada a Jueces y Tribunales. Cada una de estas Entidades Públicas identificará al órgano responsable del control de esos datos y lo comunicará al encargado del Registro para garantizar su confidencialidad. 5. Asimismo, a instancia de autoridades judiciales o policiales extranjeras que lo requieran en el marco de una investigación judicial o policial, o de prevención del delito, el encargado del Registro comunicará la información que constara en él, sin consentimiento del interesado, en las formas y supuestos que determinen las normas comunitarias y los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por España. 6. En todo caso, la solicitud, expedición y obtención de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Artículo 10. Cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme. 1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos: a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia. 2. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena. 3. Una vez se produzca la cancelación de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el código identificador del perfil genético del condenado, el encargado del Registro comunicará tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Artículo 11. Elaboración de estadísticas. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podrán elaborar estadísticas de los datos contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, eludiendo toda referencia personal en la información y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias. Disposición adicional primera. Incorporación de datos relativos a penas y medidas de seguridad anteriores a la entrada en vigor de este real decreto. Los datos relativos a penas y medidas de seguridad por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se remitirán automáticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren. Disposición adicional segunda. Colaboración entre las Administraciones públicas y otras instituciones. 1. El Ministerio de Justicia colaborará con las Administraciones públicas y otras Instituciones a fin de favorecer la aplicación del presente real decreto durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, estableciendo a tal fin los convenios que resulten necesarios en aquellos ámbitos donde la actividad se desarrolle con menores de edad. 2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia queda modificado como sigue: Uno. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo: «2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.» Dos. Se incluye una letra f) en el apartado 3 del artículo 2 con la siguiente redacción: «f) Registro Central de Delincuentes Sexuales: la inscripción de la información relativa a quienes hayan sido condenados por sentencia judicial firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, de conformidad con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.» Disposición final segunda. Título competencial. El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Disposición final tercera. Facultades de desarrollo. Se autoriza al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones administrativas y medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final cuarta. No incremento del gasto. Las medidas recogidas en este real decreto no pueden generar incremento, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público. Disposición final quinta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 11 de diciembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales

I La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia. El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su interés superior sea prioritario, como proclama la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este contexto no sólo se plasman los compromisos adquiridos por España en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Europa, sino que además permite la equiparación a los países de nuestro entorno en la extensión de la protección que dispensan a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organización y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como los procedimientos de inscripción, acceso, cancelación, rectificación y certificación de la información en él contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos. En primer lugar, se pretende la prevención y protección de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros países de nuestro entorno. En segundo término, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en España como en otros países, por los delitos a los que se refiere este real decreto. Y en último lugar, se busca facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. De este modo, se incorpora a nuestra legislación la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –en adelante Convenio de Lanzarote– satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la línea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima; y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. II Por otra parte, de conformidad con el artículo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporación al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de información penal que conste en el Registro Central de Penados así como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores. Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, será el interlocutor para incorporar el código identificador del perfil genético del condenado, así como para comunicar la cancelación de la inscripción del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelación del perfil genético prevista en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. En el marco de la necesaria coordinación con las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores, se establece que el soporte en el que deberán almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino también en otros países, así como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de información en este ámbito. De conformidad con la previsión legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior interés del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitará, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, a los órganos judiciales a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; y a la policía judicial en el ámbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en ### RESUMEN: Creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, exige al Gobierno, en su disposición adicional vigésimo quinta, regular las condiciones básicas para el acceso a la universidad de los mayores de 25 años, y en su artículo 42.4 regular los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general, así como de quienes, no pudiendo acreditar tal experiencia, hayan superado determinada edad. En aplicación de lo anterior el Gobierno aprobó el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años, que, de conformidad con su disposición adicional cuarta, fue desarrollado por la Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de diciembre, de Educación, el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio fue derogado por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de diciembre, y regula en su artículo 38 y en las disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta un nuevo sistema de admisión a la universidad española. En cumplimiento de estas disposiciones el Gobierno derogó el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre por medio del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, que establece las condiciones básicas específicas y la estructura de las pruebas para el acceso a la universidad de las personas que hubieran cumplido 25 y 45 años de edad, así como de quienes, habiendo cumplido 40 años, acreditaran una determinada experiencia profesional o laboral. Por lo que se refiere a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, los artículos 12.4 y 17.5, respectivamente, del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, encomiendan a las Administraciones educativas, previo informe de las Universidades de su ámbito de gestión, el establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran las pruebas, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas. Por lo que respecta a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED), de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas por la citada ley al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades. Por ello, procede ahora derogar la Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, y dictar una nueva orden de acceso y admisión a la universidad de las personas que hubieran cumplido 25 y 45 años de edad y de quienes, habiendo cumplido 40 años, acrediten una determinada experiencia profesional o laboral. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12.4 y 17.5 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, la presente orden ha sido informada previamente por la UNED. Por último, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones puede dictar esta orden dado que por un lado existe un interés público motivado en el desarrollo obligado del artículo 42.4 y de la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en relación con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y por otro lado existe urgencia en su publicación dado que debe entrar en vigor para el acceso a la universidad a partir del curso académico 2016-2017. En su virtud, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto la regulación de las líneas generales de la metodología, el desarrollo, los contenidos y los criterios y fórmulas de valoración de los ejercicios que integran las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años, así como el procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la UNED. CAPÍTULO II Prueba de acceso a la UNED de las personas mayores de 25 años Artículo 2. Convocatoria. La UNED convocará anualmente la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años. Solo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre y no posean ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías. Artículo 3. Estructura de la prueba. 1. La prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años será una prueba única que se estructurará en dos fases, una general y otra específica, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 2. La fase general de la prueba comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos: a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad. b) Lengua castellana. c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 3. La fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado: a) Opción A: Artes y Humanidades. b) Opción B: Ciencias. c) Opción C: Ciencias de la Salud. d) Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas. e) Opción E: Ingeniería y Arquitectura. Artículo 4. Elección de opciones en las fases general y específica de la prueba. En el momento de efectuar la matrícula para la prueba de acceso a la universidad para las personas mayores de 25 años, los candidatos deberán indicar la lengua extranjera elegida para el ejercicio de la fase general. Asimismo, en el momento de efectuar la matrícula, los candidatos deberán indicar la opción elegida para la fase específica y escoger dos materias de entre las ofertadas por la UNED para cada una de las cinco opciones, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I de esta orden. Artículo 5. Contenido y realización de la prueba. 1. La fase general de la prueba tiene como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para cursar con éxito estudios universitarios, así como la capacidad de razonamiento y de expresión escrita, y constará de los siguientes ejercicios: a) Comentario de texto: este ejercicio versará sobre un texto que podrá tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, cultural, etc.), según lo establecido en el anexo II de esta orden. b) Lengua Castellana: este ejercicio constará de preguntas sobre conceptos básicos, expresión y diferentes niveles de análisis de la lengua española según lo establecido en el anexo II de esta orden. c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués: este ejercicio valorará el conocimiento de las estructuras elementales de la lengua extranjera elegida por el candidato, y su comprensión lectora de textos en dicha lengua extranjera. 2. La fase específica de la prueba tiene como objetivo valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. El contenido de los ejercicios de la fase específica dependerá de las asignaturas elegidas por el candidato: a) Si la asignatura elegida corresponde a una de las materias de segundo curso de Bachillerato, para el acceso hasta el curso 2016-2017 incluido el contenido del ejercicio se basará en el currículo fijado en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, y para el acceso a partir del curso 2017-2018, en el previsto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. b) Si la asignatura seleccionada es una materia de contenido introductorio al campo de conocimiento de los Grados, el contenido del ejercicio será el establecido en el anexo III de esta orden. 3. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora. La fecha de celebración de los ejercicios se establecerá en el calendario que el Consejo de Gobierno de la UNED aprueba para cada curso académico. 4. Los ejercicios se realizarán en los centros de examen que la UNED determine. Artículo 6. Elaboración de los ejercicios. Los ejercicios serán elaborados por personal docente e investigador de la UNED especialista en la materia. Asimismo determinarán los criterios de corrección que especifiquen el valor asignado a cada apartado o pregunta de los ejercicios y cuantas precisiones se considere necesario para una valoración objetiva de las respuestas. La Universidad, garantizará en todo momento el secreto en la elaboración de los ejercicios. Artículo 7. Calificación. 1. La calificación final de la prueba de acceso vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y en la fase específica. La calificación se expresará en forma numérica de 0 a 10 puntos y con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, y no se podrá promediar si no se obtiene una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica. 3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior. Artículo 8. Reclamaciones y revisión de las calificaciones. 1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con la calificación obtenida en la prueba, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al Rector en el plazo de 7 días naturales a contar desde la publicación de las calificaciones. 2. Adicionalmente, el candidato podrá acogerse al procedimiento de revisión de calificaciones acordado por el Consejo de Gobierno de la UNED. 3. La presentación de la reclamación o la solicitud de revisión de calificación no suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los candidatos. Artículo 9. Curso de orientación. 1. La UNED podrá organizar e impartir un curso de orientación y apoyo académico conducente a la superación de la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años, de acuerdo con lo establecido en esta orden. 2. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, los contenidos y condiciones de desarrollo del curso y los criterios y fórmulas de valoración corresponderá al Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo establecido en esta orden. 3. En ningún caso, la realización y eventual superación de este curso supondrá un requisito académico adicional a la prueba de acceso realizada en los términos previstos en esta orden. Artículo 10. Admisión a las enseñanzas de Grado ofertadas por la UNED. 1. A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años les corresponderán preferentemente, a los efectos de ingreso, las enseñanzas de Grado ofertadas por la UNED vinculadas a las opciones recogidas en el artículo 3.3. 2. A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años les serán de aplicación las normas de admisión a los estudios de Grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación del plan de estudios del título de Grado. CAPÍTULO III Prueba de acceso a la UNED de las personas mayores de 45 años Artículo 11. Convocatoria. La UNED convocará anualmente la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 45 años. Solo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 45 años de edad en el año natural en que se celebre y no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías. Artículo 12. Estructura, contenido y realización de la prueba. 1. La prueba de acceso a la universidad para las personas mayores de 45 años será una prueba única que comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos: a) Comentario de texto: este ejercicio versará sobre un texto que podrá tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, cultural, etc.), según lo establecido en el anexo II de esta orden. b) Lengua Castellana: este ejercicio constará de preguntas sobre conceptos básicos, expresión y diferentes niveles de análisis de la lengua española según lo establecido en el anexo II de esta orden. 2. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora. La fecha de celebración de los ejercicios se establecerá en el calendario que el Consejo de Gobierno de la UNED aprueba para cada curso académico. 3. Los ejercicios se realizarán en los centros de examen que la UNED determine. Artículo 13. Calificación. 1. La calificación final de la prueba de acceso vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios a que se refiere el artículo anterior. La calificación se expresará en forma numérica de 0 a 10 puntos y con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, y no se podrá promediar si no se obtiene una puntuación mínima de cuatro puntos en cada ejercicio. 3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior. Artículo 14. Reclamaciones y revisión de las calificaciones. 1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con la calificación obtenida en la prueba, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al Rector en el plazo de 7 días naturales a contar desde la publicación de las calificaciones. 2. Adicionalmente, el candidato podrá acogerse al procedimiento de revisión de calificaciones acordado por el Consejo de Gobierno de la UNED. La presentación de la reclamación o la solicitud de revisión de calificación no suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los candidatos. Artículo 15. Entrevista personal. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos deberán realizar una entrevista personal. El interesado deberá obtener una calificación de «apto» en la entrevista para poder ser admitido a los estudios de Grado de la UNED. Artículo 16. Curso de orientación. 1. La UNED podrá organizar e impartir un curso de orientación y apoyo académico conducente a la superación de la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo establecido en esta orden. 2. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, los contenidos y condiciones de desarrollo del curso y los criterios y fórmulas de valoración corresponde al Consejo de Gobierno de la UNED, en el marco de lo establecido en esta orden. 3. En ningún caso la realización y eventual superación de este curso supondrá un requisito académico adicional a la prueba de acceso realizada en los términos previstos en esta orden. Artículo 17. Admisión en las enseñanzas de Grado ofertadas por la UNED. A los candidatos que superen la prueba de acceso a la universidad para las personas mayores de 45 años les serán de aplicación las normas de admisión a los estudios de Grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación del plan de estudios del título de Grado. CAPÍTULO IV Acceso a la UNED mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional Artículo 18. Convocatoria. 1. La UNED convocará anualmente procedimientos de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional. 2. El candidato deberá seleccionar en su solicitud la enseñanza de Grado a las que desea acceder de entre las ofertadas por la UNED para esta vía de acceso. 3. Solo podrán acceder por esta vía quienes no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico. Artículo 19. Estructura del procedimiento de acceso. El procedimiento de acceso se estructurará en tres fases: a) En la primera fase la UNED analizará la documentación presentada por el candidato y comprobará la concurrencia de los requisitos generales establecidos para poder participar en el procedimiento. b) En la segunda fase la UNED procederá a la valoración de los méritos aportados por el candidato de acuerdo con los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional, recogidos en la memoria de verificación del título de Grado al que solicita el acceso. c) En la tercera fase la UNED procederá a la realización de una entrevista personal, a la que sólo concurrirán quienes superen las dos primeras fases del procedimiento. Artículo 20. Calificación. Se considerará que superan el procedimiento de acceso a la universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional los candidatos que hayan realizado la entrevista personal y reciban la calificación de «apto» para los estudios seleccionados. Artículo 21. Reclamaciones. 1. En el supuesto de que el candidato no esté conforme con el resultado del procedimiento, podrá presentar reclamación mediante escrito dirigido al Rector en el plazo de 7 días naturales a contar desde la publicación de los resultados. 2. La presentación de la reclamación no suspenderá los efectos académicos derivados de las calificaciones de los candidatos. Artículo 22. Admisión a las enseñanzas de grado ofertadas por la UNED. A los candidatos que superen el procedimiento de acceso a la UNED mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional les serán de aplicación las normas de admisión a los estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación de cada título de grado. Disposición adicional primera. Personas con discapacidad. A los candidatos que, en el momento de su inscripción, justifiquen debidamente alguna discapacidad que les impida realizar la prueba de acceso con los medios ordinarios, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a fin de asegurar la aplicación de las medidas que garanticen las debidas condiciones de igualdad en la realización de las pruebas. Disposición adicional segunda. Referencias genéricas. Todas las referencias a cargos y personas para los que en esta orden se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Disposición final primera. Aplicación. 1. Se habilita al Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y al Secretario General de Universidades a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en esta orden. 2. Se habilita al Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y al Secretario General de Universidades a modificar o actualizar el contenido de los anexos de esta orden, previo informe de la UNED. Disposición final segunda. Calendario de implantación. Esta orden será de aplicación para el acceso a la UNED a partir del curso académico 2016-2017. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 11 de octubre de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. ANEXO I Oferta y organización por opciones de las materias para la fase específica de la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años en la UNED Opción A: Artes y Humanidades La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias que debe elegir el estudiante de la siguiente relación: 1. Filosofía. 2. Geografía. 3. Historia del Arte. 4. Historia del Mundo Contemporáneo. 5. Lengua y Cultura Latinas. 6. Literatura. 7. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 8. Política y Sociedad. Opción B: Ciencias La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas debe ser necesariamente Matemáticas: 1. Biología. 2. Física. 3. Matemáticas. 4. Química. Opción C: Ciencias de la Salud La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas y solo una, debe ser necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas: 1. Biología. 2. Física. 3. Matemáticas. 4. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 5. Psicología. 6. Química. Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas y solo una, debe ser necesariamente Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas: 1. Administración y Dirección de Empresas. 2. Antropología. 3. Educación. 4. Filosofía. 5. Historia del Mundo Contemporáneo. 6. Matemáticas. 7. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 8. Nociones jurídicas básicas. 9. Política y Sociedad. Opción E: Ingeniería y Arquitectura La fase específica de esta opción evaluará el rendimiento en dos materias que debe elegir el estudiante de la siguiente relación, de las cuales una de ellas debe ser necesariamente Matemáticas: 1. Administración y Dirección de Empresas. 2. Fundamentos de la Tecnología. 3. Fundamentos de la Informática. 4. Matemáticas. 5. Química. ANEXO II Contenidos de los ejercicios «Comentario de texto» y «Lengua Castellana» Comentario de texto: El ejercicio versará sobre un texto que será el objeto del ejercicio y que podrá tratar sobre cualquier tema de actualidad (político, social, científico, filosófico, cultural, etc.). Las preguntas consistirán en: 1. Elaborar un resumen del texto con una extensión limitada (sin parafrasearlo). Calificación: Máximo de 3 puntos. 2. Exponer el tema o idea principales del texto en una extensión limitada. Calificación: Máximo de 2 puntos. 3. Exponer una opinión personal argumentada del texto sobre aspectos de contenido y/o lingüísticos con una extensión máxima limitada. Calificación: Máximo de 5 puntos. El estudiante deberá cuidar la expresión y la corrección gramatical, y especialmente la ortografía, pues estos aspectos se tendrán en cuenta en la evaluación del ejercicio. Lengua Castellana: La asignatura de Lengua Castellana tiene como principal objetivo proporcionar a los alumnos el conocimiento de los mecanismos que funcionan en su propio sistema lingüístico, para que puedan desarrollar la capacidad de comprensión mediante la práctica de análisis de textos y la capacidad de expresión a través de prácticas de redacción que les encaminen a una correcta utilización de la sintaxis y a un uso adecuado del léxico y la ortografía. El ejercicio de esta materia tratará sobre los siguientes contenidos: 1. Conceptos generales sobre lingüística: Con el objeto de valorar la capacidad de análisis del lenguaje del estudiante el esquema de la comunicación y el concepto de signo lingüístico, así como nociones básicas de lingüística general. 2. Fonética y fonología: Con el objeto de verificar la adquisición de conocimientos de los fonemas de su lengua materna y evitar pronunciaciones que se consideran vulgares; al mismo tiempo, aprender lo que en un español culto se puede dar como norma de pronunciación. Asimismo, identificar en el comportamiento lingüístico el concepto de fonema y definir los rasgos característicos del sistema fonológico español; afianzar las normas sobre ortografía y acentuación, a partir del conocimiento y análisis de los rasgos prosódicos. 3. Gramática del español: Para valorar la definición y reconocer en el discurso de la cadena hablada las unidades gramaticales: lexema, morfema, sintagma y oración; considerando la capacidad de: Definir el sustantivo desde el punto de vista de su forma, función y significado. Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de núcleo del sintagma nominal. Clasificar los pronombres desde el punto de vista de su forma, función y significado. Percibir los valores expresivos que aporta al discurso la presencia o ausencia del artículo. Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de determinante del núcleo en el sintagma nominal. Enriquecer la expresión así como la capacidad de análisis, mediante el conocimiento del valor del adjetivo en el discurso y según su colocación con respecto al sustantivo. Clasificar los adjetivos desde el punto de vista de su forma, función y significado. Profundizar en el conocimiento de las formas y función del verbo, en los valores temporales y modales, tanto de las formas flexivas como de las no flexivas (infinitivo, gerundio y participio). Conocer las diversas clases de adverbios y sus funciones. Entender el funcionamiento de los elementos de relación entre oraciones y entre sintagmas. Comprender la unidad oración y su importancia en el discurso, los elementos de que consta, su funcionamiento, etc., para llegar a realizar análisis sintácticos. Profundizar en la complejidad de la coordinación y subordinación oracionales para aplicarla en el estudio y análisis de textos. 4. Semántica y léxico: El ejercicio verificará el conocimiento teórico y práctico del léxico y de los diccionarios, el conocimiento de las fuentes de información del léxico español, la aplicación en el análisis de textos de los conceptos de sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia, metáfora y metonimia, el análisis en los desplazamientos de significado que se producen en las palabras a través del tiempo, y las causas que los originan. 5. Lenguas de España y variedades: Para valorar la obtención de un mayor conocimiento del español de España, sus variedades dialectales, del español de América y de las otras lenguas peninsulares. 6. Normas ortográficas de acentuación y puntuación: Se verificará el conocimiento de las reglas actuales en el español escrito. ANEXO III Contenidos de los ejercicios de las materias de la fase específica de contenido introductorio al campo de conocimiento de los Grados Política y Sociedad: El ejercicio versará sobre conceptos básicos de la Sociología y la Ciencia Política, que permitan familiarizarse con estas disciplinas. El bloque temático de Sociedad se acerca al origen y evolución de las sociedades, a su análisis en la Sociología, al estudio de la estructura social y su composición, y las formas de organización social. En definitiva, permite reconocer y descifrar los fenómenos sociales que más sobresalen en la vida cotidiana de las sociedades actuales. Contenidos: Orígenes y evolución de las sociedades; culturas, grupos y conflictos sociales; poblaciones, instituciones y cambios sociales El bloque temático de Política introduce al alumno en la comprensión de algunos conceptos básicos de la organización política y de la Ciencia Política como el Estado y la democracia, y trata en particular la estructura y composición del Estado, las condiciones para la existencia de la democracia y, finalmente, el sistema político español. Contenidos: El Estado; la democracia; el sistema político español. Psicología: El ejercicio versará sobre conceptos psicológicos básicos. El conocimiento psicológico: Antecedentes de la Psicología; el objeto de la psicología; el método de la Psicología. Teorías y modelos psicológicos: Estructuralismo y Funcionalismo; el psicoanálisis; el conductismo; el cognitivismo; la Psicología Humanista; el constructivismo. Procesos psicológicos y Personalidad: los procesos; la Personalidad. Psicología Aplicada: Psicología Clínica; otras aplicaciones (organizacional, educativa y otras). Administración y Dirección de Empresas: El contenido de este ejercicio versará sobre las tareas que tienen que desempeñar los administradores y directores de empresas, enfocadas a las áreas funcionales en las que se suele dividir, a efectos de estudio, la actividad empresarial. El estudiante debe conocer los elementos fundamentales de la dirección empresarial: la empresa, el empresario, el patrimonio, la información, la comunicación de la información obtenida, las formas jurídicas de empresa en el marco legislativo nacional y los recursos humanos. Debe conocer así mismo el significado y contenidos de las cuatro tareas que conforman la administración empresarial: la planificación, la organización, la dirección y el control. Y, las principales funciones operativas que desempeñan todas las empresas: la función financiera, la de marketing o comercial y la de producción. Antropología: Para la realización de esta prueba se requiere conocer los aspectos más importantes de la disciplina y las especificidades de cada uno de los campos de interés prioritarios de la antropología. Debe conocer la noción moderna de la cultura, el relativismo social y el trabajo de campo; así como motivos clásicos o centrales de la reflexión antropológica como las relaciones entre la naturaleza y la cultura; incesto y canibalismo en la reflexión antropológica; los dones, las ofrendas y los regalos; las lógicas culturales en la alimentación humana; dramas sociales; rituales del cuerpo; y aplicaciones contemporáneas de la Antropología como el patrimonio cultural, la memoria colectiva o la antropología del desarrollo. Educación: El ejercicio versará sobre temas generales de Educación atendiendo a los retos fundamentales de la educación actual. Temas como la educación y sus rasgos característicos en la sociedad del conocimiento; agentes educadores y la profesionalización de la educación en el siglo XXI; antropología de la educación familia y sociedad; grandes temas en la Historia de la Educación; tecnología y medios en educación; metodología de la investigación educativa; derechos humanos y principios democráticos en educación; nuevos ámbitos educativos. Nociones Jurídicas Básicas: El ejercicio versará sobre conceptos jurídicos generales básicos, partiendo de conceptos y principios que constituyen el fundamento histórico y científico del Derecho, su aspecto práctico y jurisprudencial, así como la realidad social en la que esta disciplina debe encontrar su aplicación inmediata. A este fin se consideran conceptos jurídicos generales básicos los orígenes y la historia del derecho; los juristas y el derecho; el concepto de derecho; las fuentes del derecho; la aplicación e interpretación del derecho; la norma y el ordenamiento jurídico; la relación jurídica y la personalidad jurídica; las distintas ramas del ordenamiento jurídico; persona, familia y herencia; derecho patrimonial; derecho objetivo y derecho subjetivo; los derechos humanos. Fundamentos de la Tecnología: Este ejercicio verificará el conocimiento de los conceptos físicos básicos que se requieren para afrontar con éxito el estudio del conjunto de materias propias de la Ingeniería. El contenido abarca los temas que sirven de fundamento a las grandes ramas de la Tecnología Industrial: Medida: Ciencia e Industria. Unidades. Notación científica. Precisión, exactitud y error experimental. Área, volumen y densidad. Fuerza: Propiedades de las fuerzas. Algunas fuerzas concretas. Suma de vectores. Análisis de estructuras: Equilibrio rotatorio. Centro de gravedad. Deformación elástica de sólidos. Dinámica Sistemas de referencia. Velocidad y aceleración. Segunda ley de Newton del movimiento. Cantidad de movimiento. Trabajo, energía y potencia: Máquinas simples. Trabajo y energía potencial. Energía cinética. Conservación de la energía. Potencia. Movimientos complejos: Movimiento parabólico. Movimiento circular uniforme. Movimiento en presencia de una fuerza gravitatoria. Movimiento armónico simple. Movimiento de un cuerpo rígido. Mecánica de Fluidos: Hidrostática. Presión hidrostática, Instrumentos de medida de la presión. Empuje. Hidrodinámica. Estructura de la materia: Átomos y moléculas. Las tres fases de la materia. Temperatura. Gas ideal. Calor: Primer principio de la Termodinámica. Calor específico. Coeficientes de temperatura. Calor latente. Termodinámica: Transformaciones termodinámicas. Máquinas térmicas y frigoríficas. Segundo principio de la Termodinámica. Electricidad: Fuerzas fundamentales. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Corriente continua: Corriente de un conductor. Análisis de circuitos. Resistividad. Condensadores. Magnetismo: Campo magnético. Electromagnetismo. Fuerzas magnéticas. Inducción electromagnética. Bobinas de autoinducción. Corriente alterna: Generación de corriente alterna. Corriente alterna en circuitos puramente resistivos. Autoinducción y capacidad en un circuito de corriente alterna. Transformador. Motores. Fundamentos de la Informática: El ejercicio de Fundamentos de Informática tiene el propósito de que el estudiante demuestre conocimientos de los conceptos informáticos que se consideran básicos, y las habilidades necesarias como usuario de un sistema informático personal para poder ser utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Se consideran conocimientos básicos la introducción a los sistemas de cómputo; Internet y la «world wide web», el correo electrónico y otros servicios en Internet; introducción, procesamiento y almacenamiento de datos; fundamentos de los sistemas operativos; software de aplicaciones; fundamentos de redes; comunicación de datos; administración de base de datos; fundamentos y creación de sistemas de información; fundamentos de programación; medidas de seguridad y de protección.

Reglas pruebas de acceso UNED mayores 25, mayores 45 y mayores 40 con experiencia laboral para curso vigente

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, exige al Gobierno, en su disposición adicional vigésimo quinta, regular las condiciones básicas para el acceso a la universidad de los mayores de 25 años, y en su artículo 42.4 regular los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general, así como de quienes, no pudiendo acreditar tal experiencia, hayan superado determinada edad. En aplicación de lo anterior el Gobierno aprobó el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años, que, de conformidad con su disposición adicional cuarta, fue desarrollado por la Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, por la que se regula la prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de diciembre, de Educación, el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio fue derogado por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de diciembre, y regula en su artículo 38 y en las disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta un nuevo sistema de admisión a la universidad española. En cumplimiento de estas disposiciones el Gobierno derogó el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre por medio del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, que establece las condiciones básicas específicas y la estructura de las pruebas para el acceso a la universidad de las personas que hubieran cumplido 25 y 45 años de edad, así como de quienes, habiendo cumplido 40 años, acreditaran una determinada experiencia profesional o laboral. Por lo que se refiere a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, los artículos 12.4 y 17.5, respectivamente, del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, encomiendan a las Administraciones educativas, previo informe de las Universidades de su ámbito de gestión, el establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran las pruebas, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas. Por lo que respecta a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED), de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas por la citada ley al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, de formación profesional y de universidades. Por ello, procede ahora derogar la Orden ECD/1719/2004, de 13 de abril, y dictar una nueva orden de acceso y admisión a la universidad de las personas que hubieran cumplido 25 y 45 años de edad y de quienes, habiendo cumplido 40 años, acrediten una determinada experiencia profesional o laboral. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12.4 y 17.5 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, la presente orden ha sido informada previamente por la UNED. Por último, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno en funciones puede dictar esta orden dado que por un lado existe un interés público motivado en el desarrollo obligado del artículo 42.4 y de la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en relación con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y por otro lado existe urgencia en su publicación dado que debe entrar en vigor para el acceso a la universidad a partir del curso académico 2016-2017. En su virtud, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto la regulación de las líneas generales de la metodología, el desarrollo, los contenidos y los criterios y fórmulas de valoración de los ejercicios que integran las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años, así como el procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la UNED. CAPÍTULO II Prueba de acceso a la UNED de las personas mayores de 25 años Artículo 2. Convocatoria. La UNED convocará anualmente la prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años. Solo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre y no posean ninguna titulación académica que dé acceso a la universidad por otras vías. Artículo 3. Estructura de la prueba. 1. La prueba de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años será una prueba única que se estructurará en dos fases, una general y otra específica, de conformidad ### RESUMEN: Reglas pruebas de acceso UNED mayores 25, mayores 45 y mayores 40 con experiencia laboral para curso vigente

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano de fomento, gestión y ejecución de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID está especialmente facultada para impulsar el desarrollo humano y sostenible, promover la cohesión social, sensibilizar y educar para el desarrollo, tanto en España como en países socios, e impulsar el papel de la cultura y del conocimiento en el desarrollo. Entre las competencias de la AECID se encuentran el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación cultural para el desarrollo, la gestión de los servicios culturales de la AECID y las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países. En este contexto, se prevé la concesión directa de dos subvenciones para actuaciones de cooperación y promoción cultural. Los beneficiarios son instituciones identificadas como socios singulares de la AECID, fundamentales para dar cumplimiento a las competencias que en materia cultural le han sido encomendadas. La subvención a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), permitirá hacer efectivo el compromiso español con el prestigioso Programa Internacional Fulbright, premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2014 y herramienta fundamental para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en los ámbitos cultural, educativo y científico. La participación de la AECID en la financiación de estas actividades incide en el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos y trae causa de acuerdos internacionales en materia de cooperación cultural. La subvención a la Fundación Casa Amèrica Catalunya, en la que la AECID participa a través de su patronato como miembro nato, permite la promoción de la cultura iberoamericana en Cataluña. Se trata además de una entidad con más de 50 años de trayectoria, que la avala y la configura como un socio clave que difunde la rica cultura de la comunidad iberoamericana que nos une. La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señala que la política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, reconoce la dimensión internacional de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística con terceros países, especialmente con la comunidad Iberoamericana, y su artículo 25.2 afirma que la acción cultural exterior atenderá los objetivos establecidos en la política cultural y tendrá en cuenta los compromisos que se deriven de las estrategias europeas, las metas establecidas en el ámbito iberoamericano y en la UNESCO. La cooperación y promoción cultural se convierten, por tanto, en herramienta de intercambio mutuo entre países. Desde esta perspectiva, se entiende que la cultura y la educación contribuyen a la mejora de la gobernanza, estimulan la participación ciudadana y crean ciudadanía. Al mismo tiempo se consolida una imagen de España como un país moderno, solidario, con una rica cultura que mostrar. De las consideraciones anteriores se desprende el interés público, institucional y social que se encuentra en la base de la concesión de las subvenciones de este real decreto. La necesidad de mantener la financiación de la AECID a las actividades de las dos entidades beneficiarias hace necesario acudir al mecanismo que la Ley General de Subvenciones contempla en su artículo 22.2.c). Este precepto, así como el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada ley, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda. Este real decreto se atiene a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia prescritos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente norma se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, en tanto que mediante la concesión de las subvenciones directas se garantiza el objetivo de promover la cooperación y promoción cultural financiadas a través de fondos públicos, siendo el único medio a disposición a tal fin. De otro lado la norma responde al principio de proporcionalidad, conteniendo la regulación imprescindible para garantizar el objetivo señalado. El proyecto regula el contenido mínimo establecido en el artículo 28.3 de la Ley General de Subvenciones, así como otros extremos propios de las bases reguladoras de acuerdo con el artículo 17 de la misma ley. Por último, la norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, puesto que resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y a los principios de transparencia y eficiencia, al contribuir a la gestión racional de los recursos públicos existentes y no suponer cargas administrativas accesorias. En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley General de Subvenciones. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española, que atribuye la competencia exclusiva al Estado en materia de relaciones internacionales. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2.a) y b) del Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la propuesta, dirección, coordinación y ejecución de la política de cooperación para el desarrollo y la administración de los recursos de cooperación gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, previo informe de la Ministra de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de junio de 2020, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID), con carácter excepcional, a los beneficiarios establecidos en el artículo 3. Artículo 2. Razones que concurren en su concesión e imposibilidad de su convocatoria pública. Las subvenciones se conceden de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley General de Subvenciones), en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, y en el artículo 67 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés público, institucional y social. Las subvenciones reguladas en este real decreto tienen carácter singular, derivado de la necesidad urgente de mantener las actividades de cooperación y promoción cultural que realizan los beneficiarios de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 y esas circunstancias justifican la concesión directa dado que no resulta posible una convocatoria en pública concurrencia. Artículo 3. Beneficiarios y actividades a financiar. Los beneficiarios de las subvenciones y las actividades a financiar serán los siguientes: a) Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright). La subvención servirá para dotar y gestionar programas de becas para estudiantes, investigadores y profesores españoles y estadounidenses, así como gastos generales administrativos de la institución, de personal y de gestión para el desarrollo de las becas financiadas. b) Fundación Casa Amèrica Catalunya. La subvención financiará los gastos de organización y promoción de los siguientes programas, que representan lo mejor de la cultura iberoamericana y tienen gran impacto debido a las colaboraciones de la Fundación con terceras instituciones para desarrollarlos: 1.º Escena 299: este espacio teatral consolidado a lo largo de cuatro años incluirá en 2020 ocho lecturas dramatizadas de ocho obras diferentes. El programa pondrá sobre el escenario dramaturgias y temáticas de Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Brasil y de autores o autoras latinoamericanos, o piezas cuya temática aborde algún personaje, acontecimiento o problemática del continente. 2.º LATcinema: programación audiovisual latinoamericana única en Barcelona en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, entre otros. 3.º Ciclo de música: la programación se centrará en la canción de autor y en un amplio repertorio de músicos de gira desde América Latina con propuestas de mestizaje musico-instrumental, en colaboración entre otros con el festival Barnasants y el programa Ibermúsica. 4.º Exposición: La nueva arquitectura andina. Miradas a la obra de Fredy Mamani. Arquitecto boliviano, Freddy Mamani es un constructor de identidades en los nuevos Andes de Bolivia. Sus obras de arquitectura forman parte de la rápida transformación de la zona de El Alto y del empoderamiento cultural aimara. Construcciones arquitectónicas con un gran reconocimiento en el entorno local y también en ámbitos internacionales, basados en la cosmovisión cultural aimara que claramente representan un paradigma entre lo moderno y lo popular en el altiplano boliviano. Artículo 4. Cuantía y financiación. El importe de las subvenciones será el siguiente: a) A la Comisión de intercambio cultural, educativo y científico España-Estados Unidos de América (Comisión Fulbright): 250.000 euros con cargo al subconcepto 12.302.144A.482.02. b) A la Fundación Casa Amèrica Catalunya: 150.000 euros con cargo al subconcepto 12.302.05.143A.489.10. Artículo 5. Procedimiento de concesión. 1. El procedimiento de concesión se iniciará mediante la solicitud del beneficiario, que deberá presentarla en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto, a la que deberá acompañar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de acuerdo con los artículos 18 al 29 de su Reglamento de desarrollo y, en su caso, otros documentos que se entiendan necesarios para la concesión. El cumplimiento de las obligaciones tributarias se acreditará mediante certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones. El beneficiario podrá autorizar al órgano instructor de la AECID a consultar dicha información de forma directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas actuará como órgano instructor del procedimiento, correspondiéndole comprobar los datos en virtud de los cuales deba formular la propuesta de resolución. 3. La concesión se realizará por resolución del titular de la Presidencia de la AECID. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a partir de que el beneficiario presente la solicitud a la que se refiere el apartado 1. El beneficiario comunicará por escrito a la AECID en el plazo de dos meses la aceptación de la subvención y el sometimiento a las condiciones de esta. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima al beneficiario para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el órgano concedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente en vía contencioso-administrativa, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.c) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 4. Si se produjeren circunstancias que supongan la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, ello podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de este real decreto. 5. Las subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones. Artículo 6. Pago de las subvenciones. 1. El pago de las subvenciones se realizará en un solo pago anticipado mediante transferencia bancaria a la cuenta de la titularidad del beneficiario. 2. Con carácter previo a la concesión y al pago, los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, de conformidad con los artículos 18 al 29 de su Reglamento. El cumplimiento de las obligaciones tributarias se acreditará mediante certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones. El beneficiario podrá autorizar al órgano instructor de la AECID a consultar dicha información de forma directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de la constitución de garantías. Artículo 7. Compatibilidad con otras subvenciones. 1. Las subvenciones reguladas en el presente real decreto serán compatibles con la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.d) de la Ley General de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán comunicar al titular de la Presidencia de la AECID la obtención de los recursos citados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos. 3. Realizada la comunicación prevista en el apartado anterior, el titular de la Presidencia de la AECID podrá minorar la cuantía de la subvención concedida, una vez valorado el coste real de la actividad para la que se han obtenido los nuevos recursos. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada. 4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones, cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación del gasto el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. Artículo 8. Plazo de ejecución. El plazo de ejecución de las actividades objeto de la subvención será el siguiente: a) Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright): 18 meses, comprendiendo el año natural 2020 y hasta el 30 de junio de 2021. b) Fundación Casa Amèrica Catalunya: 12 meses, comprendiendo el año natural 2020. Artículo 9. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 1. Con carácter general, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. De modo específico deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente real decreto. Artículo 10. Justificación. 1. Con objeto de acreditar la realización de las actividades, el cumplimiento de las condiciones y la consecución de los objetivos establecidos, los beneficiarios previstos en el artículo 3 de este real decreto deberán presentar ante la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, en los 4 meses siguientes a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución, la siguiente documentación: a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación de los gastos incurridos en la realización de cada uno de los programas/proyectos debidamente agrupados por su naturaleza, justificantes de los gastos (facturas y recibos), documentación justificativa de los tipos de cambio, si procede, y de los intereses bancarios producidos desde el abono de la subvención, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, contratos y cualquier otra documentación que contribuya a una mayor claridad de la justificación. 2. Los requisitos de la documentación justificativa se detallarán en la resolución de concesión de las subvenciones. 3. Los intereses que puedan generar los fondos procedentes de la subvención depositados en una entidad bancaria serán reinvertidos en los mismos fines objeto de la subvención concedida, y estarán sujetos a la misma forma de justificación que dichos fondos. Artículo 11. Modificación de las resoluciones. 1. Podrá modificarse la resolución de concesión como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, particularmente, si nuevas circunstancias afectan a la viabilidad de la ejecución de las actividades a financiar referidas en el artículo 3. 2. Toda modificación sustancial en los programas a financiar deberá ser autorizada por la AECID durante la fase de ejecución de la subvención. El resto de las modificaciones, consideradas no sustanciales, no precisarán autorización y sólo deberán ser comunicadas y descritas en las memorias técnica y económica de la justificación. Se entenderá que son modificaciones sustanciales las variaciones entre programas que transformen significativamente el objetivo específico de la subvención o cuyo importe sea cuantitativamente superior al 25 % del importe total de la misma. Se considerará modificación sustancial cualquier cambio en la cuantía establecida para la financiación de gastos de funcionamiento o estructura, no pudiendo en ningún caso superar el 10% de incremento. 3. El procedimiento de autorización de las modificaciones será el siguiente: a) El beneficiario solicitará la modificación de la Resolución aportando documentación que acredite suficientemente la concurrencia de las causas de modificación antes señaladas. b) La solicitud se formulará con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución de la actividad. Por el titular de la Presidencia de la AECID se dictará y notificará la resolución concediendo o denegando la modificación en el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. La modificación de la subvención no podrá suponer en ningún caso la asunción de compromisos financieros superiores a los inicialmente alcanzados en la resolución inicial Artículo 12.  Incumplimientos y reintegros. 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y en los términos en los artículos 37 a 43 de la Ley General de Subvenciones, y en el Capítulo II del Título III de su Reglamento. 2. El titular de la Presidencia de la AECID será el órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Subvenciones. 3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de esta subvención: a) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención: 100%. b) Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la correspondiente prórroga: la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por el beneficiario se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, en función del grado de incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad. c) Demora en la presentación de la justificación o justificación insuficiente o deficiente: la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por el beneficiario se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, en función del alcance de la demora o de la insuficiencia de justificación o deficiencia de ésta. En cualquiera de los supuestos de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por el beneficiario se podrá modular teniendo en cuenta el hecho de que el cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total, y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus compromisos. Artículo 13. Régimen sancionador. Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por la entidad beneficiaria se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley General de Subvenciones y en el Título IV de su Reglamento de desarrollo. Artículo 14.  Comprobación y seguimiento. La entidad beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento que efectúe la AECID, las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto. Artículo 15. Medidas de difusión. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 31 de su Reglamento de desarrollo, los beneficiarios destacarán la contribución de la AECID - Cooperación Española, mediante la utilización de su logotipo, en la realización de las intervenciones subvencionadas y en los documentos y actividades en los que se dé publicidad y difusión a dicha contribución. Artículo 16. Régimen jurídico aplicable. Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo previsto en las demás disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, reconocida en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución. Disposición final segunda. Habilitación normativa. Se faculta a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 16 de junio de 2020. FELIPE R. La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA

Dos subvenciones directas (porque no hay presupuestos): a la Comisión Fulbright 250.000 euros y a la Fundación Casa Amèrica Catalunya de 150-000 euros.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el órgano de fomento, gestión y ejecución de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID está especialmente facultada para impulsar el desarrollo humano y sostenible, promover la cohesión social, sensibilizar y educar para el desarrollo, tanto en España como en países socios, e impulsar el papel de la cultura y del conocimiento en el desarrollo. Entre las competencias de la AECID se encuentran el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación cultural para el desarrollo, la gestión de los servicios culturales de la AECID y las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países. En este contexto, se prevé la concesión directa de dos subvenciones para actuaciones de cooperación y promoción cultural. Los beneficiarios son instituciones identificadas como socios singulares de la AECID, fundamentales para dar cumplimiento a las competencias que en materia cultural le han sido encomendadas. La subvención a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright), permitirá hacer efectivo el compromiso español con el prestigioso Programa Internacional Fulbright, premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2014 y herramienta fundamental para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en los ámbitos cultural, educativo y científico. La participación de la AECID en la financiación de estas actividades incide en el buen desarrollo de las relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos y trae causa de acuerdos internacionales en materia de cooperación cultural. La subvención a la Fundación Casa Amèrica Catalunya, en la que la AECID participa a través de su patronato como miembro nato, permite la promoción de la cultura iberoamericana en Cataluña. Se trata además de una entidad con más de 50 años de trayectoria, que la avala y la configura como un socio clave que difunde la rica cultura de la comunidad iberoamericana que nos une. La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señala que la política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, reconoce la dimensión internacional de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lingüística con terceros países, especialmente con la comunidad Iberoamericana, y su artículo 25.2 afirma que la acción cultural exterior atenderá los objetivos establecidos en la política cultural y tendrá en cuenta los compromisos que se deriven de las estrategias europeas, las metas establecidas en el ámbito iberoamericano y en la UNESCO. La cooperación y promoción cultural se convierten, por tanto, en herramienta de intercambio mutuo entre países. Desde esta perspectiva, se entiende que la cultura y la educación contribuyen a la mejora de la gobernanza, estimulan la participación ciudadana y crean ciudadanía. Al mismo tiempo se consolida una imagen de España como un país moderno, solidario, con una rica cultura que mostrar. De las consideraciones anteriores se desprende el interés público, institucional y social que se encuentra en la base de la concesión de las subvenciones de este real decreto. La necesidad de mantener la financiación de la AECID a las actividades de las dos entidades beneficiarias hace necesario acudir al mecanismo que la Ley General de Subvenciones contempla en su artículo 22.2.c). Este precepto, así como el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la citada ley, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda. Este real decreto se atiene a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia prescritos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente norma se adecúa a los principios de necesidad y eficacia, en tanto que mediante la concesión de las subvenciones directas se garantiza el objetivo de promover la cooperación y promoción cultural financiadas a través de fondos públicos, siendo el único medio a disposición a tal fin. De otro lado la norma responde al principio de proporcionalidad, conteniendo la regulación imprescindible para garantizar el objetivo señalado. El proyecto regula el contenido mínimo establecido en el artículo 28.3 de la Ley General de Subvenciones, así como otros extremos propios de las bases reguladoras de acuerdo con el artículo 17 de la misma ley. Por último, la norma se adecúa al principio de seguridad jurídica, puesto que resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, y a los principios de transparencia y e ### RESUMEN: Dos subvenciones directas (porque no hay presupuestos): a la Comisión Fulbright 250.000 euros y a la Fundación Casa Amèrica Catalunya de 150-000 euros.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de extranjería, la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, estableció las normas de funcionamiento y régimen interior de dichos centros, creando, a través de su disposición adicional segunda, entre otros, el centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula en los artículos 62 a 62 sexies, entre otras circunstancias, el régimen de funcionamiento de los centros de internamiento, los derechos y deberes de los internos, así como los requisitos generales que han de reunir las instalaciones y servicios de los referidos centros. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la situación que presenta el citado centro de internamiento de extranjeros de Málaga, que dada su antigüedad y pese a las continuas obras de reparación, adaptación y mejora que se han ido realizando, no posee unas instalaciones adecuadas o idóneas para el cumplimiento de los fines para los que fue creado, circunstancias que han motivado, desde el día 20 de junio de 2012, el cierre provisional del mismo por parte de la Dirección General de la Policía, procede acordar ahora su cierre definitivo. Por otro lado, la disposición derogatoria única, párrafo segundo, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, dispone que las previsiones del anterior Reglamento de dicha Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, relativas al régimen de internamiento de los extranjeros, permanecerán vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009. Dicho nuevo Reglamento al día de la fecha no ha sido promulgado, por lo que son de plena aplicación los artículos 153 a 155 del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, cuyo artículo 155.1 dispone que la creación de centros de internamiento de extranjeros se establecerá por orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros del Interior y de Administraciones Públicas. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo: Artículo único. Cierre del centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Se acuerda el cierre del centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de enero de 2013.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Orden para el cierre del CIE de Málaga. Por viejo.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de extranjería, la Orden del Ministerio de la Presidencia de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, estableció las normas de funcionamiento y régimen interior de dichos centros, creando, a través de su disposición adicional segunda, entre otros, el centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula en los artículos 62 a 62 sexies, entre otras circunstancias, el régimen de funcionamiento de los centros de internamiento, los derechos y deberes de los internos, así como los requisitos generales que han de reunir las instalaciones y servicios de los referidos centros. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la situación que presenta el citado centro de internamiento de extranjeros de Málaga, que dada su antigüedad y pese a las continuas obras de reparación, adaptación y mejora que se han ido realizando, no posee unas instalaciones adecuadas o idóneas para el cumplimiento de los fines para los que fue creado, circunstancias que han motivado, desde el día 20 de junio de 2012, el cierre provisional del mismo por parte de la Dirección General de la Policía, procede acordar ahora su cierre definitivo. Por otro lado, la disposición derogatoria única, párrafo segundo, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, dispone que las previsiones del anterior Reglamento de dicha Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, relativas al régimen de internamiento de los extranjeros, permanecerán vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009. Dicho nuevo Reglamento al día de la fecha no ha sido promulgado, por lo que son de plena aplicación los artículos 153 a 155 del Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, cuyo artículo 155.1 dispone que la creación de centros de internamiento de extranjeros se establecerá por orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros del Interior y de Administraciones Públicas. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo: Artículo único. Cierre del centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Se acuerda el cierre del centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 8 de enero de 2013.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. ### RESUMEN: Orden para el cierre del CIE de Málaga. Por viejo.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO I Tras una presencia continuada de más de cien años en el mundo de las relaciones laborales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es una institución firmemente asentada en nuestro país, que ha sabido adaptarse en todo momento a las circunstancias de la realidad social y económica en que ha desplegado su actuación de garantía del cumplimiento de la normativa social. Después de una larga evolución y sucesivos cambios durante todo el siglo XX, desde su creación por el Reglamento de 1 de marzo de 1906, pasando por la Ley 39/1962, de 21 de julio, de Ordenación de la Inspección de Trabajo, que reúne en una única Inspección Nacional del Trabajo la vigilancia y control de la normativa social, hasta entonces competencia de varios servicios de inspección, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configuraba por vez primera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Sistema, es decir, como un conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y medios materiales. Dicha ley conjugaba con corrección los principios de unidad de función y actuación inspectora con los de especialización funcional y trabajo en equipo, al tiempo que incorporaba mecanismos útiles de participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas, estatales y autonómicas, en el Sistema de Inspección. No obstante, en el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de dicha ley han aparecido nuevos elementos que exigen la adopción de un nuevo marco normativo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por un lado, la prestación del servicio público de Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe adecuarse a los cambios normativos habidos en nuestro ordenamiento sociolaboral, en el que tras sucesivas reformas legislativas se han ido introduciendo importantes modificaciones, que persiguen conjugar la necesaria flexibilidad en la gestión de los recursos humanos con una mayor protección de los derechos de los trabajadores, entre los que sin duda se encuentra el derecho que tiene todo trabajador a recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando considere que sus derechos han sido conculcados. De otro lado, la evolución en el ejercicio de las competencias autonómicas de ejecución de la legislación laboral en el territorio español, que se ha sustanciado en el traspaso de la función pública inspectora a las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña, evidencia la necesidad de adaptar el modelo organizativo de la Inspección, para compatibilizar la convivencia de los principios esenciales de unidad de función y concepción única e integral del Sistema con el desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha experimentado en los últimos años un notable proceso de modernización y tecnificación en su funcionamiento, de manera que las actuaciones desplegadas por la Inspección han ganado en extensión y en profundidad. Mantener y consolidar el incremento de la efectividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiere reforzar institucionalmente la misma, integrando y ordenando mejor, dentro de este nuevo modelo organizativo, el funcionamiento de los servicios de Inspección, así como la articulación de los mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación entre todas las Administraciones Públicas implicadas. II La presente ley se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Públicas. La acción de los poderes públicos, en sus distintas áreas de actuación, ejerce un notorio efecto sobre la sociedad, considerada en su conjunto: son los ciudadanos los destinatarios de las actuaciones de la Administración y a la satisfacción de sus legítimos derechos y expectativas debe orientarse prioritariamente dicha actuación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto servicio público encargado de la vigilancia y control de la normativa social, contribuye decisivamente a la preservación de los derechos de los trabajadores, que la legislación laboral consagra, y al sostenimiento del sistema de protección social, para lo que debe planificar adecuadamente su actividad de vigilancia y control, especialmente en aquellos ámbitos en los que existe una alta demanda de los ciudadanos, como son los relativos al régimen de contratación laboral, a la dualidad del mercado de trabajo, al acceso a puestos de trabajo y a la ejecución de la prestación laboral en condiciones de igualdad y no discriminación, al derecho a la seguridad y salud en el trabajo y a la garantía y pervivencia de un régimen público de Seguridad Social. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe potenciar su función mediadora, dirigida a la evitación e integración de los conflictos laborales, y la de información y asistencia técnica a empresas y trabajadores, lo que reforzará su configuración como un servicio público armonizador de las relaciones laborales. A tal fin, la ley establece un modelo de Inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora. Al mismo tiempo, se avanza decididamente en la participación de todas las Administraciones Públicas titulares de las competencias por razón de la materia objeto de la actividad inspectora, respetando con ello el sistema constitucional de distribución de competencias. El Sistema se integra no solo por las Administraciones Públicas titulares de las competencias materiales de ejecución de la legislación laboral y de Seguridad Social, sino también por los órganos y las estructuras institucionales creadas para la coordinación de dichos órganos, entre las que se incluyen el Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña y el Consejo Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como organismo autónomo de los previstos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, situando a los servicios de inspección en el ámbito de la Administración Institucional y permitiendo así la ejecución en régimen de descentralización funcional, tanto de programas específicos en materias competencia de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, como de programas conjuntos en los que confluya la planificación de actuaciones en distintas materias. En el Consejo Rector del Organismo participarán la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en cuanto titulares que son de las competencias materiales sobre las que la Inspección trabaja. La gestión y representación del organismo se encomienda al titular de su dirección. Por otra parte, el principio de participación institucional, que la ley expresamente recoge, se manifiesta mediante la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Sistema de Inspección, en cuanto representantes que son de los principales destinatarios de la actividad inspectora, los trabajadores y las empresas. La ley prevé la existencia de un Consejo General, que sustituye a la actual Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo Estatal y al que se atribuyen funciones de información, audiencia y consulta en los asuntos de que tenga conocimiento el Consejo Rector. Adicionalmente, con el fin de consolidar y reforzar la presencia de las Comunidades Autónomas en el Sistema de Inspección, se instituye la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el cargo designado por cada gobierno autonómico, a quien la ley le encomienda, entre otras funciones, las de impulso, propuesta y supervisión de las actuaciones inspectoras respecto de las competencias autonómicas en su territorio. En el ámbito de las relaciones entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, se establecen mecanismos de cooperación más ágiles y ejecutivos, mediante la instauración de Comisiones Operativas Autonómicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se basan en la interlocución permanente en la esfera territorial entre la Inspección y las Administraciones Públicas titulares de las competencias materiales de ejecución de la legislación del orden social. En todo caso, las nuevas fórmulas de cooperación que la ley prevé respetan los mecanismos de colaboración territorial, ya establecidos en los acuerdos con las Comunidades Autónomas sobre traspaso de funciones y servicios en materia de función pública inspectora. Este modelo organizativo compartido evitará duplicidades, ineficiencias y sobrecostes y servirá de marco de supervisión unificado de toda la normativa del orden social, plenamente compatible, por tanto, con el principio de unidad de mercado que propugnan la Constitución y los Tratados Constitutivos de la Unión Europea y que se ha consolidado en la presente legislatura con la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. El modelo organizativo del Sistema prevé la regulación en sus Estatutos de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Tras la experiencia del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado por el Consejo de Ministros, en fecha 27 de abril de 2012, y con vigencia hasta finales de 2013 y considerando los resultados positivos derivados de su aplicación, es preciso abordar, más allá del contexto actual, la constitución de estructuras permanentes en la lucha contra el fraude. La creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en el marco de una nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección se contempla en el Programa Nacional de Reformas 2014, que se contiene, a su vez, en la intensa agenda reformadora del Gobierno, como continuación de los Programas de 2012 y 2013. La Oficina tiene la pretensión de afrontar de modo global el fenómeno del fraude, dada la dimensión transversal que el mismo representa. El fraude no sólo supone una indebida detracción de recursos del sistema de la Seguridad Social (generación o disfrute de prestaciones indebidas) o una falta o deficiencia de contribución a su sostenimiento (ausencia total o parcial de cotizaciones sociales). El fraude va ligado, la mayoría de las veces, a situaciones de explotación laboral en las que se niegan a los trabajadores los más elementales derechos, el más importante de ellos es el reconocimiento de su condición de trabajadores, como sucede en un contexto de trabajo no declarado. III La ley regula el régimen jurídico de los funcionarios del Sistema de Inspección en su conjunto, de manera complementaria al contenido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Determinadas peculiaridades de la labor que desempeña el personal con funciones inspectoras exigen una regulación específica. Dentro de ella, se otorga la consideración de Nacionales a los Cuerpos de Inspección, con el objeto de evitar las disfunciones y pérdida de eficacia que generaría la actuación de distintos cuerpos de inspección en las mismas empresas y trabajadores, con la consiguiente pérdida de la visión general de la empresa, duplicidad de visitas, confusión respecto del cuerpo inspector al que corresponde actuar, posibles contradicciones en la interpretación de la norma o de la relación jurídica existente, demoras y demás disfunciones. En consonancia, se establecen los principios de ingreso y convocatoria únicos, reserva de función inspectora y de movilidad entre Administraciones Públicas, todo ello contando con la participación de las Comunidades Autónomas en las cuestiones relativas al régimen de personal. Por otra parte, la ley avanza en la especialización de los funcionarios y en la necesidad del trabajo programado y en equipo. Para ello se atribuyen nuevas competencias al Cuerpo de Subinspectores Laborales, de nueva denominación, y se prevé, además, la posibilidad de contar con personal técnico y administrativo para la preparación de las actuaciones programadas. Se crean dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia. De este modo, las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de trabajo u otras análogas en materia preventiva, que actualmente desarrollan los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser también desempeñadas por los Subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un Inspector, tal como sucede en materia de empleo y Seguridad Social. Se trata de una medida de racionalidad y mejora organizativa que redundará en mayor eficacia y supondrá dar una más pronta respuesta a los requerimientos de la sociedad en cuestiones que afectan a la vida y salud de los trabajadores. Se aumenta la eficacia y la seguridad jurídica de los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la extensión de la colaboración de las distintas Administraciones Públicas con la Inspección. Así, se reconoce que los hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular que se comuniquen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad puedan ser aducidos válidamente como prueba por la Inspección en la esfera de su propio procedimiento, sin perjuicio del resto de las actuaciones de comprobación que deba llevar a cabo el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para calificar y tipificar adecuadamente los hechos contenidos en las comunicaciones recibidas. Por otra parte, la ley actualiza la regulación de las garantías de la actuación de los funcionarios del Sistema, explicitando a tal efecto la protección frente a cualquier clase de violencia, coacción, amenaza o influencia indebida, como principios orientadores que garantizan la independencia en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tal y como exigen los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. Además se regula, de manera uniforme para todos los funcionarios, la protección en materia de Autoridad Competente a los efectos de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La ley actualiza los cometidos, funciones y medios de actuación de la Inspección, suponiendo en este sentido una adaptación de la normativa posterior a la Ley de 1997, no solo en lo relativo a las materias inspectoras, sino también en cuanto a las normas de carácter general. Dado que la legislación cuya aplicación y vigilancia está encomendada a la Inspección es la misma en todo el territorio, también deben ser los mismos los criterios técnicos e instrucciones dictados para garantizar esa homogeneidad normativa, de manera que no se introduzcan por esta vía diferencias territoriales, ello sin perjuicio de la dependencia funcional de la Inspección de las Comunidades Autónomas, lo que no resulta afectado por esta previsión, ya que se limita a la identidad en la normativa y no se extiende a la ejecución de la misma. De esta forma, se consagra como principio general que orienta el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el de unidad de criterio técnico interpretativo. Por último, se amplían y mejoran los supuestos de colaboración recíproca que deben prestarse la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras Administraciones Públicas y entidades, buscando una vez más la eficiencia y la economía de medios. La mayor efectividad en las actuaciones inspectoras implica también la utilización de medios tecnológicos y de comunicaciones de los que ha de dotarse la Inspección, y la consideración de su papel como elemento de cohesión del Sistema, sin olvidar las debidas garantías de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, su adaptación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Finalmente, cabe destacar que el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejercerá sus funciones en todo el territorio español, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en los Convenios número 81, 129 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo. IV En los trabajos preparatorios de la presente ley, el Gobierno ha contado con la participación de las Comunidades Autónomas, en especial, para las cuestiones relativas a la definición del nuevo modelo compartido de Inspección que la ley presenta, que lo es, por tanto, desde su misma concepción. El Gobierno ha consultado y debatido el contenido de la ley con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y sometido el texto del Anteproyecto a dictamen del Consejo Económico y Social. TÍTULO I Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Definición y objeto del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está constituido por el conjunto de principios legales, normas, órganos, personal y medios materiales, incluidos los informáticos, que contribuyen al adecuado cumplimiento de la misión que tiene encomendada, según lo establecido en la presente ley. 2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias, lo que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. Las normas del orden social a que hace referencia el párrafo anterior comprenden las relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así como cuantas otras atribuyan la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Artículo 2. Principios ordenadores del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ordena, en su organización y funcionamiento, conforme a los siguientes principios: a) Eficacia y calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos. b) Concepción única e integral del Sistema, garantizándose su funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas. c) Unidad de función y de actuación inspectora en todas las materias del orden social, en los términos establecidos en esta ley, sin perjuicio de los criterios de especialización funcional y de actuación programada. d) Imparcialidad, objetividad e igualdad de trato y no discriminación en el ejercicio de la función inspectora. e) Reserva de la función inspectora en el orden social a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos previstos en esta ley. f) Organización y desarrollo de la actividad conforme a los principios de trabajo programado y en equipo. g) Ingreso y convocatoria únicos en los Cuerpos Nacionales de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de Subinspectores Laborales, mediante procesos selectivos unitarios de carácter estatal. h) Movilidad entre las Administraciones Públicas en los procesos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios de los Cuerpos Nacionales del Sistema de Inspección. i) Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas respecto del conjunto de las funciones atribuidas al Sistema. CAPÍTULO II Personal del Sistema de Inspección Sección 1.ª Personal con funciones inspectoras Artículo 3. Funcionarios que lo integran. 1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere esta ley se ejercerá en su totalidad por funcionarios de carrera de nivel técnico superior y habilitación nacional, pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cuya situación jurídica y condiciones de servicio les garanticen la independencia técnica, objetividad e imparcialidad que prescriben los Convenios número 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. A los funcionarios de carrera del Cuerpo de Subinspectores Laborales les corresponde el ejercicio de funciones de inspección, en los términos y con el alcance establecidos en la presente ley, así como las funciones de apoyo, colaboración y gestión que sean precisas para el desarrollo de la labor inspectora. Dichos funcionarios tendrán habilitación nacional y su situación jurídica y condiciones de servicio les garantizarán, asimismo, objetividad e imparcialidad. 2. Los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social pertenecen al grupo A, Subgrupo A1 y los del Cuerpo de Subinspectores Laborales al grupo A, Subgrupo A2 de los previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Ambos tienen el carácter de Cuerpos Nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintiocho de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. 3. El Cuerpo de Subinspectores Laborales contará con dos Escalas especializadas: a) Escala de Empleo y Seguridad Social. b) Escala de Seguridad y Salud Laboral. Debido a la diversidad material de las funciones encomendadas a los integrantes de cada Escala de acuerdo con el artículo 14.2 y 3, la movilidad entre las mismas sólo podrá producirse cuando se disponga de la titulación requerida y se supere el proceso selectivo específico previsto para el ingreso en cada una de ellas. Artículo 4. Régimen jurídico. 1. El régimen jurídico de los funcionarios de los Cuerpos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será el previsto en esta ley, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás legislación sobre función pública inspectora dictada por el Estado, así como en las demás normas estatales o autonómicas de desarrollo. 2. Asimismo, será de aplicación lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en las respectivas leyes de presupuestos de cada ejercicio, especialmente en lo relativo a dotaciones, retribuciones, y otros gastos de personal. 3. Los funcionarios de los Cuerpos de Inspección dependerán funcionalmente de la Administración, estatal o autonómica, que resulte competente por la materia objeto de inspección, en los términos previstos en esta ley y resto de la normativa aplicable, sin perjuicio de su dependencia orgánica de una u otra Administración. 4. Las Comunidades Autónomas participarán en cuestiones relativas a ingreso y selección, formación y perfeccionamiento, planificación de efectivos y puestos de trabajo, situaciones administrativas y régimen disciplinario de los funcionarios de los Cuerpos de Inspección a través de los mecanismos de cooperación multilateral establecidos en esta ley, sin perjuicio de las relaciones bilaterales de carácter específico. 5. En todo caso, queda reservada al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la potestad para la imposición de las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio del personal con funciones inspectoras, aun cuando este dependa orgánicamente de una Comunidad Autónoma, sin que puedan adoptarse sin el previo dictamen del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo veinticinco de la Ley 12/1983, de 14 de octubre. Artículo 5. Ingreso y provisión de puestos de los Cuerpos Nacionales del personal con funciones inspectoras. 1. El ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de Subinspectores Laborales se realizará de acuerdo con la normativa de ingreso en la función pública, mediante el sistema de oposición, a la que podrán acceder los nacionales españoles, mayores de edad, que cumplan con el resto de los requisitos que prevean las leyes y demás normas que resulten de aplicación. La Oferta de Empleo Público incluirá las plazas del Sistema de Inspección, tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas que hayan recibido la transferencia orgánica de personal inspector y subinspector, de acuerdo con los criterios que, con carácter básico, se incluyan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido y teniendo en cuenta el carácter único y nacional de los Cuerpos de Inspección de Trabajo, lo que origina los principios de unidad de ingreso y procesos selectivos, las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público, que se efectuarán por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, contendrán las plazas que, para cada Cuerpo o Escala, se autoricen por el Consejo de Ministros en el Real Decreto por el que se apruebe la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado y las que propongan las Comunidades Autónomas que hayan recibido la transferencia indicada en el párrafo anterior. La distribución final del personal de nuevo ingreso entre dichas Administraciones se hará en función de las vacantes que resulten de los procesos previos de provisión de puestos de trabajo, sin que, en ningún caso, el número de aprobados pueda superar el total de plazas convocadas. 2. La provisión de puestos de trabajo reservados a los Cuerpos Nacionales de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de Subinspectores Laborales se llevará a cabo por procedimientos de ámbito nacional, de concurso o, en su caso, de libre designación para los puestos de jefatura que se determinen, convocados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio del resto de procedimientos de provisión establecidos en la normativa de función pública. 3. No obstante, las Comunidades Autónomas que cuenten dentro de su estructura con plazas reservadas a los Cuerpos Nacionales a los que se refiere el apartado anterior podrán convocar procedimientos para la cobertura de los correspondientes puestos de trabajo, de conformidad con los criterios que establezca la legislación de función pública aplicable. En todo caso, estos procesos se regirán por los principios de movilidad entre Administraciones, igualdad de oportunidades y publicidad nacional de la convocatoria. No podrán establecerse cláusulas que impidan o menoscaben la participación en los mismos de funcionarios en razón de su adscripción orgánica de procedencia, y no les será de aplicación lo previsto en el artículo veintiséis.2 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre. 4. Lo previsto en los apartados anteriores, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 4, se entenderá sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 6. Registro integrado del personal inspector. Sin perjuicio de la competencia y funciones del Registro Central de Personal y, en su caso, de los registros dependientes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de la función pública inspectora, existirá un registro integrado del personal inspector constituido por la totalidad de las plazas existentes para cada uno de los Cuerpos con funciones inspectoras en las respectivas relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones a las que pertenezcan aquellas. Dicho registro se elaborará y actualizará por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que se refiere el artículo 27. A tal fin, las diferentes Administraciones Públicas facilitarán la información precisa sobre la cobertura de dichas plazas en los términos que reglamentariamente se establezcan. Sección 2.ª Personal técnico y administrativo Artículo 7. Personal técnico y administrativo. 1. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará con los recursos humanos necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones, tanto de carácter técnico como de apoyo administrativo, de conformidad con lo previsto en las correspondientes leyes de presupuestos y de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 2. Para el desempeño de la labor inspectora, a dicho personal se le podrá encomendar, en el ámbito de sus funciones, las de preparación de actuaciones, y otras auxiliares de apoyo y colaboración, en los términos que reglamentariamente se determinen. CAPÍTULO III Derechos y deberes Artículo 8. Derechos. Al personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden los derechos individuales y colectivos establecidos con carácter general para los empleados públicos. En el ejercicio de su función se les garantizará protección frente a cualquier violencia, coacción, amenaza o influencia indebida. Artículo 9. Deberes y código de conducta. 1. El personal del Sistema está sometido con carácter general al conjunto de deberes establecido para los empleados públicos. 2. Deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 3. Observarán la máxima corrección en el ejercicio de sus funciones y procurarán perturbar en la menor medida posible el desarrollo de las actividades de los inspeccionados, sin merma de su autoridad ni del cumplimiento de sus deberes. Asimismo actuarán con celo en la custodia de la documentación que les sea confiada. Artículo 10. Deber de sigilo e incompatibilidades. 1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social considerarán confidencial el origen de cualquier queja de que conozcan, en el ámbito de la función inspectora, sobre incumplimiento de las disposiciones legales. 2. También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda. 3. Estarán sujetos a las incompatibilidades y a los motivos de abstención y recusación de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, y no podrán actuar cuando tengan interés directo o indirecto en relación con los asuntos que se les encomienden. Artículo 11. Formación, promoción y participación en objetivos. 1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, y deberán participar en las acciones de formación y especialización que se determinen. 2. Los puestos de dirección y jefatura del Sistema que conlleven el ejercicio de funciones inspectoras, quedan reservados a funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 3. El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social adoptará medidas que incentiven la participación de los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales en los procesos selectivos de promoción interna al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la normativa general de función pública prevista en la Ley 7/2007, de 12 de abril. 4. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen el derecho y el deber de contribuir a los objetivos asignados a la unidad donde presten sus servicios y a ser informados por sus superiores de los medios para lograr el cumplimiento de los mismos. TÍTULO II Funcionamiento del Sistema CAPÍTULO I De las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Artículo 12. De la función inspectora. La función inspectora, que será desempeñada por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en su integridad, y por los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales, en los términos establecidos en esta ley, comprende los siguientes cometidos: 1. De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y del contenido de los acuerdos y convenios colectivos, en los siguientes ámbitos: a) Sistema de relaciones laborales. 1.º Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. 2.º Normas sobre protección, derechos y garantías de los representantes de los trabajadores. 3.º Normas en materia de tutela y promoción de la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el trabajo. 4.º Normas en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. b) Prevención de riesgos laborales. 1.º Normas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en dicha materia. 2.º Ejercicio de las funciones de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. c) Sistema de la Seguridad Social. 1.º Normas en materia de campo de aplicación, inscripción, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación de cuotas del Sistema de la Seguridad Social. 2.º Normas sobre obtención y disfrute de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, incluidas las prestaciones por desempleo y la prestación por cese de actividad, así como de los sistemas de mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, además de cualesquiera modalidades de sistemas complementarios voluntarios establecidos por convenio colectivo. 3.º Normas sobre Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sobre otras formas de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como la inspección de la gestión y funcionamiento de las entidades y empresas que colaboran en la misma o en la gestión de otras prestaciones o ayudas de protección social, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de dirección de la contabilidad y de control de la gestión económico-financiera atribuida a los órganos de control competentes en la materia. 4.º El ejercicio de la inspección de la Seguridad Social por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 5.º La realización de otras funciones de inspección en materia de Seguridad Social, en los términos establecidos en su normativa reguladora. d) Empleo. 1.º Normas en materia de colocación y empleo. 2.º Control de la aplicación de las subvenciones, ayudas de fomento del empleo o cualesquiera establecidas en programas de apoyo a la creación de empleo o a la formación profesional para el empleo, de acuerdo con la normativa establecida al efecto, sin perjuicio del ejercicio del control financiero de las subvenciones por los órganos competentes en la materia. 3.º Normas en materia de formación profesional para el empleo, distintas de las señaladas en el número anterior, excepto cuando la normativa autonómica disponga otras fórmulas de inspección en la materia. 4.º Normas en materia de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación. e) Migraciones. 1.º Normas en materia de movimientos migratorios. 2.º Normas en materia de trabajo de extranjeros. f) Cooperativas y otras fórmulas de economía social, así como a las condiciones de constitución de sociedades laborales, salvo que la respectiva legislación autonómica disponga lo contrario en su ámbito de aplicación. g) Cualesquiera otros ámbitos cuya vigilancia se encomiende legalmente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2. De asistencia técnica. a) Dar información y asistencia técnica a las empresas con ocasión del ejercicio de la función inspectora, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con objeto de facilitarles un mejor cumplimiento de las disposiciones del orden social. b) Proporcionar información y asistencia técnica a los trabajadores y a sus representantes; comunicarles los resultados y consecuencias de las actuaciones inspectoras cuando medie denuncia por parte de los mismos, en los términos del artículo 20.4; e indicarles las vías administrativas o judiciales para la satisfacción de sus derechos, cuando estos hayan sido afectados por incumplimientos empresariales comprobados en las actuaciones inspectoras. c) Prestar asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, y a las autoridades competentes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, cuando les sea solicitada. d) Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones Públicas respecto a la aplicación de normas del orden social, o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas. e) Emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes, en el ámbito de las funciones y competencias inspectoras, cuando así lo establezca una norma legal. 3. De conciliación, mediación y arbitraje. a) La conciliación y mediación en huelgas y otros conflictos cuando la misma sea aceptada por las partes. b) El arbitraje en huelgas y otros conflictos laborales cuando las partes expresamente lo soliciten, así como en los supuestos legalmente establecidos. La función de arbitraje por parte de la Inspección, sin perjuicio de las funciones técnicas de información y asesoramiento, si lo solicita cualquiera de las partes, será incompatible con el ejercicio simultáneo de la función inspectora por la misma persona que tenga atribuida dicha función sobre las empresas sometidas a su control y vigilancia. c) Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social guardarán la debida reserva sobre la información obtenida en el ejercicio directo de las funciones de arbitraje o mediación y no la comunicarán a los servicios de inspección para el ejercicio de las funciones de vigilancia y control a que se refiere el apartado 1. Las funciones de conciliación, mediación y arbitraje de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollarán sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de las Administraciones Públicas y a los órganos instaurados por los sistemas de solución de conflictos laborales basados y gestionados por la autonomía colectiva. Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus competencias. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están autorizados para: 1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, deberán identificarse documentalmente y comunicar su presencia al empresario o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha identificación y comunicación puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por el empresario o su representante, los trabajadores, sus representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o de sus entidades asesoras que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora, así como por peritos o expertos pertenecientes a la Administración u otros habilitados oficialmente. 3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la función prevista en el artículo 12.1 y, en particular, para: a) Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. b) Exigir la comparecencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores, de los perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante. c) Examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación con trascendencia en la verificación del cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros, registros, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad; documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector está facultado para requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas correspondientes. Cuando los libros, registros, documentos o información que el obligado deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones, propias o de terceros, establecidas en las normas del orden social, así como cualquier otro dato, informe, antecedente o justificante con trascendencia para la función inspectora, se conserven en soporte electrónico, deberá suministrarse en dicho soporte y en formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado en el momento en que se realice la actuación inspectora, cuando así fuese requerido. d) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante y obtener copias y extractos de los documentos a que se refiere el apartado 3.c). 4. Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas a su fin, para impedir la destrucción, desaparición o alteración de la documentación mencionada en el apartado anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de derechos. 5. Proceder, en su caso, en cualquiera de las formas a que se refiere el artículo 22. Artículo 14. Funciones de los Subinspectores Laborales. 1. Los funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales están facultados para desarrollar las funciones inspectoras y ejercer las competencias atribuidas en este artículo, bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector de Trabajo y Seguridad Social responsable de la unidad, grupo o equipo al que estén adscritos, sin perjuicio de su dependencia de los órganos directivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2. A los Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social, les corresponderá actuar en las siguientes materias, en los términos que se establezcan reglamentariamente: a) La comprobación del cumplimiento en la contratación de las normas en materia de empleo, acceso al empleo, bonificaciones, subvenciones, ayudas y demás incentivos o medidas para el fomento del empleo o la formación profesional para el empleo. b) La comprobación del cumplimiento de las normas que prohíben la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años. c) La comprobación del cumplimiento de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales. d) La comprobación del cumplimiento de las normas en materia de campo de aplicación, inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, cotización y recaudación del Sistema de la Seguridad Social, así como las de colaboración obligatoria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social, y las de obtención, percepción y disfrute de prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las de desempleo y las de cese de actividad. e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre trabajo de extranjeros en España. f) La colaboración en la investigación y señalamiento de bienes susceptibles de embargo para la efectividad de la vía ejecutiva y la identificación del sujeto deudor, o de los responsables solidarios o subsidiarios cuando proceda, en todos aquellos casos que hagan referencia o afecten al cumplimiento de las normas del orden social. g) El asesoramiento a los empresarios y trabajadores en orden al cumplimiento de sus obligaciones, con ocasión del ejercicio de su función inspectora. h) Cuantas otras funciones de similar naturaleza les fueren encomendadas por los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que estén adscritos para el desarrollo de los cometidos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de sus competencias. 3. A los Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral, les corresponderá actuar en las siguientes materias, en los términos que se establezcan reglamentariamente: a) La comprobación del cumplimiento y control de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afecten directamente a las condiciones materiales de trabajo. b) La vigilancia del cumplimiento de la normativa jurídico-técnica con incidencia en materia de prevención de riesgos laborales. c) Programas de actuación preventiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivados del análisis de la siniestralidad laboral. d) La información y asesoramiento a empresarios y trabajadores, con ocasión del ejercicio de su función inspectora, sobre la forma más efectiva de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. e) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza les fuesen encomendadas por los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que estén adscritos para el desarrollo de los cometidos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de sus competencias. 4. En ejecución de las órdenes de servicio recibidas para el desempeño de sus funciones, los Subinspectores Laborales, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, están facultados para proceder en la forma establecida en los apartados 1 a 4 del artículo 13. 5. Como consecuencia de las funciones inspectoras que realicen, los Subinspectores Laborales de la Escala de Empleo y Seguridad Social podrán proceder en la forma dispuesta en los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 17 y 18 del artículo 22. Los Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral podrán proceder en la forma prevista en los apartados 1, 2, 5, 12 y 18 de dicho artículo 22, así como comunicar internamente las actuaciones a que se refiere los apartados 7, 9 y 10 del mismo artículo. Las actas de infracción y, en su caso, de liquidación practicadas por los Subinspectores Laborales, serán visadas por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social bajo cuya dirección técnica actúen, en los términos y supuestos que se determinen reglamentariamente, en función de la naturaleza o calificación de la infracción o de la cuantía de la sanción propuesta. Artículo 15. Garantías en el ejercicio de las funciones inspectoras. 1. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social están facultados para desempeñar todas las competencias que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuidas conforme al artículo 12. En su ejercicio gozarán de plena autonomía técnica y funcional, se les garantizará protección frente a todo tipo de violencia, coacción y amenaza, e independencia frente a cualquier influencia indebida en los términos del artículo 6 del Convenio número 81 y del artículo octavo del Convenio número 129 de la Organización Internacional del Trabajo. 2. La especialización funcional que regula esta ley será compatible con los principios de unidad de función y de actuación inspectora. En su virtud, cualquiera que sea el origen de su actuación, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social podrán desplegar cuantas actuaciones de investigación y adoptar cuantas medidas consideren oportunas, respecto de la totalidad de las materias del orden social a que extienden sus competencias, con independencia de la Administración Pública a la que estén adscritos orgánicamente. En todo caso, cuando el inspector actúe en virtud de un servicio encomendado para la realización de una o varias actuaciones específicas, no serán exigibles otras distintas de las necesarias para la consecución de aquel. No obstante, si se apreciara de manera directa, en el curso de la visita, evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá adoptar, entre otras medidas, la indicada en el artículo 22.12. 3. Los Subinspectores Laborales están asimismo facultados para desempeñar todas las funciones que les atribuye esta ley, con independencia de la Administración Pública a la que estén adscritos orgánicamente. En el ejercicio de sus funciones no les serán exigibles otras actuaciones distintas de las necesarias para la consecución del servicio que se les haya encomendado en cada caso. No obstante, los Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral que, en el curso de la visita, apreciaran de manera directa evidencia manifiesta de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrán adoptar, entre otras medidas, la indicada en el artículo 22.12. En el ejercicio de sus funciones se les garantizará protección frente a todo tipo de violencia, coacción y amenaza, e independencia frente a cualquier influencia indebida. 4. A los efectos establecidos en el artículo octavo.uno de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no se considerarán en ningún caso intromisiones ilegítimas las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines. Artículo 16. Auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las demás entidades públicas, y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes que tengan trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a prestarle la colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora. 2. El Consejo General del Notariado suministrará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de forma telemática, la información contenida en el índice único informatizado regulado en el artículo 17 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, que tenga trascendencia en el ejercicio de la función inspectora. 3. La Administración Tributaria cederá sus datos y antecedentes a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 95.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Asimismo, las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, facilitándole, cuando le sean solicitadas, las informaciones, antecedentes y datos con relevancia en el ejercicio de la función inspectora, incluso los de carácter personal objeto de tratamiento automatizado, sin necesidad de consentimiento del afectado. La Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establecerán programas de mutua correspondencia y de coordinación para el cumplimiento de sus fines. 4. Los órganos de la Administración General del Estado y los de las Comunidades Autónomas colaborarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y le prestarán el apoyo y el asesoramiento pericial y técnico necesario. 5. Las mutualidades de previsión social deberán colaborar y suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los datos e informes que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de la Inspección, en lo relativo a su condición de entidad alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 6. Las obligaciones de auxilio y colaboración establecidas en los apartados anteriores sólo tendrán las limitaciones legalmente establecidas referentes a la intimidad de la persona, al secreto de la correspondencia, o de las informaciones suministradas a las Administraciones Públicas con finalidad exclusivamente estadística. 7. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes estarán obligadas a prestar apoyo, auxilio y colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el desempeño de sus funciones, a través de los mandos designados a tal efecto por la autoridad correspondiente. 8. Mediante convenios u otros instrumentos se establecerán las formas de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de otros órganos de la Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas para los supuestos en que, como consecuencia de su actuación, tengan conocimiento de hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular. Los hechos comprobados directamente por los funcionarios que ostenten la condición de Autoridad o de agentes de ella, contenidos en comunicaciones que se formulen en ejecución de lo establecido en los convenios o instrumentos indicados en el párrafo anterior, tras su valoración y calificación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser aducidos como prueba en los procedimientos iniciados por esta y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados. 9. Los Juzgados y Tribunales facilitarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de la misma, los datos de trascendencia para la función inspectora que se desprendan de las actuaciones en que conozcan y que no resulten afectados por el secreto sumarial. 10. La colaboración de las Autoridades de los Estados Miembros de la Unión Europea con competencias equivalentes a las de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se regirá por la normativa de la Unión Europea o por los instrumentos o acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sea parte el Estado Español. Los hechos comprobados por dichas autoridades en el ámbito de la cooperación administrativa internacional que sean facilitados a las autoridades españolas podrán ser aducidos como prueba por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos iniciados por esta y serán tenidos por ciertos, salvo prueba en contrario de los interesados. 11. La obtención de datos de carácter personal no recabados del interesado por los funcionarios de la Inspección en el ejercicio de sus competencias, no requerirá la información expresa e inequívoca a los interesados prevista en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Artículo 17. Colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a las Administraciones Públicas y, en especial, a la autoridad laboral, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a la Administración Tributaria, a las que facilitará las informaciones que requieran como necesarias para su función, siempre que se garantice el deber de confidencialidad, si procediese. 2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones de inspección, procurará la necesaria colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales y con los representantes de los trabajadores. Periódicamente, a través de los órganos establecidos en esta ley, la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social facilitará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas información sobre extremos de interés general que se deduzcan de las actuaciones inspectoras, memorias de actividades y demás antecedentes, así como las instrucciones de organización de los servicios, criterios operativos generales y criterios técnicos vinculantes, en los términos establecidos en el artículo 20.2. 3. Si apreciase la posible comisión de un delito, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el cauce orgánico que reglamentariamente se determine, remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que haya conocido y de los sujetos que pudieren resultar afectados. 4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará ayuda y colaboración a las autoridades de otros Estados de la Unión Europea con competencias equivalentes, mediante la remisión de datos e información relativas al ejercicio de sus funciones inspectoras. Asimismo, podrá cooperar con las autoridades de otros Estados, cuando así esté previsto en los convenios y tratados en los que España sea parte. Artículo 18. De la colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden social, están obligados cuando sean requeridos: a) A atender debidamente a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y a los Subinspectores Laborales. b) A acreditar su identidad y la de quienes se encuentren en los centros de trabajo. c) A colaborar con ellos con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectoras. d) A declarar ante el funcionario actuante sobre cuestiones que afecten a las comprobaciones inspectoras, así como a facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Quienes representen a los sujetos inspeccionados deberán acreditar documentalmente tal condición si la actuación se produjese fuera del domicilio o centro de trabajo visitado. 2. Toda persona natural o jurídica estará obligada a proporcionar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social toda clase de datos, antecedentes o información con trascendencia en los cometidos inspectores, siempre que se deduzcan de sus relaciones económicas, profesionales, empresariales o financieras con terceros sujetos a la acción inspectora, cuando a ello sea requerida en forma. Tal obligación alcanza a las entidades colaboradoras de los órganos de recaudación de la Seguridad Social y a las depositarias de dinero en efectivo o de fondos en cuanto a la identificación de pagos realizados con cargo a las cuentas que pueda tener en dicha entidad la persona que se señale en el correspondiente requerimiento, sin que puedan ampararse en el secreto bancario. La obligación de los profesionales de facilitar información no alcanza a aquellos datos confidenciales a que hubieran accedido por su prestación de servicios de asesoramiento y defensa o con ocasión de prestaciones o atenciones sanitarias, salvo conformidad previa y expresa de los interesados. El incumplimiento de estos requerimientos se considerará como infracción por obstrucción conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Reglamentariamente se determinará la forma y requisitos aplicables a los referidos requerimientos. 3. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se llevará a efecto, preferentemente, por medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la transmisión a la Inspección de aquellos datos personales que sean necesarios para el ejercicio de la función inspectora, en virtud de su deber de colaboración, no estará sujeta a la necesidad de consentimiento del interesado. Los datos que hubieran sido transmitidos únicamente se emplearán para ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. CAPÍTULO II De las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Artículo 19. Ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se extiende a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, a las comunidades de bienes u otras entidades sin personalidad jurídica, en cuanto sujetos obligados o responsables que sean del cumplimiento de las normas del orden social, y se ejerce en: a) Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando estén directamente regidos o gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualesquiera de ellas, con sujeción, en este último caso, a lo previsto en la normativa que regula dicha actuación en las Administraciones Públicas. b) Los vehículos y los medios de transporte en general, en los que se preste trabajo, incluidos los trenes, los aviones y aeronaves civiles, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias en tierra para el servicio de aquéllos. Los buques de pabellón español de la marina mercante y los buques de pabellón español de pesca, que se hallen en puertos del territorio español o en aguas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como las instalaciones y explotaciones auxiliares o complementarias para el servicio de estos que se hallen en tierra y en territorio español. c) Los puertos, aeropuertos, vehículos y puntos de salida, escala y destino, en lo relativo a los viajes de emigración e inmigración interior, sin perjuicio de lo establecido en la anterior letra a) como centros de trabajo. d) Las entidades y empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. e) Las entidades públicas o privadas que colaboren con las distintas Administraciones Públicas en materia de protección y promoción social. f) Las sociedades cooperativas en relación a su constitución y funcionamiento y al cumplimiento de las normas del orden social en relación a sus socios trabajadores o socios de trabajo, y a las sociedades laborales en cuanto a su calificación como tales, sin perjuicio de lo que establezca la legislación aplicable a la materia. 2. No obstante lo anterior, los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vigilancia esté legalmente atribuida a otros órganos de las Administraciones Públicas se regirán por su normativa específica, sin perjuicio de la competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las materias no afectadas por la misma según lo que se establezca reglamentariamente. 3. La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas. Artículo 20. Normas generales, origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y condición de interesado. 1. Las actuaciones inspectoras tendrán por objeto el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 12. Dichas actuaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley, en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social y en sus normas de desarrollo. 2. Se garantiza la efectividad de los principios de igualdad de trato y no discriminación en el ejercicio de la actividad inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante una aplicación homogénea de la normativa del orden social. A tal fin se establecerán las oportunas instrucciones de organización de los servicios, criterios operativos generales y criterios técnicos vinculantes, que serán objeto de publicación, en su caso, conforme a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas de inspección, a petición razonada de otros órganos, en virtud de denuncia o por propia iniciativa de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, conforme a criterios de eficacia y oportunidad, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá hacer uso de toda la información disponible para la programación de actuaciones de inspección. 4. La acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social es pública. El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación, si bien tendrá derecho a ser informado del estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora. Los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores tendrán derecho a ser informados del estado de tramitación de las denuncias presentadas por los mismos en el ámbito de su representación, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto. En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el mismo supuesto, se reconoce expresamente la condición de interesados en el procedimiento a los representantes de las organizaciones sindicales o representantes de los trabajadores, en su condición de titulares de los intereses legítimos que derivan de su representación. 5. No se tramitarán las denuncias anónimas ni las que tengan defectos o insuficiencias de identificación que no hayan sido subsanadas en el plazo establecido para ello, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3. Tampoco se dará curso a aquellas cuyo objeto coincida con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional cuyo pronunciamiento pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora, ni las que manifiestamente carezcan de fundamento. 6. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el supuesto de asuntos coincidentes con cuestiones que con carácter previo o incidental esté conociendo un órgano jurisdiccional y que pudieran dar lugar a la exigencia de pago de cuotas de la Seguridad Social, se iniciará actuación inspectora, en todos los supuestos a que se refiere el apartado 3. El inicio de actuaciones, con conocimiento formal del empresario, interrumpirá el plazo de prescripción previsto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Una vez que sea firme la sentencia y sea esta comunicada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se iniciará la tramitación del expediente liquidatorio y, en su caso, sancionador, o bien se archivarán las actuaciones. Artículo 21. Modalidades y documentación de la actuación inspectora. 1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollará mediante visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso previo; mediante requerimiento de comparecencia ante el funcionario actuante de quien resulte obligado, aportando la documentación que se señale en cada caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3.c), o para efectuar las aclaraciones pertinentes; o en virtud de expediente administrativo, cuando el contenido de su actuación permita iniciar y finalizar aquélla. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse por uno o varios funcionarios y podrán extenderse durante el tiempo necesario. 2. Igualmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá actuar mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones Públicas. A tal efecto, podrá utilizar los datos o antecedentes que le suministren otras Administraciones Públicas de la Unión Europea. 3. Cuando iniciada visita de inspección no fuese posible su prosecución y finalización por no aportar el sujeto inspeccionado los antecedentes o documentos solicitados, la actuación proseguirá en virtud de requerimiento para su aportación en la forma indicada en el apartado 1. 4. Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá de nueve meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando las actividades de inspección revistan especial dificultad y complejidad. Se entiende que se produce atendiendo al volumen de operaciones de la persona o de la entidad, por la dispersión geográfica de sus actividades, y en aquellos otros supuestos que indique una norma reglamentaria. b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el sujeto inspeccionado ha obstruido u ocultado al órgano inspector alguna de sus actividades o de las personas que las desempeñen. c) Cuando la actuación inspectora requiera de cooperación administrativa internacional. Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que pueda condicionar el resultado de la misma. Las comprobaciones efectuadas en una actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas. Cualquiera que sea el origen de la actuación inspectora conforme al artículo 20.3, el cómputo de los plazos establecidos en este apartado se iniciará a partir de la fecha de la primera visita efectuada o, en caso de requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado, desde la fecha efectiva de la comparecencia, siempre que haya aportado la totalidad de la documentación requerida con trascendencia en la actuación inspectora. No se considerará incluido en ningún caso en el cómputo de los plazos, el tiempo transcurrido durante el aplazamiento concedido al sujeto obligado en los supuestos de formularse requerimientos de subsanación de incumplimientos previos por parte del órgano inspector. 5. Con ocasión de sus visitas a los lugares de trabajo, los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitarán la presencia de los representantes de los trabajadores cuando legalmente proceda, conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando así lo aconseje la índole de la actuación a realizar de acuerdo con las instrucciones que se dicten al respecto. 6. Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas. Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias. Artículo 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad comprobatoria inspectora, podrán adoptar las siguientes medidas: 1. Advertir y requerir al sujeto responsable, en vez de iniciar un procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores o a sus representantes. 2. Requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales, incluso con su justificación ante el funcionario actuante. 3. Informar o proponer la sustitución de sanciones principales o accesorias, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 4. Requerir a las Administraciones Públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del personal civil a su servicio. 5. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción. 6. Efectuar requerimientos de pago por deudas a la Seguridad Social, así como iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta o bonificaciones indebidas, mediante la práctica de actas de liquidación. 7. Promover procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y altas y bajas de trabajadores, así como para el encuadramiento de empresas y trabajadores en el régimen de la Seguridad Social adecuado, sin perjuicio del inicio del expediente liquidatorio a que se refiere el apartado anterior, si procediese. 8. Instar del correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales, si se constatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula. 9. Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad y salud laboral. 10. Proponer recargos o reducciones en las primas de aseguramiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en relación a empresas por su comportamiento en la prevención de riesgos y salud laborales, con sujeción a la normativa aplicable. 11. Iniciar el procedimiento para la correcta aplicación o para la devolución de cantidades indebidamente aplicadas en los casos de colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 12. Ordenar la paralización inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 13. Comunicar al organismo competente los incumplimientos que compruebe en la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento del empleo, formación profesional para el empleo y promoción social, e iniciar el correspondiente expediente de devolución de ayudas y subvenciones cuando proceda. 14. Proponer a su superior jerárquico la formulación de comunicaciones y demandas de oficio ante la Jurisdicción de lo Social en la forma prevista en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. 15. En los supuestos en que la actuación inspectora afecte a empresas establecidas en otros Estados Miembros de la Unión Europea y los hechos comprobados sean sancionables por el Estado miembro de origen de la empresa, estos hechos podrán ponerse en conocimiento de la autoridad competente del Estado Miembro de origen para que inicie el procedimiento sancionador, sin perjuicio de que pueda adoptar otras medidas que considere pertinentes. 16. Informar al órgano competente de los resultados de la investigación para la identificación de los distintos sujetos responsables por los incumplimientos de las normas a que se refiere el artículo 12.1, incluyendo los supuestos de responsabilidad solidaria o subsidiaria, así como para el señalamiento de bienes para la efectividad de la vía ejecutiva. 17. Informar a los Servicios Públicos de Empleo a efectos del reconocimiento de acciones de orientación, capacitación y formación profesional para el empleo para los trabajadores en situación de trabajo no declarado, empleo irregular u otros incumplimientos detectados por la actividad inspectora, de acuerdo con la legislación aplicable. 18. Cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor. Artículo 23. Presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras. Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Artículo 24. Información del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Conforme al principio de concepción única e integral del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, deberá garantizarse en el tratamiento de la información de dicho Sistema la unidad e integración de la información, la interoperabilidad, la interconexión y el acceso a la misma a las distintas Administraciones Públicas en función de las materias objeto de su competencia, en los términos establecidos en esta ley y su normativa de desarrollo. En consecuencia, el personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrá acceder a la información necesaria para el ejercicio de las funciones inspectoras, de los registros y bases de datos disponibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 y en los términos que se establezcan. 2. El tratamiento de la información del Sistema debe realizarse a partir de una base de datos unitaria e integrada, que mantenga la homogeneidad de los datos y consolide, en el conjunto del Estado, la información aportada por los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la que se derive de sus actuaciones. 3. El tratamiento de los datos de carácter personal incorporados a la base de datos del Sistema se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo. No obstante, no será necesario el consentimiento de los interesados para la inclusión de sus datos en la base de datos del Sistema ni para el acceso a los mismos o su comunicación a terceros por parte de las Administraciones Públicas competentes. 4. Serán de aplicación al sistema de información las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal. TÍTULO III Organización del Sistema CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 25. Cooperación y participación de las Administraciones Públicas. 1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el ejercicio y la eficacia del servicio público de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, dichas Administraciones organizarán la realización de las actuaciones inspectoras con sujeción a los principios establecidos en el artículo 2 y desarrollarán el principio de cooperación a través de los órganos e instrumentos previstos en esta ley y en los acuerdos o convenios suscritos entre las Administraciones competentes. 2. La cooperación entre las Administraciones citadas en el apartado anterior se instrumentará mediante convenios de colaboración según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 3. Las Comunidades Autónomas participarán asimismo en la dirección del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4. Con el fin de garantizar el funcionamiento cohesionado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas establecerán la realización de los planes y programas de actuación que sean necesarios para el logro de objetivos de carácter general. Con la misma finalidad, las Administraciones competentes dispondrán de un sistema de información dirigido a garantizar la eficacia de la función inspectora y la coherencia y homogeneidad de los datos y de su tratamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24. Artículo 26. Definición de los servicios y puestos de inspección. Los puestos de trabajo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social y los de Subinspector Laboral, en su doble Escala de Empleo y Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, se definirán de acuerdo con criterios únicos en todo el territorio español. El resto de los servicios y puestos de Inspección se acomodarán en su desarrollo a las características de cada demarcación, conforme a las competencias propias de cada Administración, atendiendo de manera preferente a criterios homogéneos para su establecimiento. CAPÍTULO II Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social Artículo 27. Creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en el ejercicio de las funciones que le encomienda esta ley. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se articulará en torno a una estructura central y una estructura territorial. 2. El régimen jurídico del Organismo Estatal será el establecido en esta ley y en el capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El régimen contable, presupuestario y de control, así como el de rendición de cuentas del Organismo Estatal será el previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal. 3. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. 4. Corresponde al Gobierno aprobar los Estatutos del Organismo Estatal mediante real decreto, previa consulta con las Comunidades Autónomas, a iniciativa del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 28. Estructura del Organismo Estatal. 1. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desplegará en la totalidad del territorio español. Tanto su estructura central como territorial se establecerá en los Estatutos a los que se refiere el artículo 27.4, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes y en el artículo 32. 2. La estructura central contará con un Consejo Rector y un Director, como órganos de dirección, y con un Consejo General Consultivo, como órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo. Dicha estructura comprenderá la organización relativa a la dirección y gestión de sus responsabilidades y la planificación y coordinación de la totalidad de las funciones encomendadas al Organismo tanto en el ámbito central como periférico. Artículo 29. El Consejo Rector. 1. El Consejo Rector tendrá composición paritaria y se integrará por los siguientes miembros: a) El presidente, que será el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Vicepresidente, que será el titular de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. b) Los vocales designados por la Administración General del Estado. c) Los vocales designados por cada una de las Comunidades Autónomas. El número de vocales, su forma de designación y el régimen de funcionamiento del Consejo Rector se desarrollarán en los Estatutos del Organismo Estatal. 2. Corresponde al Consejo Rector: a) Conocer y aprobar los planes y programas generales de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las medidas necesarias para su ejecución. b) Establecer e impulsar medidas de colaboración con otras Administraciones para el mejor ejercicio de las funciones encomendadas al Organismo Estatal. c) Aprobar la propuesta del presupuesto de ingresos y gastos del Organismo Estatal y ser informado de su ejecución, así como aprobar las cuentas anuales. d) Conocer e informar las propuestas normativas relativas al Sistema de Inspección, así como los criterios técnicos y procedimientos operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora. e) Adoptar propuestas en relación con la posición estatal en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito europeo, y la ejecución de las acciones y programas que impulse la Unión Europea y la cooperación administrativa transnacional. f) Adoptar propuestas sobre las cuestiones que se le sometan en relación con los procesos de ingreso, selección, formación y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Inspección, y la planificación de los recursos humanos y medios materiales del Sistema. g) Proponer la adopción de acuerdos relativos a la aportación de recursos materiales, técnicos o económicos del Organismo Estatal y al perfeccionamiento profesional de los efectivos del Sistema, así como la adopción de criterios comunes sobre la estructura territorial y funcional del mismo, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de lo establecido en las respectivas leyes de presupuestos. h) Aprobar los criterios para evaluar la eficacia y la calidad de los servicios del Organismo Estatal. i) Conocer los informes, estadísticas y memorias a los que se refiere el artículo 31.3.g). j) Aprobar, a propuesta del titular de la dirección del Organismo Estatal, los criterios de distribución de los puestos de trabajo de personal inspector correspondientes a la estructura territorial de dicho Organismo. Artículo 30. El Consejo General. 1. El Consejo General es el órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo Estatal. Estará integrado por cuatro representantes de la Administración General del Estado, cuatro representantes de las Comunidades Autónomas, ocho representantes de las organizaciones empresariales más representativas y ocho representantes de las organizaciones sindicales más representativas. 2. El Consejo General tendrá funciones de información, audiencia y consulta en las materias de que tenga conocimiento el Consejo Rector de acuerdo con el artículo 29.2. Artículo 31. El Director. 1. Sin perjuicio de las atribuciones del Consejo Rector, el titular de la Dirección del Organismo ejerce las funciones de representación del Organismo Estatal, así como su dirección y gobierno. 2. El titular de la Dirección ejercerá las funciones propias de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo. 3. Con carácter específico, corresponde al titular de la Dirección el ejercicio de las siguientes funciones: a) La dirección y coordinación del funcionamiento del Organismo Estatal. b) Ejercer la representación del Sistema español de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las instituciones y foros internacionales, así como de la Unión Europea, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas en la forma que se determine. c) Autorizar la adscripción a la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de las empresas que deban ser objeto de comprobación e investigación por la Dirección Especial de Inspección, de acuerdo con los planes y programas generales que se establezcan. d) La dirección de las funciones de Alta Inspección del Estado en el orden social de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Autonomía, en la forma establecida en la disposición adicional novena. e) Promover la celebración de convenios con las Comunidades Autónomas o con otras Instituciones del Estado en materias de la competencia del Organismo Estatal y firmar los mismos cuando no corresponda a una autoridad superior. f) Ostentar la Secretaría del Consejo Rector, así como la relación institucional con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a efectos de asegurar la coherencia general del Sistema y promover la aplicación de los objetivos generales en su actuación. g) Elaborar y publicar informes, estadísticas y memorias sobre la actuación del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuando se refieran al ámbito general del territorio del Estado o tengan por destinatario instituciones del Estado u órganos supranacionales o internacionales, así como su presentación a las instituciones de dichos ámbitos. h) Ostentar la jefatura del personal, y organizar y gestionar los recursos humanos y medios materiales del Organismo Estatal, especialmente en materia de selección, formación y movilidad, sistemas de comunicación e información y funcionamiento de los servicios administrativos. i) La definición de los criterios técnicos y operativos para el desarrollo de la función inspectora, sin perjuicio de la participación de las Comunidades Autónomas. j) El conocimiento y resolución de los expedientes y recursos señalados por la normativa aplicable, así como de aquellos otros incoados por la Inspección y que no correspondan expresamente a otras autoridades de las Administraciones Públicas. k) El conocimiento de las cuestiones que se planteen ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relación con actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias de las autoridades autonómicas. l) La elaboración de la propuesta de presupuesto de ingresos y gastos del organismo, así como el seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como formular las cuentas anuales y rendirlas, una vez aprobadas, al Tribunal de Cuentas. m) Adoptar las instrucciones sobre guardias y organización de los servicios en las materias competencia de la Administración General del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas. n) Cualesquiera otras que le asignen los Estatutos del organismo u otras normas. Artículo 32. Estructura territorial del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Conforme a lo mencionado en el artículo 28.1, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desplegará en la totalidad del territorio español. Su estructura territorial se desarrollará reglamentariamente, teniendo en cuenta lo establecido en los apartados siguientes. 2. En cada Comunidad Autónoma existirá una Dirección Territorial, cuyo titular será designado con la participación de la Comunidad en los términos previstos en el convenio de colaboración, y a quien corresponderá, además de las funciones que se establezcan reglamentariamente, la interlocución permanente con las autoridades de la misma conforme lo establecido en el referido convenio. El titular de la Dirección Territorial dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado o de la Administración Autonómica correspondiente, en atención a la competencia material objeto de las actuaciones inspectoras en las que intervenga. No obstante lo anterior, en las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso del ejercicio de la función pública inspectora y los servicios de la Inspección de Trabajo, se estará a lo que se acuerde en los mecanismos de cooperación bilateral, que deberá garantizar la prestación eficaz y coordinada del servicio público de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 3. La estructura territorial, en aplicación del principio de trabajo programado y en equipo, deberá contemplar las unidades especializadas precisas en las áreas funcionales de actuación de la inspección. 4. La definición y puestos de inspección de la estructura territorial del Organismo Estatal atenderá a los principios de eficacia, eficiencia y trabajo programado y en equipo y a la necesidad o conveniencia de diversificar las tareas inherentes al ejercicio de las funciones inspectoras. CAPÍTULO III Cooperación autonómica Artículo 33. Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En cada Comunidad Autónoma tendrá la consideración de Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el cargo público designado por esta para desempeñar específicamente tales funciones en el ámbito de las materias que sean de la competencia de la Comunidad, de acuerdo con lo que disponga el correspondiente convenio de colaboración. Corresponde a la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo que se indique en el convenio de colaboración, el ejercicio de las siguientes funciones en materias de su competencia: a) Impulso y seguimiento de la actividad inspectora respecto de las competencias de la Comunidad Autónoma en el territorio de la misma. b) Promover la celebración de acuerdos y convenios entre el Organismo Estatal y la Comunidad Autónoma. c) La presentación de las memorias de actividades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su ámbito territorial, conforme a su propia normativa. d) Supervisión de los resultados de las actuaciones inspectoras que afecten a centros regidos o administrados por la Comunidad Autónoma. e) Propuesta de elaboración de planes y programas específicos de formación del personal con funciones inspectoras, adaptados a las peculiaridades de la actividad económica y laboral del territorio de la Comunidad Autónoma. f) Propuestas de criterios técnicos y operativos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en función de las particularidades de la actividad laboral o económica de la Comunidad Autónoma, o cuando existan peculiaridades de tipo geográfico, en especial, por razones de insularidad. g) Propuesta al titular de la Dirección del Organismo Estatal de la instrucción de medidas disciplinarias respecto de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social adscritos al Organismo Estatal en el territorio de la Comunidad Autónoma. h) Adoptar las instrucciones sobre guardias y organización de los servicios en coordinación con la Administración General del Estado. i) Cuantas otras se dispongan en los convenios de colaboración y en la normativa vigente. Artículo 34. Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. En cada Comunidad Autónoma existirá una Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, coordinada por el titular de la Dirección Territorial del Organismo Estatal y que será presidida por la Autoridad Autonómica a que se refiere el artículo anterior, cuando acuda a las reuniones. Su composición se determinará de acuerdo con el convenio de colaboración, formando parte de la misma los responsables designados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por las instituciones y servicios públicos encargados de la ejecución de la legislación cuya vigilancia está atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con lo señalado en el artículo 12.1. 2. Sin perjuicio de lo que disponga el correspondiente convenio de colaboración, la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ocupará, al menos, de las siguientes cuestiones: a) El análisis de las situaciones de incumplimiento más frecuente o generalizado de las normas sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la actividad desarrollada en este ámbito por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) El establecimiento de los mecanismos de información y apoyo técnico que sean necesarios para el adecuado ejercicio de la función inspectora en el territorio de la Comunidad Autónoma. c) La integración de los planes y programas de actuación de cada una de las Administraciones, de acuerdo con las prioridades establecidas y la aprobación del programa territorial de objetivos. d) La información, el control y el seguimiento de la aplicación de los programas territoriales y de los programas generales del Sistema, así como el traslado de los informes oportunos al Consejo Rector del Organismo Estatal. e) El análisis del número, distribución, especialización y demás características de los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma y el traslado de las conclusiones o propuestas que correspondan al Consejo Rector del Organismo Estatal. f) Los procedimientos para la mejor distribución de actuaciones entre los efectivos de Inspección con vistas a lograr el equilibrio entre el principio de especialización funcional y el de unidad de función y de actuación inspectora a que se refiere el artículo 2. Artículo 35. Participación institucional. La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en los asuntos relativos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, circunscritos al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, se producirá en los órganos de representación de carácter consultivo, en la forma en que se prevea por estas. Disposición adicional primera. Entrada en funcionamiento efectivo del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. La entrada en funcionamiento efectivo del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá lugar en la fecha establecida en sus Estatutos, una vez aprobados y publicado estos. El Gobierno procederá a la aprobación y publicación de estos Estatutos en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Desde su puesta en funcionamiento se subrogará en todos los derechos y obligaciones derivados de competencias de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en concreto, en los contratos, convenios, encomiendas y encargos perfeccionados en el ámbito de competencias asignadas al Organismo Estatal. 2. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social compartirá la organización y la gestión de los servicios comunes que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, de acuerdo con la normativa de régimen jurídico del sector público y en la forma establecida en la misma. Disposición adicional segunda. Estructura del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Los Estatutos del Organismo Estatal podrán establecer una Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude, integrada en el propio Organismo, como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y cuantas otras se determinen. Dichos Estatutos regularán las funciones, así como la organización y funcionamiento de la Oficina, que contará con el auxilio y colaboración a que se refiere el artículo 16 al objeto de lograr la máxima coordinación y eficacia en la actuación inspectora en materia de lucha contra el fraude en función de las diversas áreas materiales implicadas. Igualmente la oficina contará con agentes de enlace designados por otros Departamentos y Administraciones para la coordinación de las actuaciones realizadas en el marco de los convenios de colaboración a que se refiere el apartado 8 del citado artículo. Dentro de sus funciones se le podrá encomendar la tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos sancionadores iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente. 2. Asimismo, los Estatutos del Organismo podrán contemplar una Dirección Especial de Inspección con competencia para actuar en la totalidad del territorio español en los ámbitos a los que se refiere el artículo 12.1, que asumirá funciones de coordinación en las actuaciones inspectoras sobre empresas, sectores o situaciones que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, así como las que versen sobre los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público estatal. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, la Dirección Especial desempeñará la dirección y el desarrollo, en su caso, de dichas actuaciones y cuantas otras se le atribuyan reglamentariamente. Disposición adicional tercera. Régimen competencial. Lo dispuesto en esta ley no supone modificación del régimen competencial establecido en los Estatutos de Autonomía de las distintas Comunidades Autónomas, por lo que las disposiciones de la misma han de entenderse en cada caso conforme lo dispuesto en los mismos. Disposición adicional cuarta. Integración de servicios y personal. 1. El personal funcionario de la Administración General del Estado adscrito al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se integrará en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2. Asimismo el personal laboral de la Administración General del Estado adscrito al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se integrará en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los mismos grupos o especialidades a las que estuvieran adscritos, y con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en el momento de la integración. 3. El personal funcionario interino y el personal laboral temporal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social al servicio de la Administración General del Estado se adscribirá al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en el momento de la adscripción y por el tiempo que perdure su relación de servicio. 4. La adscripción a la que se refieren los apartados anteriores no supondrá modificación en la situación jurídico-administrativa del personal ni en la naturaleza de su relación con la Administración, y continuará desempeñando las funciones establecidas en su normativa reguladora. Disposición adicional quinta. Cuerpo de Subinspectores Laborales. 1. El Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social pasa a denominarse Cuerpo de Subinspectores Laborales. 2. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social a la entrada en vigor de esta ley quedan integrados en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, dentro de la Escala de Empleo y Seguridad Social, con los cometidos y atribuciones que esta ley les reconoce y con todos los derechos adquiridos en su Cuerpo de procedencia. 3. Para el ingreso en la Escala de Empleo y Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales será necesario disponer de título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias sociales y jurídicas. Asimismo, seguirán siendo válidos para el acceso a dicha Escala los títulos de la ordenación universitaria anterior en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre que se trate de títulos que se correspondan con dichas ramas o áreas de conocimiento. Para el ingreso en la Escala de Seguridad y Salud Laboral del Cuerpo de Subinspectores Laborales será necesario disponer de título universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la salud, o ingeniería y arquitectura. Asimismo, seguirán siendo válidos para el acceso a dicha Escala los títulos de la ordenación universitaria anterior en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre que se trate de títulos que se correspondan con dichas ramas o áreas de conocimiento. 4. La dotación y el despliegue territorial de los Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral se realizarán en función de los criterios aprobados por el Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las competencias atribuidas al mismo por el artículo 29.2.g). 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con las respectivas ofertas de empleo público y lo establecido en los convenios de colaboración, los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas que a la fecha de entrada en vigor de esta ley dispusieran de la habilitación para el ejercicio de funciones comprobatorias a que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán integrarse en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, en la Escala de Seguridad y Salud Laboral, siempre que dispongan de la titulación exigible y superen las pruebas selectivas correspondientes, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen. Disposición adicional sexta. Adscripción de los Cuerpos Nacionales del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los Cuerpos Nacionales del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social estarán adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de la dependencia estatal o autonómica de los funcionarios que los integran, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3. Disposición adicional séptima. Referencias normativas. Las referencias efectuadas en el ordenamiento jurídico a la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se entenderán hechas a la presente ley. Asimismo, las referencias a los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social deberán entenderse realizadas a los Subinspectores Laborales. Disposición adicional octava. Comunidades Autónomas con funciones y servicios traspasados en materia de función pública inspectora. 1. Las Comunidades Autónomas con funciones y servicios traspasados en materia de función pública inspectora participarán en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en esta ley, con respeto, en todo caso, al pleno ejercicio de sus competencias, por lo que no les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 33 y 34 y mantendrán las facultades organizativas y directivas respecto de su propio personal, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 2. En la coordinación de las actuaciones entre los servicios de inspección traspasados a dichas Comunidades Autónomas y los de la Administración General del Estado los acuerdos bilaterales que se establezcan tendrán especialmente en cuenta la singularidad de la adscripción orgánica de los servicios de inspección a distintas Administraciones Públicas, sobre la base de la concepción única e integral del Sistema, del principio de unidad de función y actuación inspectora de los funcionarios del Sistema y del principio de eficacia en la ejecución de la función inspectora. Igualmente, y con la misma finalidad, dichas Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado constituirán, conforme al artículo 5.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, un órgano de cooperación multilateral en los ámbitos materiales específicos que les sean de interés, en especial, los criterios de coordinación de actuaciones supraautonómicas o que requieran una respuesta uniforme en todo el territorio nacional incluyendo, en su caso, la referida en el apartado 2 de la disposición adicional segunda; la determinación de planes y programas de Inspección; los criterios y procedimientos comunes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la planificación de los recursos humanos y medios materiales del Sistema en dichas Comunidades Autónomas, en particular, los aspectos relativos a los procesos de ingreso, selección, formación, provisión de puestos de trabajo y movilidad geográfica de los Cuerpos Nacionales del Sistema. Estará integrado por los titulares de los respectivos órganos de dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y tendrá la organización y funciones que se establezcan en el acuerdo de constitución. 3. Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores Laborales, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, podrán realizar actuaciones de investigación y adoptar medidas inspectoras en todas las materias del orden social, aun cuando sean de la competencia de una Administración distinta a la de su dependencia orgánica. Correlativamente, dichos funcionarios deberán dar completo cumplimiento a los servicios encomendados, adoptando las medidas que correspondan dentro de su ámbito de facultades y competencias, de acuerdo con lo establecido en los convenios de colaboración. 4. El establecimiento o modificación de los planes o programas de inspección se realizará con plena autonomía por cada Administración Pública en función de su respectiva competencia material. Una vez aprobados por la Administración competente, los planes o programas territoriales se comunicarán recíprocamente entre la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma correspondiente y se integrarán en la planificación y programación general del Sistema en el territorio autonómico de que se trate. 5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior podrán acordarse de forma conjunta entre ambas Administraciones en el seno de los mecanismos de cooperación bilateral establecidos, planes y programas de inspección comunes, estableciéndose los criterios de actuación inspectora, de coordinación, colaboración, seguimiento y evaluación de resultados, que se estimen necesarios para su adecuada ejecución. En estos planes y programas comunes de inspección se integrarán los acuerdos a los que se haya podido llegar en el Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de planificación y programación de alcance general. 6. La tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones en el orden social o de liquidación de cuotas a la Seguridad Social corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Disposición adicional novena. Alta Inspección del Estado en el orden social. Las funciones de Alta Inspección del Estado en el orden social que vengan reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, salvo la relativa a la asistencia sanitaria, se encomendará a la Unidad de Alta Inspección formada por Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que a tal efecto dependerá del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disposición adicional décima. Gasto público. Las medidas incluidas en esta norma, en particular la configuración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Organismo Autónomo, la suscripción de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, la creación y funcionamiento de las Comisiones Operativas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la instauración y llevanza del registro integrado de personal inspector, no podrán suponer incremento de gasto público y, en consecuencia, de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. Hasta tanto no se haya constituido el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera, los servicios comunes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social continuarán ejerciendo las competencias que tenían atribuidas respecto de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, la totalidad del personal, funcionario o laboral, de la Administración General del Estado adscrito al Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantendrá la relación de servicio con la Administración General del Estado hasta que se produzca la integración a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional cuarta. 2. En tanto no se hayan aprobado las relaciones de puestos de trabajo y transferidos los créditos correspondientes, el pago del personal al servicio del Organismo Estatal se efectuará con cargo a los créditos de procedencia. 3. Los órganos de participación institucional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantendrán su funcionamiento conforme a su normativa reguladora, hasta el momento de la constitución del Organismo Estatal. 4. Hasta tanto se apruebe el presupuesto del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social, integrado en los Presupuestos Generales del Estado, los créditos presupuestarios para financiar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se seguirán gestionando por los órganos hasta ahora competentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en la atribución de competencias sancionadoras. Hasta tanto no entren en vigor las disposiciones reglamentarias que se aprueben en desarrollo del artículo 48.1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en la redacción dada por la disposición final primera de la presente ley, continuará siendo de aplicación la regulación en materia de atribución de competencias sancionadoras existente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición transitoria tercera. Titulación de acceso a la Escala de Empleo y Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales. 1. Con objeto de respetar las expectativas de los aspirantes al ingreso en la Escala de Empleo y Seguridad Social del Cuerpo de Subinspectores Laborales, lo dispuesto en el párrafo primero del apartado tercero de la disposición adicional quinta sobre los requisitos de la titulación para el acceso a dicha Escala únicamente será exigible a partir del 1 de enero de 2019 en las oposiciones que se convoquen para el ingreso en la misma. 2. Hasta la fecha indicada en el apartado precedente solo se exigirá en la convocatoria correspondiente para el ingreso en la mencionada Escala el título universitario de graduado o equivalente, sin que dicho título deba corresponder a ramas específicas de conocimiento. 3. Para el ingreso en la Escala de Seguridad y Salud del Cuerpo de Subinspectores Laborales no será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores en la medida que por la referida Escala se crea una nueva agrupación de funcionarios. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogada la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la disposición final primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, así como cuantas otras disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley. 2. Las normas reglamentarias actualmente en vigor continuarán siendo de aplicación, en tanto no contradigan o se opongan a la presente ley, hasta tanto se proceda a su derogación o modificación por las normas previstas en la disposición final tercera. Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. El artículo 48 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda redactado como sigue: «Artículo 48. Atribución de competencias sancionadoras. 1. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites de distribución que determine cada Comunidad Autónoma. 3. La potestad para acordar las sanciones accesorias establecidas en esta ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter principal de las que deriven aquéllas.» Disposición final segunda. Título competencial. Los preceptos contenidos en los capítulos II y III del título I, así como los contenidos en el título III y en las disposiciones adicionales de la presente ley, que afectan al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, tienen el carácter de normas básicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado las competencias para establecer las bases del régimen jurídico y el régimen estatutario de sus funcionarios. Los preceptos del capítulo I del título I y los del título II de esta ley sobre legislación laboral, prevención de riesgos laborales, colocación y empleo, Seguridad Social y protección social pública, así como su régimen económico, Administración de Justicia, Hacienda general y Seguridad Pública, tienen el carácter establecido en los siguientes preceptos de la Constitución: a) Artículo 149.1.2.ª, sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. b) Artículo 149.1.7.ª, sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. c) Artículo 149.1.17.ª, sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. d) Las obligaciones de auxilio y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se regulan en el artículo 16 en relación con los Juzgados y Tribunales y el Consejo General del Notariado, la Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se incardinan, respectivamente, en las competencias que atribuye la Constitución al Estado, en el artículo 149.1.5.ª, sobre Administración de Justicia, en el artículo 149.1.14.ª, sobre Hacienda general y Deuda del Estado y en el artículo 149.1.29.ª, sobre Seguridad Pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente ley, previa consulta con las Comunidades Autónomas. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 21 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Ley Inspección de Trabajo, Real Decreto 192/2018, en vigor mañana. Crea un organismo estatal pero, como un mantra, afirma que no supone gasto

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. PREÁMBULO I Tras una presencia continuada de más de cien años en el mundo de las relaciones laborales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es una institución firmemente asentada en nuestro país, que ha sabido adaptarse en todo momento a las circunstancias de la realidad social y económica en que ha desplegado su actuación de garantía del cumplimiento de la normativa social. Después de una larga evolución y sucesivos cambios durante todo el siglo XX, desde su creación por el Reglamento de 1 de marzo de 1906, pasando por la Ley 39/1962, de 21 de julio, de Ordenación de la Inspección de Trabajo, que reúne en una única Inspección Nacional del Trabajo la vigilancia y control de la normativa social, hasta entonces competencia de varios servicios de inspección, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configuraba por vez primera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como un Sistema, es decir, como un conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y medios materiales. Dicha ley conjugaba con corrección los principios de unidad de función y actuación inspectora con los de especialización funcional y trabajo en equipo, al tiempo que incorporaba mecanismos útiles de participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas, estatales y autonómicas, en el Sistema de Inspección. No obstante, en el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de dicha ley han aparecido nuevos elementos que exigen la adopción de un nuevo marco normativo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por un lado, la prestación del servicio público de Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe adecuarse a los cambios normativos habidos en nuestro ordenamiento sociolaboral, en el que tras sucesivas reformas legislativas se han ido introduciendo importantes modificaciones, que persiguen conjugar la necesaria flexibilidad en la gestión de los recursos humanos con una mayor protección de los derechos de los trabajadores, entre los que sin duda se encuentra el derecho que tiene todo trabajador a recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando considere que sus derechos han sido conculcados. De otro lado, la evolución en el ejercicio de las competencias autonómicas de ejecución de la legislación laboral en el territorio español, que se ha sustanciado en el traspaso de la función pública inspectora a las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Cataluña, evidencia la necesidad de adaptar el modelo organizativo de la Inspección, para compatibilizar la convivencia de los principios esenciales de unidad de función y concepción única e integral del Sistema con el desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha experimentado en los últimos años un notable proceso de modernización y tecnificación en su funcionamiento, de manera que las actuaciones desplegadas por la Inspección han ganado en extensión y en profundidad. Mantener y consolidar el incremento de la efectividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiere reforzar institucionalmente la misma, integrando y ordenando mejor, dentro de este nuevo modelo organizativo, el funcionamiento de los servicios de Inspección, así como la articulación de los mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación entre todas las Administraciones Públicas implicadas. II La presente ley se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización, simplificación y modernización de las Administraciones Públicas. La acción de los poderes públicos, en sus distintas áreas de actuación, ejerce un notorio efecto sobre la sociedad, considerada en su conjunto: son los ciudadanos los destinatarios de las actuaciones de la Administración y a la satisfacción de sus legítimos derechos y expectativas debe orientarse prioritariamente dicha actuación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto servicio público encargado de la vigilancia y control de la normativa social, contribuye decisivamente a la preservación de los derechos de los trabajadores, que la legislación laboral consagra, y al sostenimiento del sistema de protección social, para lo que debe planificar adecuadamente su actividad de vigilancia y control, especialmente en aquellos ámbitos en los que existe una alta demanda de los ciudadanos, como son los relativos al régimen de contratación laboral, a la dualidad del mercado de trabajo, al acceso a puestos de trabajo y a la ejecución de la prestación laboral en condiciones de igualdad y no discriminación, al derecho a la seguridad y salud en el trabajo y a la garantía y pervivencia de un régimen público de Seguridad Social. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe potenciar su función mediadora, dirigida a la evitación e integración de los conflictos laborales, y la de información y asistencia técnica a empresas y trabajadores, lo que reforzará su configuración como un servicio público armonizador de las relaciones laborales. A tal fin, la ley establece un modelo de Inspección basado en una serie de principios ordenadores comunes, entre los que cabe destacar la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora. Al mismo tiempo, se avanza decididamente en la participación de todas las Administraciones Públicas titulares de las competencias por razón de la materia objeto de la actividad inspectora, respetando con ello el sistema constitucional de distribución de competencias. El Sistema se integra no solo por las Administraciones Públicas titulares de las competencias materiales de ### RESUMEN: Ley Inspección de Trabajo, Real Decreto 192/2018, en vigor mañana. Crea un organismo estatal pero, como un mantra, afirma que no supone gasto

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. c) Número de expediente: 1/00/42/12/1763. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del entorno Host y de la Plataforma de Almacenamiento Corporativo del Minisdef, hasta el 31.07.2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000 (Mantenimiento y reparación de equipo informático). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 506.339,94 euros. Importe total: 612.671,33 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2012. c) Contratista: International Business Machines, S.A. (IBM,S.A.). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 506.339,94 euros. Importe total: 612.671,33 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los requisitos exigidos en los pliegos. Madrid, 6 de febrero de 2013.- Jefe de la Sección.

Defensa contrata a IBM para el Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del entorno Host y de la Plataforma de Almacenamiento Corporativo del Minisdef, hasta el 31.07.2013. El importe total es de 612.671,33 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura. c) Número de expediente: 1/00/42/12/1763. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del entorno Host y de la Plataforma de Almacenamiento Corporativo del Minisdef, hasta el 31.07.2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50312000 (Mantenimiento y reparación de equipo informático). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 506.339,94 euros. Importe total: 612.671,33 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2012. c) Contratista: International Business Machines, S.A. (IBM,S.A.). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 506.339,94 euros. Importe total: 612.671,33 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por cumplir los requisitos exigidos en los pliegos. Madrid, 6 de febrero de 2013.- Jefe de la Sección. ### RESUMEN: Defensa contrata a IBM para el Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del entorno Host y de la Plataforma de Almacenamiento Corporativo del Minisdef, hasta el 31.07.2013. El importe total es de 612.671,33 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. c) Número de expediente: 2012/21PA001. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico y promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, de las personas por su origen racial o étnico. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300 (Servicios de orientación y asesoramiento). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total: 600.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2013. c) Contratista: Fundación Secretariado Gitano. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 495.800,00 euros. Importe total: 599.918,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada, que cumplía con todos los requisitos exigidos para dicha contratación. Madrid, 26 de abril de 2013.- Subdirectora General.

Contrato a la Fundacion Secretariado Gitano para el Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico y promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, de las personas por su origen racial o étnico por importe total de 599.918,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Programación y Gestión Económico Financiera. c) Número de expediente: 2012/21PA001. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico y promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, de las personas por su origen racial o étnico. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300 (Servicios de orientación y asesoramiento). g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de noviembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 495.867,77 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 495.867,77 euros. Importe total: 600.000,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2013. c) Contratista: Fundación Secretariado Gitano. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 495.800,00 euros. Importe total: 599.918,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única oferta presentada, que cumplía con todos los requisitos exigidos para dicha contratación. Madrid, 26 de abril de 2013.- Subdirectora General. ### RESUMEN: Contrato a la Fundacion Secretariado Gitano para el Servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico y promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, de las personas por su origen racial o étnico por importe total de 599.918,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Senado. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 2) Domicilio: Calle Bailén, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28013. 4) Teléfono: 915381478. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.senado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de abril de 2015. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de comunicaciones móviles para el Senado. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Calle Bailén, 3. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28013. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años y 3 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1; 64212000-5; 30213200-7; 48000000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 2.155.625,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.235.625,00 euros. Importe total: 1.495.106,25 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V. Subgrupo 4. Categoría C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Área de Explotación y Gestión de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado. 2) Domicilio: Calle Bailén, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28013. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Bailén, 3. c) Localidad y código postal: Madrid, 28013. d) Fecha y hora: Se anunciará oportunamente en el perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 18 de marzo de 2015. Madrid, 18 de marzo de 2015.- Secretario General adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado.

Licitación del Servicios móviles para el Senado. 440 líneas y smartphones, por importe total de 1.495.106,25 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Senado. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 2) Domicilio: Calle Bailén, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28013. 4) Teléfono: 915381478. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.senado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de abril de 2015. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios de comunicaciones móviles para el Senado. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Calle Bailén, 3. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28013. e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años y 3 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64210000-1; 64212000-5; 30213200-7; 48000000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 2.155.625,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.235.625,00 euros. Importe total: 1.495.106,25 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V. Subgrupo 4. Categoría C. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Área de Explotación y Gestión de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado. 2) Domicilio: Calle Bailén, 3. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28013. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Bailén, 3. c) Localidad y código postal: Madrid, 28013. d) Fecha y hora: Se anunciará oportunamente en el perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 18 de marzo de 2015. Madrid, 18 de marzo de 2015.- Secretario General adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado. ### RESUMEN: Licitación del Servicios móviles para el Senado. 440 líneas y smartphones, por importe total de 1.495.106,25 euros.

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de julio de 2016, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña María Seguí Gómez como Directora General de Tráfico, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 22 de julio de 2016. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Cese de María Seguí Gómez como Directora General de Tráfico

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de julio de 2016, Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña María Seguí Gómez como Directora General de Tráfico, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Madrid, el 22 de julio de 2016. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ ### RESUMEN: Cese de María Seguí Gómez como Directora General de Tráfico

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Cientficas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura. c) Número de expediente: 708/12. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de pienso para ratón destinado a los animalarios del Instituto de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', Instituto de Investigaciones Biomédicas' Alberto Sols', Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15710000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 587.570,50 euros. Importe total: 634.576,14 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2012. c) Contratista: Panlab, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 565.789,74 euros. Importe total: 622.368,73 euros. Madrid, 29 de octubre de 2012.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución 12-07-2012, BOE 19-07-2012), el Secretario General, Alberto Sereno Álvarez.

Licitación del suministro de pienso para ratón destinado a los animalarios del Instituto de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', Instituto de Investigaciones Biomédicas' Alberto Sols', Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y Centro Andaluz de Biología del Desarrollo por importe total de 634.576,14 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Cientficas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura. c) Número de expediente: 708/12. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de pienso para ratón destinado a los animalarios del Instituto de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', Instituto de Investigaciones Biomédicas' Alberto Sols', Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15710000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 587.570,50 euros. Importe total: 634.576,14 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2012. c) Contratista: Panlab, S.L.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 565.789,74 euros. Importe total: 622.368,73 euros. Madrid, 29 de octubre de 2012.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución 12-07-2012, BOE 19-07-2012), el Secretario General, Alberto Sereno Álvarez. ### RESUMEN: Licitación del suministro de pienso para ratón destinado a los animalarios del Instituto de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', Instituto de Investigaciones Biomédicas' Alberto Sols', Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y Centro Andaluz de Biología del Desarrollo por importe total de 634.576,14 euros.

I. Antecedentes El año hidrológico 2020/2021 finalizó el 30 de septiembre de 2021 con una precipitación un 5 por ciento inferior respecto al valor normal. Desde el inicio del último año hidrológico, el 1 de octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas ha sido de 223,6 mm, un 38,2 por ciento inferior al valor normal. A fecha 8 de marzo de 2022, la reserva hidráulica peninsular se situaba en un 40,5 por ciento, notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (52,5 por ciento) y a la de los últimos 10 años (60,8 por ciento). Aunque en general están descendiendo los valores de los indicadores de escasez, los problemas respecto de la escasez coyuntural se centran principalmente en las demarcaciones del Guadalquivir y del Guadiana, donde las reservas son inferiores en 33,2 y 35,1 puntos porcentuales respectivamente respecto a la media de los últimos 10 años. En el caso del Guadiana está al 30,4 por ciento y el Guadalquivir al 28,4 por ciento. En el caso del Guadalquivir en los 4 primeros meses del año hidrológico se han recogido en los embalses de la cuenca 180 L/m², mientras que la media de ese periodo en los últimos 25 años era de 309 L/m². Desde el punto de vista de los indicadores y escenarios de escasez correspondientes a marzo de 2022, 7 UTE continúan en emergencia (Hoya de Guadix, Regulación General, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalmellato y Bembézar-Retortillo), y otras 11 permanecen en alerta. Las 5 restantes están en normalidad (2) o prealerta (3). En la cuenca del Guadiana la situación también es problemática, en especial en su cuenca alta, y se va extendiendo también a la zona occidental. Así, mantienen el escenario de Emergencia las UTE de Mancha Occidental, Jabalón-Azuer, Gasset-Torre de Abraham, El Vicario (todas ellas en la cuenca alta), y Tentudía. Otras 4 UTE están en escenario de Alerta. Las restantes UTE de la demarcación están en Prealerta (5) o Normalidad (7). Dada la situación y que las previsiones no prevén cambios de tendencia notables en los próximos meses, se hace necesario el desarrollo de medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles daños producidos por la sequía. Es previsible que la situación descrita afecte a los cultivos tanto de secano como de regadío y a la ganadería de las zonas referidas en las demarcaciones hidrográficas citadas, bien por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, bien por la reducción de precipitaciones que ha afectado a las reservas en los acuíferos que proporcionan el agua de riego y a la propia aportación directa a los cultivos. En relación con las concretas medidas ante la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las reservas de agua en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la falta de precipitaciones continuada, se encuentran en los niveles más bajos registrados desde hace más de 25 años, concretamente desde el año 1995, fecha en la que estaba llegando a su fin la sequía más grave sufrida en esta cuenca durante el último siglo. Esta escasez de reservas hídricas provoca que existan acusados problemas para el suministro de agua tanto para determinados abastecimientos a las poblaciones como para las explotaciones agrícolas de la demarcación. Desde el año hidrológico 2012/2013 hasta la actualidad, vienen padeciendo una situación de precipitaciones inferiores a la media. En esta sucesión de años secos, únicamente el año hidrológico 2017/2018, superó ligeramente la aportación media. La capacidad de regulación hiperanual de los embalses de estas cuencas permite atender las demandas durante los años secos con los recursos almacenados en los años húmedos. Sin embargo, debido a la sucesión de varios años con déficit acusados de aportaciones este balance se ha descompensado, obligando en la cuenca del Guadalquivir a imponer restricciones sobre el regadío en las últimas tres campañas de riego; no obstante, a pesar de estas restricciones a la demanda, las reservas disponibles se han reducido en casi 2.000 hm3, cifra que representa casi el 50 % de las disponibles a principios del año hidrológico 2018/2019, y en la del Guadiana a imponer restricciones sobre el regadío en las últimas 2 campañas de riego en la zona oriental de la cuenca. Especialmente desfavorable respecto a las reservas almacenadas es la situación en el Sistema de Regulación General de la cuenca del Guadalquivir, al que están adscritos 19 embalses que suponen el 70 % de la capacidad total de embalse de la cuenca, y más del 80 % de la superficie que se riega con aguas reguladas, unas 350.000 ha. En este sistema las reservas suponen únicamente el 24 % de su capacidad total, lo que representa un volumen de agua similar al necesario para atender las demandas de una campaña de riego en situación de normalidad. El déficit de reservas en estas fechas respecto a la media es de treinta y tres puntos porcentuales, hecho que pone de manifiesto que la situación es extremadamente delicada. Concretamente, la probabilidad de que sea necesario imponer restricciones superiores al 50 % de la demanda de riego en la próxima campaña 2022 está próxima al 80 %, usando la serie de aportaciones del vigente Plan de Sequía. En cuanto al abastecimiento, cabe destacar que durante el pasado año hidrológico y el actual, en aquellos sistemas que se encuentran en una situación más crítica, se han registrado problemas de calidad del agua debido a la escasez de las reservas, y se han impuesto reducciones de las dotaciones como medida de ahorro por la situación en la que se encuentran y la falta de fuentes alternativas de suministro. El diagnóstico del informe de marzo de 2022 del Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir es el siguiente: La situación general de la cuenca es de alerta, aunque con un valor del indicador de escasez de 0,192 que lo sitúa ya cerca del umbral de la emergencia, 0,150, dato significativo teniendo en cuenta que el indicador oscila en un rango entre 0 y 1. De acuerdo con los indicadores del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y al ámbito de competencias del Estado de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, las diferentes Unidades Territoriales de Escasez (UTE) se encuentran en la siguiente situación: En situación de normalidad se encuentran: 0201 Rivera de Huelva y 0202 Rivera de Huesna. En situación de prealerta se encuentran: 0301 Abastecimiento de Córdoba, 0703 Aguascebas y 0706 Montoro-Puertollano. Se encuentran en situación de alerta: 0101 Guadiamar, 0102 Madre de las Marismas, 0401 Abastecimiento de Jaén, 0601 Bermejales, 0602 Vega Alta y Media de Granada, 0603 Vega Baja de Granada, 0704 Fresneda, 0705 Martín Gonzalo, 0708 Viar, 0710 Guadalentín y 0711 Guardal. Por último, se encuentran en situación de emergencia: 0501 Hoya de Guadix, 0702 Dañador, 0707 Sierra Boyera, 0709 Rumblar, 0712 Guadalmellato, 0801 Bembezar-Retortillo y 0701 Regulación General. Además, dentro de la UTE 0602 Vega Alta y Media de Granada debe distinguirse entre las subunidades Quéntar-Canales, en situación de alerta y Cubillas-Colomera en situación de emergencia. Debe destacarse el peso y la importancia de la UTE 0701 Regulación General, que soporta el 83 % de la superficie regada con aguas reguladas de la cuenca, y se encuentra en situación de emergencia por tercer mes consecutivo, lo que ha determinado la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria el pasado 2 de noviembre de 2021, según prevé el Plan Especial de Sequía en sus capítulos 6 y 9. Por su parte, en el caso de la zona oriental de la demarcación hidrográfica del Guadiana, la situación de emergencia de las Unidades Territoriales de Escasez UTE 05: Gasset-Torre de Abraham y UTE 06: Vicario sufrida durante las campañas 2020 y 2021 ha motivado significativas restricciones al riego de una superficie aproximada de 11.330 ha. La situación actual de emergencia en dichas UTE hace previsible que para la campaña de 2022 se produzcan restricciones más severas que en campañas anteriores. En el caso de la zona occidental de la demarcación hidrográfica del Guadiana, la situación para la campaña 2022 es especialmente desfavorable ya que la situación de alerta de las Unidades Territoriales de Escasez UTE 09: Sistema General y UTE 13: Alange-Barros, no permite realizar una campaña con normalidad debiendo realizar restricciones de riego superiores al 50 % en una superficie aproximada de 171.000 ha. Debe destacarse el peso y la importancia de la UTE 09: Sistema General y de la UTE 13: Alange-Barros, que soportan el 92 % de la superficie regada con aguas reguladas de la cuenca, y se encuentra en situación de alerta por sexto mes consecutivo la primera de ellas y por vigésimo mes consecutivo la segunda. Por otro lado, la UTE 05: Gasset-Torre de Abraham y la UTE 06: Vicario soportan el 6 % de la superficie regada con aguas reguladas de la cuenca, se encuentran en situación de emergencia por décimo octavo mes consecutivo en la UTE 05: Gasset-Torre de Abraham y por trigésimo tercer mes en la UTE 04 Jabalón. Así mismo, la UTE 04 Jabalón-Azuer se encuentra en situación de emergencia desde hace dieciocho meses y la UTE 19 Tentudía se encuentra en situación de emergencia desde hace seis meses y estuvo previamente otros cuatro meses. Todo ello ha determinado la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria el pasado 09 de marzo de 2022, según prevé el Plan Especial de Sequía vigente. El diagnóstico del informe de marzo de 2022 del Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana es el siguiente: La situación general de la cuenca es de ALERTA, con un indicador general de escasez en la cuenca de 0,296. De acuerdo con los indicadores del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Guadiana, aprobado por la Orden TEC/1399/2018, las diferentes Unidades Territoriales de Escasez (UTE) se encuentran en la siguiente situación: En situación de NORMALIDAD se encuentra las UTEs: 02 Peñarroya, 10 La Colada, 15 Nogales-Jaime Ozores, 17 Piedra Aguda, 18 Táliga-Alcarrache y 20 Valuengo-Nogales. En situación de PREALERTA se encuentran: 08 Tirteafuera, 11 Alto Zújar, 12 Molinos-Zafra-Llerena, 14 Aljucén-Lácara-Alcazaba, 16 Villar del Rey y 21 Chanza-Andévalo. Se encuentran en situación de ALERTA: 03 Gigüela-Záncar, 07 Guadiana-Los Montes, 09 Sistema General y 13 Alange-Barros. Por último, se encuentran en situación de EMERGENCIA: 01 Mancha Occidental, 04 Jabalón-Azuer, 05 Gasset-Torre de Abraham, 06 Vicario y 19 Tentudía. La declaración de sequía en las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, teniendo en consideración el estado de los sistemas de explotación de la demarcación, según el Sistema Global de Indicadores Hidrológicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que integra los indicadores de estados definidos en la cuenca del Guadalquivir por el Plan Especial de Sequía. La sequía descrita, entendida como escasez de precipitaciones durante un periodo de tiempo prolongado que compromete la viabilidad de los cultivos, es un fenómeno que viene padeciendo España de forma recurrente. Así, se han producido episodios de sequía en tiempos recientes durante los años 2005, 2011 y 2017, que han precisado la adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las rentas de los agricultores y ganaderos afectados. Pero las extremadas condiciones climáticas que viene padeciendo este año el sector agrario se han unido al incremento de los costes de producción y a la situación en Ucrania, generando una situación extraordinariamente grave, que amenaza la viabilidad económica de muchas explotaciones y su propia pervivencia como unidades productivas, lo que afecta seriamente a la economía de las comarcas agrarias y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad económica relacionados con la agricultura, así como a la producción de alimentos. En efecto, a esta circunstancia adversa se ha sumado, ahora, el fuerte incremento de precio de los insumos derivado de la crisis de suministros que padece actualmente la economía mundial, circunstancia que condiciona de modo importante la rentabilidad de las explotaciones agrarias, no siendo en absoluto baladí la necesidad de garantizar su viabilidad para garantizar la producción de alimentos. Desde el año 2021, el fuerte incremento de los precios de algunos insumos, agudizado por la crisis de suministros que padece actualmente la economía mundial, ha condicionado la rentabilidad del sector agrario. La subida de los precios de la energía eléctrica, el gasóleo, los fertilizantes, los plásticos o los piensos están repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones y empresas del sector, suponiendo un riesgo para su continuidad. El sector agrario es vulnerable por sus propias características, pues se trata de un sector muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, por la propia naturaleza perecedera de la producción, que de manera paulatina ha tendido hacia un desequilibrio estructural del mercado, alcanzando en la actualidad cotas sin precedentes, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo en el campo. Este marco estructural se ve agravado y acelerado por la situación coyuntural actual, cuyo carácter repentino y grave obliga a los poderes públicos a adoptar medidas inmediatas para paliarlo, en tanto en cuanto se está hablando de productores de alimentos. De hecho, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, celebrado el 15 de noviembre de 2021 a solicitud de la delegación española, se incluyó en el orden del día un punto sobre el aumento de los costes de los fertilizantes y de las materias primas para la alimentación animal y su impacto en el sector agrícola. El documento presentado contó con el apoyo de un total de 19 Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, República Checa, Rumanía, Polonia y Portugal), incluyendo España. En la ganadería española esta situación ha conducido a un incremento notable del precio de los piensos; esto se traduce en unos sobrecostes de los sectores ganaderos. Por otro lado, en herbáceos el coste de los principales insumos afectados ha supuesto en estas partidas un importante incremento de coste energético, lo que se suma a que el sector agrario está viendo cómo la evolución de factores geopolíticos de diversa índole elevan la cotización del gas natural, y hasta el 94 por ciento del coste del amoniaco, principal materia prima utilizada en la elaboración de fertilizantes nitrogenados, se debe al coste del gas. A mayor abundamiento, la actual situación internacional tiene también un importante impacto en las explotaciones españolas. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, girasol, harina y aceite de girasol, por lo que la paralización de sus ventas al exterior ha impactado en las cotizaciones internacionales de materias primas destinadas a la alimentación animal. España importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22 por ciento de las importaciones españoles y es el segundo proveedor después de Brasil. También importa 233.000 de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68 por ciento de las importaciones que España realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol. De esta forma, la paralización total de estas importaciones, unido al incremento del precio de estas materias primas, puede provocar situaciones de gran tensión en los abastecimientos a corto plazo, al verse interrumpidos completamente los flujos de suministro, y además introduce un nuevo elemento de inestabilidad y alza de precios que pone en riesgo la viabilidad del sector si no se adoptan medidas inmediatas para aliviar los efectos gravosos de tal coyuntura. Asimismo, la incidencia de la invasión de Ucrania por Rusia va a tener un impacto directo a corto plazo en el incremento de precios de la alimentación de los animales, en el precio de los abonos y fertilizantes y en el de la energía, vinculados a las subidas de los cereales, del gas, del petróleo y de la electricidad, que contribuirá a un agravamiento de la situación actual por las restricciones o vetos que afectan a las relaciones comerciales con Rusia y por las dificultades de comercio con Ucrania. La inestabilidad del último mes, unida al incremento sostenido de los costes de producción y a la previsión de malas cosechas por sequía, ya ha provocado que el precio del trigo haya tenido subidas exponenciales tanto en la Bolsa de París como en la Chicago Mercantil Exchange (CME), una de las principales bolsas de negociación de derivados sobre materias primas. Dado el peso de Ucrania en el comercio internacional, cualquier desestabilización de la producción agrícola ucraniana, o la interrupción de los flujos logísticos, así como el probable aumento del coste de los fletes y los seguros, puede repercutir en los mercados mundiales y, por tanto, en los precios de las materias primas acercándolos a los precios de la campaña 2007/2008, famosa por la importante perturbación acaecida en el mercado de materias primas. Por otro lado, Rusia es el mayor proveedor de combustible de la UE (el 18 por ciento de las importaciones de la UE proceden de Rusia). Más de un cuarto de nuestras importaciones de petróleo crudo y más de un tercio de las de gas natural son de origen ruso; en cambio, la Unión Europea tiene un equivalente de cuota de mercado energético del 25 por ciento de la cuota de Rusia. Del mismo modo, las exportaciones rusas de fertilizantes a la UE suponen 3.000 millones de euros, es decir, alrededor del 30 por ciento de las importaciones de fertilizantes de la UE. El conflicto va a repercutir muy notablemente en los mercados del gas y de los fertilizantes, que desde hace varios meses han experimentado un fuerte aumento de los precios y han alcanzado niveles históricamente altos (+ 288 por ciento para el gas natural en términos interanuales, + 142 por ciento para los precios de los fertilizantes en términos interanuales), lo que sugiere un aumento duradero de los costes de los insumos para la agricultura europea. En este contexto de aumento de los costes de producción, a partir de un nivel ya excepcionalmente alto, requiere prestar especial atención a corto plazo a los sectores ganaderos que se enfrentan a un aumento de los precios de los piensos. Habrá que prestar también especial atención a las condiciones de exportación de los insumos agrícolas destinados a Ucrania, incluidas las semillas, ya que Ucrania depende de las importaciones de insumos. Esta es una condición esencial para que el potencial de producción del país no se vea amenazado por el conflicto actual, para garantizar un suministro adecuado de alimentos para la población ucraniana. La capacidad de siembra en Ucrania para la campaña de producción 2022/2023 también será crucial en este sentido. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de la Regiones, por la que se aprobó el Plan de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis (COM/2021/689 final) de 12 de noviembre de 2021, garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria es un objetivo establecido en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su consecución no debe darse por sentada. La crisis de la COVID-19 fue una llamada de atención para quienes consideraban impensable que en los comercios de la UE se llegaran a vivir problemas de suministro de determinados alimentos y la creciente incertidumbre y la volatilidad de los precios y del suministro podrían afectar a la capacidad de producción española. Estos hechos, que afectan muy negativamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, obligan a actuar de forma inmediata adoptando una serie de medidas de apoyo para aliviar tan perniciosos efectos sobre la producción de alimentos del sector agrario. De lo que se trata, pues, es de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias y con ello hacer frente a posibles problemas de abastecimiento por abandono de la actividad agraria que podrían tener lugar si el conflicto se prolonga, por lo que resulta inaplazable la adopción de un plan de contingencia, con el fin de ofrecer al sector productor los apoyos necesarios para hacer frente a la actual coyuntura. En el mismo sentido, la viabilidad de las explotaciones agrarias se ve comprometida como consecuencia del alto coste energético que soportan aquellas que dependen de recursos hídricos no convencionales, entre los que ocupan un lugar muy destacado las aguas desaladas. Lo mismo sucede respecto de las que dependen de infraestructuras de transporte de aguas con instalaciones que bombean el agua a cotas elevadas. En este momento crítico para las explotaciones de carácter agrícola, deben minimizarse también los impactos derivados de los costes energéticos actuales y de la escasez de recursos hídricos consecuencia de situaciones de sequía. Es necesario que no se pierda una parte importante de la producción del regadío del sureste español, por lo que se contempla una medida que permite reducir la carga económica que los usuarios de riego soportan al venir obligados a participar de los costes del agua desalada que producen las instalaciones de desalación de aguas marinas (IDAM) o de los costes de las infraestructuras de transporte con instalaciones de bombeo que elevan las aguas desde cotas próximas al nivel del mar, hasta los lugares de destino en cotas del terreno mucho más elevadas. Se pretende con esta medida establecer un coste sostenible y asumible por los usuarios del regadío. Cabe recordar que el artículo 130.1 de la Constitución recoge que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». El sector agrario, por su propia dispersión, sistema organizativo y de formación de precios, tiene unas especiales características que deben ser tenidas en cuenta como sector esencial, proveedor de alimentos y con fuerte impacto en la vertebración territorial española y la fijación de población, amén de peculiaridades derivadas de la inelasticidad que presenta tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. En efecto, el artículo 130 es una manifestación más del Estado Social y Democrático de Derecho (artículo 1.1) y es reflejo de una de las funciones básicas de éste, la función promocional (artículo 9.2) para equiparar el nivel de vida de todos los españoles, sin olvidar el principio de solidaridad que proclama el artículo 2, conforme al cual el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. II. Contenido En atención a las circunstancias concurrentes, el presente real decreto-ley recoge, pues, un conjunto articulado de medidas en diversos aspectos. En primer lugar, la norma incluye disposiciones en apoyo del sector primario, gravemente afectado por la sequía y las tensiones de los mercados internacionales. Si bien es cierto que el Plan de seguros agrarios, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representa la herramienta de referencia obligada en la lucha contra las adversidades climáticas, contempla sólo la sequía meteorológica y no la hidrológica, por lo que la inusitada situación actual aconseja la adopción de medidas, a título excepcional, que complementen la acción de los seguros agrarios en orden a minorar las consecuencias en la economía de las explotaciones agrarias afectadas. En ese mismo sentido, esta norma prevé la mejora en la dotación del Plan de Seguros Agrarios Combinados como primer mecanismo de respuesta ante la grave situación. Pero además, y como novedad con respecto de normas precedentes, se dispone la creación de una línea de financiación que prevé la concesión de créditos bonificados, no reembolsables, y ciertas actuaciones en relación con la Política Agrícola Común (PAC). En segundo lugar, se incorporan medidas en materia de Seguridad Social. Así, las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a mayo de 2022, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de abril a junio de 2022, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. De igual forma, se reduce el número de jornadas de 35 a 20 para que las personas trabajadoras agrarios eventuales, en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria, dada la afección de esta situación a sus posibilidades de empleo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la inminente entrada en vigor de la nueva regulación de los contratos de trabajo de duración determinada, en la que se pone coto a la utilización abusiva de esta figura, se fomenta la estabilidad en el empleo y que ofrece a la persona trabajadora una mayor garantía de sus derechos, puede tener impacto en los trabajadores que prestan servicio con carácter eventual en el Sistema Especial Agrario en Andalucía y Extremadura. En la medida en que estos trabajadores, que habitualmente prestan servicios con contratos de duración determinada sean contratados con la modalidad de trabajadores fijos discontinuos, podrían ver dificultado su acceso al subsidio para trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y a la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como, en el caso de la renta agraria, ver afectada la duración y cuantía de su derecho. Por ese motivo, se hace necesario modificar el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, a fin de proceder a una equiparación plena entre la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria. En el mismo sentido se elimina el último inciso de la letra b) de dicho artículo, a fin de equiparar el tratamiento a efectos de rentas de los ingresos derivados del trabajo eventual y del trabajo fijo discontinuo. La disposición transitoria primera, por lo demás, tiene como objetivo establecer un régimen transitorio que permita garantizar la continuidad, el cumplimiento y la íntegra ejecución de los itinerarios de inclusión social a través de proyectos piloto financiados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya aprobados o en fase de ejecución, dirigidos contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas de colectivos vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos. En otro orden de cosas, se introducen en el presente real decreto-ley sendas disposiciones adicionales, una de acceso a los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otra sobre la constitución del Fondo RED; así como tres disposiciones transitorias relativas al procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, la protección social de las personas trabajadoras y la cobertura transitoria de las necesidades de financiación del Mecanismo RED. En tercer lugar, la presente norma recoge medidas de naturaleza tributaria, respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que aligeran la carga fiscal de las explotaciones afectadas por las circunstancias antes descritas. Especialmente, cabe destacar la reducción del 20 por ciento en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrarias, que sólo tuvo el precedente con la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020. Además, y para poder disponer de recursos de agua desalada en este momento crítico y no perder una parte importante de la producción del regadío del sureste español, se establecen unas tarifas asumibles por los usuarios del regadío para el agua desalada en las IDAM y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino. En cuarto lugar, el capítulo V sobre medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se justifica en la situación hidrológica actual en la demarcación del Guadalquivir que obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento de los recursos hasta que los niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y solidaria entre todos los sectores afectados. Asimismo, será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y los ecosistemas dependientes y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias. Para paliar los efectos producidos por la escasez de recursos hídricos, se otorga a los órganos rectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un elenco de facultades extraordinarias. Así, se autoriza a la Comisión Permanente de Sequía para proponer la modificación temporal de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título legal que haya dado lugar a esa utilización, pudiendo entre otras cosas: establecer las reducciones de suministro de agua necesarias para la justa y racional distribución de los recursos disponibles, limitando los derechos concesionales a esas dotaciones; modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua; cambiar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en el Plan Hidrológico de la Demarcación; suspender cautelarmente el otorgamiento de títulos que impliquen un incremento del consumo; imponer la sustitución de la totalidad o parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y calidad adecuada para el uso a que estén destinados; modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertidos; adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos para que puedan ser compatibles con otros usos; así como constituir, en su caso, juntas centrales de usuarios para ordenar y vigilar la gestión de los recursos. Asimismo, se habilita a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las propuestas que realice la Comisión Permanente de Sequía, imponer la ejecución de aquellas actuaciones que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos hídricos o acordar subsidiariamente su realización, así como para ejecutar obras de investigación hidrológica, de captación, transporte, adecuación de infraestructuras y de control de la evolución de las masas de agua subterránea. Los procedimientos vinculados a la ejecución del real decreto-ley se declaran de urgencia, al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y al mismo tiempo, se simplifican los trámites para la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, elemento central para garantizar la eficacia de esta regulación excepcional, asegurando en todo caso la necesaria participación y audiencia de los interesados. Se refuerza el régimen sancionador en lo que atañe a las infracciones cometidas en relación con las medidas excepcionales incluidas en el real decreto-ley, para dotar a los órganos competentes de facultades acordes con la gravedad de la situación, en beneficio del interés público. Entre ellas, la posibilidad de adoptar las medidas provisionales previstas en el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previas al inicio del expediente sancionador. Por otra parte, y teniendo en consideración las bajas reservas hídricas existentes en la mayoría de los sistemas de explotación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que todas estas medidas puedan ser realmente eficaces, el período de aplicación de este real decreto-ley se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de la suspensión de las medidas que supongan una restricción de los derechos de los usuarios cuando concurran nuevas circunstancias de las que se deduzca la superación de la situación excepcional de sequía extraordinaria. III. Justificación de la extraordinaria y urgente necesidad En relación con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducción de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilización de esta clase de norma. En relación con los primeros, como señala el artículo 86.1 de nuestra Constitución, los reales decretos-leyes «no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general». En el caso del presente real decreto-ley no se realiza afectación alguna a cualquiera de estas materias. En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afección del núcleo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna institución básica del Estado, no se afecta a derechos y deberes de la ciudadanía, que no se verán ni incrementados ni disminuidos, no se incorporan afecciones al régimen de las comunidades autónomas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relación alguna con el régimen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobación en este punto. Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, también se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del decreto-ley, pues el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)». El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Como se expone pormenorizadamente a continuación, ninguna de las medidas recogidas en la norma se puede considerar previsible con antelación pues ni la afección climática que se describe, ni las perturbaciones comerciales que se han expuesto ni las alteraciones en las condiciones productivas se podían conocer con antelación si bien los Poderes públicos no pueden permanecer ajenos a su existencia. El único modo posible de hacerles frente ha de ser el del real decreto-ley, pues, ya que en cualquier otro mecanismo los plazos impedirían la correcta atención de las necesidades detectadas. En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: ni las medidas en materia de producción acordadas podrían esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre los operadores serían demasiado gravosos por el retraso ni las medidas en materia de apoyo a la cadena alimentaria o a los trabajadores pueden acompasarse al eventual debate y decisión en sede parlamentaria, porque requieren de la decidida e inmediata intervención pública. La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente asegura la puntual modificación legal descrita en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7). El paquete normativo que se acomete ahora constituye un conjunto sistemático de medidas coordinadas que hace frente a las situaciones descritas desde diferentes perspectivas, compartiendo un objetivo común. Se hace necesario, pues, intervenir en la actual coyuntura de modo inmediato y desde distintos ámbitos materiales, por lo que se adopta este bloque de decisiones que mejoran la situación de partida desde la perspectiva de las necesidades acuciantes detectadas en el sector productivo, en el tratamiento fiscal de determinadas actividades o las condiciones de actividad en el sector. Las medidas no pueden demorarse puesto que los perjuicios a que se podría someter el correcto funcionamiento del mercado y el conjunto de la economía serían incalculables. Del mismo modo, la seguridad jurídica exige una pronta solución a estas circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto por motivos coyunturales como estructurales. Además, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas procede de la concurrencia de una pléyade de causas de fuerza mayor, derivadas de circunstancias ambientales crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y alteración secuencial de los elementos constitutivos de la actividad. Además de estos factores tanto estructurales como coyunturales que confluyen en este subsector de actividad y que ya se han expuesto, concurre como elemento esencial de agravamiento de esta situación la concatenación de fenómenos climatológicos especialmente virulentos que han tenidos los ampliamente conocidos efectos adversos sobre la actividad del sector agrario. La sucesión de acaecimientos como las encadenadas depresiones aisladas en niveles altos (DANA) o las alteraciones en los patrones de temperaturas y precipitaciones habituales han generado evidentes perjuicios en las explotaciones agrarias que la actual situación de sequía ha terminado por agravar hasta el punto de hacer insostenible su mantenimiento. Dichas circunstancias obligan también a adoptar medidas excepcionales y urgentes en materia de empleo para evitar situaciones de desprotección de quienes sean trabajadores como consecuencia de la disminución de la necesidad de mano de obra en las zonas afectadas. Se trata de una medida que sigue múltiples precedentes, como los Reales Decretos-leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo; 1/2013, de 25 de enero; 1/2015, de 27 de febrero; 28/2018, de 28 de diciembre; y 5/2020, de 25 de febrero, que reconocían la reducción del número mínimo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones señaladas, que se complementa con otras igualmente perentorias en materia laboral. Por lo tanto, esta medida se ha venido realizando de manera frecuente en el tiempo sin que haya habido cuestionamiento constitucional alguno sobre la posibilidad de regularlo por medio de este instrumento. Estos perjuicios, que por sí mismos suponen un elemento adicional que considerar para la necesidad de atender de urgencia estas medidas, tienen un efecto específico en el ámbito de esta concreta medida, pues la renta y el subsidio agrarios sólo se verifican en las dos comunidades autónomas referidas. Los perjuicios en la actividad tendrán como consecuencia inmediata el descenso drástico de la contratación de personal eventual en tales explotaciones, de modo que el número de jornadas cotizadas, exigido como requisito para el acceso a tales mecanismos protectores, ha decaído también, lo que conlleva la imposibilidad de buena parte de los perceptores de cumplir con un requisito habilitante esencial. Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que los aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la cosecha de las actividades oleícolas –predominantes precisamente en el territorio de ambas regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir el número de jornadas exigidas para acceder a ambas figuras, en línea con lo que en ocasiones similares se ha venido acordando en el pasado a través también de la figura del real decreto-ley Debe destacarse que, en particular, las cuestiones tributarias que se contienen en este real decreto-ley preservan adecuadamente las garantías constitucionales en la relación entre el principio de legalidad tributaria y el límite a la facultad de dictar decretos-leyes susceptibles de afectar al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos, ya que no incide en los elementos esenciales del tributo ni en la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario. En este sentido, el Tribunal Constitucional (SSTC 35/2017, de 1 de marzo (F.J. 5.º) 100/2012, de 8 de mayo (F.J. 9) 111/1983) sostiene que el sometimiento de la materia tributaria al principio de reserva de ley (artículos 31.3 y 133.1 y 3 CE) tiene carácter relativo y no absoluto, por lo que el ámbito de regulación del decreto-ley puede penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no afecte a las materias excluidas, que implica en definitiva la imposibilidad mediante dicho instrumento de alteración del régimen general o de los elementos esenciales de los tributos, si inciden sensiblemente en la determinación de la carga tributaria o son susceptibles de afectar así al deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo. Las medidas señaladas contienen modificaciones concretas y puntuales que no suponen afectación al deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos previsto el artículo 31.1 de la Constitución. Así, como indica la STC 73/2017, de 8 de junio, (FJ 2), «A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE, es «al examen de si ha existido 'afectación' por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución»; lo que exigirá «tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de «todos» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley «no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo»; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, «cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario» (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, «en qué tributo concreto incide el decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate» (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5). No se modifica con las medidas adoptadas ni la obligación general de contribución, que persiste, ni los elementos esenciales del tributo, pues son medidas que afectan a aspectos concretos del detalle tributario, por lo que, dada su limitada innovación cuantitativa, no se altera la posición del obligado tributario de modo sensible, sino en aspectos específicos, lo que permite asegurar la salvaguarda de los límites de esta figura constitucional, no afectando por ello al núcleo esencial del concepto vedado al real decreto-ley. En cuanto a las medidas de itinerarios de inclusión, cabe indicar que mediante el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El citado real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 4 del mismo para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y su evaluación, con la finalidad de contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas. Para el desarrollo de los itinerarios de inclusión social a través de proyectos piloto se ha establecido un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. Además, para su ejecución, se han previsto según las bases reguladoras de la subvención aprobada antes del 31 de diciembre de 2021, contratos de duración determinada estrictamente vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ello, la situación de extraordinaria y urgente necesidad que dimana del contexto y naturaleza de las medidas dirigidas al cumplimiento de los hitos establecidos para el Componente 23, Inversión 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el plazo acordado, motiva incluir un régimen transitorio que garantice la continuidad, el cumplimiento y la íntegra ejecución de los proyectos piloto de inclusión social en fase de ejecución, dirigidos a contribuir a la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza en sus distintas formas, de los colectivos más vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos. Concurren, pues, los presupuestos necesarios para acordar esta medida por medio de real decreto-ley, en tanto en cuanto se hace necesaria la regulación específica que solvente la situación de dichos contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos hasta su fin, el 30 de junio de 2023. En otro orden de cosas, la pérdida de vigencia, el 31 de marzo de 2022, de las medidas de transición a los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, determina sin solución de continuidad la necesidad de que empresas pertenecientes a sectores que han sufrido cambios estructurales y permanentes puedan adoptar, ya desde tal fecha, medidas de transición y recualificación profesional. Y lo anterior con el objetivo de que puedan superar situaciones de dificultad estructural derivadas de cambios que se califican expresamente de permanentes, mediante las citadas medidas de flexibilidad en lugar de otras de carácter definitivo o traumático, como serían los despidos colectivos. Es necesario, asimismo, que tales empresas afectadas por la situación sectorial descrita puedan acceder a los beneficios en materia de Seguridad Social, previstos en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y que se apliquen las medidas de protección social de las personas trabajadoras, establecidas en la disposición adicional cuadragésima primera del mismo texto legal, para los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Es este el caso de las empresas pertenecientes al sector de las agencias de viaje que no han mostrado el mismo ritmo de desaceleración que otros sectores, conforme remitía la pandemia, y en donde de promedio todavía el 30 % del total de afiliados en esta rama se encuentran en un esquema de protección al empleo, frente al 2 % del resto de sectores. Este comportamiento, parece que no tiene tanto que ver con la evolución de la pandemia aunque haya sido acelerada por esta, sino con un cambio estructural que se está produciendo en el sector, lo que obliga a una respuesta temprana que permita proteger el empleo durante esta fase de transición y la recualificación profesional de las personas trabajadoras gracias a las previsiones expresamente recogidas en sendas disposiciones transitorias como fórmula necesaria, adecuada y proporcionada para dar solución a una situación concreta, que de otra manera quedaría desprotegida. Para hacer efectivo lo anterior se introducen en el presente real decreto-ley sendas disposiciones adicionales, una de acceso a los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otra sobre la constitución del Fondo RED; así como tres disposiciones transitorias relativas al procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, la protección social de las personas trabajadoras y la cobertura transitoria de las necesidades de financiación del Mecanismo RED. Por su parte, la necesidad de fijación de un precio de los recursos hídricos procedentes de las instalaciones de desalación de agua del mar y de las infraestructuras de transporte que bombean el agua a cotas muy elevadas, como la conducción Júcar-Vinalopó es de extraordinaria y urgente necesidad ya que la viabilidad de las explotaciones agrarias que utilizan esos recursos se ve fuertemente comprometida como consecuencia de su alto coste energético actual. La situación es extraordinaria ya que el coste medio del agua desalada en las instalaciones de desalación de aguas marinas (IDAM) ha pasado de una cifra media del orden de 0,45 euros/m3 antes de la crisis energética a una cifra que se sitúa en media en 1,2 euro/m3 en la actualidad, lo que supone un precio medio del agua desalada que no se puede asumir por los usuarios de riego. Igual sucede con el coste de las aguas procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó, que pasan de unos 0,30 euros/m3 antes de la crisis energética a 0,85 euros/m3 en la actualidad. Es una situación extraordinaria que nunca antes se había producido y que en caso de no adoptar las medidas previstas tendrá como consecuencia inmediata, agravada por la situación de sequía, una pérdida de una parte importante de la producción del regadío del sureste español y un impacto importante sobre el empleo en la zona. Asimismo, es urgente establecer en breve plazo un precio asumible por los usuarios del regadío de las aguas desaladas y de las procedentes de la conducción Júcar-Vinalopó, ya que en este momento del año están iniciándose las campañas de riego y un retraso en la adopción de estas medidas las haría inviables. Respecto de la situación de escasez de recursos que existe en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, es preciso adoptar con urgencia medidas, de diversa naturaleza, en la doble dirección que se ha señalado: por una parte, preservar el importante valor socioeconómico y ambiental que representa el regadío en estas cuencas hidrográficas, dado que actualmente las reservas de recursos hídricos se encuentran muy reducidas respecto de su capacidad total. Este déficit de reservas pone de manifiesto que la situación es extremadamente delicada. Por otra, es también necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y la protección de las masas de agua y los ecosistemas dependientes y aplicar para ello las medidas correctoras que sean necesarias, pues se han registrado problemas de calidad del agua debido a la escasez de las reservas al tiempo que debe solucionarse la falta de fuentes alternativas de suministro. La situación de extraordinaria y urgente necesidad está claramente definida por la sequía en la que se encuentra la cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, motivada por la sucesión de años con déficit acusados de aportaciones, que a pesar de las restricciones a la demanda impuestas, no han sido suficientes para que las reservas disponibles en la actualidad sean suficientes para afrontar un futuro incierto, con las repercusiones socioeconómicas y ambientales, entre otras, que ello comporta. Por lo demás, la norma opera dos modificaciones puntuales en dos normas reglamentarias, en las que concurre la imperiosa necesidad de modificación, como corolario de las situaciones descritas y de las disposiciones que contiene el propio real decreto-ley, que las hacen, por consiguiente, indisociables de las anteriores, todo ello sin perjuicio de la salvaguarda de su rango meramente reglamentario. Así, por un lado, se modifica el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, como se ha indicado, con el fin de que los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, modificación estrechamente ligada a las circunstancias que se han descrito más arriba y que integra el conjunto de medidas acordado en esta norma y, al propio tiempo, asociada a la inminente entrada en vigor del nuevo régimen laboral en este punto. Por otro lado, se modifican aspectos puntuales del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación, con el fin de armonizar su contenido con la remisión que en este real decreto-ley se contiene al mismo en su artículo 6, dada la intensa interconexión entre la nueva línea de financiación, cuya puesta en marcha deriva precisamente de estas circunstancias excepcionales, y la regulación reglamentaria que se prevé para los avales que en él se contienen, que funcionan como un todo indivisible en la precitada línea de apoyo al sector primario. La situación descrita evidencia la urgencia existente en la aprobación de las medidas, de modo que resulta patente que estas no pueden ser adoptadas mediante los instrumentos normativos ordinarios, pues el decreto-ley es un instrumento jurídico excepcional, cuyo empleo solo se justifica cuando el recurso a aquellos instrumentos no permitiría acometer con la urgencia necesaria la situación extraordinaria definida. Por todo lo expresado anteriormente, concurren de esta forma las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una situación de necesidad fundamentada en datos concretos; la urgencia de las medidas que deben aplicarse respecto a esta situación de necesidad, que no puede atenderse acudiendo al procedimiento legislativo de urgencia; y la existencia de una conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para afrontarla. IV. Principios de buena regulación Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, esta modificación es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para subvenir a estas necesidades. En cuanto al principio de transparencia, se preserva dada la claridad con la que se exponen sus objetivos, medidas y causas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta regulación, siendo de mínimos, introduce sólo en los elementos necesarios el contenido esencial que se estima procedente para la salvaguarda del interés público, sin limitar los derechos de los ciudadanos ni imponerles nuevas obligaciones, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulación actual. V. Habilitación competencial Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. De este título competencial se exceptúan los artículos 2 y 3, que se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre «régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas», los artículos 4, 5 y 15, que se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, en materia de Hacienda general y Deuda del Estado, y el artículo 10, el capítulo V, excepto el artículo 15, las disposiciones adicionales primera a tercera y la disposición final quinta, que se dictan al amparo del artículo 149.1.22.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de marzo de 2022, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y finalidad. Este real decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de apoyo a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias, de forma que contribuyan a la recuperación de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas como consecuencia de la situación de sequía, así como por el incremento de los costes de producción y por la actual situación económica internacional, junto con medidas laborales de protección de las personas trabajadoras. Asimismo, se establecen medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos que permitan paliar los efectos de la sequía y medidas de apoyo a los titulares de derechos de uso de agua para riego incluidos en los ámbitos territoriales afectados por la sequía previstos en el artículo 11, cuando hayan sufrido reducciones respecto de lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua. CAPÍTULO II Medidas laborales y de Seguridad Social Artículo 2. Aplazamiento en el ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. Las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar, directamente o a través de sus autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar entre los meses de marzo a mayo de 2022, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y entre los meses de abril a junio de 2022, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Este aplazamiento se ajustará a los términos y condiciones establecidos con carácter general en la normativa de la Seguridad Social, con las siguientes particularidades: 1.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas señaladas en el párrafo primero de este artículo y las mismas determinarán que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución. 2.ª Será de aplicación un interés del 0,5 por ciento, en lugar del previsto en el artículo 23.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de cuatro meses por cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado. 4.ª En ningún caso este aplazamiento será aplicable a las empresas con deudas que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, ni a los trabajadores por cuenta propia con deudas que no correspondan al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el momento de la resolución. Artículo 3. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. 1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha fecha, residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, o de la renta agraria, establecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, aun cuando no tengan cubierto en el citado Sistema de la Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecido, respectivamente, en el artículo 2.1.c) del primero o en el artículo 2.1.d) del segundo de los reales decretos citados, siempre que tengan cubierto en dicho Sistema Especial un mínimo de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, y reúnan el resto de los requisitos exigidos en la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 288 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y con lo establecido en los citados reales decretos. 2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo establecido en: a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero. b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. 3. En las solicitudes que se presenten e en el ámbito territorial indicado en el apartado 1 de este artículo, se estará a lo siguiente: a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en la forma prevista en dicha disposición. b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas cotizadas, se considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas. 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive. CAPÍTULO III Medidas fiscales Artículo 4. Reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 1. La reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, será del 20 por ciento para las actividades incluidas en el anexo I de la citada orden. 2. Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de los siniestros a que se refiere el artículo 1, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y en el artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 5. Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. 1. Se concede la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2022 a favor de los bienes inmuebles que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén afectos al desarrollo de tales explotaciones, siempre que los titulares de dichas explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior al de aplicación de esta exención, pérdidas de ingresos en las mismas de, al menos, un 20 por ciento con respecto a los últimos tres años en zonas con limitaciones naturales o específicas del artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y de un 30 por ciento en las demás zonas. 2. La exención de las cuotas en el tributo señalado en el apartado anterior comprenderá la de los recargos legalmente autorizados sobre aquél. 3. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes al citado ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas. 4. La disminución de ingresos en tributos locales que los apartados anteriores de este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. CAPÍTULO IV Medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones Artículo 6. Actuaciones en relación con la financiación del sector primario. 1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, «LINEA ICO MAPA SAECA», en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, no reembolsable, que se instrumentará mediante un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones del sector agrario en situaciones excepcionales, ya se trate de condiciones meteorológicas extremas, crisis sanitarias o alimentarias o distorsiones graves en el aprovisionamiento de materias primas ocasionadas por fluctuaciones en el mercado mundial. Estas ayudas tendrán un límite equivalente a la menor de las siguientes cantidades: el 10 por ciento del principal del préstamo o 10.000 € de ayudas acumuladas para las operaciones de un mismo cliente. 2. Podrán beneficiarse de dicha línea quienes sean titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas regulado por Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro General de la Producción Agrícola regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, con domicilio social y fiscal en España, que tengan una fecha de constitución anterior a 1 de marzo de 2022 y cuyos ingresos provengan al menos en un 50 por ciento de la actividad agraria en el año anterior al de la presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio, salvo que hayan iniciado la actividad agraria dentro de los tres años anteriores a la convocatoria. 3. No podrán concurrir los solicitantes incursos o que reúnan los requisitos para estar incursos en procedimiento de insolvencia colectiva, así como en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de grandes empresas, deberán estar en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B- o rating equivalente interno de la entidad financiera. 4. La ayuda tendrá carácter de mínimis, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. El montante total de la ayuda no podrá superar el límite de 20.000 euros en el periodo del año en curso en el momento de la formalización de la operación y los dos ejercicios anteriores, incluidas las ayudas previas declaradas por el solicitante. 5. La solicitud del préstamo deberá contar con el aval de SAECA, el cual podrá ser objeto de bonificación, en su caso, en el marco del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación. 6. El ICO y SAECA actuarán como entidades colaboradoras de las subvenciones en el marco del convenio de colaboración suscrito al efecto, a cuyo efecto asumirán la gestión íntegra de las mismas, incluida la justificación y control por parte de SAECA, en los términos establecidos en dicho convenio. 7. En la presentación de las solicitudes de ayuda será de aplicación lo previsto en los artículos 7 y 8 y concordantes del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio. 8. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación dictará resolución motivada a la vista de los certificados que remitan SAECA y el ICO. El periodo de admisión de solicitudes de ayuda comenzará con la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de la orden de convocatoria, que se realizará de acuerdo con las bases establecidas en este artículo. Las ayudas de concederán por riguroso orden de presentación hasta agotar el límite presupuestario. 9. Tales ayudas se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con una dotación inicial de 10 millones de euros. Artículo 7. Actuaciones en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de préstamos con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento del sector. Artículo 8. Dotación del Plan de Seguros Agrarios Combinados. En el caso de que fuera necesario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación, previa la tramitación de las modificaciones presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 9. Actuaciones en relación con la Política Agrícola Común (PAC). En aplicación de las disposiciones comunitarias sobre causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan, de manera excepcional, flexibilizar determinados requerimientos, condiciones de subvencionabilidad y compromisos de las ayudas de la PAC al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas. Artículo 10. Actuaciones en relación con el coste del agua desalada procedente de las Instalaciones Desaladoras de Agua Marina (IDAM) de titularidad de la Administración General del Estado y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece para el año 2022 los siguientes importes por metro cúbico de agua, IVA excluido, que deben satisfacer los usuarios de regadío de las siguientes infraestructuras: Infraestructura Tarifa riego (€/m3) Lugar de aplicación IDAM TORREVIEJA. 0,348 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. IDAM AGUILAS. 0,419 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora, hasta la balsa de Cerro Colorado. IDAM VALDELENTISCO. 0,409 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. IDAM DALIAS. 0,475 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. IDAM CARBONERAS. 0,453 En los puntos de entrega para regadío de la red de distribución de la desaladora. IDAM ALICANTE I. 0,362 A pie de planta. CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ. 0,295 En punto de conexión con el postrasvase. CAPÍTULO V Medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca hidrográfica del Guadiana Artículo 11. Ámbito temporal y territorial de aplicación. 1. Las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca hidrográfica del Guadiana tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por su parte, las exenciones del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua regulados en el artículo 114.1 y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aplicarán a las campañas de riego de los años 2021 y 2022 conforme a lo previsto en el artículo 15. 2. El ámbito territorial de aplicación de este real decreto-ley distingue los siguientes supuestos: a) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir: 1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.A). 2.º Las medidas a adoptar en la campaña 2022, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.A). La inclusión de las unidades territoriales de escasez en el anexo II, requiere que se encuentren en situación de emergencia durante dos meses consecutivos, de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Sequía. b) Respecto a la cuenca hidrográfica del Guadiana: 1.º Las medidas a adoptar para la campaña 2021, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo I.B). 2.º Las medidas a adoptar en la campaña 2022, se aplicarán a las unidades territoriales de escasez (UTES) incluidas en el anexo II.B). Artículo 12. Medidas administrativas excepcionales. 1. Se modifican temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante que haya dado derecho a esa utilización, y en particular las relativas a: a) Reducir o suspender las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos. b) Modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en el artículo 60.3.1.º del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio. c) Imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para racionalizar el aprovechamiento del recurso y dar cumplimiento al régimen de caudales ecológicos establecido en el plan hidrológico. d) Modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido, para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico y el de los sistemas terrestres asociados. e) Adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades, con el fin de compatibilizarlos con otros usos. 2. Se constituirán de oficio las Juntas Centrales de Usuarios que sean necesarias para ordenar y vigilar la gestión coordinada de los recursos hídricos. Artículo 13. De la Comisión Permanente de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 1. La Comisión Permanente de Sequía, conforme establece el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, estará integrada por los siguientes miembros: a) El Presidente del organismo de cuenca, que presidirá la Comisión. b) El Director de la Oficina Técnica de Sequía, que actuará como secretario con voz y voto. c) Los siguientes vocales: 1.º El Comisario de Aguas, el Director Técnico, el Secretario General y el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. 2.º Un representante de la Dirección General del Agua, y otros dos de entre los representantes del resto de Ministerios participantes en la Junta de Gobierno. 3.º Representantes de las comunidades autónomas en la Junta de Gobierno relacionados con la gestión de las aguas y el uso de los recursos hidráulicos: dos representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura, un representante de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y un representante de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 4.º Representantes de los usuarios: un representante de abastecimiento, un representante del regadío y un representante del uso industrial, elegidos entre quienes representan a estos sectores en la Junta de Gobierno. d) También formarán parte de la misma los siguientes vocales, con voz y sin voto: 1.º Un representante de las administraciones locales, elegido por ellos mismo entre quienes ostentan esta representación en la Junta de Gobierno. 2.º Un representante de las organizaciones sindicales, otro de las empresariales y otro de las organizaciones que actúan en defensa de los intereses ambientales, elegidos entre quienes representan a estos sectores en el Consejo del Agua de la Demarcación. 2. Corresponde a la Comisión Permanente de Sequía el estudio y valoración de las medidas administrativas excepcionales a proponer a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, reguladas en el artículo 12. Artículo 14. Atribuciones de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 1. Adoptar cuantas medidas sean precisas para el eficaz cumplimiento de las propuestas realizadas por la Comisión Permanente de Sequía. 2. Imponer a los titulares de derechos la ejecución de aquellas obras de control o de medida de caudales que sean necesarias para una mejor gestión de los recursos o acordar subsidiariamente su realización. 3. Igualmente, podrá ejecutar obras de investigación hidrogeológica, captación, transporte o adecuación de infraestructuras y de control de la evolución de las masas de agua subterránea. Si las obras descritas correspondieran al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por ser de interés general del Estado o en razón a su cuantía, el Presidente del Organismo de cuenca, le elevará la solicitud de ejecución. Artículo 15. Exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua recogidos en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. 1. En la cuenca hidrográfica del Guadalquivir: a) Para el período impositivo de 2021, se concede a los titulares de derechos al uso de agua beneficiarios directos de las obras de regulación, que hayan tenido una reducción de la dotación global de al menos el 40 % respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparan su derecho al uso del agua, y se encuentren en Unidades Territoriales de Escasez relacionadas en el anexo I, el 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua y establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas. b) Para el periodo impositivo de 2022, en el ámbito de aplicación territorial establecido en el anexo II, se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para el riego que hayan tenido una reducción respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones: 1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de entre un 40 % y un 60 %. 2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114, apartados 1 y 2, del texto refundido de la Ley de Aguas, en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de más del 60 %. c) Para los periodos impositivos 2021 y 2022, se concede a los titulares de derechos al uso del agua beneficiarios indirectos de las obras de regulación una reducción 40 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1 del texto refundido de la Ley de Aguas. 2. En la cuenca hidrográfica del Guadiana: a) Para el período impositivo de 2021, a los titulares de derechos al uso de agua beneficiarios de las obras de regulación, que hayan tenido una reducción de la dotación global de al menos el 60 % respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparan su derecho al uso del agua en el ámbito territorial que se relaciona en el anexo I.B), se concede una reducción del 100 % de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. b) Para el periodo impositivo de 2022, en el ámbito territorial establecido en el anexo II.B), se conceden a los titulares de derechos al uso de agua para el riego que hayan tenido una reducción respecto a lo establecido en los títulos jurídicos que amparen su derecho al uso del agua, las siguientes exenciones: 1.º El 50 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de entre un 40 % y un 60 %: UTE 09 Sistema General (excepto Orellana). 2.º El 100 % de reducción de la cuota del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua establecidos en el artículo 114.1. y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas en el caso de explotaciones en las que se haya producido una reducción de la dotación de más del 60 %: UTE 05 Gasset-Torre de Abraham, UTE06 Vicario y Orellana (UTE 09 Sistema General. 3. Los sujetos pasivos de las exacciones señaladas en los apartados anteriores que hubieran satisfecho total o parcialmente las cuotas correspondientes, tendrán derecho a la devolución de las cantidades ingresadas que correspondan. Artículo 16. Puesta en servicio y ejecución de sondeos de la cuenca del Guadalquivir. 1. La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir queda facultada para autorizar la ejecución y puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de cualquier sondeo u obra de captación, cuente con instalación elevadora o no, que permita la aportación provisional de nuevos recursos. Esta facultad incluye la puesta en servicio de sondeos existentes o la ejecución de otros nuevos, en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales que puedan satisfacer las demandas más urgentes. Su explotación no supondrá una merma en la calidad actual de las aguas subterráneas y circulantes por los cauces que las haga inadecuadas para los usos a los que se destinan. Dejarán de utilizarse cuando desaparezcan las condiciones de escasez y, en todo caso, a la finalización del plazo de vigencia del presente real decreto-ley, y en ningún caso generarán nuevos derechos en favor de quienes hayan obtenido la citada autorización del organismo de cuenca. Las extracciones desde estos sondeos y obras de captación se efectuarán de manera que no comprometan los fines ni el logro de los objetivos medioambientales fijados en el Plan Hidrológico de la Demarcación. 2. Conforme dispone el artículo 114.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, los que se beneficien de obras hidráulicas de captación y transporte de aguas subterráneas hasta los lugares de aplicación financiadas total o parcialmente a cargo del Estado, abonaran la «tarifa de utilización del agua» que corresponda, destinada a compensar los costes de inversión soportados por la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales obras. Artículo 17. Modificación de las normas de prelación en los contratos de cesión de derechos de usos de agua. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, podrá autorizar, con carácter temporal y excepcional, cesiones de derechos de uso de agua que no respeten el orden de preferencia definido en el plan hidrológico o en el artículo 60.3 de dicha ley, respetando en todo caso la supremacía del uso consignado en su párrafo 1.º, siempre que se mantenga el régimen de caudales ecológicos y se garantice el abastecimiento de la población. Artículo 18. Carácter no indemnizable de las medidas adoptadas. Las medidas establecidas en este real decreto-ley, incluidas las limitaciones en el uso del dominio público hidráulico, no tendrán carácter indemnizable. Artículo 19. Suministro de información. Para la adecuada gestión y seguimiento de las medidas objeto de este real decreto-ley, las empresas suministradoras de servicios energéticos a que hacen referencia la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, facilitarán la información que les sea solicitada por las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana de forma telemática y, en especial, los consumos energéticos realizados por las correspondientes instalaciones de elevación e impulsión de las aguas, con el objeto de poder estimar, en función de dicho consumo energético, el volumen de agua detraído. Artículo 20. Tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales. 1. La tramitación de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales previstas en este real decreto-ley tendrán carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En su virtud, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 2. El Organismo de cuenca, cuando lo estime necesario, procederá a la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico reconocidas a los titulares de derechos, con sujeción al siguiente procedimiento: a) El procedimiento se iniciará de oficio por el órgano competente, notificándose a los interesados el acuerdo de inicio. b) El informe y la elaboración de la propuesta de modificación se realizará por parte de la Comisaría de Aguas y deberá ser informada por la Oficina de Planificación Hidrológica. c) El plazo para realizar la audiencia de los interesados se reducirá a cinco días. d) La aprobación de la propuesta de resolución corresponderá al Presidente del organismo y será motivada en todo caso. e) La Presidencia de la Confederación Hidrográfica adoptará las medidas precisas para hacer efectiva la resolución de modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. 3. La resolución adoptada, de acuerdo con el apartado anterior, determinará la modificación de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico mientras se mantenga vigente el presente real decreto-ley o no sea expresamente revocada. Tal revocación deberá realizarse cuando se aprecie que las circunstancias que motivaron la resolución han desaparecido. Artículo 21. Régimen sancionador. 1. El incumplimiento por los usuarios de las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el título habilitante, modificadas temporalmente en virtud del artículo 12 del presente real decreto-ley constituirá infracción tipificada en el artículo 116.3.c) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico. 2. La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa, constituye una infracción administrativa del artículo 116.3.b) del texto refundido de la Ley de Aguas, y la sanción que corresponda, se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico. 3. El incumplimiento de las restantes medidas adoptadas por el Organismo de cuenca, en aras de garantizar la finalidad del presente real decreto-ley, constituirá infracción tipificada en el artículo 116.3.g) del texto refundido de la Ley de Aguas y la sanción que corresponda se valorará en atención a su especial repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico. Artículo 22. Medidas provisionales. 1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo sancionador, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento o aquellos en quien se delegue la competencia, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 2. Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales: a) Sellado de las instalaciones, aparatos, equipos y pozos. b) Cese o suspensión temporal de actividades. c) Aquellas otras medidas que, para la protección del dominio público hidráulico, se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. 3. Las medidas provisionales podrán dejarse sin efecto o modificarse durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 4. A estos efectos, los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana dictarán un acuerdo motivado que habilitará a los agentes medioambientales del servicio de control y vigilancia y guardas fluviales que les presten apoyo y asistencia, así como a otros servicios con carácter de autoridad y con competencia para ello, para ejecutar las medidas provisionales que se consideren necesarias y proporcionadas de manera inmediata y que posteriormente, en el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador, habrá de ser confirmadas, modificadas o levantadas. Artículo 23. Relaciones con las Delegaciones del Gobierno. Las Presidencias de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana comunicarán a los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas por este real decreto-ley las actuaciones que deban realizarse con el fin de conseguir el cumplimiento de las medidas contenidas en él. Disposición adicional primera. Medidas en relación con las actuaciones de emergencia y de urgencia de las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. 1. Se declaran de emergencia las actuaciones que se incluyen en el anexo III. 2. La tramitación de los procedimientos que resulten necesarios para la ejecución de las actuaciones contempladas en el anexo IV (Guadiana), así como otras actuaciones diferentes de la contempladas en el anexo III (Guadalquivir), tendrá carácter de urgencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, las actuaciones vinculadas con la lucha contra la sequía que se relacionan en el anexo III y en el anexo IV, llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. Disposición adicional segunda. Subordinación de las medidas que puedan adoptarse a los Planes Hidrológicos de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Lo dispuesto en en este real decreto-ley se entenderá sin menoscabo de las medidas previstas en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, que deben ser aplicadas en su totalidad, salvo que se motive adecuadamente su insuficiencia o la imposibilidad de acometerlas con carácter urgente. Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público. La creación y funcionamiento de la Comisión Permanente de Sequía de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, serán atendidos con los recursos asignados a los órganos administrativos y organismos públicos en ella representados y no supondrán incremento alguno del gasto público. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Disposición adicional cuarta. Acceso a los datos de los expedientes de regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 1. A los efectos previstos en la disposición adicional vigesimosexta del Estatuto de los Trabajadores, las comunidades autónomas podrán remitir la información que obre en su poder directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o poner dicha información a disposición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de los procedimientos que este departamento determine, para su posterior remisión a la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 2. La disposición adicional vigesimosexta del Estatuto de los Trabajadores y lo dispuesto en el apartado anterior serán aplicables a los expedientes de aplicación del Mecanismo RED. Disposición adicional quinta. Constitución del Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Se constituye el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo contemplado en el artículo 47 bis.6 del Estatuto de los Trabajadores. Disposición transitoria primera. Régimen de ejecución de los proyectos piloto de itinerarios de inclusión social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobados por bases reguladoras antes de 31 de diciembre de 2021. Los contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos piloto de inclusión social aprobados por Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, antes del 31 de diciembre de 2021, podrán concertarse por el plazo de ejecución previsto en dichas bases reguladoras. Disposición transitoria segunda. Procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. 1. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, resultarán aplicables, en el ámbito del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, las previsiones recogidas en los capítulos II y III del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, con las especialidades señaladas en el apartado 2 y en cuanto no resulten incompatibles con lo recogido en el propio artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, no resultarán aplicables los artículos 17, 18, 19 y 22 ni los porcentajes de reducción de jornada previstos en el artículo 16.2, del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 2. Sin perjuicio las excepciones anteriores, el contenido de los capítulos II y III del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada resultará aplicable al Mecanismo RED, con las siguientes especialidades: a) Durante la aplicación del Mecanismo RED cada persona trabajadora solo podrá verse afectada en exclusiva por una reducción de su jornada o por una suspensión de su contrato, sin que quepa una combinación de ambas, y sin perjuicio de la afectación o desafectación o de la variación en el porcentaje de reducción de jornada, que se produzcan ante la alteración de las circunstancias alegadas como causa justificativa de las medidas. b) La dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a las personas trabajadoras o a sus representantes su intención de iniciar la tramitación del Mecanismo RED, a efectos de la conformación de la comisión representativa de aquellas conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. c) Constituida la comisión representativa de las personas trabajadoras o transcurrido el plazo para ello, la empresa remitirá la comunicación de inicio del periodo de consultas, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 1.º Documentación acreditativa de que la situación temporal, cíclica o sectorial, descrita en el correspondiente acuerdo de activación del Mecanismo RED concurre en la empresa. 2.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos de trabajo. 3.º Identificación de las personas trabajadoras incluidas en el procedimiento y que van a resultar afectadas por las medidas de regulación temporal de empleo. 4.º Tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar. En el caso de la modalidad sectorial, además, esta comunicación deberá ir acompañada de un plan de recualificación de las personas afectadas. d) La solicitud para aplicar medidas de reducción de contrato o suspensión de jornada en el ámbito del Mecanismo RED activado será presentada por la empresa ante la autoridad laboral competente de forma simultánea a la comunicación de apertura del periodo de consultas a la que se refiere el apartado anterior y deberá incorporar: 1.º Copia de la comunicación de inicio referida en el apartado b). 2.º Copia de la comunicación y de la documentación referidas en el apartado c). 3.º Identificación de las personas que integrarán la comisión negociadora y la comisión representativa de las personas trabajadoras o, en su caso, indicación de la falta de constitución de esta última en los plazos legales. e) La admisión a trámite de una solicitud de autorización para aplicar medidas en el ámbito de un Mecanismo RED requerirá, en cualquier caso, el cumplimiento de los requisitos que al respecto se fijen en el acuerdo de activación del Consejo de Ministros. f) Si la autoridad laboral que recibe la solicitud a que se refiere el apartado anterior careciera de competencia según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, deberá dar traslado de la misma a la autoridad laboral que resultara competente, dando conocimiento de ello simultáneamente a la comisión negociadora. g) La comunicación final de la empresa a la autoridad laboral, ya haya finalizado con o sin acuerdo el periodo de consultas deberá incorporar, como mínimo, los contenidos siguientes: 1.º Personas, grupos profesionales, puestos y niveles salariales afectados, determinando en cada caso si la medida es de reducción de jornada diaria, semanal, mensual o anual o de suspensión de contrato. 2.º Fecha de efectos del Mecanismo RED, que podrá ser anterior a la de la comunicación final a la autoridad laboral, pero en ningún caso previa a la fecha de activación de aquél. 3.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de reducción de jornada o suspensión del contrato, dentro del límite establecido por el acuerdo de activación. 4.º Porcentaje máximo de reducción de jornada diaria, semanal o mensual acordado para cada una de las personas, grupos profesionales, puestos o niveles salariales afectados, así como del número máximo de días de suspensión de contratos a aplicar en cada caso. 5.º En el supuesto de la modalidad sectorial del Mecanismo RED, plan de recualificación definitivo. El plan de recualificación podrá incorporar entre sus contenidos las acciones formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del Estatuto de los Trabajadores. 2. El Gobierno podrá modificar, mediante el desarrollo reglamentario del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, lo establecido en esta disposición. Disposición transitoria tercera. Protección social de las personas trabajadoras. 1. Hasta que se produzca el desarrollo al que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los supuestos a los que se refiere dicha disposición, el acceso a la protección social se producirá en los términos de la citada disposición adicional, que resultará aplicable con las siguientes especialidades: a) La entidad gestora reconocerá las prestaciones con efectos del primer día en que pudieran ser aplicables las medidas de suspensión o reducción de jornada, o con efectos de la fecha de presentación de la solicitud, en caso de haber sido esta presentada fuera del plazo, y abonará las mismas una vez reciba la comunicación empresarial a que se refiere la letra siguiente.  b) A efectos del pago de las prestaciones la empresa deberá remitir a la entidad gestora, en todo caso, una comunicación a mes vencido, indicando la información sobre los periodos de actividad e inactividad de las personas trabajadoras del mes natural inmediato anterior. En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. c) Cuando el trabajador perciba indebidamente la prestación social, las cantidades indebidamente abonadas serán reclamadas por la entidad gestora con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. No obstante lo anterior, no será de aplicación a esta prestación social la compensación con cuantías a percibir en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo regulados en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o de subsidio extraordinario de desempleo regulado en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o de renta activa de inserción, regulada en el Real Decreto 1369/2006, ni con las percepciones indebidas derivadas de estas prestaciones y subsidios. 2. El abono de las prestaciones sociales se realizará a través del circuito establecido para el pago de las prestaciones por desempleo. 3. Mediante el desarrollo reglamentario al que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se podrá modificar lo establecido en los apartados 1 y 2 de esta disposición transitoria. Disposición transitoria cuarta. Cobertura transitoria de las necesidades de financiación del Mecanismo RED. Transitoriamente, en tanto el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo no esté dotado en cuantía suficiente para atender a sus necesidades financieras, los gastos y menores ingresos que se detallan a continuación se atenderán con cargo a los recursos financieros de las entidades competentes en la ejecución del Mecanismo RED. Los gastos y beneficios en la cotización que se produzcan con cargo al Mecanismo RED se imputarán presupuestariamente conforme a las siguientes normas: a) Los beneficios en la cotización a la Seguridad Social previstos en la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, financiándose en estos dos últimos casos con la aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respectivamente. b) Las medidas de protección social previstas en la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social se atenderán con cargo a los presupuestos de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Se exceptúan los preceptos que se citan a continuación: a) Los artículos 2 y 3, que se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre «régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas». b) Los artículos 4, 5 y 15, que se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española en materia de Hacienda general y Deuda del Estado. c) El artículo 10, el capítulo V, excepto el artículo 15, las disposiciones adicionales primera a tercera, la disposición final quinta y los anexos I, II, III y IV, que se dictan al amparo del artículo 149.1.22.ª y 24.ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma y obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Disposición final segunda. Facultades de desarrollo. 1. El Gobierno y las personas titulares de los Ministerios de Agricultura, Pesca, Alimentación, Hacienda y Función Pública, Trabajo y Economía Social, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente real decreto-ley, en particular se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en función de las disponibilidades presupuestarias, a flexibilizar las condiciones y los beneficiarios de los préstamos establecidos en el artículo 6. 2. La persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá modificar mediante orden la delimitación territorial incluida en el anexo II, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11.2.a). Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios. Con salvaguarda de su rango reglamentario, el artículo 2 del Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, queda redactado en los términos siguientes: «Artículo 2. Protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos agrarios y eventuales agrarios. 1. Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Por ello, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en cada caso podrán optar: a) Por las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial. b) Por el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, establecido por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o, en su caso, por la renta agraria, en favor de los mismos trabajadores, establecida por Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, considerando al trabajador como eventual agrario para aplicar lo dispuesto en dichos reales decretos. 2. Cuanto se opte, conforme a lo indicado en el apartado 1. b) anterior: a) Se tendrán en cuenta todas las jornadas reales cotizadas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, cualquiera que sea su número, como trabajador fijo discontinuo agrario y como trabajador eventual agrario siempre que no hayan sido computadas para obtener un derecho anterior, a la prestación por desempleo, a los subsidios por desempleo o a la renta agraria, y se hayan cubierto en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo. b) No se incluirán en el cómputo de rentas del solicitante o beneficiario, ni de los miembros de la unidad familiar, las obtenidas por el trabajo agrario como trabajador por cuenta ajena de carácter fijo discontinuo.» Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación. Con salvaguarda de su rango reglamentario, el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación, queda modificado como sigue: Uno. Se añade una nueva letra f) al apartado 2 del artículo 6: «f) Cuando explotaciones agrarias se hallen inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según la información suministrada por las distintas comunidades autónomas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con, al menos, un mes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de cada convocatoria.» Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 6, que queda redactado de la siguiente forma: «6. Las limitaciones en cuanto a los importes y los plazos máximos de amortización establecidos en el apartado 3 no se aplicarán a los créditos concedidos en el marco de las líneas establecidas entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y SAECA, ni a los beneficiarios recogidos en la letra b) del apartado 2, teniéndose en cuenta en estos casos los límites propios de estas líneas en las operaciones avaladas por SAECA.» Disposición final quinta. Modificación de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. Se modifica la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición adicional cuarta. Plan de choque para la optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea. El Gobierno, con carácter urgente, aprobará un Plan de choque de optimización de recursos hídricos en la cuenca mediterránea que fomentará la utilización de recursos no convencionales, posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de otras conducciones de la Administración General del Estado ya construidas mediante la ejecución de las obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de la capacidad económica de los usuarios.» Disposición final sexta. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 15 de marzo de 2022. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ANEXO I A) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir afectadas por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2021 UTE 0707 Sierra Boyera. UTE 0801 Bembézar-Retortillo. UTE 0701 Regulación General. Subunidad Cubillas-Colomera de la UTE 0602. B) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadiana afectadas por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2021 UTE 05 Gasset-Torre de Abraham. UTE06 Vicario. ANEXO II A) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir de aplicación del real decreto-ley UTE 0501 Hoya de Guadix. UTE 0702 Dañador. UTE 0707 Sierra Boyera. UTE 0709 Rumblar. UTE 0712 Guadalmellato. UTE 0801 Bembézar-Retortillo. UTE 0701 Regulación General. Subunidad Cubillas-Colomera de la UTE 0602. B) Unidades Territoriales de la cuenca hidrográfica del Guadiana afectadas por la reducción de las exacciones correspondientes a la campaña 2022 UTE 05 Gasset-Torre de Abraham. UTE 06 Vicario. UTE 09 Sistema General. UTE 13 Alange-Barros. ANEXO III Obras de emergencia de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir 1. Bombeo desde el río Guadalquivir para garantía del abastecimiento en el sistema Martín Gonzalo. 2. Refuerzo de la toma de agua en la presa de Iznájar. 3. Reparación de equipos e infraestructura en el sondeo de Fuente de Alhama y ejecución de nuevo sondeo. 4. Mejora de la garantía del abastecimiento en el sistema Colomera-Cubillas mediante los pozos de sequía de la Vega de Granada. ANEXO IV Obras urgentes de la cuenca hidrográfica del Guadiana 1. «Proyecto de abastecimiento del Campo de Calatrava desde el sistema de la Llanura manchega» (Ciudad Real). 2. «Proyecto de interconexión de los embalses de Los Molinos y Tentudía».

El decreto ley de hoy lo mismo incluye medidas para la agricultura por la sequía (aplazamiento cuotas, facilidades para desempleo, reducción de impuestos, préstamos...) que pone en marcha el sistema RED, el nuevo ERTE para crisis de la reforma laboral

I. Antecedentes El año hidrológico 2020/2021 finalizó el 30 de septiembre de 2021 con una precipitación un 5 por ciento inferior respecto al valor normal. Desde el inicio del último año hidrológico, el 1 de octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas ha sido de 223,6 mm, un 38,2 por ciento inferior al valor normal. A fecha 8 de marzo de 2022, la reserva hidráulica peninsular se situaba en un 40,5 por ciento, notablemente inferior a la media de los últimos 5 años (52,5 por ciento) y a la de los últimos 10 años (60,8 por ciento). Aunque en general están descendiendo los valores de los indicadores de escasez, los problemas respecto de la escasez coyuntural se centran principalmente en las demarcaciones del Guadalquivir y del Guadiana, donde las reservas son inferiores en 33,2 y 35,1 puntos porcentuales respectivamente respecto a la media de los últimos 10 años. En el caso del Guadiana está al 30,4 por ciento y el Guadalquivir al 28,4 por ciento. En el caso del Guadalquivir en los 4 primeros meses del año hidrológico se han recogido en los embalses de la cuenca 180 L/m², mientras que la media de ese periodo en los últimos 25 años era de 309 L/m². Desde el punto de vista de los indicadores y escenarios de escasez correspondientes a marzo de 2022, 7 UTE continúan en emergencia (Hoya de Guadix, Regulación General, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalmellato y Bembézar-Retortillo), y otras 11 permanecen en alerta. Las 5 restantes están en normalidad (2) o prealerta (3). En la cuenca del Guadiana la situación también es problemática, en especial en su cuenca alta, y se va extendiendo también a la zona occidental. Así, mantienen el escenario de Emergencia las UTE de Mancha Occidental, Jabalón-Azuer, Gasset-Torre de Abraham, El Vicario (todas ellas en la cuenca alta), y Tentudía. Otras 4 UTE están en escenario de Alerta. Las restantes UTE de la demarcación están en Prealerta (5) o Normalidad (7). Dada la situación y que las previsiones no prevén cambios de tendencia notables en los próximos meses, se hace necesario el desarrollo de medidas que ayuden a paliar los graves e imprevisibles daños producidos por la sequía. Es previsible que la situación descrita afecte a los cultivos tanto de secano como de regadío y a la ganadería de las zonas referidas en las demarcaciones hidrográficas citadas, bien por insuficiencia del agua embalsada para atender la demanda de riego, bien por la reducción de precipitaciones que ha afectado a las reservas en los acuíferos que proporcionan el agua de riego y a la propia aportación directa a los cultivos. En relación con las concretas medidas ante la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las reservas de agua en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, como consecuencia de la falta de precipitaciones continuada, se encuentran en los niveles más bajos registrados desde hace más de 25 años, concretamente desde el año 1995, fecha en la que estaba llegando a su fin la sequía más grave sufrida en esta cuenca durante el último siglo. Esta escasez de reservas hídricas provoca que existan acusados problemas para el suministro de agua tanto para determinados abastecimientos a las poblaciones como para las explotaciones agrícolas de la demarcación. Desde el año hidrológico 2012/2013 hasta la actualidad, vienen padeciendo una situación de precipitaciones inferiores a la media. En esta sucesión de años secos, únicamente el año hidrológico 2017/2018, superó ligeramente la aportación media. La capacidad de regulación hiperanual de los embalses de estas cuencas permite atender las demandas durante los años secos con los recursos almacenados en los años húmedos. Sin embargo, debido a la sucesión de varios años con déficit acusados de aportaciones este balance se ha descompensado, obligando en la cuenca del Guadalquivir a imponer restricciones sobre el regadío en las últimas tres campañas de riego; no obstante, a pesar de estas restricciones a la demanda, las reservas disponibles se han reducido en casi 2.000 hm3, cifra que representa casi el 50 % de las disponibles a principios del año hidrológico 2018/2019, y en la del Guadiana a imponer restricciones sobre el regadío en las últimas 2 campañas de riego en la zona oriental de la cuenca. Especialmente desfavorable respecto a las reservas almacenadas es la situación en el Sistema de Regulación General de la cuenca del Guadalquivir, al que están adscritos 19 embalses que suponen el 70 % de la capacidad total de embalse de la cuenca, y más del 80 % de la superficie que se riega con aguas reguladas, unas 350.000 ha. En este sistema las reservas suponen únicamente el 24 % de su capacidad total, lo que representa un volumen de agua similar al necesario para atender las demandas de una campaña de riego en situación de normalidad. El déficit de reservas en estas fechas respecto a la media es de treinta y tres puntos porcentuales, hecho que pone de manifiesto que la situación es extremadamente delicada. Concretamente, la probabilidad de que sea necesario imponer restricciones superiores al 50 % de la demanda de riego en la próxima campaña 2022 está próxima al 80 %, usando la serie de aportaciones del vigente Plan de Sequía. En cuanto al abastecimiento, cabe destacar que durante el pasado año hidrológico y el actual, en aquellos sistemas que se encuentran en una situación más crítica, se han registrado problemas de calidad del agua debido a la escasez de las reservas, y se han impuesto reducciones de las dotaciones como medida de ahorro por la ### RESUMEN: El decreto ley de hoy lo mismo incluye medidas para la agricultura por la sequía (aplazamiento cuotas, facilidades para desempleo, reducción de impuestos, préstamos...) que pone en marcha el sistema RED, el nuevo ERTE para crisis de la reforma laboral

El Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, regula un conjunto de medidas extraordinarias y de urgente necesidad para hacer frente a determinadas situaciones agravadas por la actual crisis económica, entre ellas las que afectan a actividades de interés general de relevancia social financiadas con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como la atención a los colectivos más necesitados, la cooperación al desarrollo o la protección del medio ambiente, que requieren una respuesta eficaz y prioritaria a las demandas de estos sectores. Dentro del marco competencial del Estado recogido en el artículo 149.1 de la Constitución Española, el citado Real Decreto-ley establece, entre otras disposiciones y manteniendo en lo que no se oponga la vigencia del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regulador de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales, un nuevo marco legal para conseguir mayor coherencia sectorial y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje del 0,7 por ciento de la asignación tributaria del IRPF que corresponde al Estado, fijado cada año en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicho Real Decreto-ley enumera, en su capítulo II, los ejes de las actividades de interés general consideradas de interés social que han de tenerse en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el porcentaje del 0,7 por ciento de la asignación tributaria del IRPF, y que corresponde al Estado, entre los que se encuentra la protección del medio ambiente. Estas actividades de interés general de relevancia social vienen recogidas también en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, que limita su ámbito de aplicación a las organizaciones de acción voluntaria que participan o desarrollan programas de ámbito estatal o de la competencia exclusiva del Estado. Asimismo, se regula también la figura de las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado, que desarrollan actividades de interés general de relevancia social en el ámbito de las competencias del Estado informando, participando, y colaborando en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, por las que podrán recibir ayudas para su mantenimiento y funcionamiento. Se trata de una nueva categoría de carácter básico, en virtud de la competencia del Estado prevista en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que debe permitir el reconocimiento como colaboradoras en la ejecución de políticas públicas a un amplio elenco de organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro y con fines de interés general, cualquiera que sea su forma jurídica. Por otra parte, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de medio ambiente, de conformidad con el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Así, este Departamento podrá financiar actividades de interés general de relevancia social destinadas a finalidades vinculadas con la protección del medio ambiente, ámbito en el que el Estado ostenta competencias en virtud de lo dispuesto por el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, o cuyo objetivo sea el fomento de la investigación en materia de medio ambiente, de modo que sea posible impulsar la actividad investigadora en materia de protección del medio ambiente. Para ello, con base en las citadas competencias, y de conformidad con lo dispuesto por dicho Real Decreto-ley y en la Ley 6/1996, de 15 de enero, procede por tanto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la colaboración en estas actividades. Se ha optado por el rango de real decreto teniendo en cuenta la más reciente jurisprudencia constitucional que ha considerado insuficiente el rango normativo de orden ministerial en estos casos, cumpliendo asimismo los compromisos asumidos por el Gobierno al tratarse de un nuevo marco normativo. Esta disposición reglamentaria se adapta a lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En la tramitación de la presente disposición reglamentaria han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados, han emitido informe previo la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Oficina Presupuestaria del mismo. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades del Tercer Sector, así como a organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social en la protección de medio ambiente. A los efectos de los fines de interés social en la protección del medio ambiente, se entenderá por actividades de interés general las derivadas de la colaboración con la Administración General del Estado, en el ámbito de competencias que la Constitución Española atribuye al Estado, así como las de investigación científica, en relación con la protección del medio ambiente. Artículo 2. Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en el presente real decreto las entidades del Tercer Sector y demás entidades u organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal colaboradoras en el ámbito de la Administración General del Estado, según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 2. Estas entidades deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal y tener como objetivo primordial, según sus estatutos, la protección del medio ambiente. b) Estar inscritas, según su estatuto jurídico, en el Registro Nacional de Asociaciones y haber sido declaradas de utilidad pública, o en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. c) Tener depositadas sus cuentas anuales de los dos últimos ejercicios en el Registro correspondiente cuando les fuera exigible, de conformidad con lo que establezca la convocatoria. Las asociaciones de utilidad pública, además, deberán tener sometida su gestión a control de auditoría externa. d) Tener personalidad jurídica y actividad acreditada en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. e) Carecer de fines de lucro. f) Haber justificado las ayudas económicas recibidas del Departamento con anterioridad. g) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. h) Disponer de estructura, capacidad y solvencia suficiente para desarrollar las actividades subvencionadas, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello. i) Cumplir los requisitos y obligaciones que, para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones, se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 3. En ningún caso serán reconocidas como entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente. Artículo 3. Requisitos de los programas a financiar. Las subvenciones amparadas por estas bases reguladoras sólo podrán concederse para la realización de programas de interés general en los que concurra alguno de los siguientes requisitos: a) Que se trate de programas cuya ejecución corresponda a la Administración General de Estado, por referirse a una materia cuya competencia de ejecución es del Estado. b) Que se trate de programas de carácter supraterritorial que, por su naturaleza, no puedan ser gestionados por las comunidades autónomas o para los que no resulte posible para el Estado la fijación de puntos de conexión. c) Que se trate de programas en los que el Estado ostente competencia para establecer las bases y se acredite alguna de las siguientes circunstancias: que resulten imprescindibles para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector, o para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinado al sector. d) Que se trate de programas de investigación científica y técnica en los que la actividad principal o predominante sea la investigación para la obtención de nuevos resultados en materia de protección del medio ambiente. Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables. 1. La cuantía individualizada correspondiente a cada entidad beneficiaria se determinará teniendo en cuenta los criterios de otorgamiento y ponderación del artículo 8. La cantidad máxima por beneficiario se establecerá en cada convocatoria en función del crédito disponible. 2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 3. Solo serán subvencionables los gastos para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social en la protección de medio ambiente, incluyendo gastos de personal, alquiler de locales, material consumible, imprenta, publicidad, desplazamientos, alojamiento, manutención y cualesquiera otros que respondan indubitadamente a la realización de tales actividades, no pudiendo superar los indirectos el límite del 25 % del total, así como el gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa mediante informe de auditor, según lo previsto en el artículo 12, apartado 2, con el límite máximo de 10 % del importe de la ayuda. 4. En cualquier caso, los gastos subvencionables correspondientes a desplazamientos, alojamiento y manutención tendrán como límite máximo las cuantías establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio. Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas. La percepción de esta subvención será compatible con otras ayudas o subvenciones que puedan conceder otras Administraciones Públicas, entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, sin que aisladamente o en concurrencia con otras, se pueda superar el coste total de la actividad objeto de subvención. Artículo 6. Procedimiento de concesión. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria pública en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicarán las convocatorias anuales de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que para este fin se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.01.451O.485 para fines de interés social. Artículo 7. Solicitudes. 1. Las solicitudes de subvenciones se dirigirán al titular del Departamento, acompañadas de una memoria explicativa, conforme a los modelos normalizados de solicitud y memoria que se establecerán en las correspondientes convocatorias, y se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la orden de convocatoria de las presentes ayudas, en el Registro General del Departamento, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También podrá realizarse la solicitud por medios electrónicos, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la sede electrónica de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya URL se especificará en las correspondientes convocatorias. 2. La solicitud de ayudas implica la autorización al Departamento para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 3. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 8. Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación. 1. Los criterios de otorgamiento de las ayudas y la ponderación de los mismos, serán los siguientes: a) Adecuación: Adecuación de las actividades objeto de subvención a los objetivos perseguidos por la misma y los medios previstos para su realización, especialmente los recursos humanos, valorando expresamente la participación de personal voluntario y minusválido (máximo: 30 puntos). b) Evaluación de necesidades: Explicitación y análisis de las necesidades en la descripción de las actividades objeto de subvención, en relación con los objetivos perseguidos (máximo: 15 puntos). c) Aplicabilidad: Aplicabilidad y finalización de las actividades objeto de subvención durante el ejercicio en que se solicita la ayuda (máximo: 15 puntos). d) Experiencia: Experiencia contrastada en la realización del tipo de actividades objeto de subvención, en las que directa o indirectamente haya intervenido la Administración General del Estado y, especialmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al menos, en los dos años anteriores a la convocatoria (máximo: 10 puntos). e) Experiencia internacional: Desarrollo acreditado de actividades de protección del medio ambiente que contribuyan al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de España en la materia, al menos, en los dos años anteriores a la convocatoria (máximo: 10 puntos). f) Representatividad en el nivel estatal: La pertenencia a órganos colegiados de nivel estatal competentes en materia de protección del medio ambiente (máximo: 10 puntos). g) Representatividad en el nivel internacional: La pertenencia a entidades internacionales y cuantía de cuotas obligatorias asociada a dicha pertenencia (máximo: 10 puntos). 2. La puntuación obtenida en cada uno de los criterios relacionados en el apartado anterior se determinará teniendo en cuenta en cada uno de ellos, el grado de contribución al cumplimiento de los objetivos del Departamento en materia de protección de medio ambiente. Artículo 9. Ordenación, instrucción y resolución. 1. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la Subsecretaría del Departamento. 2. La instrucción de procedimiento se realizará por el Gabinete Técnico de la Subsecretaría, en los términos previstos en los artículos 22 y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 3. El examen y valoración de las solicitudes se llevará a cabo por una comisión de valoración, cuyo funcionamiento se ajustará a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo atendida con los medios personales y materiales de la Subsecretaría del Departamento. Los miembros de la comisión de valoración serán designados por el Subsecretario del Departamento, constituida de la siguiente forma: a) Presidente: Un funcionario del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, con nivel 30. b) Vocales: Tres funcionarios del Departamento, con nivel 26 o superior. c) Secretario: Un funcionario del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, con voz pero sin voto. 4. Tras la evaluación y examen de las solicitudes, la comisión de valoración emitirá un informe, en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada. 5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión de valoración, formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada, la cual se notificará a los interesados en la forma prevista en cada convocatoria, quienes tendrán un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la notificación, para manifestar su aceptación, renuncia, o exposición de las alegaciones que considere oportunas. Si no se recibieran alegaciones o se manifestase la renuncia expresa en dicho plazo, el interesado se entenderá decaído en su derecho a alegar. Una vez cumplido lo anterior el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, cuyo contenido deberá expresar la relación de todos los solicitantes y beneficiarios, debidamente ordenada, especificando los resultados de su evaluación, y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 6. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de cuatro meses, contados a partir de la publicación de la orden de convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de la ayuda. 7. La resolución será dictada por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el plazo de quince días, contados desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución, y será notificada a los interesados en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 8. La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo recurrirse potestativamente en reposición o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular a las siguientes condiciones: a) Con la solicitud se deberá hacer constar mediante una certificación si se han percibido o solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacionales, y de otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. Asimismo, se deberá comunicar de forma inmediata al órgano que resolvió otras ayudas para la misma finalidad esta resolución de concesión. En estos casos, se podrá acordar la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, apartado 4, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. b) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de la compatibilidad de las ayudas establecida en el artículo 5, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 12. Justificación de los gastos y pago. 1. Los beneficiarios están obligados a acreditar la realización de las actividades que han sido objeto de la subvención antes del 5 de diciembre de cada año, mediante la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, que incluirá: a) Una memoria de actuación justificativa de cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Una memoria económica justificativa abreviada, que incorporará: – Certificación en la que expresen las subvenciones o ayudas percibidas para la misma finalidad. – Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupadas y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y en las desviaciones acaecidas. – En el caso de las ayudas percibidas por el pago de las cuotas obligatorias a organismos internacionales, el justificante de haber realizado el pago efectivo de dichas cuotas. – En los casos que proceda, por la naturaleza de la subvención, certificación de las correspondientes secretarías de los órganos colegiados a los que pertenecen, de que estas entidades asisten con regularidad a las reuniones de los mismos, efectuando, adecuadamente, las actividades de colaboración que les corresponden. 2. La cuenta justificativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, irá acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se ajustará a las previsiones de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, para subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención una cuenta justificativa simplificada, que contendrá. a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas. c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos. En la modalidad de justificación prevista en el presente apartado, mediante la técnica de muestreo simple aleatorio, el órgano concedente requerirá los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. 3. Una vez realizada la justificación prevista en los apartados anteriores, se podrá proceder al pago de las ayudas. Artículo 13. Graduación de incumplimientos. En el caso de que el interesado no realice la totalidad de las actividades objeto de la ayuda, solo percibirá la parte proporcional correspondiente a la actividad realizada. Artículo 14. Responsabilidad y régimen sancionador. Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Artículo 15. Reintegros. En los casos contemplados en el artículo 37, apartado 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias deberán integrar las cantidades percibidas, así como el interés de demora resultante desde el momento del pago de la subvención. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el capítulo II del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el título VI de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre. En los casos en que los gastos de las actividades hayan sido inferiores a la subvención percibida, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, se reintegrará la cantidad que resulte de dicha diferencia, acompañada del interés de demora resultante desde el momento del pago de la subvención. Artículo 16. Prorrateos. Si el total de las ayudas correspondientes al conjunto de beneficiarios superase la cantidad establecida, se procederá a su reducción de manera proporcional a la cuantía de las mismas. Artículo 17. Pagos anticipados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abonará el importe de estas ayudas a través de las dotaciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado que correspondan. Si la actividad requiere una financiación previa para su realización se podrán conceder pagos y anticipos a cuenta de la misma cuando no dependa de unos plazos concretos para su ejecución, y previa presentación del correspondiente aval bancario por el mismo importe de la subvención anticipada. Disposición transitoria única. Régimen transitorio para el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado, previsto en el artículo 4.3 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, se considerará que ostentan dicha condición, a los efectos del presente real decreto, las que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2.2. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la realización de actividades relativas a los programas que desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y el cambio climático. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 149.1.15.ª y 23.ª de la Constitución Española. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 20 de septiembre de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MIGUEL ARIAS CAÑETE

Real Decreto para que las ONG de defensa del medio ambiente puedan recibir ayudas de la casilla de la renta

El Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, regula un conjunto de medidas extraordinarias y de urgente necesidad para hacer frente a determinadas situaciones agravadas por la actual crisis económica, entre ellas las que afectan a actividades de interés general de relevancia social financiadas con la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como la atención a los colectivos más necesitados, la cooperación al desarrollo o la protección del medio ambiente, que requieren una respuesta eficaz y prioritaria a las demandas de estos sectores. Dentro del marco competencial del Estado recogido en el artículo 149.1 de la Constitución Española, el citado Real Decreto-ley establece, entre otras disposiciones y manteniendo en lo que no se oponga la vigencia del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regulador de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales, un nuevo marco legal para conseguir mayor coherencia sectorial y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje del 0,7 por ciento de la asignación tributaria del IRPF que corresponde al Estado, fijado cada año en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicho Real Decreto-ley enumera, en su capítulo II, los ejes de las actividades de interés general consideradas de interés social que han de tenerse en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el porcentaje del 0,7 por ciento de la asignación tributaria del IRPF, y que corresponde al Estado, entre los que se encuentra la protección del medio ambiente. Estas actividades de interés general de relevancia social vienen recogidas también en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, que limita su ámbito de aplicación a las organizaciones de acción voluntaria que participan o desarrollan programas de ámbito estatal o de la competencia exclusiva del Estado. Asimismo, se regula también la figura de las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado, que desarrollan actividades de interés general de relevancia social en el ámbito de las competencias del Estado informando, participando, y colaborando en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, por las que podrán recibir ayudas para su mantenimiento y funcionamiento. Se trata de una nueva categoría de carácter básico, en virtud de la competencia del Estado prevista en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que debe permitir el reconocimiento como colaboradoras en la ejecución de políticas públicas a un amplio elenco de organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro y con fines de interés general, cualquiera que sea su forma jurídica. Por otra parte, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de medio ambiente, de conformidad con el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Así, este Departamento podrá financiar actividades de interés general de relevancia social destinadas a finalidades vinculadas con la protección del medio ambiente, ámbito en el que el Estado ostenta competencias en virtud de lo dispuesto por el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, o cuyo objetivo sea el fomento de la investigación en materia de medio ambiente, de modo que sea posible impulsar la actividad investigadora en materia de protección del medio ambiente. Para ello, con base en las citadas competencias, y de conformidad con lo dispuesto por dicho Real Decreto-ley y en la Ley 6/1996, de 15 de enero, procede por tanto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la colaboración en estas actividades. Se ha optado por el rango de real decreto teniendo en cuenta la más reciente jurisprudencia constitucional que ha considerado insuficiente el rango normativo de orden ministerial en estos casos, cumpliendo asimismo los compromisos asumidos por el Gobierno al tratarse de un nuevo marco normativo. Esta disposición reglamentaria se adapta a lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En la tramitación de la presente disposición reglamentaria han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados, han emitido informe previo la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la Oficina Presupuestaria del mismo. En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de septiembre de 2013, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades del Tercer Sector, así como a organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social en la protección de medio ambiente. A los efectos de los fines de interés social en la protección del medio ambiente, se entenderá por actividades de interés general las derivadas de la colaboración con la Administración General del Estado, en el ámbito de competencias que la Constitución Española atribuye al Estado, así como las de investigación científica, en relación con la protección del medio ambiente. Artículo 2. Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las subvencione ### RESUMEN: Real Decreto para que las ONG de defensa del medio ambiente puedan recibir ayudas de la casilla de la renta

El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. Tras la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014, se siguen desarrollando actuaciones de impulso a esta tecnología, tanto desde el punto de vista industrial como de promoción de la demanda, acciones por el lado de la oferta y de promoción de la infraestructura. Sirva como referencia en este sentido, la aprobación del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias al mismo. Se parte por tanto del convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental. Entre las medidas contempladas en la estrategia hasta ahora, han ocupado un lugar destacado las orientadas al fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, las ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012 de 24 de febrero. Para dar continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, y por último, el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio constituyó la norma reguladora de estas ayudas para el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014. Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos puestos en marcha con anterioridad, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 10.000 vehículos eléctricos hasta final de 2014, lo que permitirá evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 150.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 300.000 barriles de petróleo. En este contexto, y atendiendo al elevado coste que todavía tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, con relación a los vehículos de tecnologías convencionales, la Secretaría General de Industria y de la PYME ha estimado conveniente y necesario dar continuidad a tales programas de incentivos, encaminados a promover su adquisición, como el que se lleva a cabo mediante la regulación de concesión directa de subvenciones, establecida por este real decreto y cuya gestión se encomienda al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos». Este programa de incentivos mantiene la mayoría de los requisitos establecidos en el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014 (Programa MOVELE 2014), llevado a cabo en el marco de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014. Se mantiene el mandato para la puesta a disposición de los interesados de un catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos susceptibles de apoyo en el programa, ubicado en la página web www.movele.es. Asimismo, para la nueva edición del Programa MOVELE en el año 2015 (Programa MOVELE 2015), se establece que, aquellos puntos de venta ya adheridos al programa MOVELE 2014, que se comprometan al cumplimiento íntegro del contenido de este real decreto, y siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedarán adheridos automáticamente, salvo renuncia expresa. Se mantiene un nivel reforzado de ayudas en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción, siempre que la adaptación realizada conste en la ficha técnica (tarjeta ITV) del vehículo adquirido. A semejanza de los planes PIVE, en los que se requiere a los fabricantes/importadores adheridos que aporten un descuento equivalente a la subvención pública, se requerirá en 2015 una acción de incentivo por parte de los fabricantes e importadores cuyos puntos de venta deseen, voluntariamente, adherirse al programa MOVELE 2015. Para que un punto de venta pueda adherirse al programa MOVELE 2015 será necesario que el mismo se comprometa a facilitar, a todos sus clientes que adquieran un vehículo eléctrico y que se beneficien de la subvención estatal, y salvo renuncia expresa de los mismos, la instalación de un punto de carga vinculado, con cargo a sus propios recursos, asumiendo hasta un coste máximo de 1.000 euros por vehículo para todas las categorías, excepto para cuadriciclos L6e y L7e, que será de 150 euros. Dicho punto de recarga deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. No se admitirán aquellas operaciones de compraventa que tengan como beneficiario a una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, ni a una empresa vinculada, económica o comercialmente, a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos. Otra de las novedades del presente real decreto es que se introduce un límite máximo al precio base (sin impuestos) de los turismos (M1) susceptibles de ser subvencionados, de 40.000 euros. Además, se declaran incompatibles las presentes ayudas con cualquier otra ayuda de la Administración General del Estado para la adquisición de vehículos aunque sí serán compatibles con otras líneas de ayudas similares de la Administración Autonómica y Local. Con el objeto de mantener el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán adquisiciones de vehículos efectuadas dentro del periodo de vigencia del programa. Asimismo, se establece un límite de un vehículo por beneficiario para el caso de personas físicas. Las ayudas objeto de este real decreto podrán ser cofinanciadas con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en los términos que prevea la normativa comunitaria. Por ello, se recoge la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en los Programas Operativos e instrumentos aplicables a dicho Fondo. Por otra parte, al igual que el Real Decreto 414/2014, de 26 de abril, este real decreto es continuación o prórroga del Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, que fue sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, regulado en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio. Con base en lo señalado en el artículo 8.1, apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, no es necesaria una nueva notificación, dado que este real decreto no aporta modificaciones significativas en el ámbito de aplicación, ni añade nuevas especificaciones o requisitos. Las ayudas reguladas en el real decreto se establecen como un derecho del peticionario que reúna las condiciones para su concesión, es decir, no concurre con ningún otro para obtenerlas, ya que por el mero hecho de realizar el comportamiento establecido en la norma y cumplir las condiciones y los requisitos exigidos, se deberá conceder la subvención, lo que determina que sean procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a diferencia del procedimiento de concurrencia competitiva que es un procedimiento que se inicia de oficio de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta circunstancia no hace posible la convocatoria pública de las ayudas a la adquisición del vehículo eléctrico. Existen peculiares razones de interés público, social y económico para el desarrollo de actuaciones de impulso del vehículo eléctrico mediante la concesión de subvenciones directas. Por ello a estas ayudas les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a las ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c). Este real decreto se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha informado este real decreto en su reunión del día 9 de abril de 2015. En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 17 de abril de 2015, DISPONGO: Artículo 1. Objeto, finalidad y régimen de concesión. Constituye el objeto y finalidad de este real decreto, la regulación del procedimiento para la concesión directa de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en el año 2015 (Programa MOVELE 2015), para incentivar y promover la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, entendiendo como tales aquellos cuya energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, cargadas a través de la red eléctrica, facilitando y fomentando, con ello, el desarrollo de la movilidad eléctrica por su contribución a la mejora del sector del transporte, de la eficiencia energética y medioambiental así como a la reducción de la dependencia energética del petróleo. Artículo 2. Financiación. 1. La financiación de las ayudas reguladas en este real decreto se realizará con cargo al presupuesto, por importe de 7.000.000 euros, proveniente de la aplicación presupuestaria consignada en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, de la Sección 20, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Servicio 16, Dirección General de Industria y de la PYME, Programa 422B, concepto 741 («Al IDAE para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible»). 2. En cualquier caso, se considerará agotado el presupuesto disponible habilitado para la ejecución del presente programa, cuando se efectúe la última reserva de presupuesto que totalice el importe correspondiente al mismo. Con posterioridad a ese momento, los puntos de venta adheridos al programa podrán seguir activando provisionalmente reservas de presupuesto en la aplicación informática correspondiente, que serán atendidas por riguroso orden de activación de las mismas, supeditado a que se hayan producido anulaciones en reservas anteriores que liberen presupuesto. La posibilidad de continuar activando estas reservas finalizará definitivamente por resolución del Director General del IDAE que será comunicada a todos los puntos de venta adheridos. Por otra parte, los puntos de venta adheridos recibirán confirmación por parte de IDAE tanto de la inclusión de cada reserva provisional, supeditada a la anulación de reservas que liberen presupuesto, así como, en su caso, del momento en que la misma podrá ser atendida. En ningún caso, la reserva de presupuesto, señalada en este apartado, generará derecho alguno a la percepción de subvenciones. 3. Adicionalmente, podrán ser cofinanciados con Fondos comunitarios, dentro de algunos de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en los términos que prevea la normativa comunitaria. Artículo 3. Actuaciones susceptibles de ayuda. 1. Las ayudas se destinarán a la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting (también llamado leasing operativo) de las siguientes categorías de vehículos eléctricos nuevos, matriculados por primera vez en España, que hayan sido adquiridos y abonados al punto de venta en su totalidad, de alguna de las categorías que a continuación se establecen, definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos y en la Directiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, incorporadas al ordenamiento español por el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos: a) Turismos M1: Vehículos de motor destinados al transporte de personas que tengan, por lo menos, cuatro ruedas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una masa máxima autorizada (MMA) igual o inferior a 3.500 kg. c) Autobuses o autocares M2: Vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA inferior a 5.000 kg. d) Autobuses o autocares M3: Vehículos destinados al transporte de personas que tengan además del asiento del conductor más de ocho plazas sentadas y con una MMA superior 5.000 kg. e) Furgones o camiones ligeros N2: Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías que tengan, por lo menos, cuatro ruedas con una MMA superior a 3.500 kg e inferior a 12.000 kg. f) Cuadriciclos ligeros L6e: Automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 4 kW y cuya velocidad máxima no sobrepase los 45 km/h. g) Cuadriciclos pesados L7e: Automóviles de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg o 550 kg, si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW. 2. Para poder ser susceptibles de subvención, las adquisiciones deberán producirse a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto y no más tarde del 31 de diciembre del mismo año; y las solicitudes de ayuda deberán registrarse en el sistema electrónico de gestión de ayudas del Programa MOVELE 2015 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde la apertura del sistema hasta el 31 de diciembre de 2015 o hasta que se agote el presupuesto disponible del Programa, si esta circunstancia se produjera con anterioridad. No se admitirán las adquisiciones realizadas que tengan como beneficiario a una empresa dedicada a la comercialización de vehículos, concesionarios o puntos de venta, ni a una empresa vinculada, económica o comercialmente a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos. Se entiende por adquisición aquellos hechos que de manera inequívoca revelen que el vendedor ha puesto el vehículo a disposición del beneficiario de la subvención, es decir matriculación del vehículo a su nombre o factura expedida a dicho beneficiario y justificación de su pago. Asimismo, estas adquisiciones, en la modalidad de adquisición por medio de operaciones de financiación por renting, sólo podrán ser objeto de ayuda a condición de que el correspondiente contrato de arrendamiento establezca una duración mínima de dos años desde la fecha de su formalización, en todo caso, igual o posterior al día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto. Además, este contrato de arrendamiento deberá establecer expresamente que el arrendatario es el beneficiario de la ayuda que se otorgue, debiendo constar en el mismo, también expresamente, la aplicación total de dicha ayuda a la reducción de las cuotas de pago o renta del arrendamiento a satisfacer por parte del arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación. 3. En el marco de este programa, se establece un límite de adquisición de vehículos por parte de un mismo beneficiario de hasta un máximo de treinta vehículos para autónomos y entidades públicas o privadas con personalidad jurídica, y de un vehículo para el caso de personas físicas, en el conjunto de las distintas categorías objeto de apoyo, salvo que dicho límite deba de ser menor por haberse alcanzado por parte del solicitante el límite establecido en el correspondiente Reglamento de minimis que le sea de aplicación. 4. Las ayudas para la adquisición directa o a la adquisición por medio de operaciones de financiación por leasing financiero o arrendamiento por renting de un vehículo nuevo, previstas en este real decreto, se otorgarán por una sola vez sin que quepa duplicidad en caso de sucesivas transmisiones del mismo vehículo. 5. Los vehículos susceptibles de ser apoyados en el marco del presente programa de ayudas, deberán figurar en el Catálogo de Vehículos (Catálogo MOVELE) publicado en la página web: www.movele.es, en la fecha de realización de la reserva de presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.c). El registro de las marcas y modelos de vehículos en este catálogo será libre y voluntario para todo aquel fabricante o importador que lo solicite, siempre que las características de los vehículos a incluir se ajusten a lo dispuesto en este real decreto. La introducción y modificación de vehículos en el catálogo, será realizada por responsables autorizados y debidamente acreditados por las correspondientes marcas de vehículos a tal efecto. 6. No podrán ser objeto de subvención aquellos turismos eléctricos o híbridos enchufables (categoría M1) cuyo precio antes de impuestos supere los 40.000 euros. Artículo 4. Beneficiarios. 1. En el caso de adquisiciones directas o mediante operaciones de financiación por leasing financiero, se entiende por beneficiario, a los efectos de este real decreto, el titular de la matriculación registrada en el Registro Oficial de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. En el caso de adquisiciones mediante operaciones de financiación de arrendamiento por renting, el beneficiario será el arrendatario del contrato de renting. 2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto: a) Los profesionales autónomos, que tendrán que estar dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. b) Las personas físicas mayores de edad residentes en España no incluidas en el apartado a). c) Las empresas privadas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y de naturaleza jurídica tal que su Número de Identificación Fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W. d) Las Entidades Locales y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto en relación al plazo máximo de pago a proveedores en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo cual deberán aportar certificación de la intervención local sobre el periodo medio de pago a proveedores, que no podrá superar en más de 30 días el plazo máximo establecido al efecto. e) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades públicas vinculadas o dependientes de ellas, siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2015. f) Otras entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. 3. No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas dedicadas a la comercialización de vehículos, ni las empresas vinculadas, económica o comercialmente, a empresas dedicadas a la comercialización de vehículos. 4. No podrán tener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas. La no concurrencia de estas circunstancias se acreditará mediante declaración responsable del solicitante, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda. 5. El solicitante deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, lo que se acreditará mediante declaración responsable, que suscribirá junto con la solicitud de ayuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g). 6. No podrán obtener la condición de beneficiarios las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común. 7. Asimismo estas ayudas, a excepción de aquellas cuyos solicitantes sean particulares, entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades económicas que repercutan en terceros, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352, de 24 de diciembre de 2013), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de este real decreto. A estos efectos, estos solicitantes deberán presentar una declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, haciendo especial mención a las ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, conforme con lo dispuesto en la solicitud de ayuda correspondiente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de este real decreto. Artículo 5. Cuantía de las ayudas. 1. Dependiendo de la categoría del vehículo a adquirir y de su autonomía en modo de funcionamiento exclusivamente eléctrico, siendo ésta la distancia capaz de recorrer por el vehículo utilizando exclusivamente la energía acumulada en sus baterías y que declara el fabricante en la documentación técnica y comercial del vehículo, se establecen las siguientes cuantías individuales de ayuda: a) La cuantía de la subvención para todos aquellos vehículos de la categoría M1 que se propulsen con baterías, cargadas total o parcialmente con electricidad de la red, será de: i. 2.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km. ii. 3.700 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km. iii. 5.500 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km. Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de: iv. 3.200 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km. v. 4.200 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km. vi. 6.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km. b) La adquisición de vehículos comerciales de las categorías N1 y N2 y vehículos microbuses de la categoría M2, con autonomía en modo exclusivamente eléctrico superior a 60 km será objeto de una subvención de 8.000 euros por vehículo. c) La adquisición de vehículos autobuses y autocares M3 será objeto de una subvención de 20.000 euros por vehículo, siempre que su autonomía en régimen exclusivamente eléctrico sea superior a 60 km. d) Los cuadriciclos ligeros L6e tendrán una subvención por vehículo de 1.950 euros y los cuadriciclos pesados L7e de 2.350 euros por vehículo. Para estas mismas categorías y en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida que adquieran vehículos adaptados o que se adapten para su conducción por parte de éstos, siempre que la adaptación conste en la ficha técnica del vehículo adquirido, las ayudas establecidas serán de 2.250 euros para los cuadriciclos ligeros L6e y de 2.650 euros para los cuadriciclos pesados L7e. 2. En el caso de que el beneficiario realice una actividad empresarial de las incluidas en los párrafos a) o c) del artículo 4.2 de este real decreto, las cuantías establecidas anteriormente pueden verse reducidas en aplicación de los límites fijados por el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, por el Reglamento (CE) n.º 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, así como por cualquier otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del presente programa. 3. De conformidad con los citados Reglamentos (UE y CE) 1407/2013, 1408/2013 y 875/2007, la cuantía de la subvención o ayuda acumulada a las que hayan percibido por el concepto de minimis en el ejercicio 2015 y en los dos ejercicios anteriores, no podrá exceder de la cantidad de 200.000 euros. Dicho Reglamento excluye las ayudas para la adquisición de vehículos a las siguientes actividades: – Empresas que se dediquen a la producción, transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura; – Empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas; – Empresas que realizan por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera (epígrafe 722 del IAE). Sí estarían amparadas las actividades de servicios de mudanza (epígrafe 757), los servicios de correo postal o de mensajería (epígrafe 849.5), o los servicios de recogida y transformación de residuos (epígrafe 921.2), según el mismo Reglamento. 4. En el formulario electrónico de solicitud de ayuda se incluye un apartado específico donde el solicitante, en su caso, declarará que no supera los límites fijados en el epígrafe anterior y que no realiza ninguna de las actividades excluidas del Reglamento UE 1407/2013, de la Comisión Europea. Artículo 6. Gestión de las ayudas. 1. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como órgano concedente, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a las solicitudes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este real decreto, por riguroso orden de activación de la reserva de presupuesto hasta que se alcance la fecha límite de vigencia del programa señalado en el artículo 7.1, o bien, si ocurriera antes, hasta agotarse el presupuesto disponible. 2. La gestión de las ayudas se realizará por el IDAE a través de una aplicación electrónica desarrollada ad-hoc como sistema electrónico de gestión de ayudas del presente Programa MOVELE 2015. Artículo 7. Vigencia del programa MOVELE 2015 y plazos para la presentación de solicitudes. 1. El Programa MOVELE 2015 surtirá efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este real decreto y finalizará el 31 de diciembre de 2015 o, si ocurriera antes, cuando se agote el presupuesto disponible establecido en el artículo 2. 2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas comprenderá desde el día de activación del sistema telemático de gestión de ayudas del referido Programa MOVELE 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive, o hasta que se agote el presupuesto establecido en el artículo 2 de este real decreto, en caso de producirse con anterioridad. 3. La fecha y hora de activación del sistema telemático de gestión de ayudas será convenientemente notificada por el IDAE a los concesionarios adheridos al Programa MOVELE 2015, a través de la página web del mismo, alojada en la web del IDAE, www.idae.es. Artículo 8. Procedimiento. Las solicitudes de las ayudas establecidas en este real decreto se canalizarán necesariamente a través de los puntos de venta de vehículos previamente adheridos al Programa MOVELE 2015, según el siguiente procedimiento: a) Los puntos de venta de vehículos que deseen participar en el presente programa deberán encontrarse adheridos al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 12 de este real decreto. Para aquellos puntos de venta ya adheridos al Programa MOVELE 2014, la utilización de sus claves de acceso de estos programas, facilitadas por el IDAE, en la aplicación informática del Programa MOVELE 2015, supondrá la confirmación de su adhesión al Programa MOVELE 2015. Con dicha adhesión, los puntos de venta aceptan y se comprometen al cumplimiento del contenido íntegro de este real decreto. Se establece la obligación para los puntos de venta voluntariamente adheridos, de facilitar la instalación, con cargo a sus propios recursos, de un punto de recarga al beneficiario de la ayuda que así lo desee, antes de la matriculación del vehículo, asumiendo hasta un coste máximo, antes de IVA e IGIC, de 1.000 euros para todas las categorías de vehículos, salvo para el caso de los cuadriciclos L6e y L7e, en que el coste máximo será de 150 euros. El beneficiario que desee renunciar a la instalación del punto de recarga deberá hacerlo de manera expresa, señalando la correspondiente casilla en el formulario de solicitud. Dicho punto de recarga deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. b) En la página web del IDAE, www.idae.es, los interesados en las ayudas objeto del presente programa podrán conocer, para cada código postal, el listado actualizado y ubicación de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2015, así como realizar la búsqueda de las marcas, modelos y versiones de los vehículos potencialmente susceptibles de apoyo en el citado programa, previamente registrados en el Catálogo MOVELE, al que se hace referencia en el artículo 3.5. c) El potencial beneficiario o interesado se dirigirá a un punto de venta adherido al Programa MOVELE 2015 y elegirá, de entre los vehículos presentes en el Catálogo MOVELE, cualquiera de los vehículos que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3. El punto de venta de vehículos, con sus claves de acceso que le identifican como adherido al Programa MOVELE 2015, podrá comprobar, en tiempo real a través de la aplicación informática creada al efecto y ubicada en la página web del IDAE, el volumen de fondos disponible en el programa y efectuar, en su caso, la reserva de presupuesto para la correspondiente solicitud de ayuda. d) Para efectuar la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido deberá cumplimentar, de forma electrónica, los datos básicos de la operación, relativos al beneficiario y al vehículo adquirido, que seleccionará del listado que le aparecerá en la aplicación informática, correspondiente a vehículos ya registrados previamente en el Catálogo MOVELE. Una vez seleccionado el vehículo objeto de apoyo, la propia aplicación le asignará el importe de la ayuda que le corresponde en el marco del presente programa, tal y como se establece en el artículo 5. En dicha reserva, se deberá señalar, en su caso, si el beneficiario renuncia a que el punto de venta le facilite la instalación de un punto de recarga vinculado. Tras ser efectuada la reserva de presupuesto, el punto de venta adherido recibirá un correo electrónico, dirigido a la dirección aportada para tal efecto, confirmando la reserva de presupuesto realizada para la correspondiente solicitud, así como el importe asignado a la misma. En los casos particulares de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción, cuya adaptación sea realizada previamente a su venta, el punto de venta deberá seleccionar la opción correspondiente, con objeto de que el beneficiario pueda obtener la ayuda establecida para estos casos en el artículo 5. En relación a la identificación del beneficiario, marca y modelo del vehículo para el que se solicita ayuda, los campos de «discapacidad» y «familia numerosa» no serán subsanables, y por tanto no se podrá modificar lo señalado en la reserva, dado que son campos clave en la activación de reservas al condicionarse el importe, al tiempo que se evita la duplicidad de ayudas. Por tanto, la documentación a cargar en la aplicación deberá ser coherente con lo indicado en la solicitud de reserva, o en su caso, proceder a la anulación de la solicitud original y realizar una nueva solicitud de subvención, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. e) En el correo electrónico de confirmación de la reserva de presupuesto, el punto de venta recibirá, como documento adjunto, el archivo pdf de la ficha de solicitud de ayuda para adquisición del vehículo correspondiente a la operación planteada, donde se reflejará el nombre y DNI/NIF/NIE del beneficiario, así como la marca, modelo y versión del vehículo adquirido, categoría y autonomía en modo eléctrico e importe de la ayuda otorgada al mismo, de acuerdo con el artículo 5. El punto de venta procederá a imprimir por triplicado dicha solicitud. Esta solicitud habrá de ser firmada por el beneficiario y firmada y sellada por el punto de venta adherido al programa, quedándose cada uno de ellos con un original. La tercera copia original deberá conservarse asimismo por el punto de venta adherido a los efectos de lo establecido en artículo 10.6. f) El punto de venta de vehículos adherido al programa deberá ofertar el precio del vehículo, aplicando sobre la factura, después de impuestos, el descuento de la ayuda que se recoge en su correspondiente ficha de solicitud. g) Previamente a efectuar la venta del vehículo al potencial beneficiario, el punto de venta adherido habrá de verificar que el comprador o solicitante de la ayuda es un sujeto que cumple los requisitos establecidos en el artículo 4. En el caso de operaciones de renting, será el arrendatario del vehículo a adquirir por la empresa de renting, como beneficiario de la ayuda, el que tenga que cumplir tales requisitos. El punto de venta deberá a continuación recopilar del beneficiario toda la documentación establecida en el artículo 9. Una vez hecho, debe cargarla en la aplicación informática del programa e introducir los registros que no figuraban previamente en la activación de la reserva del presupuesto de la solicitud de ayuda, correspondientes a la matrícula, precio antes de impuestos (base imponible), número de bastidor y fecha de matriculación del vehículo adquirido. h) Toda reserva de presupuesto con duración superior a 105 días hábiles, contados desde la fecha de activación de dicha reserva, será automáticamente anulada, previa información al punto de venta. i) En el caso de que la documentación cargada telemáticamente en la aplicación no reuniera los requisitos exigidos, se podrá requerir al solicitante y/o punto de venta para que en un plazo de 15 días hábiles subsane la deficiencia. El incumplimiento de este plazo de subsanación supondrá la inadmisión de la correspondiente solicitud y la anulación automática de la activación de su reserva de presupuesto. j) La presentación de la solicitud conllevará la conformidad del solicitante o beneficiario para recibir todas las notificaciones que tengan que realizarse por vía electrónica, conforme a lo dispuesto, en cada caso, por este real decreto. k) Comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones, el IDAE dictará resolución por la que concederá la ayuda y procederá a transferir el importe de la ayuda al punto de venta adherido a través de la cuenta corriente bancaria establecida a tal efecto. Artículo 9. Documentación a presentar por el punto de venta de vehículos. Los solicitantes de la ayuda deberán facilitar al punto de venta adherido, en el momento de la adquisición del vehículo(s) susceptible(s) de ayuda, su nombre o razón social completa, documento nacional de identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero (NIE) o Número de Identificación Fiscal (NIF), y dirección, al objeto de ser incorporados a la aplicación informática, aportando adicionalmente la siguiente documentación: a) Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del particular o persona física o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica (en vigor a la fecha de la venta del vehículo), salvo que el interesado preste su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el IDAE mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. b) En el caso de solicitante, persona física, integrante de familia numerosa, fotocopia del título oficial vigente de familia numerosa, a fecha de la venta del vehículo. En el caso de personas discapacitadas que acrediten su movilidad reducida, certificado que emiten los órganos de valoración competentes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas. c) En el caso de profesionales autónomos, certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. d) En el caso de las entidades locales, certificación de la intervención local sobre el periodo medio de pago a proveedores. e) Fotocopia de la Ficha Técnica (Tarjeta ITV) del Vehículo adquirido. f) Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo adquirido. g) Cuando se supere un importe de 3.000 euros en la ayuda o ayudas que pudieran ser otorgadas a un mismo solicitante o interesado, éste estará obligado a aportar certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias expedido a tal efecto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de estar al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social, conforme con lo previsto por el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. h) Para las empresas, acreditación válida del poder del firmante de la solicitud como representante legal de la misma, así como la tarjeta de identificación fiscal (NIF) del solicitante y fotocopia del certificado de inscripción censal en Actividades Económicas expedido por la Delegación Provincial de Hacienda. i) En el caso de renting, además de los documentos anteriores, se adjuntará fotocopia del contrato de renting, que establezca una duración mínima de dos años y donde figure como arrendatario del mismo el solicitante de ayuda o potencial beneficiario. Dicho contrato deberá haber sido suscrito con fecha posterior o igual al día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto y tendrá que contemplar, expresamente, que el arrendatario será el beneficiario de la ayuda del presente programa así como la aplicación del total de la ayuda otorgada a la reducción de las cuotas o renta del arrendamiento a satisfacer por parte de dicho arrendatario, especificando el importe correspondiente a dichas cuotas antes de la aplicación de la ayuda y el mismo importe después de su aplicación. j) En el caso específico de adquisiciones directas u operaciones de leasing financiero de vehículos con batería en régimen de arrendamiento por renting, se aportará copia del contrato de renting de la batería del vehículo. k) Fotocopia de la factura de venta del vehículo, debiendo ser la fecha de dicha factura igual o posterior al día siguiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del real decreto. No serán admisibles las autofacturas. En esta factura deben constar desglosados los siguientes conceptos: precio franco fábrica, otros costes, otros posibles descuentos, base imponible, precio del vehículo antes de IVA o IGIC, precio después de impuestos, Ayuda del Programa MOVELE 2015 aplicada después de impuestos (especificando el concepto «Descuento Programa MOVELE 2015») y Total a Pagar o Total Factura a pagar por el beneficiario adquirente. En la factura deberá constar, además, la matrícula o número de bastidor, marca, modelo y versión del vehículo adquirido. En todo caso, la factura de venta deberá cumplir con lo dispuesto por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. l) Documentos justificativos del pago de la factura de compraventa del vehículo: Si el pago se realiza mediante cheque nominativo, tarjeta bancaria u orden de transferencia, deberá adjuntarse copia o resguardo de éstos junto con copia del extracto bancario de la cuenta del concesionario o punto de venta adherido al programa en el que se refleje la correspondiente anotación que acredite el abono del vehículo y donde se identifique de forma clara, tanto la cuantía que figura en la factura, como el vehículo objeto de adquisición, a través de su matrícula o número de bastidor. Si el pago se realiza a través de una entidad financiera vinculada con el concesionario/punto de venta, se tendrá que adjuntar una copia del contrato de financiación. Además, se presentará también copia del cargo en la cuenta bancaria del concesionario donde se refleje la correspondiente anotación que acredite el abono del vehículo y donde se identifique, tanto la cuantía que figura en la factura, como el vehículo objeto de adquisición, a través de su matrícula o número de bastidor. En caso de abonarse al concesionario parte del pago del vehículo en metálico, siempre dentro de los límites de importe establecidos en el vigente marco legal, se aportarán los siguientes documentos: si es abonado en una entidad bancaria, documento justificativo de abono expedido por la entidad bancaria, debidamente sellado. Si el pago se realizara en el propio concesionario o punto de venta adherido, a través del documento justificativo del abono firmado por ambas partes, y sellado debidamente por el concesionario. En ambos casos, deberá aportarse asimismo, la correspondiente anotación del abono en la cuenta del concesionario, identificando importe del mismo y vehículo objeto de adquisición, a través de su matrícula o número de bastidor. m) Si no se ha marcado en la ficha de solicitud de ayuda la casilla de renuncia expresa, para aquellas operaciones de compraventa realizadas desde el día de entrada en vigor del presente real decreto, documento de compromiso del punto de venta con el beneficiario, en el cual el punto de venta se compromete a facilitar con cargo a sus propios recursos la instalación de un punto de recarga vinculado antes de la matriculación del vehículo, asumiendo hasta un importe máximo de 1.000 euros, antes de IVA e IGIC, en el lugar que designe el beneficiario, firmado por ambas partes. En el caso de adquisiciones de cuadriciclos de las categorías L6e y L7e, el máximo a aportar por el punto de venta para la instalación del punto de recarga se fija en 150 euros, antes de IVA e IGIC. Dicho punto de recarga deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias al mismo. n) La presentación de la documentación justificativa referida en los apartados precedentes no obsta a la eventual aplicación de controles ulteriores para verificar la efectiva existencia y concretas condiciones de la adquisición objeto de la ayuda, y de los que, en su caso, pudieran resultar de la normativa rectora de los Fondos comunitarios, si, con arreglo a lo previsto en el artículo 2.2 de este real decreto las ayudas hubieran sido financiadas con cargo a los mismos. Artículo 10. Tramitación de la ayuda por el punto de venta de vehículos. 1. Los puntos de venta de vehículos adheridos al presente programa efectuarán, en el momento de realizar la venta del vehículo susceptible de ayuda, el descuento en el precio de adquisición a que se refiere el artículo 5. La deducción del importe de la ayuda tendrá la consideración de anticipo de la misma, condicionado a la comprobación de la documentación requerida. 2. La activación de la reserva de presupuesto para la solicitud de ayuda será cumplimentada por el punto de venta a través de la aplicación informática establecida al efecto, comprobando y rellenando en dicha aplicación los datos identificativos del solicitante que figuren en su DNI, NIE o NIF. La validez del documento de activación de la reserva se encuentra condicionada a la veracidad de todos y cada uno de los datos cumplimentados en el mismo. En caso de cancelación voluntaria de la reserva de presupuesto por parte del solicitante o interesado, el punto de venta procederá a remitir al IDAE un correo electrónico con la identificación de la reserva y los datos del solicitante (nombre y DNI, N.I.E. o N.I.F.) a la dirección [email protected]. 3. Al efectuar una reserva de presupuesto, el punto de venta deberá seguir las indicaciones de la aplicación, introduciendo los datos que se le solicitan en relación con el solicitante o interesado y el vehículo a adquirir. En relación a la marcación de los casilleros de «Ayuda a discapacidad» o «Ayuda a familia numerosa», dado que son campos clave en la activación de reservas de presupuesto de solicitudes de ayuda, al condicionarse el importe de la ayuda, no será subsanable y por tanto no se podrá modificar lo señalado en la reserva. La documentación a cargar en la aplicación deberá ser coherente con la marcación de la correspondiente casilla. 4. Tras cumplimentar los datos solicitados por la aplicación para la solicitud de ayuda, el punto de venta recibirá por correo electrónico la confirmación de la activación de la reserva de presupuesto, acompañada de la correspondiente ficha de solicitud de ayuda, en la que se confirmará además el importe de ayuda asignado a la citada solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 5. El punto de venta imprimirá entonces tres ejemplares del documento de la ficha de solicitud y procederá a su correspondiente firma y sellado, recabando asimismo la firma del solicitante o interesado. 5. Realizada la venta, y una vez verificado el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, el punto de venta recabará del comprador la documentación que se indica en el artículo 9 y la cargará en la aplicación informática, completando el formulario habilitado al efecto. En este contexto, el único formato admitido para la carga de los documentos es el formato «pdf». 6. El IDAE podrá solicitar, en cualquier momento, durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, la exhibición de los originales de los justificantes o documentación aportada que estime oportuna. Procederá, en su caso, el reintegro de la ayuda correspondiente por el punto de venta adherido, en los términos establecidos por el artículo 13, si éste no pusiera a disposición del IDAE tales originales en un plazo máximo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al que el IDAE le hubiera requerido en tal sentido, considerándose tal circunstancia como un incumplimiento de la obligación de justificación del destino de la ayuda otorgada. Artículo 11. Obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta. 1. Serán obligaciones de los solicitantes, beneficiarios y puntos de venta adheridos: a) Seguir la metodología y el procedimiento establecidos en el presente real decreto, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la ayuda, y conservando los justificantes y documentación correspondiente acreditativa de tales extremos, en los términos previstos por el artículo 10.6. b) El beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización de la actuación objeto de la misma. Asimismo el beneficiario de la ayuda y los puntos de venta estarán sometidos las actuaciones de comprobación a efectuar por el IDAE, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas y, en su caso, a lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de ayudas cofinanciadas con Fondos comunitarios de la Unión Europea. c) Cumplir con los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre los cuales se encuentran los de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados. A estos efectos, en su caso, el solicitante y suscribirá, junto con la respectiva solicitud de ayuda, declaración responsable al respecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.g) del presente real decreto. 2. Por su parte, el punto de venta aportará, en todo caso, certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, certificación correspondiente de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y declaración responsable de no tener pendiente obligación alguna por reintegro de ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades públicas dependientes o vinculados así como de las restantes circunstancias contenidas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 12. Adhesión de puntos de venta de vehículos y obligaciones. 1. Podrán ser puntos de venta adheridos en el Programa MOVELE 2015, las empresas autorizadas para la comercialización de vehículos que operen en el Estado español y que acrediten estar dados de alta para tal fin mediante el número de registro industrial identificativo del establecimiento. 2. Los puntos de venta interesados en participar y colaborar en el Programa MOVELE 2015, deberán entrar en la página del programa que se ubicará en la web del IDAE (www.idae.es) y registrarse siguiendo las indicaciones dispuestas de la aplicación informática existente a tal efecto. Después de registrarse, deberán cumplimentar los datos básicos que la aplicación requiere para generar la correspondiente ficha de adhesión. Una vez terminado el proceso de introducción de datos en la aplicación, se remitirá un correo electrónico al punto de venta correspondiente con un fichero que contendrá la solicitud de adhesión de punto de venta de vehículos. El concesionario o punto de venta firmará y sellará dicha solicitud y la remitirá por correo electrónico a la dirección que se le indique en el correo recibido con dicha solicitud, adjuntando también los documentos que se requieren a través del mismo para su adhesión al programa. Los concesionarios o puntos de venta ya adheridos con anterioridad al Programa MOVELE 2014, se considerarán automáticamente adheridos, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no tengan obligaciones pendientes de reintegro de otras ayudas o subvenciones, quedando comprometidos al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente real decreto, salvo renuncia expresa. A tal efecto, aportarán las certificaciones y declaración responsable establecidas en el artículo 11.c). Sin embargo, los concesionarios o puntos de venta no adheridos con anterioridad al referido Programa MOVELE 2014 o que, habiendo estado adheridos al mismo, hubieran sufrido, después de su adhesión, modificaciones en los datos o documentos aportados, tendrán que remitir, además de la ficha de solicitud de adhesión, los siguientes documentos: a) Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta corriente. b) Fotocopia del DNI en vigor de la persona firmante y poder de representación en caso de que el punto de venta sea persona jurídica. c) Fotocopia acreditativa del Número de Registro Industrial identificativo del establecimiento o del certificado del Impuesto de Actividades Económicas. d) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, certificación de encontrarse al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social y declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las restantes circunstancias enumeradas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como no tener pendiente obligación alguna de reintegro de subvenciones o ayudas con la Administración General del Estado y sus organismos o entidades públicas dependientes o vinculados. e) Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta bancaria. Quedarán eximidos de aportar la documentación relativa a los datos que figuren en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril, todos aquellos puntos de venta que así lo hubieran hecho constar en el formulario de solicitud, especificando la documentación y datos que se encuentren inscritos en dicho Registro. 3. Examinada la documentación aportada, si ésta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al punto de venta para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de adhesión al programa. 4. Una vez admitida por el IDAE la adhesión del punto de venta al programa, se hará efectivo el alta del punto de venta como centro adherido al Programa MOVELE 2015, informándose a tal efecto mediante correo electrónico. A partir de este momento, podrá acceder al sistema telemático en IDAE de gestión de activación de reservas de presupuesto y solicitudes de ayuda usando su clave y contraseña. 5. El listado de los puntos de venta, por cada código postal, adheridos al Programa MOVELE 2015 se hará público en la página web del IDAE y se actualizará de forma continua, recogiendo los puntos de venta que se adhieran, una vez sea validada por el IDAE la correspondiente documentación a remitir por los mismos. 6. Serán obligaciones adicionales de los puntos de venta adheridos al Programa MOVELE 2015, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en el presente real decreto: a) Informar a los solicitantes de las ayudas de las ventajas de los vehículos eléctricos objeto del Programa MOVELE 2015. b) Realizar el descuento, después de impuestos, del importe de la ayuda correspondiente al vehículo adquirido con motivo del Programa MOVELE 2015, conforme a lo establecido en el artículo 5; y entregar a los beneficiarios una copia justificativa de la solicitud de ayuda formulada en su nombre, así como la factura original donde conste el descuento realizado, salvo lo previsto en el artículo 9.m). c) Facilitar la instalación al cliente, beneficiario de las presentes ayudas, de un punto de recarga vinculado en el lugar que él designe, con cargo a sus propios recursos, asumiendo hasta un importe máximo, antes de IVA e IGIC, de 1.000 euros para todas las categorías salvo para los cuadriciclos L6e y L7e, en que el importe máximo será de 150 euros. En caso de renuncia del beneficiario, ésta será expresa, señalando la correspondiente casilla en el formulario de solicitud. Para aquellas operaciones de compraventa realizadas desde el día de entrada en vigor del presente real decreto, dicho punto deberá estar instalado en fecha igual o anterior a la matriculación del vehículo, y deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre. d) Seguir la metodología y procedimientos establecidos en este real decreto, así como las instrucciones que al respecto, en caso de duda o conflicto, pudiera efectuar el IDAE mediante resolución de su Director General. e) Colaborar activamente en la difusión y apoyo de los objetivos del programa relativos a dar a conocer y difundir la existencia de vehículos eléctricos, así como a la sensibilización hacia el ahorro y la eficiencia energética en el transporte. f) Mostrar en lugar visible, dentro de cada una de las instalaciones comerciales del concesionario o punto de venta adherido, el logotipo del Programa MOVELE 2015 de ayudas al Vehículo Eléctrico, así como los soportes publicitarios que se señalan a continuación. El IDAE facilitará la imagen del programa (logotipo, lema y usos entre otros aspectos) y su correspondiente «Manual de aplicación» en los formatos, variantes y/o adaptaciones necesarias (color, B/N, vertical, horizontal, etc.), a los concesionarios adheridos al programa para su implementación. Aquellos puntos de venta que incumplieran las condiciones establecidas en el presente real decreto, podrán ser dados de baja como punto de venta del programa MOVELE 2015. En caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la adhesión al programa del punto de venta implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013, y n.º 1301/2013, ambos de fecha de 17 de diciembre de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios. Los soportes publicitarios serán, como mínimo: 1.º En la entrada del establecimiento; Cartel en tamaño mínimo DIN-A3 con la expresión «establecimiento adherido» que acompañará al logo del Programa MOVELE 2015. 2.º En el interior del establecimiento; cartel DISPLAY en suelo de dimensiones 80 x 130 cms., en color a 4/0 tintas sobre cartoncillo de 300 g con plastificado brillo en cara visible y soporte cartón para su sujeción en vertical. 3.º En todos aquellos soportes que sean utilizados para transmitir la comunicación (spots tv, gráficas de prensa, Internet, etc.), el logo del Programa MOVELE 2015. 4.º En medios sonoros, como canales de radio, se hará clara referencia al mismo mediante el uso de la expresión (en on o en off) «Programa MOVELE 2015». g) Tramitar, cumplimentar y remitir al IDAE las correspondientes solicitudes de ayudas de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos establecidos en este real decreto. Artículo 13. Causas de anulación o de reintegro de las ayudas. 1. Con independencia de las devoluciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro, total o parcial, y la exigencia del interés de demora desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la citada ley, así como en los demás previstos expresamente por el presente real decreto. 2. En el caso de incumplimientos parciales, se determinará la cantidad a reintegrar por el beneficiario con arreglo al principio de proporcionalidad y en función de los costes justificados y de las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el apartado 3.n) del artículo 17 de dicha ley. Artículo 14. Compatibilidad de las ayudas. 1. Las ayudas reguladas en este real decreto serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la Administración General del Estado. Serán compatibles con otras ayudas o subvenciones que pudieran establecer las comunidades autónomas o entes locales para la misma finalidad. Cuando se trate de ayudas de minimis, se respetarán las reglas de acumulación que impiden que se sobrepasen los límites de ayuda establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis («Diario Oficial de la Unión Europea» núm. L 352 de 24 de diciembre de 2013). 2. En el caso de concurrencia de subvenciones de otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los límites establecidos, para cada beneficiario, por los reglamentos de minimis aplicables ni las ayudas resultar en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente, superen el precio de venta antes de impuestos del vehículo correspondiente. Artículo 15. Publicidad. En todas las referencias que realicen los beneficiarios o puntos de venta adheridos, en cualquier medio de difusión, a las ayudas reguladas en este real decreto, deberá figurar que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE, tal como establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.6 e) del presente real decreto. Asimismo, en caso de que el programa fuera cofinanciado por el FEDER, la aceptación de la ayuda y/o la adhesión del punto de venta al mismo implica la aceptación de lo establecido en los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos comunitarios. Artículo 16. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 1. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los puntos de venta de vehículos adheridos al Programa MOVELE 2015, quedarán expresamente obligados a mantener estricta confidencialidad sobre cualquier dato de carácter personal que pudieran obtener con ocasión de las actividades a desarrollar en virtud de este real decreto, por lo que no podrán copiarlos o utilizarlos con fines distintos a los que figuran en el mismo ni tampoco cederlos a otras personas distintas de IDAE, ni siquiera a efectos de conservación. 2. Por otra parte, la información y datos de carácter personal que reciba el IDAE por parte de cualquier solicitante, beneficiario, interesado o punto de venta adherido al programa, en general, también tendrá carácter confidencial, y serán recogidos por el IDAE para ser incorporados, respectivamente, a los ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del mismo: «MOVELE _PUNTOSVENTA», «MOVELE VENTAVEHÍCULOS» y «MOVELE BENEFICIARIOS», con la finalidad de verificar el cumplimiento, control y seguimiento de las obligaciones establecidas por el presente real decreto. Los interesados podrán ejercer personalmente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito remitido a la Secretaría General del IDAE, calle Madera, número 8, 28004 Madrid. 3. No obstante lo anterior, y con la formalización de su adhesión al presente programa, en la forma establecida por este real decreto, los puntos de venta de vehículos correspondientes aceptan la publicación de sus datos identificativos en la página web de IDAE, a los efectos previstos en las mismas. Asimismo, los beneficiarios aceptan la publicación de aquellos datos de la ayuda concedida que permitan garantizar la publicidad, objetividad y concurrencia de estas ayudas. 4. La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas al amparo de este real decreto se comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos en que se establece dicha obligación por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Artículo 17. Régimen jurídico. 1. Las subvenciones cuya concesión se regula en este real decreto, se regirán, además de por lo que en él se dispone, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, correspondiente a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L 352 de 24 de diciembre de 2013), y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 2. En el caso de acciones o proyectos cofinanciados con fondos comunitarios, serán de aplicación, además, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 17 de abril de 2015. FELIPE R. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

Ayudas compra vehículo eléctrico por importe de 7.000.000 euros, desde mañana hasta 31/12, también para empresas. De 2.700 a 6.000 euros

El vehículo eléctrico está llamado a formar parte de la movilidad sostenible en las ciudades, debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables. Tras la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014, se siguen desarrollando actuaciones de impulso a esta tecnología, tanto desde el punto de vista industrial como de promoción de la demanda, acciones por el lado de la oferta y de promoción de la infraestructura. Sirva como referencia en este sentido, la aprobación del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias al mismo. Se parte por tanto del convencimiento de que esta tecnología de transporte representa, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental. Entre las medidas contempladas en la estrategia hasta ahora, han ocupado un lugar destacado las orientadas al fomento de la demanda de vehículos eléctricos y en particular, las ayudas para la adquisición de estos vehículos, establecidas en el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, modificado por el Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre y posteriormente por el Real Decreto 417/2012 de 24 de febrero. Para dar continuidad a esta línea de actuación, el Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la concesión directa de estos incentivos en el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, y por último, el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio constituyó la norma reguladora de estas ayudas para el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2014. Estos programas de incentivos, complementados por otros programas y proyectos puestos en marcha con anterioridad, han contribuido a favorecer la adquisición de cerca de 10.000 vehículos eléctricos hasta final de 2014, lo que permitirá evitar, a lo largo de la vida útil de los mismos, la emisión de 150.000 toneladas de CO2 y el ahorro en ese periodo de 300.000 barriles de petróleo. En este contexto, y atendiendo al elevado coste que todavía tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, con relación a los vehículos de tecnologías convencionales, la Secretaría General de Industria y de la PYME ha estimado conveniente y necesario dar continuidad a tales programas de incentivos, encaminados a promover su adquisición, como el que se lleva a cabo mediante la regulación de concesión directa de subvenciones, establecida por este real decreto y cuya gestión se encomienda al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública que, de acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de «analizar, determinar, proponer y, en su caso, ejecutar las medidas necesarias para obtener políticas sectoriales eficaces, fomentar la utilización de nueva tecnología en equipos y proyectos e incentivar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos». A tal efecto, el IDAE podrá llevar a cabo «la asignación y control de cualesquiera subvenciones e incentivos financieros para fines de conservación, ahorro, diversificación y desarrollo energético. Igualmente podrá ejercer el Instituto funciones de agencia, mediación o creación de cauces de financiación a empresas o a entidades en general que sean adecuados para la consecución de los objetivos definidos». Este programa de incentivos mantiene la mayoría de los requisitos establecidos en el Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014 (Programa MOVELE 2014), llevado a cabo en el marco de la Estrategia Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014. Se mantiene el mandato para la puesta a disposición de los interesados de un catálogo donde se recogen los vehículos eléctricos susceptibles de apoyo en el programa, ubicado en la página web www.movele.es. Asimismo, para la nueva edición del Programa MOVELE en el año 2015 (Programa MOVELE 2015), se establece que, aquellos puntos de venta ya adheridos al programa MOVELE 2014, que se comprometan al cumplimiento íntegro del contenido de este real decreto, y siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y que no concurra en los mismos cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedarán adheridos automáticamente, salvo renuncia expresa. Se mantiene un nivel reforzado de ayudas en los casos específicos de beneficiarios miembros de familias numerosas y de discapacitados con movilidad reducida y vehículo adaptado o que se adapte para su conducción, siempre que la adaptación realizada conste en la ficha técnica (tarjeta ITV) del veh ### RESUMEN: Ayudas compra vehículo eléctrico por importe de 7.000.000 euros, desde mañana hasta 31/12, también para empresas. De 2.700 a 6.000 euros

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Negociado de Contratación. c) Número de expediente: 155/2013. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de apoyo en portería en centros escolares públicos de la Ciudad de Melilla. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341120 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/10/2013 y 9/11/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 565.921,15 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 282.960,57 euros. Importe total: 294.279,00 euros, incluido el 4 % de Ipsi. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de febrero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de marzo de 2014. c) Contratista: Clece, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.858,14 euros. Importe total: 192.252,47, 4% Ipsi incluido. Melilla, 11 de marzo de 2014.- Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

Melilla licita el Servicio de apoyo en portería en centros escolares públicos de la Ciudad de Melilla por importe total de 294.279,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Negociado de Contratación. c) Número de expediente: 155/2013. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de apoyo en portería en centros escolares públicos de la Ciudad de Melilla. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98341120 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/10/2013 y 9/11/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 565.921,15 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 282.960,57 euros. Importe total: 294.279,00 euros, incluido el 4 % de Ipsi. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 6 de febrero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 10 de marzo de 2014. c) Contratista: Clece, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.858,14 euros. Importe total: 192.252,47, 4% Ipsi incluido. Melilla, 11 de marzo de 2014.- Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. ### RESUMEN: Melilla licita el Servicio de apoyo en portería en centros escolares públicos de la Ciudad de Melilla por importe total de 294.279,00 euros.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 7 de septiembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario que además forman parte de la Mesa Sectorial de Universidades. Las ayudas tienen una dotación de 63.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2012. Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Procedimiento de concesión» de la Resolución anteriormente referida y efectuada la correspondiente propuesta de concesión, Esta Dirección General de Política Universidades ha resuelto: Primero. Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado Quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 7 de septiembre: • Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales. • El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario. La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 6 de junio de 2012, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente: Distribución de las subvenciones Sindicatos del sector 85% Subvención 15% Subvención Total cuotas € Número de representantes % Cuota € % Cuota € CC.OO 245 42,91 22.978,30 25,00 2.362,50 25.340,80 CSI-F 157 27,50 14.726,25 25,00 2.362,50 17.088,75 FETE-UGT 151 26,44 14.158,62 25,00 2.362,50 16.521,12 CIG 18 3,15 1.686,83 25,00 2.362,50 4.049,33 TOTAL 571 100,00 53.550,00 100,00 9.450,00 63.000,00 Segundo. El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2012. Tercero. Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no cumplir el requisito de formar parte de la Mesa Sectorial de Universidades. Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Madrid, 21 de noviembre de 2012.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.

Subvenciones a los sindicatos presentes en la mesa sectorial de universidades

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades de 7 de septiembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre), se han convocado las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representativos del profesorado universitario que además forman parte de la Mesa Sectorial de Universidades. Las ayudas tienen una dotación de 63.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el ejercicio 2012. Constituida la Comisión y celebrada la reunión prevista en el apartado Quinto. «Procedimiento de concesión» de la Resolución anteriormente referida y efectuada la correspondiente propuesta de concesión, Esta Dirección General de Política Universidades ha resuelto: Primero. Conceder la subvención, en los términos indicados en el apartado Quinto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del pasado 7 de septiembre: • Un 15% del importe de la subvención se distribuye por partes iguales. • El 85% restante, proporcionalmente según la representación reconocida a cada sindicato en el sector de personal docente universitario. La distribución del crédito, tomando en consideración la certificación, cerrada con fecha 6 de junio de 2012, de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es la siguiente: Distribución de las subvenciones Sindicatos del sector 85% Subvención 15% Subvención Total cuotas € Número de representantes % Cuota € % Cuota € CC.OO 245 42,91 22.978,30 25,00 2.362,50 25.340,80 CSI-F 157 27,50 14.726,25 25,00 2.362,50 17.088,75 FETE-UGT 151 26,44 14.158,62 25,00 2.362,50 16.521,12 CIG 18 3,15 1.686,83 25,00 2.362,50 4.049,33 TOTAL 571 100,00 53.550,00 100,00 9.450,00 63.000,00 Segundo. El gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.322C.483 del Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2012. Tercero. Denegar la subvención al sindicato Confederación Intersindical (CI) por no cumplir el requisito de formar parte de la Mesa Sectorial de Universidades. Cuarto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Madrid, 21 de noviembre de 2012.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. ### RESUMEN: Subvenciones a los sindicatos presentes en la mesa sectorial de universidades

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría Medalla de Bronce: Sr. D. Manuel Francisco Quintanar Díez. Sr. D. Xavier Porras Santana. Madrid, 1 de abril de 2016.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Medalla mérito deportivo al secretario general Gobierno Comunidad de Madrid, Manuel Francisco Quintanar Díez

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría Medalla de Bronce: Sr. D. Manuel Francisco Quintanar Díez. Sr. D. Xavier Porras Santana. Madrid, 1 de abril de 2016.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Medalla mérito deportivo al secretario general Gobierno Comunidad de Madrid, Manuel Francisco Quintanar Díez

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013, y corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de 4 de abril de 2013. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

La convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 6/2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23 de marzo de 2013, y corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de 4 de abril de 2013. Se ordena la publicación para general conocimiento. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2013.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno. ### RESUMEN: La convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 6/2013

Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez. AUTO I. Antecedentes 1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 4 de noviembre de 2015, el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre y representación de los Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular don Xavier García Albiol, don José Enrique Millo i Rocher, don Santiago Rodríguez i Serra, doña Andrea Levy Soler, don Alejandro Fernández Álvarez, doña María José García Cuevas, doña Esperanza García González, don Juan Bautista Milián Querol, don Alberto Villagrasa Gil y doña Marisa Xandri Pujol, presentó recurso de amparo contra las siguientes resoluciones: el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 27 de octubre de 2015, por el que se admite a trámite la «propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales» de los Grupos Parlamentarios de Junts pel Sí (JxSí) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP); el acuerdo la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 28 de octubre de 2015, por el que se acuerda la tramitación de la citada propuesta por el procedimiento de urgencia; el acuerdo de la Presidenta del Parlamento, de 2 de noviembre de 2015, de convocar la Junta de Portavoces para el día siguiente; los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 3 de noviembre de 2015, por los que se desestiman los escritos de petición de reconsideración presentados por los grupos parlamentarios y se acuerda abrir el trámite de enmiendas. Los recurrentes invocan como fundamento de su pretensión la vulneración del derecho reconocido en el art. 23.2 CE. 2. En la misma demanda, tras referir los hechos y los fundamentos jurídicos del recurso de amparo, mediante otrosí, los recurrentes solicitan la suspensión inaudita parte previa a la admisión a trámite del recurso de amparo planteado, por concurrir un supuesto de urgencia excepcional. Los recurrentes señalan que, en el caso de no adoptarse la medida de suspensión inaudita parte y con carácter urgente, perdería su finalidad el recurso de amparo de forma evidente, ya que la deliberación y votación en el Pleno del Parlamento catalán de la propuesta de resolución se ha anunciado para el próximo lunes 9 de noviembre; a lo que se añade que la no suspensión de los acuerdos impugnados, además, atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia. 3. Por providencia de 4 de noviembre de 2015, el Pleno, en su reunión de esta fecha y conforme establece el art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sala Primera, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo que se tramita en la mencionada Sala Primera bajo el número 6207-2015. 4. Por providencia de 5 de noviembre de 2015 el Pleno acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo. II. Fundamentos jurídicos 1. Admitido a trámite, por providencia de esta misma fecha, el recurso de amparo 6207-2015, interpuesto por Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular, debe resolverse ahora la solicitud de suspensión cautelar formulada en la propia demanda de amparo, solicitud que afecta, como en los antecedentes queda expuesto, a los distintos actos parlamentarios recurridos. Los demandantes de amparo solicitan, con base en el art. 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la inmediata suspensión de acuerdos de la Mesa y de la Presidenta del Parlamento de Cataluña que han dado lugar a la admisión y tramitación de una iniciativa parlamentaria, en relación con la cual entienden que, de no adoptarse la medida cautelar, desembocaría en la convocatoria de un pleno de la Cámara autonómica en el que, tras el correspondiente debate, se adoptaría una resolución o declaración de contenido incompatible con la Constitución. 2. La respuesta a tal petición debe sustentarse en las siguientes consideraciones: a) Nuestro sistema de justicia constitucional contempla la posibilidad de que este Tribunal suspenda la ejecución de cualquier acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo. Esta facultad, reconocida en el art. 56 LOTC, se sustenta en la necesidad de asegurar la efectividad de la futura sentencia, esto es, de preservar la integridad del derecho fundamental cuya vulneración se denuncia, en tanto en cuanto la ejecución del acto o resolución impugnados pudiera ocasionar un perjuicio que hiciese perder al amparo su finalidad; siempre y cuando, además, la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de una tercera persona (art. 56.2 LOTC). Adicionalmente, el art. 56.6 LOTC atribuye a este Tribunal la facultad de adoptar, en la propia resolución de admisión a trámite de los recursos de amparo, medidas cautelares sin oír a las partes, en supuestos de urgencia excepcional. b) Sin embargo, lo anterior no debe hacer olvidar que la mera interposición de un recurso de amparo no obsta a la vigencia, efectividad o ejecutoriedad de las disposiciones generales, actos administrativos o resoluciones judiciales que sean objeto de impugnación. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece el principio de que «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados» (art. 56.1), lo cual es consecuencia de la presunción de legitimidad que alcanza a todas las actuaciones de los poderes públicos, presunción inherente a la entera actividad pública (legislativa, ejecutiva y judicial). Consecuentemente, la suspensión se configura como una medida de carácter excepcional y de aplicación restrictiva (por todos, ATC 117/2015, de 6 de julio, FJ 1). A lo cual se añade que la acreditación del perjuicio es carga del recurrente, quien, además de alegar, debe probar o, por lo menos, justificar –ofreciendo un principio razonable de prueba– la irreparabilidad o dificultad de la reparación de los perjuicios de seguirse la ejecución del acto impugnado (ATC 90/2014, de 27 de marzo, FJ 1, entre otros muchos). Por lo mismo, no procede la suspensión de actos o resoluciones ya ejecutados, por haberse producido en tal caso una pérdida de objeto de tal solicitud (ATC 288/2007, de 18 de junio, FJ único y resoluciones allí citadas). c) En todo caso, el criterio para resolver cualquier pretensión suspensiva ha de ser el de la preservación de la eficacia de un posible pronunciamiento estimatorio, sin prejuzgar cuál haya de ser el sentido de la futura sentencia que ponga fin al proceso de amparo (por todos, AATC 64/1990, de 30 de enero, FJ único; y 319/2003, de 13 de octubre, FJ 4); previsión tanto más difícil en cuanto el recurso de amparo verse sobre aspectos o facetas del derecho fundamental invocado acerca de los cuales el Tribunal no haya tenido aún ocasión de pronunciarse. 3. Llegado el momento de proyectar las anteriores consideraciones sobre la presente solicitud, son diversos los intereses jurídicos que, como en cualquier otro caso, deben ser valorados para determinar la procedencia de la suspensión de los acuerdos contra los que se ha promovido el recurso de amparo. De un lado, nuestro sistema de justicia constitucional posibilita, en los términos expuestos, la suspensión de la efectividad de los actos parlamentarios por razón de las cuales se reclame el amparo. De otra, este Tribunal ha destacado, como uno de los fundamentos del sistema democrático, que el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate (en este sentido, ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 6). En este caso la petición cautelar trasciende a la función propia del recurso de amparo, promoviendo un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce. Por ello, la no adopción de la medida cautelar solicitada, frente a lo que sostienen los demandantes de amparo, no hace perder al recurso de amparo su finalidad, pues la eventual sentencia estimatoria de la demanda conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos, incluidos los de trámite, que hubieran resultado lesivos de los derechos fundamentales de los demandantes de amparo, con la consiguiente adopción por este Tribunal de las medidas precisas para restablecer a los recurrentes en la integridad de sus derechos y facultades como miembros de las Cámara. Sin desconocer el riesgo de que en el anunciado Pleno del Parlamento catalán se apruebe una resolución acorde con la propuesta tramitada, ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el Ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias. En este momento es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución. El deber de fidelidad a la Constitución por parte de los poderes públicos (que en la STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4, fue destacado en relación con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas) «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4). Por tanto, son las Asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, las que, en primer lugar, deben velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), sin perjuicio de que la última palabra, cuando así se le pida, le corresponderá a este Tribunal Constitucional, tal y como ocurrió en la STC 42/2014, de 25 de marzo, en la que este Tribunal enjuició, declaró inconstitucional y anuló parcialmente, la resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprobó la denominada «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». En última instancia, el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este Tribunal, que ejercerá cuando proceda, con prudencia y determinación. Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA Denegar la suspensión de las resoluciones impugnadas. Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, a cinco de noviembre de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Sentencias del TC que deniegan a PP y C's la suspensión de la resolución del Parlament

Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez. AUTO I. Antecedentes 1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 4 de noviembre de 2015, el Procurador de los Tribunales don Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre y representación de los Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular don Xavier García Albiol, don José Enrique Millo i Rocher, don Santiago Rodríguez i Serra, doña Andrea Levy Soler, don Alejandro Fernández Álvarez, doña María José García Cuevas, doña Esperanza García González, don Juan Bautista Milián Querol, don Alberto Villagrasa Gil y doña Marisa Xandri Pujol, presentó recurso de amparo contra las siguientes resoluciones: el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 27 de octubre de 2015, por el que se admite a trámite la «propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales» de los Grupos Parlamentarios de Junts pel Sí (JxSí) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP); el acuerdo la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 28 de octubre de 2015, por el que se acuerda la tramitación de la citada propuesta por el procedimiento de urgencia; el acuerdo de la Presidenta del Parlamento, de 2 de noviembre de 2015, de convocar la Junta de Portavoces para el día siguiente; los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de 3 de noviembre de 2015, por los que se desestiman los escritos de petición de reconsideración presentados por los grupos parlamentarios y se acuerda abrir el trámite de enmiendas. Los recurrentes invocan como fundamento de su pretensión la vulneración del derecho reconocido en el art. 23.2 CE. 2. En la misma demanda, tras referir los hechos y los fundamentos jurídicos del recurso de amparo, mediante otrosí, los recurrentes solicitan la suspensión inaudita parte previa a la admisión a trámite del recurso de amparo planteado, por concurrir un supuesto de urgencia excepcional. Los recurrentes señalan que, en el caso de no adoptarse la medida de suspensión inaudita parte y con carácter urgente, perdería su finalidad el recurso de amparo de forma evidente, ya que la deliberación y votación en el Pleno del Parlamento catalán de la propuesta de resolución se ha anunciado para el próximo lunes 9 de noviembre; a lo que se añade que la no suspensión de los acuerdos impugnados, además, atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia. 3. Por providencia de 4 de noviembre de 2015, el Pleno, en su reunión de esta fecha y conforme establece el art. 10.1 n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sala Primera, acordó recabar para sí el conocimiento del presente recurso de amparo que se tramita en la mencionada Sala Primera bajo el número 6207-2015. 4. Por providencia de 5 de noviembre de 2015 el Pleno acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo. II. Fundamentos jurídicos 1. Admitido a trámite, por providencia de esta misma fecha, el recurso de amparo 6207-2015, interpuesto por Diputados del Parlamento de Cataluña elegidos por las listas del Partido Popular, debe resolverse ahora la solicitud de suspensión cautelar formulada en la propia demanda de amparo, solicitud que afecta, como en los antecedentes queda expuesto, a los distintos actos parlamentarios recurridos. Los demandantes de amparo solicitan, con base en el art. 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la inmediata suspensión de acuerdos de la Mesa y de la Presidenta del Parlamento de Cataluña que han dado lugar a la admisión y tramitación de una iniciativa parlamentaria, en relación con la cual entienden que, de no adoptarse la medida cautelar, desembocaría en la convocatoria de un pleno de la Cámara autonómica en el que, tras el correspondiente debate, se adoptaría una resolución o declaración de contenido incompatible con la Constitución. 2. La respuesta a tal petición debe sustentarse en las siguientes consideraciones: a) Nuestro sistema de justicia constitucional contempla la posibilidad de que este Tribunal suspenda la ejecución de cualquier acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo. Esta facultad, reconocida en el art. 56 LOTC, se sustenta en la necesidad de asegurar la efectividad de la futura sentencia, esto es, de preservar la integridad del derecho fundamental cuya vulneración se denuncia, en tanto en cuanto la ejecución del acto o resolución impugnados pudiera ocasionar un perjuicio que hiciese perder al amparo su finalidad; siempre y cuando, además, la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de una tercera persona (art. 56.2 LOTC). Adicionalmente, el art. 56.6 LOTC atribuye a este Tribunal la facultad de adoptar, en la propia resolución de admisión a trámite de los recursos de amparo, medidas cautelares sin oír a las partes, en supuestos de urgencia excepcional. b) Sin embargo, lo anterior no debe hacer olvidar que la mera interposición de un recurso de amparo no obsta a la vigencia, efectividad o ejecutoriedad de las disposiciones generales, actos administrativos o resoluciones judiciales que sean objeto de impugnación. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece el principio de que «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados» (art. 56.1), lo cual es consecuencia de la presunción de legitimidad que alcanza a todas las actuaciones de los poderes públicos, presunción inherente a la entera actividad pública (legislativa, ejecutiva y judicial). Consec ### RESUMEN: Sentencias del TC que deniegan a PP y C's la suspensión de la resolución del Parlament

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Defensa, PEDRO MORENÉS EULATE

El exembajador en Etiopía, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, recibe la Cruz del Mérito Aeronáutico

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Dado en Madrid, el 20 de noviembre de 2015. FELIPE R. El Ministro de Defensa, PEDRO MORENÉS EULATE ### RESUMEN: El exembajador en Etiopía, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez, recibe la Cruz del Mérito Aeronáutico

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La austeridad en la gestión de los dineros públicos, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades son las razones que hacen que en estos momentos veamos aconsejable suspender la actividad del Defensor del Pueblo Riojano. En todo caso, el pueblo riojano seguirá contando con la asistencia del Defensor del Pueblo del Estado ante cualquier mala praxis de cualquier Administración que pudiera ir contra sus derechos. Artículo único. Suspensión de la actividad del Defensor del Pueblo Riojano. Se suspende la vigencia de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. Queda suspendida la actividad de la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. Disposición adicional primera. Atribución de funciones. Todas las funciones que la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano, atribuye al titular de la institución en materia de personal, patrimonial, de gestión, económico-financiera y de derecho administrativo en general serán asumidas por la Mesa del Parlamento de La Rioja, a los efectos de ejecutar todos los actos precisos para lograr la plena efectividad de lo previsto en esta ley. Disposición adicional segunda. Régimen de personal. Quedan suprimidos los puestos de trabajo adscritos a la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. El Parlamento de La Rioja aprobará las necesarias modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a la estructura orgánica derivada de la presente ley. Disposición adicional tercera. Régimen económico-financiero. El Parlamento de La Rioja propondrá y autorizará las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, asumiendo las obligaciones y derechos pendientes a su entrada en vigor. Disposición adicional cuarta. Tramitación de las quejas pendientes. Con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, y previa conformidad con los mismos, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tal fin, la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja se hará cargo de los asuntos en trámite, adoptando las decisiones que convengan. Disposición adicional quinta. Archivo y fondos del Defensor del Pueblo Riojano. El Parlamento de La Rioja podrá adoptar cuantas medidas se consideren oportunas en relación con la custodia y organización de los archivos, fondos documentales y bibliotecarios de la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. Disposición final. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja». Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir. Logroño, 21 de octubre de 2013.–El Presidente, Pedro Sanz Alonso. (Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 133, de 23 de octubre de 2013)

La supresión del defensor del pueblo riojano

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La austeridad en la gestión de los dineros públicos, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades son las razones que hacen que en estos momentos veamos aconsejable suspender la actividad del Defensor del Pueblo Riojano. En todo caso, el pueblo riojano seguirá contando con la asistencia del Defensor del Pueblo del Estado ante cualquier mala praxis de cualquier Administración que pudiera ir contra sus derechos. Artículo único. Suspensión de la actividad del Defensor del Pueblo Riojano. Se suspende la vigencia de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. Queda suspendida la actividad de la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. Disposición adicional primera. Atribución de funciones. Todas las funciones que la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano, atribuye al titular de la institución en materia de personal, patrimonial, de gestión, económico-financiera y de derecho administrativo en general serán asumidas por la Mesa del Parlamento de La Rioja, a los efectos de ejecutar todos los actos precisos para lograr la plena efectividad de lo previsto en esta ley. Disposición adicional segunda. Régimen de personal. Quedan suprimidos los puestos de trabajo adscritos a la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. El Parlamento de La Rioja aprobará las necesarias modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a la estructura orgánica derivada de la presente ley. Disposición adicional tercera. Régimen económico-financiero. El Parlamento de La Rioja propondrá y autorizará las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, asumiendo las obligaciones y derechos pendientes a su entrada en vigor. Disposición adicional cuarta. Tramitación de las quejas pendientes. Con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, y previa conformidad con los mismos, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta ley. A tal fin, la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja se hará cargo de los asuntos en trámite, adoptando las decisiones que convengan. Disposición adicional quinta. Archivo y fondos del Defensor del Pueblo Riojano. El Parlamento de La Rioja podrá adoptar cuantas medidas se consideren oportunas en relación con la custodia y organización de los archivos, fondos documentales y bibliotecarios de la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano. Disposición final. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja». Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir. Logroño, 21 de octubre de 2013.–El Presidente, Pedro Sanz Alonso. (Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 133, de 23 de octubre de 2013) ### RESUMEN: La supresión del defensor del pueblo riojano

Entidad adjudicadora: a) Organismo que tramita el expediente: Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico (en adelante JDELMC), con sede en el Arsenal Militar de Ferrol. b) N.º Expediente: 3115.0006.15.01.11. c) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol, Avda. Os Irmandiños, s/n, CP 15490 Ferrol Naval (La Coruña). d) Tlfno./fax: 981 33 89 90/981 33 61 84. Objeto del contrato: a) Descripción: Enajenación por subasta pública del ex portaaviones 'Príncipe de Asturias' para su desguace. b) Ubicación del material: Arsenal Militar de Ferrol. Procedimiento de adjudicación: Subasta pública. Importe de la licitación: Cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete euros con treinta y nueve céntimos (4.845.417,39 euros). Garantía: La fianza provisional será del veinte por ciento (20%) del importe de licitación. Obtención de documentación e información: a) Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP): Podrá ser solicitado los días laborables de 9:00 a 14:00 horas en la Secretaría de la JDELMC, o por correo electrónico a las direcciones [email protected]/[email protected] b) Inspección del material y documentación técnica: Ver PCAP. Presentación de documentación y oferta económica: a) Fecha límite: En el plazo máximo de dos meses desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el 'BOE'. b) Documentación a presentar: Ver PCAP. Examen de documentación y apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo para la presentación de la documentación, la JDELMC, convocada en mesa al efecto, se reunirá para su examen y comprobación. Los licitadores cuya documentación cumpla con lo estipulado en el PCAP, serán notificados con la suficiente antelación del lugar, fecha y hora del acto público de la subasta. En caso de quedar desierta la primera subasta, se celebrarían hasta un máximo de tres subastas sucesivas, siendo el precio tipo de cada una de ellas el de la subasta inmediata anterior, rebajado en un 15%. Los gastos de publicación del anuncio en el 'BOE' serán por cuenta del adjudicatario. Ferrol, 3 de diciembre de 2015.- El Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico.

Subasta pública para desguace del portaaviones Príncipe de Asturias de 4.845.417,39 euros

Entidad adjudicadora: a) Organismo que tramita el expediente: Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico (en adelante JDELMC), con sede en el Arsenal Militar de Ferrol. b) N.º Expediente: 3115.0006.15.01.11. c) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol, Avda. Os Irmandiños, s/n, CP 15490 Ferrol Naval (La Coruña). d) Tlfno./fax: 981 33 89 90/981 33 61 84. Objeto del contrato: a) Descripción: Enajenación por subasta pública del ex portaaviones 'Príncipe de Asturias' para su desguace. b) Ubicación del material: Arsenal Militar de Ferrol. Procedimiento de adjudicación: Subasta pública. Importe de la licitación: Cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecisiete euros con treinta y nueve céntimos (4.845.417,39 euros). Garantía: La fianza provisional será del veinte por ciento (20%) del importe de licitación. Obtención de documentación e información: a) Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP): Podrá ser solicitado los días laborables de 9:00 a 14:00 horas en la Secretaría de la JDELMC, o por correo electrónico a las direcciones [email protected]/[email protected] b) Inspección del material y documentación técnica: Ver PCAP. Presentación de documentación y oferta económica: a) Fecha límite: En el plazo máximo de dos meses desde la fecha de publicación del anuncio de licitación en el 'BOE'. b) Documentación a presentar: Ver PCAP. Examen de documentación y apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo para la presentación de la documentación, la JDELMC, convocada en mesa al efecto, se reunirá para su examen y comprobación. Los licitadores cuya documentación cumpla con lo estipulado en el PCAP, serán notificados con la suficiente antelación del lugar, fecha y hora del acto público de la subasta. En caso de quedar desierta la primera subasta, se celebrarían hasta un máximo de tres subastas sucesivas, siendo el precio tipo de cada una de ellas el de la subasta inmediata anterior, rebajado en un 15%. Los gastos de publicación del anuncio en el 'BOE' serán por cuenta del adjudicatario. Ferrol, 3 de diciembre de 2015.- El Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Cantábrico. ### RESUMEN: Subasta pública para desguace del portaaviones Príncipe de Asturias de 4.845.417,39 euros

La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales es el Organismo Intermedio en la gestión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER) previstas en el Eje 5, en lo relativo a «Desarrollo Sostenible Local y Urbano», categoría de gasto 61, Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural para los Programas Operativos de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias y Murcia. Estas ayudas se dirigen a cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y local, a reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y en la mejora de los servicios locales, todo ello en el marco de la cooperación del Estado con las entidades locales, de conformidad con las directrices estratégicas que marca la Unión Europea y dentro del ámbito regulador del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, del Reglamento (CE) número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, y sus posteriores modificaciones que fijan las normas de desarrollo de los dos Reglamentos antes citados. De conformidad con dicho marco normativo, durante el periodo de intervención 2007 2013 se han realizado dos convocatorias públicas de concesión de ayudas en los años 2007 y 2011, destinadas a municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes (a excepción de capitales de provincia), comunidades autónomas uniprovinciales, diputaciones provinciales y cabildos insulares que lleven a cabo proyectos cuya población beneficiaria sea de al menos 20.000 habitantes y organismos autónomos dependientes de cualquiera de las entidades señaladas anteriormente. Durante el periodo de ejecución de los proyectos se generaron remantes. En aras de una mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de los fondos europeos del FEDER, con fecha 14 de junio de 2013, se dictó la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprobaron los criterios de reparto de los remanentes de estas ayudas (BOE del 28). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución de 14 de junio de 2013 y habiendo agotado todos los criterios de reparto establecidos en la misma, resulta que sigue existiendo un saldo de remanentes en los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia, por lo que procede repartir los mismos entre actuaciones o proyectos de las entidades que resultaron beneficiarias o cuyos proyectos fueron declarados en reserva durante este periodo de intervención 2007-2013. Dichos remanentes obedecen a renuncias de ayuda por parte de entidades beneficiarias, revocaciones, ejecución de gastos por importes inferiores a los aprobados, así como minoraciones producidas tras las verificaciones de la Dirección General en aplicación del artículo 13 del Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión y las auditorías por parte de otros órganos, según lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, realizadas sobre los gastos certificados. Por ello, al objeto de aplicar los remanentes generados en el periodo de intervención 2007-2013, de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano entre las entidades cuyos proyectos ya fueron seleccionados en concurrencia competitiva en las convocatorias de 2007 y de 2011 de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia, en atención a las competencias atribuidas por el Real Decreto 1852/2011, de 23 de diciembre, dispongo: Primero. Objeto y finalidad. La presente convocatoria tiene como finalidad el reparto de los remanentes disponibles de las ayudas FEDER dentro del periodo de intervención 2007-2013, que figuran en el anexo I –Datos Financieros–, entre las entidades beneficiarias de las convocatorias 2007 y 2011 correspondientes al citado periodo de intervención y cuyos proyectos fueron declarados financiables, o en reserva, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Murcia, dentro del Eje 5 «Desarrollo sostenible local y urbano» (categoría de gasto 61, Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural) del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013. Serán objeto de cofinanciación las actuaciones vinculadas a proyectos declarados financiables en las resoluciones por las que se resuelven las convocatorias 2007 y 2011 de ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia ejecutadas o en ejecución; así como los proyectos integrados de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia que quedaron en reserva en la convocatoria 2011 de ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano que se encuentren ejecutados o en ejecución. Segundo. Objetivos. 1. Las orientaciones estratégicas comunitarias 2007-2013 conceden una atención especial a las necesidades específicas de determinados territorios, como son las zonas urbanas y rurales, estimulando la aplicación de un enfoque integrado de la política de cohesión, que no debe sólo favorecer el crecimiento y el empleo, sino también perseguir objetivos sociales y medioambientales. 2. Como objetivos generales se busca conseguir un desarrollo local sostenible, la contribución al desarrollo regional favoreciendo la regeneración urbana, y hacer frente a las dificultades especiales que plantea el desarrollo de zonas que sufren desventajas naturales, todo lo cual redundará en una mayor cohesión económica, territorial y social. 3. Mediante estas ayudas se pretenden como objetivos estratégicos, de acuerdo con el enfoque recogido en el Marco Estratégico Nacional de Referencia, que diferencia las actuaciones a acometer en función del tamaño de los municipios: a) Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural destinados a los municipios pequeños y medianos. b) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los servicios locales. Tercero. Ámbitos de actuación. Las acciones cofinanciadas deben responder, de manera estratégica e integrada, al menos a dos de los ámbitos de actuación del objetivo a), siendo estos los siguientes: Objetivo a): a.1) Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías. a.2) Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través de la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales. a.3) Mejora del entorno natural y calidad medioambiental. a.4) Mejora de la accesibilidad y movilidad. a.5) Protección y preservación del patrimonio cultural. a.6) Promoción de la conciliación familiar y cohesión social. Objetivo b): b.1) Equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Cuarto. Organismo Intermedio. La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el Organismo Intermedio de estas ayudas, según lo establecido en el acuerdo de atribución de funciones firmado con la Autoridad de Gestión del FEDER (Dirección General de Fondos Comunitarios, dependiente de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), y a ella le corresponde la selección de las operaciones para su financiación, asegurándose de que se cumplen los criterios aplicables al Programa Operativo correspondiente, aprobados por el Comité de Seguimiento. Quinto. Entidades beneficiarias. 1. Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, exclusivamente: a. Entidades locales beneficiarias de la convocatoria 2007 de ayudas del FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano. b. Entidades locales beneficiarias de la convocatoria 2011 de ayudas del FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano. c. Entidades locales que presentaron proyecto en la convocatoria 2007 de ayudas del FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano y dicho proyecto quedó en la reserva. d. Entidades locales que presentaron proyecto en la convocatoria 2011 de ayudas del FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano y dicho proyecto quedó en la reserva. Sexto. Formas de ejecución. Para la ejecución del proyecto, la entidad podrá optar por: a) Realizar directamente con medios propios las actividades o contratar los medios personales o los medios materiales necesarios para su realización. b) Concertar con terceros la ejecución total o parcial de las actividades. c) Contratar total o parcialmente las actividades a otros entes, organismos o entidades que tengan la consideración de medio propio, según lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No podrá concertarse con personas o entidades que incurran en algunas de las circunstancias citadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. d) Realizar convenios de colaboración, con sujeción a las reglas establecidas en estas u otras instrucciones y normativa de aplicación. En este caso, deberá justificarse mediante informe de los servicios jurídicos de la entidad, la necesidad del convenio y la legalidad de utilizar esta modalidad de gestión. e) Una combinación de las anteriores. Séptimo. Financiación. Los proyectos serán cofinanciados por el FEDER con cargo a las ayudas programadas en los Programas Operativos Regionales 2007-2013 de las Comunidades Autónomas recogidas en el anexo I –Datos Financieros–, con una tasa de cofinanciación de hasta un máximo del 80 % del coste total elegible. Todos los proyectos o actuaciones que cumplan lo establecido en la presente convocatoria serán financiados. No obstante, el porcentaje de ayuda a abonar a las entidades beneficiarias se calculará sobre el presupuesto total de ayuda disponible, según lo detallado en el anexo I, por Programa Operativo, en base a la cantidad total de ayuda solicitada, pudiéndose incrementar este porcentaje en la medida en que se produzcan nuevos remanentes de ayuda FEDER. La aportación nacional, hasta alcanzar el 100% del coste total elegible del proyecto, la efectuarán las entidades beneficiarias. Octavo. Régimen Jurídico. El procedimiento de tramitación de estas ayudas es el recogido en la presente convocatoria y el establecido en la orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, modificada por la orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, en los Reglamentos comunitarios aplicables en materia de Fondos Estructurales, y con carácter supletorio, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Noveno. Requisitos de admisibilidad de los proyectos. Los proyectos y actuaciones de desarrollo local y urbano presentados a cofinanciación deberán, además de respetar los requisitos y singularidades establecidos en las convocatorias de ayuda de 2007 ó 2011 (dependiendo en qué convocatoria se encuadre la actuación o el proyecto), encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Para entidades beneficiarias de ayuda dentro de la convocatoria 2007: a. Actuaciones incluidas dentro de la memoria inicial del proyecto que no fueron financiadas por falta de presupuesto en su respectiva convocatoria, pero han sido ejecutadas. b. Actuaciones incluidas dentro de la memoria inicial del proyecto y que fueron financiadas parcialmente por el FEDER, pero han sido ejecutadas íntegramente (podrá recibirse ayuda hasta el coste total de la actuación, considerando como tal la suma del coste elegible de la convocatoria más el coste no elegible, que no fue financiado por falta de presupuesto y que no haya recibido financiación por parte de otras ayudas públicas o privadas). c. Nuevas actuaciones efectivamente ejecutadas o en ejecución, vinculadas de forma clara e indubitada con el proyecto aprobado. b) Para entidades beneficiarias de ayuda dentro de la convocatoria 2011: a. Actuaciones incluidas dentro de la memoria inicial del proyecto que no fueron financiadas por falta de presupuesto en su respectiva convocatoria, pero han sido ejecutadas. b. Actuaciones incluidas dentro de la memoria inicial del proyecto y que fueron financiadas parcialmente por el FEDER, pero han sido ejecutadas íntegramente (podrá recibirse ayuda hasta el coste total de la actuación, considerando como tal la suma del coste elegible de la convocatoria más el coste no elegible, que no fue financiado por falta de presupuesto y que no haya recibido financiación por parte de otras ayudas públicas o privadas). c. Nuevas actuaciones efectivamente ejecutadas o en ejecución, vinculadas de forma clara e indubitada con el proyecto aprobado. c) Para entidades que tengan proyectos en reserva en la convocatoria 2007: Será financiable el proyecto para el que fue solicitada ayuda en la convocatoria o su reformulación, manteniendo en todo caso el objetivo inicialmente previsto y siempre que cumpla las características para proyectos integrados. d) Para entidades que tengan proyectos en reserva en la convocatoria 2011: Será financiable el proyecto para el que fue solicitada ayuda en la convocatoria o su reformulación, manteniendo en todo caso el objetivo inicialmente previsto y siempre que cumpla las características para proyectos integrados. Décimo. Iniciación del procedimiento de concesión de las ayudas. 1. Presentación de solicitudes.–Las solicitudes de ayuda, de acuerdo con el modelo recogido en el anexo II, se dirigirán por correo a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (sita en la calle Santa Engracia número 7, 28071 Madrid), junto con su documentación complementaria, en soporte papel (un ejemplar) y soporte electrónico (grabado en un CD/DVD o memoria externa USB), pudiendo ser presentadas en cualquiera de los registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Toda solicitud presentada fuera del plazo establecido al efecto será rechazada y no será tenida en cuenta. Se presentará una solicitud para cada proyecto o para cada conjunto de actuaciones vinculadas a un proyecto. 2. Plazo de presentación.–Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 3. Documentación.–A las solicitudes de ayuda (anexo II) debe acompañarse la siguiente documentación: a) Modelo resumen del proyecto debidamente cumplimentado, recogido en el anexo III de la presente convocatoria. b) Certificado de la entidad solicitante, en el que conste: • Acuerdo o resolución de solicitud de ayuda adoptada por órgano competente. • Acuerdo o resolución de aprobación del proyecto o nuevas actuaciones adoptada por el órgano competente. c) Declaración responsable de la entidad solicitante (anexo IV a la presente convocatoria de ayuda), sobre los siguientes aspectos: • Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. • Cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. • No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario. • Ayudas, subvenciones, ingresos o recursos solicitadas y/o concedidas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. • Cumplimiento de requisitos medioambientales requeridos para la ejecución del proyecto (fundamentalmente en lo referido a las evaluaciones medioambientales y/o afectación de zonas Red Natura 2000). • Disponer de un equipo técnico conocedor de la reglamentación y normativa nacional y europea sobre fondos estructurales y especialmente en lo relativo a las materias de elegibilidad de gasto, contratación pública, medio ambiente, información y publicidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. d) Memoria descriptiva del proyecto reformulado en reserva o de las actuaciones para las que se solicita financiación (anexo V) en la que se especifiquen con una extensión máxima de 30 páginas, los siguientes epígrafes: • Breve descripción del proyecto. • Objetivos y actuaciones ejecutadas o en ejecución. • Vinculación de las actuaciones con el proyecto presentado en la convocatoria 2007 ó 2011. • Cuadro financiero. • Cronograma de las actuaciones del proyecto dentro del plazo de ejecución previsto. • Sistema de seguimiento y control. • Plan de información y publicidad. • Aplicación del principio de igualdad de oportunidades. • Evaluación medioambiental. 4. Subsanación y mejora de las solicitudes.–Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta convocatoria, la Dirección General requerirá al interesado para que en el plazo máximo e improrrogable de 10 días subsane las faltas detectadas o aporte los documentos preceptivos, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Undécimo. Instrucción. La Dirección General de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales será la competente para instruir el procedimiento para la concesión de las ayudas. Duodécimo. Resolución provisional. Una vez comprobado que los proyectos cumplen con los requisitos para ser admitidos a esta convocatoria, el total de ayuda disponible por Programa Operativo se repartirá en la misma proporción entre todos los proyectos propuestos para financiación. 1. La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales elevará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, conteniendo: a) La relación de los proyectos propuestos para su financiación con la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos. b) La relación de proyectos que no resultan subvencionables en función de lo establecido en la presente convocatoria. 1. Los remanentes de ayuda comprometida en las Convocatorias de 2007 y 2011 que se generen después de la publicación de la resolución provisional, procedentes de las renuncias de algunas entidades beneficiarias por no poder llevar a cabo determinados proyectos, de la menor ejecución presupuestaria o como consecuencia de las verificaciones de la Dirección General en aplicación del artículo 13 del Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión y las auditorías por parte de otros órganos, según lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, realizadas sobre los gastos certificados, serán reasignados a los proyectos y actuaciones aprobados en la presente convocatoria de acuerdo con el porcentaje de ayuda resultante, no pudiendo superar, en ningún caso, la ayuda concedida el 80 % del coste elegible aprobado. 2. La resolución provisional firmada por el órgano competente para la concesión de la ayuda se notificará a los interesados mediante correo ordinario con acuse de recibo o publicación en el «Boletín Oficial del Estado», especificando los motivos de rechazo de las solicitudes no atendidas. En el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación o publicación, las entidades solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes, o remitir, en su caso, la aceptación expresa de la cofinanciación del FEDER. De no remitir en el plazo indicado escrito de aceptación, se entenderá que la entidad desiste de la ayuda presentada para esta convocatoria. En el caso de que los interesados planteen alegaciones, éstas serán examinadas y resueltas por la Dirección General, que elevará propuesta de resolución definitiva al Secretario de Estado. Decimotercero. Resolución definitiva. 1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas resolverá las solicitudes presentadas. 2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, contados desde la fecha de expiración del plazo previsto para la presentación de solicitudes en el punto 2 del apartado décimo. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio la solicitud, conforme a lo prevenido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 3. La resolución firmada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para la concesión de la subvención se notificará a las entidades solicitantes directamente o mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En el caso de las solicitudes rechazadas, en la comunicación a la entidad beneficiaria se especificarán además los motivos de rechazo. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comunitaria y en la Ley General de Subvenciones, se publicarán en la sede electrónica del Ministerio la citada resolución, las entidades beneficiarias, los proyectos subvencionados y la cantidad concedida a cada uno. La aceptación de la subvención implica la aceptación de la inclusión de la entidad en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006. 4. La resolución a que se hace referencia en el número anterior determinará los proyectos subvencionados con indicación del importe de ayuda concedida. Decimocuarto. Plazo de ejecución. El periodo de ejecución de de los proyectos y actuaciones cofinanciados finalizará el 30 de septiembre de 2015. El plazo de justificación del gasto y certificación ante el Organismo Intermedio finalizará el 31 de octubre de 2015. Para que puedan ser financiables, los contratos correspondientes a las actuaciones de los proyectos aprobados deberán estar ya adjudicados a la fecha de publicación de esta convocatoria y con un plazo máximo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2015. En ningún caso se admitirán prórrogas en el plazo de ejecución, realización de pagos reales y efectivos, justificación de gasto o certificación ante el Organismo Intermedio. Decimoquinto. Modificación de las actuaciones de los proyectos cofinanciados. No se admitirán modificaciones de las actuaciones, salvo variaciones no sustanciales (inferiores al 10 % del importe total de cada una de las actuaciones del proyecto) correspondientes a pequeños ajustes presupuestarios debido a las variaciones finales de los costes de ejecución de las actuaciones, debiéndose informar a la Dirección General de dichos ajustes. Decimosexto. Gastos elegibles. Para que los gastos sean considerados elegibles, deberán cumplir los siguientes requisitos: • Sean conformes con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria aplicables, y en concreto, con la orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, modificada por la orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre. • Sean reales y abonados con cargo a la operación cofinanciada por parte del beneficiario al que se le concedió la ayuda. • Se hayan realizado para las actuaciones aprobadas en los proyectos a los que se hayan concedido las ayudas. • Sean adecuados a los objetivos y prioridades definidos en la presente convocatoria. • Exista constancia documental sobre su realización mediante factura o documento contable de valor probatorio equivalente, de modo que puedan ser verificables. • Estén relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y sean necesarios para el desarrollo de las acciones. • Estén efectuados durante el periodo de ejecución del proyecto que en ningún caso podrá haber sido iniciado antes del 1 de enero de 2007. • Que los pagos correspondientes se hayan hecho efectivos durante el periodo de subvencionabilidad fijado en el punto decimocuarto. Decimoséptimo. Gestión, seguimiento y control. 1. La Dirección General de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales garantizará una adecuada gestión, interpretación y resolución de todos los aspectos derivados de los expedientes de concesión de ayudas solicitadas, así como del seguimiento, evaluación y control de las mismas. 2. Las entidades beneficiarias solicitarán el reembolso de las ayudas del FEDER en razón de los gastos que hayan ejecutado. Para ello, suministrarán a la Dirección General la información que les sea requerida, remitiendo a dicho Organismo Intermedio la justificación documental que se determine en las correspondientes instrucciones. 3. La Dirección General de acuerdo con el sistema de gestión financiera previsto en el capítulo primero del título VII del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo de 11, de julio de 2006, y una vez cumplidas las verificaciones de control contempladas en el artículo 60 del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, y en el artículo 13 del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, justificará a la Autoridad de Gestión los gastos de los proyectos debidamente certificados por las entidades beneficiarias para que proceda al reembolso de la ayuda correspondiente a las mismas. A fin de cumplir con las obligaciones de control referidas, la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, realizará verificaciones documentales y sobre el terreno para comprobar e inspeccionar el desarrollo de las acciones subvencionadas y la elegibilidad del gasto certificado. Las verificaciones sobre el terreno se realizarán durante los meses de noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016, previo aviso de 7 días por parte del Organismo Intermedio. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar las actuaciones de comprobación y de control financiero que se efectúen tanto por el Organismo Intermedio como por los demás órganos competentes de ámbito nacional o de la Unión Europea. 4. La justificación de los gastos de las acciones realizadas por las entidades beneficiarias estará soportada en piezas contables que serán conservadas por las mismas, teniendo en cuenta todas las disposiciones aplicables a los Fondos Estructurales en materia de elegibilidad, gestión y control, así como los sistemas de gestión y control establecidos por la Autoridad de Gestión, el Organismo Intermedio y, en su caso, los aprobados por la Comisión relativos a la Intervención. Las entidades beneficiarias deberán mantener una pista de auditoría adecuada y suficiente, tal y como determina la normativa comunitaria aplicable, y se ajustarán a lo que se establezca en las instrucciones de ejecución y justificación que se dicten al efecto. En este sentido, deberán garantizar la disponibilidad física de la documentación justificativa correspondiente a los gastos elegibles certificados durante el tiempo previsto en el artículo 90 del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, y el artículo 19 del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, incluyendo la documentación justificativa del Organismo que haya efectuado el gasto, en los casos en los que se haya concertado con un tercero la ejecución parcial o total de las actividades. A dichos efectos, se conservarán los originales de los documentos o copias certificadas conformes con los originales sobre soportes de datos generalmente aceptados. 5. La liquidación final se remitirá a la Dirección General de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, debiendo acreditar las entidades beneficiarias la realización del proyecto subvencionado mediante la presentación de los documentos que se determinen al efecto por el Organismo Intermedio. Decimoctavo. Información y publicidad. 1. Para informar a la opinión pública sobre la participación del FEDER en la financiación de los proyectos a los que se les haya concedido ayuda, las entidades beneficiarias aplicarán las medidas previstas en las disposiciones referidas a información y publicidad contenidas en el artículo 69 del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, así como en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. Asimismo, las entidades beneficiarias podrán realizar actuaciones en esta materia encuadradas dentro de los Planes de Comunicación aprobados para los Programas Operativos correspondientes. En cualquier caso, las actuaciones en materia de información y publicidad que se acometan por las entidades beneficiarias incluirán los siguientes elementos: • El emblema de la Unión Europea normalizado según anexo I del Reglamento (CE) número 1828/2006, de aplicación general, ya que la utilización del emblema de la Unión Europea es obligatoria en todas las acciones visuales de información y publicidad sobre la participación del FEDER. • Tipo y nombre de la operación, indicando «proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional». • La siguiente inscripción: «UNIÓN EUROPEA, FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL», y el lema «Una manera de hacer Europa». 2. El importe de los gastos a declarar totales dentro de la partida de información y publicidad del proyecto, más los gastos totales de la partida de gestión y seguimiento del proyecto, no podrá superar el 4 % del importe total subvencionable del proyecto. Decimonoveno. Notificación de la resolución. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a los efectos de información y publicidad, así como de coordinación con otras administraciones públicas, publicará la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Vigésimo. Instrucciones de cumplimiento. La Dirección General emitirá cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de esta convocatoria y la ejecución de los proyectos subvencionados. Vigésimo primero. Interposición de recursos. Contra la presente resolución no cabe interponer recurso en vía administrativa, si bien, se podrá formular, potestativamente, requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, solicitando su anulación o revocación ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado». El requerimiento se entenderá rechazado si dentro del mes siguiente a su recepción no fuere contestado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según el artículo 11.1.a) de la citada Ley. El plazo para su interposición será de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que reciba la comunicación de la resolución del requerimiento previo o este se entienda desestimado por silencio administrativo. Si no formula requerimiento previo, el plazo para su interposición será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Disposición adicional única. Régimen jurídico. 1. En todo lo no expresamente previsto en esta resolución serán de aplicación: a) Las bases reguladoras de concesión de ayuda FEDER de las convocatorias 2007 y 2011. b) Órdenes de subvencionabilidad del gasto. c) Normativa comunitaria aplicación al FEDER en vigor. d) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones. e) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Disposición final única. Entrada en vigor. Esta resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de abril de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.

Al final resulta que sobraron fondos FEDER. Nueva convocatoria en Andalucía, Castilla y León y Murcia

La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales es el Organismo Intermedio en la gestión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER) previstas en el Eje 5, en lo relativo a «Desarrollo Sostenible Local y Urbano», categoría de gasto 61, Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural para los Programas Operativos de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias y Murcia. Estas ayudas se dirigen a cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y local, a reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y en la mejora de los servicios locales, todo ello en el marco de la cooperación del Estado con las entidades locales, de conformidad con las directrices estratégicas que marca la Unión Europea y dentro del ámbito regulador del Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, del Reglamento (CE) número 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Reglamento (CE) número 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, y sus posteriores modificaciones que fijan las normas de desarrollo de los dos Reglamentos antes citados. De conformidad con dicho marco normativo, durante el periodo de intervención 2007 2013 se han realizado dos convocatorias públicas de concesión de ayudas en los años 2007 y 2011, destinadas a municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes (a excepción de capitales de provincia), comunidades autónomas uniprovinciales, diputaciones provinciales y cabildos insulares que lleven a cabo proyectos cuya población beneficiaria sea de al menos 20.000 habitantes y organismos autónomos dependientes de cualquiera de las entidades señaladas anteriormente. Durante el periodo de ejecución de los proyectos se generaron remantes. En aras de una mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de los fondos europeos del FEDER, con fecha 14 de junio de 2013, se dictó la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se aprobaron los criterios de reparto de los remanentes de estas ayudas (BOE del 28). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución de 14 de junio de 2013 y habiendo agotado todos los criterios de reparto establecidos en la misma, resulta que sigue existiendo un saldo de remanentes en los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia, por lo que procede repartir los mismos entre actuaciones o proyectos de las entidades que resultaron beneficiarias o cuyos proyectos fueron declarados en reserva durante este periodo de intervención 2007-2013. Dichos remanentes obedecen a renuncias de ayuda por parte de entidades beneficiarias, revocaciones, ejecución de gastos por importes inferiores a los aprobados, así como minoraciones producidas tras las verificaciones de la Dirección General en aplicación del artículo 13 del Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión y las auditorías por parte de otros órganos, según lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, realizadas sobre los gastos certificados. Por ello, al objeto de aplicar los remanentes generados en el periodo de intervención 2007-2013, de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano entre las entidades cuyos proyectos ya fueron seleccionados en concurrencia competitiva en las convocatorias de 2007 y de 2011 de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia, en atención a las competencias atribuidas por el Real Decreto 1852/2011, de 23 de diciembre, dispongo: Primero. Objeto y finalidad. La presente convocatoria tiene como finalidad el reparto de los remanentes disponibles de las ayudas FEDER dentro del periodo de intervención 2007-2013, que figuran en el anexo I –Datos Financieros–, entre las entidades beneficiarias de las convocatorias 2007 y 2011 correspondientes al citado periodo de intervención y cuyos proyectos fueron declarados financiables, o en reserva, de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Murcia, dentro del Eje 5 «Desarrollo sostenible local y urbano» (categoría de gasto 61, Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural) del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013. Serán objeto de cofinanciación las actuaciones vinculadas a proyectos declarados financiables en las resoluciones por las que se resuelven las convocatorias 2007 y 2011 de ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia ejecutadas o en ejecución; así como los proyectos integrados de los Programas Operativos de Andalucía, Castilla y León y Murcia que quedaron en reserva en la convocatoria 2011 de ayudas FEDER para proyectos de desarrollo local y urbano que se encuentren ejecutados o en ejecución. Segundo. Objetivos. 1. Las orientaciones estratégicas comunitarias 2007-2013 conceden una atención especial a las necesidades específicas de determinados territorios, como son las zonas urbanas y rurales, estimulando la aplicación de un enfoque integrado de la política de cohesión, que no debe sólo favorecer el crecimiento y el empleo, sino también perseguir objetivos sociales y medioambientales. 2. Como objetivos generales se busca conseguir un desarrollo local sostenible, la contribución al desarrollo regional favoreciendo la regeneración urbana, y hacer frente a las dificultades especiales que plantea el desarrollo de zonas que sufren desventajas naturales, todo lo cual redundará en una mayor cohesión económica, territorial y social. 3. Mediante estas ayudas se pretenden ### RESUMEN: Al final resulta que sobraron fondos FEDER. Nueva convocatoria en Andalucía, Castilla y León y Murcia

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 19 de febrero de 2013, tomó el acuerdo de convocar un proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para proveer quince plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de inspector de entidades de crédito. Las bases para tomar parte de este proceso se hallan de manifiesto y pueden solicitarse en el Registro General (calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid) en las sucursales del Banco o podrá obtenerse en el sitio web. Madrid, 22 de febrero de 2013.- Jefa de la División de Formación y Selección, Encarnación Álvarez Rocha.

El Banco de España convoca oposición de 15 plazas para inspectores de entidades de crédito

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 19 de febrero de 2013, tomó el acuerdo de convocar un proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para proveer quince plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de inspector de entidades de crédito. Las bases para tomar parte de este proceso se hallan de manifiesto y pueden solicitarse en el Registro General (calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid) en las sucursales del Banco o podrá obtenerse en el sitio web. Madrid, 22 de febrero de 2013.- Jefa de la División de Formación y Selección, Encarnación Álvarez Rocha. ### RESUMEN: El Banco de España convoca oposición de 15 plazas para inspectores de entidades de crédito

Suscrito el pasado 23 de diciembre de 2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Extremadura sobre actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 27 de enero de 2015.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez. ANEXO Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Extremadura sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública En Madrid, a 23 de diciembre de 2014. REUNIDOS De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De otra parte, don Clemente Juan Checa González, Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, para cuyo cargo fue nombrado por el Decreto del Presidente 25/2014, de 19 de junio («DOE» n.º 118, de 20/06/2014) con competencia para suscribir el presente Convenio. EXPONEN El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza, celebrados por alguna de las entidades definidas como sector público en el artículo tercero. Continúa el artículo segundo en su apartado tercero, indicando que la aplicación del texto refundido a los contratos que celebran las Comunidades Autónomas y las entidades locales de su territorio u organismos dependientes se efectuará conforme a lo previsto en la disposición final segunda. La citada disposición final segunda señala que con carácter general el texto refundido constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1 de la Constitución y en consecuencia es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas, exceptuando de la misma una serie de artículos concretos, a los que excluye el carácter de legislación básica. El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto la coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado y el Gobierno de Extremadura en dos ámbitos concretos: La Plataforma de Contratación del Sector Público y los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas. Se pretende utilizar y difundir la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplada en el artículo 334 del TRLCSP, como soporte a los perfiles de contratante de cualquier órgano de contratación con independencia de la Administración de que dependa, así como para dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y cuanta información adicional se considere relevante respecto a los contratos que se celebren, facilitando así mismo, las comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores y abarcando otros trámites de la contratación administrativa, que agilicen y faciliten la tramitación, tanto a los órganos gestores del sector público como a los contratistas. La citada Plataforma constituye un vehículo idóneo para cumplir los principios citados que han inspirado al TRLCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, dado que es susceptible de ser utilizada por cualquier órgano de contratación del sector público, cualesquiera que sea la Administración Pública de la que dependa, y sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos similares en las Comunidades Autónomas. La interconexión de datos entre las Plataformas de las Comunidad Autónomas y la del Estado, en lo relativo a su desarrollo normativo, ya se ha regulado mediante la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, modificando el citado artículo 334 del TRLCSP, cambiando la denominación de la Plataforma del Estado a Plataforma de Contratación del Sector Público y estableciendo el carácter obligatorio de su utilización por todas las entidades citadas en el artículo tercero apartado primero del TRLCSP. En el artículo 326 del TRLCSP se contempla el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el artículo 327 del TRLCSP se citan los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, previéndose en el artículo 332, la colaboración entre los citados Registros, facilitando el del Estado a todas las Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros, siendo el presente Convenio un buen instrumento para hacer efectiva la colaboración indicada. Por otra parte, el valor que a efectos de contratación pan-europea reconoce la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/02/2014 sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, a los Registros Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, y el reconocimiento de los efectos de sus certificados en los contratos públicos celebrados por todos los países miembros, hace muy ventajosa para los empresarios inscritos la consolidación de los distintos Registros de Licitadores actualmente existentes en un único Registro Nacional cuyos certificados proporcionen a todos los empresarios en él inscritos las ventajas derivadas de dichas disposiciones. Por ello y de acuerdo con los principios en que está inspirado el texto refundido, libertad de acceso, publicidad, concurrencia, transparencia, etc., es necesario y conveniente que las Administraciones Públicas hagan un esfuerzo en coordinarse en esta materia y que se utilice la misma terminología, los mismos criterios, procedimientos, y documentos, de tal forma que los agentes económicos, o licitadores, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que muestren interés sobre una contratación, tengan la certeza y seguridad, de que la documentación, terminología, principios y criterios serán similares, cualquiera que sea el órgano de contratación. Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de colaboración en el ámbito de las citadas materias de contratación pública. Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible prevé la cooperación entre las Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas para la racionalización y contención del gasto público. El contenido de las propuestas de actuación del presente Convenio se encuentran incluidas dentro de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26/12/2012, en concreto la medida n.º 1.04.001 relativa a la Plataforma de Contratación del Sector Público y la medida n.º 1.04.003 relativa a los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas. Por lo que al procedimiento para la celebración de Convenios se refiere es preciso tener en cuenta lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Según establece la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos Públicos vinculados o dependientes podrán celebrar los Convenios previstos en el artículo 6, dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento de los trámites establecidos, entre los que se indicará necesariamente el informe del Ministerio o Ministerios afectados. En tanto no tenga lugar un desarrollo normativo de dicha materia, deben entenderse aplicables las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, relativos al contenido de los Convenios y procedimiento para su aprobación previa a su firma. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de Colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, modificado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, publicados por sendas Resoluciones de la extinta Secretaria de Estado para las Administraciones Públicas («BOE» de 16 de marzo de 1990 y 3 de julio de 1998, respectivamente) dispuso en su apartado Primero que la suscripción de convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas deberá ser autorizada con carácter previo por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, atribuyendo, en su apartado Séptimo, punto 3, al entonces Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, la autorización provisional de aquellos convenios en los que el informe del extinto Ministerio de Administraciones Públicas fuera favorable o en los que, formuladas observaciones sobre aspectos formales, éstas hubieran sido completamente subsanadas, añadiendo que esta autorización provisional deberá ser ratificada por la Comisión Delegada del Gobierno en la primera sesión que ésta celebre. El Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, en su Disposición adicional cuarta, punto 1, suprimió la citada Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica. El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su artículo 14.1 c), atribuye a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, la tramitación de la autorización y el registro de los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Consultada la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas sobre el tratamiento que proceda dar transitoriamente a los proyectos de convenio de colaboración hasta que se regule un nuevo procedimiento de autorización de los mismos, dicha Abogacía del Estado, tras la consulta formulada a la Abogacía General del Estado, y emitirse ésta con fecha 9 de marzo de 2012, indicó en su informe de fecha 15 de marzo de 2012 que, en tanto no exista una norma que venga a derogar expresa o tácitamente el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, no puede considerarse que las exigencias contenidas en dicho Acuerdo en relación con la suscripción de convenios de colaboración (sometimiento a autorización previa, etc.) hayan quedado sin efecto como consecuencia de la supresión de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, sin perjuicio de la necesidad de adaptar las referencias a los distintos órganos del Gobierno y de la Administración contenidas en dicho Acuerdo a la actual estructura del Gobierno y de Administración del Estado, estimando en este sentido, que debe mantenerse la autorización provisional, que entiende corresponde otorgar al titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, y la ratificación de la misma, que, por las razones que expone el informe, debe corresponder ahora al Consejo de Ministros. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el presente Convenio ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para su preceptivo informe en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gastos de las Comunidades Autónomas, habiendo indicado la referida Secretaría de Estado que no procede la emisión de dicho informe al haber cumplido la Comunidad Autónoma de Extremadura dichos objetivos. Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 3/10/2014 ha sido ratificada la autorización provisional para la suscripción de este Convenio de Colaboración. En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio de Colaboración. El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y el Gobierno de Extremadura en materia de contratación pública, en los términos establecidos en el presente Convenio, de cara a la realización de las siguientes actividades: I. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para aportar información sobre los procesos de contratación en el ámbito de competencias de la Junta de Extremadura inicialmente mediante un intercambio de información entre portales o sistemas informáticos similares de la Junta de Extremadura y de la Administración General del Estado, dejando para un momento posterior la integración o utilización de una única Plataforma de Contratación. II. Coordinación de las competencias en materia de Registros de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y el Gobierno de Extremadura, mediante la utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. I. Plataforma de Contratación del Sector Público. A) Ámbito objetivo de aplicación. El presente Convenio, en el ámbito de coordinación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene por objeto unificar la publicación de las convocatorias de licitaciones de todas las entidades pertenecientes al Sector Público, y sus resultados en un mismo sistema de información que ofrezca a través de internet toda la información de forma accesible a las empresas y ciudadanos. Se pretende con ello facilitar el cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en la que se establece que: «La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación del Sector Público. En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.» B) Actuaciones. Ambas administraciones públicas ejecutarán los compromisos establecidos en la cláusula sexta y realizarán los desarrollos informáticos que les correspondan en los plazos más breves posibles. C) Procedimiento. Para llevar a cabo dicha propuesta se han previsto dos fases. La Dirección General del Patrimonio del Estado y el Gobierno de Extremadura realizarán los desarrollos normativos, organizativos y técnicos necesarios para hacer posible el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas. 1.ª Fase: Agregación de información sobre convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión. La Junta de Extremadura mantendrá los perfiles del contratante de los órganos de contratación dependientes de la misma alojados en su propia plataforma, y notificará a la Plataforma de Contratación del Sector Público sobre todas las publicaciones relativas a convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión para la agregación de información. El conjunto de datos a compartir, especificaciones técnicas de los formatos, protocolos y mecanismos de intercambio de información serán acordados entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y el Gobierno de Extremadura que haga uso de este mecanismo de agregación de información. La Plataforma de Contratación del Sector Público facilitará a los ciudadanos y empresas la búsqueda global de toda la información publicada, y el acceso a las publicaciones en las plataformas interconectadas. 2.ª Fase: Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Junta de Extremadura. En función de los resultados obtenidos durante la primera fase, los perfiles del contratante de todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma se integrarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público. D) Compromiso de las partes. Ambas Administraciones acuerdan que el servicio se ofrecerá conforme a las siguientes condiciones: Ambas Administraciones Públicas aceptan la utilización de las especificaciones funcionales y técnicas que se acordarán entre la Dirección General del Patrimonio del Estado y las Administraciones Públicas conectadas con la Plataforma de Contratación del Sector Público para la agregación de información. La Dirección General del Patrimonio del Estado: a) Desarrollará un conjunto de especificaciones funcionales y técnicas del sistema de interconexión para la agregación de información en la Plataforma de Contratación del Sector Público. b) Ofrecerá soporte técnico a la integración de los sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma con la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a las especificaciones desarrolladas. c) Asegurará la integridad de la información comunicada desde la Junta de Extremadura, una vez puesto el servicio en funcionamiento. d) Asegurará la disponibilidad del servicio en modo 24 x 7. Podrán programarse paradas del servicio fuera del horario habitual de trabajo con un aviso previo a los usuarios de al menos 48 horas, salvo causa justificada. e) Desarrollará las especificaciones técnicas y funcionales que sean necesarias para asegurar que en la fase de adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación del Gobierno de Extremadura, se dé siempre y en todo momento adecuado cumplimiento a la normativa Nacional y Europea en materia de transparencia y publicidad de la información contractual. La Junta de Extremadura: a) Tomará las medidas organizativas, desarrollará la normativa, y acometerá los desarrollos informáticos necesarios, para asegurar la comunicación a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todas las publicaciones de convocatorias de licitaciones y sus resultados que se realicen en el perfil del contratante de sus órganos de contratación o en sus plataformas. b) Será responsable de la veracidad y completitud de la información enviada a, o puesta a disposición de la Plataforma de Contratación del Sector Público relativa a las publicaciones realizadas en su perfil del contratante o plataforma. c) Asegurará la disponibilidad y accesibilidad de la información publicada en el perfil del contratante de sus órganos de contratación a través de los enlaces proporcionados a la Plataforma de Contratación del Sector Público. d) Autoriza a que la Plataforma de Contratación del Sector Público pueda ofrecer servicios públicos a ciudadanos y empresas basados en la explotación de esta información: servicios de suscripciones y alertas, informes sobre actividad contractual de las administraciones, etc. E) Comité Técnico. Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública. El representante de la Administración General del Estado será la Subdirectora General de Coordinación de la Contratación Electrónica de la Dirección General del Patrimonio del Estado del M.º de Hacienda y Administraciones Públicas. El representante del Gobierno de Extremadura será el Jefe del Servicio de Desarrollo de Proyectos de la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión. El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento. F) Costes de este apartado del Convenio de Colaboración. Los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector Público se ofrecerán por la Administración General del Estado al Gobierno de Extremadura de forma totalmente gratuita. La Administración General del Estado por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado asumirá con sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias y previa la tramitación de los oportunos expedientes de gasto, el coste de: a) Los desarrollos informáticos para las adaptaciones de la Plataforma de Contratación del Sector Público que resulten necesarias para facilitar la posibilidad de publicar la información por parte del Gobierno de Extremadura. b) El desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas de interconexión entre sistemas, cuando fuera necesario. c) El servicio de soporte de usuarios institucionales relativo al uso de la Plataforma, o el soporte técnico relativo a la interconexión de los sistemas. d) El mantenimiento de la infraestructura informática y los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público. No obstante el Gobierno de Extremadura asumirá el coste de: a) Los desarrollos informáticos que fuera necesario acometer en sus propios sistemas de información para la interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público, si fuera necesario. b) Servicios de comunicaciones necesarios para conectar con la Plataforma de Contratación del Sector Público a través de Internet o de la red SARA. II. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE). A) Ámbito objetivo de aplicación. El TRLCSP establece en sus artículos 326 a 332 el contenido y regulación básica del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), habilitando igualmente a las Comunidades Autónomas para crear sus propios Registros Oficiales de Licitadores, y disponiendo que facilitarán a las otras Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros. Adicionalmente, en su artículo 83 atribuye a las inscripciones del ROLECE plenos efectos de acreditación frente a todos los órganos de contratación del Sector Público, y a las de los Registros creados por las Comunidades Autónomas iguales efectos en sus respectivos ámbitos propios de contratación y en los de las entidades locales de su ámbito territorial. En el ámbito de los Registros de Licitadores el presente Convenio tiene por objeto coordinar y consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a empresarios y demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de inscripción en el ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro de Contratistas del Gobierno de Extremadura, manteniendo invariables las competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos efectos y eficacia plenos frente a todos los órganos de contratación del Sector Público a los asientos practicados en el Registro por ambas Administraciones. El nuevo Registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los órganos de ambas Administraciones como a los interesados el acceso al mismo de modo remoto y descentralizado, a través de Internet. Todas las operaciones necesarias para la tramitación de las inscripciones en el Registro se practicarán sobre una única base de datos centralizada, tanto si la solicitud de inscripción se insta ante los órganos competentes de la Junta de Extremadura o ante los de la Administración General del Estado. Los formularios, modelos e interfaces de la aplicación informática se adaptarán en todo lo que resulte necesario a la simbología, denominaciones y demás circunstancias específicas del Gobierno de Extremadura para todos los trámites y actuaciones que hayan de ser efectuados por sus órganos competentes, así como en los trámites y actuaciones de los empresarios que soliciten ante éstos su inscripción en el Registro. B) Gestión del procedimiento. Para alcanzar los objetivos enunciados ambas Administraciones se comprometen a promover e impulsar los cambios normativos, organizativos y de procedimientos necesarios en sus respectivos ámbitos de competencias, a adoptar los acuerdos necesarios, y a realizar, implantar y poner en servicio los nuevos aplicativos y sistemas informáticos que resulten necesarios, así como a modificar los actualmente existentes, todo ello de la forma más diligente posible. La tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro y la adopción de los correspondientes acuerdos serán competencia de la Administración a la que se dirija el solicitante, cuando el empresario tenga su domicilio en el ámbito territorial del Gobierno de Extremadura, y de los órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los demás casos. La llevanza del Registro, así como la gestión de los aspectos técnicos necesarios para su buen funcionamiento, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C) Actuaciones a acometer. La ejecución de esta medida exige varios tipos de actuaciones: – Medidas normativas, consistentes en la modificación del TRLCSP en su artículo 83 y en sus artículos 326 a 332 y disposiciones concordantes y de desarrollo, así como la modificación de las normas que regulan el Registro de Contratistas de la Junta de Extremadura. A esos efectos, se promoverán las modificaciones normativas elevando, en su caso, éstas a los correspondientes órganos legislativos. – Revisión, comparación y conciliación de los modelos de información y de gestión del ROLECE y del Registro de Contratistas del Gobierno de Extremadura. – Conciliación y consolidación en un único Sistema de Registro de los asientos obrantes en el ROLECE y en el Registro de Contratistas del Gobierno de Extremadura. – Definición de las características formales específicas y demás requerimientos institucionales que deberán cumplir las interfaces, modelos y formularios del nuevo Registro. – La aportación de documentación a los expedientes por los interesados se efectuará de conformidad con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación en función del órgano competente para la tramitación del expediente, instrumentándose los mecanismos necesarios para el acceso compartido a la documentación acreditativa disponible por todos los órganos que la necesiten. – Diseño, desarrollo e implantación de los sistemas y aplicaciones informáticas necesarios para la puesta en servicio del nuevo Registro, tomando como punto de partida y reutilizando en la medida de lo posible los activos informáticos del ROLECE. – Formación de los usuarios. D) Comité Técnico. Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública. El representante de la Administración General del Estado será el Subdirector General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos de la Dirección General del Patrimonio del Estado del M.º de Hacienda y Administraciones Públicas. El representante del Gobierno de Extremadura será el jefe del Servicio de Contratación Centralizada de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a ser tratadas en cada sesión. El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que contribuyan a su cumplimiento. E) Costes de este apartado del Convenio de Colaboración. Los costes derivados de las actuaciones contempladas en este apartado del Convenio relativas a las modificaciones y mantenimientos de las plataformas informáticas de apoyo a ROLECE, serán asumidos por la Administración General del Estado, por medio de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con aplicación de sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, previa tramitación de los correspondientes expedientes de gasto. Segunda. Publicación. Una vez suscrito, el presente Convenio de Colaboración será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura» y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio de que se pueda hacer en otros medios. Igualmente, deberán ser objeto de publicación las modificaciones del mismo y su extinción. Mediante resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en su caso, la extensión de la vigencia del Convenio a que se refiere el apartado 4 de la cláusula siguiente. Tercera. Entrada en vigor, modificación, vigencia y extinción. 1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una duración de cinco años. 2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, este podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo de su vigencia, por mutuo acuerdo entre las partes firmantes del mismo. 3. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia. Trascurrido éste podrá denunciarse en su totalidad o solo en algunos de sus apartados, causando efecto la denuncia del Convenio a partir del transcurso de tres meses a contar desde su denuncia. La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia. 4. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al previsto en el apartado primero cuando, llegado el momento de su extinción, no hubiera sido denunciado por ninguna de las partes. 5. Asimismo el presente Convenio quedará sin efecto por alguna de las siguientes causas: a) Por el mutuo acuerdo entre las partes. b) Imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de los compromisos adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes. Cuarta. Comisión Mixta. 1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de este Convenio de Colaboración se constituirá, sin perjuicio de los comités técnicos previstos en la cláusula primera y de las comisiones de gestión a que se refiere la cláusula quinta, una Comisión Mixta, que actuará como comisión de seguimiento del convenio, con las siguientes funciones: 1.º) Verificar las conexiones y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público en relación con la Plataforma del Gobierno de Extremadura. 2.º) Verificar la coordinación entre el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) del Gobierno de Extremadura con el ROLECE de la Administración General del Estado. 3.º) Resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio. 4.º) Analizar, estudiar y proponer cualquier medida que sea de utilidad para el buen funcionamiento del Convenio. 2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales dos de ellos en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que serán designados por la Dirección General de Patrimonio del Estado y otros dos designados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, correspondiendo la Presidencia de la Comisión alternativamente, cada año, a la representación de una u otra Administración Pública. 3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o antes si lo solicita alguno de sus miembros y a la misma podrán asistir cuantos asesores y colaboradores se estime necesario. 4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativos Común. Quinta. Comisiones de gestión. Una vez desarrollados los diferentes apartados contenidos en este Convenio y aprobadas en su caso, las modificaciones normativas necesarias, la gestión de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el ROLECE se efectuará por dos órganos colegiados en los cuales estarán representadas tanto la Administración General del Estado como el Gobierno de Extremadura, en la forma que reglamentariamente se establezca. Sexta. Compromisos. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tramitar los procedimientos legalmente previstos y adoptar los acuerdos necesarios de la forma más diligente posible, con el objeto de llevar cabo cuantas actuaciones se recogen en el presente Convenio, así como a desarrollar plenamente las disposiciones normativas previstas y demás actuaciones contempladas en este Convenio. Séptima. Naturaleza e interpretación. El presente Convenio de Colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. El órgano mixto de vigilancia y control que se crea en la cláusula cuarta resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen en la ejecución del presente Convenio. El presente Convenio de Colaboración no está sujeto a las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, a tenor de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mismo. Sin embargo, las dudas y lagunas que en su caso pudiesen presentarse derivadas de su ejecución o interpretación se resolverán, por el órgano competente, aplicando los principios contenidos en la citada norma. De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio del que son titulares los firmantes suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, Subsecretaria el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.–Por el Gobierno de Extremadura, Clemente Juan Checa González, Consejero de Hacienda y Administración Pública.

Extremadura también se pasa a Contratación del Estado.

Suscrito el pasado 23 de diciembre de 2014 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Extremadura sobre actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 27 de enero de 2015.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez Menéndez. ANEXO Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Extremadura sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública En Madrid, a 23 de diciembre de 2014. REUNIDOS De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De otra parte, don Clemente Juan Checa González, Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Extremadura, para cuyo cargo fue nombrado por el Decreto del Presidente 25/2014, de 19 de junio («DOE» n.º 118, de 20/06/2014) con competencia para suscribir el presente Convenio. EXPONEN El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza, celebrados por alguna de las entidades definidas como sector público en el artículo tercero. Continúa el artículo segundo en su apartado tercero, indicando que la aplicación del texto refundido a los contratos que celebran las Comunidades Autónomas y las entidades locales de su territorio u organismos dependientes se efectuará conforme a lo previsto en la disposición final segunda. La citada disposición final segunda señala que con carácter general el texto refundido constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1 de la Constitución y en consecuencia es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y entidades dependientes de ellas, exceptuando de la misma una serie de artículos concretos, a los que excluye el carácter de legislación básica. El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto la coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado y el Gobierno de Extremadura en dos ámbitos concretos: La Plataforma de Contratación del Sector Público y los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas. Se pretende utilizar y difundir la Plataforma de Contratación del Sector Público, contemplada en el artículo 334 del TRLCSP, como soporte a los perfiles de contratante de cualquier órgano de contratación con independencia de la Administración de que dependa, así como para dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y cuanta información adicional se considere relevante respecto a los contratos que se celebren, facilitando así mismo, las comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores y abarcando otros trámites de la contratación administrativa, que agilicen y faciliten la tramitación, tanto a los órganos gestores del sector público como a los contratistas. La citada Plataforma constituye un vehículo idóneo para cumplir los principios citados que han inspirado al TRLCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, dado que es susceptible de ser utilizada por cualquier órgano de contratación del sector público, cualesquiera que sea la Administración Pública de la que dependa, y sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos similares en las Comunidades Autónomas. La interconexión de datos entre las Plataformas de las Comunidad Autónomas y la del Estado, en lo relativo a su desarrollo normativo, ya se ha regulado mediante la disposición adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, modificando el citado artículo 334 del TRLCSP, cambiando la denominación de la Plataforma del Estado a Plataforma de Contratación del Sector Público y estableciendo el carácter obligatorio de su utilización por todas las entidades citadas en el artículo tercero apartado primero del TRLCSP. En el artículo 326 del TRLCSP se contempla el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el artículo 327 del TRLCSP se citan los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, previéndose en el artículo 332, la colaboración entre los citados Registros, facilitando el del Estado a todas las Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos Registros, siendo el presente Convenio un buen instrumento para hacer efectiva la colaboración indicada. Por otra parte, el valor que a efectos de contratación pan-europea reconoce la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/02/2014 sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, a los Registros Nacionale ### RESUMEN: Extremadura también se pasa a Contratación del Estado.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 109/15-SV. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en la prestación de Servicios de análisis, desarrollo e implantación de una solución software para permitir el uso del DNI-e como elemento de identificación de pacientes y profesionales en los sistemas de información del ámbito asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Las actuaciones que Red.es gestionará, en virtud de los mencionados convenios, son cofinanciables a través del Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento FEDER 2007-2015, Eje 1 - Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC), tema prioritario 13. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/06/2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Simplificado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 156.000,00 euros. Importe total: 188.760,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30/07/2015. b) Fecha de formalización del contrato: 11/08/2015. c) Contratista: Indra Sistemas, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 117.000,00 euros. Importe total: 141.570,00 euros. Madrid, 2 de septiembre de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez. Secretario General.

Contrato a Indra por la prestación de Servicios de análisis, desarrollo e implantación de una solución software para permitir el uso del DNI-e como elemento de identificación de pacientes y profesionales por importe total de 141.570,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 109/15-SV. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en la prestación de Servicios de análisis, desarrollo e implantación de una solución software para permitir el uso del DNI-e como elemento de identificación de pacientes y profesionales en los sistemas de información del ámbito asistencial del Servicio Andaluz de Salud. Las actuaciones que Red.es gestionará, en virtud de los mencionados convenios, son cofinanciables a través del Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento FEDER 2007-2015, Eje 1 - Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC), tema prioritario 13. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y Plataforma de Contratación del Sector Público. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/06/2015. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Simplificado. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 156.000,00 euros. Importe total: 188.760,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30/07/2015. b) Fecha de formalización del contrato: 11/08/2015. c) Contratista: Indra Sistemas, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 117.000,00 euros. Importe total: 141.570,00 euros. Madrid, 2 de septiembre de 2015.- D. José Miguel Bueno Sánchez. Secretario General. ### RESUMEN: Contrato a Indra por la prestación de Servicios de análisis, desarrollo e implantación de una solución software para permitir el uso del DNI-e como elemento de identificación de pacientes y profesionales por importe total de 141.570,00 euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, ha comunicado a este Ministerio la interposición, por parte de la Real Federación Española de Fútbol del recurso contencioso-administrativo número 52/2016, contra la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas (BOE de 21 de diciembre de 2015) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a emplazar a los posibles interesados para que en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución, puedan comparecer, si a su derecho conviene, ante el referido órgano judicial. Madrid, 15 de febrero de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Federación Española Fútbol recurre la orden ECD/2764/2015, que regula sus elecciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional, ha comunicado a este Ministerio la interposición, por parte de la Real Federación Española de Fútbol del recurso contencioso-administrativo número 52/2016, contra la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas (BOE de 21 de diciembre de 2015) y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a emplazar a los posibles interesados para que en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución, puedan comparecer, si a su derecho conviene, ante el referido órgano judicial. Madrid, 15 de febrero de 2016.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Federación Española Fútbol recurre la orden ECD/2764/2015, que regula sus elecciones.

El Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine establece las «medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual». Dentro de su Sección III, relativa a las ayudas a la producción, el artículo 26 regula las ayudas a la amortización de largometrajes, disponiendo que el fomento de la producción de largometrajes se podrá completar mediante la concesión de ayudas a empresas productoras para la amortización del coste de producción de las películas, teniendo en cuenta criterios objetivos de carácter automático. Asimismo, dispone que las ayudas a la amortización adoptarán dos modalidades compatibles entre sí: la ayuda general y la ayuda complementaria. Por su parte, la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, modificada por la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, establece las normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, regula el régimen jurídico aplicable a las ayudas para la amortización de largometrajes en el Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, artículos 56 a 61. La Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus Organismos Públicos. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011. La concesión de las mismas se realizará conforme a lo previsto en el Anexo A de la presente resolución. La presente resolución se ampara en el artículo 149.2 de la Constitución Española. La gestión centralizada de estas subvenciones se fundamenta, como ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la responsabilidad que asume el Estado de preservar el patrimonio cultural común, en la necesidad de garantizar iguales posibilidades de acceso, obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios con independencia de su procedencia geográfica y en la necesidad de asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector. En efecto, teniendo en cuenta el carácter de las medidas que se contemplan, resulta imprescindible establecer un sistema estatal de ayudas que compense la desigual implantación en el territorio de los agentes del sector, sin que ello impida el establecimiento de diferentes medidas de fomento por parte de las Comunidades Autónomas, dentro de su respectivo ámbito competencial. En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una estrecha colaboración entre los distintos entes territoriales. Las conclusiones y recomendaciones fruto de las actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la presente convocatoria de ayudas, manteniéndose además el nivel de participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de valoración y concesión de las mismas. Por otra parte, el presente régimen de ayudas ha sido autorizado por la Comisión Europea, en aplicación del artículo 107.3 d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su normativa de desarrollo. En su virtud, recibido informe favorable el Servicio Jurídico del Departamento, de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado y oídas las Comunidades Autónomas, este Instituto ha resuelto convocar las ayudas para la amortización de largometrajes en el ejercicio presupuestario 2013, de acuerdo con las siguientes condiciones: Primero. Objeto y régimen jurídico de las ayudas. 1. Objeto. Se convocan para el año 2013 las ayudas para la amortización de largometrajes, en sus modalidades general y complementaria, mediante régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo. La presente convocatoria se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2011 y el 30 septiembre de 2011, ambas fechas incluidas. 2. Régimen jurídico de las ayudas. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se realiza, de conformidad con lo previsto en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, ayudas para la amortización de largometrajes, artículos 56 a 61. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, además de por lo previsto por la misma, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley y por la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos. Segundo. Dotación e imputación presupuestaria. 1. La presente resolución cumple con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Para atender todas la solicitudes que puedan realizarse al amparo de la presente convocatoria de ayudas se estima necesaria la cantidad de 26.000.000 euros, que se imputarán al crédito disponible en la aplicación 18.103.470, «Fondo de Protección a la Cinematografía», del programa 335C, «Cinematografía», del presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el año 2013. 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, cuando las disponibilidades presupuestarias así lo requieran, se procederá a prorratear entre los beneficiarios las cantidades que deberían corresponderles en aplicación de los criterios previstos en la normativa aplicable. 4. En los términos previstos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se prevé la posibilidad de fijar una cuantía adicional a la concesión de esta línea de subvenciones a la amortización de largometrajes que no requerirá una nueva convocatoria. Tercero. Beneficiarios. Podrán percibir las ayudas objeto de la presente convocatoria las empresas productoras que, cumpliendo los requisitos establecidos en la misma, así como en el artículo 13 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, se encuentren inscritas previamente como tales en la Sección Primera del Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo máximo de presentación de solicitudes, conforme a los modelos previstos en los Anexos A.I y A.II de la presente resolución, será desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado hasta el 17 de abril de 2013, incluido. Quinto. Instrucción. Será órgano competente para la instrucción del procedimiento para la concesión de ambas modalidades de ayudas la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Sexto. Resolución. 1. En la resolución de concesión de las ayudas se prescindirá del trámite de audiencia por no ser tenidos en cuenta para dicha concesión otros hechos y documentos que los presentados por los solicitantes. 2. La citada resolución será hecha pública en el tablón de anuncios de la sede de la Secretaría de Estado de Cultura, Plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, y en el «Boletín Oficial del Estado» y comunicada a los beneficiarios. 3. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación. Con carácter previo a dicha impugnación, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo interponerse dicho recurso, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la misma, a través de la oficina virtual-Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura (www.mcu.es/registro), siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez. Séptimo. Pago de la ayuda. El pago se hará efectivo a partir de la resolución de concesión, previa presentación u obtención directa de los documentos acreditativos de encontrarse el beneficiario de la ayuda al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, expedidos por los organismos competentes. Dichos certificados pueden obtenerse de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, en caso de no autorizar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a su obtención de forma directa. Octavo. Obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, así como por la Intervención General de la Administración del Estado. Noveno. Reintegro de la ayuda por incumplimientos. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al procedimiento establecido en la misma y en el Título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. En el supuesto de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de la obtención de la ayuda, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. En caso de imposición de sanciones por incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de la obtención de la ayuda, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollado en el Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Décimo. Recursos. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación. Con carácter previo a dicha impugnación, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo interponerse dicho recurso, además de en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la misma, a través de la oficina virtual-Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura (www.mcu.es/registro), siempre que se posea un certificado de firma electrónica con plena validez. Undécimo. Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 14 de marzo de 2013.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Susana de la Sierra Morón. ANEXO A Primero. Importe máximo de las ayudas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Orden CUL/2834/2009, (según la redacción dada por Orden/CUL/1767/2010, de 30 de junio), el importe máximo de las ayudas para un mismo título de largometraje, siempre que la ayuda no supere el 50 por 100 del coste de la película ni el 75 por 100 de la inversión del productor, será: a. Importe de la ayuda a la amortización general: 400.000 euros. b. Importe de la ayuda a la amortización complementaria: 1.200.000 euros. c. Acumulado de ambas ayudas: 1.500.000 euros. Las películas cuyo rodaje se hubiera iniciado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 podrán optar a un importe máximo en la ayuda general a la amortización de largometrajes de 800.000 euros, y a un máximo de 2.000.000 de euros en la suma de las ayudas general y complementaria. Cuando una empresa productora, o un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, presenten diversas solicitudes de ayudas para la amortización en una misma convocatoria, la cuantía a percibir tendrá como límite, además de los importes máximos anteriores, el 15 % de la cantidad destinada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en dicho ejercicio presupuestario a la concesión de estas ayudas cuando se trate de empresas de producción independiente, y el 10 % en los demás supuestos. Se considerará participación mayoritaria en el accionariado la que supere el 50 % del capital social. Segundo. Cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición. Lo relativo al cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición se encuentra regulado en el artículo 57 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre y, en particular, los procedimientos para realizar el cómputo de los espectadores que sirva de módulo a efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes y los periodos aplicables para el cómputo, en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición. 1. Cómputo de espectadores. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Orden CUL/2834/2009, para el cómputo de los espectadores en salas de exhibición, que sirva de módulo a los efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes, se atenderá a los datos que obtenga el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de los informes de exhibición de películas previstos en el Capítulo V del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. En el caso de que las películas beneficiarias se proyecten en programas dobles, las ayudas se calcularán sobre el 50 % del número de espectadores de esos programas. Asimismo, conforme al artículo 57.2 de la misma Orden, también se computarán como espectadores: a. Cada uno de los accesos remunerados al visionado de una película a través de una página de Internet o de otros sistemas de acceso a películas basados en la demanda del espectador. De acuerdo con o previsto en el artículo 13 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, se establece un coeficiente del 200%, en virtud del cual cada acceso remunerado se considerará equivalente a dos espectadores a los efectos de su acumulación al número de espectadores en salas de exhibición. b. Cada una de las operaciones de venta y de los arrendamientos remunerados a precio de mercado de un soporte físico que contenga la película. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, se establece un coeficiente del 200%, en virtud del cual, cada operación de venta o arrendamiento se considerará equivalente a dos espectadores a los efectos de su acumulación al número de espectadores en salas de exhibición. c. Los accesos individuales mediante pago a proyecciones cinematográficas que se desarrollen en el marco de festivales y certámenes celebrados en España. 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 57 de la Orden CUL/2834/2009, en el Anexo A-III de la presente convocatoria se relacionan las páginas web, empresas, establecimientos, festivales y certámenes que han cumplido con los requisitos de homologación para emitir certificados de cómputo de espectadores de acuerdo con lo previsto en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición. 2. Precio medio de la entrada. A los efectos de lo previsto en el artículo 57.4 de la Orden CUL/2834/2009, el precio medio de la entrada para el cálculo de la ayuda a la amortización, obtenido a partir de los informes de exhibición de películas referidos al año anterior a la convocatoria, será de 6,51 euros. 3. Período de exhibición. 1. A efectos de realizar los cómputos temporales señalados para el cálculo de las ayudas a la amortización de largometrajes, se considerará estreno comercial en España de una película la primera sesión cinematográfica que genere ingresos de taquilla con posterioridad a la fecha de calificación y a la expedición del certificado de distribución, conforme a lo previsto en el artículo 57.5 de la Orden CUL/2834/2009. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, el período de cómputo a los efectos del cálculo de la ayuda a la amortización de largometrajes será de 12 meses desde la fecha del estreno comercial en España. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57.7 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, el período de de doce meses para el cómputo de espectadores en las ayudas a la amortización de largometrajes, general y complementaria, se ampliarán a dieciocho meses en el supuesto de que a la película le correspondan 5 o más puntos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.4.a) para la ayuda complementaria en materia de premios, honores y distinciones, y/o en el supuesto de que a la película le hubiera correspondido obtener dicha puntuación mínima aunque no haya optado a la ayuda complementaria. El cómputo de espectadores de una película en festivales y certámenes celebrados con anterioridad al estreno comercial de la misma en España se añadirá, en su caso, al cómputo de espectadores en salas de exhibición que correspondan dentro del plazo de explotación comercial indicado en el párrafo anterior. En todo caso, la fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha de estreno comercial de la película. El cómputo de los accesos remunerados al visionado de una película a través de Internet y de otras redes de comunicaciones electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador, se iniciará a partir de la fecha en que las empresas que presten tales servicios pongan la película a disposición del público y cuenten con los correspondientes derechos de explotación y distribución en el formato de que se trate. La fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha del estreno comercial de la película. El cómputo de operaciones de venta y de arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de películas se iniciará a partir de los 3 meses desde la fecha del estreno comercial en España, o de 1 mes si en este periodo el número de espectadores en las salas de exhibición no ha alcanzado los 10.000. La fecha límite de certificación será de doce o dieciocho meses desde la fecha del estreno comercial de la película. Los plazos de 12 y 18 meses a que se refiere el presente artículo se computarán desde el propio día del estreno comercial de la película hasta el día inmediatamente anterior del mismo mes del año siguiente. Tercero. Requisitos generales para solicitar las ayudas a la amortización en sus dos modalidades. 1. Tanto en la ayuda general como en la complementaria, las películas concurrentes deberán tener reconocido su coste por resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por lo que la solicitud de reconocimiento del mismo deberá haber sido presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación del certificado de nacionalidad española de la película, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. 2. En las solicitudes de ambas ayudas deberá figurar el sello oficial de presentación con indicación de la fecha. En todo caso se hará constar expresamente el domicilio que se señale a efectos de notificación. 3. La presentación de solicitudes para ambas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente convocatoria. Cuarto. Ayuda general para la amortización. 1. Cálculo de la ayuda. 1. La ayuda general estará condicionada a la liquidación que resulte en función del número de espectadores, que se obtendrá multiplicando el 15 % del número de espectadores de la película durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España, por el precio medio de la entrada en el año anterior a la convocatoria, calculado, todo ello, según se detalla en el artículo 56 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. Cuando el número de espectadores supere los 35.000, a la cantidad obtenida se le aplicará de forma lineal y continua un coeficiente equivalente a 0,035 por cada 35.000 espectadores en aplicación de la fórmula siguiente: Coeficiente = [(n.º espectadores – 35.000 / 1.000.000] + 1 2. Lo relativo al cómputo de espectadores, precio medio de la entrada y período de exhibición se realizará conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del presente anexo. 2. Condiciones de acceso. Para acceder a la ayuda general para la amortización de largometrajes es necesario cumplir, además de los requisitos generales para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre y los particulares establecidos para las ayudas a la producción en el artículo 22.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 58 de la citada Orden/CUL/2834/2009 (en la redacción dada por Orden 1767/2010, de 30 de junio: a. Que la película objeto de la ayuda tenga la nacionalidad española y haya sido calificada por grupos de edad. b. Que la película haya obtenido el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural del contenido de la misma, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España, en los términos previstos en el artículo 58 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 octubre y en la Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización. c. Que haya sido estrenada comercialmente en salas de exhibición en los plazos que marque la presente convocatoria. d. Que tenga reconocido el coste y la inversión del productor, en el plazo de seis meses a partir de la notificación del certificado de nacionalidad española, previsto en el artículo 6.2 de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. e. Que se haya entregado una copia de la película objeto de ayuda en los términos establecidos en el artículo 17.2. de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. f. Si el solicitante es una empresa productora no independiente, que haya coproducido con productores independientes la totalidad de los largometrajes realizados en los dos años anteriores al cierre de la correspondiente convocatoria. La participación de una o varias empresas productoras no independientes en cada título coproducido no podrá exceder el 60 por ciento del coste reconocido de cada título. 3. Solicitudes y documentación. 1. La solicitud y el formulario que forma parte integrante de la misma se presentarán a través del Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que lo rigen (http://www.mcu.es/registro/). En caso de no utilizar el mencionado sistema de presentación la solicitud y el formulario, en el modelo oficial que se publica como Anexo A-I de esta resolución, podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En las solicitudes que no se presenten a través del Registro electrónico deberá figurar el sello oficial de presentación con indicación de la fecha en la propia instancia. La presentación de solicitudes para estas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente resolución. A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización del solicitante para que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales obtenga de forma directa la acreditación de que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, en su caso, a través de certificados telemáticos. No obstante el solicitante puede denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos contemplados en el punto noveno de la presente resolución. 2. En las solicitudes deberá constar la información siguiente, acompañada en su caso de la documentación que corresponda: a. Certificado del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales acreditativo del número de espectadores en el periodo computable. b. Certificado de cómputo de espectadores emitido por festival o certamen homologado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. c. Certificado de cómputo de accesos remunerados a una película a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador emitido por empresa prestadora de servicio de comunicación audiovisual homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. d. Certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos de soportes físicos emitido por parte de empresa prestadora de los servicios de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de de películas homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. e. Acreditación, en su caso, de los premios, honores o distinciones obtenidas por la película de acuerdo con el Anexo A-IV de la presente convocatoria. f. Declaración responsable, en su caso, de la existencia de una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, según la clasificación de los mismos establecida en el convenio colectivo aplicable, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. g. Autorización al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el uso de la película en sus actividades de promoción en el exterior según lo establecido en el artículo 17.2.b. de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. h. Declaración responsable relativa al compromiso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde su calificación. i. Declaración responsable de no haber comercializado la película en soporte videográfico, con anterioridad al transcurso de tres meses desde su estreno comercial en salas de exhibición. Quedarán exonerados de esta obligación, una vez transcurrido el primer mes, cuando las películas hayan contado con menos de 10.000 espectadores en salas de exhibición durante dicho periodo. j. Declaración responsable sobre su condición o no de empresa productora independiente de acuerdo con la definición del artículo 4.n de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. En el caso de productoras no independientes, debe adjuntarse acreditación de las coproducciones realizadas con independientes en los dos años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. k. Declaración responsable sobre si la empresa productora forma parte o no de un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, al que hace referencia el artículo 26.7 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. l. Declaración responsable de que los datos relativos a la personalidad jurídica y representación con la que actúe el solicitante no han sufrido modificación respecto de los ya existentes en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos extremos. m. Certificación administrativa positiva, a efectos de subvenciones, de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes, en el caso de que el solicitante deniegue expresamente el consentimiento al órgano concedente para que éste obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones. En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y al pago de la ayuda. n. Declaración responsable de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al procedimiento (artículo 71 bis punto 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). o. En el caso de no tener su residencia fiscal en territorio español, certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. p. Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. q. Declaración responsable de que no ha sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. (Art. 15.1.g) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). r. Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable a las relaciones con el personal creativo y técnico (Art. 15.1.h de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). s. Declaración en documento público de estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas de la película para la que se solicita la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre y en el artículo 22.2.b del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. Las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas del sector podrán solicitar por escrito del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales información sobre la existencia de esta declaración y, en su caso, comunicar al mismo cuanto estimen relevante respecto de su contenido en relación con uno de sus asociados, de lo que se informará al solicitante. t. Comunicación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca. El exceso de subvenciones recibidas respecto al coste de la actividad subvencionada dará lugar al reintegro de dicho exceso por parte del beneficiario, junto con los intereses de demora. Asimismo, a efectos informativos, deberá comunicarse cualesquiera otras ayudas públicas con independencia de su origen (Art. 17.1.d de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). u. Declaración de que colaborará con el Gobierno de España/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ICAA en la realización de la actividad objeto de la ayuda, mediante la inserción de la siguiente frase: Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, seguida del logotipo facilitado por el Instituto. v. Declaración de haber entregado una copia nueva y en perfecto estado de la película objeto de ayuda a la Filmoteca Española o, en su caso, y a elección de la empresa productora, a la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 17.2 a) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. 3. La documentación que deba adjuntarse a la solicitud, o que sea requerida en su momento para la tramitación de un expediente, se presentará en original o mediante fotocopia compulsada y en español. Cuando la documentación original esté redactada en lengua distinta del español deberá aportarse además la traducción del documento de que se trate. 4. Resolución y pago de las ayudas. 1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión de ayudas será de tres meses desde el día siguiente a la fecha límite para la presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria. 2. Las ayudas se harán efectivas mediante un único pago tras la notificación de la resolución de concesión. Quinto. Ayuda complementaria para la amortización de largometrajes. De acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 de la Orden CUL/2834/2009, las empresas productoras que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 58 podrán acceder, dentro de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, a la ayuda para la amortización de largometrajes, en su modalidad de ayuda complementaria, prevista en el artículo 20.1.b del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, siempre que se trate de largometrajes cuyo coste reconocido sea, como mínimo, de 600.000 euros y no hubieran obtenido la ayuda a la que se refiere el artículo 38 de esta Orden para la producción de dicho largometraje sobre proyecto. 1. Cálculo de la ayuda. De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.4 de la Orden/CUL/2834/2009, la ayuda complementaria consistirá en una cantidad calculada en función de un sistema de puntuación de acuerdo con los parámetros siguientes: a. Entre 1 y 5 puntos, y hasta un máximo de 15, por la participación mediante invitación en la sección oficial de festivales de reconocido prestigio internacional, o en otras de las que pueda derivarse la obtención de un premio o distinción, así como por cualesquiera otros honores recibidos por la película, antes o después de su estreno, según la relación de honores, premios y festivales así como de sus categorías y secciones respectivas que se determinan en el Anexo A-IV de esta convocatoria. b. 3 puntos si se trata de un documental. c. 4 puntos si la película fue calificada para su exhibición como «Especialmente recomendada para la infancia». d. 2 puntos si se trata de una película de animación. e. 4 puntos cuando la inversión mayoritaria en la película corresponda a empresas productoras de carácter independiente en el momento de la calificación. f. 2 puntos cuando se trate del primer o del segundo largometraje del realizador. A estos efectos se considerarán como largometrajes ya realizados aquellos que hayan sido calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica. g. 2 puntos en caso de coproducciones con empresas extranjeras. h. 4 puntos cuando la película haya sido realizada mediante tecnología digital destinada a la proyección en 3 dimensiones y exhibida, total o parcialmente, con esta misma tecnología. i. 2 puntos si ha existido una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, según la clasificación de los mismos establecida en el convenio colectivo aplicable. A estos efectos se entenderá por composición equilibrada lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. j. 1,5 puntos, y hasta un máximo de 120, por cada 45.000 euros de la inversión del productor, para cuyo cálculo se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 26.2, siempre que la película se encuentre en uno de los supuestos que a continuación se señalan: 1. Con carácter general: cuando el coste reconocido de la película sea igual o superior a 2.000.000 euros y la película haya contado con, al menos, 60.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 2. Con aplicación a las coproducciones con empresas extranjeras: cuando la inversión del productor sea igual o superior a 1.500.000 euros y la película haya contado con, al menos, 60.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 3. Con aplicación a películas que constituyan el primer o el segundo largometraje del director o, en su caso, de ambos codirectores: cuando el coste reconocido de la película, sea igual o superior a 2.000.000 euros y la película haya contado con, al menos, 30.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España. 4. Con aplicación a películas cuya versión original sea en una lengua oficial española distinta del castellano: cuando el coste reconocido de la película sea igual o superior a 1.500.000 euros y la película haya contado con, al menos, 30.000 espectadores durante los doce primeros meses de exhibición desde su estreno comercial en España, de los que como mínimo 5.000 hayan sido espectadores en la versión original. k. 2 puntos si la directora es una mujer. Cada uno de los puntos tendrá un valor equivalente a 10.000 euros, por lo que la cuantía de la ayuda complementaria se obtendrá multiplicando dicha cantidad por el número total de puntos obtenido. 2. Condiciones de acceso. 1. Sólo podrán acceder a la ayuda complementaria las películas que teniendo un coste reconocido de, como mínimo, 600.000 euros, hayan alcanzado el umbral de 6 puntos, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 56 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. 2. Asimismo, para acceder a la ayuda complementaria para la amortización de largometrajes es necesario cumplir, además de los requisitos generales para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 13 de esta Orden y los particulares establecidos para las ayudas a la producción en el artículo 22.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, los siguientes: a. Que la película objeto de la ayuda tenga la nacionalidad española y haya sido calificada por grupos de edad. b. Que la película haya obtenido el correspondiente certificado que acredite el carácter cultural del contenido de la misma, su vinculación con la realidad cultural española o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las obras cinematográficas que se exhiben en España, en los términos previstos en el artículo 58 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 octubre, modificada por la Orden CUL/1767/2010, de 30 de junio, y en la Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización. c. Que haya sido estrenada comercialmente en salas de exhibición en los plazos que marque la presente convocatoria. d. Que tenga reconocido el coste y la inversión del productor en el plazo de seis meses a partir de la notificación del certificado de nacionalidad española, previsto en el artículo 6.2 de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. e. Que se haya entregado una copia de la película objeto de ayuda en los términos establecidos en el artículo 17.2. de la Orden CUL/2384/2009 de 19 de octubre. f. Si el solicitante es una empresa productora no independiente, que haya coproducido con productores independientes la totalidad de los largometrajes realizados en los dos años anteriores al cierre de la correspondiente convocatoria. La participación de una o varias empresas productoras no independientes en cada título coproducido no podrá exceder el 60 por ciento del coste reconocido de cada título. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39.3 de la Orden CUL/2834/2009, los beneficiarios de la ayuda para la producción de largometrajes sobre proyecto, establecida en los artículos 38 y siguientes de la citada Orden, no podrán acceder a la ayuda complementaria a la amortización de largometrajes. 4. Conforme a lo previsto en el artículo 34.3 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Cine, para que una empresa productora española con participación minoritaria en un largometraje realizado en régimen de coproducción internacional pueda participar en la convocatoria de ayuda complementaria a la amortización, será necesario que dentro de los tres años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria haya participado de forma mayoritaria en la realización de dos largometrajes en régimen de coproducción en los que la participación española sea, como mínimo, igualitaria o haya participado de forma mayoritaria en la realización de una película de largometraje totalmente española. En todo caso, se entenderá por película realizada la que hubiera obtenido resolución de calificación y certificado de nacionalidad española en dicho período. 5. En las coproducciones financieras por parte española las empresas productoras no podrán optar a la ayuda complementaria, según establece el artículo 34.4 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Cine. 3. Solicitudes y documentación. 1. La solicitud y el formulario que forma parte integrante de la misma se presentarán a través del Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura, conforme a los requisitos que lo rigen (http://www.mcu.es/registro/). En caso de no utilizar el mencionado sistema de presentación la solicitud y el formulario, en el modelo oficial que se publica como Anexo A-II de esta resolución, podrán presentarse en el Registro General de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, n.º 1, 28071 Madrid, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En las solicitudes que no se presenten a través del Registro electrónico deberá figurar el sello oficial de presentación con indicación de la fecha en la propia instancia. La presentación de solicitudes para estas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente resolución. A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización del solicitante para que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales obtenga de forma directa la acreditación de que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, en su caso, a través de certificados telemáticos. No obstante el solicitante puede denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos contemplados en el punto noveno de la presente resolución. 2. En las solicitudes deberá constar la información siguiente, acompañada en su caso de la documentación que corresponda: a. Certificado del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales acreditativo del número de espectadores en el periodo computable. b. Certificado de cómputo de espectadores emitido por festival o certamen homologado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. c. Certificado de cómputo de accesos remunerados a una película a través de Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador emitido por empresa prestadora de servicio de comunicación audiovisual homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. d. Certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos de soportes físicos emitido por parte de empresa prestadora de los servicios de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de de películas homologada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a estos efectos. e. Certificado emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma acreditativo de la recaudación obtenida en versión original en el caso de películas rodadas en lengua oficial distinta del castellano. f. Acreditación, en su caso, de los premios, honores o distinciones obtenidas por la película relacionados en el anexo A-IV de esta resolución. g. Acreditación, en su caso, de la exhibición de la película mediante tecnología digital en 3 dimensiones. h. Declaración responsable, en su caso, de la existencia de una composición equilibrada de mujeres y hombres entre los responsables de cada uno de los equipos técnicos, según la clasificación de los mismos establecida en el convenio colectivo aplicable, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. i. Declaración responsable, en su caso, de que se trata del primer o segundo largometraje del director o de los codirectores. j. Autorización al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para el uso de la película en sus actividades de promoción en el exterior según lo establecido en el artículo 17.2.b. de la Orden CUL/2384/2009 de 19 de octubre. k. Declaración responsable relativa al compromiso de mantener en su propiedad la titularidad de los derechos de la película durante el plazo de tres años desde su calificación. l. Declaración responsable de no haber comercializado la película en soporte videográfico, con anterioridad al transcurso de tres meses desde su estreno comercial en salas de exhibición. Quedarán exonerados de esta obligación, una vez transcurrido el primer mes, cuando las películas hayan contado con menos de 10.000 espectadores en salas de exhibición durante dicho periodo. m. Declaración responsable sobre su condición o no de empresa productora independiente de acuerdo con la definición del artículo 4.n de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. En el caso de productoras no independientes, debe adjuntarse acreditación de las coproducciones realizadas con independientes en los dos años anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria. n. Declaración responsable sobre si la empresa productora forma parte o no de un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado, al que hace referencia el artículo 26.7 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre. o. Declaración responsable de que los datos relativos a la personalidad jurídica y representación con la que actúe el solicitante no han sufrido modificación respecto de los ya existentes en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos extremos. p. Certificación administrativa positiva, a efectos de subvenciones, de estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social expedida por los órganos competentes, en el caso de que el solicitante deniegue expresamente el consentimiento al órgano concedente para que éste obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones. En el caso de haber caducado la validez de dichas certificaciones, deberán renovarse con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución y al pago de la ayuda. q. Declaración responsable de estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente al procedimiento (artículo 71 bis punto 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). r. En el caso de no tener su residencia fiscal en territorio español, certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia. s. Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los demás supuestos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. t. Declaración responsable de no haber sido sancionado con la pérdida de obtener subvenciones por incumplimiento de la normativa que resulte de aplicación en materia de igualdad entre mujeres y hombres (Artículo 15.1.g) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). u. Declaración responsable relativa al cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable a las relaciones con el personal creativo y técnico (Artículo 15.1.h) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). v. Declaración en documento público de estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas de la película para la que se solicita la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre y en el artículo 22.2.b) del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. Las organizaciones sindicales y las asociaciones representativas del sector podrán solicitar por escrito del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales información sobre la existencia de esta declaración y, en su caso, comunicar al mismo cuanto estimen relevante respecto de su contenido en relación con uno de sus asociados, de lo que se informará al solicitante. w. Comunicación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la obtención de otras subvenciones o ayudas públicas, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca. El exceso de subvenciones recibidas respecto al coste de la actividad subvencionada dará lugar al reintegro de dicho exceso por parte del beneficiario, junto con los intereses de demora. Asimismo, a efectos informativos, deberá comunicarse cualesquiera otras ayudas públicas con independencia de su origen (Artículo 17.1.d) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre). x. Declaración de que colaborará con el Gobierno de España/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ICAA en la realización de la actividad objeto de la ayuda, mediante la inserción de la siguiente frase: «Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales», seguida del logotipo facilitado por el Instituto. y. Declaración de haber entregado una copia nueva y en perfecto estado de la película objeto de ayuda a la Filmoteca Española o, en su caso, y a elección de la empresa productora, a la filmoteca oficialmente reconocida por la respectiva Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 17.2 a) de la Orden CUL/2384/2009, de 19 de octubre. 3. La documentación que deba adjuntarse a la solicitud, o que sea requerida en su momento para la tramitación de un expediente, se presentará en original o mediante fotocopia compulsada y en español. Cuando la documentación original esté redactada en lengua distinta del español deberá aportarse además la traducción del documento de que se trate. 4. Resolución y pago de las ayudas. 1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión de las ayudas será de tres meses desde el día siguiente a la fecha límite para la presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria. 2. Las ayudas se harán efectivas mediante un único pago tras la notificación de la resolución de concesión. ANEXO A-III Páginas web, empresas, establecimientos, festivales y certámenes que han cumplido con los requisitos de homologación para emitir certificados de cómputo de espectadores de acuerdo con lo previsto en la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de exhibición 1. Empresas prestadoras de servicio de comunicación audiovisual Internet y otras redes de comunicación electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador. – Entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDA). – Comunidad Filmin, S.L. – Conecta 5 Telecinco. – Benece Produccions. – Cableuropa S.A.U. 2. Festivales y certámenes cinematográficos dedicados a la proyección de largometrajes que se celebran en España. – Festival Internacional de Cine de San Sebastián. – Festival de Málaga-Cine Español. – L’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona. 3. Empresas que realicen operaciones de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precio de mercado de soportes físicos de películas. – GFK. Retail and Technology España, S.A. ANEXO A-IV Festivales, premios o distinciones y honores a los que se refiere el artículo 56.4 a) de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre Festivales Internacionales Festivales País Secciones Participación Premio Total Puntos Internationale Filmfestspiele Berlin. Berlinale. Alemania Competition. 3 2 5 Panorama. 2 1 3 Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Argentina Competencias. 0 1 1 Festival des Films du Monde. Canada World Competition; First Films World Competition; Documentaries of the World. 1 1 2 Toronto International Film Festival (tiff.). Canada Gala presentations; Tiff Docs; Contemporary World Cinema. 3 0 3 Shanghai International Film Festival. China Competition. 1 1 2 Sundance Film Festival. EEUU World Cinema Documentary Competition, World Cinema Dramatic Competition. 1 2 3 Tribeca Film Festival. EEUU World Narrative Competition, World Documentary Competition. 1 1 2 New York Film Festival. EEUU Main Slate. 0 1 1 The Cairo International Film Festival. Egipto International Competition for Feature Films. 0 1 1 Festival de Cannes. Francia Compétition. 3 2 5 Un Certain Regard; Semaine Internationale de la Critique; Quinzaine des Réalisateurs. 2 1 3 La Biennale di Venezia / Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Italia Selezione Ufficiale a Concorso. 3 2 5 Settimana Internazionale della Critica; Giornate degli Autori. 2 1 3 Festival international du film d’animation d’Annecy. Francia Sélection officielle. 1 1 2 Festival International Del Film Di Roma. Italia Selezione Ufficiale: Concorso. 1 1 2 Tokyo International Film Festival (TIFF). Japón Competition; World Cinema. 1 1 2 International Film Festival Rotterdam. Países Bajos Hivos Tiger Awards Competition. 1 1 2 International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Países Bajos Feature-Length Documentary; Mid-Length Documentary; First Appearance. 1 1 2 London Film Festival (BFI). Reino Unido Official Competition; First Feature Competition; Documentary Competition. 1 1 2 Karlovy Vary International Film Festival. República Checa Official Selection – Competition of Feature Films; Documentary Films in Competition. 1 2 3 Moscow International Film Festival. Rusia Competition; Documentary Competition. 1 1 2 Festival del film Locarno. Suiza Piazza Grande; Concorso Internazionale. 1 2 3 Warsaw Film Festival. Varsovia International Competition; Documentary Competition. 1 1 2 International Film Festival of India. Goa Sección Oficial a Concurso. 1 1 2 Festivales Nacionales Festivales Localidad Secciones Participación Premio Total Puntos Festival Internacional de Cine de Gijón. Asturias Sección Oficial. 1 1 2 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Sitges, Barcelona Oficial Fantàstic. 1 2 3 Festival Internacional de Cine de San Sebastián / Donostia Zinemaldia. Guipúzcoa Sección Oficial; Nuev@s Director@s; Zabaltegi. 3 2 5 Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva. Huelva Sección Oficial a Concurso: Largometrajes. 1 1 2 Festival de Cine Español de Málaga. Málaga Sección Oficial. 1 2 3 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Valladolid Sección Oficial. 1 2 3 Festival de Cine Europeo de Sevilla. Sevilla Sección Oficial. 1 1 2 Premios y Honores Festivales País Premio Nominada Premio Total Puntos Premios Oscar (Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood)/ The Oscars (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) EEUU «Mejor Película; Mejor Película de habla no inglesa; Mejor Documental; Mejor Película de Animación» 3 2 5 Premios Globos de Oro (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) / Golden Globe Awards (The Hollywood Foreign Press Association) EEUU Mejor Película (Drama/Comedia o Musical); Mejor Película de habla no inglesa; Mejor Película de Animación 1 2 3 Premios de Cine Europeo EFA (Academia de Cine Europeo) / European Film Awards EFA (European Film Academy) Europa Mejor Película Europea; Mejor Película Documental Europea; Mejor Película Europea de Animación 1 2 3 Premios Goya (Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España) España Mejor Película; Mejor Documental; Mejor Película de Animación 3 2 5

Ayudas a la amortización de largometrajes: 26 millones de euros.

El Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine establece las «medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual». Dentro de su Sección III, relativa a las ayudas a la producción, el artículo 26 regula las ayudas a la amortización de largometrajes, disponiendo que el fomento de la producción de largometrajes se podrá completar mediante la concesión de ayudas a empresas productoras para la amortización del coste de producción de las películas, teniendo en cuenta criterios objetivos de carácter automático. Asimismo, dispone que las ayudas a la amortización adoptarán dos modalidades compatibles entre sí: la ayuda general y la ayuda complementaria. Por su parte, la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, modificada por la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, establece las normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, regula el régimen jurídico aplicable a las ayudas para la amortización de largometrajes en el Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, artículos 56 a 61. La Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre), establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus Organismos Públicos. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2011. La concesión de las mismas se realizará conforme a lo previsto en el Anexo A de la presente resolución. La presente resolución se ampara en el artículo 149.2 de la Constitución Española. La gestión centralizada de estas subvenciones se fundamenta, como ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la responsabilidad que asume el Estado de preservar el patrimonio cultural común, en la necesidad de garantizar iguales posibilidades de acceso, obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios con independencia de su procedencia geográfica y en la necesidad de asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector. En efecto, teniendo en cuenta el carácter de las medidas que se contemplan, resulta imprescindible establecer un sistema estatal de ayudas que compense la desigual implantación en el territorio de los agentes del sector, sin que ello impida el establecimiento de diferentes medidas de fomento por parte de las Comunidades Autónomas, dentro de su respectivo ámbito competencial. En todo caso, la caracterización constitucional de la cultura como competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas hace necesaria una estrecha colaboración entre los distintos entes territoriales. Las conclusiones y recomendaciones fruto de las actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la presente convocatoria de ayudas, manteniéndose además el nivel de participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de valoración y concesión de las mismas. Por otra parte, el presente régimen de ayudas ha sido autorizado por la Comisión Europea, en aplicación del artículo 107.3 d) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su normativa de desarrollo. En su virtud, recibido informe favorable el Servicio Jurídico del Departamento, de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado y oídas las Comunidades Autónomas, este Instituto ha resuelto convocar las ayudas para la amortización de largometrajes en el ejercicio presupuestario 2013, de acuerdo con las siguientes condiciones: Primero. Objeto y régimen jurídico de las ayudas. 1. Objeto. Se convocan para el año 2013 las ayudas para la amortización de largometrajes, en sus modalidades general y complementaria, mediante régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo. La presente convocatoria se refiere a las películas estrenadas entre el 1 de enero de 2011 y el 30 septiembre de 2011, ambas fechas incluidas. 2. Régimen jurídico de las ayudas. La presente convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes se realiza, de conformidad con lo previsto en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, Capítulo III, Sección 3.ª, Subsección 5.ª, ayudas para la amortización de largometrajes, artículos 56 a 61. Las ayudas a las que se refiere la presente resolución, además de por lo previsto por la misma, se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha ley y por la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos. Segundo. Dotación e imputación presupuestaria. 1. La presente resolución cumple con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Para atender todas la solicitudes que puedan realizarse al amparo de la presente convocatoria de ayudas se estima necesaria la cantidad de 26.000.000 euros, que se imputarán al crédito disponible en la aplicación 18.103.470, «Fondo de Protección a la Cinematografía», del programa 335C, «Cinematografía», del presup ### RESUMEN: Ayudas a la amortización de largometrajes: 26 millones de euros.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de abril de 2014 y a propuesta de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad, ha adoptado un Acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente orden. Madrid, 24 de abril de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. ANEJO Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del Servicio Postal Universal en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 Por Decisión del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2013 se ha fijado el período para la octava elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo en el periodo comprendido del 22 al 25 de mayo de 2014. De este modo, el Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo, prevé que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Resulta, por tanto, necesario, llevar a cabo todas las actuaciones precisas para su celebración. En este sentido, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, contiene, en su título III, la regulación del servicio postal universal y de las demás obligaciones de servicio público, cuyo alcance material y exigencias formales se fijan en ese título y se encomiendan a Correos y Telégrafos, S.A. Entre el conjunto de obligaciones de carácter público que dicha Ley regula, el apartado quinto del artículo 22 prevé que «El Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal otras obligaciones de servicio público, cuando así lo exijan razones de interés general o de cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil, o sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general». Señala también este artículo que «La imposición de obligaciones adicionales de servicio público deberá ser objeto de compensación». La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha ley, tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de dicho servicio, que se regirá por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios. De conformidad con lo previsto en el citado artículo, el presente Acuerdo establece cuales son las obligaciones de servicio público que se encomiendan al operador encargado de prestar el servicio postal universal para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales. Se han incluido aquellas actuaciones que han de llevarse a cabo una vez convocado el proceso y que resultan especialmente trascendentales para su desarrollo, por la urgencia y características de los envíos y servicios y por la relevancia que implica la custodia de la documentación electoral. De este modo, las obligaciones de servicio público se refieren al voto por correo de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, del personal interno en centros penitenciarios, a envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, a los envíos de propaganda electoral y a la recogida de la documentación electoral en las Mesas. Asimismo, se recogen las condiciones para la prestación de los servicios y, en concreto, las relativas a los envíos postales de propaganda electoral. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de abril de 2014, acuerda: Primero. Objeto. En virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 22 de la Ley 43/2010, se encomienda a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (en adelante Correos), en su calidad de operador designado para prestar el servicio postal universal, las obligaciones de servicio público necesarias para salvaguardar el normal desarrollo de las elecciones de diputados al Parlamento Europeo que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Dichos servicios habrán de prestarse, con carácter general, entre el día en el que se publique el Real Decreto de convocatoria y los cien días siguientes al fijado para la celebración de la votación. Segundo. Voto por correo de electores residentes en España. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo se refieren a las siguientes actuaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: a) La puesta a disposición y posterior admisión de los impresos de solicitud del voto por correo de acuerdo con lo previsto en los apartados a), b) y c) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. b) La entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. c) La entrega a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral por correo certificado y urgente de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. d) La recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado y urgente de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. e) La entrega de la documentación electoral que el elector envía a la mesa electoral correspondiente de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y la entrega a las juntas electorales competentes de la documentación recibida después de las veinte horas del día de la votación. Tercero. Voto por correo de electores residentes ausentes. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo de los electores residentes ausentes son, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, las siguientes: a) Envío del impreso de solicitud remitido por la Oficina del Censo Electoral a los españoles inscritos en el Censo de los electores residentes ausentes de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. b) Entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. c) Envío por correo certificado y urgente a los electores de la documentación electoral remitida por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral de acuerdo con lo previsto en los apartados segundo y tercero del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. d) Recogida y tramitación de los sobres recibidos en la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado octavo del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. Cuarto. Voto por correo de electores temporalmente ausentes. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo de los electores temporalmente ausentes son, de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de votación para los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero, las siguientes: a) Envío al interesado de la documentación electoral remitida por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral por correo certificado y urgente de acuerdo con lo establecido en los apartados primero y segundo del artículo 4 del Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre. b) Entrega a las mesas electorales de la documentación del voto, una vez recibida, de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto del artículo 5 del Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre. Los sobres recibidos después del día fijado para la votación se remitirán a la junta electoral correspondiente de acuerdo con lo establecido en el apartado cuarto del artículo 5 del Real Decreto 1621/2007, de 7 de diciembre. Quinto. Voto por correo del personal embarcado. Correos realizará la entrega a las mesas electorales de la documentación enviada por el elector por correo certificado y urgente desde cualquiera de los puertos en que el buque atraque de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. Sexto. Voto del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional son: a) Envío por correo certificado y urgente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa de la documentación electoral remitida por la Delegación o Subdelegación de Defensa en la Provincia correspondiente, en coordinación con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. b) Entrega a las mesas electorales correspondientes de los votos recibidos en el Ministerio de Defensa. Séptimo. Voto por correo de los internos en centros penitenciarios. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo de los internos en centros penitenciarios son: a) Entrega y admisión en los Centros penitenciarios de los impresos de solicitud de inscripción en el Censo. b) Entrega personal al elector de la documentación enviada por la Oficina del Censo Electoral. c) La recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado y urgente. d) Entrega del voto en las mesas electorales correspondientes el día de la votación.. Octavo. Otros envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral. Correos realizará la entrega de los siguientes envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral: a) Envío a los electores de las tarjetas censales. b) Envío a los Ayuntamientos de las listas electorales del censo de consulta. c) Notificación a los electores de las reclamaciones sobre rectificación del Censo. d) Notificaciones a los electores de cambios de local electoral. e) Envío de las listas del censo a los locales electorales. Noveno. Recogida de la documentación electoral en la mesa. Durante la jornada electoral, Correos deberá recoger en las mesas electorales el sobre o sobres que, conteniendo documentación electoral, habrán de ser cursados el día siguiente a la junta electoral correspondiente, en virtud de lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. Décimo. Envíos de propaganda electoral. 1. Correos realizará los envíos postales de propaganda electoral de los partidos y federaciones inscritos en el Registro correspondiente, de las coaliciones constituidas según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 44 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y de las agrupaciones de electores, en los términos previstos en el artículo 12 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril. 2. De conformidad con lo previsto en la Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 por la que se fijan las tarifas postales especiales para los envíos de impresos de propaganda electoral, la tarifa postal especial aplicable al partido, federación, coalición o agrupación será de 0,006 euros, correspondiendo el pago del resto del importe hasta alcanzar el precio del servicio postal al Ministerio del Interior. Dicha tarifa especial será de aplicación a los envíos postales de propaganda electoral que cumplan los siguientes requisitos: a) Un envío por elector de cada circunscripción electoral en que se presente la candidatura correspondiente. b) Hasta 50 gramos de peso. Fuera de estos límites, y de forma diferenciada, se podrán realizar otros envíos de propaganda electoral de acuerdo con las tarifas normalizadas. Undécimo. Devolución de los gastos de franqueo a los electores residentes ausentes y a los electores temporalmente ausentes. Correos se encargará de la devolución de los gastos de franqueo a los electores españoles residentes en el extranjero que, estando inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), emitan su voto conforme al procedimiento establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio y residan en países en los que no se realice la devolución por otros medios. Asimismo, se encargará de la devolución de los gastos de franqueo a los españoles residentes temporalmente en el extranjero. En ambos casos, la obligación de Correos se extenderá únicamente a los impresos de reintegro que se reciban en un plazo de cien días desde la fecha de celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo. Duodécimo. Condiciones específicas de la prestación del servicio. 1. Correos otorgará carácter preferente, dentro de su categoría, a la gestión y distribución de los envíos electorales respecto al resto de envíos postales. 2. Los electores depositarán sus envíos electorales en las oficinas de Correos en los horarios establecidos en cada una de ellas para la admisión. 3. Los sobres que, ajustados al modelo oficial, deban remitirse por correo certificado y urgente de conformidad con el apartado siguiente y aparezcan depositados como envíos de correspondencia ordinaria serán devueltos. En el anverso del sobre se hará constar: «Devuelto al remitente. Debe remitir este mismo sobre por correo certificado y urgente». 4. Tendrán carácter gratuito para el remitente y se remitirán obligatoriamente por correo certificado y urgente los siguientes envíos: a) Envíos por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral de los sobres conteniendo documentación electoral que remitan a los electores dentro y fuera del territorio nacional. b) Envíos por los electores de: – La solicitud del certificado de inscripción en el Censo Electoral dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que presenten en cualquier oficina de Correos de España. La solicitud se presentará en las oficinas de Correos en sobre abierto acompañado del recibo justificativo de su admisión. El empleado de Correos estampará el sello de fechas, tanto en la cabecera de la solicitud como en el resguardo justificativo de la admisión del envío certificado, para que conste con claridad el nombre de la oficina, el lugar y, sobre todo, la fecha. Cuando el remitente lo solicite, el empleado hará constar las mismas circunstancias del envío en la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento principal que aporte el interesado. Por último, el propio interesado cerrará el sobre y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz se archivará en la oficina. – El sobre modelo oficial que el elector dirija a la mesa electoral correspondiente, conteniendo el certificado de inscripción y el sobre o los sobres de votación. c) Envíos por las juntas electorales de los sobres conteniendo documentación electoral a los electores dentro del territorio nacional. 5. Las Oficinas de Correos conservarán, hasta la misma jornada electoral, cualesquiera envíos dirigidos a las mesas electorales, entregándolos a las nueve horas de dicho día a las mesas respectivas con las formalidades correspondientes, según su clase. Asimismo, seguirán dando traslado de los que puedan recibirse ese día, hasta las veinte horas del mismo. Décimotercero. Condiciones específicas para los envíos postales de propaganda electoral. 1. Los envíos postales de propaganda electoral tendrán el carácter de ordinarios, y se depositarán en las Unidades de Admisión Masiva del prestador del servicio postal universal de la provincia a la que vayan dirigidos, en los horarios habituales de las mismas. Se presentarán en remesas independientes para la capital y para la provincia, debidamente identificadas. Asimismo deberán ir acompañados de su correspondiente albarán de depósito, en que se detallará el número de envíos dirigidos a la capital y a la provincia, el nombre o sigla del partido al que correspondan y la firma del responsable a estos efectos, así como fotocopia del documento que acredite haber efectuado el pago del franqueo correspondiente. Habrán de ir clasificados por códigos postales, por poblaciones y por calles, separados en paquetes o cajas independientes para cada uno de ellos, debidamente rotulados. En el caso de que se trate de depósitos de envíos de propaganda electoral sin dirección, habrán de ir clasificados en paquetes o cajas directas en los que figure el código postal o localidad donde deban ser distribuidos. Asimismo, en el momento de la admisión se presentará el correspondiente albarán y un listado por duplicado en el que se detalle el número de envíos a distribuir en cada código postal o localidad. 2. Se presentarán de forma separada los envíos de propaganda electoral a los que se aplica la tarifa especial de propaganda electoral de los que no resulta de aplicación. 3. Los envíos postales de propaganda electoral deberán llevar en la parte superior central del anverso la inscripción «Envíos postales de propaganda electoral», o en cualquiera de las otras lenguas oficiales y podrán presentarse abiertos o cerrados, manteniendo la condición de publicidad directa. No obstante, con la finalidad de cumplir el tratamiento prioritario que deben tener deberán ser remitidos como carta, de acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. No será obligatorio consignar en su cubierta el nombre y domicilio del grupo político remitente, ni tampoco la sigla o símbolo que lo identifique. 4. Estos envíos se acondicionarán de forma que permitan ejercer al prestador del servicio postal universal la facultad de actuar conforme a lo establecido en el artículo 18 del Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre. 5. El depósito de los envíos de propaganda electoral deberá efectuarse durante el período comprendido entre el 30 de abril al 13 de mayo, ambos inclusive. Décimocuarto. Coste y financiación de las obligaciones de servicio público encomendadas. a) El coste de las obligaciones de servicio público encomendadas a Correos y contenidas en el presente Acuerdo tendrá la naturaleza de compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 22 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre. b) El coste total de los servicios postales prestados en cumplimiento del presente acuerdo se estima en 39.000.000 euros, impuestos incluidos. En todo caso, la compensación vendrá determinada por la aplicación del precio de cada una de las actividades que compongan las actuaciones de servicio público, de acuerdo con las tarifas previstas en el anexo, al número final de servicios realizados por Correos. c) La compensación se hará efectiva por el Ministerio del Interior una vez presentada y conformada la factura emitida por aquel. La factura reflejará el número de envíos efectivamente tratados y servicios realmente prestados, siempre basada en el total de albaranes, debidamente justificados, que soporten cada una de las entregas de documentación electoral. A este respecto, serán igualmente válidos los procedimientos alternativos de depósitos masivos. Asimismo, en la factura deberá detallarse los organismos que hayan realizado los envíos y, en el caso de los envíos de propaganda electoral, deberá indicarse el número de envíos que ha realizado cada partido, federación, coalición o agrupación. d) La financiación de los servicios postales necesarios con motivo de las Elecciones objeto del presente acuerdo se llevará a cabo con cargo al crédito 16.01.924M.227.05 «Procesos Electorales y Consultas populares», que tiene la consideración de crédito ampliable según se establece en el anexo II de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para 2014. ANEXO NT 08-04-2014 Tarifas por la prestación de las obligaciones de servicio publico impuestas al operador del servicio postal universal con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo 2014 (artículo 22.5 Ley 43/2010) Prestaciones Tarifas máximas 2014 – Euros Voto por correo nacional, personal embarcado, miembros de Fuerzas Armadas e internos en Centros Penitenciarios   Distribución de impresos de solicitud e instrucciones de voto por correo así como la admisión de impresos de solicitud voto por correo y entrega de las solicitudes formuladas (apartados: Segundo a y b y séptimo a) 3,1467 Entrega a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral (apartados: Segundo c y séptimo b) 3,7496 Envío por correo certificado y urgente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa de la documentación electoral remitida por la Delegación o Subdelegación de Defensa en la Provincia correspondiente, en coordinación con la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral (apartado sexto a) 3,7496 Recepción de la documentación remitida por el elector por correo certificado y entrega de la documentación electoral a la mesa electoral (apartados: Segundo d y e, quinto, sexto b y séptimo c) 3,7496 Voto por correo de electores residentes ausentes   Envío del impreso de solicitud remitido por la Oficina del Censo Electoral a los electores residentes ausentes (CERA) (apartado tercero a) 0,6515 Envío por correo certificado y urgente de la documentación electoral a los electores residentes ausentes (CERA) (apartado tercero c) 4,7247 Recogida y tramitación de los sobres recibidos en la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (apartado tercero d) 28,0633 Voto por correo de electores temporalmente ausentes   Envío a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral por correo certificado (apartado cuarto a) 4,7247 Entrega de la documentación remitida por el elector a la mesa electoral (apartado cuarto b) 3,7496 Otros envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral   Envío de tarjetas censales (apartado octavo a) 0,1629 Envío a los Ayuntamientos de listas del censo para consulta (apartado octavo b) 3,1467 Notificación de respuesta a reclamaciones sobre rectificación del Censo y envío otra documentación electoral (apartado octavo c) 1,8189 Notificación cambio de local electoral (Apartado octavo d) 0,1629 Envío a locales electorales de listas del censo (apartado octavo e) 3,7496 Otras actuaciones de servicio público   Recogida de la documentación electoral en las mesas electorales (apartado noveno) 21,5523 Devolución a los electores CERA de los gastos de franqueo (apartado décimo primero) 8,1520 Devolución a los electores ERTA de los gastos de franqueo (apartado décimo primero) 8,1520 Otras obligaciones de servicio público impuestas por el Gobierno   Envíos postales de propaganda electoral (apartado décimo) 0,1629

El Gobierno estima que pagará a Correos 39 millones de euros para el voto por correo, envío propaganda electoral y listas de votantes.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de abril de 2014 y a propuesta de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad, ha adoptado un Acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente orden. Madrid, 24 de abril de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. ANEJO Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del Servicio Postal Universal en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 Por Decisión del Consejo de la Unión Europea de 14 de junio de 2013 se ha fijado el período para la octava elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo en el periodo comprendido del 22 al 25 de mayo de 2014. De este modo, el Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo, prevé que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Resulta, por tanto, necesario, llevar a cabo todas las actuaciones precisas para su celebración. En este sentido, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, contiene, en su título III, la regulación del servicio postal universal y de las demás obligaciones de servicio público, cuyo alcance material y exigencias formales se fijan en ese título y se encomiendan a Correos y Telégrafos, S.A. Entre el conjunto de obligaciones de carácter público que dicha Ley regula, el apartado quinto del artículo 22 prevé que «El Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal otras obligaciones de servicio público, cuando así lo exijan razones de interés general o de cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil, o sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general». Señala también este artículo que «La imposición de obligaciones adicionales de servicio público deberá ser objeto de compensación». La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha ley, tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de dicho servicio, que se regirá por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios. De conformidad con lo previsto en el citado artículo, el presente Acuerdo establece cuales son las obligaciones de servicio público que se encomiendan al operador encargado de prestar el servicio postal universal para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales. Se han incluido aquellas actuaciones que han de llevarse a cabo una vez convocado el proceso y que resultan especialmente trascendentales para su desarrollo, por la urgencia y características de los envíos y servicios y por la relevancia que implica la custodia de la documentación electoral. De este modo, las obligaciones de servicio público se refieren al voto por correo de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, del personal interno en centros penitenciarios, a envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, a los envíos de propaganda electoral y a la recogida de la documentación electoral en las Mesas. Asimismo, se recogen las condiciones para la prestación de los servicios y, en concreto, las relativas a los envíos postales de propaganda electoral. En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de abril de 2014, acuerda: Primero. Objeto. En virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 22 de la Ley 43/2010, se encomienda a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A (en adelante Correos), en su calidad de operador designado para prestar el servicio postal universal, las obligaciones de servicio público necesarias para salvaguardar el normal desarrollo de las elecciones de diputados al Parlamento Europeo que se celebrarán el domingo día 25 de mayo de 2014. Dichos servicios habrán de prestarse, con carácter general, entre el día en el que se publique el Real Decreto de convocatoria y los cien días siguientes al fijado para la celebración de la votación. Segundo. Voto por correo de electores residentes en España. Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo se refieren a las siguientes actuaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: a) La puesta a disposición y posterior admisión de los impresos de solicitud del voto por correo de acuerdo con lo previsto en los apartados a), b) y c) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. b) La entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, de acuerdo con lo previsto en el apartado d) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. c) La entrega a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral por correo certificado y urgente de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. d) La recepción de la documentación electoral remitida por el elector por correo certificado y urgente de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. e) La entrega de la documentación electoral que el elector envía a la mesa electoral correspondiente de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y la entrega a las juntas electorales competentes de la documentación recibida después de las veinte horas del día de la votación. ### RESUMEN: El Gobierno estima que pagará a Correos 39 millones de euros para el voto por correo, envío propaganda electoral y listas de votantes.

Por el Letrado de la Generalitat de Catalunya, en nombre y representación de la Generalitat de Catalunya, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2013 por el que se desestima el requerimiento previo formulado por el Consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya contra los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y de 12 de julio de 2013, que también se recurren, por los que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el periodo 2014-2016 y para el año 2013, respectivamente, y contra los dos Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013 por los que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el periodo 2014-2016 y para el año 2013, que ha sido admitido a trámite por Diligencia de ordenación de 20 de diciembre de 2013, y figura registrado con el número 2/511/2013. Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días. Madrid, 20 de diciembre de 2013.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca.

Recurso de Catalunya ante el Supremo contra el reparto del límite de déficit

Por el Letrado de la Generalitat de Catalunya, en nombre y representación de la Generalitat de Catalunya, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2013 por el que se desestima el requerimiento previo formulado por el Consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya contra los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y de 12 de julio de 2013, que también se recurren, por los que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el periodo 2014-2016 y para el año 2013, respectivamente, y contra los dos Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de agosto de 2013 por los que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el periodo 2014-2016 y para el año 2013, que ha sido admitido a trámite por Diligencia de ordenación de 20 de diciembre de 2013, y figura registrado con el número 2/511/2013. Lo que se hace público a los efectos de que cualquier persona que tenga interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la actuación recurrida pueda personarse como demandado en el expresado recurso en el plazo de nueve días. Madrid, 20 de diciembre de 2013.- La Secretaria Judicial, Aurelia Lorente Lamarca. ### RESUMEN: Recurso de Catalunya ante el Supremo contra el reparto del límite de déficit

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del día 14 de febrero de 2014, Vengo en designar a Su Alteza Real don Felipe, Príncipe de Asturias, para que represente a España en los actos de toma de posesión de la Presidenta de la República de Chile, que tendrán lugar el día 11 de marzo de 2014. Dado en Madrid, el 14 de febrero de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

El príncipe Felipe representará a España en la toma de posesión de Bachelet

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del día 14 de febrero de 2014, Vengo en designar a Su Alteza Real don Felipe, Príncipe de Asturias, para que represente a España en los actos de toma de posesión de la Presidenta de la República de Chile, que tendrán lugar el día 11 de marzo de 2014. Dado en Madrid, el 14 de febrero de 2014. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: El príncipe Felipe representará a España en la toma de posesión de Bachelet

El apartado 3.d) del artículo 3 del Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, dispone que el Patronato del Centro estará compuesto, además de por los vocales natos previstos en el apartado 3.c) del mismo artículo, por un máximo de diez vocales designados por el Ministerio de Cultura entre personalidades relevantes en el ámbito de los archivos y de la investigación histórica, desempeñando sus funciones por un período de tres años, a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. Por expiración del plazo de tres años por el que fueron designados los vocales del Centro Documental de la Memoria Histórica, he resuelto: Primero. Renovar y designar como vocales del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica a: Doña Ángeles Valle de Juan. Don José Luis Abellán-García González. Don Santos Juliá Díaz. Doña Soledad Gallego-Díaz Fajardo. Doña Josefina Cuesta Bustillo. Don Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín. Doña Dolores Saiz García. Don Ángel Viñas Martín. Doña Ángela Cenarro Lagunas. Doña Alicia Alted Vigil. Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3.d) del Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años. Madrid, 20 de febrero de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.

Renovación de los diez vocales del Centro Documental de la Memoria Histórica nombrados en 2010

El apartado 3.d) del artículo 3 del Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica, dispone que el Patronato del Centro estará compuesto, además de por los vocales natos previstos en el apartado 3.c) del mismo artículo, por un máximo de diez vocales designados por el Ministerio de Cultura entre personalidades relevantes en el ámbito de los archivos y de la investigación histórica, desempeñando sus funciones por un período de tres años, a contar desde la fecha de sus respectivos nombramientos. Por expiración del plazo de tres años por el que fueron designados los vocales del Centro Documental de la Memoria Histórica, he resuelto: Primero. Renovar y designar como vocales del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica a: Doña Ángeles Valle de Juan. Don José Luis Abellán-García González. Don Santos Juliá Díaz. Doña Soledad Gallego-Díaz Fajardo. Doña Josefina Cuesta Bustillo. Don Nicolás Sánchez-Albornoz y Aboín. Doña Dolores Saiz García. Don Ángel Viñas Martín. Doña Ángela Cenarro Lagunas. Doña Alicia Alted Vigil. Segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3.d) del Real Decreto 697/2007, de 1 de junio, los vocales designados desempeñarán sus funciones por un período de tres años. Madrid, 20 de febrero de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. ### RESUMEN: Renovación de los diez vocales del Centro Documental de la Memoria Histórica nombrados en 2010

Advertida errata en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 49412, en la primera línea, donde dice: «JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA» debe decir: «FELIPE VI REY DE ESPAÑA»

El Boe de ayer llevaba una errata curiosa: la ley estaba firmada por Juan Carlos I y no por Felipe VI

Advertida errata en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 49412, en la primera línea, donde dice: «JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA» debe decir: «FELIPE VI REY DE ESPAÑA» ### RESUMEN: El Boe de ayer llevaba una errata curiosa: la ley estaba firmada por Juan Carlos I y no por Felipe VI

El artículo 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece que los profesionales sanitarios tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado, debiendo respetar la participación de los mismos en la toma de decisiones que les afecten. En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, al regular los derechos de los usuarios y el artículo 7.1 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley. Las citadas normas legales plasman en el sector sanitario la regulación del derecho a la intimidad que también se protege a través de otras disposiciones del máximo rango como la Constitución Española, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El carácter especialmente sensible de los datos de salud y el acceso a aspectos íntimos de las personas por los profesionales y por el personal en formación de las instituciones sanitarias, han determinado que tanto el Defensor del Pueblo como las distintas administraciones integradas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, prevista en el artículo 35.3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de la Salud, hayan promovido a través de un protocolo, las pautas comunes de actuación que garanticen el respeto de los derechos antes citados en un sector de importancia tan creciente como es el de la formación y la investigación por titulados de todos los niveles vinculados a las ciencias de la salud. Las medidas de dicho protocolo se destinan tanto al control del personal en formación e investigador de las Instituciones sanitarias, como a la adquisición por este colectivo de competencias y hábitos que garanticen un futuro profesional en el que el respeto a la intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud, estén integrados e internalizados en el quehacer diario de todos los profesionales que actúan en ámbitos vinculados con el sector sanitario. De conformidad con lo previsto en el artículo 151.2,a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y teniendo en cuenta que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud tiene la consideración de Conferencia Sectorial, mediante la presente orden se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de la citada Comisión de 25 de octubre de 2016 por el que se aprueba el mencionado protocolo En su virtud, dispongo: Ordenar la publicación, mediante anexo a esta Orden, del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de 25 de octubre de 2016, que aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en ciencias de la salud, en cuyo apartado 10 se acordó esta publicación. Madrid, 19 de enero de 2017.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat. ANEXO Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud La protección de datos de salud constituye un derecho fundamental que se ha articulado a través de normas legales del máximo rango tanto a nivel comunitario, mediante el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (que deroga la anterior Directiva 95/46/CE), como a nivel nacional, a través de nuestro ordenamiento jurídico interno en el que además de la Constitución diferentes normas con rango de ley y la legislación autonómica sobre la materia, constituyen un auténtico arsenal legislativo que pone de manifiesto la importancia que en nuestro estado de derecho tiene la protección de la intimidad y datos personales, especialmente sensibles y relevantes en el ámbito de la salud en el que el ciudadano como paciente se ve obligado a trasladar a los sistemas de información sanitaria los más diversos datos vinculados a su intimidad. Al mismo tiempo también son varias las disposiciones sanitarias con rango de ley que se refieren a la necesaria disponibilidad del sistema sanitario para la docencia/formación graduada, especializada e investigadora de los profesionales relacionados con las ciencias de la salud, disponibilidad que ha permitido que uno de los aspectos fundamentales para conseguir las altas cotas de calidad de nuestro sistema sanitario se apoye en la formación excelente de sus profesionales. El carácter expansivo de las instituciones educativas y sanitarias acreditadas para la docencia, ha determinado que en los últimos años se haya producido un incremento sustancial del número de alumnos y residentes relacionados con las Ciencias de la Salud que se forman o realizan prácticas en las instituciones sanitarias y que en consecuencia pueden tener contacto con el paciente y acceso relativamente fácil a los datos de salud que se incorporan a un medio muy afectado por las evolución tecnológica y la globalización. Ante esta situación han sido diversas las instituciones que como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (en la que están representadas todas las administraciones sanitarias) han considerado necesario aprobar los criterios de actuación comunes que se incluyen en el presente protocolo, cuya finalidad última es la de respetar el derecho a la confidencialidad de los datos del paciente y crear en los estudiantes y residentes hábitos de conducta que les permitan un ejercicio profesional autónomo acorde con los derechos fundamentales antes citados. Por ello, previo informe de Agencia Española de Protección de Datos (emitido el 11 de octubre del 2016), el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en su sesión correspondiente al día 25 de octubre de 2016, ha resuelto aprobar el protocolo que se cita en el encabezamiento de este acuerdo en los siguientes términos: 1. Objeto del protocolo Este protocolo tiene como objeto establecer pautas básicas de actuación destinadas a garantizar el derecho a la dignidad e intimidad del paciente cuando es atendido en presencia de alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud (alumnos) y cuando es atendido por profesionales que cursan formación especializada en Ciencias de la Salud (residentes en formación). 2. Ámbito de aplicación Las pautas de actuación de este protocolo se aplicarán a los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los centros/ y entidades privadas de carácter sanitario que, mediante concierto o bajo cualquier fórmula de gestión indirecta colaboren con el SNS en la asistencia, la docencia o la investigación, así como a otras entidades sanitarias privadas acreditadas para la formación en Ciencias de la Salud. 3. Marco legal 3.1 El artículo 18.1 de la Constitución Española que reconoce este derecho fundamental en los siguientes términos: «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.» 3.2 El artículo 18.4 de la Constitución Española reconoce el derecho de todo ciudadano al control de sus propios datos su uso y destino en los siguientes términos: «La Ley limitará el uso de la informática (tratamiento automatizado de datos) para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.» 3.3 La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), cuyo artículo 10 al regular los derechos de los usuarios, se refiere expresamente al respeto a la intimidad, a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y al consentimiento del interesado respecto a la aplicación de actividades docentes y de investigación, derechos estos que en todo caso han de ser compatibles con las previsiones contenidas en su artículo 104 que prevé la disponibilidad de toda la estructura asistencial del sistema sanitario para la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales. 3.4 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre. Son disposiciones generales no exclusivas del ámbito sanitario que requieren una interpretación armónica con la normativa que se cita en los apartados siguientes. El artículo 7.3 de esta ley determina que «los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, y a la vida sexual (están especialmente protegidos) y solo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga una ley o el afectado lo consienta expresamente». En el artículo 7.6 la LOPD recoge que «podrán ser objeto de tratamiento los datos a los que se refiere el artículo 7.3 cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo o a una obligación equivalente de secreto» y también podrán ser objeto de tratamiento los datos de salud, «cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento». Así mismo el artículo 44 de la LOPD tipifica como infracción leve, grave o muy grave, los incumplimientos derivados del deber de secreto o del inadecuado tratamiento de datos de carácter personal. 3.5 La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LBAP). El artículo 7.1 de esta Ley establece que: «Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley.» Esta Ley es específica del sector sanitario por lo que debe ser de fácil acceso y conocimiento por todo el personal en formación. 3.6 El artículo 199 del Código Penal que se refiere al deber de secreto profesional castiga «al que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales». 3.7 El artículo 197 apartados 1 y 2 del Código Penal que castiga tanto «al que descubra secretos o vulnere la intimidad de otro sin su consentimiento» (incluyendo grabaciones, reproducciones de escucha, sonido e imágenes) como al que «sin estar autorizado se apodere de datos reservados de carácter personal de otro que se hallen registrados en cualquier tipo de registro público o privado». 3.8 La ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que en su Título II se refiere tanto a la formación pregraduada como a la especializada en el ámbito sanitario, regulando sus pautas esenciales que han sido posteriormente desarrolladas por las disposiciones que se citan en los apartados 3.9, 3.10 y por el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista. 3.9 El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada establece que «El sistema formativo de residencia implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competencias prevista en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista». 3.10 El Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, al regular los deberes de los residentes establece que están obligados a «Prestar personalmente los servicios y realizar las tareas asistenciales que establezca el correspondiente programa de formación y la organización funcional del centro, para adquirir la competencia profesional relativa a la especialidad y también contribuir a los fines propios de la institución sanitaria». 3.11 El artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, De protección Jurídica del Menor que prevé que «Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.» 3.12 La ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyos artículos 7 y 43.2, se refieren específicamente al respeto a dignidad e intimidad personal así como a la obligación de guardar secreto sobre los datos que facilite los sistemas de información, en el ámbito de la Salud Pública. 3.13 La legislación autonómica dictada a este respecto por las Comunidades Autónomas y en su caso, las previsiones de otras disposiciones (ley 14/2007 de investigación Biomédica, Ley 14/2006, de Técnicas de Reproducción Asistida Humana, Ley Orgánica 7/2006, de protección de la Salud y lucha contra el Dopaje en el Deporte etc.) que por su carácter específico no se considera oportuno incluirlas en un protocolo general como el que nos ocupa. Las normas citadas en los apartados anteriores deberán ser conocidas y cumplidas por el personal en formación, correspondiendo facilitar su cumplimiento a los tutores y responsables de la docencia, sin perjuicio del deber general de supervisión de los profesionales del centro con los que se relacione el personal en formación. 4. Derecho del paciente a un trato digno y actuación supervisada del personal en formación 4.1 En los procesos de atención sanitaria, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Todas las personas (alumnos, profesionales sanitarios y no sanitarios) que participen de alguna manera en un proceso asistencial deberán respetar la intimidad y dignidad de los pacientes, adoptando actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y amabilidad generalmente aceptadas y utilizando un lenguaje adecuado. 4.2 Se promoverá que el personal en formación tenga un comportamiento que se corresponda con los contenidos éticos de los programas oficiales de la especialidad o en su caso planes de estudio y con los códigos deontológicos de las distintas profesiones sanitarias, así como que conozca el funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial/Investigación, a fin de que el personal en formación adquiera habilidades para la toma de decisiones guiada por los valores éticos. 4.3 Los residentes y alumnos en formación, que realicen rotaciones o prácticas en centros sanitarios, contaran respectivamente con un tutor de formación especializada o, con un tutor clínico, un profesor con plaza vinculada, o un profesor asociado de ciencias de la salud, pertenecientes a la plantilla del centro sanitario donde se desarrollan las prácticas clínicas. Los citados responsables docentes serán las personas de referencia a las que podrán dirigirse otros profesionales del centro o personas ajenas al mismo, en relación con las actividades que realicen residente y alumnos en formación. 4.4 El personal en formación de cualquier año, actuara con sujeción a las indicaciones de sus responsables de docencia/tutores y en ausencia de estos se someterán, en todo caso, a las indicaciones de los especialistas de la unidad asistencial, sin perjuicio de que concluida la prestación asistencial, informen, pregunten incluso cuestionen, dentro de las reglas de la sana crítica, las decisiones y demás aspectos de la práctica asistencial. 4.5 El centro sanitario favorecerá, en la medida de lo posible, que se utilicen pacientes estandarizados/simulados/maniquíes u otras técnicas de simulación de situaciones clínicas, a fin de que el personal en formación pueda adquirir competencias clínicas y habilidades técnicas y de trabajo en equipo, con carácter previo al contacto real y necesario con el paciente. En los convenios de colaboración que se suscriban con los centros educativos se preverá que éstos también realicen actividades simuladas en sus propios centros con carácter previo al inicio de las prácticas en el Centro Sanitario. 4.6 Corresponde a la dirección de los centros sanitarios velar por la plena integración de alumnos y residentes en formación en la dinámica asistencial del centro, y velar por la asunción y cumplimiento de la normativa que rige su funcionamiento, en especial la relacionada con su uniformidad e identificación, con el cumplimiento de los principios éticos y normas básicas de actuación y con las pautas específicas contenidas en este protocolo. 4.7 Estudiantes y residentes tendrán el deber de integrarse en la dinámica asistencial del centro con sujeción a la normativa que rige su funcionamiento, en especial la relacionada con su uniformidad e identificación, con el cumplimiento de los principios éticos y normas básicas de actuación y con las pautas específicas contenidas en este protocolo. 4.8 Las instituciones sanitarias deberán informar a los alumnos y residentes de especialidades en ciencias de la salud, sobre las medidas de protección de datos de carácter personal cuando se usen dispositivos electrónicos (portátiles, memorias USB etc.). En ningún caso se podrá compartir esta información utilizando sistemas de información y/o herramientas informáticas/redes sociales, que no se encuentren sujetos a los sistemas de seguridad de los centros sanitarios. 5. Pautas de actuación en relación con la presencia de ALUMNOS de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud en los procesos asistenciales 5.1 Tendrán consideración de alumnos: a) Estudiantes universitarios de titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones sanitarias tituladas y reguladas en Ciencias de la Salud: Medicina, Farmacia, Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica-optometría, Logopedia, Dietistas Nutricionistas, Psicología General Sanitaria. b) Estudiantes universitarios de Master, Doctorado, títulos propios vinculados a profesiones sanitarias. c) Estudiantes de formación profesional de la familia sanitaria tanto de técnicos de grado medio como de técnicos de grado superior. d) Estudiantes de otras titulaciones universitarias o de formación profesional con periodos de prácticas en centros sanitarios. 5.2 Los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación presentes en su proceso asistencial. La dirección del Centro Sanitario (y no la universidad, escuela o centro formativo de origen) les facilitara una tarjeta identificativa que se colocará en lugar visible del uniforme conteniendo los datos personales, fotografía y referencia expresa al grupo al que pertenece el alumno entre los citados en el punto 5.1, a fin de facilitar su reconocimiento por los usuarios y profesionales del centro. Concluido el periodo de prácticas en el centro, será obligatorio devolver la tarjeta identificativa a los servicios de personal del centro. 5.3 Con carácter previo al inicio del acto asistencial el profesional responsable del mismo (especialista de la unidad, tutor o residente autorizado por su tutor) informará al paciente o su representante sobre la presencia de estudiantes, solicitando su consentimiento verbal para que presencien las actuaciones clínicas. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la LOPD en relación con el artículo 8.1 de la LBAP, en el caso de que el paciente se niegue el personal en formación no estará presente en el proceso de atención asistencial. Si el paciente consiente que los alumnos estén presentes durante el acto clínico, se reiterará su consentimiento en el caso de que se considerara adecuada la realización de algún tipo de exploración física, procedimiento clínico o intervención con fines formativos. No obstante lo anterior también será posible solicitar el consentimiento global del paciente por un periodo limitado de tiempo que se graduara en función del tiempo previsto de estancia en el centro sanitario. Dicho periodo no podrá ser superior a 15 días. Se podrá limitar la presencia de alumnos y en particular cuando el profesional sanitario correspondiente entienda inadecuada la presencia del alumno por la situación clínica, emocional o social del paciente. Para consentir la presencia de alumnos y la realización de exploraciones, intervenciones o procedimientos clínicos por parte de estos, podrá otorgarse el consentimiento por representación, a través de las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho o por representantes legales, en los siguientes supuestos previstos en el artículo 9.3 de la LBAP: a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. 5.4 Los alumnos estarán supervisados en todo momento, no pudiendo acceder al paciente ni a la información clínica sobre el mismo, sin la supervisión directa del personal del centro asistencial que sea responsable de su formación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la LGS en relación con lo previsto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales de los conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias, así como por lo previsto en los conciertos y otra normativa autonómica que en cada caso resulte de aplicación. 5.5 Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente, durante los actos clínicos que se realicen en presencia del mismo, no deberán estar presentes más de tres alumnos por paciente sin perjuicio de la participación de otros, mediante la utilización consentida de pantallas en otra sala. Asimismo la secuencia de repetición con grupos diferentes se planificará en tiempos razonables de tal forma que no resulte molesta o intimidatoria para el paciente. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de cinco, computando el de residentes que se citan en el apartado 6.5. 6. Pautas de actuación en relación con la presencia de RESIDENTES en formación en ciencias de la salud en los procesos asistenciales 6.1 Los pacientes tienen derecho a saber que residentes en formación intervienen en su proceso asistencial por lo que la dirección del centro sanitario les facilitará una tarjeta identificativa que incluya su nombre, apellidos, fotografía y referencia expresa a que se encuentra en alguno de los siguientes supuestos: a) Residente de cualquiera de las especialidades en ciencias de la salud que figuran relacionadas en el Anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, indicando titulación de origen (médico, farmacéutico, enfermero psicólogo, biólogo, químico….) especialidad y año de residencia que se está cursando. b) Residentes en rotación procedentes de otros centros sanitarios (artículo 21 Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero). c) Profesionales sanitarios extranjeros en estancia formativa autorizada (artículo 30 Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero). d) Profesionales sanitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas determinados en los procedimientos de reconocimiento de títulos comunitarios, al amparo de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, sobre cualificaciones profesionales. e) Profesionales sanitarios en periodo de ejercicio profesional en prácticas o en periodo complementario de formación determinado al amparo de lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regula las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en ciencias de la salud obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea. 6.2 Los residentes en formación estarán obligados a presentar de forma visible la tarjeta identificativa proporcionada por la dirección del centro, a fin de facilitar su reconocimiento por los usuarios y demás profesionales del centro. Concluido el periodo formativo en el centro, será obligatorio devolver la tarjeta identificativa a los servicios de personal del centro. 6.3 Según lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, la supervisión de residentes de primer año será de presencia física, por lo que los centros sanitarios deberán garantizar la existencia de condiciones organizativas que garanticen la supervisión/visado de las actuaciones del R1 por los especialistas de la unidad asistencial. 6.4 A partir del segundo año de formación, los residentes tendrán acceso directo al paciente de forma progresiva y según las indicaciones de su tutor de las que se informará a los especialistas de la unidad asistencial. A este respecto en los protocolos de supervisión de los servicios y/o unidades asistenciales acreditados para la formación, se incluirán pautas de actuación respecto al personal en formación sin perjuicio de que cuando se dude sobre la competencia del residente para lleva a cabo una actuación concreta, prime el «principio de precaución». Las posibilidades de acceso de los residentes podrán limitarse cuando el médico responsable de la asistencia de enfermos terminales considere preferible entablar una relación privada con el paciente. 6.5 Salvo supuestos especiales consentidos por el paciente y para preservar la intimidad de éste, durante los actos clínicos que se realicen en presencia del mismo, no deberán estar presentes más de tres residentes/paciente, sin perjuicio de la participación de otros, mediante la utilización consentida de pantallas en otra sala. Asimismo la secuencia de repetición con grupos diferentes se planificará en tiempos razonables de tal forma que no resulte molesta o intimidatoria para el paciente. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de cinco, computando los alumnos que se citan en el apartado 5.5. 6.6 Cuando por motivos de urgencia vital se precise la intervención de un residente sin que en ese momento pueda ser supervisado (de forma presencial o no, dependiendo del año de residencia y circunstancias de cada caso), estará obligado a dejar constancia de su intervención en la historia clínica, dando cuenta de su actuación tanto a sus tutores como a los especialistas de la unidad asistencial en la que se ha producido la urgencia. 7. Garantía de acceso a los datos clínicos 7.1 Acceso a la historia clínica del servicio de salud con fines asistenciales. 7.1.1 El artículo 15.2 de la LBAP establece que la finalidad de la historia clínica es «facilitar la asistencia sanitaria dejando constancia de todos aquellos datos que bajo criterio médico permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud». Dicha ley en su artículo 16.1 establece que los profesionales asistenciales que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia, sin necesidad del consentimiento del paciente. Por tanto, los residentes en formación de cualquier año, por ser personal asistencial y trabajadores del Centro, tienen derecho a acceder a la historia clínica de los pacientes implicados en las actuaciones asistenciales que realicen en cada momento. No consultar ni cumplimentar los actos asistenciales en la historia clínica puede tener repercusiones en la seguridad de los pacientes y legales por mala praxis clínico-asistencial. 7.1.2 Los responsables del centro sanitario, a través del servicio administrativo encargado de la gestión del archivo de historias clínicas, facilitarán a los residentes el acceso a la historia clínica mediante un mecanismo de autentificación (habitualmente a través de una tarjeta identificativa y firma electrónica reconocida) que se implantara progresivamente en el plazo de seis meses desde la notificación de este acuerdo a las Consejerías/Departamentos de Sanidad/Salud de las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.7 de la LBAP el procedimiento utilizado garantizará que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso. Excepcionalmente los responsables de los centros sanitarios podrán establecer limitaciones de acceso de los profesionales sanitarios a la historia clínica en función del contexto de atención y la política de acceso a la historia clínica del centro sanitario (por ejemplo respecto a los supuestos de violencia de género, política de prensa,…..etc.) siempre que dichas limitaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la LOPD en relación con el 16 de la LBAP, no perjudiquen la asistencia, prevención y diagnóstico, ni impidan salvaguardar el interés vital del afectado. En todo caso, las autorizaciones de acceso tendrán carácter temporal y concluirán cuando finalice el periodo formativo, momento en que el centro sanitario procederá a dar de baja al residente en el instrumento que facilite su acceso a la historia clínica. 7.1.3 Con la finalidad de garantizar el respeto a la intimidad y confidencialidad de los datos de salud, los alumnos solo podrán acceder a la historia clínica en los términos previstos por el artículo 16.3 de la LBAP que requiere la previa disociación de los datos clínicos de los personales, para garantizar su anonimato. Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior aquellos supuestos en los que el propio paciente haya dado su consentimiento expreso para no alterar ni disociar dato alguno en cuyo caso se adjuntara a la historia clínica dicho consentimiento. 7.2 Acceso a la historia clínica del servicio de salud con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia. 7.2.1 La LBAP en su artículo 16.3 establece que el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. La disociación de datos obliga a separar los datos de utilidad científica (clínico-asistenciales en nuestro caso) de aquellos otros que permitan identificar a su titular (número de historia clínica, de la Seguridad Social, DNI, etc.). La disociación de datos habrá de realizarla un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta a una obligación equivalente de secreto. En el ámbito de la docencia los alumnos podrán acceder a la historia clínica con datos personales disociados o historias clínicas simuladas por el responsable de docencia a fin de garantizar que el aprendizaje derivado de las mismas se realiza respetando la intimidad y confidencialidad de los datos de salud. 7.2.2 La dirección del Centro autorizará el acceso al registro de la historia clínica. La autorización se tramitará por el responsable del registro requiriendo para ello el informe previo y motivado del tutor o los responsables de la investigación/master/título propio/doctorado que se someterá a dictamen previo del correspondiente Comité de Ética Asistencial/Investigación. Dicha autorización tendrá los límites temporales que se adecuen a la finalidad concreta para la que se autoriza el acceso. 7.2.3 Sólo se podrán utilizar aquellos datos de la historia clínica relacionados con los fines de la investigación sin revelar características, hechos o circunstancias que permitan identificar a los pacientes que participen en el estudio/investigación de que se trate. Cuando sea necesaria la publicación o exhibición de imágenes médicas o cualquier otro soporte audiovisual que muestren partes del cuerpo de las que pueda deducirse la identidad del paciente, se requerirá el consentimiento escrito de éste. 7.2.4 La actividad de los investigadores en el ámbito de la investigación biomédica y de los ensayos clínicos, se adecuará a lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, así como en la normativa específica que resulte de aplicación en cada caso. 7.2.5 Los estudios observacionales con medicamentos de uso humano se guiarán por la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre por la que se publican las directrices sobre estudios post-autorización de tipo observacional para medicamentos de uso humano. 7.3 Acceso a la historia clínica del servicio de salud por terceros. 7.3.1 Las solicitudes de acceso a la historia clínica que se formulen ante el personal en formación, por los pacientes o por terceros implicados (familiares, representante legal,….) al amparo del derecho de acceso reconocido en el artículo18 de la LBAP, se trasladaran con carácter inmediato al tutor o especialistas de la unidad asistencial para su tramitación según lo establecido por cada centro. 7.4 Acceso a la Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS). 7.4.1 El sistema de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) permite acceder a determinados documentos clínicos, generados en cualquier Servicio de Salud del SNS, garantizando que puedan ser consultados cuando los ciudadanos requieran atención sanitaria en sus desplazamientos por el territorio nacional. 7.4.2 El acceso ha de realizarse con fines exclusivamente asistenciales, pudiendo acceder al sistema los profesionales sanitarios con funciones asistenciales que hayan sido previamente autorizados por su servicio de salud. 7.4.3 No pueden acceder, por tanto, alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud. 7.5 Copias. Sin perjuicio del acceso puntual a la historia clínica según lo previsto en los apartados 7.1.1 y 7.1.3, el personal en formación ya sea residente o alumno, no podrá realizar copias de la información contenida en la historia clínica por ningún medio y en ningún formato, salvo consentimiento escrito del paciente o en el caso de historias clínicas anonimizadas con autorización expresa del responsable del registro de historias clínicas a propuesta de su tutor/responsable docente. 8. Derecho de los pacientes a la confidencialidad de sus datos de salud 8.1 El artículo 7.1 de la LBAP establece que «toda persona tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley». Este derecho se traduce en el deber de confidencialidad/secreto previsto en el artículo 2.7 de dicha ley que establece que «la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida». 8.2 Tanto residentes como alumnos están sometidos al deber de confidencialidad/secreto, no solo durante la estancia en el Centro sanitario en el que se esté formando sino también una vez concluida la misma, sin que dicho deber se extinga por la defunción del paciente. El deber de confidencialidad afecta no solo a «datos íntimos» (incluidos los psicológicos relativos a ideas, valores, creencia, vivencias personales…) sino también a datos biográficos del paciente y de su entorno (sean íntimos o no) cuyo conocimiento por terceros pueda afectar a los derechos de la persona objeto de tratamiento. El deber de confidencialidad/secreto no solo se refiere a los datos contenidos en la historia clínica del paciente sino también a los que se ha tenido acceso mediante comunicación verbal, grabaciones, videos, así como a los contenidos en cualquier tipo de archivo informático, electrónico, telemático o registro público o privado, incluidos los referidos al grado de discapacidad e información genética. El deber de secreto se entiende sin perjuicio de los supuestos legales en los que su mantenimiento implique riesgo para la vida del afectado o de terceros o perjuicio para la Salud Pública, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de los responsables asistenciales del correspondiente servicio/unidad asistencial para que se actúe en consecuencia. 8.3 A tal fin todo el personal en formación suscribirá al inicio de su estancia en el centro sanitario, donde se esté formando, un compromiso de confidencialidad (ver modelo indicativo en los Anexos I y II) que constará en el Libro Registro para el personal investigador y en régimen de alumnado al que se refiere el apartado 9, y en el caso de los especialistas en formación en los expedientes personales de los mismos que custodia la Comisión de Docencia. 9. Disposiciones finales 9.1 Registro de alumnos de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud. 9.1.1 Todas las instituciones docentes con las que los centros sanitarios hayan suscrito al amparo de la legislación aplicable, convenios/conciertos de colaboración para la docencia/investigación, facilitando la realización de prácticas por sus alumnos, deberán remitir a la Gerencia del Centro, con carácter previo al inicio de cada curso académico, relación personalizada de los estudiantes de cada curso que realizaran prácticas en el mismo, con indicación expresa de la titulación en la que se estén formando, de los responsables docentes citados en el apartado 3.4, así como el calendario y unidades asistenciales implicadas en la realización de las prácticas. 9.1.2 Los servicios de personal de las instituciones sanitarias o el órgano que determine la Gerencia de los mismos, dispondrán de un «libro registro de alumnos en formación/personal investigador» que cumplirá los requisitos establecidos en LOPD para la creación de ficheros que contienen datos personales. En dicho registro se volcaran anualmente los datos citados y la anotación relativa a que se ha suscrito el compromiso individual de confidencialidad. El citado libro, en formato digital, será accesible desde cualquier servicio asistencial que quiera constatar que el alumno está autorizado para permanecer en el centro y servicio de que se trate. 9.1.3 No será necesario que se inscriban en el citado libro registro los especialistas en formación por el sistema residencia, cuyo control, al estar vinculados mediante un contrato laboral con la entidad titular del correspondiente centro, se llevará a cabo por los servicios de personal de la Institución responsables del pago de sus retribuciones y por las Comisiones de Docencia a las que están adscritas las unidades docentes acreditadas en las que el residente se esté formando. 10. Difusión de este protocolo 10.1 El presente protocolo ha sido aprobado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y se publicará en el BOE. 10.2 El presente protocolo se trasladará a los órganos competentes en materia de formación sanitaria de las Consejerías de Sanidad/Salud Comunidades Autónomas y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para su traslado a las Gerencias de los centros sanitarios, a las Comisiones Mixtas referidas en el artículo 4. Segunda punto 3 del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, y a las Comisiones de Docencia. 10.3 El presente protocolo se entregará al personal en formación en los centros sanitarios en el momento de su incorporación. 10.4 Se recomienda que en la sesión informativa que con carácter previo a su incorporación se realice por el centro sanitario se traten, entre otros, los aspectos indicados en este documento. 10.5 Asimismo, el presente protocolo se incluirá en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 11. Seguimiento En el plazo de un año las Consejerías de Sanidad/Salud de las CCAA y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, informarán a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud sobre la implantación y cumplimiento de las previsiones contenidas en este Protocolo.

Llega al BOE el protocolo sobre derecho a la intimidad pacientes para estudiantes de medicina y residentes.

El artículo 5.1.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece que los profesionales sanitarios tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado, debiendo respetar la participación de los mismos en la toma de decisiones que les afecten. En el mismo sentido se pronuncia también el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, al regular los derechos de los usuarios y el artículo 7.1 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que establece que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en la Ley. Las citadas normas legales plasman en el sector sanitario la regulación del derecho a la intimidad que también se protege a través de otras disposiciones del máximo rango como la Constitución Española, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El carácter especialmente sensible de los datos de salud y el acceso a aspectos íntimos de las personas por los profesionales y por el personal en formación de las instituciones sanitarias, han determinado que tanto el Defensor del Pueblo como las distintas administraciones integradas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, prevista en el artículo 35.3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de la Salud, hayan promovido a través de un protocolo, las pautas comunes de actuación que garanticen el respeto de los derechos antes citados en un sector de importancia tan creciente como es el de la formación y la investigación por titulados de todos los niveles vinculados a las ciencias de la salud. Las medidas de dicho protocolo se destinan tanto al control del personal en formación e investigador de las Instituciones sanitarias, como a la adquisición por este colectivo de competencias y hábitos que garanticen un futuro profesional en el que el respeto a la intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud, estén integrados e internalizados en el quehacer diario de todos los profesionales que actúan en ámbitos vinculados con el sector sanitario. De conformidad con lo previsto en el artículo 151.2,a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y teniendo en cuenta que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud tiene la consideración de Conferencia Sectorial, mediante la presente orden se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo de la citada Comisión de 25 de octubre de 2016 por el que se aprueba el mencionado protocolo En su virtud, dispongo: Ordenar la publicación, mediante anexo a esta Orden, del Acuerdo del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de 25 de octubre de 2016, que aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en ciencias de la salud, en cuyo apartado 10 se acordó esta publicación. Madrid, 19 de enero de 2017.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat Montserrat. ANEXO Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud La protección de datos de salud constituye un derecho fundamental que se ha articulado a través de normas legales del máximo rango tanto a nivel comunitario, mediante el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (que deroga la anterior Directiva 95/46/CE), como a nivel nacional, a través de nuestro ordenamiento jurídico interno en el que además de la Constitución diferentes normas con rango de ley y la legislación autonómica sobre la materia, constituyen un auténtico arsenal legislativo que pone de manifiesto la importancia que en nuestro estado de derecho tiene la protección de la intimidad y datos personales, especialmente sensibles y relevantes en el ámbito de la salud en el que el ciudadano como paciente se ve obligado a trasladar a los sistemas de información sanitaria los más diversos datos vinculados a su intimidad. Al mismo tiempo también son varias las disposiciones sanitarias con rango de ley que se refieren a la necesaria disponibilidad del sistema sanitario para la docencia/formación graduada, especializada e investigadora de los profesionales relacionados con las ciencias de la salud, disponibilidad que ha permitido que uno de los aspectos fundamentales para conseguir las altas cotas de calidad de nuestro sistema sanitario se apoye en la formación excelente de sus profesionales. El carácter expansivo de las instituciones educativas y sanitarias acreditadas para la docencia, ha determinado que en los últimos años se haya producido un incremento sustancial del número de alumnos y residentes relacionados con las Ciencias de la Salud que se forman o realizan prácticas en las instituciones sanitarias y que en consecuencia pueden tener contacto con el paciente y acceso relativamente fácil a los datos de salud que se incorporan a un medio muy afectado por las evolución tecnológica y la globalización. Ante esta situación han sido diversas las instituciones que como el Defensor del Pueblo o la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (en la que están representadas todas las administraciones sanitarias) han considerado necesario aprobar los criterios de actuación comunes que se incluyen en el presente protocolo, cuya finalidad última es la de respetar el derecho a la confidencialidad de los datos del paciente y crear en los estudiantes y residentes hábitos de conducta que les permitan un ejercicio profesional autónomo acorde con los derechos fundamentales antes citados. Por ello, previo informe de Agencia Española de Protección de Datos (emitido el 11 de octubre ### RESUMEN: Llega al BOE el protocolo sobre derecho a la intimidad pacientes para estudiantes de medicina y residentes.

El artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la Ley que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que necesariamente estarán representadas las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda (hoy de Hacienda y Administraciones Públicas), siendo necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda para la emisión de las citadas certificaciones. La disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, otorga a la celebración de la «Madrid Horse Week» la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. El apartado tres de dicha disposición adicional señala que «la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002», añadiendo en el apartado cuatro de aquélla que «El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002». La citada disposición adicional establece en su apartado dos que la duración de este programa será desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. Los beneficios fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cinco, serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. La aplicación de los beneficios fiscales se regirá por la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Tal y como se establece a través de esta orden, formarán parte del órgano que se crea un representante de la Real Federación Española de Hípica y otro de la Fundación MHW. La presente orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo, Artículo 1. Objeto y finalidad. En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se crea un órgano colegiado interministerial gestor del acontecimiento de excepcional interés público «Madrid Horse Week» como el órgano encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público y, en particular, encargado de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa y el desarrollo y concreción de los objetivos, planes y programas de actividades específicas aplicables a la celebración de la «Madrid Horse Week». Artículo 2. Integración administrativa y financiación. 1. El funcionamiento del órgano colegiado, que se integrará en el Consejo Superior de Deportes, se adecuará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. El órgano creado no conlleva incremento del gasto público ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Composición. 1. Formarán parte del órgano colegiado cinco miembros, uno en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, designado por la Subsecretaria de ese Ministerio, dos en representación del Consejo Superior de Deportes, siendo uno de ellos la Directora General de Deportes y otro una persona designada por el Presidente del Consejo Superior de Deportes; un representante de la Real Federación Española de Hípica, nombrado por su Presidente, y otro en representación de la Fundación MHW, nombrado por su Presidente. Se procurará que el rango de los representantes de la Administración General del Estado sea de Subdirector General o asimilado. 2. Será Presidenta del órgano colegiado la Directora General de Deportes. 3. Será Secretario del órgano, con voz y voto, el miembro representante de la Fundación. 4. Los suplentes de los miembros del órgano colegiado en casos de ausencia, vacante o enfermedad, se designarán por el mismo órgano que nombra a los representantes titulares. Artículo 4. Funcionamiento. El régimen de adopción de acuerdos del órgano colegiado será por mayoría de votos, con las siguientes particularidades: a) La emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, requerirá el voto favorable del representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) La aprobación del programa de desarrollo y concreción de los objetivos, planes y actividades específicas aplicables a la celebración de la «Madrid Horse Week» requerirá el voto favorable de los representantes del Consejo Superior de Deportes. Artículo 5. Procedimiento para la obtención de certificaciones. 1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar una solicitud dirigida al órgano colegiado, en los modelos que se facilitarán. 2. La solicitud podrá presentarse en la forma y lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes accesible en la dirección electrónica https://sede.csd.gob.es. Posteriormente se remitirán a la Secretaría del órgano. 3. El plazo para la presentación de las solicitudes concluirá 15 días después de la finalización del acontecimiento. 4. El plazo máximo en que deben notificarse las certificaciones por parte del órgano colegiado será de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se requiera al interesado que complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la presentación de la documentación requerida. 5. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que el interesado haya recibido requerimiento o notificación administrativa acerca de su solicitud, se entenderá cumplido el requisito de la certificación, pudiendo el interesado solicitar de la Administración Tributaria el reconocimiento previo del beneficio fiscal aportando una copia sellada de la solicitud. 6. La certificación, o la resolución que la deniegue, será emitida por el órgano colegiado, agotará la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Artículo 6. Fundación MHW. 1. La Fundación MHW se encargará de la preparación del programa de actividades y actuaciones que se deriven de la ejecución del programa «Madrid Horse Week», que será aprobado por el órgano colegiado, y de la realización material de los actos y actividades que se deriven de la ejecución de dicho programa, asumiendo la condición de destinatario de las donaciones que se realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público y asumiendo asimismo las eventuales pérdidas que, de su liquidación se pudieran derivar, no correspondiendo obligación alguna de este carácter a las Administraciones Públicas. 2. La Fundación MHW será la titular del derecho de propiedad sobre los signos distintivos denominativos, gráficos o mixtos que identifiquen a este acontecimiento de excepcional interés público. El órgano colegiado establecerá un manual de aplicación de marca para su empleo en el campo publicitario por parte de terceros a los que se confiera el derecho de uso con la finalidad de promover y divulgar el acontecimiento. 3. En las actuaciones realizadas por la Real Federación Española de Hípica y por la Fundación MHW en las que se lleve a cabo publicidad del acontecimiento, figurarán los logotipos de las administraciones y entidades participantes en el órgano colegiado, en igualdad de condiciones. 4. La Fundación MHW, una vez finalizadas las actuaciones del programa «Madrid Horse Week», presentará un informe económico para su toma en consideración por el órgano colegiado que contendrá una relación completa de los ingresos percibidos, de los gastos ejecutados y de las actuaciones realizadas y una auditoría de cuentas correspondiente al período comprendido desde la entrada en vigor de la presente orden hasta la finalización del programa. El órgano colegiado aprobará la propuesta de liquidación, que será presentada por el Secretario del órgano colegiado. Una vez aprobadas las operaciones de liquidación, el órgano colegiado aprobará su disolución, que se efectuará en el plazo máximo de seis meses desde la finalización del programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público «Madrid Horse Week». En todo caso, el órgano colegiado no se podrá disolver hasta que no haya cumplido con todas las obligaciones que le impone la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. El órgano colegiado se disolverá en cualquier caso con anterioridad al 1 de julio de 2017. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de julio de 2014.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Menos mal que la Madrid Horse Week ha sido declarada de "excepcional interés público"

El artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, señala que la Ley que apruebe los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público regulará la creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del mismo, en el que necesariamente estarán representadas las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda (hoy de Hacienda y Administraciones Públicas), siendo necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda para la emisión de las citadas certificaciones. La disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, otorga a la celebración de la «Madrid Horse Week» la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. El apartado tres de dicha disposición adicional señala que «la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002», añadiendo en el apartado cuatro de aquélla que «El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizará por el órgano competente en conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002». La citada disposición adicional establece en su apartado dos que la duración de este programa será desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016. Los beneficios fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado cinco, serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002. La aplicación de los beneficios fiscales se regirá por la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y por el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Tal y como se establece a través de esta orden, formarán parte del órgano que se crea un representante de la Real Federación Española de Hípica y otro de la Fundación MHW. La presente orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo, Artículo 1. Objeto y finalidad. En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y de conformidad con el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se crea un órgano colegiado interministerial gestor del acontecimiento de excepcional interés público «Madrid Horse Week» como el órgano encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público y, en particular, encargado de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa y el desarrollo y concreción de los objetivos, planes y programas de actividades específicas aplicables a la celebración de la «Madrid Horse Week». Artículo 2. Integración administrativa y financiación. 1. El funcionamiento del órgano colegiado, que se integrará en el Consejo Superior de Deportes, se adecuará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. El órgano creado no conlleva incremento del gasto público ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Composición. 1. Formarán parte del órgano colegiado cinco miembros, uno en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, designado por la Subsecretaria de ese Ministerio, dos en representación del Consejo Superior de Deportes, siendo uno de ellos la Directora General de Deportes y otro una persona designada por el Presidente del Consejo Superior de Deportes; un representante de la Real Federación Española de Hípica, nombrado por su Presidente, y otro en representación de la Fundación MHW, nombrado por su Presidente. Se procurará que el rango de los representantes de la Administración General del Estado sea de Subdirector General o asimilado. 2. Será Presidenta del órgano colegiado la Directora General de Deportes. 3. Será Secretario del órgano, con voz y voto, el miembro representante de la Fundación. 4. Los suplentes de los miembros del órgano colegiado en casos de ausencia, vacante o enfermedad, se designarán por el mismo órgano que nombra a los representantes titulares. Artículo 4. Funcionamiento. El régimen de adopción de acuerdos del órgano colegiado será por mayoría de votos, con las siguientes particularidades: a) La emisión de las certificaciones a que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, requerirá el voto favorable del representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b) La aprobación del programa de desarrollo y concreción de los objetivos, planes y actividades específicas aplicables a la celebración de la «Madrid Horse Week» requerirá el voto favorable de los representantes del Consejo Superior de Deportes. Artículo 5. Procedimiento para la obtención de certificaciones. 1. Para la obtención de las certificaciones a las que hace referencia el artículo 27.2 b) de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, los interesados deberán presentar un ### RESUMEN: Menos mal que la Madrid Horse Week ha sido declarada de "excepcional interés público"

Visto el texto de las tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia (Código de convenio n.º: 99003895011981), publicado en el BOE de 8 de mayo de 2014, que fueron suscritas, con fecha 8 de septiembre de 2021, por la Comisión Paritaria de dicho Convenio colectivo, en la que están integradas la organización empresarial FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles), en representación de las empresas del sector, y las organizaciones sindicales FeSP-UGT, FSS-CC.OO., Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF) y Federación de Trabajadores de Farmacia de Extremadura (FETRAFA), en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 2 de noviembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL XXIV CONVENIO ESTATAL DE OFICINAS DE FARMACIA Por las Organizaciones Sindicales: UGT Hugo Sánchez García. CCOO Jesús Cabrera González. M.ª Mar Fernández Faro. Irene Álvarez Bonilla. UTF Gerardo Mosquera Trigo. Bernardo Salcedo Silva. Jesús Manuel Vicente Herrero. Miguel Pardo Pérez. FETRAFA Emilio Vahí Pérez. Francisco Tabares Fuentes. Por las Organizaciones Empresariales: FEFE Luis de Palacio Guerrero Inés Ucelay. Felipe de Donesteve. Ángel Vives. M.ª José García Gómez. En Madrid, a 8 de septiembre de 2021, siendo las 10:00 h, se reúnen las personas al margen reseñadas en representación de las Organizaciones Sindicales y Empresariales que acreditan suficiente representación para formar parte de la Comisión Paritaria del XXIV Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia comienza la reunión con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación de las tablas salariales pertenecientes a los años 2017 a 2021. 2. Aprobación para la delegación de firma y representación al presidente y/o secretario de la comisión paritaria. 1. Aprobación de la vigencia y las tablas salariales pertenecientes a los años 2017 a 2021 Estando convocadas formalmente todas las organizaciones con capacidad legal para suscribir este acuerdo, mediante convocatoria formal realizada a tal efecto, y en consecuencia, ACUERDAN Aprobar las tablas salariales para todos los conceptos económicos recogidos en convenio de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Tomando como referencia el artículo 3.4 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia, la comisión paritaria acuerda incrementar un 2% anual para cada uno de los años en los que el PIB del año anterior haya sido superior al 1%. En consecuencia para cada uno de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 tendrán una subida del 2% respectivamente y del 0% para el 2021. A tal efecto, se adjunta como documento anexo I a esta acta dichas tablas salariales. Una vez publicadas en el BOE, las empresas afectadas por este acuerdo, dispondrán de 30 días naturales para actualizar las cantidades adeudadas. 2. Aprobación para la delegación de firma y representación al presidente y/o secretario de la comisión paritaria Se acuerda delegar y autorizar en el presidente y secretario de la comisión en concreto don Felipe de Donesteve y/o don Hugo Sánchez García, para realizar los trámites oportunos ante la Dirección General de Trabajo para el registro y publicación posterior en el BOE de este acuerdo. Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas. El Presidente.–El Secretario.–FSS-CCOO.–FeSP-UGT.–UTF.–FETRAFA.–FEFE. ANEXO I Tablas salariales Convenio Oficinas de Farmacia años 2017 a 2021 Tabla de retribuciones para el año 2017. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2018. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2019. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2020. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2021. Convenio Oficinas de Farmacia (2%)

Las tablas salariales de las farmacias.

Visto el texto de las tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia (Código de convenio n.º: 99003895011981), publicado en el BOE de 8 de mayo de 2014, que fueron suscritas, con fecha 8 de septiembre de 2021, por la Comisión Paritaria de dicho Convenio colectivo, en la que están integradas la organización empresarial FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles), en representación de las empresas del sector, y las organizaciones sindicales FeSP-UGT, FSS-CC.OO., Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF) y Federación de Trabajadores de Farmacia de Extremadura (FETRAFA), en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 2 de noviembre de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL XXIV CONVENIO ESTATAL DE OFICINAS DE FARMACIA Por las Organizaciones Sindicales: UGT Hugo Sánchez García. CCOO Jesús Cabrera González. M.ª Mar Fernández Faro. Irene Álvarez Bonilla. UTF Gerardo Mosquera Trigo. Bernardo Salcedo Silva. Jesús Manuel Vicente Herrero. Miguel Pardo Pérez. FETRAFA Emilio Vahí Pérez. Francisco Tabares Fuentes. Por las Organizaciones Empresariales: FEFE Luis de Palacio Guerrero Inés Ucelay. Felipe de Donesteve. Ángel Vives. M.ª José García Gómez. En Madrid, a 8 de septiembre de 2021, siendo las 10:00 h, se reúnen las personas al margen reseñadas en representación de las Organizaciones Sindicales y Empresariales que acreditan suficiente representación para formar parte de la Comisión Paritaria del XXIV Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia comienza la reunión con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Aprobación de las tablas salariales pertenecientes a los años 2017 a 2021. 2. Aprobación para la delegación de firma y representación al presidente y/o secretario de la comisión paritaria. 1. Aprobación de la vigencia y las tablas salariales pertenecientes a los años 2017 a 2021 Estando convocadas formalmente todas las organizaciones con capacidad legal para suscribir este acuerdo, mediante convocatoria formal realizada a tal efecto, y en consecuencia, ACUERDAN Aprobar las tablas salariales para todos los conceptos económicos recogidos en convenio de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Tomando como referencia el artículo 3.4 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia, la comisión paritaria acuerda incrementar un 2% anual para cada uno de los años en los que el PIB del año anterior haya sido superior al 1%. En consecuencia para cada uno de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 tendrán una subida del 2% respectivamente y del 0% para el 2021. A tal efecto, se adjunta como documento anexo I a esta acta dichas tablas salariales. Una vez publicadas en el BOE, las empresas afectadas por este acuerdo, dispondrán de 30 días naturales para actualizar las cantidades adeudadas. 2. Aprobación para la delegación de firma y representación al presidente y/o secretario de la comisión paritaria Se acuerda delegar y autorizar en el presidente y secretario de la comisión en concreto don Felipe de Donesteve y/o don Hugo Sánchez García, para realizar los trámites oportunos ante la Dirección General de Trabajo para el registro y publicación posterior en el BOE de este acuerdo. Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas. El Presidente.–El Secretario.–FSS-CCOO.–FeSP-UGT.–UTF.–FETRAFA.–FEFE. ANEXO I Tablas salariales Convenio Oficinas de Farmacia años 2017 a 2021 Tabla de retribuciones para el año 2017. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2018. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2019. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2020. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) Tabla de retribuciones para el año 2021. Convenio Oficinas de Farmacia (2%) ### RESUMEN: Las tablas salariales de las farmacias.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 5078-2013, promovido por doña Noelia Rodríguez Gil, representada por la Procuradora doña Aránzazu Fernández Pérez y asistida por la Abogada doña María Luisa Pérez Álvarez, contra el Auto de fecha 12 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, en cuya virtud se denegó la petición de nulidad de actuaciones instada por la demandante de amparo en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008 y en el procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011, así como contra la Sentencia de fecha 18 de octubre de 2010 recaída en el primero de los procedimientos citados. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad Construcciones Cogucho, S.L., representada por la Procuradora doña Irene Aranda Varela y asistida por el Abogado don Felipe Zalba Cabanillas. Ha sido ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2013, doña Aránzazu Fernández Pérez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Noelia Rodríguez Gil, interpuso recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento de esta resolución. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes: a) En fecha 25 de abril de 2008, la mercantil Construcciones Cogucho, S.L., presentó escrito de demanda de desahucio por precario contra don Antonio Rodríguez Blanco. En el escrito que principia el procedimiento, la entidad demandante señaló, como domicilio del demandado, la vivienda ubicada en el núm. 19 de la calle Alcaraz y Pérez del municipio de La Palma del Condado, inmueble este que, según figura en el cuerpo de la demanda, es propiedad de la entidad actora y aquel lo ocupa sin título y sin abonar merced alguna. b) Por Auto de fecha 1 de septiembre de 2008, recaído en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, se acordó admitir a trámite la demanda, conferir traslado de la misma a la parte demandada y fijar el señalamiento de la vista para el día 13 de febrero de 2009, a las 11:30 horas. El intento de notificación en el domicilio al que se ha hecho mención fue negativo, como así lo refleja la diligencia de citación de fecha 26 de septiembre de 2008, pues la persona con quien se entendió la actuación procesal manifestó que el demandado no vive ni ha vivido nunca en ese inmueble. c) Del resultado de la diligencia anteriormente citada se dio traslado a la entidad demandante, por providencia de fecha 29 de septiembre de 2008, para que instara lo que a su derecho pudiera convenir. Por escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2009, la representación procesal de la actora advirtió del error cometido al redactar el escrito de demanda, puesto que, en realidad, el inmueble ocupado por el demandado se ubica en la calle Palos de la Frontera, núm. 19, de la localidad de La Palma del Condado y no, como así lo indicó inicialmente, en la calle Alcaraz y Pérez, núm. 19, de la referida población. Por ello, la parte actora interesó que la notificación al demandado se efectuara en el domicilio correcto que se señala en el escrito. Pese a ser presentado en forma, este último escrito no fue proveído por parte del órgano judicial, si bien, ante la falta de citación del demandado, por providencia de fecha 12 de febrero de 2009 se acordó la suspensión del acto de la vista. d) Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 2010, la parte actora alertó del fallecimiento del demandado que, al parecer, tuvo lugar en el mes de noviembre de 2008. Para acreditar tal extremo acompañó una diligencia relativa a otro procedimiento, de fecha 13 de enero de 2009, en la cual consta el fallido intento de citación por la razón indicada, que se efectuó en el domicilio sito en la calle Palos de la Frontera, núm. 19. Al margen de lo expuesto, la representación procesal de la parte actora manifestó desconocer la existencia de posibles herederos del finado, así como de cualquier posible ocupante del inmueble. Por ese motivo interesó que, de acuerdo a lo previsto en el art. 16 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), se acordara la declaración de rebeldía de la parte demandada y la continuación del procedimiento. Esta petición fue reiterada por escrito presentado en fecha 18 de junio de 2010. e) Por diligencia de fecha 21 de junio de 2010, el Secretario judicial hizo constar el resultado infructuoso de las gestiones llevadas a cabo para averiguar la identidad y los domicilios de los sucesores del demandado fallecido. No obstante, en el procedimiento judicial no existe reflejo documental de las actuaciones realizadas a tal fin. f) Por providencia de fecha 21 de junio de 2010 se declaró la rebeldía de la parte demandada. Por providencia de 25 de junio de 2010 se señaló el acto de la vista para el día 24 de septiembre del referido año, a las 9:30 horas. Sendas resoluciones fueron notificadas por edictos a la parte demandada. g) Tras la celebración de la vista, a la que solamente asistió la parte actora, en fecha 18 de octubre de 2010 recayó Sentencia estimatoria de la demanda, en cuya virtud se condenó a la parte demandada a dejar libre y expedita la vivienda sita en la calle Palos de la Frontera, núm. 19, de la localidad de La Palma del Condado, con el apercibimiento de ser lanzada por la fuerza si no lo verificare. Dicha resolución fue notificada a la parte demandada por medio de edictos. h) En fecha 29 de diciembre de 2010 la parte actora presentó demanda de ejecución forzosa de la Sentencia anteriormente calendada, que dio lugar al procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011. Por Auto de fecha 8 de abril de 2011 se despachó ejecución, a fin de que la parte demandada entregara la posesión de la vivienda. Por decreto de la misma fecha se acordó entregar la posesión del inmueble a la parte actora, señalándose la celebración de dicho acto a las 10:00 horas del día 13 de julio de 2011; a tal fin, fueron comisionados el Secretario judicial o gestor y el agente judicial. Asimismo, se acordó requerir al ocupante del inmueble y a los herederos de don Antonio Rodríguez Blanco para que, en el plazo de quince días, desocuparan la vivienda a que se ha hecho mención. Por último, también fue acordado el embargo de bienes y derechos de los ejecutados, para cubrir las responsabilidades reclamadas en concepto de costas. i) En fecha 4 de mayo de 2011 se llevó a efecto la diligencia de embargo y requerimiento. La referida actuación procesal se realizó en la vivienda sita en el número 19 de la calle Palos de la Frontera, lugar en el que la comisión judicial se entendió con uno de los hijos de don Antonio Rodríguez Blanco. j) Mediante escrito datado el 20 de mayo de 2011, la demandante de amparo y uno de sus hermanos promovieron incidente de nulidad de actuaciones. En síntesis, adujeron que el domicilio indicado en la demanda es erróneo; que en la documentación adjunta a la demanda figura el domicilio correcto, esto el núm. 19 de la calle Palos de la Frontera; que la parte demandante advirtió del error y facilitó el domicilio real del demandado pero, pese a ello, el órgano judicial no resolvió nada al respecto; y, en fin, que el órgano judicial no llevó a cabo ninguna actuación tendente a la localización del demandado ni a la averiguación de la identidad y domicilio de los sucesores, lo que a la postre ha provocado la indefensión más absoluta de estos últimos, en contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE. En virtud de lo expuesto, los postulantes interesaron que se les tuviera por personados y parte en el procedimiento y que se acordara la nulidad de lo actuado desde la citación y traslado de la demanda. Por medio de otrosí solicitaron que se procediera a la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia, en el cual se había señalado fecha para el lanzamiento del inmueble. Junto con el escrito a que se ha hecho mención, los postulantes aportaron diversa documentación, entre la cual obra una certificación del padrón municipal de habitantes en la que figura que la demandante de amparo reside, desde el día 1 de mayo de 1996, en la vivienda sita en la calle Palos de la Frontera, núm. 19, de la localidad de La Palma del Condado. k) Por diligencia de ordenación de fecha 7 de junio de 2011 se tuvo por personados a los promotores del incidente de nulidad, en calidad de miembros de la comunidad hereditaria de don Antonio Rodríguez Blanco, y se admitió a trámite el referido incidente. Por providencia de fecha 7 de julio de 2011 se acordó la suspensión del lanzamiento, hasta tanto fuera resuelto el incidente de nulidad interpuesto. Finalmente, tras evacuar la parte actora el traslado que le fue conferido, por Auto de fecha 12 de junio de 2013 el órgano judicial denegó la nulidad de actuaciones, al no apreciar vulneración del art. 24.1 CE. En el fundamento jurídico 2 de la referida resolución se viene a reconocer que el escrito aportado por la parte actora en fecha 13 febrero de 2009, en el cual se indica el domicilio real del demandado, no fue oportunamente proveído «[p]or no encontrarse unido en autos, es decir, que en la fecha de su presentación no estaba a disposición del funcionario tramitador por motivos que no pueden ser averiguados por esta juzgadora dado el paso del tiempo. No obstante lo anterior, el demandado falleció el día 28 de octubre de 2008 por lo que ya no procedía la citación del demandado fallecido sino la apertura del trámite del artículo 16 LEC para averiguar la identidad de los sucesores en su caso». En el siguiente párrafo, la juzgadora esboza el siguiente razonamiento: «Es carga de la parte demandante la de aportar la identidad de los demandados, en este caso de sus sucesores, bien averiguándolo por sus propios medios o bien instando las medidas que estime oportunas y que sean viables y admisibles conforme a la LEC al Juzgado actuante. Este principio de iniciativa de parte rige en nuestro procedimiento civil sin que quepa realizar actuación alguna de oficio salvo casos excepcionales. El presente supuesto no es una de las excepciones contempladas, de modo que era la actora quien tenía que adoptar alguna de las dos posturas expuestas. Al comunicar que no conocía la identidad de los sucesores, el Juzgado entiende que ha llevado a cabo todas las posibilidades a su alcance para averiguarlo, de ahí el texto de la diligencia de 21 de junio de 2010 en la que se declara la rebeldía del demandado conforme al art.16 LEC. Repetimos que no corresponde al Juzgado llevar a cabo ninguna averiguación de oficio». 3. En su demanda de amparo doña Noelia Rodríguez Gil alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por cuanto al no haber sido llamada debidamente al proceso se han quebrantado las normas y garantías procesales, todo lo cual le ha producido indefensión. Tras compendiar los razonamientos expuestos en el Auto de fecha 12 de junio de 2013, en cuya virtud se desestima el incidente de nulidad de actuaciones, señala que no tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento, hasta que en fecha 27 de abril de 2011 fue requerida de desalojo y apercibida de lanzamiento. A continuación, afirma que el órgano judicial incumplió el deber de diligencia que le concierne, pues no dio respuesta al escrito de la parte actora en el que se indicaba el domicilio correcto del demandado, ni tampoco realizó gestión alguna en orden a la averiguación del domicilio e identidad de los sucesores del demandado, lo que le originó una efectiva indefensión. Finalmente, tras invocar la doctrina constitucional que estima de aplicación al caso (SSTC 275/1993, de 20 de septiembre, y 109/1999, de 14 de junio, entre otras) interesa la estimación del recurso de amparo, la declaración de nulidad del Auto arriba indicado y, por ende, de la Sentencia de fecha 18 de octubre de 2010, así como la retroacción de las actuaciones al momento de la citación a juicio y el traslado de la demanda. Por otrosí solicita la suspensión del lanzamiento señalado para el día 15 de enero de 2014, petición que reiteró mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2014. 4. Por providencia de fecha 13 de enero de 2014, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de amparo. También dispuso dirigir comunicación al órgano judicial interviniente, a fin de que, en el plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento de ejecución de títulos judicial núm. 23-2011 y al juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, así como que proceda a emplazar a quienes hubieran sido parte en el proceso del que trae causa el presente recurso, excepto la parte recurrente de amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean. Asimismo, al concurrir en el presente caso la urgencia excepcional a que se refiere el art. 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), también acordó suspender provisionalmente el lanzamiento señalado para el día 15 de enero de 2014. 5. Por providencia de la misma fecha la Sala dispuso formar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión y, conforme a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, confirió un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran cuanto estimen pertinente en relación con la suspensión del lanzamiento antes indicado. Por Auto 37/2014, de 10 de febrero, la Sala acordó la suspensión cautelar del lanzamiento acordado en el procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011, derivado del juicio verbal de desahucio núm. 249-2008 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado. 6. Por escrito presentado el 5 de febrero de 2014, presentado por la Procuradora doña Irene Aranda, la entidad Construcciones Cogucho, S.L., interesó que se la tuviera por personada en el presente procedimiento. 7. Por diligencia de ordenación de fecha 19 de febrero de 2014 se tuvo por personado y parte en el procedimiento a Construcciones Cogucho, S.L., representada por la Procuradora doña Irene Aranda Varela y asistida por el Abogado don Felipe Zalba Cabanillas. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que dentro del plazo común de veinte días pudieran presentar alegaciones, conforme determina el art. 52.1 LOTC. 8. Mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2014, la demandante de amparo formuló escrito de alegaciones, en virtud del cual dio por reproducidas las ya efectuadas en el escrito de formalización del recurso. 9. En fecha 20 de marzo de 2014 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal. En primer lugar, destaca que el órgano judicial no desplegó la diligencia exigible para la averiguación del domicilio de la parte que había de ser emplazada, ni tampoco tuvo en cuenta el domicilio correcto que figuraba en las actuaciones. Por ello, entiende que el referido órgano incumplió la doctrina constitucional reflejada, entre otras, en la STC 30/2014, de 24 de febrero de 2014, FJ 3, cuyo contenido transcribe. A su vez, añade que, contrariamente a lo afirmado en el Auto de fecha 12 de junio de 2013, el Juzgado debió actuar positivamente para facilitar la constitución de la relación jurídica procesal, más allá de las exigencias derivadas del principio dispositivo. Por tanto, entiende que la actuación de oficio se hace cada vez más necesaria para impedir la indefensión de las partes, y a ello viene especialmente obligado el órgano judicial por imperativo del art. 24.1 CE. Para el Fiscal, la actuación del referido órgano ha vedado el acceso al proceso de la parte demandada, con el consiguiente impedimento de formular alegaciones, presentar pruebas y, en fin, defender adecuadamente sus derechos. Por ello, interesa el otorgamiento del amparo y que se acuerde la nulidad de todas las actuaciones procesales acaecidas a partir de la falta de citación de los herederos de don Antonio Rodríguez Blanco, a fin de que éstos puedan defender sus derechos en el juicio verbal por precario, inicialmente seguido contra el causante y, posteriormente, contra aquéllos. 10. En fecha 10 de abril de 2014 presentó sus alegaciones la entidad Construcciones Cogucho, S.L. En primer lugar, ratifica la argumentación que invocó en el escrito de oposición al incidente de nulidad de actuaciones que, en síntesis, pasa por negar la legitimación activa de la demandante de amparo, por no haber acreditado la condición de heredera del demandado, bien sea mediante testamento o acta de declaración de herederos. En segundo término, apela a la legalidad de la actuación judicial que en todo momento se desarrolló conforme a lo previsto en el art. 16.3 LEC; y, en tercer lugar, descarta que durante el proceso civil la parte actora se haya conducido con mala fe, pues ignoraba si el Sr. Rodríguez Blanco convivía o no con familiares o amigos en la vivienda. Por último, advierte que la demandante de amparo debió conocer la existencia del procedimiento civil y, al producirse el fallecimiento de su progenitor, tendría que haber ocupado la posición procesal de este último. Sin embargo, se amparó en una ficticia indefensión, para así paralizar el procedimiento y retardar la entrega de la posesión del inmueble. En base a lo expuesto interesa la desestimación del recurso de amparo. 11. Por providencia de 20 de octubre de 2014 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 22 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. En el presente recurso de amparo la demandada impugna el Auto de fecha 12 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, al que atribuye la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Resumidamente, la recurrente sostiene que hasta que no le fue notificada la diligencia de embargo y el requerimiento de desalojo de la vivienda ubicada en la calle Palos de la Frontera núm. 19 de la localidad antes citada, no tuvo conocimiento de la sustanciación del juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, ni del subsiguiente procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011. Añade que la citación y traslado de la demanda se llevó a cabo en un domicilio erróneo y, pese a que la parte demandante subsanó el error inicialmente sufrido al redactar la demanda, el órgano judicial no proveyó al respecto, sin que tampoco llevara a cabo ningún tipo de gestión en orden a la averiguación de la identidad y domicilio de los herederos del fallecido don Antonio Rodríguez Blanco. Estas circunstancias provocaron la efectiva indefensión de la demandante, al no poder articular ningún mecanismo procesal para la defensa de sus intereses. Para el Ministerio Fiscal, el recurso de amparo debe ser estimado. Según afirma, el órgano judicial no advirtió la subsanación del error que inicialmente cometió la parte actora al identificar el domicilio del demandado y, ulteriormente, tampoco realizó ningún tipo de gestión activa para la identificación y localización de herederos de aquél. Por ello, incumplió el deber que, conforme establece la doctrina constitucional, le incumbía, al objeto de evitar la indefensión que a la postre sufrió la demandante de amparo. Para la mercantil Construcciones Cogucho, S.L., el recurso debe ser desestimado. Por un lado sostiene que la demandante no ha acreditado la condición de heredera del otrora demandado. En relación con el fondo considera que el órgano judicial actuó de conformidad con lo establecido en el art. 16.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), y que la contraparte invoca una indefensión ficticia, con la finalidad de dilatar la entrega de la posesión del inmueble. 2. Antes de abordar lo que constituye el núcleo esencial del presente recurso, procede analizar la alegación relativa a la falta de legitimación de la recurrente. En el escrito de oposición al incidente de nulidad, la parte demandante en el proceso judicial ya cuestionó tal legitimación, al afirmar que ni la demandante de amparo ni su hermano, quienes dijeron actuar como miembros de la comunidad hereditaria de don Antonio Rodríguez Blanco, acreditaron ser sucesores mortis causa de este último, bien por designación testamentaria o, en su defecto, a través de un acta de declaración de herederos otorgada ante fedatario público. El art. 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) atribuye legitimación para interponer recurso de amparo, en los casos de los arts. 43 y 44 LOTC, a quienes hayan sido parte en el proceso judicial, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal. Sin embargo, como ha establecido la doctrina constitucional, no cabe afirmar que, bajo cualquier circunstancia, el mero hecho de haber sido parte en el proceso judicial confiera automáticamente legitimación activa para accionar en sede constitucional, ni que quien no ostente esa condición quede automáticamente extramuros del recurso de amparo. Como afirmamos en la STC 158/2002, de 9 de octubre, FJ 2: «Este Tribunal ha realizado una interpretación integradora de ambos preceptos, entendiendo que la fórmula del art. 46.1 b) LOTC complementa a la del art. 162.1 b) del texto constitucional, sin que se deba considerar limitativa o restrictiva de ella (SSTC 106/1984, de 16 de noviembre, FJ 1; 237/1997, de 19 de diciembre, FJ 2). Así, en el ATC 1193/1988, de 24 de octubre, FJ único, preconizamos, para salvar la situación a la que conducía la interpretación literal de la LOTC, no solo la atención a consideraciones de orden teleológico, sino también a razones sistemáticas, que obligan a interpretarla, como al Ordenamiento todo, de acuerdo con la Constitución, que concede legitimación para el amparo a 'toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo'. Y en la STC 84/2000, de 27 de marzo, FJ 1, reiteramos esta doctrina, afirmando que, 'La relación entre los dos preceptos ha sido ya abordada en nuestra doctrina, poniendo de relieve que este último, según el cual en los casos del artículo 44 LOTC están legitimados para el amparo quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, debe ser interpretado de acuerdo con el citado precepto constitucional, que otorga legitimación para el amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, es decir, a toda aquella persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación, por obra del poder, de un derecho fundamental, aunque la violación no se produjese en su contra' (ATC 1193/1988, de 24 de octubre, FJ único). De ahí que el requisito de haber sido parte en el proceso judicial previo no sea siempre suficiente para poder determinar con carácter general la existencia de legitimación y, contrariamente, que puedan estar legitimados para recurrir en amparo quienes, sin haber sido parte en el proceso, invoquen un interés legítimo en el asunto debatido». Según figura en los antecedentes de esta resolución, por diligencia de ordenación de fecha 7 de junio de 2011 se tuvo por personada en el procedimiento judicial a la demandante de amparo y a su hermano, en calidad de miembros de la comunidad hereditaria de don Antonio Rodríguez Blanco. Dicha diligencia no fue recurrida en reposición por la parte actora y, aun cuando esta última cuestionó la legitimación activa de aquéllos en el escrito de oposición a la nulidad de actuaciones interesada, el órgano judicial se limitó a desestimar el referido incidente por las razones ya indicadas, pero no apreció que concurriera falta de legitimación activa en sus promotores. Siendo, pues, inobjetable que a la demandante de amparo le fue reconocida la condición de parte en el proceso judicial, no nos compete ahora elucidar si dicha decisión judicial fue acertada o no, pues ello supondría abrir un debate improcedente en esta sede constitucional, dada la taxatividad de los términos del art. 46.1 b) LOTC. Por otro lado, tampoco cabe cuestionar el interés legítimo que asiste a la recurrente, principalmente por su condición de ocupante del inmueble del que trajo causa el procedimiento judicial, condición esta que Construcciones Cogucho, S.L., no refuta. Por tanto, debe rechazarse la objeción de falta de legitimación activa planteada por la entidad última citada. 3. Despejada la anterior cuestión procede abordar, a continuación, el aspecto esencial de la controversia que pende de nuestro enjuiciamiento. Conforme ha quedado expuesto en los antecedentes de esta resolución, dos son los principales acontecimientos procesales a tomar en consideración: en primer lugar, el hecho de que el órgano judicial no proveyera lo necesario para efectuar la citación en el domicilio correcto que le indicó la parte actora, tras subsanar el error padecido al redactar la demanda; y, en segundo lugar, la falta de actividad del órgano judicial en orden a localizar e identificar a los posibles herederos del demandado fallecido. Esta Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre la importancia de los actos de comunicación para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Conforme dijimos en la STC 122/2013, de 18 de junio, FJ 3 «[e]l derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Un instrumento capital de esa correcta constitución de la relación jurídico procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) es, indudablemente, el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, pues sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes del litigio. De tal manera que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido derecho fundamental (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; y 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5). Ello implica que el órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero. En este sentido hemos declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2; y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)». Asimismo, en la STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, reafirmamos la especial significación y relevancia de los actos de comunicación procesal, con el consiguiente deber de diligencia que comporta para el órgano judicial: «Sobre esta cuestión, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, señalando la gran relevancia que posee la correcta constitución de la relación jurídica procesal para garantizar el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la posibilidad de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. De ahí la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental». 4. Descendiendo al caso cuyo enjuiciamiento nos pende, cumple decir que el órgano judicial hizo caso omiso de la advertencia efectuada por la parte actora, referida al error padecido al identificar en la demanda el domicilio del demandado. Tal dato adquiere una singular relevancia para la suerte del presente recurso pues, de haber sido atendida la mencionada indicación, la demandante de amparo habría tenido cabal conocimiento del procedimiento seguido contra su progenitor y, consecuentemente, podría haber desplegado la actividad que hubiera considerado pertinente para la defensa de sus intereses. Sin embargo, el Juzgado no tuvo en cuenta la información facilitada por dicha parte, puesto que, como así lo refleja la juzgadora en el Auto de fecha 12 de junio de 2013, el escrito de fecha 13 de febrero de 2009 no fue debidamente proveído por no encontrarse unido al procedimiento. Este dato permite afirmar que el órgano judicial incumplió objetivamente el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, cuya importancia para precaver situaciones de indefensión ha sido destacada por la doctrina constitucional. Cierto es, como así se indica en el Auto combatido, que el primigenio demandado había fallecido con anterioridad (el día 28 de octubre de 2008) a la presentación del escrito el que se indicaba el domicilio correcto (el día 12 de febrero de 2009). Ahora bien, también es cierto que a la fecha de presentación del último escrito citado, el fallecimiento de aquél era desconocido para el órgano judicial y, presumiblemente, también lo desconocía la parte actora, puesto que hasta el día 9 de febrero de 2010 no puso en conocimiento del Juzgado tal circunstancia. Por ello, hemos de reiterarlo, si se hubiera efectuado la comunicación procesal en el domicilio correcto, previsiblemente la hoy demandante y el resto de los ocupantes del inmueble habrían tenido conocimiento cierto de la pretensión de la parte actora en el procedimiento judicial, lo que les habría permitido actuar en consecuencia. Por otra parte, en la fundamentación jurídica del Auto de fecha 12 de junio de 2013 se afirma que, en el presente caso, el órgano judicial no estaba obligado a practicar de oficio ninguna diligencia para la averiguación de la identidad de los sucesores del demandado pues, conforme a lo establecido el art. 16 LEC, corresponde al actor aportar la información pertinente para tal menester. Tal aserto no se compadece con la doctrina que este Tribunal ha venido proclamando en diferentes resoluciones, pues no puede quedar en manos de una de las partes la efectividad de los actos de comunicación, a riesgo de que la pasividad del órgano judicial conduzca a una situación de indefensión material. Además, en el supuesto que nos ocupa la simple constatación de la existencia de eventuales ocupantes de la vivienda, distintos del demandado a quien la parte actora le atribuyó la condición de precarista, se antoja pertinente y necesaria de todo punto, puesto que una vez conocido el fallecimiento de aquél, el hecho de que otros terceros habitaran la vivienda constituye un dato de especial relieve, dado que la finalidad y objeto del procedimiento judicial consistía, precisamente, en el desalojo de la vivienda ocupada en precario. 5. Resta por abordar la alegación efectuada por la entidad Construcciones Cogucho, S.L., acerca de que la demandante de amparo debía conocer la existencia del procedimiento judicial y, pese a ello, aparentó una situación ficticia de indefensión con una clara finalidad dilatoria. Sobre ese particular, procede traer a colación nuestra consolidada doctrina sobre la indefensión originada por la propia conducta de quien la invoca, en relación con los actos de comunicación. Dicha doctrina aparece recogida, entre otras resoluciones, en el fundamento jurídico 4 de la STC 268/2000, de 13 de noviembre —cuyo contenido se transcribe a continuación— y ha sido oportunamente recordada en la STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3: «Al respecto, no ha de olvidarse que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del interesado, que vaciaría de contenido constitucional su queja, no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega». En el presente caso, la documentación remitida a este Tribunal no recoge ningún hecho que avale el aserto que la indicada mercantil expone en el escrito de alegaciones, sin que tampoco dicha entidad aporte dato alguno que permita colegir con certidumbre que la demandante de amparo supo de la existencia del procedimiento incoado contra su progenitor y, pese a ello, adoptó una pasividad deliberada hasta el requerimiento de desalojo. Por el contrario, lo que el testimonio del procedimiento judicial pone de relieve es que aquélla reaccionó diligentemente, una vez que la diligencia de comunicación procesal se verificó en el domicilio adecuado. Por tanto, hemos de afirmar que en el presente caso no concurren las circunstancias que, conforme a la doctrina expuesta, harían ineficaz el alegato de indefensión verificado por la demandante de amparo. 6. En virtud de todo lo expuesto, debe reconocerse la vulneración del derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Las deficiencias detectadas durante la tramitación del procedimiento judicial le han impedido conocer de la existencia del procedimiento judicial, lo que ha dado lugar a una privación material del derecho de defensa durante la sustanciación del procedimiento declarativo y del subsiguiente procedimiento de ejecución de Sentencia. En esa tesitura, la demandante de amparo sólo pudo articular un incidente de nulidad de actuaciones para denunciar la indefensión padecida, el cual, al ser desestimado por el órgano judicial, tampoco sirvió para reparar la vulneración del derecho fundamental. Los razonamientos recogidos en esta resolución conducen a estimar el recurso interpuesto. De conformidad con lo establecido en el art. 55.1 LOTC, procede declarar la nulidad del Auto de fecha 12 de junio de 2013, en cuya virtud se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, de todo el procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011 y de las actuaciones practicadas en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, a partir de la admisión a trámite de la demanda. Asimismo, deberán retrotraerse las actuaciones realizadas en el procedimiento último citado, hasta el momento anterior al que tuvo lugar el intento de citación personal del demandado y el traslado de la demanda en un domicilio incorrecto, a fin de que dichos actos de comunicación se practiquen de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Noelia Rodríguez Gil y, en su virtud: 1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 2.º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del Auto de 12 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, en cuya virtud se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones. Asimismo, se declara la nulidad de todo el procedimiento de ejecución de sentencia núm. 23-2011 y de las actuaciones practicadas en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, a partir de la admisión a trámite de la demanda. 3.º Retrotraer las actuaciones del procedimiento de juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, hasta el momento anterior al que tuvo lugar el intento de citación personal del demandado y el traslado de la demanda en un domicilio incorrecto, para que dichos actos de comunicación se practiquen de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintidós de octubre de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

El TC anula un proceso de desahucio porque los demandados no fueron localizados para participar en el proceso

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 5078-2013, promovido por doña Noelia Rodríguez Gil, representada por la Procuradora doña Aránzazu Fernández Pérez y asistida por la Abogada doña María Luisa Pérez Álvarez, contra el Auto de fecha 12 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, en cuya virtud se denegó la petición de nulidad de actuaciones instada por la demandante de amparo en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008 y en el procedimiento de ejecución de título judicial núm. 23-2011, así como contra la Sentencia de fecha 18 de octubre de 2010 recaída en el primero de los procedimientos citados. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la entidad Construcciones Cogucho, S.L., representada por la Procuradora doña Irene Aranda Varela y asistida por el Abogado don Felipe Zalba Cabanillas. Ha sido ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2013, doña Aránzazu Fernández Pérez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Noelia Rodríguez Gil, interpuso recurso de amparo contra la resolución citada en el encabezamiento de esta resolución. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son los siguientes: a) En fecha 25 de abril de 2008, la mercantil Construcciones Cogucho, S.L., presentó escrito de demanda de desahucio por precario contra don Antonio Rodríguez Blanco. En el escrito que principia el procedimiento, la entidad demandante señaló, como domicilio del demandado, la vivienda ubicada en el núm. 19 de la calle Alcaraz y Pérez del municipio de La Palma del Condado, inmueble este que, según figura en el cuerpo de la demanda, es propiedad de la entidad actora y aquel lo ocupa sin título y sin abonar merced alguna. b) Por Auto de fecha 1 de septiembre de 2008, recaído en el juicio verbal de desahucio núm. 249-2008, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de La Palma del Condado, se acordó admitir a trámite la demanda, conferir traslado de la misma a la parte demandada y fijar el señalamiento de la vista para el día 13 de febrero de 2009, a las 11:30 horas. El intento de notificación en el domicilio al que se ha hecho mención fue negativo, como así lo refleja la diligencia de citación de fecha 26 de septiembre de 2008, pues la persona con quien se entendió la actuación procesal manifestó que el demandado no vive ni ha vivido nunca en ese inmueble. c) Del resultado de la diligencia anteriormente citada se dio traslado a la entidad demandante, por providencia de fecha 29 de septiembre de 2008, para que instara lo que a su derecho pudiera convenir. Por escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2009, la representación procesal de la actora advirtió del error cometido al redactar el escrito de demanda, puesto que, en realidad, el inmueble ocupado por el demandado se ubica en la calle Palos de la Frontera, núm. 19, de la localidad de La Palma del Condado y no, como así lo indicó inicialmente, en la calle Alcaraz y Pérez, núm. 19, de la referida población. Por ello, la parte actora interesó que la notificación al demandado se efectuara en el domicilio correcto que se señala en el escrito. Pese a ser presentado en forma, este último escrito no fue proveído por parte del órgano judicial, si bien, ante la falta de citación del demandado, por providencia de fecha 12 de febrero de 2009 se acordó la suspensión del acto de la vista. d) Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 2010, la parte actora alertó del fallecimiento del demandado que, al parecer, tuvo lugar en el mes de noviembre de 2008. Para acreditar tal extremo acompañó una diligencia relativa a otro procedimiento, de fecha 13 de enero de 2009, en la cual consta el fallido intento de citación por la razón indicada, que se efectuó en el domicilio sito en la calle Palos de la Frontera, núm. 19. Al margen de lo expuesto, la representación procesal de la parte actora manifestó desconocer la existencia de posibles herederos del finado, así como de cualquier posible ocupante del inmueble. Por ese motivo interesó que, de acuerdo a lo previsto en el art. 16 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), se acordara la declaración de rebeldía de la parte demandada y la continuación del procedimiento. Esta petición fue reiterada por escrito presentado en fecha 18 de junio de 2010. e) Por diligencia de fecha 21 de junio de 2010, el Secretario judicial hizo constar el resultado infructuoso de las gestiones llevadas a cabo para averiguar la identidad y los domicilios de los sucesores del demandado fallecido. No obstante, en el procedimiento judicial no existe reflejo documental de las actuaciones realizadas a tal fin. f) Por providencia de fecha 21 de junio de 2010 se declaró la rebeldía de la parte demandada. Por providencia de 25 de junio de 2010 se señaló el acto de la vista para el día 24 de septiembre del referido año, a las 9:30 horas. Sendas resoluciones fueron notificadas por edictos a la parte demandada. g) Tras la celebración de la vista, a la que solamente asistió la parte actora, en fecha 18 de octubre de 2010 recayó Sentencia estimatoria de la demanda, en cuya virtud se condenó a la parte demandada a dejar libre y expedita la vivienda sita en la calle Palos de la Frontera, núm. 19, de la localidad de La Palma del Condado, con el apercibimiento de ser lanzada por la fuerza si no lo verificare. Dicha resolución fue notificada a la parte demandada por medio de edictos. h) En fecha ### RESUMEN: El TC anula un proceso de desahucio porque los demandados no fueron localizados para participar en el proceso

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Junta de Gobierno Local. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Número de expediente: 2013/PA/000021. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo especial. b) Descripción: Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de mayo de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 123.000 euros. Importe total: 148.830 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de julio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 29 de julio de 2013. c) Contratista: UTE Equltauro, S.L., y Tomás Entero Martín. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 122.999 euros. Importe total: 148.828,79 euros. Pozuelo de Alarcón, 3 de septiembre de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel Pita Cañas.

El Ayuntamiento de Pozuelo licita la Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013. por importe total de 148.828,79 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Junta de Gobierno Local. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Número de expediente: 2013/PA/000021. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo especial. b) Descripción: Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de mayo de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 123.000 euros. Importe total: 148.830 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 24 de julio de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 29 de julio de 2013. c) Contratista: UTE Equltauro, S.L., y Tomás Entero Martín. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 122.999 euros. Importe total: 148.828,79 euros. Pozuelo de Alarcón, 3 de septiembre de 2013.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Isabel Pita Cañas. ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Pozuelo licita la Organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas patronales de Nuestra Sra. de la Consolación 2013. por importe total de 148.828,79 euros.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, y considerando la situación de restricciones presupuestarias y la reducción del gasto no financiero de la Generalitat de Cataluña, se mantienen los importes de las subvenciones para las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2017, DISPONGO: Artículo 1. Determinación de las subvenciones. 1. La Administración de la Generalitat de Cataluña subvencionará los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017, de acuerdo con las reglas siguientes: a) 16.101,60 euros por escaño obtenido. b) 0,61 euros por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, como mínimo, un escaño. c) 0,17 euros por cada elector de una circunscripción electoral, siempre que la candidatura obtenga un escaño en esta circunscripción y consiga formar grupo parlamentario, para los gastos originados por el envío directo y personal a los electores de los sobres y las papeletas electorales, o de propaganda y publicidad electoral. 2. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores puede superar en estas elecciones, por gastos electorales, el límite que resulte de multiplicar por 0,40 euros el número de habitantes de población de derecho de las circunscripciones electorales en las que presenten candidaturas. La cantidad subvencionada a la que hace referencia el apartado 1.c) no se incluirá dentro de este límite. No obstante, se deberá justificar la realización efectiva de la actividad para la que se otorga la subvención. Artículo 2. Anticipos. 1. El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda concederá a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones anticipos de las subvenciones que les correspondan por los gastos electorales originados. El importe de este anticipo no puede ser superior al 30% de la subvención percibida por el mismo partido, federación, coalición o agrupación en las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2015. 2. Los administradores electorales deberán presentar las solicitudes de anticipo ante la junta electoral correspondiente, entre los días vigésimo primero y vigésimo tercero posteriores a la convocatoria. La Junta Electoral Central debe dar traslado al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de las solicitudes que le hayan sido presentadas. 3. A partir del día vigésimo noveno posterior al de la convocatoria, la Administración de la Generalitat pondrá a disposición de los administradores electorales los anticipos correspondientes. 4. Después de las elecciones se deberán devolver los anticipos en la cuantía en que superen el importe de la subvención que corresponda a cada partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Artículo 3. Entrega de las subvenciones. Dentro del plazo de treinta días posteriores a la presentación de la contabilidad ante la Sindicatura de Cuentas, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda abonará a las candidaturas que lo tengan que percibir un anticipo del 90% del importe de las subvenciones que les correspondan de acuerdo con los resultados generales de estos comicios publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». De esta cantidad se deducirá, si procede, el anticipo concedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este real decreto. No obstante, cuando estas candidaturas hayan notificado a las juntas electorales provinciales que el importe de las subvenciones sea entregado, total o parcialmente, a las entidades bancarias que designen, el abono de estos créditos a dichas entidades tendrá carácter preferente. Para poder percibir este anticipo será necesario presentar un aval bancario, tal como establece el apartado 4 del artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículo 4. Control de la contabilidad electoral. Corresponde a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con las competencias que le otorga la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, fiscalizar la contabilidad de los procesos electorales cuyo ámbito se circunscribe a Cataluña, y también la contabilidad y la actividad económica y financiera de los partidos políticos, las federaciones y las agrupaciones de electores que participan en estos procesos, de acuerdo con la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos, así como proponer las actuaciones y medidas correctoras correspondientes por el incumplimiento de la normativa electoral y de la normativa de financiación de los partidos y las formaciones políticas. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se faculta al Ministro del Interior para el desarrollo y la ejecución de este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». También se publicará en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2017. FELIPE R. El Ministro del Interior, JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ

Las reglas para el reparto de subvenciones electorales del 21 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales, y considerando la situación de restricciones presupuestarias y la reducción del gasto no financiero de la Generalitat de Cataluña, se mantienen los importes de las subvenciones para las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015. En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de noviembre de 2017, DISPONGO: Artículo 1. Determinación de las subvenciones. 1. La Administración de la Generalitat de Cataluña subvencionará los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017, de acuerdo con las reglas siguientes: a) 16.101,60 euros por escaño obtenido. b) 0,61 euros por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, como mínimo, un escaño. c) 0,17 euros por cada elector de una circunscripción electoral, siempre que la candidatura obtenga un escaño en esta circunscripción y consiga formar grupo parlamentario, para los gastos originados por el envío directo y personal a los electores de los sobres y las papeletas electorales, o de propaganda y publicidad electoral. 2. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores puede superar en estas elecciones, por gastos electorales, el límite que resulte de multiplicar por 0,40 euros el número de habitantes de población de derecho de las circunscripciones electorales en las que presenten candidaturas. La cantidad subvencionada a la que hace referencia el apartado 1.c) no se incluirá dentro de este límite. No obstante, se deberá justificar la realización efectiva de la actividad para la que se otorga la subvención. Artículo 2. Anticipos. 1. El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda concederá a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones anticipos de las subvenciones que les correspondan por los gastos electorales originados. El importe de este anticipo no puede ser superior al 30% de la subvención percibida por el mismo partido, federación, coalición o agrupación en las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2015. 2. Los administradores electorales deberán presentar las solicitudes de anticipo ante la junta electoral correspondiente, entre los días vigésimo primero y vigésimo tercero posteriores a la convocatoria. La Junta Electoral Central debe dar traslado al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de las solicitudes que le hayan sido presentadas. 3. A partir del día vigésimo noveno posterior al de la convocatoria, la Administración de la Generalitat pondrá a disposición de los administradores electorales los anticipos correspondientes. 4. Después de las elecciones se deberán devolver los anticipos en la cuantía en que superen el importe de la subvención que corresponda a cada partido político, federación, coalición o agrupación de electores. Artículo 3. Entrega de las subvenciones. Dentro del plazo de treinta días posteriores a la presentación de la contabilidad ante la Sindicatura de Cuentas, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda abonará a las candidaturas que lo tengan que percibir un anticipo del 90% del importe de las subvenciones que les correspondan de acuerdo con los resultados generales de estos comicios publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». De esta cantidad se deducirá, si procede, el anticipo concedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este real decreto. No obstante, cuando estas candidaturas hayan notificado a las juntas electorales provinciales que el importe de las subvenciones sea entregado, total o parcialmente, a las entidades bancarias que designen, el abono de estos créditos a dichas entidades tendrá carácter preferente. Para poder percibir este anticipo será necesario presentar un aval bancario, tal como establece el apartado 4 del artículo 133 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Artículo 4. Control de la contabilidad electoral. Corresponde a la Sindicatura de Cuentas, de acuerdo con las competencias que le otorga la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 133 y 134 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, fiscalizar la contabilidad de los procesos electorales cuyo ámbito se circunscribe a Cataluña, y también la contabilidad y la actividad económica y financiera de los partidos políticos, las federaciones y las agrupaciones de electores que participan en estos procesos, de acuerdo con la normativa reguladora de la financiación de los partidos políticos, así como proponer las actuaciones y medidas correctoras correspondientes por el incumplimiento de la normativa electoral y de la normativa de financiación de los partidos y las formaciones políticas. Disposición final primera. Habilitación normativa. Se faculta al Ministro del Interior para el desarrollo y la ejecución de este real decreto. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». También se publicará en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». Dado en Madrid, el 3 de noviembre de 2017. FELIPE R. El Ministro del Interior, JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ ### RESUMEN: Las reglas para el reparto de subvenciones electorales del 21 de diciembre.

Visto el texto de revisión salarial del año 2015 del Convenio colectivo de la empresa Alain Afflelou España, SAU (código de convenio n.º 90101442012013), aprobado en acta por la comisión negociadora del citado Convenio, con entrada en este centro directivo con fecha 8 de febrero de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 12 de febrero de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE APROBACIÓN DE LA TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2015 Asistentes: Por la representación empresarial: 1. Don Jorge Calviño Pérez (Director de Recursos Humanos). 2. Don Alberto Huertas Sánchez (Tec. de Recursos Humanos). Por parte del comité de empresa: 1. Doña Raquel San Hipólito Vega. 2. Doña Beatriz Gutiérez Pavón. 3. Don Alfonso Rafael García Bastante. En la sede de Alain Afflelou España, S.A.U. (en adelante, la «Empresa»), sita en el Paseo de la Castellana número 89, siendo las 18:00 horas, se reúnen las personas arriba indicadas, en la representación que se indica. Ambas partes actúan con la misma legitimación que consta en el acta de constitución de la mesa negociadora del presente convenio, de fecha 3 de diciembre de 2012, a cuyo contenido íntegro se remiten. La reunión tiene por objeto tratar las tablas salariales aplicables en el año 2015, según indica el artículo 16 del Convenio Colectivo de la Empresa (código de convenio número 90101442012013). Se declara abierta la sesión, pasándose seguidamente al estudio, debate y aprobación de los siguientes acuerdos: I. Aprobación de las tablas salariales para el año 2015. El artículo 16 del Convenio Colectivo de la Empresa, suscrito el 14 de marzo de 2013 dispone: «Artículo 16. Incrementos anuales. Se establece un incremento anual de las tablas del salario base de la siguiente manera: Año 2013: no habrá incremento alguno. Año 2014: no habrá incremento alguno. Años 2015, 2016 y 2017: se establecerá un incremento siempre que Alain Afflelou España, S.A.U., obtenga un incremento en las ventas netas tomando como referencia las ventas netas del año 2011 en los porcentajes que a continuación se detallan: Si el incremento en las ventas va del 3,1 al 7 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales de 0,5 %. Si el incremento en las ventas va del 7,1 al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 0,75 %. Si el incremento en las ventas es superior al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 1,5 %.» La Empresa manifiesta haber obtenido un incremento superior al 12,18% en sus ventas netas, tomando como referencia las ventas netas del año 2011. En consecuencia, procede una subida salarial para el año 2015 del 1,5 % y, por unanimidad, se aprueba la tabla salarial para 2015 que figura en el anexo a esta acta. II. Publicación del acta. Se acuerda delegar en don Alberto Huertas Sánchez, el registro de la presente acta para su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Y para que así conste, ambas partes suscriben el presente documento, por duplicado ejemplar, en la ciudad y fecha arriba indicados. Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:       ANEXO I Tabla salarial del Convenio Colectivo de Alain Afflelou España, SAU para el año 2015 Categoría SBA 2015 – Euros Grupo I 18.029,06 Grupo II 17.668,31 Grupo III 17.328,67 Grupo IV 14.585,19 Grupo V 14.160,38 Grupo VI 10.657,50

Alain Afflelou tuvo incremento de ventas netas de + del 12,18%, así que sube los sueldos un 1,5%

Visto el texto de revisión salarial del año 2015 del Convenio colectivo de la empresa Alain Afflelou España, SAU (código de convenio n.º 90101442012013), aprobado en acta por la comisión negociadora del citado Convenio, con entrada en este centro directivo con fecha 8 de febrero de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 12 de febrero de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE APROBACIÓN DE LA TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2015 Asistentes: Por la representación empresarial: 1. Don Jorge Calviño Pérez (Director de Recursos Humanos). 2. Don Alberto Huertas Sánchez (Tec. de Recursos Humanos). Por parte del comité de empresa: 1. Doña Raquel San Hipólito Vega. 2. Doña Beatriz Gutiérez Pavón. 3. Don Alfonso Rafael García Bastante. En la sede de Alain Afflelou España, S.A.U. (en adelante, la «Empresa»), sita en el Paseo de la Castellana número 89, siendo las 18:00 horas, se reúnen las personas arriba indicadas, en la representación que se indica. Ambas partes actúan con la misma legitimación que consta en el acta de constitución de la mesa negociadora del presente convenio, de fecha 3 de diciembre de 2012, a cuyo contenido íntegro se remiten. La reunión tiene por objeto tratar las tablas salariales aplicables en el año 2015, según indica el artículo 16 del Convenio Colectivo de la Empresa (código de convenio número 90101442012013). Se declara abierta la sesión, pasándose seguidamente al estudio, debate y aprobación de los siguientes acuerdos: I. Aprobación de las tablas salariales para el año 2015. El artículo 16 del Convenio Colectivo de la Empresa, suscrito el 14 de marzo de 2013 dispone: «Artículo 16. Incrementos anuales. Se establece un incremento anual de las tablas del salario base de la siguiente manera: Año 2013: no habrá incremento alguno. Año 2014: no habrá incremento alguno. Años 2015, 2016 y 2017: se establecerá un incremento siempre que Alain Afflelou España, S.A.U., obtenga un incremento en las ventas netas tomando como referencia las ventas netas del año 2011 en los porcentajes que a continuación se detallan: Si el incremento en las ventas va del 3,1 al 7 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales de 0,5 %. Si el incremento en las ventas va del 7,1 al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 0,75 %. Si el incremento en las ventas es superior al 10 por ciento: se establecerá un incremento de las tablas salariales en un 1,5 %.» La Empresa manifiesta haber obtenido un incremento superior al 12,18% en sus ventas netas, tomando como referencia las ventas netas del año 2011. En consecuencia, procede una subida salarial para el año 2015 del 1,5 % y, por unanimidad, se aprueba la tabla salarial para 2015 que figura en el anexo a esta acta. II. Publicación del acta. Se acuerda delegar en don Alberto Huertas Sánchez, el registro de la presente acta para su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Y para que así conste, ambas partes suscriben el presente documento, por duplicado ejemplar, en la ciudad y fecha arriba indicados. Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:   Nombre: DNI:       ANEXO I Tabla salarial del Convenio Colectivo de Alain Afflelou España, SAU para el año 2015 Categoría SBA 2015 – Euros Grupo I 18.029,06 Grupo II 17.668,31 Grupo III 17.328,67 Grupo IV 14.585,19 Grupo V 14.160,38 Grupo VI 10.657,50 ### RESUMEN: Alain Afflelou tuvo incremento de ventas netas de + del 12,18%, así que sube los sueldos un 1,5%

I El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, atribuye, entre otras, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su artículo 263.i), la competencia para la determinación de las condiciones de idoneidad, profesionalidad, y titulación para formar parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles. En desarrollo de ese precepto, así como de las normas internacionales y de la Unión Europea que regula esa materia, se aprobó el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante. El apartado 1 del artículo 3 de esta norma establece que, para ejercer profesionalmente a bordo de los buques mercantes españoles como capitán, patrón, oficial que forme parte o pueda formar parte de las guardias de navegación o de la cámara de máquinas se deberá poseer la tarjeta profesional de marina mercante en vigor. Esta tarjeta se expide a aquellos que en posesión de su título profesional correspondiente reúnan la aptitud física idónea, entre otros requisitos tales como, por ejemplo, el de ostentar la titulación académica adecuada. Para la obtención de las titulaciones profesionales correspondientes la normativa en vigor establece que los alumnos de puente y de máquinas realizarán prácticas a bordo de buques durante un periodo no inferior a doce meses, de los cuales al menos el 50 por ciento se efectuarán en navegación. Sin realizar tales prácticas como alumnos, éstos no podrán acceder a las titulaciones profesionales, aunque hayan completado los estudios académicos. Por este motivo, la ausencia de un medio que fomente el embarque de alumnos produciría una falta de profesionales españoles que pudieran ejercer en buques de nuestra bandera. Los alumnos deben efectuar las prácticas realizando funciones que les permitan aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su formación, a fin de obtener la experiencia necesaria para el ejercicio profesional del título al que optan. Los alumnos en prácticas están bajo la supervisión del capitán, del patrón, del jefe de máquinas o de los oficiales del servicio correspondiente y podrán asistirles en la realización de las guardias de navegación, en la cámara de máquinas y en la estación radioelectrónica. II La considerable reducción de la flota nacional española que viene ocurriendo desde hace tiempo, así como la continua reducción de costes por parte de los armadores han provocado que sea cada vez más difícil para los alumnos encontrar buques donde realizar estos embarques en prácticas. Por ello, se viene instando a los navieros españoles, a través de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), para que admitan un número superior de alumnos en sus buques, teniendo en cuenta que los pilotos y oficiales de máquinas así formados pronto serán el día de mañana los marinos que, a bordo de sus barcos, se harán cargo de funciones de nivel operacional, tales como las guardias de navegación, de máquinas o el servicio de radiocomunicaciones, estando además llamados a asumir, en el futuro, otras responsabilidades más elevadas, propias de los niveles de gestión y superiores. Y, como compensación de los gastos que ello les origina, se viene articulando en los presupuestos generales del Estado la correspondiente subvención. Esta línea de subvención, a recibir por ANAVE como entidad que distribuirá los fondos entre sus asociados, se encuentra destinada a compensar el sobrecoste, derivado de la formación y manutención de estos alumnos, en que incurren los navieros españoles; y tiene, pues, por objetivo cubrir la necesidad de completar los periodos mínimos de embarque en buques mercantes que tienen los alumnos egresados de las escuelas náuticas, periodos que son imprescindibles para poder acceder a las titulaciones profesionales de la marina mercante y ejercer a bordo de buques de bandera española. III Siendo la subvención el instrumento jurídico adecuado para articular la financiación de actividades de interés público, social y económico desarrolladas por entidades públicas o privadas, el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones posibilita la concesión de forma directa de éstas cuando, con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. La necesidad de mantener la financiación que garantice la formación práctica de los nuevos profesionales de la marina mercante hace necesario acudir al mecanismo que la Ley General de Subvenciones contempla en su artículo 22.2.c). El interés público y económico, así como el carácter eminentemente social de las mencionadas actividades de formación que son financiadas mediante ayudas otorgadas y gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este real decreto. Asimismo, no cabe aplicar los mecanismos de la concurrencia en el otorgamiento porque se trata de una subvención cuya finalidad es financiar actuaciones concretas que se reiteran plurianualmente en la entidad beneficiaria. Se garantiza así la continuidad de las actuaciones que en materia de marina mercante promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y son reguladas por este real decreto. Por todo ello, en el ámbito de las competencias que ostenta la Dirección General de la Marina Mercante, se regulan mediante este real decreto las subvenciones a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y a sus empresas asociadas, para proporcionar embarques de prácticas a los alumnos de marina mercante durante el ejercicio presupuestario 2020, al darse las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones que justifican que la opción más adecuada sea la concesión directa por su interés público, social y económico. La subvención a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y a sus empresas asociadas, para proporcionar embarques de prácticas a los alumnos de marina mercante durante el ejercicio presupuestario 2020, cuyo otorgamiento se regula en este real decreto, tienen su precedente en las ayudas a la ejecución de las actividades desarrolladas por dicha entidad que han venido siendo proporcionadas de manera recurrente en los ejercicios precedentes, incluyéndose en los presupuestos ordinarios de cada ejercicio (la última inclusión fue en 2018) por las mismas cuantías a las previstas en la presente disposición, tal como figura en la correspondiente partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, que se encuentran prorrogados. IV La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otros, a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos; así como a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, ya que la norma aborda los extremos exigidos por las normas que regulan este tipo de subvenciones, estableciendo la regulación necesaria de acuerdo con dicha normativa. En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de marina mercante. En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2020, DISPONGO: CAPÍTULO I Normas generales aplicables a la tramitación de la subvención a la Asociación de Navieros Españoles Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones directas, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, destinadas a apoyar, en el ejercicio presupuestario de 2020, el cumplimiento por parte los alumnos de puente o de máquinas de marina mercante de los preceptivos periodos de embarque para la obtención de los títulos de Piloto de segunda de la marina mercante y de Oficial de máquinas de segunda. Los beneficiarios de estas subvenciones serán a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y las empresas navieras pertenecientes a ella que proporcionen los buques y los medios necesarios para que tenga lugar el embarque de los alumnos. Artículo 2. Régimen jurídico aplicable. Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales que resulten de aplicación. Artículo 3. Procedimiento de concesión. 1. Se autoriza la concesión directa de la subvención objeto de este real decreto. La autorización atiende al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas. La concurrencia de razones de interés público, social y económico determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el artículo 28. 2 y 3 de dicha ley. 2. La concesión de las subvenciones se realizará en los términos previstos en el convenio que suscriba ANAVE con el Director General de la Marina Mercante, por delegación del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como órgano del Ministerio competente para su concesión. El convenio detallará la cuantía concedida y las actividades concretas a financiar, así como los indicadores que permitan comprobar el buen fin de la subvención y evaluar su eficacia. La Dirección General de la Marina Mercante, como órgano gestor de las subvenciones, se encargará de los procesos de instrucción, justificación, seguimiento y control de la ayuda. 3. La suscripción del convenio que instrumente el otorgamiento de la ayuda: a) Se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». b) Se hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en los términos y a los efectos previstos en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. 4. La Dirección General de la Marina Mercante abonará a ANAVE la cantidad que resulte al aplicar el cálculo de las subvenciones establecidas en el convenio. Artículo 4. Justificación. 1. ANAVE, tras la finalización de la ejecución, justificará ante el órgano gestor la aplicación de la subvención percibida, presentando la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como la correspondiente memoria económica. El convenio por el que se concedan las subvenciones detallará los requisitos que ha de cumplir la documentación acreditativa de las actividades realizadas y de los gastos efectuados, la cual se aportará antes del 9 de diciembre de 2020. 2. La justificación de la subvención se realizará mediante cuenta justificativa con el contenido definido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Los gastos se acreditarán mediante facturas y por cualquier medio válido en Derecho. Con carácter previo al cobro de la subvención, el beneficiario deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como de no ser deudor por procedimiento de reintegro. Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios. 1. Con carácter general, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: a) Cumplir el objetivo de proporcionar los preceptivos períodos de embarque de los alumnos de puente o de máquinas de marina mercante que lo requieran para completar su formación, en la forma, condiciones y plazo establecidos en el convenio de concesión de la subvención. Los beneficiarios aportarán los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones y que permitan comprobar el buen fin de la subvención y evaluar su eficacia. b) Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia. c) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. d) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades de comprobación y control. Artículo 6. Incumplimientos y reintegros. 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. 3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 4. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el encargado de su concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. CAPÍTULO II Concesión de la subvención a la Asociación de Navieros Españoles Artículo 7. Beneficiario y actuaciones a financiar. 1. Los beneficiarios de esta subvención serán ANAVE y las empresas asociadas. ANAVE recibirá la subvención para su reparto integro entre las empresas asociadas que embarquen alumnos en prácticas. 2. Como actividades a financiar, los beneficiarios, en coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante, proporcionarán a bordo de sus buques plazas para alumnos de puente y de máquinas, con el fin de facilitarles el cumplimiento de los periodos de embarque para formación exigidos por la normativa que regula las titulaciones profesionales de la marina mercante. Estas actuaciones se detallarán en el convenio que celebren la Dirección General de la Marina Mercante y ANAVE, y comprenderán, entre otras, la parte de los costes correspondientes a ropa y material de trabajo, manutención y alojamiento, gastos de viaje, de embarque y desembarque y seguros de responsabilidad civil y de accidentes. 3. Para obtener la condición de beneficiario de la subvención será necesario: a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. b) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. c) No ser deudora por procedimiento de reintegro. d) El compromiso por parte de las entidades subvencionadas de mantener el cumplimiento de los anteriores requisitos durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Artículo 8. Cuantía y financiación. 1. El importe máximo de las subvenciones será de 185.000 euros. 2. La subvención tendrá carácter anual y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1732 454M 483 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 3. El periodo subvencionable será el comprendido entre el 1 de diciembre 2019 y el 30 de noviembre de 2020. Artículo 9. Forma de pago y justificación de la subvención. 1. El pago de la subvención se realizará en un solo plazo a ANAVE, previa justificación por las empresas integradas en dicha asociación de las actividades efectivamente realizadas. 2. ANAVE deberá rendir justificación ante el órgano gestor del cumplimiento por sus asociados de las condiciones impuestas, de la consecución de los objetivos de este real decreto y de la realización de las actividades subvencionadas. Asimismo, se detallará el presupuesto aportado para el embarque de alumnos por ANAVE y las empresas navieras pertenecientes a ella. 3. Los gastos se acreditarán en la forma prevista en el artículo 4.2. 4. Las empresas asociadas a ANAVE estarán obligadas a la justificación de las actividades realizadas y, en su caso, responderán solidariamente de la obligación de reintegro. CAPÍTULO III Régimen sancionador Artículo 10. Infracciones y sanciones. Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española, en materia de marina mercante. Disposición final segunda. Habilitación. Se faculta al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 6 de octubre de 2020. FELIPE R. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO

Subvenciones a los navieros por tener a más alumnos en prácticas en sus barcos.

I El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, atribuye, entre otras, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su artículo 263.i), la competencia para la determinación de las condiciones de idoneidad, profesionalidad, y titulación para formar parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles. En desarrollo de ese precepto, así como de las normas internacionales y de la Unión Europea que regula esa materia, se aprobó el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante. El apartado 1 del artículo 3 de esta norma establece que, para ejercer profesionalmente a bordo de los buques mercantes españoles como capitán, patrón, oficial que forme parte o pueda formar parte de las guardias de navegación o de la cámara de máquinas se deberá poseer la tarjeta profesional de marina mercante en vigor. Esta tarjeta se expide a aquellos que en posesión de su título profesional correspondiente reúnan la aptitud física idónea, entre otros requisitos tales como, por ejemplo, el de ostentar la titulación académica adecuada. Para la obtención de las titulaciones profesionales correspondientes la normativa en vigor establece que los alumnos de puente y de máquinas realizarán prácticas a bordo de buques durante un periodo no inferior a doce meses, de los cuales al menos el 50 por ciento se efectuarán en navegación. Sin realizar tales prácticas como alumnos, éstos no podrán acceder a las titulaciones profesionales, aunque hayan completado los estudios académicos. Por este motivo, la ausencia de un medio que fomente el embarque de alumnos produciría una falta de profesionales españoles que pudieran ejercer en buques de nuestra bandera. Los alumnos deben efectuar las prácticas realizando funciones que les permitan aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su formación, a fin de obtener la experiencia necesaria para el ejercicio profesional del título al que optan. Los alumnos en prácticas están bajo la supervisión del capitán, del patrón, del jefe de máquinas o de los oficiales del servicio correspondiente y podrán asistirles en la realización de las guardias de navegación, en la cámara de máquinas y en la estación radioelectrónica. II La considerable reducción de la flota nacional española que viene ocurriendo desde hace tiempo, así como la continua reducción de costes por parte de los armadores han provocado que sea cada vez más difícil para los alumnos encontrar buques donde realizar estos embarques en prácticas. Por ello, se viene instando a los navieros españoles, a través de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), para que admitan un número superior de alumnos en sus buques, teniendo en cuenta que los pilotos y oficiales de máquinas así formados pronto serán el día de mañana los marinos que, a bordo de sus barcos, se harán cargo de funciones de nivel operacional, tales como las guardias de navegación, de máquinas o el servicio de radiocomunicaciones, estando además llamados a asumir, en el futuro, otras responsabilidades más elevadas, propias de los niveles de gestión y superiores. Y, como compensación de los gastos que ello les origina, se viene articulando en los presupuestos generales del Estado la correspondiente subvención. Esta línea de subvención, a recibir por ANAVE como entidad que distribuirá los fondos entre sus asociados, se encuentra destinada a compensar el sobrecoste, derivado de la formación y manutención de estos alumnos, en que incurren los navieros españoles; y tiene, pues, por objetivo cubrir la necesidad de completar los periodos mínimos de embarque en buques mercantes que tienen los alumnos egresados de las escuelas náuticas, periodos que son imprescindibles para poder acceder a las titulaciones profesionales de la marina mercante y ejercer a bordo de buques de bandera española. III Siendo la subvención el instrumento jurídico adecuado para articular la financiación de actividades de interés público, social y económico desarrolladas por entidades públicas o privadas, el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones posibilita la concesión de forma directa de éstas cuando, con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. La necesidad de mantener la financiación que garantice la formación práctica de los nuevos profesionales de la marina mercante hace necesario acudir al mecanismo que la Ley General de Subvenciones contempla en su artículo 22.2.c). El interés público y económico, así como el carácter eminentemente social de las mencionadas actividades de formación que son financiadas mediante ayudas otorgadas y gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, justifica la adjudicación directa de estas subvenciones, mediante su aprobación a través de este real decreto. Asimismo, no cabe aplicar los mecanismos de la concurrencia en el otorgamiento porque se trata de una subvención cuya finalidad es financiar actuaciones concretas que se reiteran plurianualmente en la entidad beneficiaria. Se garantiza así la continuidad de las actuaciones que en materia de marina mercante promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y son reguladas por este real decreto. Por todo ello, en el ámbito de las competencias que ostenta la Dirección General de la Marina Mercante, se regulan mediante este real decreto las subvenciones a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) y a sus empresas asociadas, para proporcionar embarques de prácticas a los alumnos de marina mercante durante el ejercicio presupuestario 2020, al darse las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones que justifican que la opción más adecuada ### RESUMEN: Subvenciones a los navieros por tener a más alumnos en prácticas en sus barcos.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente Acuerdo: Artículo único. El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto) queda modificado en los siguientes términos: 1. La disposición adicional pasará a denominarse «disposición adicional primera». 2. Se añade una disposición adicional segunda, que tendrá la siguiente redacción: «1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese, incluida la correspondiente a los trienios que hayan sido reconocidos durante el ejercicio del cargo. 2. El Magistrado cesante podrá optar por percibir la remuneración de transición de modo global o fraccionadamente, a petición del interesado. 3. En caso de fallecimiento, la remuneración de transición se transmite con su misma extensión, alcance y contenido al cónyuge e hijos, por mitad. 4. A los efectos de la disposición adicional primera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, los miembros del Tribunal Constitucional que, tras su cese, optaran por la percepción de la pensión indemnizatoria o la remuneración de transición sólo podrán ejercer actividades públicas o privadas previa renuncia a percibir cualquier retribución o contraprestación, sin perjuicio de las legalmente compatibles.» Disposición final. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 23 de julio de 2015.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.

El TC regula la paga de un año que reciben los magistrados cuando dejan el cargo. Se puede cobrar de golpe y se hereda

El Pleno del Tribunal Constitucional, en ejercicio de la competencia definida en el artículo 2.2, en relación con el artículo 10.1.m), de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, ha adoptado el siguiente Acuerdo: Artículo único. El Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional, de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» número 185, de 3 de agosto) queda modificado en los siguientes términos: 1. La disposición adicional pasará a denominarse «disposición adicional primera». 2. Se añade una disposición adicional segunda, que tendrá la siguiente redacción: «1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años tendrán derecho a una remuneración de transición por un año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese, incluida la correspondiente a los trienios que hayan sido reconocidos durante el ejercicio del cargo. 2. El Magistrado cesante podrá optar por percibir la remuneración de transición de modo global o fraccionadamente, a petición del interesado. 3. En caso de fallecimiento, la remuneración de transición se transmite con su misma extensión, alcance y contenido al cónyuge e hijos, por mitad. 4. A los efectos de la disposición adicional primera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, los miembros del Tribunal Constitucional que, tras su cese, optaran por la percepción de la pensión indemnizatoria o la remuneración de transición sólo podrán ejercer actividades públicas o privadas previa renuncia a percibir cualquier retribución o contraprestación, sin perjuicio de las legalmente compatibles.» Disposición final. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 23 de julio de 2015.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. ### RESUMEN: El TC regula la paga de un año que reciben los magistrados cuando dejan el cargo. Se puede cobrar de golpe y se hereda

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Código V resultan los siguientes: Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por doña Isadora del Valle Suarez Guevara y doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Martínez-Gil Vich el 14 de febrero de 2019 con el número 434 de protocolo rectificada mediante diligencia de 20 de mayo de 2019 y complementada por otra otorgada ante el mismo notario el 21 de mayo de 2019 protocolo. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en la calle de Ayala número 17, 1 C-D, CP 28001 Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España. Tercero. Dotación. Dotación inicial: treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y ha sido desembolsada íntegramente según se acredita con el certificado bancario. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. Impulsar los valores culturales esenciales, el de interrelación, intercambio, integración y asistencia para la diáspora venezolana. Quinto. Patronato. Don Ultano Kindelan Everett, doña Isadora del Valle Suarez Guevara y doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta. Cargos: Presidente: Don Ultano Kindelan Everett. Vicepresidente: Doña Isadora del Valle Suarez Guevara. Secretario: Doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de Derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes. El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 3 de junio de 2019. Tercero. Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Código V su Patronato y cargos dentro del mismo Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Madrid, 25 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Pedro José Garrido Chamorro.

Nace la Fundación Código V para la “diáspora venezolana”.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Código V resultan los siguientes: Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por doña Isadora del Valle Suarez Guevara y doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Martínez-Gil Vich el 14 de febrero de 2019 con el número 434 de protocolo rectificada mediante diligencia de 20 de mayo de 2019 y complementada por otra otorgada ante el mismo notario el 21 de mayo de 2019 protocolo. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en la calle de Ayala número 17, 1 C-D, CP 28001 Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España. Tercero. Dotación. Dotación inicial: treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y ha sido desembolsada íntegramente según se acredita con el certificado bancario. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. Impulsar los valores culturales esenciales, el de interrelación, intercambio, integración y asistencia para la diáspora venezolana. Quinto. Patronato. Don Ultano Kindelan Everett, doña Isadora del Valle Suarez Guevara y doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta. Cargos: Presidente: Don Ultano Kindelan Everett. Vicepresidente: Doña Isadora del Valle Suarez Guevara. Secretario: Doña María Beatriz Octavio Ariznabarreta. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de Derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes. El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 3 de junio de 2019. Tercero. Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Código V su Patronato y cargos dentro del mismo Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Madrid, 25 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Pedro José Garrido Chamorro. ### RESUMEN: Nace la Fundación Código V para la “diáspora venezolana”.

En el Título V de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se establece que los organismos públicos deberán publicar el resumen de sus cuentas anuales, al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información contable puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada por dichos organismos. En consecuencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 para su general conocimiento. Madrid, 19 de agosto de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón.

La auditoría de las cuentas del CSIC.

En el Título V de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se establece que los organismos públicos deberán publicar el resumen de sus cuentas anuales, al objeto de que todos los posibles destinatarios de la información contable puedan disponer de datos sobre la actividad desarrollada por dichos organismos. En consecuencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, el Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 para su general conocimiento. Madrid, 19 de agosto de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón. ### RESUMEN: La auditoría de las cuentas del CSIC.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de octubre de 2016, Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 16 de octubre de 2016 en el Vaticano a la ceremonia de canonización del Beato Manuel González García a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior. Dado en Madrid, el 14 de octubre de 2016. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL

Fernández Díaz será el representante de España en el Vaticano para una beatificación.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de octubre de 2016, Vengo en nombrar Presidente de la Delegación que asistirá el próximo 16 de octubre de 2016 en el Vaticano a la ceremonia de canonización del Beato Manuel González García a don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior. Dado en Madrid, el 14 de octubre de 2016. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL ### RESUMEN: Fernández Díaz será el representante de España en el Vaticano para una beatificación.

El derecho de los consumidores a disponer de información transparente, veraz y contrastable es uno de los pilares de la regulación internacional y nacional y uno de los objetivos que rigen las directrices de la Unión Europea. En particular, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece que los Estados miembros deben garantizar que la información facilitada por los suministradores de energía eléctrica a sus clientes sobre el origen de la electricidad es fiable y se facilita de manera claramente comparable entre dichos suministradores. Dicha Directiva establece que la mencionada información debe contener los datos de la contribución de las distintas fuentes energéticas de la electricidad comercializada por cada empresa, así como el impacto sobre el medio ambiente en cuanto a las emisiones de CO2 y los residuos radiactivos derivados de la electricidad producidos por la citada combinación de fuentes energéticas. En el mismo sentido, la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, indica en su Anexo I que «La autoridad reguladora o cualquier otra autoridad nacional competente adoptará las medidas necesarias para garantizar que la información facilitada por los suministradores a sus clientes finales [… sobre los aspectos medioambientales mencionados anteriormente] es fiable y se facilita de manera claramente comparable en el plano nacional». Para ello, dicha Directiva establece que la información sobre la electricidad procedente de cogeneración y fuentes renovables se comunicará utilizando garantías de origen de electricidad. En España, el artículo 110 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece un sistema de información según el cual toda empresa comercializadora que venda electricidad a clientes finales deberá indicar en sus facturas –o junto a ellas, y en la documentación promocional puesta a disposición de los mismos– la contribución de cada fuente energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por la empresa comercializadora durante el año anterior (o el previo al anterior, en las facturas emitidas durante los meses de enero a marzo), así como su impacto ambiental asociado, según la información publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, que sucede a la entonces Comisión Nacional de Energía). Asimismo, deberá indicar la información correspondiente al impacto de la electricidad vendida por la empresa en cuanto a emisiones totales de CO2 y residuos radiactivos. El mencionado artículo establece que la CNMC aprobará mediante Circular, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado («BOE»), el método utilizado para el cálculo de la contribución de cada fuente energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por las empresas comercializadoras y su impacto ambiental asociado, así como el formato que deberán utilizar dichas empresas en sus facturas. En virtud de este artículo se aprobó la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía de información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. En dicha Circular figuran conceptos obsoletos que deben ser puestos al día, y se emplea una metodología que conviene ser adaptada a la comúnmente utilizada en los países europeos de nuestro entorno. Por otra parte, entre las funciones atribuidas a la CNMC en el artículo 7 («Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural») de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, figuran las de «Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.» (apartado 14) y «Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.» (apartado 23). Asimismo, en el artículo 30 de la citada Ley 3/2013, se menciona entre las funciones de esta Comisión la de «Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo [hoy Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.». De acuerdo con esta habilitación competencial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regula en esta Circular el procedimiento relacionado con la información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. El etiquetado de electricidad, basado en el Sistema de Garantías de Origen de la electricidad, es la única herramienta contemplada en la regulación para que una empresa comercializadora informe a sus clientes del origen de la electricidad que vende y de su impacto ambiental. Por ello, para evitar duplicidades o confusión, cualquier comunicación de las empresas comercializadoras en relación con los mencionados atributos ambientales debe ser acorde con los datos que caracterizan a cada comercializadora en su etiquetado. Por otra parte, esta Circular sigue los criterios y las recomendaciones establecidas en la metodología resultante del proyecto auspiciado por la Comisión Europea «Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS)», que es la más ampliamente empleada en la Unión Europea. Uno de los aspectos de dicha metodología es la utilización del llamado European Attribute Mix (EAM), que completa la información suministrada a los clientes de un país participante con una estimación fundada de aquella parte del consumo eléctrico que carece de trazabilidad, bien porque su procedencia no haya sido acreditada mediante garantías de origen, bien porque no puede atribuirse a ninguna tecnología de generación eléctrica. El citado European Attribute Mix es necesario para elaborar el denominado Final Residual Mix (FRM), atribuido a aquellas comercializadoras que, voluntariamente o por obligación (las Comercializadoras de Referencia no pueden adquirir garantías de origen), no hayan tomado parte en el Sistema de Garantías de Origen y en consecuencia tengan una mezcla (o mix) de comercialización más pobre en renovables y cogeneración de alta eficiencia. Los mencionados conceptos de EAM y FRM cobran relevancia en un contexto en el que, adicionalmente al etiquetado de la electricidad vendida por cada comercializador al conjunto de todos sus clientes, existe un interés creciente por parte de numerosos consumidores en profundizar en la información medioambiental relativa a la energía eléctrica consumida por ellos. A este respecto, cabe destacar que, si bien la normativa europea y nacional solo exige el etiquetado de la empresa comercializadora (es decir, de toda la electricidad vendida por dicha comercializadora), esta Circular brinda la posibilidad de obtener información detallada sobre la energía consumida, de forma voluntaria y adicional a la información obligatoria correspondiente a la energía vendida. El etiquetado del conjunto de la energía vendida por una comercializadora y el etiquetado de la energía consumida por un cliente concreto podrían no coincidir cuando dicha comercializadora tenga en su mix parte de energía no procedente de fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia (CAE), y además opte por redimir en ciertos clientes finales una determinada cantidad de garantías de origen. Estos clientes tendrán un etiquetado de electricidad consumida más enriquecido en fuentes renovables o CAE, mientras que al resto de clientes les corresponde un etiquetado más empobrecido en dichas fuentes. La Circular permite a todos y cada uno de los clientes de la comercializadora obtener el etiquetado correspondiente a su consumo de energía eléctrica. En efecto, es cada vez más habitual que algunos consumidores, tanto las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para su propio consumo como las que lo hacen para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos, deseen o se obliguen a facilitar a sus clientes y administrados cumplida información sobre la procedencia e impacto medioambiental de la energía consumida. Esta información debe ser proporcionada de forma homogénea, comparable y transparente, a través de un sistema regulado, único y alineado con la normativa de la Unión Europea. Por ello, la Circular subraya la necesidad de que las informaciones relacionadas con los atributos medioambientales de la energía eléctrica consumida estén basadas en la información del etiquetado correspondiente a dicha energía. El objetivo de la presente Circular es regular el etiquetado de la electricidad, mecanismo diseñado con el fin de suministrar información fidedigna y homogénea al cliente final acerca de la procedencia e impacto ambiental de la electricidad vendida por cada comercializador y de la electricidad que consume, proporcionando dicha información en un mismo formato, común a todos los comercializadores, mejorando con ello la transparencia del mercado eléctrico. La Circular se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, al ser el instrumento más adecuado para garantizar los fines que persigue en relación con la necesaria actualización de la norma vigente, simplificación de los cálculos correspondientes y adaptación de la metodología contenida en la Circular a la comúnmente aceptada en los países europeos de nuestro entorno. Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad al atenderse las necesidades mencionadas sin añadir obligaciones adicionales a los destinatarios. Se entiende satisfecho también el principio de seguridad jurídica, dado que la Circular es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. Se tiene además que la aprobación de esta Circular es consecuencia del mandato establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y que su publicación se enmarca entre las funciones atribuidas a la CNMC en la antedicha Ley 3/2013, de 4 de junio de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta circular cumple el principio de transparencia en la medida en que su propuesta ha sido sometida a trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de Electricidad y publicada en la página web de esta Comisión, y describe en su preámbulo y en su memoria los objetivos que se persiguen. Finalmente, el principio de eficiencia se satisface en la medida en que no introduce cargas administrativas innecesarias o accesorias. Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el apartado 110.bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el apartado 36 del artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, previo trámite de audiencia, el Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su sesión de 10 de febrero de 2021 ha acordado emitir la presente Circular. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. Esta Circular tiene por objeto establecer la metodología y condiciones relacionadas con la información que las empresas comercializadoras de energía eléctrica deben proporcionar de forma obligatoria a sus clientes acerca del origen de la electricidad por ellas vendida y su impacto sobre el medio ambiente, y los formatos con los que deberán efectuar dicha comunicación. Asimismo, tiene por objeto establecer las condiciones en las que un consumidor de electricidad pueda, voluntariamente, conocer el origen de la electricidad por él consumida y, en su caso, difundir dicha información a terceros. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Circular es de aplicación a: a) Las empresas comercializadoras de electricidad. b) Los consumidores de energía eléctrica que pretendan informar o dar a conocer el origen de la electricidad que han consumido. Artículo 3. Definiciones. A los efectos de la presente Circular, serán de aplicación las siguientes definiciones, que incluyen, en su caso, la denominación habitual empleada por la metodología europea RE-DISS: a) Comercializadora genérica: Empresa comercializadora de energía eléctrica que no ha participado en el Sistema de Garantías de Origen y por tanto no ha sido destinataria de transferencia de garantías ni ha importado garantías de origen. Su Mix se corresponde con el Mix Residual final (Final Residual Mix, FRM). b) Consumo sin trazabilidad (Untracked Consumption): Energía eléctrica consumida en el sistema eléctrico español, medida en MWh en barras de central, no respaldada mediante garantías de origen. c) CUPS: Acrónimo de Código Universal del Punto de Suministro establecido en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, y definido en el Procedimiento de Operación P.O. 10.8. («Códigos universales para puntos frontera de clientes y productores de régimen especial»). Este código identifica de forma unívoca al punto de suministro y es asignado por las empresas distribuidoras, estando compuesto por 20 o 22 caracteres. d) Déficit de atribuciones (Attribute Deficit): Energía eléctrica en MWh resultante de restar del Consumo sin trazabilidad el total de energía del Mix Residual Nacional; si dicha resta arroja un valor negativo, el Déficit de atribuciones será nulo. Este déficit se corresponde con la energía eléctrica consumida en el sistema eléctrico español que no está respaldada por garantías de origen y tampoco puede atribuirse a ninguna tecnología de generación de la producción nacional, por lo que es necesario cubrirlo con el Mix Europeo de Atribuciones. e) Exceso de atribuciones (Attribute Surplus): Energía eléctrica en MWh resultante de restar del Mix Residual Nacional la energía correspondiente al Consumo sin trazabilidad; si dicha resta arroja un valor negativo, el Exceso de atribuciones será nulo. El exceso de atribuciones de cada país participante (distinto de los Países Externos) se utiliza para elaborar el Mix Europeo de Atribuciones. f) Etiquetado de electricidad: Sistema por el que los consumidores de electricidad son informados del origen de la electricidad que consumen y de su impacto ambiental. g) Etiquetado de electricidad de empresa comercializadora (Supplier Mix): Es el que contiene la información del Mix de comercialización, las emisiones de CO2, los residuos radiactivos de alta actividad y la posición relativa del impacto ambiental asociado de la empresa comercializadora frente a la media del sector correspondientes a la empresa de comercialización de energía eléctrica para un determinado año natural. Dicho etiquetado se elabora para todas y cada una de las empresas comercializadoras según los formatos, cálculos y plazos especificados en esta Circular. Todas las empresas comercializadoras de electricidad tienen obligación de mostrar dicho etiquetado según lo especificado en esta Circular. h) Etiquetado de electricidad restante de la empresa comercializadora (Supplier Remaining Mix): Es el etiquetado de electricidad correspondiente a cada empresa comercializadora, una vez detraídas las redenciones de garantías de origen efectuadas a sus clientes. Dicho etiquetado se elabora para todas y cada una de las empresas comercializadoras que han redimido garantías de origen en sus clientes y se publica en la página web de la CNMC. No existe obligatoriedad por parte de las empresas comercializadoras de mostrar dicho etiquetado. i) Garantía de Origen: Acreditación, en formato electrónico, que asegura que un número determinado de megavatios-hora de energía eléctrica producidos en una central, en un periodo temporal determinado, han sido generados a partir de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia. j) Garantía de origen caducada: Según lo establecido en la Circular 1/2018, de 18 de abril, de la CNMC, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen, las garantías de origen expedidas o importadas correspondientes a la energía generada en el mes de producción m se considerarán automáticamente caducadas en el mes m+12. k) Garantía de origen expirada: Garantías de origen que tienen como último tenedor el titular de la instalación a las que se expidieron dichas garantías, bien porque hayan caducado, bien porque no pueden ser transferidas, redimidas o exportadas al haberse agotado los plazos de solicitudes definidos en la Circular 1/2018, de 18 de abril, de la CNMC. l) Mezcla o mix de comercialización: Contribución de cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica en la energía comercializada. Dicha contribución se medirá en porcentaje de participación de cada una de las fuentes de energía en el total comercializado. m) Mix de generación del sistema eléctrico español: Contribución de cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica en la producción nacional. Dicha contribución se medirá en porcentaje de participación de cada una de las fuentes de energía en el total generado. n) Mix Residual Nacional (Domestic Residual Mix, DRM): Contribución de cada una de las tecnologías de generación correspondiente a la energía eléctrica producida por las instalaciones de generación en España que no está respaldada por garantías de origen. o) Mix Residual Final (Final Residual Mix, FRM): Etiquetado correspondiente al consumo no garantizado con garantías de origen. Es el etiquetado que les corresponde a las comercializadoras que no han participado en el Sistema de Garantías de origen (comercializadoras genéricas). p) Mix Europeo de Atribuciones (European Attribute Mix, EAM): Contribución de cada una de las tecnologías de generación correspondiente a los excesos de energía eléctrica generada en Europa, no respaldada por garantías de origen y no asignada al consumo final. Está formado por la suma de los excesos de atribuciones (Attribute Surplus) de los Países Internos con superávit de atribuciones. Este Mix es calculado y publicado anualmente para su utilización por parte de aquellos países europeos con déficit de atribuciones. q) Países Externos: Se consideran Países Externos aquellos que a los efectos de la Circular no tienen la consideración de Países Internos. r) Países Internos: Aquellos países que participan en la elaboración del Mix Europeo de Atribuciones. Se corresponden con los países pertenecientes a la UE 27 además de Islandia, Noruega, Reino Unido, Serbia y Suiza. s) Redención de garantías de origen: Asignación de dichas garantías en un consumidor de electricidad, tal como figura en trámite establecido en la Circular 1/2018, de 18 de abril, de la CNMC. CAPÍTULO II Información relacionada con el etiquetado de electricidad Artículo 4. Etiquetado de electricidad correspondiente a cada empresa comercializadora. 1. Toda empresa comercializadora que venda electricidad a clientes finales deberá indicar en sus facturas o en separata adjunta a las mismas, tanto en soporte papel como en formato electrónico, el correspondiente etiquetado de electricidad de empresa comercializadora (Supplier Mix) según lo especificado en esta Circular. En particular, la presentación de dicha información deberá seguir fielmente, tanto en cifras como en formatos, lo especificado en la presente Circular. Toda empresa comercializadora que no haya participado en el Sistema de Garantías de origen deberá mostrar el etiquetado de electricidad correspondiente a la comercializadora genérica, que se corresponde con el Mix Residual Final. 2. El etiquetado de electricidad será elaborado y publicado anualmente por la CNMC para todas y cada una de las empresas comercializadoras que hayan registrado ventas de energía en el año natural al que se refiere el etiquetado, según los formatos y metodología de cálculo especificados en esta Circular. El etiquetado se publicará de forma individualizada para cada una de las comercializadoras que haya participado en el Sistema de Garantías de Origen; asimismo se publicará el etiquetado correspondiente a la comercializadora genérica, aplicable a cada una de las comercializadoras que no haya participado en el Sistema de Garantías de Origen. 3. Cualquier tipo de anuncio, información, documentación promocional, o similar acción publicitaria relativa a aspectos relacionados con el origen de la energía eléctrica comercializada por una empresa y su impacto medioambiental en emisiones de CO2 y residuos radiactivos de alta actividad debe ser acorde con su correspondiente etiquetado, según lo establecido en este artículo. 4. Dicha información se corresponderá con la energía comercializada por la empresa durante el año anterior. En las facturas emitidas durante los meses de enero a marzo se corresponderá con el año previo al anterior. 5. Si la empresa comercializadora no hubiera tenido ventas durante el año anterior (o el año previo al anterior, según corresponda), no será obligatorio consignar ninguna información. Artículo 5. Etiquetado de electricidad correspondiente a la energía eléctrica consumida. 1. Adicionalmente a la información correspondiente a la empresa comercializadora, los consumidores de electricidad que así lo deseen podrán obtener el etiquetado correspondiente a la energía eléctrica por ellos consumida en el año anterior, o previo al anterior durante los meses de enero a marzo de cada año. Para ello se servirán de la información difundida por la CNMC acorde con el artículo 7 de esta Circular. El etiquetado correspondiente a la energía eléctrica consumida será el especificado en los siguientes casos: a) Consumidores clientes de comercializadoras que no han redimido garantías de origen en el citado año: El etiquetado de la energía eléctrica consumida coincidirá con el etiquetado de electricidad de empresa comercializadora (Supplier Mix), publicado anualmente por la CNMC según lo especificado en esta Circular. b) Consumidores clientes de empresas comercializadoras que han redimido garantías de origen en el citado año: La parte del consumo eléctrico de cada cliente cubierta por garantías de origen en él redimidas será considerada procedente de fuentes de energía renovable o de cogeneración de alta eficiencia, según se corresponda con el tipo de garantías de origen redimidas. A la parte del consumo eléctrico de cada cliente que exceda las garantías de origen en él redimidas le corresponderá el etiquetado de electricidad restante de la empresa comercializadora (Supplier Remaining Mix), publicado anualmente por la CNMC según lo especificado en esta Circular. Anualmente, en la página web de la CNMC se publicará para cada una de las empresas comercializadoras que hayan redimido garantías de origen en sus clientes la información correspondiente al etiquetado de electricidad restante de la empresa comercializadora (Supplier Remaining Mix). c) Consumidores destinatarios de redenciones de garantías de origen directamente realizadas por un generador: La parte de su consumo eléctrico cubierta por garantías de origen redimidas será considerada procedente de fuentes de energía renovable o de cogeneración de alta eficiencia, según se corresponda con el tipo de garantías de origen redimidas. A la parte del consumo eléctrico que exceda las garantías de origen redimidas le corresponderá el etiquetado indicado en los apartados a) y b), según su caso. 2. La energía eléctrica consumida no respaldada por redenciones de garantías de origen y no adquirida a una empresa comercializadora tendrá el etiquetado correspondiente a la empresa comercializadora genérica (Mix Residual Final). 3. Cuando a lo largo de un año un consumidor haya pasado por periodos sujetos a casos distintos de entre los anteriormente descritos o haya cambiado de comercializadora, para obtener el etiquetado anual correspondiente a la energía consumida se obtendrá el etiquetado correspondiente a cada periodo y se prorrateará de forma proporcional a la energía eléctrica consumida en cada periodo. 4. Toda información que un consumidor de energía eléctrica presente ante terceros sobre el origen de la energía eléctrica consumida y su impacto medioambiental en emisiones de CO2 y residuos radiactivos de alta actividad deberá ser acorde con el etiquetado de electricidad correspondiente a dicha energía, según lo establecido en este artículo. CAPÍTULO III Metodología de elaboración del etiquetado de electricidad Artículo 6. Obtención de datos para la elaboración del etiquetado. 1. El Operador del Sistema pondrá a disposición de la CNMC, antes del 1 de marzo de cada año, la siguiente información: a) Datos relativos a la producción neta de electricidad en barras de central durante el año anterior en el conjunto del Sistema Eléctrico Español. Dicha información será proporcionada en MWh, desglosando por tecnologías según la fuente de energía principal, incluyendo al menos las siguientes: Hidráulica –con indicación de los consumos por bombeo–, Nuclear, Carbón, Fuel/Gas, Ciclo Combinado de gas natural, Eólica, Solar fotovoltaica, Solar térmica, Biomasa, Residuos Renovables, resto de energías renovables y resto de energías no renovables (entre las que figuran cogeneración, residuos no renovables y tratamiento de residuos). En cuanto a la información acerca de los intercambios transfronterizos realizados durante dicho periodo, el Operador del Sistema deberá proporcionar el saldo resultante de dichos intercambios internacionales, en barras de central, en MWh. b) Consumo en barras de central en MWh de los distintos comercializadores en el conjunto del Sistema Eléctrico Español correspondiente al año anterior. c) Consumo en barras de central en MWh del conjunto del Sistema Eléctrico Español correspondiente al año anterior. d) Factor de emisión de CO2 equivalente (en g/kWh) de cada una de las distintas tecnologías de generación mencionadas en el apartado a) correspondiente al año anterior, para el conjunto del Sistema Eléctrico Español. 2. La CNMC podrá utilizar la información disponible en el Sistema de Liquidación del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, gestionado por la CNMC, o aquella otra que considere, con objeto de obtener o comprobar los datos necesarios para la correcta elaboración del etiquetado de electricidad. 3. La CNMC utilizará información relativa a las emisiones de residuos radioactivos de alta actividad que se hayan generado en el Sistema Eléctrico Español en el ejercicio anterior facilitados por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para ello, calculará la media aritmética anual de los tres últimos años para los que se disponga de información, correspondiente a las toneladas de residuos radioactivos de alta actividad generados por aquellas centrales que hayan estado operativas en el año anterior, al objeto de contemplar los diferentes ciclos de recarga de las distintas centrales nucleares. Artículo 7. Accesibilidad de la información. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará los correspondientes cálculos según el método descrito en el Anexo I de la presente Circular, y posteriormente difundirá la información relativa al Sistema de Etiquetado de la Electricidad a través de su página Web, proporcionando los datos necesarios para que los sujetos puedan facilitar a su vez la información referida en esta Circular en los formatos establecidos mediante el Anexo II. En particular: 1. El etiquetado de electricidad de todas y cada una de las empresas comercializadoras de electricidad que hayan participado en el Sistema de Garantías de Origen. 2. El etiquetado de electricidad de la comercializadora genérica, que será el mismo para todas las empresas comercializadoras que no hayan participado en el Sistema de Garantías de origen, y que se corresponde con el Mix Residual Final. 3. El etiquetado de electricidad restante (Supplier Remaining Mix) de todas las empresas comercializadoras de electricidad que hayan redimido garantías de origen en sus consumidores. 4. Las redenciones de garantías de origen en los consumidores. Disposición adicional única. Con objeto de facilitar el proceso de redención de garantías de origen, a efectos de identificación de consumidores de electricidad, se permitirá utilizar tanto el Número de Identificación Fiscal (NIF) como el CUPS. Para ello, todas las referencias hechas a los CUPS en el artículo «Décimo. Redención.» de la Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, serán entendidas como referencias a «CUPS o, alternativamente, NIF». Disposición transitoria única. Lo dispuesto en esta Circular será de aplicación en relación a la energía eléctrica producida a partir del 1 de enero de 2021. Para lo relacionado con la energía eléctrica producida hasta el 31 de diciembre de 2020 se aplicará la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía. Disposición derogatoria única. Queda derogada la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía. Disposición final única. Entrada en vigor. Esta Circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de febrero de 2021.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién. ANEXO I Método de cálculo de etiquetado de la electricidad En lo que sigue, y salvo indicación expresa en contra, todos los valores se entenderán referidos al año «n» para el que se calcula el etiquetado. 1. Obtención del Mix Residual Nacional Preliminar (Preliminary Domestic Residual Mix, PDRM). Para obtener la participación de cada tecnología t en el Mix Residual Nacional Preliminar se aplica la siguiente fórmula: PDRMt = Generaciónt - Expedidast + Expiradast Siendo: PDRMt:Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Nacional Preliminar. Generaciónt: Energía eléctrica neta en MWh generada con la tecnología t en el conjunto del Sistema Eléctrico Español. Las tecnologías «t» a considerar serán las siguientes: – Renovables. – Cogeneración de Alta Eficiencia. – Ciclos Combinados de gas natural. – Carbón. – Fuel/Gas. – Nuclear. – Otras no renovables. Para la energía renovable de origen hidráulico, se deducirá, en su caso, la producción asociada al consumo de bombeo. Para la cogeneración de alta eficiencia se considerará exclusivamente la energía para la que han sido concedidas garantías de origen de cogeneración de alta eficiencia. Se consideran tecnologías convencionales a las tecnologías distintas a Renovables y Cogeneración de Alta Eficiencia. Expedidast: Garantías de origen expedidas para la tecnología t. Expiradast: Garantías de origen para la tecnología t que tienen como último tenedor el titular de la instalación a las que se expidieron dichas garantías, bien porque hayan caducado, bien porque no pueden ser transferidas, redimidas o exportadas al haberse agotado los plazos de solicitudes definidos en la Circular 1/2018, de 18 de abril, de la CNMC. Solo pueden existir garantías de origen, ya sean Expedidas o Expiradas, para las tecnologías t no convencionales: «Renovables» o «Cogeneración de Alta Eficiencia». 2. Obtención del Mix Residual Nacional (Domestic Residual Mix, DRM). Para obtener la participación de la tecnología t en el Mix Residual Nacional se aplica la siguiente fórmula: DRMt = PDRMt - Exportacion_netat + Importacion_netat Siendo: DRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Nacional. PDRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Nacional Preliminar. Exportación netat: Energía eléctrica exportada neta hacia un País Externo1 desde el Sistema Eléctrico Español en MWh correspondiente a la tecnología t. Para su cálculo se tomará la energía neta exportada a cada País Externo y se multiplicará por el peso relativo en porcentaje de la tecnología t en el Mix Residual Nacional Preliminar (Preliminary Domestic Residual Mix, PDRM). 1 Según las definiciones del artículo 3, Francia, Portugal no son Países Externos; Sin embargo, sí tendrían la consideración de Países Externos, entre otros, Marruecos y Andorra. Importación netat: Energía eléctrica importada neta desde un País Externo hacia el Sistema Eléctrico Español en MWh correspondiente a la tecnología t. Para su obtención se consultarán fuentes oficiales del país del que se importe la energía eléctrica. Las tecnologías a considerar serán las correspondientes al apartado 1. 3. Obtención del consumo sin trazabilidad (Untracked Consumption, UC). UC = Consumo energía eléctrica – Consumo garantizado Siendo: UC: Consumo sin trazabilidad, conforme a la definición dada en el artículo 3.b). Consumo energía eléctrica: Total de energía eléctrica medida en MWh en barras de central consumida en el Sistema Eléctrico Español. Consumo garantizado: Total de energía eléctrica medida en MWh en barras de central consumida en el Sistema Eléctrico Español garantizada mediante el Sistema de Garantías de Origen. Para su obtención se deben considerar todas las redenciones directas desde titulares de instalaciones hacia consumidores más las garantías de origen cuyo último tenedor es una empresa comercializadora, con independencia de si se ha realizado una posterior redención desde dicha comercializadora hacia un consumidor final. 4. Obtención del Mix Residual Final (Final Residual Mix, FRM). Para la obtención del Mix Residual Final (FRM) deben contemplarse las posibilidades descritas en los subapartados 4.a y 4.b: 4.a) Si el consumo sin trazabilidad (UC) es menor o igual que el Mix Residual Nacional (DRM), se dice entonces que el Sistema Eléctrico Español tiene exceso de atribuciones2 y la composición del Mix Residual Final (FRM) se corresponde con la del Mix Residual Nacional (DRM): 2 En los años en los que hay superávit o exceso de atribuciones dicho exceso es utilizado junto al de otros países excedentarios para conformar el Mix Europeo de Atribuciones (European Attribute Mix -EAM-): Es decir, si UC ≤ DRM, entonces: FRMt = DRMt Siendo: FRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Final. DRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Nacional según lo calculado en el apartado correspondiente. 4.b) Si el consumo sin trazabilidad (UC) es mayor que el Mix Residual Nacional (DRM), se dice entonces que el Sistema Eléctrico Español tiene déficit de atribuciones, déficit que debe ser completado. Es decir, si UC > DRM, entonces: Déficit atribuciones = UC - DRM Siendo la definición del déficit de atribuciones la recogida en el artículo 3.d). La participación de la tecnología t en el Mix Residual Final (FRM) se obtiene aplicando la siguiente fórmula: FRMt = DRMt + EAMt Siendo: FRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Final. DRMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Nacional según lo calculado en el apartado correspondiente. EAMt: Energía eléctrica en MWh correspondiente a la tecnología t en el Mix Europeo de Atribuciones. Para obtenerla, se multiplica el déficit de atribuciones por el peso relativo de cada tecnología t en el EAM; la suma de los EAMt de todas las tecnologías coincide por lo tanto con la cifra del déficit de atribuciones. En el caso de que en el momento de realizar los cálculos no se hubiera publicado el correspondiente EAM, los pesos relativos de cada tecnología en el EAM se tomarán utilizando la media de los tres años disponibles inmediatamente anteriores. 4.c) Según lo calculado en los apartados anteriores, se obtendrá la tabla correspondiente a los pesos relativos de las distintas tecnologías en el Mix Residual Final (FRM). Este es el Mix correspondiente a las comercializadoras que no han participado en el Sistema de Garantías de origen (o comercializadoras genéricas). %FRMt=Peso relativo en porcentaje, correspondiente a la tecnología t en el Mix Residual Final: Origen Comercializadora genérica Renovables. %FRM renovables. Cogeneración de Alta Eficiencia. %FRM Cogen. alta eficiencia. Ciclos Combinados gas natural. %FRM C.C. gas natural. Carbón. %FRM Carbón. Fuel/Gas. %FRM Fuel/Gas. Nuclear. %FRM Nuclear. Otras no renovables. %FRM Otras no renov.  Total. 100% 5. Obtención del Mix correspondiente a cada empresa comercializadora de electricidad. Para cada empresa deberá calcularse la energía vendida correspondiente a cada una de las fuentes. Para ello se calcula en primer lugar la energía comercializada de origen renovable y de cogeneración de alta eficiencia del siguiente modo: RE_A = [(VENTAS_A - GOcogen. alta eficiencia_A - GO renov_A )× %FRM renovables]+ GO renov_A Siendo: RE_A: Energía eléctrica en MWh de origen renovable vendida por la comercializadora A. VENTAS_A: Energía eléctrica total en MWh vendida por la comercializadora A, a partir de los datos obtenidos según el artículo 6 de esta Circular. GOcogen. alta eficiencia_A = Garantías de origen de cogeneración de alta eficiencia cuyo último tenedor es la empresa comercializadora A, con independencia de si se ha realizado una posterior redención desde dicha comercializadora hacia un consumidor final. GOrenov_A: Garantías de origen renovable cuyo último tenedor es la empresa comercializadora A, con independencia de si se ha realizado una posterior redención desde dicha comercializadora hacia un consumidor final. %FRM renovables: Porcentaje de renovables en el Mix Residual Final. Si el término (VENTAS_A - GOcogen. alta eficiencia_A - GO renov_A ) es negativo, dicho término se considerará nulo. La energía vendida de cogeneración de alta eficiencia (Cog) se calcula de modo análogo. Cog_A=[(VENTAS_A - GOcogen. alta eficiencia_A - GO renov_A )× %FRM cogen. alta eficiencia] + GOcogen. alta eficiencia_A Siendo: Cog_A: Energía eléctrica en MWh de cogeneración de alta eficiencia vendida por la comercializadora. VENTAS_A: Energía eléctrica total en MWh vendida por la comercializadora A, a partir de los datos obtenidos según el artículo 6 de esta Circular. %FRM cogen. alta eficiencia: Porcentaje de cogeneración de alta eficiencia en el Mix Residual Final. GOcogen. alta eficiencia_A = Garantías de origen de cogeneración de alta eficiencia cuyo último tenedor es la empresa comercializadora A, con independencia de si se ha realizado una posterior redención desde dicha comercializadora hacia un consumidor final. Si el término (VENTAS_A - GOcogen. alta eficiencia_A - GO renov_A ) es negativo, dicho término se considerará nulo. Una vez obtenidas dichas variables pueden darse los siguientes casos: – RE_A ≥ Ventas_A. Se asignará como porcentaje de renovable de la empresa A (%A renovables) el 100%. El porcentaje del resto de tecnologías será cero. – Cog_A ≥ Ventas_A. Se asignará como porcentaje de cogeneración de alta eficiencia de la empresa A (%A Cogen. Alta eficiencia) el 100%. El porcentaje del resto de tecnologías será cero. – RE_A + Cog_A ≥ Ventas_A. • Se asignará como porcentaje de renovable de la empresa A (%A renovables) el correspondiente a RE_A / Ventas_A. • Se asignará como porcentaje de cogeneración de alta eficiencia de la empresa A (%A Cogen. alta eficiencia) el complemento a 100 del porcentaje de renovable de dicha empresa: 100 - (%A renovables). El porcentaje del resto de tecnologías será cero. – Resto de casos: • %A renovables: Porcentaje de renovables=100 × (RE_A / Ventas_A). • %A Cogen. alta eficiencia: Porcentaje de cogeneración de alta eficiencia=100 × (Cog_A / Ventas_A). • Porcentaje de cada una de las tecnologías convencionales: Se considera la cifra resultante de la resta (Ventas_A) - (Re_A + Cog_A) y se reparte de forma proporcional según el peso de esa tecnología en la totalidad de tecnologías convencionales del FRM. De esta forma se obtiene el Mix de comercialización de la empresa A: Origen Comercializadora A Renovables. %A renovables. Cogeneración de Alta Eficiencia. %A Cogen. alta eficiencia. Ciclos Combinados gas natural. %A C.C. gas natural. Carbón. %A Carbón. Fuel/Gas. %A Fuel/Gas. Nuclear. %A Nuclear. Otras no renovables. %A Otras no renov.  Total. 100% 6. Obtención del impacto ambiental asociado en emisiones de CO2. La CNMC utilizará el dato de las correspondientes emisiones específicas (en gramos equivalentes de CO2 por kilovatio-hora, gCO2eq/kWh) para cada una de las tecnologías de generación consideradas. Dicha información será la obtenida durante el año anterior (año «n»); en caso de no disponer de dicha información para el ejercicio señalado, se utilizarán los datos de emisiones correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior (año «n-1»). Dicho factor de emisión específico por tecnología se aplicará de forma proporcional al Mix correspondiente de cada empresa comercializadora para obtener el impacto ambiental de las emisiones de CO2 equivalente (en gramos equivalentes de CO2 por kilovatio-hora, gCO2eq/kWh) asociadas al etiquetado de dicha comercializadora. En el caso de la comercializadora genérica se utilizará el Mix Residual Final. Asimismo, se calculará el factor de emisión correspondiente a la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Español, que se utilizará en el etiquetado a efectos comparativos y para la obtención de la clasificación energética de cada empresa comercializadora en función del impacto ambiental relacionado con las emisiones de CO2 equivalente. 7. Obtención del impacto ambiental asociado en residuos radiactivos de alta actividad. La CNMC utilizará fuentes oficiales para obtener la información relativa a las emisiones de residuos radioactivos de alta actividad medidos en microgramos por kilovatio-hora µg/kWh que se hayan generado en el Sistema Eléctrico Español en el ejercicio anterior (año «n»). Para ello calculará la media aritmética anual de los tres últimos años de los que se disponga de información, al objeto de contemplar los diferentes «ciclos de recarga» de las distintas centrales nucleares. Dicha cifra se utilizará en el etiquetado a efectos comparativos, y para la obtención de la clasificación energética de cada empresa comercializadora en función del impacto ambiental relacionado con los residuos radiactivos de alta actividad. Dicho valor se aplicará de forma proporcional al porcentaje de tecnología ‘Nuclear’ del Mix correspondiente de cada empresa comercializadora, para obtener los residuos radioactivos de alta actividad medidos en µg/kWh asociados al etiquetado de dicha comercializadora. En el caso de la comercializadora genérica se utilizará el porcentaje de tecnología nuclear del Mix Residual Final. 8. Obtención de la calificación energética relacionada con el impacto ambiental de las emisiones de CO2 equivalente. La CNMC asignará una letra a cada una de las empresas comercializadoras –incluida la comercializadora genérica– en función del impacto ambiental relacionado con las emisiones de CO2 equivalente. La mencionada clasificación variará desde la letra «A» a la «G», correspondiendo la letra «A» al mínimo impacto ambiental, la «D» al impacto ambiental más próximo al promedio nacional y la «G» al máximo impacto ambiental. Las bandas de fluctuación correspondientes a cada letra serán las siguientes: A: EA / ENAL < 0,35 B: 0,35 ≤ EA / ENAL < 0,65 C: 0,65 ≤ EA / ENAL < 0,95 D: 0,95 ≤ EA / ENAL < 1,05 E: 1,05 ≤ EA / ENAL < 1,35 F: 1,35 ≤ EA / ENAL < 1,65 G: 1,65 ≤ EA / ENAL Siendo: EA: Emisiones de CO2 equivalente (en gramos equivalentes de CO2 g/kWh) asociadas a la comercializadora A. ENAL: Emisiones de CO2 equivalente (en gramos equivalentes de CO2 g/kWh) asociadas al conjunto de la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Español. 9. Obtención de la calificación energética relacionada con el impacto ambiental de los residuos radiactivos de alta actividad. Se procederá del mismo modo con la clasificación relativa al impacto ambiental ocasionado por los residuos radiactivos de alta actividad: Las bandas de fluctuación correspondientes a cada letra serán las siguientes: A: RA / RNAL < 0,35 B: 0,35 ≤ RA / RNAL < 0,65 C: 0,65 ≤ RA / RNAL < 0,95 D: 0,95 ≤ RA / RNAL < 1,05 E: 1,05 ≤ RA / RNAL < 1,35 F: 1,35 ≤ RA / ENAL < 1,65 G: 1,65 ≤ EA / ENAL Siendo: RA: Emisiones de residuos radioactivos de alta actividad (en µg/kWh) asociadas a la comercializadora A. RNAL: Emisiones de residuos radioactivos de alta actividad (en µg/kWh) asociadas al conjunto de la generación eléctrica del Sistema Eléctrico Español. ANEXO II Formato del etiquetado Por resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se definirá y se divulgará en su página web el modelo normalizado de etiquetado al objeto de que las distintas empresas comercializadoras puedan utilizar en su etiquetado un formato común, manteniendo los mismos textos, tamaños de letras, formatos, colores, etc., incluyendo las cifras particularizadas para cada empresa según lo publicado en la página web de la CNMC. A efectos comparativos, las empresas comercializadoras mostrarán también el etiquetado correspondiente al Mix de Generación del Sistema Eléctrico Español, incluyendo la información sobre emisiones de CO2 y residuos radiactivos de alta actividad. Las empresas comercializadoras de electricidad que hayan redimido garantías de origen en clientes durante el año «n» al que se refiere el etiquetado deberán informar de esta circunstancia, según el texto publicado en el modelo normalizado publicado en la página web de la CNMC. En relación a los porcentajes de cada una de las fuentes de energía en el Mix de comercialización de cada empresa, en el gráfico de sectores circulares solo se mostrarán los que tengan valor distinto de nulo, y en formato de tabla todos ellos, independientemente de su valor. Todos los números en formato de tabla se mostrarán con una cifra decimal excepto los datos de emisiones específicas de CO2 equivalente en g/kWh y de residuos radiactivos de alta actividad en µg/kWh que serán expresados en números enteros sin decimales.

Esta circular de la CNMC regula cómo deben informarte las compañías eléctricas en tu factura del origen de la energía que generan.

El derecho de los consumidores a disponer de información transparente, veraz y contrastable es uno de los pilares de la regulación internacional y nacional y uno de los objetivos que rigen las directrices de la Unión Europea. En particular, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece que los Estados miembros deben garantizar que la información facilitada por los suministradores de energía eléctrica a sus clientes sobre el origen de la electricidad es fiable y se facilita de manera claramente comparable entre dichos suministradores. Dicha Directiva establece que la mencionada información debe contener los datos de la contribución de las distintas fuentes energéticas de la electricidad comercializada por cada empresa, así como el impacto sobre el medio ambiente en cuanto a las emisiones de CO2 y los residuos radiactivos derivados de la electricidad producidos por la citada combinación de fuentes energéticas. En el mismo sentido, la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, indica en su Anexo I que «La autoridad reguladora o cualquier otra autoridad nacional competente adoptará las medidas necesarias para garantizar que la información facilitada por los suministradores a sus clientes finales [… sobre los aspectos medioambientales mencionados anteriormente] es fiable y se facilita de manera claramente comparable en el plano nacional». Para ello, dicha Directiva establece que la información sobre la electricidad procedente de cogeneración y fuentes renovables se comunicará utilizando garantías de origen de electricidad. En España, el artículo 110 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece un sistema de información según el cual toda empresa comercializadora que venda electricidad a clientes finales deberá indicar en sus facturas –o junto a ellas, y en la documentación promocional puesta a disposición de los mismos– la contribución de cada fuente energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por la empresa comercializadora durante el año anterior (o el previo al anterior, en las facturas emitidas durante los meses de enero a marzo), así como su impacto ambiental asociado, según la información publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, que sucede a la entonces Comisión Nacional de Energía). Asimismo, deberá indicar la información correspondiente al impacto de la electricidad vendida por la empresa en cuanto a emisiones totales de CO2 y residuos radiactivos. El mencionado artículo establece que la CNMC aprobará mediante Circular, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado («BOE»), el método utilizado para el cálculo de la contribución de cada fuente energética primaria en el conjunto de la energía eléctrica suministrada por las empresas comercializadoras y su impacto ambiental asociado, así como el formato que deberán utilizar dichas empresas en sus facturas. En virtud de este artículo se aprobó la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía de información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. En dicha Circular figuran conceptos obsoletos que deben ser puestos al día, y se emplea una metodología que conviene ser adaptada a la comúnmente utilizada en los países europeos de nuestro entorno. Por otra parte, entre las funciones atribuidas a la CNMC en el artículo 7 («Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural») de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, figuran las de «Garantizar la transparencia y competencia en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, incluyendo el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia.» (apartado 14) y «Gestionar el sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.» (apartado 23). Asimismo, en el artículo 30 de la citada Ley 3/2013, se menciona entre las funciones de esta Comisión la de «Dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y órdenes del Ministro de Industria, Energía y Turismo [hoy Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] que le habiliten para ello y que se dicten en desarrollo de la normativa energética.». De acuerdo con esta habilitación competencial, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regula en esta Circular el procedimiento relacionado con la información al consumidor sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente. El etiquetado de electricidad, basado en el Sistema de Garantías de Origen de la electricidad, es la única herramienta contemplada en la regulación para que una empresa comercializadora informe a sus clientes del origen de la electricidad que vende y de su impacto ambiental. Por ello, para evitar duplicidades o confusión, cualquier comunicación de las empresas comercializadoras en relación con los mencionados atributos ambientales debe ser acorde con los datos que caracterizan a cada comercializadora en su etiquetado. Por otra parte, esta Circular sigue los criterios y las recomendaciones establecidas en la metodología resultante del proyecto auspiciado por la Comisión Europea «Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS)», que es la más ampliamente empleada en la Unión Europea. Uno de los aspectos de dicha metodología es la utilización del llamado European Attribute Mix (EAM), que completa la información suministrada a los clientes de un país participante con una estimación fundada de aquella parte del consumo eléctrico que carece de trazabilidad, bien porque su procedencia no haya sido acreditada mediante garantías de origen, bien porque no puede atribuirse a ningu ### RESUMEN: Esta circular de la CNMC regula cómo deben informarte las compañías eléctricas en tu factura del origen de la energía que generan.

Visto el texto del Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo (código de Convenio n.º 90012160011999) que fue suscrito, con fecha 17 de diciembre de 2015, de una parte, por los designados por la dirección de la empresa en su representación, y de otra por la Organización sindical USCA en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de diciembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL II CONVENIO COLECTIVO PROFESIONAL En Madrid, el día 17 de diciembre de 2015, se reúnen los representantes de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por un lado, y de la Organización sindical USCA, por otro, quienes actuando en el ejercicio de la representación que ostentan, MANIFIESTAN Que el II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de controladores de tránsito aéreo, cuyo ámbito temporal inicial se extendía desde la fecha de su publicación en el BOE, el 10 de marzo de 2011, y hasta el 31 de diciembre de 2013, fue denunciado por la representación de la entidad el 25 de octubre de 2013. Que el pasado 30 de noviembre de 2015, en el seno de la comisión negociadora ambos bancos, dado el tiempo transcurrido sin alcanzar ningún tipo de acuerdo global respecto al III CCP y estando sus posiciones muy distanciadas en los aspectos nucleares, suscribieron, con el fin de mantener la estabilidad del marco de relaciones laborales con el colectivo de control, un preacuerdo sobre modificación parcial del II Convenio colectivo profesional, en los términos que constan en el acta n.º 38 de la Comisión Negociadora, supeditando la eficacia del mismo a la preceptiva autorización de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, así como a la aprobación de los órganos estatutarios del sindicato USCA. Que con fecha 9 de diciembre de 2015 ha sido notificada a la Entidad la resolución de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas por la que se informa favorablemente el preacuerdo, condicionado a la observancia de que en la licencia del artículo 57 bis no podrán derivarse sustituciones que deban ser abonadas con cargo a horas extraordinarias y a que con la modificación prevista en el apartado 4 del artículo 166 a 174 no se supere la cuantía prevista en el Anexo I del II Convenio Colectivo para el complemento personal de adaptación general, lo que la Entidad en tal sentido aplicará, sin afectar a los términos de lo acordado en el acta n.º 38, de fecha 30 de noviembre de 2015. Que, igualmente, con fecha 10 de diciembre de 2015 ha sido aprobado en asamblea del Sindicato USCA el contenido del preacuerdo alcanzado. En consecuencia, ambas partes aprueban y suscriben el siguiente acuerdo, dando por concluido el actual proceso negociador, sin perjuicio de que en el ámbito que corresponda se tratarán todas aquellas materias que se consideren, en particular, las establecidas en el acta n.º 38: Primero. Modificar el II Convenio colectivo profesional, en los términos contenidos en el apéndice I que se acompaña, manteniendo el resto del articulado su redacción actual. Segundo. Dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Negociadora, de fecha 17 de diciembre de 2014, por el que se acordó prolongar el proceso de negociación del III Convenio colectivo profesional. Tercero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, producida dicha publicación, la modificación acordada en relación con el apartado 4 del artículo 166 a 174 del II CCP surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2016. Cuarto. Autorizar a D.ª Lourdes Y. Mesado Martínez, Directora de Gestión de Recursos Humanos de ENAIRE e integrante de la comisión negociadora, para la tramitación del presente acuerdo ante la autoridad laboral a los efectos de su inscripción, registro y publicación oficial. Y para que así conste, leído el presente acuerdo por las partes y estando conformes con su contenido, lo firman y se procede a extender cuatro ejemplares originales del mismo.–Por ENAIRE.–Por USCA. APÉNDICE I Primero. Modificación del apartado 4.1 del punto segundo del capítulo preliminar. 4. Ámbito temporal, donde dice: «4.1 Vigencia: El II Convenio colectivo profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y finalizará el 31 de diciembre del año 2013 sin perjuicio de sus prórrogas pactadas o automáticas. Las condiciones retributivas reguladas en el presente texto tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011.» Debe decir: «4.1 Vigencia: El II Convenio colectivo profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y finalizará el 31 de diciembre del año 2020 sin perjuicio de sus prórrogas pactadas o automáticas.» Segundo. Modificación de los apartados a) y b) del artículo 1.1 del II CCP. Artículo 1.1.a): Donde dice: «a) Una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo expedida o reconocida por la autoridad civil nacional de supervisión. Además, deberá estar en posesión de la anotación de habilitación y anotaciones de idioma inglés y español. Con carácter excepcional y siempre temporal, podría eximirse la anotación en español en aquellas zonas que no suponga un riesgo para el usuario habitual de los servicios de navegación.» Debe decir: «a) Una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo expedida o reconocida por la autoridad nacional de supervisión. Además, deberá estar en posesión de las habilitaciones y anotaciones de habilitación correspondientes al puesto o puestos de trabajo donde ejerza sus atribuciones. Deberá poseer las anotaciones de idioma como mínimo en nivel operacional en inglés y nivel experto en español, de acuerdo a la clasificación OACI.» Artículo 1.1 b): Donde dice: «b) Una licencia de controlador de tránsito aéreo comunitaria en vigor expedida o reconocida por la autoridad civil nacional de supervisión. Además, deberá estar en posesión de la anotación de habilitación y anotaciones de idioma inglés y español. Con carácter excepcional y siempre temporal, podría eximirse la anotación en español en aquellas zonas que no suponga un riesgo para el usuario habitual de los servicios de navegación. Además, será requisito adicional ser titular de un certificado médico válido y en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.» Debe decir: b) Una licencia de controlador de tránsito aéreo expedida o reconocida por la autoridad nacional de supervisión. Además, deberá estar en posesión de las habilitaciones y anotaciones de habilitación correspondientes al puesto o puestos de trabajo donde ejerza sus atribuciones. Deberá poseer las anotaciones de idioma como mínimo en nivel operacional en inglés y nivel experto en español, de acuerdo a la clasificación OACI. Además, será requisito adicional ser titular de un certificado médico válido y en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. Tercero. Adición de un tercer párrafo en el artículo 38. Los servicios de formación tendrán la consideración de servicios a todos los efectos y se realizarán en jornada de mañana o de tarde, publicándose junto con la programación mensual de turnos y servicios. La formación podrá, en función de su naturaleza, computar dentro de la actividad aeronáutica o fuera de ella, según lo contemplado en la normativa aplicable. Estos servicios de formación adicionales podrán impartirse descontando las horas de formación del cómputo anual de la jornada laboral o abonándolos en la forma en que se acuerde entre los representantes de AENA y USCA. Durante los años 2011 y 2012, la jornada laboral anual podrá ampliarse en los niveles previstos en el presente convenio para atender una intensificación temporal de la demanda y necesidad de formación. En la medida de lo posible los servicios de formación programados en el mismo mes se agruparán en un único ciclo de trabajo. La sesión formativa presencial tendrá, con carácter general y siempre que la naturaleza de la materia a impartir lo permita, una duración de un mínimo de 4 horas. Cuarto. Adición del nuevo artículo 57 bis. Artículo 57 bis. Licencia por asuntos propios para CTA mayores 57 años. AENA podrá conceder licencias por asuntos propios sin derecho a retribución alguna a los CTA mayores de 57 años. La licencia deberá referirse a periodos mensuales debiendo tener una duración de uno o dos turnos (ciclos de trabajo más descanso) para el personal controlador en jornada a turnos, siendo para el personal en jornada ordinaria de siete días o catorce días naturales. Dicha licencia deberá solicitarse con, al menos, 45 días de antelación al primer día del mes en que se inicie la licencia. El disfrute de la licencia solo podrá llevarse a cabo en el mes en que ésta se inicie. En ningún caso el acceso al ejercicio de esta licencia podrá suponer la pérdida de las anotaciones correspondientes por parte del CTA. Quinto. Adición del apartado 6 al artículo 85.3.2, así como adición de un nuevo párrafo al apartado 8 del artículo 99 y al apartado 1.2 del artículo 85 del II CCP. Igualmente, la modificación de la remisión efectuada por el artículo 115.10 del II CCP. • Adición del apartado 6 al artículo 85.3.2: En el caso de controladores que se encuentren en situación de baja IT por cualquier causa relacionada con el embarazo y debidamente acreditada, en situación de permisos de maternidad, paternidad o lactancia, se considerará a los efectos de obtención de niveles profesionales, como si continuaran ejerciendo las anotaciones de unidad del puesto operativo que desempeñaran con anterioridad durante todo el tiempo en que persistan dichas situaciones. • Adición de un nuevo apartado 8 del artículo 99: A los efectos de acceso a los puestos de trabajo, los períodos de tiempo del CTA en situación de incapacidad temporal y/o inaptitud psicofísica que no superen los seis meses, se considerarán como si hubiera continuado ejerciendo las habilitaciones que poseyera y las funciones de su puesto de trabajo. No obstante lo anterior, en el caso de controladores que se encuentren en situación de baja IT por cualquier causa relacionada con el embarazo y debidamente acreditada, en situación de permisos de maternidad, paternidad o lactancia, se considerará como si continuarán ejerciendo las anotaciones de unidad del puesto operativo que desempeñaran con anterioridad durante todo el tiempo en que persistan dichas situaciones. • Modificación del artículo 85.1.2: Donde dice: «1.2 A los efectos de obtención de los niveles profesionales, se considerará que ejercen las habilitaciones que correspondan aquellos CTA que ocupen puestos de trabajo operativos y aquellas jefaturas de torre que puedan conllevar el ejercicio de funciones operativas y no operativas, cuando las primeras se ejerzan habitualmente en régimen de turnicidad.» Debe decir: «1.2 A los efectos de obtención de los niveles profesionales, se considerará que ejercen las habilitaciones que correspondan aquellos CTA que ocupen puestos de trabajo operativos y aquellas jefaturas de torre que puedan conllevar el ejercicio de funciones operativas y no operativas, cuando las primeras se ejerzan habitualmente y en régimen de turnicidad. Igualmente, se considerará ejercicio habitual de las anotaciones de unidad cualquier otro periodo que así se establezca en este convenio.» • Modificación de la remisión efectuada por el artículo 115.10. Donde dice: «10. A efectos de protección al embarazo, se establece que, cuando como consecuencia del tiempo de duración de adaptación de las condiciones de trabajo y el correspondiente a la suspensión del contrato de trabajo, por razón de maternidad, se produjera para la CTA afectada la pérdida de la validez de la habilitación local correspondiente, serán de aplicación las previsiones establecidas en el punto 3.2.5 del artículo 85 y en el punto 8 del artículo 99 de este convenio colectivo, con el alcance previsto en los referidos artículos, sin perjuicio de la posterior recuperación de la habilitación local correspondiente. Debe decir: «10. A efectos de protección al embarazo, se establece que, cuando como consecuencia del tiempo de duración del período de adaptación de las condiciones de trabajo y el correspondiente a la suspensión del contrato de trabajo, por razón de maternidad, se produjera para la CTA afectada la pérdida de la validez de la habilitación local correspondiente, serán de aplicación las previsiones establecidas en el punto 3.2.6 del artículo 85 y en el punto 8 del artículo 99 de este convenio colectivo, con el alcance previsto en los referidos artículos, sin perjuicio de la posterior recuperación de la habilitación local correspondiente.» Sexto. Modificación del artículo 85.3.2.3 del II CCP. Donde dice: «3.2.3 En caso de comisión de servicio, se computará la totalidad del tiempo en esta situación, y sólo los seis primeros meses, cuando se trate de destino especial, como si se hubieran continuado ejerciendo las funciones correspondientes al puesto de origen. A partir de ese plazo, se estará al puesto de trabajo realmente desempeñado. Los niveles se computarán, bien por el que efectivamente se esté desempeñando, el que sea superior, siempre que el CTA se habilite en este último. En caso de no obtener la nueva habilitación se computará el periodo como si hubiera continuado ejerciendo las habilitaciones de su puesto de origen.» Debe decir: «3.2.3 En caso de comisión de servicio, se computará la totalidad del tiempo en esta situación, y sólo los seis primeros meses, cuando se trate de destino especial, como si se hubieran continuado ejerciendo las funciones correspondientes al puesto de origen. A partir de ese plazo, se estará al puesto de trabajo realmente desempeñado. Los niveles se computarán, bien por el puesto de origen o por el que efectivamente se esté desempeñando, el que sea superior, siempre que el CTA se habilite en este último. En caso de no obtener la nueva habilitación se computará el periodo como si hubiera continuado ejerciendo las habilitaciones de su puesto de origen.» Séptimo. Modificación del artículo 91.1 del II CCP. Donde dice: «1. Con carácter general, AENA designará las plazas que deberán ser cubiertas por el procedimiento de concurso de méritos con cambio de destino.» Debe decir: «1. AENA designará las plazas que deberán ser cubiertas por el procedimiento de concurso de méritos con cambio de destino.» Octavo. Modificación del artículo 99.6 del II CCP. Donde dice: «6. Será requisito imprescindible para acceder a los puestos de trabajo de acceso por concurso de méritos de promoción interna, estar destinado en la dependencia donde exista o se cree el puesto de trabajo que es preciso cubrir. Este requisito sólo se podrá exceptuar, en casos extraordinarios, por acuerdo expreso de la CIVCA que determinará, para cada caso, el procedimiento de acceso adecuado, adaptando el resto de los requisitos de aplicación al nuevo procedimiento. Este requisito podrá ser exceptuado para alguna plaza o convocatoria concreta cuando exista necesidad de garantizar de forma urgente la continuidad de la prestación del servicio. Asimismo, no podrán participar en un concurso de promoción interna en una dependencia, aquellos CTA que hubieran obtenido destino en otra distinta. A estos efectos, se entenderá que el CTA está destinado en una dependencia desde el momento de la resolución del concurso por el cual accedió a la misma.» Debe decir: «6. Será requisito imprescindible para acceder a los puestos de trabajo de acceso por concurso de méritos de promoción interna, estar destinado en la dependencia donde exista o se cree el puesto de trabajo que es preciso cubrir. Este requisito sólo se podrá exceptuar, en casos extraordinarios, por acuerdo expreso de la CIVCA que determinará, para cada caso, el procedimiento de acceso adecuado, adaptando el resto de los requisitos de aplicación al nuevo procedimiento. Este requisito podrá ser exceptuado para alguna plaza o convocatoria concreta cuando exista necesidad de garantizar de forma urgente la continuidad de la prestación del servicio. Asimismo, no podrán participar en un concurso de promoción interna en una dependencia, aquellos CTA que hubieran obtenido destino en otra distinta. A estos efectos, se entenderá que el CTA está destinado en una dependencia desde el momento de la resolución del concurso o permuta por el cual accedió a la misma.» Noveno. Supresión del apartado 2.1 del artículo 101 del II CCP y modificación del apartado 2.2 del artículo 101 del II CCP. Donde dice: «2. Méritos. 2.1 Se valorará el nivel profesional, a razón de 1,45 puntos por nivel. 2.2 Se valorará la antigüedad como CTA, a razón de 0,7 puntos por año completo.» Debe decir: «2. Méritos. 2.1 Sin contenido. 2.2 Se valorará la antigüedad como CTA, a razón de 1,2 puntos por año completo. Décimo. Modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 118.4 del II CCP. Donde dice: «4.4 Que ambos CTA no hayan obtenido destino con permuta en los últimos diez años. 4.5 Que a ambos CTA les falte más de diez años para la edad de la jubilación.» Debe decir: «4.4 Que ambos CTA no hayan obtenido destino por permuta en los últimos cinco años. 4.5 Que a ambos CTA les falte más de cinco años para la edad de jubilación.» Undécimo. Modificación del apartado 3 del artículo 166 a 174 del II CCP. Donde dice: «3. Los CTA, tanto operativo como no operativos podrán solicitar su pase a la situación de RA cuando cumplan la edad de 62 años. Aena deberá contestar a estas solicitudes de forma positiva o negativa, quedando en todo caso supeditada su concesión a las necesidades organizativas.» Debe decir: «3. Los CTA, tanto operativos como no operativos, podrán solicitar su pase a la situación de RA cuando cumplan la edad de 57 años. AENA deberá contestar a estas solicitudes de forma positiva o negativa, quedando en todo caso supeditada su concesión a las necesidades organizativas.» Duodécimo. Modificación del apartado 4 del artículo 166 a 174 del II CCP. Donde dice: «4. Durante la vigencia de este II CCP, la retribución a percibir durante la situación de reserva activa será la correspondiente a un 75% de la media del SOF de los últimos doce meses inmediatamente anteriores al pase a esta situación, sin incluir a efectos de este cálculo el importe del complemento personal de adaptación fijo (CPAF). La cuantía máxima del importe a percibir por RA no podrá exceder en ningún caso del doble del límite máximo anual de la percepción de las pensiones públicas que establezca para cada ejercicio la Ley de Presupuestos Generales del Estado.» Debe decir: «4. Durante la vigencia de este II CCP, la retribución a percibir durante la situación de reserva activa será la correspondiente a un 75% de la media del SOF de los últimos doce meses inmediatamente anteriores al pase a esta situación, sin incluir a efectos de este cálculo el importe del complemento personal de adaptación fijo (CPAF). La cuantía máxima del importe a percibir por RA no podrá exceder en ningún caso del doble del límite máximo anual de la percepción de las pensiones públicas que establezca para cada ejercicio la Ley de Presupuestos Generales del Estado, excluyendo para el cálculo de dicho límite los importes que pudieran derivarse del apartado 1.2 del artículo 141 bis.» Decimotercero. Modificación del artículo 191.4 del II CCP. Donde dice: «4. Las materias objeto de la acción preventiva serán, en general, las previstas en la normativa vigente y, en particular, las específicas de la profesión de CTA, entre otras, las relacionadas con la ergonomía y la organización del trabajo y el descanso, la incorporación de nuevas tecnologías, la carga de trabajo, la turnicidad y nocturnidad y otras situaciones que puedan incidir en la seguridad y salud de los CTA.» Debe decir: «4. Las materias objeto de la acción preventiva serán, en general, las previstas en la normativa vigente y, en particular, las específicas de la profesión de CTA, entre otras, las relacionadas con la ergonomía y la organización del trabajo y el descanso, la incorporación de nuevas tecnologías, la carga de trabajo, la turnicidad y nocturnidad y otras situaciones que puedan incidir en la seguridad y salud de los CTA incluyendo los aspectos de vigilancia médica de la salud.» Decimocuarto. Modificación del artículo 192.1.5 del II CCP. Donde dice: «5. AENA deberá asegurar la coherencia entre el plan de autoprotección y cualquier otro documento relacionado y aplicable en cada dependencia. Los planes que forman parte del plan de autoprotección deberán ser conocidos por todo el personal en sus aspectos teóricos y prácticos.» Debe decir: «5. AENA deberá asegurar la coherencia entre el plan de autoprotección y cualquier otro documento relacionado y aplicable en cada dependencia y, en particular, con el plan de contingencia ATS (PCATS). El plan de autoprotección deberá ser conocido por todo el personal en sus aspectos teóricos y prácticos, y se realizará como mínimo un simulacro al año.» Decimoquinto. Modificación del artículo 192.4 del II CCP. Donde dice: «4. Medicina del trabajo. Todos los centros de trabajo, en la medida de lo posible, estarán dotados, al menos, con los elementos y personal necesarios para primeras curas; disponiéndose de un sistema adecuado, que permita el traslado urgente a centros sanitarios, en caso de enfermedad súbita o accidente del CTA.» Debe decir: «4. Medicina del trabajo. Todos los centros de trabajo, en la medida de lo posible, estarán dotados, al menos, con los elementos y personal necesarios para primeras curas; disponiéndose de un sistema adecuado, que permita el traslado urgente a centros sanitarios, en caso de enfermedad súbita o accidente del CTA. En este sentido se establecerá un protocolo de actuación para las dependencias de control en las que pueda haber un solo CTA en el fanal prestando servicio.» Decimosexto. Adición disposición final. Todas las menciones efectuadas a Aena en el texto del convenio colectivo se entenderán referidas a ENAIRE, en virtud del cambio de denominación establecido en el art. 18.2 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio.

Convenios colectivos de controladores aéreos

Visto el texto del Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo (código de Convenio n.º 90012160011999) que fue suscrito, con fecha 17 de diciembre de 2015, de una parte, por los designados por la dirección de la empresa en su representación, y de otra por la Organización sindical USCA en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de diciembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL II CONVENIO COLECTIVO PROFESIONAL En Madrid, el día 17 de diciembre de 2015, se reúnen los representantes de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por un lado, y de la Organización sindical USCA, por otro, quienes actuando en el ejercicio de la representación que ostentan, MANIFIESTAN Que el II Convenio colectivo profesional entre AENA (ahora ENAIRE) y el colectivo de controladores de tránsito aéreo, cuyo ámbito temporal inicial se extendía desde la fecha de su publicación en el BOE, el 10 de marzo de 2011, y hasta el 31 de diciembre de 2013, fue denunciado por la representación de la entidad el 25 de octubre de 2013. Que el pasado 30 de noviembre de 2015, en el seno de la comisión negociadora ambos bancos, dado el tiempo transcurrido sin alcanzar ningún tipo de acuerdo global respecto al III CCP y estando sus posiciones muy distanciadas en los aspectos nucleares, suscribieron, con el fin de mantener la estabilidad del marco de relaciones laborales con el colectivo de control, un preacuerdo sobre modificación parcial del II Convenio colectivo profesional, en los términos que constan en el acta n.º 38 de la Comisión Negociadora, supeditando la eficacia del mismo a la preceptiva autorización de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, así como a la aprobación de los órganos estatutarios del sindicato USCA. Que con fecha 9 de diciembre de 2015 ha sido notificada a la Entidad la resolución de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas por la que se informa favorablemente el preacuerdo, condicionado a la observancia de que en la licencia del artículo 57 bis no podrán derivarse sustituciones que deban ser abonadas con cargo a horas extraordinarias y a que con la modificación prevista en el apartado 4 del artículo 166 a 174 no se supere la cuantía prevista en el Anexo I del II Convenio Colectivo para el complemento personal de adaptación general, lo que la Entidad en tal sentido aplicará, sin afectar a los términos de lo acordado en el acta n.º 38, de fecha 30 de noviembre de 2015. Que, igualmente, con fecha 10 de diciembre de 2015 ha sido aprobado en asamblea del Sindicato USCA el contenido del preacuerdo alcanzado. En consecuencia, ambas partes aprueban y suscriben el siguiente acuerdo, dando por concluido el actual proceso negociador, sin perjuicio de que en el ámbito que corresponda se tratarán todas aquellas materias que se consideren, en particular, las establecidas en el acta n.º 38: Primero. Modificar el II Convenio colectivo profesional, en los términos contenidos en el apéndice I que se acompaña, manteniendo el resto del articulado su redacción actual. Segundo. Dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Negociadora, de fecha 17 de diciembre de 2014, por el que se acordó prolongar el proceso de negociación del III Convenio colectivo profesional. Tercero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, producida dicha publicación, la modificación acordada en relación con el apartado 4 del artículo 166 a 174 del II CCP surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2016. Cuarto. Autorizar a D.ª Lourdes Y. Mesado Martínez, Directora de Gestión de Recursos Humanos de ENAIRE e integrante de la comisión negociadora, para la tramitación del presente acuerdo ante la autoridad laboral a los efectos de su inscripción, registro y publicación oficial. Y para que así conste, leído el presente acuerdo por las partes y estando conformes con su contenido, lo firman y se procede a extender cuatro ejemplares originales del mismo.–Por ENAIRE.–Por USCA. APÉNDICE I Primero. Modificación del apartado 4.1 del punto segundo del capítulo preliminar. 4. Ámbito temporal, donde dice: «4.1 Vigencia: El II Convenio colectivo profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y finalizará el 31 de diciembre del año 2013 sin perjuicio de sus prórrogas pactadas o automáticas. Las condiciones retributivas reguladas en el presente texto tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011.» Debe decir: «4.1 Vigencia: El II Convenio colectivo profesional de los Controladores de Tránsito Aéreo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y finalizará el 31 de diciembre del año 2020 sin perjuicio de sus prórrogas pactadas o automáticas.» Segundo. Modificación de los apartados a) y b) del artículo 1.1 del II CCP. Artículo 1.1.a): Donde dice: «a) Una licencia de alumno controlador de tránsito aéreo expedida o reconocida por la ### RESUMEN: Convenios colectivos de controladores aéreos

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5559-2013, promovido por el Presidente de Gobierno contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Han formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 30 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. La impugnación se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: El Abogado del Estado, tras aludir a los requisitos procesales necesarios para la interposición del recurso y al contenido de la Ley Foral 24/2012 puesto en relación con el art. 4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, examina en primer lugar el marco normativo delimitador de las competencias en materia tributaria. Al respecto alude a los arts. 133 y 149.1.14 CE, así como al art. 6 y disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), al art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA) y al art. 2 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Ley del convenio). Seguidamente se refiere a la doctrina constitucional acerca de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra sentada en la STC 208/2012, de 14 de noviembre, en particular en lo relativo a las relaciones del régimen foral con la Constitución y la LOFCA. Específicamente en cuanto a las figuras tributarias de la Comunidad Foral señala que la doctrina constitucional ha distinguido dos modalidades impositivas. La primera serían los tributos propios distintos de los convenidos que, tras la STC 208/2012, estarían plenamente sujetos a la LOFCA. La segunda serían los tributos concertados o convenidos, respecto de los cuales es elemento esencial la existencia de un previo pacto con el Estado. El Abogado del Estado indica que la Ley Foral 24/2012 configura el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en los mismos términos que son definidos por el Estado en el artículo 4 de la Ley 15/2012. De hecho, la Ley Foral 24/2012 asume el carácter estatal del impuesto cuando en el artículo 1 dispone que será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, añadiendo el artículo 2 que en la exacción del impuesto será de aplicación la normativa estatal que lo regule y en el artículo 3 que la Comunidad Foral respetará los criterios de armonización que convenga con el Estado. La única salvedad a esta configuración, idéntica a la estatal, del impuesto la constituyen las exenciones previstas. Es evidente, por tanto, que el Parlamento de Navarra establece un tributo idéntico al previsto por el Estado. Así, la demanda defiende que en los supuestos en que se crea por Ley de las Cortes Generales un nuevo tributo, éste tiene la naturaleza de impuesto estatal aplicable en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la posibilidad de concertar o convenir con los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, el régimen de competencias que estos territorios puedan ejercer en el nuevo impuesto, con base en su específico régimen foral, reconocido por la Constitución. Por tanto, mientras no tenga lugar la modificación del Convenio económico (para que, si así lo acuerdan el Estado y la Comunidad Foral, los nuevos impuestos estatales pasen a configurarse como impuestos convenidos), estos tributos tienen la naturaleza de impuestos estatales no convenidos, aplicables en todo el territorio nacional (incluida Navarra), en los términos que establecen sus respectivas leyes reguladoras. Por la naturaleza paccionada del Convenio, y porque así lo establece expresamente la disposición adicional tercera del mismo, no es posible que la Comunidad Foral de Navarra regule un tributo estatal no convenido, por lo que la Ley Foral controvertida resulta ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Por otra parte, en cuanto a la hipotética calificación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica como un impuesto propio de la Comunidad Foral, el Abogado del Estado señala que la Ley Foral 24/2012 se remite a las normas estatales para su regulación, puesto que sus previsiones se limitan a la determinación del hecho imponible. Pues bien, si se considerase, hipotéticamente, que el impuesto en cuestión fuera un tributo propio de la Comunidad Foral, la identidad de la regulación del tributo determinaría que la Ley Foral 24/2012 también incurrirá en inconstitucionalidad por establecer un tributo con el mismo objeto que el del Estado, infringiendo con ello el art. 6.2 LOFCA, en relación con los arts. 31.1, 133.1 y 2 y 157.3 CE. Como conclusión de todo lo expuesto el Abogado del Estado argumenta que la Ley Foral 24/2012 no trata de establecer y regular el impuesto en cuestión como propio de la Comunidad Foral de Navarra, sino de «disponer» unilateralmente la aplicación en esta Comunidad de un impuesto del Estado, que constitucional y estatutariamente requiere del correspondiente pacto o concierto con el Estado para su efectivo establecimiento. Sin embargo, el Parlamento de Navarra no se ha atenido a lo que la disposición adicional prescribe en el sentido de proceder a la adaptación del convenio por mutuo acuerdo con ocasión de la creación de nuevas figuras tributarias estatales. Por el contrario, unilateralmente, ha adoptado las medidas normativas que ha entendido necesarias para la aplicación en su territorio de un impuesto estatal, sin previo concierto con el titular de la potestad tributaria originaria, ex art. 133.1 CE. Por tanto, a falta de pacto, es indiscutible que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es de carácter estatal, y que la Comunidad Foral de Navarra no puede ejercer competencias sobre el mismo, pues eso sería posible sólo a partir del momento en que el tributo se convenga entre las autoridades estatales y forales. 2. Mediante providencia de 22 de octubre de 2013 el Pleno, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes y, por último, publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Navarra». 3. Mediante escrito registrado con fecha 30 de octubre de 2013, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado en escrito registrado el 6 de noviembre de 2013. 4. Por escrito registrado el día 6 de noviembre de 2013 la Letrada del Parlamento de Navarra se personó en el proceso solicitando copia del acuerdo de la Junta de cooperación Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 24/2012, acuerdo que le fue remitido el día 8 de noviembre de 2013, mediante la correspondiente diligencia de ordenación de la Secretaria de Justicia del Pleno. 5. El día 15 de noviembre de 2013 se personó en el proceso, en nombre del Gobierno de Navarra, el Asesor jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra interesando la desestimación del recurso conforme a las razones que se resumen a continuación. Tras hacer referencia al contenido de la Ley Foral 24/2012, indica que la creación del nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se hace de forma simultánea a la creación de idéntica figura impositiva por el Estado, en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. El art. 2 de esta norma deja a salvo respecto del impuesto en cuestión el régimen foral de Navarra. De este modo, la Ley Foral 24/2012 viene a establecer para Navarra un impuesto directo que también ha sido establecido por el Estado, dado que, según resulta del régimen foral y se explicita en el mencionado artículo 2, dicho impuesto estatal no es aplicable en Navarra que se rige por el sistema de convenio económico. En suma, la Ley Foral 24/2012 en ningún caso ha vulnerado la competencia estatal en la materia y menos aún interfiere en la ordenación tributaria estatal; únicamente pretende crear un impuesto de forma paralela con la correlativa normativa tributaria estatal. En segundo lugar, la representación del Gobierno de Navarra rechaza el entendimiento que se contiene en la demanda acerca del marco normativo delimitador de las competencias en materia tributaria, pues estima que omiten el plus competencial que se deriva de la disposición adicional primera CE y de la LORAFNA. Señala que el punto de partida de dicha delimitación ha de ser la disposición adicional primera CE de la que se desprende la garantía institucional del régimen foral, siendo uno de sus elementos integrantes la potestad tributaria y el sistema de convenio económico para regular la actividad tributaria y financiera de Navarra. Esa garantía de la foralidad se recoge y desarrolla en la LORAFNA, tanto en el plano general como en materia tributaria en su artículo 45. De todo ello deduce que la potestad tributaria de Navarra exige un tratamiento normativo singular aún frente a los poderes del Estado. De esta suerte, el convenio económico es, de acuerdo con la disposición adicional primera CE y la LORAFNA, una norma de delimitación y articulación de competencias entre el Estado y Navarra y consiguientemente de limitación reciproca de los poderes tributarios de ambos. Eso es lo que explica que la LOFCA respete y excepcione la potestad tributaria de Navarra que no se rige por ella sino por la LORAFNA y el sistema de convenio económico. Argumenta el Letrado del Gobierno de Navarra que la potestad tributaria de Navarra va más allá de la atribución de poderes para la aprobación de singulares normas de carácter tributario o para el establecimiento de algún concreto impuesto, ya que tiene por objeto su «régimen tributario», expresión que tanto literalmente como en el contexto de sus antecedentes históricos significa que Navarra tiene la competencia exclusiva para regular los impuestos exigibles en la Comunidad Foral, tal como resulta del propio convenio económico, del que se coligen dos conclusiones. De un lado, el convenio económico es la norma de articulación de competencias tributarias entre el Estado y Navarra, por lo que debe considerarse con un todo que se autointegra; y, de otro, la potestad de Navarra para establecer su propio régimen tributario le habilita para aprobar leyes de creación de nuevos tributos en Navarra en el marco del convenio económico, sin que sean aplicables los criterios de la LOFCA. La primera se desprende de la doctrina del Tribunal Supremo y del Voto particular a la STC 208/2012. La segunda conclusión resultaría claramente de la tradición histórica que muestra notorios antecedentes de inaplicación de la normativa tributaria estatal en Navarra. De esta manera se ha elevado a la categoría de principio general del régimen foral este derecho o inmunidad de Navarra a cuyo tenor las reformas tributarias estatales sólo acceden territorio navarro por vía paccionada, tal como se puede deducir del artículo 45 LORAFNA. Este principio, que ha sido también recogido en el artículo 6 del convenio vigente, preserva a Navarra de la aplicación directa de las normas tributarias del Estado, pues sólo después de haberse producido la armonización por vía de convenio y en los términos que, en su caso, se pacten, puede nacer la obligación de Navarra de incorporar a su ordenamiento un impuesto estatal, sin perjuicio de la obligación de proceder a la adaptación del convenio en caso de reforma sustancial del ordenamiento jurídico del Estado. Supuesto en el que obviamente no puede entenderse incluida la creación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Este principio se encontraría expresamente admitido por la Ley 15/2012 que, en su art. 1.2, hace salvedad de los regímenes especiales por razón del territorio. Por ello, el Letrado del Gobierno Foral estima que «una interpretación distinta del marco competencial en materia tributaria entre Navarra y el Estado supondría desconocer y romper la tradicional interpretación y aplicación indiscutidas del significado y alcance del régimen foral en su dimensión tributaria, con infracción de la garantía constitucional de la foralidad y de su reconocimiento en la LORAFNA, así como la subversión del sistema de Convenio Económico que fija por sí mismo y en coherencia con tal garantía las reglas para resolver la cuestión aquí planteada en sentido favorable a la plena constitucionalidad de la Ley Foral recurrida». Finalmente, se opone a la pretensión estatal de que el tributo estatal creado por la Ley 15/2012 sea aplicable en todo el territorio nacional. Estima, por el contrario, que tal pretensión desconoce la potestad tributaria de Navarra y el propio sistema de convenio económico. En segundo lugar señala que, de acuerdo con la tradición histórica y el régimen de convenio económico, los tributos estatales no son de aplicación en Navarra (con las salvedades derivadas del convenio económico). Destaca las diferencias de este caso con el resuelto en la STC 208/2012, por cuanto es la propia ley estatal la que excepciona la aplicación del tributo en Navarra y concluye que no se trata de la exacción de un impuesto estatal en Navarra sino de la creación de un nuevo impuesto en línea con el estatal en aras de la máxima coordinación y armonización. Por último rechaza el argumento de la demanda según el cual se habría creado un tributo no convenido que habría de quedar sometido a los límites de la LOFCA, por cuanto tal creación sería expresión de la potestad de Navarra para establecer su propio régimen tributario. Además la propia LOFCA incluye una cláusula de salvaguarda del régimen foral y del convenio económico estableciendo su inaplicación a Navarra y, de otro lado, la Ley estatal 15/2012 dispone la inaplicación del nuevo impuesto en cuestión en Navarra. Niega, en tercer lugar, la coincidencia del hecho imponible, por faltar el elemento territorial, ya que el impuesto estatal no es aplicable en Navarra, sino que la Ley Foral 24/2012 ha creado un impuesto propio en adecuado ejercicio de las competencias de Navarra. De todo lo expuesto concluye que la Ley Foral impugnada está amparada en las competencias reconocidas a Navarra, de acuerdo con la disposición adicional primera CE, en el art. 45.3 LORAFNA y respeta los límites fijados a la potestad tributaria de Navarra en el vigente convenio económico, sin incurrir en infracción de la LOFCA en razón de la salvedad por ésta —y también por la Ley 15/2012— del régimen de convenio económico. 6. La Letrada del Parlamento de Navarra presento sus alegaciones mediante escrito registrado el día 21 de noviembre de 2013 en el que interesa la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación. Tras resumir el contenido de la demanda alude a lo que califica de otros antecedentes que tienen interés para la resolución del recurso. Entre tales antecedentes cita la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que incluye el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, así como otros tributos, cuya inclusión en otras normas forales (Ley Foral 21/2012) no ha sido objeto de impugnación. Igualmente menciona la tramitación parlamentaria de la norma estatal, en la que pretendía incluirse una disposición adicional relativa a la obligación de concertar o convenir los tributos durante el ejercicio 2013, inclusión que fue rechazada por entender que se vulneraba el régimen de concierto o convenio. Tras lo anterior la Letrada del Parlamento de Navarra argumenta que el recurso ha de ser inadmitido por haber sido presentado fuera de plazo, pues la norma se publicó en el «Boletín Oficial de Navarra» el 31 de diciembre de 2012 y el recurso se ha interpuesto el 30 de septiembre de 2013, mientras que el plazo de interposición que deriva del art. 33.1 LOTC expiró el día 31 de marzo. Estima la Letrada del Parlamento de Navarra que no es posible aplicar aquí el art. 33.2 LOTC, pues no consta la fecha del acuerdo de la Junta de cooperación Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en el que se decidió la aplicación del procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, acuerdo que fue publicado los días 22 y 23 de abril, en el «Boletín Oficial de Navarra» y en el «Boletín Oficial del Estado», respectivamente. En la primera de las publicaciones se indica que el acuerdo es de 15 de marzo de 2013, tal como también consta en la documentación de la que dispone el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo la Letrada del Parlamento de Navarra cuestiona la existencia de una dicha reunión en la que se adoptase dicho acuerdo, pues de la misma no se levantó acta. A su juicio, «no resulta suficiente, para que opere la ampliación del plazo general para la interposición del recurso de tres meses a los nueve previstos en el apartado 2 del art. 33 de la LOTC, la mera existencia de un escrito de inicio de negociaciones si no va acompañado de una mínima actividad dirigida a resolver las discrepancias». Mínima actividad que, en su opinión, exige que se acredite la celebración de la reunión de la Junta de cooperación mediante la correspondiente acta. Señala a este respecto que habiendo solicitado la remisión de una copia del acta de la sesión celebrada el 15 de marzo de 2013 en relación con el inicio de negociaciones, el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, no aportó acta alguna acreditativa de la sesión o sesiones celebradas con la finalidad establecida en el art. 33.2 LOTC. No habiendo constancia de la reunión mediante la oportuna acta no queda sino concluir, a su juicio, que el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo, por lo que procede declarar su inadmisión. A este primer motivo de inadmisión añade un segundo, consistente en que el recurso ha de ser inadmitido o, subsidiariamente, desestimado por falta de argumentación suficiente. Estima que la demanda se fundamenta únicamente en la cita de la doctrina de la STC 208/2012, desconociendo las competencias de la Comunidad Foral sobre su régimen tributario, tal como derivan del bloque de constitucionalidad que forman la disposición adicional primera CE, el art. 45 LORAFNA y la Ley del convenio. Señala, además, que la demanda va acompañada de una reivindicación competencial que postula la aplicación en Navarra de la Ley estatal 15/2012, en tanto en cuanto no tenga lugar la modificación del convenio económico, lo que choca frontalmente con las competencias exclusivas de la Comunidad Foral. Señalado todo lo anterior la Letrada del Parlamento de Navarra alude a la potestad tributaria de Navarra, destacando que se trata de un derecho histórico reconocido por la disposición adicional primera CE, en los términos expuestos por la doctrina constitucional (con cita de la STC 208/2012) que permite a la Comunidad Foral establecer su régimen tributario propio en el marco de la actualización del régimen foral llevado a cabo por la LORAFNA, tal como se desprende de su art. 45. De todo lo anterior se deriva, a juicio de la representación de la Cámara foral, que Navarra tiene plenas competencias para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario respetando los criterios de armonización establecidos en el convenio económico. De ese carácter de derecho histórico se deriva que la Comunidad Foral de Navarra tiene un mayor ámbito de autonomía tributaria que las Comunidades Autónomas de régimen común y un grado de vinculación diferente de aquellas a los límites establecidos por el legislador estatal, límites que, en este caso, son los establecidos en el convenio económico. Alude a continuación al origen histórico del sistema fiscal navarro, sus características, fundamento constitucional y caracterización en relación con el poder tributario del Estado, citando para ello la STS de 9 de julio de 2007, para, seguidamente analizar la potestad tributaria de Navarra de acuerdo con lo establecido en el bloque de constitucionalidad. Señala al respecto que Navarra ha tenido, antes y después de la Ley paccionada de 16 de agosto de 1841, un régimen tributario propio, autónomo e independiente del sistema tributario estatal y local, de conformidad con el convenio vigente en cada época, que paccionadamente determina la aplicación espacial de los respectivos tributos del Estado y de Navarra, comprometiéndose a entregar al Estado el cupo correspondiente como contrapartida de los servicios comunes prestados por éste. La segunda conclusión a la que llega es que «en materia tributaria no rigen en Navarra las Leyes aprobadas por las Cortes Generales y las disposiciones dictadas por el Gobierno de La Nación (Reales Decretos-leyes, etc.), sin que previamente se hayan aceptado, mediante el necesario pacto, por las Instituciones competentes de Navarra», tal como, a su resulta del art. 3 del convenio en relación con los arts. 7 y 9. De esta manera, en Navarra, la delimitación de competencias tributarias se lleva a cabo en los términos del convenio económico que funciona en una doble dirección, de forma que ni el Estado ni Navarra pueden decidir unilateralmente sobre los límites de sus respectivas potestades tributarias establecidas en los arts. 2 y 3, ni sobre los criterios de armonización establecidos en aquel. En el universo cerrado que constituye el convenio económico se regulan, tanto los límites de la potestad tributaria del Estado, que solo está habilitado para establecer y regular los tributos referidos en el art. 3 del convenio, como los de la potestad tributaria foral (art. 2.1, 2 y 7 del convenio), los puntos de conexión aplicables a cada tributo convenido y algún criterio de armonización especifico (arts. 9 a 40), los mecanismos arbitrales para la resolución de discrepancias (art. 51), los procedimientos para la coordinación del sistema foral con el del Estado (arts. 5 y 67, este último en el que se regula la comisión coordinadora) o el procedimiento para la revisión, en su caso, de la aportación que corresponda realizar a Navarra, previa adaptación del convenio a las modificaciones que hubiese experimentado el ordenamiento jurídico tributario del Estado en los casos de que en este se hubieran operado reformas sustanciales (disposición adicional tercera del convenio). Señala también que la reforma del convenio económico, operada por Ley 25/2003, de 15 de julio, que introdujo el apartado 2 del art. 2 del convenio, supuso la ampliación de la garantía institucional de la foralidad en lo referente a los tributos «no convenidos» y por esta razón se estableció que los tributos «no convenidos» están sujetos a los mismos criterios de armonización que los convenidos, y no a los límites de la LOFCA. Por tanto, según el Parlamento de Navarra, «no es que. Navarra se arrogue un poder tributario originario, sino que es el propio Estado el que ha reconocido las competencias de Navarra en esta materia y las ha plasmado en el artículo 45 de la LORAFNA y en el Convenio Económico». A continuación descarta que la LOFCA forme parte del bloque de la constitucionalidad en lo que se refiere a la Comunidad Foral, por cuanto, en virtud de la disposición adicional primera CE, el sistema de financiación de la Comunidad Foral de Navarra se rige por el convenio económico, de forma que la recaudación tributaria corresponde a la Comunidad Foral, sin que la LOFCA sea de aplicación a Navarra, tal como resulta de la STC 116/1994 y de la tramitación parlamentaria de la propia LOFCA y sus sucesivas modificaciones. Por ello la Letrada del Parlamento Foral señala que, si la LOFCA no forma parte del bloque de constitucionalidad aplicable a Navarra, no es posible fundar en ella una declaración de inconstitucionalidad. En cuanto a la doctrina de la STC 208/2012, estima que incurre en algunas inexactitudes. No niega la Letrada que «el ejercicio de la potestad tributaria de Navarra precise de ser coordinado con el del Estado ni tampoco que aquella esté sujeta a límites, que no otra cosa son los criterios de armonización, pero ambos conceptos implican cosas distintas y no pueden ser tratados unitariamente como si fueran conceptos intercambiables». Por una parte, la coordinación en materia tributaria entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra solo se puede realizar a través de los mecanismos establecidos en el convenio económico a tal efecto. Por su parte, los criterios generales de armonización constituyen límites a la potestad tributaria de Navarra y están recogidos en el art. 7 del convenio económico. Para la Letrada del Parlamento de Navarra «una cosa es que, como se afirma en la Sentencia, el sistema tributario de Navarra se coordine con el del Estado, lo que fundamentalmente se debe realizar a través de la Comisión Coordinadora entre el Estado y Navarra y otra que la implantación de cualquier tributo (sea o no convenido) se deba coordinar interpretando esta expresión en el sentido de tener que ser pactado previamente con el Estado». Desde la Ley 25/2003, la potestad tributaria de Navarra para establecer tributos distintos a los convenidos (es decir sobre cualquier hecho imponible distinto a los que hace referencia el convenio) está reconocida expresamente sin que las exigencias de coordinación se puedan oponer como límite a su ejercicio. Cuestiona igualmente la diferenciación de la STC 208/2012 entre tributos convenidos y no convenidos, por cuanto estima que choca con lo establecido en el art. 2.2 del convenio económico en el que se establece expresamente la potestad para establecer tributos no convenidos y la somete a los mismos límites del artículo 2.1 y 7 del convenio, sin que quepa un tercer tipo de tributos, pues todos ellos están sometidos al convenio. Señala también que Navarra tiene potestad tributaria para establecer tributos no convenidos sin pactarlos antes con el Estado. Por otra parte que el sistema tributario de Navarra deba ser reflejo del Estado no se puede entender como una exigencia de absoluta igualdad entre ambos, igualdad que no cabe en el sistema autonómico ya que este se basa precisamente en la posibilidad de que existan diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas. Con arreglo a todo lo anteriormente expuesto la Letrada del Parlamento de Navarra defiende que la Ley Foral 24/2012 es plenamente constitucional. Señala que en el presente proceso «no se trata de dilucidar cómo se califica al nuevo impuesto regulado por la Ley Foral 24/2012 —si como convenido o no convenido—, sino de determinar si el Estado ostenta competencias, de acuerdo con el Convenio Económico, para establecer tributos en Navarra distintos a los autorizados por el art. 3 de aquel. Y la respuesta no puede ser más que negativa». Indica que la finalidad de la distinción de los tributos convenidos está relacionada con la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado, sin que tenga ninguna trascendencia a efectos de lo aquí discutido, en la medida en que Navarra tiene competencia para establecer un régimen tributario propio, incluyendo los tributos convenidos y los no convenidos, sometidos todos ellos a los mismos límites, tal como resulta de los derechos históricos de Navarra amparados por la Constitución y reconocidos en el art. 45 LORAFNA. Defiende además que «carece de soporte constitucional alguno afirmar que los tributos convenidos están sometidos a los límites del artículo 2.1 del Convenio y los no convenidos a la LOFCA además de a esos mismos límites del artículo 2.1». Cuestiona así la interpretación de la STC 208/2012 estimando que «existe una sentencia anterior, la STC 116/1994, en la que el Tribunal Constitucional se posicionó en sentido contrario, y si dicha interpretación se mantuviese, lo seria en abierta contradicción con las disposiciones vigentes que forman el bloque de constitucionalidad al que hace referencia el artículo 28 de la LOTC. La aplicación a Navarra de la LOFCA y para ser más exactos, la de su artículo 6.2, sostenida en la sentencia citada, en la medida en que pueda suponer una ampliación de las competencias del Estado en el ámbito territorial de Navarra supone lisa y llanamente una vulneración del Convenio Económico al establecer límites a la potestad tributaria del Estado en Navarra en un instrumento no idóneo como es la LOFCA». Afirma que, frente a lo que sostiene el Abogado del Estado, Navarra no ha dispuesto unilateralmente de un impuesto estatal sino que se ha limitado a crear un tributo nuevo en ejercicio de las competencias que le atribuye el convenio. Alega que el impuesto estatal no puede exigirse en Navarra si no media el necesario pacto (con cita al respecto de la STS de 9 de julio de 2007), de modo que el tributo se podrá calificar de convenido o de no convenido, pero en ambos casos la competencia tributaria de Navarra tiene el mismo alcance y está sometida a los mismos límites: los del artículo 2.1 del convenio económico. Sostiene que, tanto si lo calificamos de una forma, como si lo calificamos de la otra, la implantación del tributo está dentro de las competencias de Navarra, de modo que el Estado solo ostenta las competencias que el artículo 3 del convenio económico le reconoce. Finalmente argumenta que la Comunidad Foral de Navarra ha actuado, con anterioridad de la misma forma, que ahora se tacha de inconstitucional, con la total conformidad del Estado en un caso en el que el Estado aceptó que en Navarra fuese la Diputación Foral la que dictase —sin pactarlas previamente con el Estado— normas fiscales sobre el impuesto sobre la renta y el de sociedades. Forma de actuar que ahora se cuestiona con la pretensión de obtener una competencia que el convenio le niega: el establecimiento y la recaudación de tributos en materias diferentes a las contempladas en el art. 3 del convenio. 7. Por providencia de 24 de junio de 2014 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 26 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Presidente del Gobierno, contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. El art. 1 de la norma impugnada dispone la aplicación en la Comunidad Foral de Navarra del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica a través de las instalaciones a las que se refiere el título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. El artículo 2 establece que en la exacción del impuesto será de aplicación la normativa estatal que lo regule. Además regula dos supuestos de exención en relación con las energías renovables no previstos por la norma estatal. El tercer y último artículo establece que la Comunidad Foral de Navarra respetará los criterios de armonización que convenga con el Estado. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado sostiene que la Ley Foral 24/2012 configura un impuesto en los mismos términos que los definidos por el Estado en el art. 4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. A este respecto argumenta que, en tanto en cuanto no tenga lugar la modificación del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a fin de convenir el nuevo impuesto estatal, el nuevo tributo tiene la naturaleza de impuesto estatal no convenido y, por tanto, aplicable en todo el territorio nacional en los términos que establezca su ley reguladora. Dada la naturaleza paccionada del convenio económico y en los términos de la disposición adicional tercera de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, que lo aprueba, no es posible que Navarra regule un tributo estatal no convenido. Tampoco resultaría admisible la calificación del tributo creado por la Ley Foral 24/2012 como un impuesto propio de la Comunidad Foral, ya que, en ese caso, por la identidad del tributo con el creado por la Ley estatal 15/2012, se incurriría en la prohibición prevista en el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), de plena aplicación a los tributos propios de Navarra conforme a la doctrina de la STC 208/2012, de 14 de noviembre. La representación procesal del Gobierno Foral ha solicitado la desestimación del recurso por entender que la norma se adecua al régimen tributario de Navarra que deriva de lo dispuesto en la disposición adicional primera CE y en el art. 45 LORAFNA, preceptos en los que se fundamenta el régimen de convenio económico vigente en la Comunidad Foral, plasmado actualmente en la Ley 28/1990, de 26 diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Ley del convenio). De dicho marco el Letrado del Gobierno Foral deduce que Navarra dispone de competencia para crear un tributo propio, como el que configura la Ley Foral impugnada, sin que sea admisible la pretensión, manifestada por el Estado en su demanda, de aplicar el tributo estatal de la Ley 15/2012 en la Comunidad Foral, pues supondría el desconocimiento de la garantía institucional de la foralidad en el ámbito tributario. Por su parte, la Letrada del Parlamento de Navarra ha interesado la inadmisión a trámite del recurso, en primer lugar, por haber sido presentado fuera de plazo y, en segundo lugar, por falta de fundamentación. Subsidiariamente solicita su desestimación, entendiendo que la norma impugnada supone un adecuado ejercicio de la potestad tributaria de Navarra, reconocida por la Constitución y la LORAFNA, que le permiten mantener y regular su régimen tributario propio, respetando los criterios de armonización establecidos en el convenio económico, aprobado por la Ley 28/1990. 2. Previamente al examen sobre el fondo del asunto debemos pronunciarnos sobre dos aspectos: los óbices de procedibilidad planteados por la Letrada del Parlamento de Navarra relativos a la inadmisión del recurso por haberse planteado fuera de plazo así como por carecer de fundamentación suficiente y sobre la pretensión del Abogado del Estado de obtener un pronunciamiento de este Tribunal en relación con las eventuales condiciones de aplicación en Navarra de lo previsto en la Ley estatal 15/2012. a) En cuanto a lo primero la Letrada del Parlamento de Navarra considera que no ha quedado acreditada la celebración de la reunión de la Junta de cooperación Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra en la que se habría acordado la aplicación del procedimiento previsto en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Por esa razón, no se podría aplicar el plazo ampliado de nueve meses previsto en el citado precepto legal, con la consecuencia de que el recurso se había interpuesto fuera de plazo, debiendo inadmitirse por extemporáneo. Este mismo reproche, formulado también por la Letrada del Parlamento de Navarra, ya fue examinado en la STC 207/2013, de 5 de diciembre, FJ 1 a), en la que sentamos el mismo criterio que vamos a sostener ahora. A este respecto hay que señalar que ha quedado acreditado que la Junta de cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra adoptó el día 15 de marzo de 2013 un acuerdo [art. 33.2 a) LOTC] relativo al inicio de negociaciones para resolver las discrepancias existentes con relación a la Ley Foral 24/2012, [art. 33.2 b) LOTC]. Este acuerdo fue puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la Ley (se comunicó el día 27 de marzo antes, por tanto, del vencimiento del plazo de tres meses desde la publicación de la Ley que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2012), insertándose tanto en el «Boletín Oficial del Estado» como en el diario oficial de la Comunidad Foral de los días 23 y 22 de abril, respectivamente [art. 33.2 c) LOTC]. Es clara, pues, la existencia del acuerdo en el que se pone de manifiesto la concertación de voluntades para aplicar el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC y su adopción conforme a las exigencias del mencionado precepto. Se han cumplido, entonces, con todos los requisitos de procedibilidad necesarios para interponer el recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno en el plazo ampliado de nueve meses, debiendo rechazarse, por tanto, la concurrencia del óbice procesal alegado por el Parlamento de Navarra. b) Por otro lado, la Letrada del Parlamento de Navarra postula la inadmisión del recurso por carecer, a su juicio, de fundamento suficiente. No tiene fundamento procesal alguno tal solicitud. La demanda, como ha quedado expuesto en los antecedentes, cumple con lo dispuesto en los arts. 33.1 y 85.1 LOTC, al impugnar la totalidad de la Ley Foral 24/2012 y exponer las razones en las que funda su pretensión. Tanto el objeto del recurso como la causa petendi, elementos sin los cuales no resulta concebible el proceso, han quedado perfectamente precisados por la parte actora. Lo que no cabe es confundir la discrepancia con la argumentación de la demanda, discrepancia que la representante procesal del Parlamento de Navarra pone de manifiesto en su alegato contradictorio, con la falta de fundamentación de aquélla. En esta dialéctica entre las partes, consustancial a toda controversia jurídica que se somete a nuestra consideración, «[n]o corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el mayor o menor acierto técnico de las demandas, bastando con que en ellas se pueda vislumbrar algún motivo de inconstitucionalidad suficientemente fundado que levante la referida carga en los términos que hemos reiterado [por todas, STC 96/2013, de 23 de abril, FJ 3, con cita de anteriores]. Ahora bien, junto a ello hemos insistido en que el examen de las impugnaciones en concreto debe partir de los argumentos contenidos en las demandas, pues “hay una presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley que no puede desvirtuarse sin más, prescindiendo de una razón suficientemente fundadaˮ.» [STC 76/2014, de 8 de mayo, FJ 2 b), y las allí citadas]. Esto es precisamente lo que debemos resolver en un inexcusable examen de fondo, que concluirá en la estimación o desestimación del recurso. Pretender que dicho examen de fondo sea sustituido por una inadmisión que zanje sin más el debate y ponga fin al proceso equivale, pura y simplemente, a desconocer la naturaleza y el régimen jurídico propios del recurso de inconstitucionalidad, que –a diferencia de otros procesos constitucionales (arts. 37.1 y 75 quinquies.1 LOTC)– no contempla la inadmisión basada en su carácter notoriamente infundado. c) Señalado todo lo anterior, procede ahora advertir que tampoco hemos de pronunciarnos, por situarse extramuros de lo aquí discutido, circunscrito a la adecuación al orden de distribución de competencias de la Ley Foral 24/2012, sobre la pretensión formulada por el Abogado del Estado relativa a la obtención de un pronunciamiento de este Tribunal acerca de las condiciones de aplicación de un tributo estatal en Navarra. En efecto, sin perjuicio de señalar que esta cuestión ya ha sido abordada de forma expresa por el legislador estatal en el art. 2 de la Ley 15/2012, en el que tras señalar en su apartado 1 que «el impuesto se aplicará en todo el territorio español», establece que «lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los Territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra», resulta que tal pretensión excede de los límites del presente proceso. A este respecto el objeto del recurso de inconstitucionalidad queda definitivamente delimitado en el escrito del recurso de interposición del mismo, dando cumplimiento a la voluntad impugnatoria de quien está legitimado para ello, de manera que, dado el carácter estrictamente objetivo y abstracto del recurso de inconstitucionalidad, «no pueden hacerse valer en él intereses distintos a la pura o simple impugnación o defensa de la Ley recurrida» (AATC 378/1996, de 17 de diciembre, FJ 3; 142/1998, de 16 de junio, FJ 2; 455/2004, de 16 de noviembre, FJ 2; 263/2004, de 20 de agosto, FJ 4; y 264/2008, de 20 de agosto, FJ 4), lo que es manifiesto que no es el caso de esta pretensión de la demanda. En suma, en aplicación de dicha doctrina, el objeto de nuestro enjuiciamiento ha de circunscribirse a examinar la conformidad de la Ley Foral 24/2012 con el orden de delimitación de competencias en materia tributaria entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 3. Hechas las precisiones que anteceden podemos ya comenzar el examen del fondo del asunto para lo que debemos partir de nuestra doctrina acerca de la naturaleza y el alcance de las competencias tributarias que ostenta la Comunidad Foral de Navarra. Como señala la STC 208/2012, de 14 de noviembre, a cuyo fundamento jurídico 4 procede remitirse in totum, dichas competencias tienen su origen «inmediato e indiscutible en la Constitución», cuya disposición adicional primera establece que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y añade la posibilidad de que éstos se actualicen «en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía», norma que, en el caso de Navarra, es la LORAFNA que, por lo que a este proceso interesa, se remite expresamente al «sistema tradicional del Convenio Económico» (art. 45.1), que implica que Navarra podrá «mantener, establecer y regular su propio régimen tributario» (art. 45.3) de acuerdo con lo establecido en el convenio, que al ser acordado previamente entre el Estado y la Comunidad foral, tiene «naturaleza paccionada» (art. 45.4). Conforme con ello, el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por la Ley 28/1990, reconoce en su artículo 1 la potestad de aquélla para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. El artículo 2 dispone, en su apartado primero, los límites que Navarra deberá respetar en el ejercicio de la potestad tributaria referida, y el apartado 2, introducido por la Ley 25/2003, de 15 de julio, regula la posibilidad de establecer tributos distintos de los convenidos respetando los principios del apartado 1 anterior y los criterios de armonización, recogidos en el art. 7 del convenio. Criterios de armonización regulados detalladamente para cada uno de los tributos convenidos, teniendo en cuenta que conforme al artículo 6 el procedimiento seguido para la elaboración y aprobación del convenio es el que deberá seguirse «para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pueda establecer en el futuro». En palabras de la STC 208/2012, FJ 5, «[e]l sistema de Convenio económico supone una especialidad con respecto al vigente en el resto de Comunidades Autónomas, ya que posibilita que la norma estatutaria navarra, la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral, asuma competencias en materia tributaria que permitan a la Comunidad Foral Navarra establecer un sistema tributario propio. Pero esta mayor autonomía tributaria tiene una contrapartida, expresada en el propio sistema de Convenio, consistente en la aplicación de criterios de coordinación, que en la Ley del convenio se ha traducido en que el sistema tributario que establezca la Comunidad Foral de Navarra deberá ser reflejo del estatal, lo que se lleva a cabo mediante el establecimiento de tributos denominados por ello 'tributos convenidos'. Se configura así un sistema tributario foral que replica la estructura del sistema tributario del Estado, a cuyas concretas figuras impositivas se refiere expresamente la Ley del convenio». Así pues, la garantía institucional de la foralidad que la Constitución reconoce y garantiza tiene, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, dos vertientes que deben ser diferenciadas. La primera de ellas, como recuerda la STC 207/2013, FJ 2, «implica la posibilidad de que la Comunidad Foral disponga de un sistema tributario propio, si bien en coordinación con el del Estado». La segunda vertiente es la participativa, razón por la cual dicho sistema tributario «debe ser acordado previamente con el Estado», de manera que «[l]a Comunidad Foral tiene así un plus de participación en la delimitación del sistema, pero no le es dado decidir unilateralmente sobre su contenido» [STC 208/2012, FJ 4 b); y en sentido parecido STC 148/2006, de 11 de mayo, FJ 7]. En suma, el poder tributario propio de Navarra implica también que la Comunidad Foral está obligada a respetar, en su sistema tributario, la estructura del sistema tributario de régimen común fijado por el Estado, de manera que Navarra ha de establecer unos impuestos en los que sea identificable la imagen de los que integran el sistema tributario estatal, conforme a los términos que al efecto prevea la Ley del convenio. En ese sentido, no cabe olvidar la primacía de la Constitución y de la LORAFNA sobre cualesquiera normas forales, de lo que deriva que las normas forales tributarias están sometidas a los límites que se desprenden de la pertenencia de dichas normas a un mismo sistema constitucional de reparto del poder tributario (art. 31 CE). Pues bien, uno de estos límites es que la estructura del sistema tributario navarro no puede diferir sustancialmente, en lo que respecta a los tributos convenidos, de la estructura del sistema tributario estatal, a cuyos efectos dichas figuras son la consecuencia de una proceso de pacto previo –de ahí el término «convenidos»– como manifestación específica de la foralidad a la que ya nos hemos referido. Una segunda consecuencia de lo anterior es la posible existencia de figuras tributarias propias de la Comunidad Foral que, en su condición de tributos propios, se encontrarían sometidos a los límites generales que derivan de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, tal como resulta de la doctrina de la STC 208/2012. En suma, la actividad tributaria de Navarra se regula así por el sistema tradicional de convenio económico, sistema consecuencia de la garantía institucional de la foralidad en materia tributaria, «cuyo aspecto central es el específico régimen de tributos convenidos, figuras que tienen carácter pactado, condición ésta que resulta inseparable de la foralidad como ha quedado expuesto» (STC 208/2012, FJ 5). Junto a tales tributos convenidos existen los que podemos denominar «tributos propios forales» tributos que estarían fuera del sistema paccionado, específico para las concretas figuras tributarias «convenidas», pero incluidos en el sistema de coordinación general que para el resto de figuras tributarias supone la LOFCA, ya que no existe una tercera categoría de tributos en el sistema de distribución de competencias tributarias que deriva del bloque de la constitucionalidad. De esta manera, en los términos de la STC 208/2012, FJ 5, «el régimen jurídico se bifurca parcialmente en función de que los tributos propios forales sean o no tributos convenidos. Los convenidos están sujetos a reglas específicas de coordinación, contenidas en los arts. 2 y 7 de la Ley del convenio y que son, como ha quedado expuesto, norma especial con respecto de las reglas generales contenidas en los arts. 6 y 9 LOFCA, que sí son, en cambio, de aplicación a los tributos propios autonómicos. En suma, los tributos propios que no hayan sido previamente acordados entre el Estado y la Comunidad Foral, no son entonces por definición tributos convenidos, ni forman parte del contenido esencial de la foralidad o ámbito propio de poder a que nos hemos referido anteriormente. Y puesto que hemos afirmado que no existe en el sistema constitucional descrito una tercera categoría, además de los 'tributos convenidos' y los 'tributos propios autonómicos', a estos tributos que el propio art. 2.2 de la Ley del convenio denomina 'distintos de los convenidos' les son plenamente aplicables los límites contenidos en los arts. 6 y 9 LOFCA, además de los específicamente contenidos en el art. 7 de la Ley del Convenio tal y como establece el citado art. 2.2. La anterior interpretación se deriva además del propio sistema de Convenio, que como se ha expuesto descansa en la idea de poder tributario pactado y coordinado». 4. De acuerdo con cuanto antecede estamos ya en condiciones de resolver la controversia planteada, comenzando por aclarar cuál es el alcance de la norma impugnada, aspecto en el que es manifiesta la discrepancia entre las partes comparecidas en el presente proceso. El Abogado del Estado ha sostenido, con carácter principal, que la norma impugnada tiene por objeto la regulación de un tributo estatal no convenido, lo que, dada la naturaleza paccionada del convenio, supondría una extralimitación de las competencias tributarias de la Comunidad Foral. Los Letrados del Gobierno y del Parlamento de Navarra sostienen, por el contrario, que la Ley Foral 24/2012 crea un nuevo tributo propio de la Comunidad Foral, bien que siguiendo para ello el modelo de un tributo estatal, en el ejercicio de las competencias reconocidas en la disposición adicional primera CE y en el art. 45 LORAFNA. Para resolver este debate hemos de tener presente, en primer lugar, que este Tribunal Constitucional no es juez de la calidad técnica de las normas sometidas a su enjuiciamiento (por todas, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), ni tampoco le corresponde señalar cuál sería la fórmula más recomendable de las distintas posibles para regular una determinada materia. Nuestra tarea ha de limitarse a decidir si la elegida por la norma sometida a nuestro enjuiciamiento se adecua al orden constitucional de distribución de competencias, con independencia de que sea más o menos reprobable desde el punto de vista de la mera técnica normativa, cuestión esta última ajena al ámbito del control de constitucionalidad de las normas ejercido por este Tribunal, pues como hemos indicado en diversas ocasiones «las omisiones o deficiencias técnicas no representan en sí mismas tachas de inconstitucionalidad» (STC 273/2000, de 15 de noviembre, FJ 10, por todas). Pues bien, pese a lo afirmado por el Abogado del Estado, la literalidad del artículo 1 de la norma impugnada no ha de llevarnos a concluir que la Ley Foral 24/2012 tenga por objeto disponer la aplicación en la Comunidad Foral de Navarra de un impuesto estatal preexistente, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Por el contrario, es posible considerar que, bien que con una técnica legislativa ciertamente deficiente, la Ley Foral 24/2012 crea un nuevo tributo propio de la Comunidad Foral. Decisión que se combina con la remisión de los aspectos sustanciales de su regulación a las normas estatales relativas al tributo estatal antes mencionado. No otra es la conclusión que cabe extraer del art. 1 de la Ley Foral 24/2012 cuando establece que «[s]erá de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a través de cada una de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico». Así, la Ley Foral recurre a la técnica de la remisión normativa, tomando como referencia un tributo creado por el legislador estatal. La consecuencia es que define así sus rasgos esenciales en los mismos términos que los de otro tributo creado por el Estado, recogiendo literalmente el hecho imponible del tributo, previsto en el art. 4.1 de la Ley 15/2012 («la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, incluidos el sistema eléctrico peninsular y los territorios insulares y extrapeninsulares, en cualquiera de las instalaciones a las que se refiere el Título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico») y resultando también que en la exacción del tributo es de aplicación la normativa estatal que lo regule, en los términos del artículo 2. La conclusión en el sentido de que la norma dispone la creación de un nuevo tributo, bien que por remisión a otro, se ratifica si se tiene en cuenta el hecho de que se establece un régimen de exenciones tributarias distinto del previsto en la norma estatal. Establecido, entonces, que se trata de un tributo propio de la Comunidad Foral podemos ya enjuiciar la Ley Foral 24/2012 que lo crea. 5. La consideración como un tributo propio de Navarra no implica, sin embargo, que podamos aceptar la premisa defendida por los Letrados del Gobierno y del Parlamento de Navarra. Como se ha hecho constar en los antecedentes ambos defienden que nos encontraríamos ante un tributo propio de la Comunidad Foral establecido al amparo de lo previsto en los arts. 45 LORAFNA y 2.2 de la Ley del convenio. A su entender, dicho precepto ampararía la Ley Foral 24/2012 en tanto que reconoce la posibilidad de establecer tributos distintos de los convenidos respetando los principios del apartado 1 del artículo 2 y los criterios de armonización recogidos en el artículo 7 de la Ley del convenio. A este respecto no cabe duda y no lo cuestiona ninguno de los comparecidos en el presente proceso, que el tributo que crea la Ley Foral 24/2012 no es un tributo convenido, de los previstos en la Ley del convenio, sino que, en todo caso, se trataría de un tributo distinto de los convenidos, creado al amparo, según los representantes del Gobierno y del Parlamento de Navarra, de los preceptos que se acaban de citar. La cuestión, por tanto, reside en determinar si, con la decisión de crear el tributo, el Parlamento Foral se ha ajustado a los límites que se derivan tanto de los preceptos del bloque de constitucionalidad que resultan de aplicación como de la propia doctrina constitucional. Respecto a estos tributos «distintos de los convenidos» declaramos, en la citada STC 208/2012, de 14 de noviembre, FJ 5, que no existe una potestad tributaria que se desenvuelva al margen de la Constitución y de la LOFCA con relación a los tributos propios de la Comunidad Foral distintos de los convenidos, de suerte que «los tributos propios que no hayan sido previamente acordados entre el Estado y la Comunidad Foral, no son entonces por definición tributos convenidos, ni forman parte del contenido esencial de la foralidad o ámbito propio de poder a que nos hemos referido anteriormente». La consecuencia es que a tales tributos «les son plenamente aplicables los límites contenidos en los arts. 6 y 9 LOFCA, además de los específicamente contenidos en el art. 7 de la Ley del convenio tal y como establece el citado art. 2.2». Uno de tales límites es el que deriva del art. 6.2 LOFCA que prohíbe que los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado. De acuerdo con nuestra doctrina «el hecho imponible es un concepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria» (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; 186/1993, de 7 de junio, FJ 4; 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; y 122/2012, de 5 de junio, FJ 3). Como recuerda la STC 60/2013, de 13 de marzo, FJ 3, «el límite previsto en el art. 6.2 LOFCA 'no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría … a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos autonómicos' [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14], de manera que 'la prohibición de doble imposición en él contenida atiende al presupuesto adoptado como hecho imponible y no a la realidad o materia imponible que le sirve de base' (STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4; 122/2012, de 5 de junio, FJ 3; y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 7), prohibiendo ‘la duplicidad de hechos imponibles, estrictamente’ [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; 186/1993, de 7 de junio, FJ 4 c); 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 4; 179/2006, de 13 de junio, FJ 4; y 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4]». A este respecto «para analizar si una Comunidad Autónoma ha sobrepasado en el ejercicio de sus competencias en materia tributaria los límites que le impone el art. 6 LOFCA y, por tanto, para determinar si ha incurrido en una doble imposición contraria a dicho precepto orgánico, ya lo sea con relación a los hechos imponibles gravados por el Estado, ya lo sea respecto de las materias imponibles reservadas a las corporaciones locales, el examen de los tributos que se reputan coincidentes no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles, debiendo abarcar también los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho imponible, tales como los supuestos de no sujeción o exención, los sujetos pasivos, la base imponible, los elementos de determinación de la deuda tributaria y, en fin, la posible concurrencia de una finalidad extrafiscal reflejada, no en el preámbulo de la norma reguladora, sino en la propia estructura del impuesto (STC 60/2013, FJ 3, con cita de las SSTC 122/2012, de 5 de junio, FJ 4, y 210/2012, de 14 de noviembre, FJ 4)». Siendo el anterior nuestro canon, es patente que aquí ha de entenderse vulnerada la prohibición contenida en el art. 6.2 LOFCA. Atendiendo a su contenido, la Ley Foral 24/2012 dispone que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica regulado en la Ley estatal 15/2012 será de aplicación en el territorio foral. El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica al que alude la Ley Foral 24/2012 es un impuesto estatal de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, a través de cada una de las instalaciones indicadas en el art. 4 de la Ley 15/2012. En este sentido es pues patente que el art. 1 de la Ley Foral 24/2012, reproduce literalmente el art. 4.1 de la Ley estatal 15/2012, dedicado a la definición del hecho imponible, así como que los restantes elementos del tributo, salvo la variación en el régimen de exenciones antes aludida, son en todo coincidentes con los de la Ley estatal 15/2012, hasta el punto de que, según el art. 2 de la Ley 24/2012, en la exacción del impuesto será de aplicación la normativa estatal que lo regule, esto es, los arts. 1 a 11 de la Ley estatal 15/2012. De este modo es indubitado que la Ley Foral 24/2012 incurre en la prohibición establecida en el art. 6.2 LOFCA, siendo, por tanto, inconstitucional y nula. 6. No otra sería la conclusión si aceptásemos la premisa de la que parte el Abogado del Estado en su recurso, esto es, que la Ley Foral 24/2012 tiene por objeto regular la aplicación en la Comunidad Foral de Navarra del impuesto estatal sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de modo que lo que haría la Comunidad Foral sería adoptar unilateralmente las medidas normativas que ha entendido necesarias para la aplicación de ese tributo estatal en Navarra, al amparo de lo previsto en la Ley del convenio. Como es obvio, la Ley del convenio se encuentra sometida a lo dispuesto en la Constitución y en la LORAFNA y la disposición adicional primera CE no constituye un título competencial autónomo del que puedan deducirse especiales competencias al margen de la Constitución y de la LORAFNA, pues ella misma manifiesta que la actualización general del régimen foral se ha de llevar a cabo en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Además, dicha disposición adicional primera CE debe entenderse e interpretarse conjuntamente con el art. 133 CE, que atribuye al Estado la potestad originaria para establecer tributos mediante ley. Es patente que el vigente convenio económico no contempla de forma específica o expresa el tributo en cuestión, pues se trata de un tributo de nueva creación. Así, su articulación con el régimen foral sólo puede producirse a la luz de los principios generales, antes mencionados, en los que se expresa la garantía de la foralidad que inspira el sistema tributario de Navarra y que conforman la naturaleza del mismo y su incardinación en el conjunto del ordenamiento jurídico español. Ahora bien, lo anterior no legitimaría a la Comunidad Autónoma para, obviando las exigencias de acuerdo que el convenio impone, disponer unilateralmente de la regulación de un tributo creado por el Estado, pues nada hay en la Constitución ni en la LORAFNA que permita tal actuación que supone vulnerar los arts. 133.1 y 149.1.14 CE amen del propio art. 45 LORAFNA. La naturaleza del régimen foral tiene su ámbito natural de proyección en el ejercicio de las competencias tributarias y, singularmente, en la vertiente participativa a la que antes se aludió, pero no en la determinación del alcance de las competencias del Estado. El fundamento constitucional del sistema foral navarro no lleva a otra conclusión que a su naturaleza «paccionada» y a la imposibilidad de una alteración unilateral del mismo en cuanto que, además de invadir la esfera competencial estatal, colisiona frontalmente con dicha naturaleza, que exige que la Comunidad Foral deba coordinar sus competencias tributarias con las del Estado. Es decir, la lógica del sistema de convenio, en el que se plasma la posibilidad de que Navarra establezca su propio sistema tributario, no permite, como contrapartida, que la sola voluntad de la Comunidad Foral pueda hacer aplicable un tributo no convenido, salvo que se trate de un tributo propio de Comunidad Foral, sometido, en ese caso, a los límites que examinamos en la STC 208/2012 y hemos reiterado aquí. Es por eso que ninguna disposición de la Ley del convenio puede proporcionar fundamento a la Ley Foral 24/2012, por cuanto, en manifiesta contradicción con aquella y con una de las vertientes de la propia garantía de la foralidad a la que antes se ha aludido, prescinde del hecho de que la posibilidad de que la Comunidad Foral disponga del sistema tributario propio que expresan los tributos convenidos está unida a la necesidad de que dicho sistema tributario deba ser acordado previamente con el Estado. En ese sentido es revelador que el art. 6 de la Ley del convenio al exigir que «cualquier modificación de este Convenio Económico deberá ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración y aprobación» así como que «el mismo procedimiento deberá seguirse para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pueda establecer en el futuro», señala la vía para la armonización de dicho régimen tributario con los tributos estatales. En tanto en cuanto dicha posibilidad no se concreta, a lo que alude, implícitamente, el art. 3 de la Ley Foral 24/2012, la Comunidad Foral no podría, so pena de vulnerar la distribución constitucional y estatutaria de competencias, disponer unilateralmente la aplicación en Navarra de un tributo estatal, pues según ha expresado este Tribunal de manera constante a partir de la STC 76/1988, dentro del «contenido mínimo de la garantía institucional» de la foralidad se encuentra su configuración pactada. Es decir, que su contenido específico responda a un acuerdo previo, aun cuando su expresión normativa y su inserción en el ordenamiento se produzca a través de fuentes correspondientes al Estado, en este caso, la Ley del convenio (al respecto, STC 179/1989, de 2 de noviembre, FFJJ 9 y 10). Todo lo expuesto conduce a concluir que, si aceptásemos la premisa del Abogado del Estado, la Ley Foral 24/2012 contravendría el art. 149.1.14 CE en relación con la disposición adicional primera y el art. 133.1 CE, así como el art. 45.3 LORAFNA. 7. Llegados al fin de nuestro enjuiciamiento, antes de pronunciar el fallo sólo nos resta precisar cuál es el alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que le integra. Pues bien, por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y al igual que hemos hecho en las SSTC 289/2000, de 30 de noviembre, con relación al impuesto balear sobre instalaciones que afectan al medio ambiente, FJ 7; 179/2006, de 13 de junio, respecto del impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, FJ 11; 196/2012, de 31 de octubre, con referencia al impuesto castellano-manchego sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, FJ 5; y 60/2013, de 13 de marzo, relativa al último tributo citado, FJ 7, únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el presente recurso y, en consecuencia declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 7. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiséis de junio de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5559-2013, al que se adhiere el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y con absoluto respecto a la opinión expresada por la mayoría del Pleno, formulo el presente Voto particular concurrente por entender que la Sentencia de la que discrepo debió estimar el recurso de inconstitucional núm. 5559-2013, si bien exclusivamente con base en los argumentos recogidos en el fundamento jurídico 6, prescindiendo, por consiguiente, del razonamiento previo e independiente contenido en el fundamento jurídico 5. En este fundamento jurídico, en efecto, la Sentencia de la que disiento afirma, en aplicación de la doctrina establecida en la STC 208/2012, de 14 de noviembre, que no existe «una potestad tributaria que se desenvuelva al margen de la Constitución y de la LOFCA con relación a los tributos propios de la Comunidad Foral distintos de los convenidos», concluyendo, en atención a semejante canon hermenéutico de este bloque de constitucionalidad, en la vulneración de la Ley impugnada del art. 6.2 LOFCA. Como ya defendí en el Voto particular concurrente que hice a la mencionada STC 208/2012, no comparto la interpretación expresada por la mayoría del Pleno sobre la vigencia aplicativa de la LOFCA en relación con esta concreta y singular categoría de tributos propios de la Comunidad de Navarra. Para fundamentar mi disentimiento, bastará con remitirme a las razones contenidas en los fundamentos jurídicos 2 y 3 del mencionado Voto particular. En atención a lo expuesto, entiendo que el presente recurso de inconstitucionalidad debería haber sido estimado, pero sin declarar la incompatibilidad constitucional de la Ley Foral 24/2012 con el art. 6.2 LOFCA. Y en este sentido emito mi Voto particular concurrente. Madrid, a veintiséis de junio de dos mil catorce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado.

El Constitucional tumba el impuesto navarro a la energía eléctrica

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5559-2013, promovido por el Presidente de Gobierno contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Han formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 30 de septiembre de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. La impugnación se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: El Abogado del Estado, tras aludir a los requisitos procesales necesarios para la interposición del recurso y al contenido de la Ley Foral 24/2012 puesto en relación con el art. 4 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, examina en primer lugar el marco normativo delimitador de las competencias en materia tributaria. Al respecto alude a los arts. 133 y 149.1.14 CE, así como al art. 6 y disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), al art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra (LORAFNA) y al art. 2 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Ley del convenio). Seguidamente se refiere a la doctrina constitucional acerca de la potestad tributaria de la Comunidad Foral de Navarra sentada en la STC 208/2012, de 14 de noviembre, en particular en lo relativo a las relaciones del régimen foral con la Constitución y la LOFCA. Específicamente en cuanto a las figuras tributarias de la Comunidad Foral señala que la doctrina constitucional ha distinguido dos modalidades impositivas. La primera serían los tributos propios distintos de los convenidos que, tras la STC 208/2012, estarían plenamente sujetos a la LOFCA. La segunda serían los tributos concertados o convenidos, respecto de los cuales es elemento esencial la existencia de un previo pacto con el Estado. El Abogado del Estado indica que la Ley Foral 24/2012 configura el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en los mismos términos que son definidos por el Estado en el artículo 4 de la Ley 15/2012. De hecho, la Ley Foral 24/2012 asume el carácter estatal del impuesto cuando en el artículo 1 dispone que será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, añadiendo el artículo 2 que en la exacción del impuesto será de aplicación la normativa estatal que lo regule y en el artículo 3 que la Comunidad Foral respetará los criterios de armonización que convenga con el Estado. La única salvedad a esta configuración, idéntica a la estatal, del impuesto la constituyen las exenciones previstas. Es evidente, por tanto, que el Parlamento de Navarra establece un tributo idéntico al previsto por el Estado. Así, la demanda defiende que en los supuestos en que se crea por Ley de las Cortes Generales un nuevo tributo, éste tiene la naturaleza de impuesto estatal aplicable en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la posibilidad de concertar o convenir con los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, el régimen de competencias que estos territorios puedan ejercer en el nuevo impuesto, con base en su específico régimen foral, reconocido por la Constitución. Por tanto, mientras no tenga lugar la modificación del Convenio económico (para que, si así lo acuerdan el Estado y la Comunidad Foral, los nuevos impuestos estatales pasen a configurarse como impuestos convenidos), estos tributos tienen la naturaleza de impuestos estatales no convenidos, aplicables en todo el territorio nacional (incluida Navarra), en los términos que establecen sus respectivas leyes reguladoras. Por la naturaleza paccionada del Convenio, y porque así lo establece expresamente la disposición adicional tercera del mismo, no es posible que la Comunidad Foral de Navarra regule un tributo estatal no convenido, por lo que la Ley Foral controvertida resulta ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Por otra parte, en cuanto a la hipotética calificación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica como un impuesto propio de la Comunidad Foral, el Abogado del Estado señala que la Ley Foral 24/2012 se remite a las normas estatales para su regulación, puesto que sus previsiones se limitan a la determinación del hecho imponible. Pues bien, si se considerase, hipotéticamente, que el impuesto en cuestión fuera un tributo propio de la Comunidad Foral, la identidad de la regulación del tributo determinaría que la Ley Foral 24/2012 también incurrirá en inconstitucionalidad por establecer un tributo con el mismo objeto que el del Estado, infringiendo con ello el art. 6.2 LOFCA, en relación con los arts. 31.1, 133.1 y 2 y 157.3 CE. Como conclusión de todo lo expuesto el Abogado del Estado argumenta que la Ley Foral 24/2012 no ### RESUMEN: El Constitucional tumba el impuesto navarro a la energía eléctrica

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Villarreal Club de Fútbol, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría Placa de Plata. Madrid, 19 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

El Villarreal Club de Fútbol entra oficialmente en la Real Orden del Mérito Deportivo con Placa de Plata

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el Villarreal Club de Fútbol, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría Placa de Plata. Madrid, 19 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: El Villarreal Club de Fútbol entra oficialmente en la Real Orden del Mérito Deportivo con Placa de Plata

El aeropuerto de Madrid-Barajas, declarado de interés general del Estado al amparo del artículo 149.1.20.ª de la Constitución y en virtud del Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles, es un aeropuerto civil abierto al tráfico internacional. El presidente Adolfo Suárez ha desempeñado un papel fundamental en la historia de España. Su estatura moral y su sentido de Estado han sido claves en el éxito de la Transición española y de la democracia. Su trabajo fue esencial para culminar uno de los mayores logros conseguidos por España como país: la Constitución Española de 1978. Por ello y para honrar su memoria, son obligadas las expresiones de reconocimiento y respeto a la grandeza, el esfuerzo y al papel histórico del primer presidente de nuestra democracia. Por lo expuesto, y tras consultar el cambio de denominación a las Administraciones territoriales afectadas por la modificación, resuelvo: Primero. Se modifica la denominación oficial del aeropuerto de Madrid-Barajas que en adelante pasa a denominarse «Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Segundo. Todas las referencias al aeropuerto de Madrid-Barajas contenidas en cualesquiera disposiciones de carácter general deben entenderse realizadas al «Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Madrid, 24 de marzo de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.

Cambio de nombre del aeropuerto de Madrid a Adolfo Suárez.

El aeropuerto de Madrid-Barajas, declarado de interés general del Estado al amparo del artículo 149.1.20.ª de la Constitución y en virtud del Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles, es un aeropuerto civil abierto al tráfico internacional. El presidente Adolfo Suárez ha desempeñado un papel fundamental en la historia de España. Su estatura moral y su sentido de Estado han sido claves en el éxito de la Transición española y de la democracia. Su trabajo fue esencial para culminar uno de los mayores logros conseguidos por España como país: la Constitución Española de 1978. Por ello y para honrar su memoria, son obligadas las expresiones de reconocimiento y respeto a la grandeza, el esfuerzo y al papel histórico del primer presidente de nuestra democracia. Por lo expuesto, y tras consultar el cambio de denominación a las Administraciones territoriales afectadas por la modificación, resuelvo: Primero. Se modifica la denominación oficial del aeropuerto de Madrid-Barajas que en adelante pasa a denominarse «Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Segundo. Todas las referencias al aeropuerto de Madrid-Barajas contenidas en cualesquiera disposiciones de carácter general deben entenderse realizadas al «Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Madrid, 24 de marzo de 2014.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián. ### RESUMEN: Cambio de nombre del aeropuerto de Madrid a Adolfo Suárez.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de abril de 2021. Madrid, 2 de junio de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.

Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de abril de 2021. Madrid, 2 de junio de 2021.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo. ### RESUMEN: Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería

I El trasplante de células y tejidos humanos ha experimentado un incremento considerable en los últimos años. En el ámbito de la Unión Europea y con el fin de regular la creciente utilización clínica de dichos elementos se ha aprobado la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, vino a transponer la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno de España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado, por insuficiencia de rango, el mencionado real decreto mediante su reciente sentencia de 30 de mayo de 2014. La decisión del Alto Tribunal deja sin regulación jurídica, en materia de donación y trasplante de células y tejidos humanos, aspectos relativos a la calidad y seguridad de la donación tan importantes como la voluntariedad, el anonimato entre donante y receptor, el altruismo y la solidaridad que caracterizan el modelo de trasplantes del Sistema Nacional de Salud; los sistemas de control de los procesos que se suceden desde la obtención de las células y tejidos hasta su implantación; las condiciones que deben reunir los centros y unidades de obtención y aplicación así como los establecimientos de tejidos; los sistemas y canales de información sobre donación de células y tejidos; los objetivos y criterios de acceso, basados en la evaluación objetiva de las necesidades médicas, a las células y tejidos; la participación del sector público y de las organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de utilización de células y tejidos humanos. La ausencia de regulación en tales ámbitos daría lugar a la supresión de las exigencias vigentes aplicables a la donación de tejidos y células -con frecuencia provenientes no solo de países miembros de la Unión Europea sino también de terceros países- y, por tanto, a la eliminación de medidas, con el consiguiente riesgo para la salud pública, destinadas a evitar la transmisión de enfermedades del donante al receptor en los implantes de tejidos, algunos de ellos con notable importancia cuantitativa y cualitativa de utilización como el de médula ósea, sangre de cordón umbilical, tejido óseo o córneas. En concreto, esta falta de regulación conllevaría, en primer lugar, una ausencia de garantías de calidad y seguridad en las donaciones y trasplantes de tejidos por inexistencia de condiciones y requisitos para intervenir en dicho ámbito. La inexistencia de exigencias imprescindibles, en cuanto a determinaciones en los donantes o a procesamiento de los tejidos, generaría, por ejemplo, un elevado riesgo de transmisión de enfermedades o de fracaso de un trasplante. En segundo lugar, también se produciría una ausencia de controles públicos necesarios en lo relativo al ámbito de la donación de células y tejidos y, señaladamente, en el de donación de médula ósea. Y en esta misma línea de inexistencia de requisitos y controles públicos necesarios resulta especialmente preocupante la ausencia de control sobre importaciones y exportaciones de tejidos. La norma declarada nula exigía autorización administrativa previa para la importación o exportación de tejidos procedentes de, o con destino a, terceros países. En esta situación podrían enviarse, sin ningún control, tejidos de donantes españoles a cualquier país del mundo, o podrían entrar en España tejidos de donantes procedentes de países sin los criterios mínimos de calidad con el riesgo de transmisión de enfermedades a los receptores. II Este real decreto-ley responde a la evidente necesidad de regular con la requerida urgencia el marco jurídico indispensable para la materialización inmediata de la utilización de células y tejidos humanos, así como de los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados al ser humano, en los mismos términos que ya consagraba el real decreto ahora anulado. Con el fin de mantener tanto las garantías de control de la importación y exportación de tejidos provenientes y destinados a terceros países, como las de establecimiento y funcionamiento de entidades españolas y extranjeras en este ámbito y las de seguridad jurídica de pacientes y profesionales en relación con este tipo de trasplantes, resulta imprescindible una actuación normativa con carácter inmediato. Se trata de garantizar la regulación de numerosos aspectos y actividades relacionados con la aplicación terapéutica de células y tejidos humanos a efectos de soslayar el riesgo que la actual situación conlleva para la salud pública, lo cual no admite dilatar en el tiempo la regulación de la materia. Al mismo tiempo, con esta norma se da cumplimiento al rango normativo exigido por el artículo 43.2 de la Constitución Española que consagra como principio rector de la política social y económica la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de prestaciones sanitarias, estableciendo los «deberes y derechos de todos» al respecto. El Tribunal Constitucional ha señalado, en sentencias como la 182/1997, de 28 de octubre, y la 245/2004, de 16 de diciembre, que el hecho de que una materia esté sujeta al principio de reserva de ley no permite concluir que la misma se encuentre excluida del ámbito de regulación del real decreto-ley, el cual puede penetrar en dicha materia siempre que se den los requisitos constitucionales de presupuesto habilitante y no «afecte», en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas en el artículo 86 de la Constitución Española, aspecto que necesariamente se relaja al encontramos en presencia de un principio rector de la política social y económica del Capítulo III del Título I de la Constitución. Por todo ello, el Gobierno considera que concurren los presupuestos necesarios de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en el artículo 86 de la Constitución Española que le habilitan para aprobar estas medidas mediante el mecanismo de un real decreto-ley. III Este real decreto-ley consta de treinta y ocho artículos distribuidos en seis capítulos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y ocho anexos. El capítulo I contiene las disposiciones generales relativas al objeto y ámbito de aplicación de la norma; a las definiciones; a los principios de gratuidad y carácter no lucrativo; a la promoción y publicidad; a la educación y a la formación; y a la confidencialidad. El presente real decreto-ley resulta de aplicación a todos los tejidos y células humanas, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea; las células reproductoras, excepto en los aspectos regulados en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; las células y tejidos fetales, y las células troncales adultas y embrionarias cuando su finalidad sea el uso terapéutico o la aplicación clínica. Se excluyen de su ámbito de aplicación, la sangre y los productos sanguíneos, a excepción de las células progenitoras hematopoyéticas y los órganos humanos. También quedan excluidos de dicho ámbito los procedimientos de investigación con células y tejidos que no incluyan una aplicación en el cuerpo humano. Esta norma prevé, además, la posibilidad de que existan establecimientos entre cuyas actividades figure la preservación de células y/o tejidos para un eventual uso autólogo, estableciendo las condiciones que tales establecimientos deben cumplir. El capítulo II contiene disposiciones sobre donación y obtención de células y tejidos humanos, diferenciando la regulación en función de si provienen de donantes vivos o de donantes fallecidos; sobre la autorización de actividades en los centros y unidades de obtención de células y tejidos; sobre la selección y evaluación del donante; sobre el procedimiento de obtención de células y tejidos; sobre el empaquetado, etiquetado y transporte de células y tejidos hasta el establecimiento de tejidos; y sobre el sistema de recogida y custodia de la información. El capítulo III regula el procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y, en concreto, la autorización de actividades, las condiciones generales de funcionamiento y el responsable técnico y personal adscrito de los establecimientos de tejidos; la gestión de la calidad; la recepción, procesamiento, almacenamiento, etiquetado, documentación, acondicionamiento, distribución, importación y exportación de las células y tejidos; las relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros; y el sistema de recogida y custodia de la información. El capítulo IV regula la aplicación de células y tejidos y, en ese marco, la autorización de la aplicación de células y tejidos en centros o unidades de aplicación; el acceso a las células y tejidos y condiciones generales de aplicación; el sistema de recogida y custodia de la información y la investigación clínica. El capítulo V regula los sistemas de información, seguimiento y biovigilancia y, en ese ámbito, los registros de centros y unidades de obtención y aplicación de tejidos humanos y de establecimientos de tejidos y de donantes de progenitores hematopoyéticos; el sistema de información general; la trazabilidad y los sistemas de codificación y de biovigilancia. El capítulo VI regula la inspección, evaluación y acreditación de excelencia de centros y servicios, así como las infracciones y sanciones. La disposición transitoria única regula la aplicación de esta norma, con carácter retroactivo, a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La disposición derogatoria única dispone la derogación normativa correspondiente. Las disposiciones finales regulan el título competencial; la incorporación del Derecho de la Unión Europea; la facultad de desarrollo y modificación; y la entrada en vigor de la norma. Finalmente, los ocho anexos regulan, respectivamente, los requisitos y condiciones mínimas para las autorizaciones de establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos; los requerimientos clínicos para la evaluación de los donantes de células y tejidos; los tests de laboratorio requeridos en la evaluación de los donantes, excepto los donantes de células reproductoras; la selección y evaluación del donante de células reproductoras; los procedimientos de donación, extracción de células y tejidos y su recepción en el establecimiento de tejidos; la información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos; el sistema de codificación de células y tejidos; y el sistema de biovigilancia. Este real decreto-ley, en cuanto determina aspectos esenciales para la protección de la salud y de la seguridad de las personas, tanto de los donantes como de los posibles receptores, tiene la condición de normativa básica, al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Se exceptúan de lo anterior el artículo 23, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior y el artículo 29, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de julio de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este real decreto-ley regula las actividades relacionadas con la utilización de células y tejidos humanos y los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados en el ser humano. Las actividades reguladas incluyen su donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, aplicación e investigación clínica. 2. En el caso de que la elaboración, transformación, procesamiento, aplicación e investigación clínica de los productos derivados de las células y tejidos estén regulados por normas específicas, este real decreto-ley sólo se aplicará a su donación, obtención y evaluación. 3. Quedan excluidos del ámbito de este real decreto-ley: a) Las células y tejidos utilizados como injertos autólogos dentro del mismo proceso quirúrgico. b) La sangre, los componentes y los derivados sanguíneos tal y como se definen en el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión. c) Los órganos o partes de órganos, si su fin es el de ser utilizados en el cuerpo humano con la misma función que el órgano completo. 4. Este real decreto-ley se aplicará a las células reproductoras en todo lo no previsto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, y en su normativa de desarrollo. Artículo 2. Definiciones. 1. A efectos de este real decreto-ley se entenderá por: a) Almacenamiento: mantenimiento de las células o tejidos bajo condiciones controladas y apropiadas hasta su distribución. b) Aplicación: cualquier actividad que implique el uso de células o tejidos en un receptor humano y/o en aplicaciones extracorporales (se engloban las actividades de implantar, infundir, injertar, aplicar o trasplantar). c) Células: las células individuales de origen humano o los grupos celulares de origen humano cuando no estén unidos por ninguna forma de tejido conectivo. d) Células reproductoras: aquellas células o tejidos que puedan ser utilizados para la reproducción humana asistida. e) Centro o unidad de obtención: establecimiento sanitario, unidad hospitalaria o cualquier otra institución que lleve a cabo actividades de obtención y extracción de tejidos o células, o que puede posibilitar la recogida y utilización de residuos quirúrgicos con las finalidades que establece esta norma, y que no precise ser autorizado como establecimiento de tejidos. f) Centro o unidad de implante o aplicación en humanos: establecimiento sanitario, unidad hospitalaria o cualquier otra institución que lleve a cabo actividades de aplicación de células o tejidos humanos en humanos. g) Cuarentena: periodo en el que los tejidos o las células extraídas se mantienen aislados físicamente o por otros métodos efectivos, mientras se espera una decisión sobre su aceptación o rechazo para el uso en humanos. h) Crítico: hecho, acción o evento que potencialmente puede tener efecto sobre la calidad y la seguridad de las células y tejidos. i) Distribución: transporte y entrega de tejidos o células destinados a ser aplicados en el ser humano. j) Donación: el hecho de donar tejidos o células humanos destinados a ser aplicados en el ser humano. k) Donación dentro de la pareja: la cesión de células reproductoras de un hombre a una mujer de una misma pareja que declaran mantener una relación física íntima. l) Donante: toda fuente humana, viva o muerta, de células y/o tejidos humanos. m) Efecto adverso grave: cualquier hecho desfavorable vinculado a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad, a la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades o que puedan dar lugar a hospitalización o enfermedad o la pueda prolongar. n) Establecimiento de tejidos: banco de tejidos, unidad de un hospital o cualquier otro centro donde se lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos después de su obtención y hasta su utilización o aplicación en humanos. El establecimiento de tejidos también puede estar encargado de la obtención y evaluación de tejidos y células. ñ) Investigación clínica: investigación desarrollada mediante protocolos que incluyen los procedimientos de obtención y aplicación de células y tejidos humanos en humanos, cuando la eficacia o seguridad de los procedimientos o de las células o tejidos no están suficientemente comprobadas o cuando la indicación terapéutica no está suficientemente consolidada, y cuya finalidad es la comprobación de alguno de estos puntos. o) Obtención: proceso por el que se puede disponer de células y/o tejidos humanos con la finalidad a que se refiere este real decreto-ley. p) Órgano: una parte diferenciada y vital del cuerpo humano formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un nivel de autonomía importante. q) Preservación: utilización de agentes químicos, alteración de las condiciones medioambientales o aplicación de otros medios durante el procesamiento de los tejidos o células, a fin de impedir o retrasar el deterioro biológico o físico de los mismos. r) Procedimientos operativos estandarizados (POE): instrucciones de trabajo documentadas y autorizadas que describen cómo llevar a cabo actividades o realizar test que habitualmente no se describen en los planes de trabajo o las normas de buenas prácticas. s) Procesamiento: operación u operaciones que implican la preparación, manipulación, preservación y acondicionamiento de los tejidos y las células destinados a su aplicación en el ser humano. t) Reacción adversa grave: respuesta inesperada del donante o del receptor, incluida una enfermedad transmisible, asociada a la obtención o aplicación en el ser humano de tejidos y células, que resulte mortal, potencialmente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad, o que dé lugar a hospitalización o enfermedad o que las prolongue. u) Sistema de calidad: comprende la estructura orgánica, la definición de responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos, que se destinan a desarrollar la gestión de la calidad. Incluye cualquier actividad que contribuya a la calidad total de forma directa o indirecta. v) Sistema de gestión de calidad: actividades coordinadas destinadas a la dirección y control de una organización en relación con la calidad. w) Tejido: toda parte constituyente del cuerpo humano formada por células unidas por algún tipo de tejido conectivo. x) Trazabilidad: capacidad para ubicar, localizar e identificar las células y/o tejidos en cualquier paso del proceso desde la donación, la obtención, el procesamiento, la evaluación, el almacenamiento y la distribución hasta llegar al receptor o hasta ser desestimados y/o destruidos, lo que lleva consigo la capacidad de identificar al donante, el establecimiento de tejidos y la instalación que recibe, procesa o almacena los tejidos o células, así como la capacidad de identificar al receptor o receptores en los que se apliquen los tejidos o células. La trazabilidad cubre, asimismo, la capacidad de localizar e identificar cualquier dato relevante de los productos y materiales que van a estar en contacto directo con las células y/o tejidos y que puedan afectar a la calidad y seguridad de los mismos. 2. Asimismo, se entenderá por: a) Uso alogénico: proceso mediante el cual las células o tejidos son extraídos de una persona y aplicados a otra. b) Uso autólogo: proceso mediante el cual las células o los tejidos son extraídos y aplicados a la misma persona. c) Uso autólogo eventual: las células y/o tejidos son obtenidos con la finalidad de ser preservados para su aplicación hipotética futura en la misma persona, sin que exista una indicación médica establecida en el momento de la obtención e inicio de la preservación. d) Uso directo: cualquier procedimiento en el que las células son obtenidas y usadas sin mediar ningún tipo de procesamiento o almacenamiento. e) Validación: evidencia documental que prueba, con un elevado nivel de garantía, que un determinado proceso, equipo o parte de un equipo o condición ambiental acaba produciendo, de forma consistente y reproducible, un determinado producto que cumple las especificaciones, cualidades y atributos que se habían predeterminado. Un proceso es validado con vistas a probar su efectividad para un uso determinado. Artículo 3. Gratuidad y carácter no lucrativo. 1. La donación de células y tejidos será, en todo caso, voluntaria y altruista, no pudiéndose percibir contraprestación económica o remuneración alguna ni por el donante ni por cualquier otra persona física ni jurídica. 2. Los procedimientos médicos relacionados con la extracción no serán, en ningún caso, gravosos para el donante vivo, ni para la familia en el caso del donante fallecido, debiendo garantizarse al donante vivo la asistencia precisa para su restablecimiento. 3. Los donantes vivos de células o tejidos podrán recibir una compensación de la institución responsable de la extracción, limitada, estrictamente, a cubrir los gastos e inconvenientes derivados de su obtención en concepto de dietas, restitución de ingresos económicos perdidos o similares. 4. No se exigirá al receptor contraprestación alguna por las células y/o tejidos utilizados. 5. Las actividades de los establecimientos de tejidos no tendrán carácter lucrativo, y exclusivamente podrán repercutirse los costes efectivos de los servicios prestados por el desarrollo de las actividades autorizadas. Artículo 4. Promoción y publicidad. 1. La promoción y publicidad de la donación u obtención de tejidos y células humanos se realizará siempre de forma general, sin buscar un beneficio para personas concretas, y señalándose su carácter voluntario, altruista y desinteresado. Las entidades que pretendan desarrollar cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos deberán solicitar la autorización previa de las Administraciones sanitarias competentes. A tales efectos, se entenderá por administración sanitaria competente la correspondiente a la comunidad autónoma donde se pretenda desarrollar la actividad, y la Organización Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas superen dicho ámbito. En todo caso, el procedimiento para resolver sobre la autorización o denegación del desarrollo de dichas actividades se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. La promoción y publicidad de los centros y servicios a que se refiere este real decreto-ley se realizarán así mismo con carácter general y estarán sometidas a la inspección y control de las administraciones sanitarias competentes, conforme establece el artículo 30.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 3. La existencia y/o persistencia de publicidad y promoción falsa, engañosa o tendenciosa será incompatible con la autorización de actividades de obtención, preservación, procesamiento, distribución o aplicación de células y tejidos en España por parte del centro, institución, unidad o establecimiento de tejidos que haya emitido dicha publicidad o tenga relaciones contractuales con la institución que haya emitido la publicidad. En particular, se entenderá que existe publicidad engañosa en el caso de los establecimientos, centros, unidades e instituciones cuya publicidad induzca a error sobre la utilidad real de la obtención, procesamiento y preservación de células y tejidos humanos para usos autólogos eventuales, de acuerdo con los conocimientos y experiencia disponibles. Artículo 5. Educación y formación. 1. Las autoridades sanitarias promoverán la información y la educación de la población en materia de donación de células y tejidos para su aplicación en humanos, tanto de los beneficios que suponen para las personas que los necesitan como de las condiciones, requisitos y garantías que este procedimiento supone. 2. Asimismo, promoverán la formación continuada de los profesionales sanitarios en esta materia. Artículo 6. Confidencialidad. 1. Se garantizará a los donantes la confidencialidad de todos los datos relacionados con su salud y facilitados al personal autorizado, así como de los resultados y la trazabilidad de sus donaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Los establecimientos de tejidos deberán adoptar, en el tratamiento de los datos relacionados con los donantes, las medidas de seguridad de nivel alto previstas en el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 3. Los datos de carácter personal tendrán carácter confidencial y estarán exclusivamente a disposición de los interesados, conforme a lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y, en su caso, de la autoridad judicial para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Su utilización se limitará a fines asistenciales o de interés para la salud pública y será recogida y custodiada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de medidas preventivas cuando se sospeche la existencia de riesgos para la salud individual o colectiva en los términos previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, o, en su caso, conforme a lo que establece la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 5. No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación de donantes y receptores de células y tejidos humanos, ni podrán facilitarse a los donantes o sus familiares los datos identificadores de los receptores o viceversa. CAPÍTULO II Donación y obtención de células y tejidos humanos Artículo 7. Donación y obtención de células y tejidos en donantes vivos. 1. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su ulterior aplicación alogénica en seres humanos podrá realizarse si el donante es mayor de edad, cuenta con plena capacidad de obrar y estado de salud adecuado y ha prestado por escrito su consentimiento informado. La información que recibirá el donante del médico que haya de realizar la extracción o sea responsable de esta, debe cubrir el objetivo y la naturaleza de la obtención de las células y tejidos; sus consecuencias y riesgos; las pruebas analíticas que se han de realizar; el registro y protección de los datos; y los fines terapéuticos. Asimismo se informará de las medidas de protección aplicables al donante y de los beneficios que con el uso del tejido o grupo celular extraído se espera que haya de conseguir el receptor. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento antes de la obtención de la célula y/o el tejido, excepto en los casos de obtención de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica o de médula ósea, en que la revocación sólo podrá producirse antes del inicio del tratamiento de acondicionamiento en el receptor. No podrán obtenerse células y tejidos de personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento, salvo cuando se trate de residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos celulares reproducibles cuya indicación terapéutica sea o pueda ser vital para el receptor. En estos casos, el consentimiento será otorgado por quien ostente la representación legal. 2. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su procesamiento y posterior uso autólogo o para su uso autólogo eventual se realizará según lo dispuesto en los párrafos primero a tercero del apartado anterior. En el supuesto de uso autólogo eventual, el contenido de la información facilitada con anterioridad a la obtención deberá incluir, además de lo previsto en el apartado anterior, la indicación de que las células y tejidos así obtenidos estarán a disposición para su uso alogénico en otros pacientes en el caso de existir indicación terapéutica; la información actual, veraz y completa sobre el estado de los conocimientos científicos respecto de los usos terapéuticos o de investigación; las condiciones de procesamiento y almacenamiento en los establecimientos autorizados; y cualquier otra cuestión relacionada con la utilidad terapéutica de la obtención de células y tejidos sin indicación médica establecida en el momento de la obtención e inicio de la preservación. En el caso de personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento, este será prestado por su representante legal. 3. En todo lo no dispuesto en este artículo, la obtención de células y tejidos de un donante vivo se regirá por lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Artículo 8. Donación y obtención de tejidos y células en donantes fallecidos. 1. La obtención de tejidos y células de personas fallecidas podrá realizarse en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de su oposición, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. En el caso de que se trate de menores o personas incapaces de consentir, la oposición a la donación podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su representación legal. 2. La obtención de material reproductor de personas fallecidas con finalidad reproductiva se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. 3. Se deberá facilitar a los familiares y allegados información sobre la necesidad, naturaleza y circunstancias de la obtención, especificando qué procedimientos de restauración y conservación del cadáver y prácticas de sanidad mortuoria se llevarán a cabo. 4. La obtención de células y tejidos se realizará tras la correspondiente certificación de la muerte y la práctica de las diligencias policiales y judiciales si las hubiera. Artículo 9. Autorización de actividades en los centros y unidades de obtención de células y tejidos. 1. La obtención de tejidos y células podrá realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias que estén debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente, según lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.1 de este real decreto-ley. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización deberá contener: a) El nombre del responsable o los responsables del proceso de evaluación del donante y de extracción. b) Una memoria detallada con la descripción de los medios de que dispone y su adecuación a lo especificado en las condiciones y requisitos mínimos establecidos en esta norma. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para la obtención de cada tipo de tejido o grupo celular, cuya validez se extenderá por un periodo de tiempo determinado no inferior a dos años ni superior a cuatro, al término del cual se podrá proceder a su renovación, previa constatación de que persisten las condiciones y requisitos que dieron lugar a su concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada de forma automática. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. En aquellos casos en los que sea factible y necesaria la obtención del tejido o grupo celular fuera del ámbito hospitalario o sanitario o en un centro sanitario no autorizado para la obtención de tejidos y/o células, dicha obtención deberá ser efectuada por profesionales integrados en un equipo de obtención de un centro debidamente autorizado para tal actividad y en las condiciones que marque dicho centro. En estos supuestos los equipos de obtención de células y tejidos deberán estar en posesión de la debida autorización para esta práctica específica. En todo caso se recogerán los antecedentes clínicos y las muestras necesarias para garantizar que se realicen los estudios y pruebas pertinentes y especificadas en el artículo siguiente. Artículo 10. Selección y evaluación del donante. 1. La obtención de tejidos se llevará a cabo de forma que se garantice que la evaluación y selección de los donantes se realiza de acuerdo con los requisitos especificados en los anexos II, III, IV y V de este real decreto-ley, y por personal con la formación y experiencia adecuadas. La persona responsable del procedimiento de selección y evaluación elaborará y firmará el correspondiente informe en el que se recoja el cumplimiento de esos requisitos. 2. La aplicación de criterios de selección y evaluación estará basada en la aplicación de un análisis de la valoración de los riesgos en relación con el uso específico de cada tejido o grupo celular. 3. Los resultados de los procedimientos de selección y evaluación del donante quedarán debidamente documentados y, en su caso, se comunicarán en los términos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. En el caso de donaciones de múltiples tejidos o de tejidos con finalidad de ser trasplantados de forma no diferida, la unidad responsable del proceso de obtención del centro autorizado se responsabilizará de la custodia y archivo de todos los datos derivados del proceso de selección y evaluación de donantes, así como de la existencia y mantenimiento de la seroteca. 5. En el caso de que las células o tejidos obtenidos vayan a ser enviados a otro establecimiento de tejidos para su procesamiento, este podrá encargarse de completar la evaluación y selección de las células o tejidos, será responsable de determinar su viabilidad final y, además, tendrá acceso a los datos relativos a la evaluación de los donantes y garantizará la custodia de la información sobre la evaluación adicional. De la misma manera, deberá guardar muestras de suero en el caso de haber realizado test adicionales a los procesados en el centro de obtención. 6. En el caso de donaciones para usos específicos diferentes de los trasplantes clínicos, el responsable del procedimiento de obtención se responsabilizará también de las cuestiones relativas a la recogida y archivo de datos y muestras de los donantes. Artículo 11. Procedimiento de obtención. 1. La obtención de las células y de los tejidos deberá realizarse mediante procedimientos operativos estandarizados debidamente documentados y validados que sean adecuados para el tejido o grupo celular a extraer, que en el caso de donantes vivos garanticen su salud y seguridad y respeten su intimidad, y que se ajusten a lo dispuesto en el anexo V. 2. El procedimiento de obtención deberá ser el adecuado para proteger debidamente aquellas propiedades de las células o tejidos que son necesarias para su uso clínico, a la vez que se minimizan los riesgos de contaminación microbiológica. 3. En el caso de que los tejidos y/o células vayan a ser enviados a un establecimiento de tejidos para su procesamiento, el procedimiento de obtención, empaquetado, etiquetado, mantenimiento y transporte hasta dicho centro deberá constar en un documento acordado entre la unidad de obtención y el establecimiento de tejidos. Artículo 12. Empaquetado, etiquetado y transporte hasta el establecimiento de tejidos. 1. El empaquetado, mantenimiento, etiquetado y transporte de los tejidos y células hasta el establecimiento de tejidos deberán realizarse mediante procedimientos operativos estandarizados debidamente documentados y validados, y se ajustarán a lo dispuesto en el anexo V. 2. El empaquetado y transporte de los tejidos y células debe realizarse de modo que se minimicen los riesgos de contaminación y se prevenga el deterioro de las propiedades biológicas necesarias para su posible uso clínico. Artículo 13. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los centros y unidades autorizados para la obtención de células y tejidos deberán disponer de un sistema de recogida y custodia de la información de sus actividades que permita el cumplimiento de las previsiones sobre codificación y trazabilidad de este real decreto-ley. 2. Los centros y unidades autorizados para la obtención de células y/o tejidos deberán facilitar los datos relativos a su actividad que les sean requeridos por las autoridades sanitarias competentes de su comunidad autónoma, que los remitirá a la Organización Nacional de Trasplantes según lo previsto en el capítulo V de este real decreto-ley. CAPÍTULO III Procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos Artículo 14. Autorización de actividades en los establecimientos de tejidos. 1. Las actividades relacionadas con el procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos podrán realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente, siguiendo las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios que establece el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.2 de este real decreto-ley. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización deberá acompañarse de una memoria en la que se recoja el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para el desarrollo de cada uno de los procesos y actividades del apartado anterior por cada tipo de tejido o grupo celular, según los requisitos recogidos en el anexo I.3. La validez de las autorizaciones se extenderá por un periodo de tiempo determinado no inferior a dos años ni superior a cuatro, al término del cual se podrá proceder a su renovación, previa constatación de que persisten las condiciones y requisitos que dieron lugar a su concesión. En ningún caso se entenderá prorrogada de forma automática. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. Las solicitudes de autorización de actividades deberán recoger las actuaciones que el establecimiento de tejidos emprenderá en el supuesto de cese de la actividad para la que se solicita la autorización, incluyendo las cobertura de las responsabilidades adquiridas y el envío a otro establecimiento de tejidos debidamente autorizado de las muestras de células y tejidos almacenados, de los sueros y de la información necesaria para asegurar su trazabilidad. Artículo 15. Condiciones generales de funcionamiento de los establecimientos de tejidos. 1. Las actividades de procesamiento realizadas en los establecimientos de tejidos tendrán por objeto la preparación, preservación y almacenamiento de las células y tejidos para su uso clínico, tanto autólogo como alogénico, bien en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas o en procedimientos de aplicación en humanos en casos de utilidad y eficacia debidamente contrastada, o bien en procedimientos de investigación clínica debidamente documentados. 2. Los establecimientos de tejidos procesarán, preservarán y almacenarán las células y tejidos de forma que se garantice su máximo aprovechamiento. Asimismo y según el principio de distribución equitativa, garantizarán el acceso a las células y tejidos en los casos de disponibilidad insuficiente y por razones médicas de idoneidad de los receptores. 3. Según lo previsto en el artículo 3.5, las autoridades competentes de las comunidades autónomas establecerán el régimen de compensación y cargo de los costes que podrá aplicarse a los tejidos y grupos celulares distribuidos para poder cubrir los gastos derivados de su actividad. Estos cargos sólo se podrán aplicar al centro o unidad de aplicación una vez finalizada la actividad de procesamiento o preservación y distribuido el tejido o grupo celular. 4. Los establecimientos de tejidos que preserven células y tejidos para usos autólogos eventuales vienen obligados además a suscribir un seguro que cubra los costes de procesamiento, preservación y almacenamiento para el supuesto de que se produzca la cesión o el envío de esas células y tejidos a otro establecimiento, centro o unidad sanitaria para usos alogénicos en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en receptores adecuados. El seguro cubrirá también la cesión en los casos de cese de la actividad del establecimiento. Artículo 16. Gestión de calidad. 1. Los establecimientos de tejidos deberán desarrollar y mantener actualizado un sistema de calidad y de gestión de calidad integrado en las directrices y estrategias del establecimiento de tejidos y que incluya como mínimo la siguiente documentación: a) Manuales de procedimientos operativos de las actividades autorizadas y de los procesos críticos. b) Manuales de formación y referencia. c) Formularios de transmisión de la información. d) Datos relativos al origen y el destino de los grupos celulares o tejidos. e) Información sobre la trazabilidad de las células o tejidos. f) Sistema de detección y comunicación de efectos y reacciones adversos. 2. La documentación referida deberá estar disponible para las inspecciones de la autoridad sanitaria competente. Artículo 17. Responsable técnico y personal adscrito. 1. Cada establecimiento de tejidos designará a un responsable técnico que deberá reunir las siguientes condiciones: a) Poseer un título universitario superior en el ámbito de la Medicina o las ciencias biomédicas, expedido tras cursar estudios universitarios completos reconocidos y homologados en España como equivalente a título universitario superior. b) Tener una experiencia práctica demostrada no inferior a tres años en el ámbito de actuación de que se trate. 2. Entre las funciones y responsabilidades del responsable técnico se incluyen las siguientes: a) Velar por que en el ámbito del establecimiento de tejidos del que es responsable, los tejidos y células destinados a ser aplicados en humanos se procesen, almacenen y distribuyan de conformidad con lo establecido en este real decreto-ley y en la normativa que resulte de aplicación. b) Facilitar información a las autoridades competentes sobre las condiciones, requisitos y régimen de funcionamiento exigidos a los establecimientos de tejidos por este real decreto-ley. c) Aplicar en el establecimiento de tejidos todas las condiciones y requisitos e implantar el régimen de funcionamiento regulados en este real decreto-ley. 3. Los establecimientos de tejidos notificarán a la autoridad competente el nombre y las cualificaciones del responsable técnico. Cuando sea sustituido de forma permanente o transitoria, esta sustitución será comunicada inmediatamente a la autoridad competente. En dicha comunicación deberá incluirse el nombre y cualificación del sustituto y la fecha exacta del periodo de sustitución o de su inicio cuando esta sea indefinida. 4. El personal del establecimiento de tejidos implicado en las actividades relacionadas con el procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos deberá tener la cualificación necesaria para efectuar las tareas que le son encomendadas y recibir la formación pertinente. Artículo 18. Recepción de células y tejidos. 1. El establecimiento de tejidos deberá disponer de un procedimiento documentado de recepción que permita verificar que los tejidos y células extraídos en los centros o unidades de obtención cumplen con las exigencias de este real decreto-ley. 2. Los envíos de tejidos y células que no cumplan estas exigencias deben ser rechazados por el establecimiento de tejidos. 3. La recepción de los tejidos y células debe ajustarse a lo dispuesto en los anexos V.2 y VI. 4. El proceso de recepción debe asegurar que no existe riesgo de contaminación con los tejidos y células ya depositados y que estén en fase de procesamiento, preservación o almacenamiento. Artículo 19. Procesamiento de células y tejidos. 1. El establecimiento de tejidos incluirá en sus manuales de procedimiento toda actividad de procesamiento de las células y tejidos, y velará porque se lleven a cabo en condiciones controladas. Se verificará que el equipo utilizado, el entorno de trabajo y la concepción, validación y condiciones de control de los procesos se ajusten a los requisitos que se especifican en el anexo I.3. 2. Cualquier modificación de los procesos utilizados en la preparación de los tejidos o células deberá cumplir los mencionados requisitos. Artículo 20. Almacenamiento de células y tejidos. 1. Cualquier actuación relacionada con el almacenamiento de células y tejidos deberá estar documentada en los manuales de procedimientos. Las condiciones de almacenamiento se ajustarán a lo establecido en el anexo I.3 de forma que se garantice el mantenimiento de la viabilidad, calidad y seguridad de las células y tejidos. 2. Según lo dispuesto en el artículo 14.3, en caso de cese de actividad del establecimiento de tejidos, las células y tejidos preservados o almacenados deberán ser transferidos a otro establecimiento de tejidos debidamente autorizado. Los establecimientos de tejidos deben garantizar la transferencia en caso de cese de la actividad mediante acuerdos previamente establecidos con otros establecimientos y conocidos por las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas. 3. Todas las informaciones sobre las actividades de almacenamiento serán debidamente recogidas y custodiadas con el fin de que pueda conocerse en todo momento la situación de disponibilidad de las células y tejidos almacenados. Artículo 21. Etiquetado, documentación y acondicionamiento. Los procedimientos de etiquetado, documentación y acondicionamiento se ajustarán a lo establecido en el anexo I.3. Artículo 22. Distribución de células y tejidos. 1. Las condiciones de distribución y transporte de los tejidos y células se ajustarán a lo dispuesto en el anexo I.3. 2. El transporte desde el establecimiento de tejidos hasta el centro de implante o hasta otro establecimiento de tejidos se realizará por los medios más adecuados de transporte terrestre o aéreo y a través de sistemas capaces de mantener la viabilidad y funcionalidad de las células y/o tejidos. Estos sistemas deberán especificarse en procedimientos documentados según el tipo de célula o tejido a trasladar. Artículo 23. Importación y exportación de células y tejidos. 1. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad autorizará, previo informe de la Organización Nacional de Trasplantes, la importación y exportación de los tejidos y células a los que se refiere este real decreto-ley. La importación, exportación y tránsito de estas células y tejidos sólo se efectuará a través de los recintos aduaneros especificados en el anexo I del Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas. 2. Sólo se autorizará la importación de tejidos y células si concurren las siguientes circunstancias: a) Que exista un probado beneficio en la utilización de los tejidos y células que se pretenden aplicar. b) Que la finalidad de los tejidos y/o células sea la de su aplicación en humanos. c) Que, en el caso de tratarse de células y tejidos que habitualmente se procesan en alguno de los establecimientos de tejidos nacionales, no exista, en ese momento, disponibilidad de dichas células y/o tejidos. 3. Sólo se autorizará la exportación de tejidos y células si concurren las siguientes circunstancias: a) Que exista disponibilidad suficiente de dichas células y/o tejidos en los establecimientos de tejidos nacionales. b) Que exista una razón médica que justifique la exportación. 4. Las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se presentarán en la Organización Nacional de Trasplantes por el establecimiento de tejidos, el centro o la unidad implicada, con el conocimiento previo de la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma que corresponda. La Organización Nacional de Trasplantes dará traslado de las solicitudes a la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con su informe para su tramitación. 5. En las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se especificará la institución de origen y destino, respectivamente, que deben cumplir normas de calidad y de seguridad equivalentes a las reguladas en este real decreto-ley. 6. Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el establecimiento de tejidos expedirá un certificado que acompañará a la solicitud de importación y exportación. En el caso de las importaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información: a) Un informe técnico documentado en el que conste que el tejido las células o la forma en que se han procesado, son imprescindibles para el procedimiento terapéutico que se va a aplicar y que, o bien los tejidos y/o células, o bien el método de procesamiento, no están disponibles ni pueden ser proporcionados por los establecimientos nacionales. b) La documentación relativa a la institución de origen donde consten las garantías éticas y sanitarias que se observan. c) Una memoria del establecimiento de tejidos de origen donde figuren las evaluaciones y estudios realizados (clínicos, biológicos, microbiológicos y/o inmunológicos), en consonancia con lo establecido en este real decreto-ley respecto de la selección y evaluación del donante. En el caso de las exportaciones de tejidos y células el certificado deberá contener la siguiente información: a) Un informe donde conste la suficiente disponibilidad nacional de los tejidos y/o células que se pretenden exportar. b) La documentación que acredite la no disponibilidad del método de procesamiento a utilizar cuando este sea el motivo de la salida de los tejidos y/o las células. c) Una memoria técnica donde figuren las razones médicas que justifiquen la salida de los tejidos y/o células cuando éste sea el motivo. d) La documentación que acredite que se garantiza la protección de los datos. 7. La importación de células o tejidos podrá ser denegada o revocada cuando no procedan de donaciones altruistas realizadas en países terceros que reúnan las debidas garantías. Artículo 24. Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros. 1. Los establecimientos de tejidos deberán celebrar contratos por escrito con terceros siempre que estos desarrollen una actividad que influya o pueda influir en la calidad y en la seguridad de los tejidos y/o células procesadas, y en particular cuando: a) El establecimiento de tejidos confíe a un tercero la responsabilidad de una fase del procesamiento de células y/o tejidos. b) Un tercero suministre materiales o productos o bien preste servicios que puedan afectar a la calidad y seguridad de las células y/o tejidos. c) Un establecimiento de tejidos preste un servicio a otro establecimiento para el cual no está autorizado. d) Un establecimiento de tejidos almacene y distribuya tejidos y/o células procesadas o tratadas por un tercero. 2. El establecimiento de tejidos evaluará la capacidad de los terceros y seleccionará a quienes garanticen el cumplimiento las normas establecidas en este real decreto-ley. 3. Los contratos deberán especificar claramente las responsabilidades de los terceros en relación con los procesos que van a llevar a cabo así como una descripción detallada de dichos procesos. 4. Existirán procedimientos operativos documentados donde se especifiquen la forma de contratar, las relaciones entre las partes contratantes y los protocolos que cada uno debe seguir en relación con la actividad contratada. 5. Los establecimientos de tejidos deberán contar con un registro de los contratos celebrados con terceros cuya información estará disponible para la autoridad competente y la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma correspondiente. 6. En caso de resolución del contrato, la entidad contratada deberá remitir al establecimiento de tejidos los datos y muestras que pueden afectar a la trazabilidad o a la calidad y seguridad de células y tejidos. Los términos de esta remisión de muestras e información deberán detallarse en el procedimiento de contratación y deberán figurar en el contrato de servicio. 7. Los establecimientos de tejidos enviarán copias de los contratos suscritos con terceros a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente para la autorización de estas actividades de su comunidad autónoma. 8. Cuando la contratación del tercero implique el acceso por parte de éste a datos de carácter personal, el contrato deberá cumplir lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 25. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los establecimientos de tejidos dispondrán de un sistema de recogida y custodia de la información relativa a sus actividades que asegure la trazabilidad de todas las células y tejidos procesados. En el caso de que el sistema tenga formato electrónico, debe asegurarse la existencia de copias de seguridad. 2. Existirá un procedimiento documentado para la recogida y custodia de la información. El establecimiento designará a una persona como responsable del sistema de recogida y custodia de la información de las actividades y comunicará esta designación a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que esté ubicado. 3. Los establecimientos de tejidos remitirán información trimestral de sus actividades a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente y en todo momento tendrán a disposición de ésta su sistema de recogida y custodia de la información. CAPÍTULO IV Aplicación de células y tejidos Artículo 26. Autorización de la aplicación de células y tejidos en centros o unidades de aplicación. 1. La aplicación de células y tejidos humanos podrá realizarse sólo en aquellos centros o unidades sanitarias debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente siguiendo las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios que establece el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, y siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones mínimas recogidos en el anexo I.4 de este real decreto-ley. 2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar con una autorización específica para cada actividad de aplicación o implante de células y tejidos y para cada tipo de células y tejidos. La autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma determinará el periodo de vigencia de las autorizaciones, que no deberá ser inferior a dos años ni superior a cuatro, así como los requisitos para su posible renovación. Cualquier modificación sustancial en las condiciones o requisitos que motivaron la concesión de la autorización deberá ser notificada a la autoridad sanitaria competente, y podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación de la autorización si las modificaciones suponen una alteración sustancial de las circunstancias que justificaron la concesión. 3. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto en cada comunidad autónoma, la solicitud de autorización de la aplicación se acompañará de una memoria con la descripción detallada de los medios de que dispone el centro para realizar la actividad solicitada y su adecuación a lo dispuesto en este real decreto-ley. Así mismo, se harán constar el tipo de tejido o grupo de células para la que se solicita la autorización y el nombre y formación de la persona responsable del equipo de implantación. 4. La autoridad sanitaria competente de las comunidades autónomas notificará en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes las autorizaciones que se concedan, denieguen y revoquen. 5. Para la aplicación de células y tejidos humanos se requerirá el consentimiento del receptor o de sus representantes legales según lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Artículo 27. Acceso a las células y tejidos y condiciones generales de aplicación. 1. Las células y tejidos almacenados en los establecimientos de tejidos estarán a disposición de los centros o unidades de aplicación de tejidos y células para usos alogénicos en procedimientos terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en receptores adecuados. En el caso de que el establecimiento de tejidos que ha procesado y almacenado las células y tejidos no disponga de la necesaria infraestructura para una completa tipificación de las células y tejidos que permita establecer compatibilidades e idoneidades cuando sea preciso, deberá enviar una muestra a otro establecimiento debidamente autorizado que sí esté dotado de la infraestructura adecuada y que se constituirá en establecimiento de referencia. En la distribución de células y tejidos se tendrá en cuenta lo previsto en este real decreto-ley. 2. La aplicación autóloga quedará encuadrada en el caso de procedimientos terapéuticos de eficacia demostrada en indicaciones médicas establecidas. En el caso de que se realicen actividades de procesamiento para usos autólogos eventuales de los que no hay indicación médica establecida actual, las células y tejidos así procesados estarán disponibles para su aplicación alogénica según lo dispuesto en el apartado primero. 3. En el caso de tratarse de un tejido o grupo celular de limitada disponibilidad, se centralizarán los datos de los pacientes a la espera de recibir el implante en la unidad de coordinación de trasplantes de la comunidad autónoma y en la Organización Nacional de Trasplantes. 4. La solicitud del tejido o grupo celular la efectuará el responsable del centro o la unidad de aplicación al responsable del establecimiento de tejidos. Deberá adjuntarse a la solicitud una copia validada de la autorización como centro o unidad de aplicación de dicho tejido o grupo celular. El establecimiento de tejidos no distribuirá el tejido o grupo celular si no se aporta la copia mencionada. 5. En ausencia de establecimientos de procesamiento de tejidos en la propia comunidad autónoma, o en caso de carecer los establecimientos autorizados del tejido solicitado, la petición se dirigirá a la unidad de coordinación de trasplantes de esa comunidad autónoma quien la remitirá a la Organización Nacional de Trasplantes para su búsqueda a nivel nacional o internacional. Artículo 28. Sistema de recogida y custodia de la información. 1. Los centros y unidades autorizados para la aplicación en humanos de células o tejidos humanos deberán disponer de un sistema de recogida y custodia de información sobre las actividades realizadas en este ámbito, de acceso restringido y confidencial, donde constarán los usos y aplicaciones clínicos realizados con los datos necesarios para la identificación de los receptores, de los tejidos y/o células implantados así como su procedencia, de forma que se permita el adecuado seguimiento en caso necesario, conforme a lo especificado en el capítulo V. 2. Los centros y unidades autorizados para la aplicación de células o tejidos humanos remitirán información trimestral de sus actividades a la unidad de coordinación de trasplantes y a la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente y en todo momento tendrán a disposición de ésta su sistema de recogida y custodia de la información. 3. Los centros de aplicación de células y tejidos deberán informar al establecimiento de tejidos o, en su caso, al centro de obtención que les ha suministrado las células y tejidos, sobre el destino final de la aplicación en humanos de dichas células o tejidos, y en el caso de que finalmente no se produzca la aplicación, la causa que no la hizo posible. Artículo 29. Investigación clínica. 1. La investigación clínica con células y/o tejidos sólo podrá llevarse a cabo en los centros y unidades de obtención y aplicación y en los establecimientos de tejidos debidamente autorizados para el desarrollo de la actividad investigadora. 2. Los proyectos de investigación clínica serán autorizados por la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente. Para la concesión de la autorización será preceptivo el informe de los expertos designados a estos efectos por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. Las solicitudes de autorización para proyectos de investigación clínica con células y/o tejidos deberán incluir, al menos, la siguiente información y documentación: a) Justificación y descripción detallada del proyecto de investigación clínica. b) La información sobre procedimientos de investigación clínica o básica relacionados e información sobre los tejidos/grupos celulares que se van a utilizar y del proceso de procesamiento y/o transformación y utilización de los mismos. c) Designación del centro coordinador y profesional responsable del proyecto que actúa como investigador principal y descripción del equipo o equipos de investigación. d) Identificación de los centros y unidades participantes, tanto en la fase de extracción como en la de implante. e) Identificación de los establecimientos de tejidos cuando sean diferentes de los centros de extracción o implante. f) Las autorizaciones de los responsables de los centros implicados. g) El informe del comité de ética del centro coordinador del proyecto. En caso de no ser un centro de implante se requerirá el informe de los comités de ética de los centros de implante implicados. h) El documento de consentimiento informado. i) La póliza de contratación de los seguros para los pacientes cuando proceda. j) El Informe de los costes del proyecto y del organismo promotor. k) El protocolo del sistema de garantía de calidad del proyecto. 4. La autoridad competente de cada comunidad autónoma deberá notificar cada seis meses a la Organización Nacional de Trasplantes aquellos proyectos de investigación clínica que se encuentran autorizados y en ejecución en el ámbito de su comunidad autónoma. 5. Lo previsto en este artículo no será aplicable a los supuestos de investigación clínica en terapia celular, que se regularán según lo dispuesto en el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. En estos casos y con carácter preceptivo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solicitará informe a la Organización Nacional de Trasplantes. CAPÍTULO V Sistemas de información, seguimiento y biovigilancia Artículo 30. Registro de centros y unidades de obtención y aplicación de tejidos humanos y de establecimientos de tejidos. 1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, desarrollará y mantendrá un registro de establecimientos de tejidos y de unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados, donde se especificarán para cada uno de ellos las actividades concretas para las cuales están autorizados. Este registro estará accesible al público. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes la información relativa a los establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de tejidos y células que se autoricen en el ámbito de su competencia, con el fin de incluirla en este registro. Dicha información deberá incluir, al menos, el nombre y ubicación del establecimiento, unidad o centro autorizado, las actividades para las que están autorizados y los periodos de vigencia de dichas autorizaciones. 3. La Organización Nacional de Trasplantes designará un responsable técnico del mantenimiento y custodia del registro. Artículo 31. Registro de donantes de progenitores hematopoyéticos. 1. La Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias de registro de las autoridades autonómicas, será el órgano competente para desarrollar y mantener el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos comprensivo de la información agregada del conjunto del Sistema Nacional de Salud. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas deberán comunicar en tiempo real a la Organización Nacional de Trasplantes información relativa a los donantes de progenitores hematopoyéticos incluidos en sus respectivos registros. 3. La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá encomendar la gestión de esta información a entidades públicas o privadas que desarrollen su actividad en el ámbito de la promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos. Artículo 32. Sistema de información general. 1. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas determinarán la información requerida según lo previsto en los artículos 13, 25 y 28 de este real decreto-ley, que al menos incluirá los contenidos mínimos aprobados por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2. Las unidades de coordinación de trasplantes o, en su caso, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, enviarán a la Organización Nacional de Trasplantes con, al menos, periodicidad semestral, la información recogida en aplicación de los artículos 13, 25 y 28 de este real decreto-ley. La Organización Nacional de Trasplantes desarrollará y mantendrá un sistema de recogida, custodia y análisis de dicha información, al que tendrán acceso las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas en los términos que se acuerden en la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. La Organización Nacional de Trasplantes elaborará un informe anual donde figuren las informaciones relativas a los establecimientos de tejidos, unidades o centros de obtención y aplicación de células y tejidos humanos, así como las actividades desarrolladas. Este informe, que en ningún caso contendrá datos personales referidos a los donantes y los receptores, será accesible al público y se remitirá a todos los centros y unidades implicados e incluirá datos de interés general a los que se dará la debida difusión. 4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, colaborará con la Comisión Europea y los demás Estados miembros de la Unión Europea en el desarrollo de una red de intercambio de información entre los registros nacionales de establecimientos de tejidos y de centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos humanos autorizados. 5. El acceso a cualquiera de los datos contenidos en los sistemas de información regulados en este real decreto-ley quedará restringido a aquellas personas autorizadas tanto por los responsables técnicos de los establecimientos de tejidos y los responsables de las unidades de extracción o de implante de tejidos, como por las unidades de coordinación de trasplantes o las autoridades competentes de la comunidades autónomas y, en el ámbito de su competencia, por la Organización Nacional de Trasplantes. 6. Todos los sistemas de recogida y archivo de información deben cumplir con los principios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 33. Trazabilidad. 1. La Organización Nacional de Trasplantes y las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas establecerán, en los términos que se acuerden en la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un sistema de rastreo de origen a destino de todas aquellas células y tejidos humanos obtenidos con el fin de ser aplicados en humanos. Dicho sistema recogerá la información referida en el anexo VI. 2. En el caso de células embrionarias de eventual aplicación en humanos, la Organización Nacional de Trasplantes y los responsables del Banco Nacional de Líneas Celulares y de la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, establecerán un sistema que garantice el seguimiento previsto en el apartado anterior. 3. La información, cuando proceda, se codificará con acuerdo a los estándares básicos regulados en los anexos VI y VII lo que permitirá su seguimiento uniforme. Los establecimientos de tejidos y las unidades y centros de obtención y aplicación de células y tejidos deberán recoger la información en tiempo real. 4. Los establecimientos de tejidos recogerán la información del destino de las células y tejidos distribuidos para aplicación en humanos. Dicha información deberá ser facilitada por los centros, organismos o unidades de aplicación de tejidos y células para cada caso en particular, con el fin de asegurar la trazabilidad de las células y tejidos. 5. El rastreo de origen a destino se aplicará no sólo a los productos celulares y tejidos, sino también a los productos y materiales que entren en contacto con dichas células y tejidos y puedan tener efecto sobre su calidad y seguridad. 6. La información se guardará y custodiará de forma segura durante al menos 30 años a partir de su codificación. Artículo 34. Sistema de codificación. 1. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Organización Nacional de Trasplantes, establecerá un sistema único y obligatorio de codificación, compatible con los sistemas de otros Estados miembros de la Unión Europea, que permitirá identificar de forma única e inequívoca los tejidos y células obtenidos, procesados y distribuidos para su aplicación en humanos. 2. El diseño del sistema de codificación se ajustará a los requisitos mínimos exigidos en el anexo VII. 3. Se desarrollará un sistema técnico que soporte el sistema de codificación y que será accesible para todos los centros y establecimientos autorizados para la obtención, procesamiento y aplicación de células y tejidos, así como para las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas y la Organización Nacional de Trasplantes. Artículo 35. Sistema de biovigilancia. 1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley funcionará un sistema de biovigilancia que permitirá notificar, registrar y transmitir información sobre los efectos y reacciones adversas graves que puedan haber influido o pudieran influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos y que puedan atribuirse a los procesos de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de las células y tejidos, así como toda reacción adversa grave observada durante o a raíz de la aplicación clínica de las células y/o tejidos, y que pudiera estar relacionada con su calidad y seguridad. 2. En tanto no se regule de forma distinta, la red de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado funcionará como red de biovigilancia. 3. Todos los centros o unidades que obtengan y apliquen células o tejidos así como los establecimientos de tejidos deberán comunicar la existencia de cualquier evento o reacción adversa en la forma y en los términos establecidos en el anexo VIII, a través de la mencionada red de coordinación de trasplantes. 4. Los establecimientos de tejidos que procesen o preserven tejidos que puedan verse afectados por alguna reacción o efecto adverso grave deberán emitir un informe detallado de las posibles causas y de las consecuencias, así como de las medidas adoptadas y de las que se vayan a adoptar. 5. La Organización Nacional de Trasplantes es responsable de la comunicación de la existencia de efectos adversos graves que pudieran afectar a otros Estados miembros a través del sistema de notificación que establezca la Comisión Europea. Asimismo, notificará a las unidades autonómicas de coordinación de trasplantes donde se ubiquen los establecimientos de tejidos afectados o que pudieran estar afectados por un efecto adverso grave ocurrido en otro país, toda la información relativa a dicho evento. 6. Los establecimientos de tejidos son responsables de garantizar que existe un procedimiento rápido, preciso y verificable que permita retirar de la distribución todo producto que pueda estar relacionado con un efecto adverso grave. CAPÍTULO VI Inspección, evaluación y acreditación e infracciones y sanciones Artículo 36. Inspección y evaluación. 1. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas efectuarán inspecciones periódicas para garantizar que los establecimientos de tejidos autorizados en el ámbito de sus competencias cumplen los requisitos de este real decreto-ley y aplican las medidas de control de calidad exigidas en él. 2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de su Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa, aprobará un plan de inspecciones a iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes y las unidades de coordinación de trasplantes de las comunidades autónomas, en el que se contemplarán las inspecciones periódicas previstas en el apartado anterior. 3. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa elevará para informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los criterios generales que aseguren que las condiciones de realización de las inspecciones, las medidas de control y la formación y la cualificación de los profesionales encargados de ellas, se realizan con un nivel mínimo y homogéneo de competencia y resultados. 4. El intervalo entre dos inspecciones regulares será de dos años. 5. Las autoridades competentes de las comunidades autónomas organizarán las inspecciones extraordinarias y la aplicación de las medidas de control que consideren necesarias ante un efecto o reacción adversa grave. Asimismo, organizarán inspecciones extraordinarias y aplicarán medidas de control en caso necesario, a petición justificada de la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de la Comisión. 6. La inspección no sólo afectará a los establecimientos de tejidos sino también a todos aquellos terceros con los que existan relaciones contractuales, e implicará el examen, evaluación y verificación de cualquier infraestructura, equipamiento, información, documento o registro relacionado con lo regulado en este real decreto-ley. 7. Las peticiones de inspección extraordinaria de otro Estado miembro o de la Comisión deberán canalizarse a través de la Organización Nacional de Trasplantes, quien será así mismo responsable de trasladar al Estado peticionario o a la Comisión el informe con el resultado de la inspección y las medidas de control aplicadas. Artículo 37. Evaluación y acreditación de excelencia de centros y servicios. 1. La autoridad competente de cada comunidad autónoma llevará a cabo los programas de evaluación y acreditación de los centros y servicios de obtención, procesamiento, distribución e implante de células y tejidos de acuerdo con los criterios a las que se hace referencia en el apartado siguiente. 2. La Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa elevará para informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los criterios generales sobre las condiciones de evaluación y acreditación de centros y servicios. 3. La autoridad competente de cada comunidad autónoma informará periódicamente a la Organización Nacional de Trasplantes, con frecuencia al menos anual, sobre la actividad de evaluación y acreditación de los centros y servicios y sus resultados. 4. Según lo previsto en el artículo 70.2.d) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, la Organización Nacional de Trasplantes, previo acuerdo de la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá actuar como entidad técnica para la evaluación y acreditación de los centros y servicios autorizados al amparo de lo establecido en este real decreto-ley. Artículo 38. Infracciones y sanciones. Sin perjuicio de otra normativa que pudiera resultar de aplicación, las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto-ley y sus disposiciones de desarrollo tendrán la consideración de infracción en materia de sanidad, según lo previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. En las infracciones en materia de utilización de ficheros que contengan datos personales se estará a lo dispuesto en el Título VII de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Disposición transitoria única. Retroactividad de la norma. Este real decreto-ley será de aplicación a las situaciones jurídicas nacidas y a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en lo que se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto-ley. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad. Se exceptúan de lo anterior el artículo 23, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior y el artículo 29, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este real decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. Disposición final tercera. Facultad de desarrollo y modificación. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto-ley. Asimismo, se habilita a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para modificar los anexos de este real decreto-ley con el fin de adecuarlos al avance de los conocimientos científicos y técnicos o para adaptarlos a la normativa comunitaria. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 4 de julio de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ANEXO I Requisitos y condiciones mínimas para las autorizaciones de establecimientos de tejidos y centros o unidades de obtención y aplicación de células y tejidos 1. Los requisitos y condiciones mínimas para la autorización de centros sanitarios para obtener células y tejidos humanos para su uso en humanos son: a) Disponer de una unidad médico quirúrgica especializada en la práctica de la extracción del tejido o grupo celular que se pretenda obtener. Se designará la persona responsable del procedimiento de extracción en cada caso. b) En el caso de que el uso o destino de las células o tejidos sea un trasplante inmediato o no diferido, deberá existir una relación establecida con el equipo de coordinación de trasplantes. c) Cuando el destino de las células o tejidos extraídos sea su derivación a un establecimiento de tejidos para su procesamiento, deberá existir un acuerdo de colaboración que incluirá un protocolo consensuado con dicho establecimiento, en el que figuren las condiciones de obtención, preparación y transporte de los tejidos o células hasta su llegada al establecimiento de procesamiento. d) Cuando el destino de las células o tejidos sea su transformación deberá haber un convenio de colaboración con la entidad responsable de dicha transformación conocido y autorizado por la autoridad competente de la correspondiente comunidad autónoma. e) Disponer de la infraestructura y personal adecuados para la correcta evaluación del donante y garantizar la realización de los estudios pertinentes para descartar la presencia de enfermedades transmisibles, según lo estipulado en los anexos II, III y IV. Se designará la persona responsable de los procedimientos de evaluación del donante. f) Disponer de procedimiento operativo estandarizado para la correcta verificación de: 1.º La identidad del donante. 2.º Los requerimientos de la autorización. 3.º Los criterios de selección y evaluación. 4.º La realización de los tests de laboratorio requeridos para la evaluación y selección. g) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para garantizar las condiciones de extracción, preparación y transporte de las células o tejidos, según el protocolo referido en el apartado c). h) Disponer de las instalaciones y medios adecuados para garantizar la restauración y conservación del cadáver, así como de prácticas mortuorias, en el caso de que la extracción se lleve a cabo de una persona fallecida. i) Tener establecidas documentalmente las relaciones y condiciones de extracción con los establecimientos de procesamiento y/o implante de tejidos y células con los que se relaciona, que deben ser comunicadas a la autoridad competente. j) Disponer de un sistema de recogida y custodia de la información relativa a sus actividades, de acceso restringido y confidencial donde constarán las extracciones realizadas y los datos necesarios de los donantes, de las células o tejidos, así como el destino final o intermedio de los mismos. Se conservarán los datos relativos a las pruebas realizadas y características de los donantes, especificándose la fecha de realización y el resultado de las mismas, de forma que se permita el adecuado seguimiento de la información, en caso necesario, conforme a lo previsto en los artículos 13 y 31. k) Mantener un archivo de sueros de los donantes alogénicos o potencialmente alogénicos (muestras recogidas para un hipotético uso autólogo sin indicación terapéutica actual) durante, al menos, 10 años a partir de la última aplicación clínica o de la fecha de caducidad de las células/tejidos, con el fin de realizar controles biológicos en caso necesario. En el caso de las células reproductoras, el archivo de sueros se mantendrá durante dos años a partir de la última transferencia. l) Disponer de un procedimiento operativo estandarizado para el envasado, etiquetado y transporte de las células y/o tejidos hasta el punto de destino (establecimientos de tejidos y equipos de trasplante en el caso de distribución directa). 2. Los requisitos técnicos exigidos para optar a la autorización como establecimiento de tejidos son: a) En cuanto a la organización y dirección: 1.º Además del Director del establecimiento se debe designar un responsable técnico conforme a lo establecido en el artículo 17. 2.º Disponer de una estructura organizativa y régimen de funcionamiento adecuados en los que se definan claramente las relaciones de dependencia y las responsabilidades de cada puesto de trabajo, y que se adecúa a las actividades para los que se solicita la autorización. 3.º Deben existir procedimientos operativos estandarizados de todas las actividades para las que se opta a la autorización. 4.º El establecimiento de tejidos debe dotarse de un equipo médico o tener acceso disponible a un apoyo médico que pueda revisar, supervisar, analizar y, si es necesario, promover determinados cambios en las actividades médicas del establecimiento, como son: selección del donante, evaluación de riesgo de los tejidos/células, disponibilidad de tejidos o células en casos excepcionales, revisión y evaluación del seguimiento de los tejidos/células distribuidos para su aplicación o relaciones con los centros o unidades de aplicación entre otras. 5.º Deben disponer de un sistema de gestión de calidad aplicadas a todas las actividades a cuya autorización opta el Establecimiento de tejidos en las condiciones que marca el artículo 16. 6.º Deben existir procedimientos de minimización de los riesgos inherentes al manejo de material biológico a la vez que se mantiene un adecuado nivel de calidad y seguridad de las células y tejidos. Deben cubrirse en este punto todas las actividades técnicas del procesamiento de células y tejidos del establecimiento, las condiciones ambientales y las condiciones higiénico sanitarias del personal del establecimiento. 7.º Debe existir un procedimiento documentado que asegure la identificación de todos los tejidos y células en cualquier fase de la actividad para la cual se solicita la autorización. Este procedimiento de identificación debe compatibilizarse con el sistema de codificación estatal que se establece en el capítulo VI. b) En cuanto a personal: 1.º Disponer de personal suficiente y suficientemente preparado para llevar a cabo las actividades para las que solicita la autorización. 2.º Disponer de una descripción detallada del perfil de los puestos de trabajo, tareas, responsabilidades y relaciones con otros puestos de trabajo. 3.º Disponer de un programa de formación continuada para el personal del establecimiento de tejidos que asegure que cada trabajador: i) Tiene suficiente competencia para el desarrollo de las tareas que le son encomendadas. ii) Tiene el conocimiento y la experiencia adecuados para entender los procesos científicos técnicos que están en relación con las tareas que le son asignadas. iii) Conoce la estructura organizativa, el régimen de funcionamiento y el sistema de calidad del establecimiento. iv) Conoce las normas higiénico-sanitarias del establecimiento en relación con las actividades que allí se llevan a cabo. v) Está adecuadamente informado de los aspectos éticos y legales y de las normas de correcta práctica en relación con las actividades del establecimiento. c) En cuanto a equipo y material: 1.º Todo el equipo y el material utilizado debe estar diseñado y mantenido específicamente para el propósito que se persigue, minimizándose cualquier riesgo para los receptores o para el personal que trabaja en el establecimiento. 2.º Los equipos críticos deben ser identificados como tales. Se deben inspeccionar de forma periódica y/o regular y se deben adoptar las medidas preventivas adecuadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cuando el equipamiento pueda afectar a procesos críticos o a parámetros que marcan las condiciones de almacenamiento o preservación (temperatura, presión, contaje de partículas, niveles de contaminación, etc.) se debe identificar como tal. En estos casos se establecerán los sistemas de monitorización, control y alerta, alarmas y medidas de corrección que sean más adecuadas y requeridas para detectar un mal funcionamiento, el peligro de una desviación inaceptable o un defecto, y se debe asegurar que los parámetros críticos se mantienen en límites aceptables todo el tiempo. 3.º Todo equipamiento nuevo o reparado debe ser evaluado en el momento de su instalación y debe ser validado antes de ser utilizado. La información relativa a todos los resultados de estas evaluaciones debe recogerse y custodiarse. 4.º Las actividades de mantenimiento, limpieza, desinfección, saneamiento y revisión del equipamiento crítico deben figurar en procedimientos documentados, se deben llevar a cabo de forma regular y la información sobre el desarrollo de estos procedimientos se recogerá y custodiará adecuadamente. 5.º Se debe disponer de procedimientos documentados para el funcionamiento de cada uno de los equipos críticos donde se detallarán las acciones que se deben emprender en caso de malfuncionamiento o fallo. 6.º Los procedimientos operativos de las actividades para las que se solicita la autorización deben incluir las especificaciones de los equipos críticos y de los reactivos. Se incluirán las especificaciones de los aditivos (i.e. soluciones) y los materiales de embalaje. Los reactivos y materiales críticos deberán cumplir las especificaciones del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnósticos in vitro. d) En cuanto a infraestructura y locales: 1.º Disponer del local y las infraestructuras necesarias para llevar a cabo las actividades para las que se solicita la autorización. 2.º Cuando estas actividades incluyan el procesamiento de células o tejidos en condiciones de exposición abierta, se deberán especificar las condiciones de calidad de aire y limpieza que exigen para minimizar los riesgos de contaminación incluyendo la contaminación cruzada. La efectividad de las medidas necesarias para cumplir estas condiciones de validarse y monitorizarse. 3.º Excepto en los casos especificados en el punto 4.º, siempre que las células o tejidos se vayan a procesos en exposición abierta y sin un procedimiento posterior de inactivación microbiológica se exigirá una calidad de aire de partículas y de colonias microbiológicas equivalente a la especificada como grado A en el anexo I de la Guía Europea de Normas de Correcta Fabricación en el lugar del procesamiento. Para el aire ambiente del resto del local de trabajo se exigirá una calidad adecuada para las actividades que se van a llevar a cabo, pero, al menos, equivalente al grado D de la Guía Europea de Normas de Correcta Fabricación en lo que a contaje de partículas y colonias microbiológicas se refiere. 4.º Se podrán admitir unas condiciones medioambientales menos estrictas que las especificadas en el punto 3.º en los siguientes supuestos: i) Cuando se vayan a aplicar procedimientos de esterilización o inactivación microbiológica validada. ii) Cuando esté demostrado que la exposición a un aire ambiente de grado A tiene efectos perjudiciales sobre las propiedades biológicas que se requieren al tejido/grupo celular afectado. iii) Cuando esté demostrado que la vía o procedimiento de aplicación de las células o tejidos implican un riesgo de transmisión de enfermedades bacterianas o fúngicas significativamente menor que el trasplante de células o tejidos. iv) Cuando no sea técnicamente posible llevar a cabo el procesamiento de las células o tejidos en un ambiente de grado A. Por ejemplo cuando las condiciones de funcionamiento del equipamiento que se requiere no son compatibles con ambiente grado A. 5.º Cuando se aplique alguno de los supuestos del apartado 4.º, se deberán especificar las condiciones del aire ambiente en el que se debe trabajar y se deberá demostrar y documentar que en esas condiciones se alcanzan las normas requeridas de calidad y seguridad de los tejidos, teniendo en mente el objeto terapéutico o de aplicación y la vía o modo de aplicación de las células y/o tejidos y la situación inmunológica del receptor. Deberá disponer de la equipación y vestimenta adecuada, tanto para la protección del personal como para la higiene en todos aquellos departamentos donde sea necesario y se acompañará de las correspondientes normas escritas de higiene y uso. 6.º Cuando las actividades para las que se solicite la autorización impliquen el almacenamiento de las células o tejidos, se deberán especificar y definir las condiciones de almacenamiento en cada caso, incluyendo los márgenes de aquellos parámetros que son relevantes para el mantenimiento de las propiedades de las células o tejidos, como la temperatura, la humedad, o la calidad del aire. 7.º Las medidas de los parámetros que son críticos deben monitorizarse y controlarse y deben registrarse para poder demostrar que se cumplen las especificaciones de las condiciones de almacenamiento. 8.º Deberá disponerse de una infraestructura de almacenamiento que permita claramente separar y distinguir aquellos tejidos y células que están en cuarentena de aquellos que han sido rechazados, o de los que han sido aceptados y están disponibles, con objeto de impedir contaminaciones cruzadas y mezclas simples. Según el tejido o célula de que se hable se requerirán áreas físicamente separadas o un sistema de segregación seguro, pero en todo caso deberá especificarse el sistema y que con él se cumple la norma básica de preservar las condiciones biológicas y las de seguridad y calidad. 9.º Deberán existir procedimientos y normas para el acceso a los locales del establecimiento, para la circulación interna, para la higiene y mantenimiento, para la eliminación de basuras y material sucio o de desecho y para la restauración de todos los servicios tras una situación de emergencia. Estos procedimientos deberán ser objeto de control. e) En cuanto a la documentación, su recogida y custodia: 1.º Todos los procedimientos operativos estandarizados para las actividades para las que se solicita la autorización deben estar adecuadamente registrados, y la documentación debe estar adecuadamente guardada y custodiada. Debe haber un sistema que garantice este punto. Los documentos deben revisarse periódicamente y los procedimientos deben estar siempre de acuerdo con las especificaciones básicas de este real decreto-ley. El sistema asegurará la estandarización del trabajo y que todos las fases puedan ser objeto de rastreo: codificación, evaluación de las células o tejidos y del ambiente en su caso, obtención, procesamiento, preservación, almacenamiento, disponibilidad, transporte y distribución, y que se tienen en mente los aspectos relacionados con el control y gestión de la calidad. 2.º Los equipos, materiales o personal que estén involucrados en actividades críticas deben estar adecuadamente identificados y dicha identificación debe documentarse. 3.º Cualquier cambio en los documentos de los procedimientos operativos o de las normas de actuación debe ser revisado, fechado, documentado y puesto en marcha sin dilación por el personal autorizado para ello. 4.º Deberá existir un sistema que asegure la revisión periódica de los documentos, el registro de los cambios introducidos y que sólo las versiones actualizadas estarán en uso. 5.º La documentación debe quedar registrada de forma que sea una correcta representación de los resultados y que resulte fiable. 6.º Los registros deben ser legibles e indelebles, pueden estar en soporte papel o transferidos a cualquier otro sistema validado como un soporte informático o un microfilm. f) En cuanto a los sistemas de calidad: 1.º Se desarrollarán auditorías con periodicidad no inferior a la bienal para la revisión de todas las actividades para las que se ha autorizado el establecimiento de tejidos. El objetivo de las auditorías es verificar que se trabaja de acuerdo a los protocolos aprobados y los requerimientos de este real decreto-ley. Tanto los hallazgos como las medidas correctoras deben quedar documentados. 2.º El hallazgo de desviaciones de los estándares de calidad que se hayan establecido obligará al desarrollo de una investigación que debe quedar documentada y que incluya las decisiones o sugerencias sobre posibles medidas preventivas o correctoras. 3.º El destino de las células y tejidos que entran en la definición de «no conformidad» se decidirá de acuerdo con procedimientos previamente establecidos y supervisados por el responsable técnico y el responsable de área de calidad. Todas las células y tejidos afectados por no conformidades deben ser identificados y contabilizados. 4.º Las acciones correctoras deben iniciarse y completarse en el momento adecuado y de manera eficaz. Todas las acciones preventivas y correctoras estarán documentadas y se evaluarán en cuanto a su eficacia. 5.º El sistema de gestión de la calidad debe ser revisado y existirá un procedimiento que lo permita hacer y que tenga el objetivo de asegurar una mejora continua y sistemática del funcionamiento del establecimiento de tejidos. 3. Los requisitos para la autorización de actividades, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos son: a) En cuanto a procesamiento: 1.º Los procesos críticos de procesamiento de células y tejidos deben estar validados. En ningún caso las células y tejidos deben resultar peligrosas para el receptor o potencialmente ineficaces. Esta validación se basará en estudios realizados por el propio establecimiento de tejidos o en datos publicados o en la evaluación de los resultados clínicos de las células y tejidos que han sido distribuidos por el establecimiento en el caso de procedimientos de transformación o preparación de tejidos que están consolidados. 2.º Se debe demostrar que los procesos de validación se pueden llevar a cabo en el establecimiento de tejidos de forma efectiva y sistemática. 3.º Los procedimientos deben estar documentados como procedimientos operativos estandarizados, en adelante POE, y de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.e), y debe asegurarse que las actividades se llevan a cabo de acuerdo con estos POE. 4.º Cuando vaya a aplicarse un procedimiento de inactivación microbiológica, éste debe estar documentado, especificado y validado. 5.º Antes de introducir cualquier cambio en las actividades de procesamiento, el proceso modificado debe validarse y documentarse. 6.º Las actividades de procesamiento deben evaluarse periódicamente, para asegurar que se cumplan los resultados deseados. 7.º Las actividades para descartar aquellas células y tejidos que no cumplen con los estándares requeridos deben realizarse de modo que se evite la contaminación de otras células y tejidos, del personal, del aparataje o del local, así como la contaminación medioambiental. b) En cuanto al almacenamiento: 1.º Debe haber un sistema de inventario de células y tejidos diseñado de forma que se asegure que no se pueden distribuir hasta tanto no hayan satisfecho todos los requerimientos de este real decreto-ley. Debe haber un POE que detalla las circunstancias, responsabilidades y procedimientos para la liberación y posterior distribución de tejidos y células. 2.º Todos los procedimientos de almacenamiento se desarrollarán en condiciones controladas de forma que se garanticen las condiciones de credibilidad, calidad y seguridad de las células y tejidos. 3.º Existirán medios de control ambiental de las áreas de acondicionamiento y almacenamiento con el fin de evitar cualquier situación que pueda afectar negativamente a la funcionalidad, a la integridad o a las condiciones biológicas de células y tejidos. 4.º El tiempo máximo de almacenamiento se debe especificar para cada tipo de tejido o célula y condición de almacenamiento. El periodo determinado debe tener en cuenta entre otras cuestiones el posible deterioro de las propiedades de células y tejidos así como el uso al que van destinados. 5.º Deben poder identificarse claramente las células y tejidos almacenados en todas las fases del procesamiento en el establecimiento de tejidos y debe ser posible distinguir claramente entre aquellas células y tejidos que están en cuarentena y los que están listos para ser distribuidos o los que deben ser descartados. 6.º Los registros de información deben recoger claramente todos los datos relativos a la evolución y el procesamiento de forma que pueda demostrarse que se cumplan las especificaciones de este real decreto-ley antes de liberar y distribuir las células y tejidos. Deben estar disponibles todos los datos médicos, los resultados de los tests de evaluación, los datos de procesamiento de todos los casos en los que era necesario un POE, debe asegurarse que éste se ha llevado a cabo con rigor por las personas autorizadas para ello, y también que están disponibles todos los registros de los controles de las condiciones de almacenamiento. Si en algún momento, un sistema informático está encargado de liberar o facilitar cualquier resultado de un test de laboratorio o una validación, debe haber un sistema de rastreo que puede dar información al auditor sobre el responsable de liberar dicha información. 7.º El responsable técnico definido en el artículo 17 deberá aprobar un documento de evaluación de riesgos que determine el destino de todos los tejidos y células almacenados. Este documento tendrá en cuenta la evaluación del donante y los criterios de selección y aceptación de los resultados de los tests realizados, así como cualquier modificación de las fases de procesamiento que pueda mejorar la seguridad y la calidad de las células y tejidos. c) En cuanto a su distribución y retirada: 1.º Se deben definir las condiciones y el tiempo máximo de transporte, que permitan mantener las propiedades biológicas y funcionales de las células y tejidos. 2.º El contenedor debe ser seguro y garantizar que las células y tejidos se mantienen en las condiciones especificadas. Todos los contenedores y recipientes de envasado deben estar validados para el objetivo que se persigue. 3.º Cuando la distribución la lleva a cabo un tercero debe haber un documento acordado de contrato que asegure que las condiciones de transporte requeridas se mantienen. 4.º Debe designarse el personal que, dentro del establecimiento de tejidos, está a cargo de la retirada, de indicar los motivos y la necesidad de retirar los productos y de iniciar y coordinar las actividades necesarias para ello. 5.º Debe haber un procedimiento documentado que fije el sistema para efectuar las retiradas, y que debe incluir una clara adscripción de responsabilidades y acciones que se deben iniciar. Se debe incluir la modificación correspondiente según el anexo VII. 6.º Las acciones deber ser emprendidas en tiempos predefinidos y deben incluir el rastreo y seguimiento de todos los tejidos o células que pueden estar implicados, con el objetivo de localizar a cualquier donante que pudiera haber contribuido a provocar una reacción adversa o efecto indeseado y retirar todos aquellos tejidos y células que hayan sido obtenidos de ese donante, así como notificarlo a los consignatarios y receptores de las células y tejidos de ese donante que puedan estar en riesgo. 7.º Debe haber procedimientos documentados para el manejo de las solicitudes de células y tejidos. Las reglas de distribución a los pacientes o los organismos o centros de implante deben estar documentadas y estar accesibles para los implicados en caso de requerirlo. 8.º Debe haber un sistema documentado para el manejo de los tejidos o células devueltos al establecimiento de tejidos, incluyendo los criterios de aceptación del inventario si ello es aplicable. d) En cuanto al etiquetado: 1.º El establecimiento de tejidos debe disponer de un sistema de etiquetado que garantice que las etiquetas o los documentos cumplen con los siguientes requisitos de información: i) El etiquetado del contenedor primario de las células/tejidos debe mostrar: 1) El número de identificación o código del tejido/célula, el tipo de células o tejidos y el lote cuando esto último proceda. 2) La identificación del establecimiento de tejidos. 3) La fecha de caducidad. 4) En el caso de que sea para uso autólogo, esto debe ir especificado: «para uso autólogo». Además, se mostrará el código de identificación del donante/receptor. 5) En el caso de donaciones dirigidas, se identificará el receptor. 6) Cuando se conozca que las células/tejidos son positivos para algún marcador de enfermedad infecciosa, deberán ir identificados como muestras de riesgo: «riesgo biológico». Si, por razones de espacio, no es posible incluir la información referida en los puntos 4) y 5), ésta deberá ser facilitada en un documento añadido al contenedor primario. Dicho documento deberá ir embalado junto al contenedor primario de forma que se asegure que permanecen juntos. ii) La información que se detalla a continuación puede figurar en la etiqueta o bien en un documento adjunto: 1) Descripción, definición y, si fuera relevante, las dimensiones del tejido o producto celular. 2) Morfología y datos funcionales cuando sea relevante. 3) Fecha de distribución de las células/tejidos. 3) Determinaciones biológicas que se han llevado a cabo en el donante y sus resultados. 4) Recomendaciones de almacenamiento. 5) Instrucciones para la apertura del contenedor, para el embalaje y para cualquier manipulación o reconstitución. 6) Fechas de caducidad después de la apertura o manipulación del contenedor. 7) Instrucciones para la comunicación de efectos o reacciones adversas. 8) Presencia de residuos potencialmente peligrosos (antibióticos, óxido de etileno, etc.). iii) Etiquetado externo para el contenedor de envío o transporte. Para el envío, el contenedor primario debe ir incluido en un contenedor de transporte adecuadamente etiquetado. Esta etiqueta contendrá, al menos, la siguiente información: 1) Identificación del establecimiento de tejidos de origen, incluyendo la dirección, el teléfono y la persona de contacto. 2) Identificación del centro de implante de tejidos o establecimiento de tejidos de destino, incluyendo la dirección, el teléfono y la persona de contacto. 3) La constatación de que el paquete contiene tejidos o células humanas y que debe ser manejado con cuidado. 4) Si se envían células vivas y el mantenimiento de la viabilidad es básico para el éxito del injerto, como es el caso de los progenitores hematopoyéticos, células precursoras, gametos o células embrionarias, debe añadirse en un lugar bien visible el anuncio de: «NO IRRADIAR». 5) Recomendaciones para las condiciones de transporte (posición, temperatura etc). 6) Instrucciones de seguridad. 7) Métodos de congelación o descongelación o cualquier otra manipulación necesaria cuando ello sea de aplicación. 4. Los requisitos específicos para optar a la autorización como centros, o unidades de implantación de tejidos humanos, según la actividad a desarrollar, son: a) Actividades de implantación de progenitores hematopoyéticos, incluyéndose en ellos el implante de precursores hematopoyéticos procedentes de médula ósea, sangre periférica, cordón umbilical u otros. 1.º Se establecen como requisitos mínimos específicos comunes de los centros para obtener la autorización para los tres tipos de trasplante mencionados, los siguientes: 1) Disponer de personal facultativo especializado con experiencia acreditada en el trasplante de médula ósea. 2) Garantizar la disponibilidad de un médico con experiencia probada en el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del trasplante de médula ósea. 3) Disponer de personal de enfermería con formación en este tipo de cuidados. 4) Estar dotado de una Unidad de Cuidados Intensivos, de un Servicio de Diagnóstico por Imagen con disponibilidad de técnicas adecuadas y de laboratorios generales adecuados. 5) Disponer de un área de aislamiento antiinfeccioso adecuado. 6) Contar con un Servicio o Unidad de Hematología-Hemoterapia o Banco de Sangre, que será responsable del soporte hemoterápico adecuado, de la citoaféresis mecanizada y de la obtención, criopreservación y almacenamiento de los progenitores hematopoyéticos. 7) Disponer de un Servicio o Unidad de Farmacia y/o Nutrición capacitado para la elaboración de soluciones para nutrición entérica o parenteral ajustada a la situación de los pacientes. 8) Estar dotado de un Laboratorio de Anatomía Patológica que disponga de los medios técnicos y humanos necesarios para el diagnóstico de las complicaciones asociadas al trasplante y poder realizar los posibles estudios post-mórtem. 9) Disponer de un Laboratorio de Microbiología donde se puedan efectuar los controles de las complicaciones infecciosas que presenten los pacientes. 2.º Dentro de este grupo de actividades y en función de los distintos tipos de trasplante para los que se solicite autorización, los centros tendrán que cumplir, además de todos los requisitos precedentes, los siguientes: 1) La autorización de los centros para realizar trasplantes alogénicos quedará condicionada a un número mínimo de procedimientos anuales que será determinado por la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 2) Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes familiares, el centro debe cumplir, además de los requisitos específicos comunes y los previstos en el apartado anterior, los siguientes: i) Disponer de un laboratorio de histocompatibilidad, propio o concertado, con capacidad de determinar el polimorfismo del complejo principal de histocompatibilidad (MHC, HLA) para los loci A, B, C, DR y DQ en baja o alta resolución. ii) Disponer de un área de aislamiento que como mínimo aplique un sistema de aislamiento invertido. 3) Para la realización de implantes alogénicos a partir de donantes no emparentados el centro, además de los anteriores requisitos (autoimplantes e implante de médula ósea a partir de donantes familiares) deberá garantizar la disponibilidad de un Laboratorio de Histocompatibilidad con capacidad de determinar los loci A, B, C, DRB1 y DQ por DNA de alta resolución. b) Actividades de implante de tejidos osteo-tendinosos: disponer de una Unidad Quirúrgica especializada con al menos un especialista con experiencia demostrada en dichos trasplantes. c) Actividades de implante de piel: disponer de una Unidad Quirúrgica especializada con al menos un especialista con experiencia demostrada en trasplante de piel. d) Actividades de implante de válvulas cardíacas: disponer de una Unidad de Cirugía especializada, con amplia y reconocida experiencia en intervenciones con circulación extracorpórea, así como de, al menos, un profesional con experiencia demostrada en la implantación de válvulas. e) Actividades de implantes de segmentos vasculares: disponer de una Unidad de Cirugía con al menos un especialista con experiencia en dichos trasplantes. f) Actividades de implante de tejido ocular, incluyendo córneas, limbocorneal, esclera y otros tejidos oculares: disponer de una Unidad de Cirugía especializada con al menos un especialista con experiencia en dichos trasplantes. g) Implantes de grupos celulares: disponer de la unidad y equipamientos necesarios para llevar a cabo los implantes específicos de que se trate. ANEXO II Requerimientos clínicos para la evaluación de los donantes de células y tejidos 1. Donantes fallecidos. 1.1 Criterios generales de exclusión: Con carácter general, los posibles donantes que cumplan alguno de los criterios que se mencionen a continuación no se considerarán donantes válidos: a) Causa de muerte desconocida, excepto en los casos en que se pueda realizar una autopsia y que ésta demuestre que no se encuentra en el cadáver ningún motivo de exclusión. b) Historia de enfermedad no filiada. c) Ingesta o exposición a algún tóxico que pueda ser transmitido, a dosis tóxicas, al receptor a través de los tejidos o células (cianuro, plomo, mercurio, oro, etc.). d) Presencia o historia de enfermedad maligna, excepto el carcinoma primario basocelular, el carcinoma in situ de cervix uterino y algunos de los tumores primarios del sistema nervioso central en los que la evidencia científica nos dice que el riesgo de transmisión es aceptable desde el punto de vista de la seguridad y calidad. Los donantes con enfermedades malignas pueden ser aceptados como donantes de córnea, excepto en los casos de retinoblastoma, neoplasias hematológicas y otros tumores malignos que puedan afectar al polo anterior del ojo. e) Riesgo de presentar enfermedades causadas por priones. Este riesgo incluye los siguientes ejemplos: 1.º Diagnóstico de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica o variante de enfermedad de Creutzfeld‑Jakob o historia familiar de enfermedad de Creutzfeld-Jakob no iatrogénica. 2.º Historia de demencia rápidamente progresiva o enfermedad neurológica degenerativa de origen desconocido. 3.º Tratamiento previo con hormonas derivadas de la hipófisis (i.e. hormona del crecimiento). Receptores de duramadre, córnea o esclera. Personas sometidas a intervención quirúrgica no documentada donde pueda haberse utilizado duramadre. f) Infección activa y no controlada en el momento de la donación, incluyendo infección bacteriana e infección sistémica viral parasitaria o fúngica, o infección localizada en los tejidos a utilizar. Los potenciales donantes con sepsis bacteriana pueden ser evaluados y considerados para la extracción de córneas si éstas se van a almacenar en cultivos que permitan la detección de contaminación bacteriana. g) Historia, existencia de factores de riesgo de transmisión, evidencia clínica o tests de laboratorio positivos para HIV, hepatitis B, hepatitis C y HTLV I y II. h) Historia de enfermedad autoinmune crónica que pueda haber dañado los tejidos a utilizar. i) Presencia de otros factores de riesgo para trasmitir enfermedades, teniendo en cuenta la historia de viajes y la prevalencia local de enfermedades infecciosas. j) Riesgo de que los tests biológicos puedan quedar invalidados: 1.º Por existencia de hemodilución (ver anexo III). 2.º Por tratamiento con inmunosupresores. k) Presencia de signos físicos que puedan suponer un riesgo de transmisión de enfermedad. l) Historia reciente de vacunación con virus atenuados, que puede constituir una fuente de contagio. m) Receptores de xenotrasplante. 1.2 Criterios de exclusión específicos para la edad pediátrica: Además de lo especificado en el punto anterior, que es igualmente aplicable a los donantes de edad pediátrica, cualquier niño nacido de madre portadora o enferma de VIH o que pueda incluirse dentro de los apartados del punto anterior debe ser excluido, salvo que se pueda demostrar que no existe riesgo de transmisión: a) Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepatitis B o C o que tengan factores de riesgo para estas enfermedades, que hayan recibido lactancia materna en los 12 meses previos deben descartarse independientemente de los tests serológicos. b) Los donantes menores de 18 meses nacidos de madres con marcadores positivos de VIH, hepatitis B o C que no han recibido lactancia materna en los 12 meses previos y que no presenten evidencia clínica ni historia compatible con haber estado infectados, cuyos tests serológicos sean negativos para VIH, hepatitis B o C pueden ser aceptados como donantes. 1.3 Examen físico externo.–Se debe realizar una exploración física detallada del cadáver para detectar si hay signos que puedan indicar que existe un riesgo de transmisión de enfermedad: tumores (i.e. melanoma), infecciones (i.e. úlceras genitales o condilomas anales), factores de riesgo de transmisión de enfermedad infecciosa (signos de venopunción, tatuajes o piercings no filiados). 2. Donante vivo. 2.1 Donante vivo autólogo: El médico responsable del procedimiento terapéutico debe determinar, sobre la base de la historia clínica, la indicación terapéutica y la documentación disponible, la justificación para la donación y los criterios de seguridad. Si las células o tejidos obtenidos van a ser almacenados, cultivados o sometidos a algún proceso de transformación «ex vivo» se realizarán los mismos tests biológicos que los requeridos para los donantes alogénicos. Los resultados positivos de cualquiera de los tests no impedirán el reimplante de las células, los tejidos o los productos derivados. Ambos, paciente o su representante legal y el médico responsable, deben firmar el documento de donación con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el artículo 7. En dicho documento, el paciente deberá reconocer que la información que ha facilitado se ajusta a lo cierto dentro de su margen de conocimiento. 2.2 Donante vivo alogénico: El donante se seleccionará sobre la base del conocimiento de su historia clínica y la entrevista personal realizada por el profesional médico responsable. Esta evaluación incluirá aquellos puntos que resulten relevantes en la identificación y selección de posibles donantes cuya donación pudiera representar un riesgo para la salud de terceros, como la posibilidad de la transmisión de enfermedades, o para su propia salud. En el caso de la donación de sangre de cordón umbilical o membrana amniótica, no deberá haber interferencia ni compromiso con el cuidado y la seguridad de la madre o el recién nacido. Los criterios de selección de donantes vivos de tejidos o células para uso alógenico se establecerán y documentarán en el establecimiento de tejidos que los vaya a recibir, o en la unidad de trasplante, cuando se trate de una referencia directa de las células o tejidos del centro de obtención al de implante. Estos criterios incluirán los específicos de cada tejido o grupo celular más los que hagan referencia al estado general del donante, su historia clínica y de hábitos sociales, y los resultados de los tests de exploración clínica y de laboratorio designados para verificar el estado de salud del donante. Se seguirán los mismos criterios generales de exclusión que se han especificado para los donantes fallecidos. En casos seleccionados de trasplantes de progenitores hematopoyéticos se podrán admitir donantes con marcadores virales B y C positivos. En los casos de donación de gametos dentro de la pareja se seguirán los criterios especificados al efecto (según el anexo IV). Dependiendo del tejido o grupo celular se añadirán otros criterios de exclusión: a) Embarazo: Excepto para la donación de progenitores hematopoyéticos y membrana amniótica. b) Lactancia materna. c) La posibilidad de transmitir enfermedades hereditarias en el caso de progenitores hematopoyéticos y gametos. Ambos, el donante o su representante legal y el médico responsable, deben firmar el documento de donación con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a lo establecido en el artículo 7. En dicho documento, el donante deberá reconocer que la información que ha facilitado se ajusta a lo cierto dentro de su margen de conocimiento. ANEXO III Tests de laboratorio requeridos en la evaluación de los donantes (excepto los donantes de células reproductoras) 1. Tests biológicos requeridos para los donantes. 1.1 Los siguientes tests se requerirán, como mínimo, en todos los casos de donación de células y tejidos: HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2. Hepatitis B: HBs Ag. Anti. Hbc. Hepatitis C: Anticuerpos AntiHVC (en casos de progenitores hematopoyéticos se requerirá además PCR). Sífilis: Ver 1.4. 1.2 Los tests de anticuerpos Anti HTLV I y II se deberán realizar en aquellos donantes que viven o que vienen de zonas con una elevada incidencia de la enfermedad. También se realizarán en los donantes que sean parejas sexuales o hijos de personas que viven o vienen de zonas con elevada incidencia de la enfermedad. 1.3 Cuando el test de anticuerpos Anti HB-C sea positivo y el HBsAg negativo, será necesario realizar pruebas adicionales para determinar si los tejidos y/o células pueden ser utilizados o deben ser descartados. 1.4 En algunas circunstancias se realizarán tests adicionales dependiendo de la historia del donante o las características de las células o tejido a utilizar (CMV, T. cruzi, toxoplasma, malaria, Dengue, VEB, HLA, RhD). 1.5 Se aplicará un algoritmo diagnóstico para excluir la presencia de infección activa por Treponema Pallidum: a) Test no reactivo, específico o no: permite la utilización de tejidos o células. b) Test no específico reactivo: se debe realizar un test específico que, caso de ser no reactivo, permitirá la utilización de tejidos o células. c) Test específico reactivo: se requiere una evaluación específica del riesgo para determinar el uso o no de las células y/o tejidos. 1.6 Para los donantes autólogos se tendrá en cuenta lo especificado en el anexo II punto 2.2.1. 2. Requerimientos generales de los tests biológicos. 2.1 Los tests se realizarán en laboratorios cualificados y autorizados por las autoridades competentes de la correspondiente comunidad autónoma. Se utilizarán kits con marcado CE, cuando estén disponibles en el mercado. El tipo de test utilizado deberá ser validado para el objetivo que persigue, de acuerdo al conocimiento científico y siguiendo las instrucciones del fabricante. 2.2 Los tests biológicos se realizarán en suero o plasma del donante. No deben realizarse en otros fluidos, como el humor vítreo o acuoso, salvo que esté específicamente justificado. 2.3 Cuando los donantes fallecidos han recibido transfusiones de sangre o componentes sanguíneos y/o coloides en las 48 horas precedentes al fallecimiento o cristaloides en la hora precedente al fallecimiento debe aplicarse el algoritmo del cálculo de la hemodilución. Los establecimientos de tejidos podrán aceptar tejidos o células de donantes con tasas de hemodilución superiores al 50%, solo si los test de laboratorio están validados para muestras hemodiluidas o se encuentra alguna muestra de plasma o suero extraídas previamente a las transfusiones/infusiones. a) Muestras de sangre «pre mórtem»: si se han infundido componentes sanguíneos, sangre o coloides en las 48 horas precedentes a la toma de muestras o cristaloides en la hora precedente. b) Muestras de sangre «post mórtem»: si se han infundido componentes sanguíneos, sangre o coloides en las 48 horas precedentes al fallecimiento o cristaloides en la hora precedente al fallecimiento. 2.4 En el caso de donantes fallecidos, las muestras de sangre deben obtenerse antes del fallecimiento. De no ser así, las muestras se obtendrán lo antes posible, y, en todo caso, antes de transcurridas 24 horas desde el fallecimiento. 2.5 Otros supuestos: a) En el caso de donantes vivos (excepto para células progenitoras de médula ósea y células progenitoras de sangre periférica, por razones de índole práctica), las muestras de sangre para serología se deben obtener en el momento de la donación o dentro del margen de los 7 días siguientes a la donación (del 0 al +7). b) Cuando las células y/o tejidos se vayan a almacenar durante largos periodos, se requerirá una segunda determinación a los 180 días. En estos casos la «muestra de donación» se podrá tomar en el intervalo que transcurre entre los 7 días previos y los 30 días posteriores a la donación (del −7 al + 30). c) Cuando las células y/o tejidos de un donante alogénico no se vayan a almacenar durante largos periodos y no se pueda proceder a la segunda determinación, se aplicará el punto a). 2.6 Si se aplican técnicas de amplificación de DNA para la determinación de la presencia de HIV, HBV y HLV, no se requerirá una segunda determinación. Tampoco será necesaria si durante la fase de procesamiento del tejido y/o grupo celular se incluye algún proceso validado de inactivación viral. 2.7 En el caso de donantes alogénicos de progenitores hematopoyéticos las muestras de sangre serán analizadas dentro del margen de 30 días pre extracción. 2.8 En el caso de progenitores hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical se analizarán la sangre de la madre y la sangre del cordón. 2.9 En el caso de donantes neonatos, la muestra se obtendrá de la madre para evitar procedimientos médicos innecesarios para el niño. ANEXO IV Selección y evaluación del donante de células reproductoras 1. Donación entre miembros de la pareja para su uso directo. Los criterios de evaluación clínica o de laboratorio no se aplicarán a los casos de donación de células reproductoras entre miembros de una pareja para su uso directo. 2. Donación entre miembros de la pareja para su uso diferido. Cuando las células reproductoras vayan a ser almacenadas o procesadas, se deberán cumplir los siguientes criterios: 2.1 El facultativo responsable del proceso de donación de gametos debe determinar y documentar, sobre la base de la historia clínica y la indicación terapéutica, la justificación para la obtención y los criterios de seguridad para la madre y los hijos que pudieran resultar del proceso. 2.2 Se realizarán los siguientes tests serológicos para evaluar el riesgo de contaminación cruzada: HIV 1 y 2: Anticuerpos Anti HIV-1, 2. Hepatitis B: Antígeno HBs / Anticuerpos anti HBC. Hepatitis C: Anticuerpos Anti VHC. Cuando los resultados de los tests para HIV 1 y 2 o de la Hepatitis B o C sean positivos o no estén disponibles, o cuando se sabe que el donante tiene algún factor de riesgo de transmisión de estas infecciones, se debe programar un sistema de almacenamiento aislado. 2.3 Los tests de determinación de anticuerpos anti HTLV I y II se realizarán en donantes que viven o vienen de áreas con una elevada incidencia de enfermedad o cuyas parejas sexuales o progenitores vengan o vivan en áreas de elevada incidencia de enfermedad. 2.4 En algunas circunstancias se requerirán tests adicionales (malaria, toxoplasma, Tripanosoma cruzi, dengue, CMV, VEB, RhD) dependiendo de la existencia de viajes, o exposición a riesgo de contagio, o de las características de las células obtenidas. 2.5 El hecho de que los tests sean positivos no impide necesariamente que se puedan utilizar las células obtenidas, o los productos derivados, en casos de donación entre personas de la misma pareja, siempre de acuerdo a la normativa vigente. 2.6 Cuando el test de HIV 1 y 2 o de la hepatitis B o C sean positivos o no se disponga de los resultados, o cuando el donante presente algún criterio de riesgo de infección, se utilizará un sistema de almacenamiento aislado. 3. Donaciones fuera de la pareja. El uso de células reproductoras de donantes diferentes a la pareja habitual deberá cumplir los siguientes criterios: a) Los donantes se seleccionarán sobre la base de su historia clínica, que debe hacer el facultativo responsable. Esta evaluación incluirá cualquier factor que pueda resultar relevante en la identificación y selección de aquellas personas cuya donación pueda representar un riesgo para la salud de terceros, como la posibilidad de transmitir una enfermedad, o para sí mismos (i.e. inducción y/o estimulación de la ovulación, sedación, riesgos asociados a la extracción de óvulos o consecuencias de índole psicológica). b) Los donantes deben tener marcadores serológicos negativos para HIV 1 y 2, HVC y HVB y sífilis. Los donantes de esperma deben tener, además, marcadores negativos para chlamidia en una muestra de orina y por determinación mediante PCR. c) Se realizarán tests de determinación de anticuerpos anti HTLV I y II en aquellos donantes que viven o provienen de zonas con elevada incidencia de enfermedad o cuyas parejas sexuales o progenitores viven o provienen de áreas con elevada incidencia de la enfermedad. d) En algunas circunstancias se requerirán tests adicionales dependiendo de la historia clínica del donante o de las características de las células o tejidos (i.e. malaria -CMV-Tripanosoma cruzi, RhD). e) En el caso de donaciones autólogas se aplicará lo establecido en el anexo II punto 2.1. f) Se llevará a cabo una evaluación de la carga genética en relación a la existencia de genes autonómicos recesivos de acuerdo al conocimiento científico y a la prevalencia conocida en la etnia del donante. g) Se llevará a cabo una evaluación del riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias conocidas y presentes en la familia. Se informará a los implicados de los resultados obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia del información y documentación clínica y la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Esta información deberá ser lo más completa posible en relación a los riesgos asociados y a las medidas adoptadas o que se puedan adoptar, y debe ser transmitida y explicada claramente al receptor. h) Requerimientos básicos para la realización de tests biológicos. Los test biológicos se realizarán de acuerdo con lo especificado en el punto 3.2 del anexo III: 1.º Las muestras de sangre se obtendrán en el momento de la donación. 2.º Las muestras de esperma se mantendrán en cuarentena, al menos, 180 días, tras lo cual se repetirán los tests biológicos. Esta segunda evaluación se podrá evitar si la primera determinación se hizo mediante test de amplificación de ácidos nucleicos. Igualmente, se podrá evitar la segunda determinación de tests biológicos si en el proceso de transformación o manejo posterior las células van a sufrir un proceso validado de inactivación viral. ANEXO V Procedimientos de donación, extracción de células y tejidos y su recepción en el establecimiento de tejidos 1. Donación y extracción. 1.1 Consentimiento e identificación del donante.–Antes de proceder a la extracción de las células y tejidos, el responsable del procedimiento o persona autorizada para ello, debe confirmar y registrar: a) Que el consentimiento para la extracción se ha obtenido conforme a lo establecido en la legislación vigente. b) Cómo se ha realizado la identificación del donante. c) Que, en el caso de donaciones de vivo, el donante ha entendido la información facilitada, ha tenido la oportunidad de preguntar sus dudas y ha obtenido respuestas satisfactorias y que ha confirmado que la información que ha facilitado, con respecto a su historial clínico, es cierta hasta donde llega su conocimiento. 1.2 Evaluación del donante. 1.2.1 El responsable del procedimiento de extracción o persona autorizada para ello debe recoger y registrar toda la información clínica y social del donante que resulte relevante para la evaluación tal y como se describe en el apartado 1.4 de este anexo (documentación del donante). 1.2.2 En el caso de los donantes vivos se llevará a cabo una entrevista personal durante la cual se completará un cuestionario estructurado. En el caso de los donantes fallecidos el cuestionario se rellenará con la ayuda de: a) La familia o los allegados (anamnesis social y de hábitos). b) El médico que le ha tratado. c) Su médico de cabecera (si procede). d) El historial médico / los resultados de la autopsia. 1.2.3 Se llevará a cabo una exploración física del donante para detectar aquellos signos o marcas que puedan ser sospechosos de transmisión de enfermedad o resulten complementarios a la información de la historia clínica y que puedan obligar a evaluaciones adicionales antes de aceptar el donante: tumores (melanomas), infecciones (úlceras genitales o condilomas anales), factores de riesgo para padecer enfermedades transmisibles (venopunciones), traumatismos o cicatrices de operaciones recientes o antiguas. 1.3 Extracción de células y tejidos. 1.3.1 Los procedimientos de extracción serán los adecuados para el tipo de donante y el tipo de células o tejidos que se van a obtener, así como para garantizar la protección del donante. 1.3.2 Los procedimientos utilizados deberán garantizar que se protegen las propiedades de estas células o tejidos que se requieren para su uso clínico, y que minimizan los riesgos de contaminación microbiológica, especialmente si las células o tejidos no van a ser objeto de tratamiento de esterilización subsiguiente. 1.3.3 En el caso de donantes fallecidos, se debe registrar el lugar de la extracción (o se debe describir en el informe de extracción) que deberá ser un área restringida. El equipo médico que vaya a realizar la extracción deberá adoptar las medidas preventivas de contaminación más adecuadas en cada caso. En general, ello debe incluir el lavado de las superficies de trabajo con soluciones antisépticas, la preparación de un campo estéril, realizar un lavado quirúrgico de manos y utilizar guantes y batas estériles, así como mascarilla y gorro. 1.3.4 En el caso de las extracciones de donantes fallecidos se debe registrar la hora del fallecimiento y la de la extracción, registrándose el intervalo y asegurándose que no se exceden los límites que garantizan que se preservarán las características y propiedades biológicas de las células y tejidos. 1.3.5 Una vez se hayan extraído los tejidos o grupos celulares de un donante fallecido, se llevará a cabo una reconstrucción de las zonas afectadas, de manera que se acerque lo más posible a su apariencia anatómica previa. 1.3.6 Cualquier suceso que ocurra durante el procedimiento de extracción y que pueda resultar o haya resultado perjudicial para el donante, así como cualquier investigación adicional derivada de estos hechos para determinar su causa, debe ser adecuadamente recogida y evaluada. 1.3.7 Deberá haber guías de procedimiento estandarizado disponibles para minimizar el riesgo de contaminación por parte de miembros del staff que pudieran estar infectados con enfermedades transmisibles. 1.3.8 Para la extracción de células y tejidos se utilizaran instrumentos y sistemas estériles de alta calidad, validados y/o específicamente certificados y mantenidos regularmente para el uso al que están destinados. 1.3.9 Cuando se utilice instrumental de múltiple uso, deberá haber procedimientos estandarizados validados disponibles para la limpieza y esterilización de dicho material. 1.3.10 Siempre que sea posible se utilizarán materiales con certificación UE y se entrenará adecuadamente al staff implicado para el manejo de dicho instrumental. 1.4 Documentación del donante. 1.4.1 Para cada donante deberá prepararse un fichero que contenga: a) Identificación del donante (nombre, apellidos y fecha de nacimiento con su equivalente identificativo). b) En el caso de donaciones de neonatos o sangre de cordón o cualquier otro tejido o grupo celular obtenido en el momento del parto, se registrarán el nombre y fecha de nacimiento de la madre, la fecha de nacimiento del donante y su nombre si se conoce. c) Sexo, edad, historial médico y social. d) Resumen de la exploración física. e) Fórmula del cálculo de hemodilución (si procede). f) Documento de consentimiento para la obtención. g) Datos clínicos, resultados de los tests de laboratorio y cualquier otra determinación o pruebas realizadas. h) Resultado del informe si se ha procedido a un examen necrópsico. i) En el caso de los progenitores hematopoyéticos se registrará la documentación relativa a la idoneidad del donante para un determinado receptor. 1.4.2 El equipo de extracción elaborará un informe del procedimiento de extracción del cual se enviará una copia al establecimiento de procesamiento de tejidos. En este informe se recogerá, al menos, la siguiente información: a) Identificación, nombre y dirección del establecimiento de destino que va a recibir el grupo celular y/o tejidos extraídos. b) Identificación del donante, incluyendo cómo se ha llevado a cabo la identificación y quién lo hizo. c) Causa, fecha y hora de la muerte (en donante fallecido). d) Descripción e identificación de los tejidos y células extraídos y de las muestras obtenidas para la evaluación. e) Identificación del responsable del grupo de extracción y firma del mismo. f) Fecha y hora (de comienzo y finalización), lugar de la extracción y procedimiento utilizado (POE, si procede). Descripción del área y las condiciones en que se realizó la extracción (si procede). g) Incidentes ocurridos durante la extracción. h) En el caso de donantes fallecidos, información sobre los métodos y condiciones de la conservación del cadáver: si ha estado refrigerado o no, temperatura, tiempo, comienzo y fin de la refrigeración. i) Reactivos y soluciones de conservación utilizadas (Identificación de lotes). j) En el caso de donantes de esperma la información mínima a consignar será: 1.º Nombre del establecimiento de tejidos de destino. 2.º Datos de identificación del donante. 3.º Fecha y hora de la obtención. k) La información relativa al donante deberá ser archivada y protegida contra modificaciones no autorizadas, custodiada de forma apropiada y accesible para la autoridad competente, al menos hasta 30 años después del uso clínico o caducidad de las células o tejidos obtenidos. 1.5 Empaquetado. 1.5.1 Tras la extracción todas las células y tejidos serán empaquetados de forma que se minimicen los riesgos de contaminación y se asegure la temperatura requerida para preservar las características y propiedades biológicas y funcionales de las células y tejidos. Asimismo, el empaquetado debe impedir la contaminación de quienes lo llevan a cabo y quienes transportan los tejidos y las células. 1.5.2 Las células y tejidos empaquetados deberán ser transportados en contenedores adecuados para el transporte de material biológico y que mantenga su calidad y seguridad. 1.5.3 Las muestras de tejido o sangre que acompañen a las obtenidas para uso último con el fin de servir para ulteriores tests o determinaciones analíticas, deberán ir adecuadamente etiquetadas. En estas etiquetas debe figurar la identificación del donante y la información relativa al lugar y el momento en que se recogió el espécimen. 1.6 Etiquetado de los tejidos o células extraídos. 1.6.1 En los contenedores internos de células y/o tejidos para uso humano debe figurar una etiqueta que contenga, al menos, la siguiente información: a) Código de identificación del donante. b) Tipo de célula y/o tejido. 1.6.2 En el caso de que el contenedor lo permita, en virtud de sus dimensiones, deberá figurar además: a) Fecha y hora de la obtención. b) Precauciones (si procede). c) Aditivos utilizados (si procede). d) En caso de donaciones directas debe identificarse el receptor. e) En caso de donaciones autólogas deberá figurar: «Sólo para uso autólogo». 1.7 Etiquetado del contenedor externo de transporte.–En el contenedor de transporte de las células y/o tejidos debe figurar una etiqueta donde se especifique la siguiente información: a) «Muestra biológica de células/tejidos-Manejar con cuidado». b) Identificación del establecimiento de tejidos de origen del tejido y/o grupo celular, incluyendo la dirección y el teléfono y la persona de contacto para cualquier contingencia. c) Identificación del establecimiento de tejidos de destino, incluyendo la dirección y el teléfono, así como la persona de contacto a quien hay que entregar el contenedor. d) Fecha y hora de inicio del transporte. e) Especificaciones para mantener las características biológicas de las células o tejidos durante el transporte (si procede). f) Especificaciones de almacenamiento si procede (i.e. NO CONGELAR). g) En caso de que los tejidos o células puedan verse afectados por los rayos X debe figurar claramente «NO IRRADIAR». h) En casos de productos que se conoce que son potencialmente contaminantes o de los que se desconocen los resultados de los tests serológicos debe especificarse: «RIESGO DE CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA». i) En el caso de donaciones autólogas debe figurar claramente «Para uso autólogo exclusivamente». 2. Recepción del tejido y/o grupo celular en el establecimiento de tejidos. 2.1 Condiciones generales.–Cuando el tejido y/o grupo celular extraído llegue al establecimiento de tejidos, se llevará a cabo un procedimiento documentado de verificación de que el envío recibido cumple con todos los requisitos exigidos, tanto en este real decreto-ley como en las especificaciones del propio establecimiento de tejidos, en relación a las condiciones de transporte, de empaquetado y de etiquetado, y en relación a las muestras para ulteriores controles e información y documentación que deben acompañar a los tejidos y/o células. El establecimiento de tejidos debe asegurar que los tejidos y/o células recibidos permanecen en cuarentena hasta que ellos mismos y toda la documentación acompañante haya sido objeto de los análisis, controles, inspecciones o verificaciones requeridos en este real decreto-ley y en las especificaciones del propio establecimiento. La revisión de la documentación, así como la consiguiente decisión sobre su aceptación, debe ser hecha por la persona autorizada o designada en el establecimiento de tejidos. Cada establecimiento de tejidos debe tener un procedimiento documentado para asegurar que los envíos de tejidos y/o células recibidos que no cumplen con los requisitos establecidos, o cuya documentación está incompleta o que están a la espera de completar los resultados de la evaluación del donante, se almacenan de forma que no haya riesgo de contaminación para otros tejidos y/o células preservados, almacenados o procesados en el mismo establecimiento. 2.2 Registro de datos.–Los datos que se deben registrar en el establecimiento de tejidos (excepto en el caso de la donación de células reproductoras entre miembros de la pareja) serán, al menos, los siguientes: a) Consentimiento o autorización para la extracción, donde se consigne el propósito de utilización (uso terapéutico o investigación o ambos) y cualquier instrucción específica para su destrucción cuando no se utilicen para el propósito con el que se obtuvieron. b) Los relativos a la identificación del donante y sus características, incluyendo el tipo de donante y la causa de muerte, si procede, tal y como se ha descrito en la sección: «Documentación». c) Los relativos a la historia clínica del donante y al procedimiento de extracción, tal y como se ha reseñado en el anexo correspondiente. d) Los relativos a la exploración física del donante, los resultados de los tests de laboratorio o de cualquier otra prueba practicada al donante, incluyendo los de la necropsia en caso de haberse realizado. e) El informe completo de evaluación del donante firmado por el responsable del proceso de evaluación y selección o persona autorizada. f) Los relativos al procedimiento de extracción, tal y como se recoge en el anexo correspondiente, incluyendo el lugar de la extracción y la persona responsable. g) Los tejidos y/o células que se reciben y sus características. h) En caso de tejido autólogo, es necesario especificar además: 1.º Las características de la lesión o proceso patológico que se va a tratar. 2.º Alergias medicamentosas o a productos que puedan ser utilizados en la conservación y procesamiento. 2.2.1 En el caso de cultivos celulares para uso autólogo se consignará además la información sobre posibles alergias del receptor (i.e. antibióticos). 2.2.2 En el caso de las donaciones de células reproductoras fuera de la pareja habitual, se consignarán además los siguientes datos relativos a los donantes: talla, peso, raza, color de piel (pálido, moreno), color de ojos (marrón, verde, ámbar, azul, negro), color de pelo (rubio, castaño claro, castaño oscuro, pelirrojo, negro), textura de pelo (liso, ondulado, rizado), grupo sanguíneo y Rh. 2.2.3 En el caso de células reproductoras que van a ser utilizadas en el seno de la pareja habitual, los datos que se consignarán son: a) Consentimiento/autorización para la extracción, donde se consigne el propósito de utilización (uso terapéutico/investigación o ambos) y cualquier instrucción específica para su destrucción cuando no se utilicen para el propósito con el que se obtuvieron. b) Datos de identificación del donante: tipo de donante, edad, sexo, presencia de factores de riesgo y causa de la muerte en caso de donantes fallecidos. c) Datos de identificación de la pareja: edad, sexo y presencia de factores de riesgo. d) Lugar de la obtención del grupo celular. e) Células o tejidos obtenidos y sus características más relevantes. 3. Requerimientos para la distribución directa al centro de implante de tejidos y/o células específicos. Excepcionalmente la unidad de Coordinación Autonómica de Trasplantes y/o la Organización Nacional de Trasplantes podrá autorizar el envío directo de algunas células o tejidos específicos desde el centro donde se realiza la extracción al centro de implante para su uso inmediato. (i.e. células progenitoras hematopoyéticas, córneas, etc.). En todo caso se exigirán los requisitos especificados en estos anexos en cuanto a la identificación, extracción, empaquetado, envío, preservación y etiquetado. ANEXO VI Información mínima exigida en el sistema de trazabilidad de origen a destino de las células y tejidos humanos obtenidos para su aplicación en humanos 1. Información que debe guardar y custodiar el establecimiento de tejidos: a) Identificación del centro, unidad u organismo de obtención autorizado. b) Número identificativo único de donación. c) Fecha de obtención. d) Lugar de obtención. e) Tipo de donación/obtención: 1.º Fallecido –Vivo. 2.º Multitejido –Tejido/grupo celular único. 3.º Alogénico –Autólogo. f) Identificación del establecimiento de tejidos. g) Tipo de tejido o grupo celular. h) Número de lote, si procede. i) Número de subpartición, si procede. j) Fecha de caducidad. k) Estatus del tejido/grupo celular: 1.º Disponible. 2.º Descartado. 3.º Cuarentena. l) Descripción del producto células o tejido: origen, fases de procesamiento o transformación aplicadas, materiales y aditivos que han estado o están en contacto con las células o tejidos y que pueden afectar a su calidad y/o seguridad o cuya presencia debe tenerse en cuenta por razones de seguridad para las personas en las que se apliquen (ie. presencia de antibióticos y posibles reacciones alérgicas). m) Etiquetado interno y externo del tejido o grupo celular. n) Fecha de disponibilidad. ñ) Identificación del centro o unidad de aplicación. 2. Información que debe guardar y custodiar el centro o unidad de aplicación: a) Identificación del establecimiento de tejido proveedor. b) Identificación del responsable de la unidad o centro de aplicación. c) Tipo de tejido/grupo celular. d) Identificación del producto. e) Identificación del receptor o persona en la que se aplica el tejido o grupo celular. f) Fecha de utilización, aplicación o en su caso descarte y causa de no utilización en este último supuesto. ANEXO VII Sistema de codificación de células y tejidos 1. Información contenida: 1. Identificación de la donación: a) Identificación de la donación. b) Identificación del establecimiento de tejidos. 2. Identificación del producto: a) Código de producto básico. b) Número de partición. c) Fecha de caducidad. ANEXO VIII Sistema de biovigilancia

Organización nacional de trasplantes se encargará de donantes hematopoyéticos

I El trasplante de células y tejidos humanos ha experimentado un incremento considerable en los últimos años. En el ámbito de la Unión Europea y con el fin de regular la creciente utilización clínica de dichos elementos se ha aprobado la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos; la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos; y la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos. El Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, vino a transponer la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno de España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha anulado, por insuficiencia de rango, el mencionado real decreto mediante su reciente sentencia de 30 de mayo de 2014. La decisión del Alto Tribunal deja sin regulación jurídica, en materia de donación y trasplante de células y tejidos humanos, aspectos relativos a la calidad y seguridad de la donación tan importantes como la voluntariedad, el anonimato entre donante y receptor, el altruismo y la solidaridad que caracterizan el modelo de trasplantes del Sistema Nacional de Salud; los sistemas de control de los procesos que se suceden desde la obtención de las células y tejidos hasta su implantación; las condiciones que deben reunir los centros y unidades de obtención y aplicación así como los establecimientos de tejidos; los sistemas y canales de información sobre donación de células y tejidos; los objetivos y criterios de acceso, basados en la evaluación objetiva de las necesidades médicas, a las células y tejidos; la participación del sector público y de las organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de utilización de células y tejidos humanos. La ausencia de regulación en tales ámbitos daría lugar a la supresión de las exigencias vigentes aplicables a la donación de tejidos y células -con frecuencia provenientes no solo de países miembros de la Unión Europea sino también de terceros países- y, por tanto, a la eliminación de medidas, con el consiguiente riesgo para la salud pública, destinadas a evitar la transmisión de enfermedades del donante al receptor en los implantes de tejidos, algunos de ellos con notable importancia cuantitativa y cualitativa de utilización como el de médula ósea, sangre de cordón umbilical, tejido óseo o córneas. En concreto, esta falta de regulación conllevaría, en primer lugar, una ausencia de garantías de calidad y seguridad en las donaciones y trasplantes de tejidos por inexistencia de condiciones y requisitos para intervenir en dicho ámbito. La inexistencia de exigencias imprescindibles, en cuanto a determinaciones en los donantes o a procesamiento de los tejidos, generaría, por ejemplo, un elevado riesgo de transmisión de enfermedades o de fracaso de un trasplante. En segundo lugar, también se produciría una ausencia de controles públicos necesarios en lo relativo al ámbito de la donación de células y tejidos y, señaladamente, en el de donación de médula ósea. Y en esta misma línea de inexistencia de requisitos y controles públicos necesarios resulta especialmente preocupante la ausencia de control sobre importaciones y exportaciones de tejidos. La norma declarada nula exigía autorización administrativa previa para la importación o exportación de tejidos procedentes de, o con destino a, terceros países. En esta situación podrían enviarse, sin ningún control, tejidos de donantes españoles a cualquier país del mundo, o podrían entrar en España tejidos de donantes procedentes de países sin los criterios mínimos de calidad con el riesgo de transmisión de enfermedades a los receptores. II Este real decreto-ley responde a la evidente necesidad de regular con la requerida urgencia el marco jurídico indispensable para la materialización inmediata de la utilización de células y tejidos humanos, así como de los productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados al ser humano, en los mismos términos que ya consagraba el real decreto ahora anulado. Con el fin de mantener tanto las garantías de control de la importación y exportación de tejidos provenientes y destinados a terceros países, como las de establecimiento y funcionamiento de entidades españolas y extranjeras en este ámbito y las de seguridad jurídica de pacientes y profesionales en relación con este tipo de trasplantes, resulta imprescindible una actuación normativa con carácter inmediato. Se trata de garantizar la regulación de numerosos aspectos y actividades relacionados con la aplicación terapéutica de células y tejidos humanos a efectos de soslayar el riesgo que la actual situación conlleva para la salud pública, lo cual no admite dilatar en el tiempo la regulación de la materia. Al mismo tiempo, con esta norma se da cumpl ### RESUMEN: Organización nacional de trasplantes se encargará de donantes hematopoyéticos

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1894-2002, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre de 2001, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Han intervenido y formulado alegaciones la Junta y la Asamblea de Extremadura, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 27 de marzo de 2002, el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito («Diario Oficial de Extremadura» núm. 147, de 27 diciembre 2001), que grava la captación por las entidades de crédito de fondos de terceros con obligación de restituirlos. Se alega la vulneración de los límites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como el principio de territorialidad previsto en el art. 157.2 CE, concretado, para la materia tributaria, en el art. 139.2 CE y, para los tributos propios de las Comunidades Autónomas, en el art. 9 LOFCA. En el escrito de demanda se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Tras realizar una exposición general sobre los límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, el Abogado del Estado concreta los motivos de inconstitucionalidad en los siguientes: a) El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito grava un hecho imponible sujeto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que contraviene el límite contenido en el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. La Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito define el hecho imponible como la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por las entidades de crédito (art. 3), mientras que el impuesto sobre el valor añadido grava las prestaciones de servicios, incluida la actividad crediticia [«los préstamos y crédito en dinero», según el art. 11.2.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA,. El art. 11.2.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (LIVA en lo sucesivo)], el hecho imponible del IVA alcanza además a los depósitos, que se encuentran exentos, lo que precisamente presupone su inclusión en el hecho imponible (art. 20.1.18 LIVA). El Abogado del Estado razona que, pese a la diferente redacción de la norma extremeña y la estatal, el hecho imponible de ambos tributos es en realidad el mismo, ya que si bien el artículo 3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito lo configura como una «actividad de captación de fondos», la definición de la base imponible permite concluir que «lo efectivamente gravado por el impuesto de Extremadura no es la actividad de captación de fondos sino los depósitos constituidos con los fondos captados». Es decir, aunque no haya una coincidencia gramatical entre los hechos imponibles, éste es el mismo en ambos tributos «atendiendo a su verdadera naturaleza jurídica y económica», conclusión a la que se llega en el escrito tras examinar todos los elementos esenciales del tributo, y en particular los elementos de cuantificación. Además, se afirma en el escrito, la prohibición de repercusión no impide la anterior conclusión dicha previsión «no podrá evitar que se produzca una repercusión económica». b) El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito se reputa también contrario al art. 6.3 LOFCA, ya que incide sobre una materia que está reservada a las entidades locales. En su escrito, se constata que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un tributo directo, lo que deriva de los arts. 1, 3 y 5 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001 y, en particular, del art. 5.3, que prohíbe su repercusión a terceros. A partir de ahí, se afirma su coincidencia con el impuesto sobre actividades económicas impuesto sobre actividades económicas (IAE), ya que ambos recaen sobre la misma manifestación de riqueza, pues las actividades de las instituciones financieras aparecen clasificadas dentro de la agrupación 81, de la división 8 de la sección primera del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas, en cuyo grupo 811, referido a la banca, se contiene una nota en la que se aclara que «este grupo comprende la actividad que consiste en financiar, es decir, recoger, transformar y repartir recursos financieros y que, en una parte importante, tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por depósitos a la vista transferibles». Tras destacar otros aspectos coincidentes, concluye el Abogado del Estado que, aunque el impuesto sobre actividades económicas no sólo grava la captación de depósitos sino además la transformación y el reparto de los recursos financieros, por aplicación de la jurisprudencia contenida en la STC 289/2000, de 30 de noviembre, se produce un solapamiento entre ambos tributos, ya que la «riqueza gravada» por ambos impuestos es coincidente. c) Se aduce, en tercer lugar, que algunos aspectos del impuesto controvertido constituyen una infracción del principio de territorialidad de las competencias (art. 137 CE), que en materia tributaria se encuentra contenido en los artículos 139.2 y 157.2 CE, y que, para los tributos propios autonómicos, recoge el art. 9 b) y c) LOFCA. Así, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito vulneraría, por un lado, el art. 9 b) LOFCA, que impide a las Comunidades Autónomas gravar negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera de su territorio, o «la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo». Se afirma que, aunque el objeto de gravamen sean los fondos captados por las entidades domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se excluye que los depositantes de dichos fondos se encuentren fuera de esta Comunidad Autónoma o incluso fuera de España. De esta manera, aunque la situación normal, para la cual se concibe la Ley, sea aquella en la que quien deposita los fondos es también residente en la Comunidad Autónoma, «en una época marcada por la globalización y en una economía presidida por la unidad de mercado y la libre circulación de... capitales, dicha situación, que en principio podría considerarse como la normal, no tiene en absoluto por qué ser tal». Por otro lado, se considera también vulnerado el art. 9 c) LOFCA, que impide que los tributos autonómicos puedan suponer obstáculo «para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español», o «comportar cargas trasladables a otras Comunidades». Esta vulneración se atribuye concretamente al art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que establece una deducción en la cuota por inversiones de utilidad pública o de interés social para la región que se concierten y aprueben con la Junta de Extremadura. Para el Abogado del Estado, esta deducción condiciona la libertad de decisión de las entidades de crédito en relación con la asignación de los depósitos captados en Extremadura y las decisiones de los consumidores sobre el destino de su ahorro. Además, se afirma, «si se incentivan las inversiones en una región, se desincentivan tales inversiones en otras partes del territorio español y, por tanto, se influye decisivamente en la ubicación de los capitales dentro de dicho territorio». En consecuencia, y aunque dichas inversiones no sean obligatorias, su elevada cuantía, de manera que pueden llegar a eliminar la deuda tributaria, hace que la realización de las inversiones «sin imponerse teóricamente, resulta casi inevitable en la práctica si la entidad quiere realizar una eficaz gestión de sus recursos». Considera el Abogado del Estado que sus argumentos se ven refrendados por el párrafo cuarto de la exposición de motivos de la norma, donde se afirma que otro objetivo de la ley es «el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y exportación del ahorro». 2. Por providencia de 7 de mayo de 2002, la Sección Segunda del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre de 2001, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Asamblea y al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Se tuvo por invocado, por parte del Presidente del Gobierno, el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso, y desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el mismo (lo que se llevó a efecto en el «Boletín Oficial del Estado» número 121, de 21 de mayo de 2002). 3. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal con fecha de 17 de mayo de 2002, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicaba a este Tribunal que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones. 4. El 23 de mayo de 2002 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Senado por el que se comunica el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara de personarse dicha Cámara en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efectos del art. 88.1 de la LOTC. 5. El 24 de mayo de 2002 se registra en el Tribunal un escrito del Letrado de la Asamblea de Extremadura, en la representación que legalmente ostenta, por el que se solicita prorrogar en quince días el plazo otorgado, de igual duración, para formular el escrito de alegaciones. 6. Mediante providencia de fecha 28 de mayo de 2002, la Sección Segunda acuerda incorporar a las actuaciones los escritos presentados por los Letrados de la Asamblea y de la Junta de Extremadura, teniéndolos por personados y prorrogándoles en ocho días más el plazo concedido por la anterior providencia de 7 de mayo de 2002 para formular alegaciones. 7. Con fecha 29 de mayo de 2002 presenta en el Registro General de este Tribunal un escrito el Letrado de la Junta de Extremadura, en la representación que legalmente ostenta, por el que se solicita una prórroga del plazo concedido para redactar el escrito de alegaciones. 8. El 12 de junio de 2002 se registra en el Tribunal Constitucional el escrito de alegaciones del Letrado de la Junta de Extremadura, en la representación que legalmente ostenta, y en el que se solicita la desestimación total del recurso de inconstitucionalidad. La representación procesal de la Junta de Extremadura comienza su escrito proponiendo la inadmisión del recurso por no haberse cumplido con lo preceptuado en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que habría exigido la evacuación de informe. Entrando ya en el fondo, comienza el Letrado su alegato describiendo la diferencia entre «objeto del tributo», que es la riqueza gravada, y «hecho imponible», concepto jurídico que a tenor del art. 6.2 LOFCA debe ser diferenciado del anterior. Tras citar las SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; 186/1993, de 7 de junio, FJ 4; y 289/2000, de 30 de noviembre, sostiene el Letrado que no se vulnera el artículo 6.2 LOFCA, porque no hay coincidencia del impuesto extremeño con el hecho imponible del IVA. En primer lugar, porque las operaciones crediticias están exentas de IVA, lo que significa que es perfectamente posible el establecimiento de un impuesto autonómico sobre las mismas, de la misma manera que el Estado pudo establecer el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sobre algunas operaciones inmobiliarias exentas de IVA. Continúa el escrito afirmando que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no es un impuesto sobre el volumen de negocios en los términos exigidos por el Derecho de la Unión Europea, y en concreto por el artículo 33 de la Directiva del Consejo 77/388/CEE de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva) que prohíbe a los estados miembros el establecimiento de tributos equivalentes al IVA. Cita en ese sentido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno al concepto de impuesto sobre el volumen de negocios [entre otras, Sentencias de 27 de noviembre de 1985, asunto Rousseau Wilmot (295/84); de 7 de mayo de 1992, asunto Bozzi (C-347/90); de 17 de septiembre de 1997, asunto Solisnor-Estaleiros Navais (C-130/96); y de 9 de marzo de 2000, asunto Evangelischer Krankenhausverein Wien y Wein Y Co. HandelsgesmbH, antes Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH (C-437/97)]. En relación con el límite contenido en el art. 6.3 LOFCA, comienza el Letrado por poner en duda la remisión que a las materias reservadas a las haciendas locales hace el precepto, pues dado que la Ley reguladora de las haciendas locales no concreta dichas materias, se trataría de una remisión en blanco que incurriría en ilegitimidad según lo establecido en la STC 137/1986, de 6 de noviembre. En cuanto al fondo, tampoco considera vulnerado el art. 6.3 LOFCA por no existir coincidencia entre el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito y el IAE, ya que este último grava únicamente el mero ejercicio de actividades empresariales, mientras el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito recae sobre un determinado tipo de operaciones de captación de fondos. Propone, en fin, una interpretación teleológica del citado precepto, que tome en cuenta la finalidad de límite del art. 6.3, que no es otro que el evitar que las Comunidades Autónomas puedan menoscabar los ingresos tributarios de las entidades locales, circunstancia que no concurre en este caso. En cuanto a las prohibiciones contenidas en el art. 9 b) y c) LOFCA, comienza el Letrado por discutir la propia constitucionalidad de dichos preceptos, toda vez que amplían sustancialmente la prohibición contenida en el art. 157.2 CE aunque sólo para los tributos propios, pero por ejemplo no para los recargos (art. 12 LOFCA). En cuanto al fondo de la tacha de inconstitucionalidad, afirma el Letrado que en todo caso no se incumple el principio de territorialidad en su definición contenida en el artículo 9 b) LOFCA. En concreto, porque el impuesto se circunscribe a operaciones de pasivo radicadas en la Comunidad Autónoma, y no a las operaciones de activo que evidentemente pueden proceder de otros territorios (art. 5.1 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito). Añade que la norma requiere expresamente que los fondos se capten por las oficinas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, excluyendo así la captación de fondos que se pueda obtener a través de internet y por tanto sin oficinas físicamente localizables. En todo caso, finaliza, estaríamos ante un supuesto en el que la norma produce consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional, algo que no vulnera la Constitución, como se sostuvo en la STC 150/1990, de 4 de octubre, que se cita al efecto. En relación con la prohibición del art. 9 c) LOFCA, comienza su alegato vinculándola con la libertad de empresa contenida en el art. 38 CE, precepto que permite la intervención en la actividad empresarial, para lo que cita a su favor la STC 37/1987, de 26 de marzo (sobre el impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas), FJ 4. A continuación, niega el escrito que el impuesto autonómico vaya a influir en las decisiones de los consumidores en los términos aducidos en la demanda, precisando que en ningún caso la medida persigue la finalidad de obstaculizar la circulación de capitales, y lo que hay que tener en cuenta es precisamente la intencionalidad de esa finalidad, en el sentido de la STC 37/1981, de 16 de noviembre, que cita. Finaliza el escrito afirmando que el principio de corresponsabilidad fiscal debería avalar una interpretación no restrictiva de las prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. Mediante otrosí, se solicita el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos recurridos. 9. Mediante providencia de 18 de junio de 2002, la Sección Segunda acuerda que, a los efectos de la solicitud de levantamiento de la suspensión formulada por el Letrado de la Junta de Extremadura, se oiga a las partes personadas para que, en el plazo de cinco días, se pronuncien acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión. 10. El 21 de junio de 2002 tiene entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones presentado por el Letrado de la Asamblea de Extremadura, en la representación que legalmente ostenta, y en el que se solicita la desestimación del recurso, omitiendo cualquier referencia a la suspensión solicitada por el Abogado del Estado. El Letrado comienza su alegato con una descripción general del sistema constitucional, y en particular de los límites al establecimiento de impuestos propios autonómicos. Destaca que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es coherente con las competencias autonómicas asumidas estatutariamente y en particular con el art. 61.3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que afirma que la riqueza de la región estará subordinada a los intereses generales. En relación con el artículo 6.2 LOFCA, se afirma la no coincidencia con el impuesto sobre sociedades, (impuesto al que en el escrito del Abogado del Estado no hace referencia en ningún momento), ni con el IVA. En relación con este segundo tributo se afirma en primer lugar de las operaciones crediticias están exentas del mismo por lo que no habría doble imposición económica, que es lo que pretende evitar la prohibición contenida en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. Además, se afirma en el escrito que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es diferente al IVA ya que no afecta al volumen de negocios como exigiría la normativa de la Unión Europea. En relación con el artículo 6.3 LOFCA, se sostiene la no coincidencia con el IAE, ya que este tributo local grava únicamente la mera actividad y no un elemento de la misma como son los depósitos. En relación con la territorialidad, se razona en el escrito que «la desigualdad territorial alegada por el recurrente no puede aceptarse tampoco, ya que una consolidada jurisprudencia constitucional... ha señalado que los principios de igualdad y de unidad no conllevan una absoluta uniformidad». Por último, se pronuncia el Letrado sobre el principio de que los impuestos no pueden tener alcance confiscatorio, (al que tampoco se hacía alusión en el escrito de demanda presentado por la Abogacía del Estado), y sobre el que la representación procesal de la Asamblea de Extremadura se limita a constatar su cumplimiento, por tratarse de un supuesto en el que concurre capacidad económica. 11. El Abogado del Estado, en escrito registrado el día 24 de junio de 2002, solicitó el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley objeto del recurso de inconstitucionalidad. 12. El Pleno del Tribunal Constitucional, por ATC 173/2002 de 1 de octubre, acordó levantar la suspensión de los preceptos recurridos. 13. Mediante providencia de 18 de enero de 2005, este Tribunal decidió abrir la vía del art. 84 LOTC con la finalidad de oír a las partes personadas para que alegasen sobre la pervivencia del recurso y el correlativo desistimiento en su caso en la acción, a la vista de la doctrina sentada en la STC 168/2004, de 6 de octubre. 14. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 2 de febrero de 2005, el Abogado del Estado afirmó la subsistencia del objeto del recurso, por entender que la citada STC 168/2004 únicamente se pronuncia sobre la interpretación que ha de darse a la limitación de la potestad tributaria autonómica prevista en el artículo 6.3 LOFCA, sin modificar la jurisprudencia ya asentada en la STC 289/2000, de 30 de noviembre. Se afirma además en el escrito, que la finalidad del impuesto extremeño es estrictamente recaudatoria, por lo que no puede beneficiarse de la distinción entre impuestos fiscales y extrafiscales contenida en la jurisprudencia. 15. Mediante escrito registrado el 8 de febrero de 2005, el Letrado de la Junta de Extremadura formula alegaciones en favor de la pérdida de objeto, sobre la base de que el impuesto recurrido es un impuesto con finalidad extrafiscal, si bien se basa principalmente en las deducciones introducidas en el impuesto tras la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad. No constan alegaciones de la representación procesal de la Asamblea de Extremadura. 16. Por providencia de 13 de noviembre de 2012 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, por entender vulnerados los límites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, en adelante), así como los arts. 157.2 y 139.2 CE que, respectivamente, se concretan para los tributos autonómicos en el art. 9 b) y c) LOFCA. Con los argumentos que se expondrán en los correspondientes fundamentos jurídicos, las representaciones procesales de la Junta y de la Asamblea de Extremadura solicitan la desestimación del recurso, por no concurrir ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas en el mismo. 2. Antes de entrar en el fondo de las distintas cuestiones planteadas, es pertinente realizar algunas precisiones procesales y relativas al objeto del proceso constitucional. a) La representación procesal de la Junta de Extremadura solicita la inadmisión del recurso por no haberse cumplido con lo preceptuado en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, que a su juicio habría exigido la evacuación de informe. Efectivamente, en el momento de interposición del recurso, este precepto disponía que la Comisión Permanente del Consejo de Estado debiera ser consultada ante la «impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo o posterior a la interposición del recurso». Tras su reforma mediante Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, el precepto dispone ahora que dicha consulta deberá producirse «con carácter previo a la interposición del recurso». En primer lugar, es evidente que el cumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso debe concurrir en el momento de su interposición, por lo que la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Estado no tendría, en su caso, ninguna incidencia en este proceso. Además, consta que, en este caso, el dictamen del Consejo de Estado fue emitido en sesión celebrada el 13 de junio de 2002 (expediente 989/2002). En todo caso, en segundo lugar, como hemos reiterado en ocasiones anteriores (por todas STC 192/2000, de 13 de julio, FJ 3), este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los recursos de inconstitucionalidad, debe regirse únicamente por su propia Ley Orgánica. En los procesos como el presente, la norma que determina los requisitos que deben concurrir para la admisión del recurso es el art. 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que no supedita la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra una norma autonómica a que dicho informe del Consejo de Estado haya sido emitido o se emita en un momento posterior. Por tanto, debe rechazarse en todo caso la causa de inadmisión formulada por la Junta de Extremadura. b) En cuanto al objeto del recurso, hay que hacer constar que, durante su pendencia, la norma impugnada ha sido objeto de diversas modificaciones, de las que bastará hacer mención aquí, con el fin de insertar la presente controversia en el contexto normativo al que corresponde, aunque sin que nuestro pronunciamiento deba alcanzar las posteriores normas, que no han sido recurridas. La primera modificación se llevó a cabo mediante la disposición adicional decimoséptima de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2003, que entre otros aspectos modificó las deducciones específicas contenidas en el art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Posteriormente, la ley impugnada fue objeto de derogación, mediante la disposición derogatoria única 1 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, mediante el que se aprueba el texto refundido de tributos propios de Extremadura. El título IV de este texto refundido regula en la actualidad el citado impuesto (arts. 40 a 48) en términos similares a los de la anterior Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. El efecto de la citada derogación debe ser enjuiciado de acuerdo con nuestra doctrina. Con carácter general, hemos reiterado que la derogación de la norma recurrida no implica la pérdida de objeto del proceso constitucional cuando éste tenga un contenido competencial, ya que en tal caso este Tribunal deberá pronunciarse sobre su titularidad, pues la función de preservar los ámbitos respectivos de competencias «no puede quedar enervada por la sola derogación o modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio» [STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)]. En este supuesto se constata que la normativa en torno a la cual se trabó la controversia ha sido sustituida por otra que plantea idénticos problemas competenciales, por lo que la circunstancia de que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito se encuentre ahora regulado en el citado texto refundido en nada afecta a la pervivencia del objeto de la presente controversia (por todas, STC 133/2012, de 19 de junio, FJ 2). c) Debemos precisar, en último lugar, el parámetro de control del presente recurso, pues según nuestra doctrina sobre el ius superveniens aplicable a procesos como el presente, el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia [por todas, STC 35/2012, de 15 de marzo, FJ 2 c)]. Durante la pendencia de este proceso, el Estatuto de Autonomía de Extremadura ha sido reformado mediante la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, mientras que la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas ha sido modificada mediante la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, que entre otros aspectos otorga nueva redacción al art. 6, apartados 2 y 3. En el momento de interposición del presente recurso, el art. 6.2 LOFCA disponía únicamente que «[l]os tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado», estableciendo el apartado 4 del mismo art. 6 que «[c]uando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas». Tras la citada reforma mediante la Ley Orgánica 3/2009, el antiguo apartado 4 se ha incorporado al apartado 2, siendo el tenor actual del precepto: «[l]os tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas». Por su parte, el antiguo art. 6.3 LOFCA disponía que «[l]as Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo, que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro». Tras su reforma mediante la citada Ley orgánica, este apartado establece ahora que «[l]os tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.» El examen de las dos primeras tachas de inconstitucionalidad de la Ley impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, relativas a la infracción del art. 6.2 y 3 LOFCA deberá por tanto llevarse a cabo en contraste con el nuevo canon. 3. Una vez acotado el objeto del conflicto y despejado el obstáculo procesal expuesto, podemos entrar ya a examinar la controversia de fondo, comenzando por las tachas de inconstitucionalidad relativas a la vulneración del art. 6 LOFCA. El Abogado del Estado considera en su escrito que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un tributo equivalente al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y al impuesto sobre actividades económicas (IAE), en términos que resultan contrarios al art. 6.2 y 3 LOFCA. La coincidencia del tributo autonómico con el IVA radicaría en que, pese a la diferente redacción de ambas normas tributarias, el hecho imponible de ambos tributos es en realidad el mismo, ya que si bien el artículo 3 de la Ley impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito lo configura como una «actividad de captación de fondos», la definición de la base imponible permite concluir que «lo efectivamente gravado por el impuesto de Extremadura no es la actividad de captación de fondos sino los depósitos constituidos con los fondos captados». Ello lo hace coincidente con el IVA, que grava las prestaciones de servicios, incluida la actividad crediticia [«los préstamos y crédito en dinero», según el art. 11.2.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, (LIVA en lo sucesivo)]. El hecho imponible del IVA alcanza además a los depósitos, que se encuentran exentos, lo que precisamente presupone su inclusión en el hecho imponible (art. 20.1.18 LIVA). Además, según la demanda, la prohibición de repercusión, contenida en el art. 5.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, no impide que se produzca una repercusión económica, por lo que el gravamen es el mismo en el IVA y en el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Por su parte, la coincidencia con el IAE viene dada por el hecho de que impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un tributo «directo», lo que deriva de los arts. 1, 3 y 5 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, y en particular del art. 5.3, que prohíbe su repercusión a terceros. Recae así el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito sobre una manifestación de riqueza que ya está gravada por el impuesto local, solapamiento de materias imponibles que resulta contrario al art. 6.3 LOFCA. Para la representación procesal de la Junta de Extremadura, no hay tal coincidencia entre los hechos imponibles del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito y del IVA, lo que se basa, en primer lugar, en que las operaciones crediticias están exentas de IVA y, en segundo lugar, en que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no es realmente un «impuesto sobre el volumen de negocios», en los términos exigidos por el Derecho de la Unión Europea, y en concreto por el artículo 33 de la Directiva del Consejo 77/388/CEE de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva) que prohíbe a los estados miembros el establecimiento de tributos equivalentes al IVA. Tampoco habría coincidencia entre el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito y el IAE, ya que éste último grava únicamente el mero ejercicio de actividades empresariales, mientras el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito recae sobre un determinado tipo de operaciones de captación de fondos. El Letrado de la Asamblea de Extremadura sostiene también que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no coincide ni con el impuesto sobre sociedades, (impuesto al que el escrito del Abogado del Estado no hace referencia), ni con el IVA. En relación con este segundo tributo se afirma en primer lugar que las operaciones crediticias están exentas del mismo, por lo que no habría doble imposición económica, que es lo que pretendería evitar la prohibición contenida en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, se aduce que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es diferente al IVA, pues aquél no afecta al volumen de negocios. Tampoco habría coincidencia del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito con el impuesto sobre actividades económicas, ya que este último grava únicamente la mera actividad y no un elemento de la misma como son los depósitos. 4. Para dar respuesta a los argumentos que sustentan este primer motivo de inconstitucionalidad, debemos comenzar por recordar nuestra doctrina en relación con los límites al poder tributario de las Comunidades Autónomas contenidos en el art. 6.2 y 3 LOFCA. Como ha quedado expuesto, y constatamos recientemente en la citada STC 122/2012, de 5 de junio, FJ 3, en relación con el impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales, tras su reforma dichos límites tienen ahora una dicción común, lo que determina que su interpretación deba ser asimismo idéntica, debiendo por tanto abordarse las tachas relativas a la posible equivalencia del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito con el IVA y con el IAE con idéntico criterio. El reconocimiento a las Comunidades Autónomas de la competencia para establecer tributos o «poder tributario» se contiene en la letra b) del apartado primero del art. 157 CE, precepto que en su apartado tercero expresamente remite a los límites contenidos en una ley orgánica y, para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el art. 81 de su Estatuto de Autonomía (tras su reforma mediante la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero). De acuerdo con nuestra jurisprudencia, los límites contenidos en la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas reflejan que la competencia autonómica para establecer tributos ex novo no se configura constitucionalmente en términos absolutos, sino que se encuentra sujeta a los límites establecidos en las leyes del Estado a que se refieren los arts. 133.2 y 157.3 CE (por todas, STC 49/1995, de 16 de febrero, FJ 4). El poder tributario de las Comunidades Autónomas puede así ser delimitado por el Estado, salvaguardando en todo caso su propia existencia de manera que no se produzca un vaciamiento de la competencia, pues como afirmamos tempranamente «ninguno de los límites constitucionales que condicionan dicho poder tributario puede ser interpretado de tal manera que haga inviable el ejercicio de aquella potestad tributaria» (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 3; y 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 3). A partir de lo anterior, debemos recordar, como ya afirmamos en la STC 37/1987, de 26 de marzo, en relación con el art. 6.2 LOFCA, que este precepto «no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría... a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos autonómicos» (FJ 14). Teniendo en cuenta que no sólo el Estado, sino también las entidades locales, habilitadas mediante una ley del Estado (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 9 y 10), han establecido tributos sobre las principales manifestaciones de capacidad económica (renta, consumo y patrimonio), es preciso llevar a cabo una interpretación sistemática de las prohibiciones de equivalencia contenidas en los apartados 2 y 3 del art. 6 LOFCA, en consonancia con el propio reconocimiento de poder tributario que se contiene también en el apartado primero del mismo art. 6. Ello es coherente con la finalidad última que cumplen estos límites, que es la coordinación del ejercicio de las competencias tributarias de las Comunidades Autónomas, dentro de la función que hemos reiterado que cumple la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas en el bloque de la constitucionalidad, como norma estatal que delimita las competencias financieras autonómicas (SSTC 72/2003, de 10 de abril, FJ 5; 31/2010, de 28 de junio, FJ 130; y 32/2012, de 15 de marzo, FJ 6). Al impedir a las Comunidades Autónomas establecer tributos equivalentes a los ya establecidos por el Estado y las entidades locales lo que se pretende evitar es, en suma, que se produzcan dobles imposiciones no coordinadas, garantizando de esta manera que el ejercicio de poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de «un sistema» tributario en los términos exigidos por el art. 31.1 CE [SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; y 19/2012, de 15 de febrero, FJ 3 b)]. En consecuencia, y como hemos afirmado en nuestra reciente STC 122/2012, anteriormente citada, en relación con el apartado 3 del art. 6 LOFCA, doctrina que ahora debemos trasladar también al apartado 2, para determinar si se han vulnerado las prohibiciones de doble imposición contenidas en dicho precepto, el examen de los tributos que se reputan coincidentes no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles, de manera que «no es posible afirmar si existe una coincidencia de hechos imponibles de dos impuestos tan sólo porque su definición sea o no gramaticalmente idéntica, ya que será preciso atender a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos imponibles de ambos impuestos» (STC 122/2012, FJ 4). Por tanto, el método de comparación deberá tomar el examen del hecho imponible como punto de partida, pero abarcando también «los restantes elementos del tributo que se encuentran conectados con el hecho imponible, es decir, los sujetos pasivos, que constituyen el aspecto subjetivo del tributo, la base imponible, que representa la cuantificación del hecho imponible, la capacidad económica gravada... o los supuestos de no sujeción y exención», extendiéndose lógicamente también a los elementos de cuantificación del hecho imponible (STC 122/2012, FJ 7). Entre los elementos a comparar se encuentra lógicamente la posible concurrencia de fines extrafiscales en el tributo o, en alguno de sus elementos, (STC 122/2012, FJ 4), si bien teniendo en cuenta, como también hemos reiterado, que para que la finalidad extrafiscal tenga consecuencias en la comparación no bastará con que el correspondiente preámbulo de la norma declare dicho objetivo, sino que es preciso que dicha finalidad encuentre reflejo en los elementos centrales de la estructura del tributo (por todas, STC 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 5). En definitiva, para apreciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que es lo prohibido en el art. 6 LOFCA, se hace preciso atender a los elementos esenciales de los tributos que se comparan, al objeto de determinar no sólo la riqueza gravada o materia imponible, que es el punto de partida de toda norma tributaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente de capacidad económica es sometida a gravamen en la estructura del tributo. 5. Así establecido el canon de enjuiciamiento del art. 6.2 y 3 LOFCA, debemos comenzar por examinar en este momento los elementos esenciales del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito y del IVA, para comprobar su posible equivalencia, que de verificarse implicaría la vulneración del art. 6.2 LOFCA: a) El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito se define por la ley extremeña como un «impuesto directo» (art. 1), cuyo hecho imponible es «la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por parte de las entidades mencionadas en el artículo 5 de esta Ley, y que comporten la obligación de restitución» (art. 3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito). Son contribuyentes «las entidades de crédito, por los fondos captados por su casa central y sus sucursales que estén situadas en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (art. 5.1), no pudiendo dichos contribuyentes repercutir la cuota del impuesto en ningún caso (art. 5.3). La base imponible se conforma por la cuantía agregada de depósitos acumulados, que se concreta en el art. 6 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito por referencia a los numerales del «balance reservado de las entidades de crédito», disponiendo el precepto que será «la cuantía económica total, en términos de fondos, calculada promediando aritméticamente los saldos finales de cada trimestre natural de cada año de la suma de los epígrafes del Balance Reservado de las Entidades de Crédito siguientes: 3. Acreedores. Administraciones Públicas españolas. 4. Acreedores. Otros sectores residentes. 5. Acreedores. No residentes». Así determinada, la base engloba la mayoría de los fondos captados y destinados a depósitos. La cuota tributaria resulta de la aplicación de una escala de gravamen parcialmente progresiva (art. 7.1 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), y que consta de tres tramos. El primero, hasta 150 millones de euros, conlleva la aplicación de un tipo de gravamen del 0,3 por 100. El segundo, que abarca la horquilla entre 150 y 600 millones de euros, implica una cuota íntegra de 450.000 euros para una base de hasta 150 millones de euros, aplicándose un tipo del 0,4 por 100 al resto de la base (entre 150 y 600 millones). El último tramo implica una cuota de 2,250 millones de euros para los primeros 600 millones, y de un tipo del 0,5 por 100 para las cantidades que superen dicha cuantía. Sobre la cuota íntegra así calculada, la norma establece una serie de deducciones. Por un lado, dos deducciones generales (art. 7.2 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), una de 200.000 euros, aplicable cuando la «casa central» y los «servicios generales» de la entidad de crédito estén efectivamente radicados en Extremadura, y otra de 5.000 euros por cada sucursal. Esta última deducción se elevará a 7.500 euros cuando la sucursal esté radicada en municipios cuya población de derecho sea inferior a 2.000 habitantes. Por otro lado, se establece en el art. 7.3 una serie de «deducciones específicas» para las «inversiones que siendo de utilidad pública o interés social para la región se concierten y aprueben con la Consejería de la Junta de Extremadura competente en Política Financiera». La suma de todas las deducciones, generales y específicas, tendrá como límite el importe de la cuota del impuesto, que podrá verse reducida a cero pero no ser negativa a consecuencia de las mismas (art. 7.4 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito). El periodo impositivo del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito abarca, como regla general, el año natural (art. 8.1 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), produciéndose su devengo el último día del mismo (art. 8.2). Finalmente, el impuesto no se califica expresamente como extrafiscal, pues su finalidad, de acuerdo con la exposición de motivos de la norma, es allegar recursos a la hacienda extremeña, si bien se refiere también al objetivo de «atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y exportación del ahorro». El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es así un tributo directo que recae sobre la capacidad económica puesta de manifiesto por la entidad bancaria como consecuencia de la captación de pasivo. En efecto, y frente a la definición que se hace en la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito del hecho imponible, los elementos de cuantificación del tributo permiten concluir que el objeto del gravamen no es la actividad bancaria de captación en sí misma considerada, sino únicamente uno de sus resultados (el pasivo acumulado por la captación de depósitos). En consecuencia, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no recae sobre la realización de transacciones económicas, sino que grava el rendimiento que potencialmente se le presupone a los depósitos captados por las entidades bancarias, como elemento del pasivo susceptible de generar ingresos. b) El IVA es un impuesto indirecto cuya finalidad es someter a imposición la capacidad económica que se pone de manifiesto con el consumo de bienes y servicios (art. 1 LIVA). Con la finalidad de gravar el consumo «final» o no integrado en la cadena productiva, se sujetan al impuesto todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de una actividad empresarial o profesional (art. 4 LIVA), siendo, con carácter general, los empresarios y profesionales, que entregan los bienes o prestan los servicios, los sujetos pasivos del mismo (art. 84 LIVA). Para garantizar que el gravamen recae efectivamente sobre el consumo final y no en la propia actividad económica, el tributo tiene una estructura denominada «plurifásica», ya que recae sobre todas las fases del proceso productivo, sujetando a gravamen sólo el «valor añadido» de cada una. De acuerdo con esta estructura, son elementos centrales del tributo, de un lado, la obligación de repercusión del tributo por los sujetos pasivos a la siguiente fase (art. 88 LIVA), repercusión que el destinatario de las operaciones gravadas está obligado a soportar; y, de otro, el derecho de los sujetos pasivos del tributo a deducir el IVA soportado (art. 92.1 LIVA), o eventualmente a solicitar la devolución del eventual exceso soportado sobre la cuantía de las cuotas devengadas (art. 115 LIVA). Estos elementos son centrales en la estructura del IVA, porque tienen la finalidad de que el tributo sea neutral y no suponga un coste añadido para la actividad económica. La base imponible del IVA es, como regla general, la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto (art. 78 LIVA). La cuota se determina por la aplicación a la base de un tipo fijo de gravamen, que podrá ser general o reducido (arts. 90 y 91 LIVA). Por último, entre las prestaciones de servicios sujetas al IVA, se incluye la actividad crediticia («los préstamos y crédito en dinero», según el art. 11.2.18 de la LIVA), si bien buena parte de las actividades financieras, y entre ellas los depósitos, se encuentran exentos (art. 20.1.18 LIVA). La citada estructura de este impuesto está dirigida a garantizar la neutralidad del IVA en relación con las actividades económicas, lo que constituye el principal elemento definitorio del tributo, como ha resaltado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en reiteradas ocasiones, [por todas, STJUE de 3 de Octubre de 2006 Banca Popolare di Cremona Soc. coop. Arl c. Agenzia Entrate Ufficio Cremona, (C-475/03)]. Esta neutralidad implica, en definitiva, que el IVA no grava la capacidad económica de los empresarios y profesionales que ofrecen bienes y servicios en el mercado, sino la de sus adquirentes finales. La anterior exposición de los dos tributos permite ya concluir que sus hechos imponibles difieren sustancialmente. Si el IVA es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo final, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un impuesto directo que sujeta a gravamen la capacidad económica puesta de manifiesto por las entidades de crédito por la captación de depósitos, elemento del pasivo que sirve de soporte para su actividad económica. De esta manera, mientras el IVA somete a gravamen, en sus diferentes fases aportadoras de «valor añadido», todas las entregas de bienes y servicios con la finalidad de recaer sobre la capacidad económica puesta de manifiesto por el consumidor final, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito se limita a gravar los depósitos captados por los bancos como una manifestación indirecta de capacidad económica, la que se supone que se obtendrá por el beneficio derivado del volumen de pasivo captado. Por tanto, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito no grava las transacciones económicas, ni tampoco la prestación de servicios por las entidades financieras, operaciones que sí forman sin embargo parte del hecho imponible del IVA, estando sujetos al impuesto, y exentos (arts. 11.2.18 y 20.1.18 LIVA). Las anteriores diferencias entre los hechos imponibles de ambos tributos se confirman con las existentes entre sus bases imponibles; así, la del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es el volumen de captación de fondos, mientras que el IVA toma como base imponible la contraprestación pactada por las operaciones sujetas. De esta manera, y como se afirma en el propio escrito de la demanda, «lo efectivamente gravado por el impuesto de Extremadura no es la actividad de captación de fondos sino los depósitos constituidos con los fondos captados». A consecuencia de lo anterior, debe descartarse la coincidencia entre el IVA y el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito y por tanto la vulneración del art. 6.2 LOFCA. 6. Siguiendo igual método que al examinar la alegada infracción del art. 6.2 LOFCA, procede ahora analizar la posible equivalencia entre el IAE y el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito para determinar si hay coincidencia entre ambos en términos contrarios al art. 6.3 LOFCA. El IAE es un impuesto directo mediante el que se grava el mero el ejercicio de actividades potencialmente generadoras de ingresos económicos para quienes las realizan, ingresos que se miden en función del beneficio medio presunto (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 8). Su hecho imponible lo constituye «el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto» (art. 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales). Esta vocación de generalidad en cuanto a las actividades económicas susceptibles de gravamen es coherente con la función censal, además de la recaudatoria, que en el sistema tributario cumple el IAE. Son sujetos pasivos del IAE las personas, físicas o jurídicas, que realicen en el territorio nacional cualquiera de las actividades definidas en el hecho imponible (art. 83 de la Ley reguladora de las haciendas locales). La determinación de la deuda tributaria en el IAE es genérica en función de cada tipo de actividad, de manera que con este tributo se grava «el ejercicio de actividades potencialmente generadoras de ingresos económicos para quienes las realizan, ingresos que se miden en función del beneficio medio presunto» (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 8). Es decir, la realización del hecho imponible no se cuantifica con arreglo al beneficio efectivamente obtenido, sino en función de la renta que potencialmente se le presupone a cada tipo de actividad económica. En coherencia con la finalidad del tributo, la cuota del IAE está formada por la aplicación de las correspondientes tarifas, que se establecen atendiendo a diferentes elementos objetivos, relativos al tipo de actividad económica entre otros factores, y que, por expresa remisión legal (art. 85 de la Ley reguladora de las haciendas locales), se regulan en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas. En el «Grupo 811» (ubicado en la sección primera, división 8 del anexo I de tarifas) se establecen las cuotas correspondientes al sector «banca». Dichas tarifas, que se fijan para cada establecimiento en el que se efectúen todas o algunas de las operaciones, varían en función del número de habitantes de las poblaciones en las que dicho establecimiento radique. Así, en poblaciones de más de 500.000 habitantes, la cuota será de 2.090,07 euros; en poblaciones de más de 100.000 a 500.000 habitantes: 1.620,23 euros; en poblaciones de más de 40.000 a 100.000 habitantes: 1.149,65 euros; en poblaciones de más de 10.000 a 40.000 habitantes: 446,76 euros, y en las poblaciones restantes: 312,73 euros. De acuerdo con la estructura que generalmente siguen las tarifas en el IAE, en el precepto se definen las actividades que se consideran propias de la actividad bancaria, entre las que se encuentran «la captación de depósitos u otros fondos rembolsables», además de muchas otras, pues el precepto establece un listado de dieciocho actividades típicas de la banca (como por ejemplo «operaciones de arrendamiento financiero», «de préstamo y crédito», «las operaciones de pago, con inclusión, entre otras, de los servicios de pago y transferencia», «intermediación en los mercados interbancarios», «alquiler de cajas fuerte», «intermediación de servicios financieros como los seguros y los fondos de pensiones»). Esta enumeración cumple la función de definir la actividad económica, y acotarla con respecto de otras. Por ello mismo, no es exhaustiva, ni agota por tanto las actividades posibles que puede realizar una entidad bancaria. Por su parte, y como hemos señalado anteriormente y debemos insistir ahora siquiera brevemente, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito sujeta a gravamen la capacidad económica puesta de manifiesto por las entidades de crédito por la captación de depósitos (art. 3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), siendo los sujetos pasivos las propias entidades (art. 5). La base imponible se cuantifica por el volumen de los depósitos captados (art. 6), resultando la cuota tributaria de la aplicación de una escala de gravamen que oscila entre el 0,3 y el 0,5 por 100 (art. 7.1). A partir de lo anterior podemos afirmar que, si bien desde una perspectiva formal la configuración de los hechos imponibles del IAE y del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito puede parecer parcialmente coincidente, la comparación de todos los elementos esenciales de ambos tributos, y en particular de los criterios de cuantificación de su deuda tributaria, demuestra que se trata de impuestos sustancialmente diferentes, cuyos hechos imponibles son también distintos. En efecto, como hemos comprobado, un análisis de la estructura de uno y otro tributo permite concluir que, en el IAE, de acuerdo con la definición de su hecho imponible (art. 78 de la Ley reguladora de las haciendas locales), se grava la mera actividad económica con independencia de su resultado, esto es, en el caso de las entidades financieras, se capten o no depósitos y con independencia de su cuantía, pues la actividad económica se tiene en cuenta en abstracto, prescindiendo de sus resultados concretos y, por tanto, con independencia de que se perciba o no renta alguna. En coherencia con dicho hecho imponible, la configuración de la base imponible del IAE se remite a elementos objetivos desconectados de la capacidad económica real puesta de manifiesto por el concreto resultado de la misma. En cuanto al impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, hemos constatado que si bien el hecho imponible se define como la actividad de captación de depósitos (art. 3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito), el examen conjunto del hecho y la base imponible permite concluir que lo que se sujeta a gravamen no es la mera actividad de captación o el mero ejercicio de una actividad crediticia, sino su resultado, de manera que se gravan los depósitos como elemento del pasivo bancario susceptible de generar riqueza (art. 6 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito). Por tanto, se trata de tributos no coincidentes en los términos prohibidos por el art. 6.3 LOFCA, por lo que procede también desestimar este motivo de inconstitucionalidad. 7. Por último, se alega en la demanda la vulneración de los arts. 139.2 y 157.2 CE, concretados para los tributos autonómicos en los arts. 9 b) y c) LOFCA, tanto por afectar el tributo autonómico a la libre circulación o establecimiento, como por incurrir en la prohibición de no gravar bienes o actos extraterritoriales. Comenzando por la tacha relativa al principio de territorialidad de las competencias tributarias [arts. 157.2 CE y 9 b) LOFCA], el Abogado del Estado sostiene que, si bien el objeto de gravamen del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito son los fondos captados por las entidades domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se puede descartar que en ocasiones los depositantes de dichos fondos se encuentren fuera de esta Comunidad o incluso fuera de España. Por ello, se afirma en el escrito, aunque la situación normal, para la cual se concibe la ley, sea aquella en la que quien deposita los fondos es también residente en la Comunidad, lo cierto es que «en una época marcada por la globalización y en una economía presidida por la unidad de mercado y la libre circulación de... capitales», dicha situación puede no producirse, con lo que se gravarían los depósitos de personas o entidades situadas extramuros de la Comunidad Autónoma. Para la representación procesal de la Junta de Extremadura, no se incumple el principio de territorialidad en su definición contenida en el artículo 9 b) LOFCA, porque el impuesto se circunscribe a operaciones de pasivo radicadas en la Comunidad Autónoma, y no a las operaciones de activo que evidentemente pueden proceder de otros territorios (art. 5.1 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito). Además, la norma requiere expresamente que los fondos se capten por las oficinas (sucursales) ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, excluyendo por tanto la captación de fondos que se pueda obtener a través de internet. El Letrado de la Asamblea de Extremadura razona en el escrito que la desigualdad territorial alegada por el recurrente tampoco puede aceptarse, ya que una consolidada jurisprudencia constitucional tiene establecido que los principios de igualdad y de unidad no conllevan una absoluta uniformidad. 8. El art. 9 b) LOFCA, que es una concreción, para los impuestos propios autonómicos, del principio de territorialidad recogido en el art. 157.2 CE, impide a las Comunidades Autónomas gravar negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Comunidad impositora, así como «la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo». Con carácter general, hemos afirmado reiteradamente que los principios de territorialidad de las normas y actos de las Comunidades Autónomas y de unidad de mercado «no pueden ser interpretados en unos términos que impidan a las instancias autonómicas, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar decisiones cuyas consecuencias puedan proyectarse sobre otros lugares del territorio nacional» (por todas, 168/2004, de 6 de octubre, FJ 5). En concreto, sobre la aplicación del principio de territorialidad a los tributos propios autonómicos [arts. 157.2 CE y 9 b) LOFCA] nos hemos pronunciado en las SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 5, sobre el recargo establecido por la Comunidad de Madrid en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, y 14/1998, de 22 de enero, sobre el impuesto extremeño sobre aprovechamientos cinegéticos, precisando en el fundamento jurídico 11 D) de esta última que este límite debe ser entendido en el marco general de la doctrina de la territorialidad aplicable al resto de competencias, a tenor de la cual «el límite territorial de las normas y actos de las Comunidades Autónomas no puede significar, en modo alguno, que les esté vedado a sus órganos, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar decisiones que puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional». De acuerdo con esta doctrina, debe determinarse primero si se producen efectos extraterritoriales del tributo y, en su caso, si dichos efectos vulneran los arts. 157.2 CE y 9 b) LOFCA. Para determinar si se producen efectos extraterritoriales debe partirse de la estructura del impuesto y, en particular de los puntos de conexión, establecidos en coherencia con su hecho imponible. Como se ha examinado en los anteriores fundamentos jurídicos, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un impuesto directo que grava la capacidad económica puesta de manifiesto por los depósitos bancarios que radiquen en las sucursales de las entidades bancarias situadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con esta finalidad, la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito delimita la aplicación del tributo en función de la ubicación de los contribuyentes, al definir como sujetos pasivos del impuesto a las entidades de crédito, aunque sólo «por los fondos captados por su casa central y sus sucursales que estén situadas en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura» (art. 5.1 de la Ley) Finalmente, como también ha quedado expuesto, el objeto de gravamen no lo constituye transacción alguna, sino más bien la consecuencia de la misma, esto es, la acumulación de depósitos por una entidad, contabilizados en la correspondiente cuenta (art. 6 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito).. Pues bien, a los efectos del principio de territorialidad, lo relevante es que las normas contables permiten individualizar los depósitos captados por cada sucursal bancaria, de manera que el punto de conexión establecido en el art. 3 (hecho imponible) y concretado en el art. 5.1 (sujetos pasivos) de la norma, circunscribe el nacimiento de la obligación tributaria a las sucursales que efectivamente radiquen en la Comunidad Autónoma. Así debe interpretarse la referencia que dicho precepto realiza a «las entidades de crédito, por los fondos captados por su casa central y sus sucursales que estén situadas en territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura», entendiendo también que la mención a «casa central» es equiparable al «domicilio social» de la entidad bancaria, en los términos del art. 9 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital. Por tanto, la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito establece un punto de conexión adecuado a su finalidad, cual es gravar únicamente los depósitos bancarios constituidos y captados por las sucursales bancarias radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, con lo que se garantiza, frente al criterio de la demanda, que el impuesto despliegue efectos principalmente en el territorio de la Comunidad Autónoma. No altera la anterior conclusión el hecho de que los fondos depositados en las entidades puedan eventualmente proceder de personas, físicas o jurídicas, que no residan en la Comunidad Autónoma, pues como ha quedado expuesto el impuesto no grava transacciones económicas sino su resultado, por lo que el depositante es ajeno a la relación jurídico-tributaria del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Por otro lado, es cierto que nada impide que los clientes de las entidades crediticias sujetas al impuesto sean residentes en otras Comunidades Autónomas, pues como afirma el Abogado del Estado en su escrito, el proceso de globalización implica la mayor movilidad no sólo de los capitales, sino también de las personas, establecimientos, etc. Ahora bien, esta misma movilidad internacional o globalización lógicamente no se produce en una única dirección, por lo que cabe imaginar que también permite que las sucursales radicadas en Extremadura pierdan clientes en favor de entidades radicadas en otras Comunidades Autónomas, o incluso que operen únicamente por internet. En consecuencia, debemos desestimar la infracción de los arts. 157.2 CE y 9 b) LOFCA. 9. Finalmente, procede ahora abordar la alegada vulneración del art. 139.2 CE, en conexión con el art. 157.2 CE, y que se concreta para los tributos propios autonómicos en el art. 9 c) LOFCA. El Abogado del Estado ciñe la tacha al art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que establece una deducción en la cuota para los contribuyentes por la realización de determinadas inversiones calificadas de utilidad pública o de interés social para la región. Dicha deducción vulneraría, según la demanda, el art. 9 c) LOFCA, pues se condicionaría la libertad de decisión de las entidades de crédito en relación con la asignación de los depósitos captados en Extremadura y las decisiones de los consumidores sobre el destino de su ahorro. Ello sucede aunque dichas inversiones no sean obligatorias, pues la elevada cuantía de la deducción, que puede llegar a anular la cuota del tributo, determina que la realización de dichas inversiones resulte «inevitable en la práctica si la entidad quiere realizar una eficaz gestión de sus recursos». Para la representación procesal de la Junta de Extremadura, no se vulnera la prohibición del art. 9 c) LOFCA, porque que en ningún caso la medida persigue la finalidad de obstaculizar la circulación de capitales (STC 37/1981, de 16 de noviembre). El Letrado de la Asamblea de Extremadura tampoco considera que se produzca esta vulneración. La tacha del art. 9 c) LOFCA se imputa así únicamente, de acuerdo con los argumentos recogidos en el escrito de demanda, a las deducciones específicas contenidas en el art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que según se ha recogido en el fundamento jurídico quinto, son de aplicación a determinadas inversiones que merezcan la calificación de utilidad pública. En consecuencia, las cantidades invertidas por los contribuyentes del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito reducirán la cuota tributaria, pudiendo llegar a anularla. El art. 9 c) LOFCA, que es una concreción de los arts. 139.2 y 157.2 CE, establece que los tributos propios establecidos por las Comunidades Autónomas no podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, «ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, uno, a), ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades». El precepto remite así expresamente al art. 2.1 a) LOFCA, que establece que «el sistema de ingresos de las Comunidades Autónomas... deberá establecerse de forma que no pueda implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales ni suponer la existencia de barreras fiscales en el territorio español.» El art. 139.2 CE, como hemos reiterado, no impide la aprobación de cualquier norma que pueda afectar a la libertad de circulación, sino sólo de aquéllas que supongan una «fragmentación del mercado» (por todas, SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 3; y 96/2002, de 25 de abril, FJ 11), en el sentido de que «las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación con el fin constitucionalmente lícito que aquéllas persiguen» (SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 2; y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 26). Además, como hemos recordado en la STC 100/2012, de 8 de mayo, «no toda medida que incida sobre la circulación de bienes y personas por el territorio nacional puede catalogarse automáticamente como contraria al artículo 139.2 de la Constitución. En efecto, ‘el que una medida determinada no sea, por sus efectos, ajena a la libre circulación de bienes por el territorio nacional, a la libertad de empresa y al derecho de propiedad privada, no significa que haya de entenderse que ex Constitutione es inaceptable’ (STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 15), habida cuenta que sólo lo será ‘cuando persiga de forma intencionada la finalidad de obstaculizar la circulación o genere consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente legítimo que persigue la norma adoptada’ (STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 15).» (FJ 4). En concreto sobre el art. 9 c) LOFCA, ya establecimos en la STC 168/2004, de 6 de octubre, (FJ 5) que «las actuaciones autonómicas revisten entidad suficiente para reputarlas vulneradoras de la libertad de circulación de personas y bienes cuando su incidencia sobre ésta implique el ‘surgimiento de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que persiguen’ (SSTC 64/1990, de 5 de abril, FJ 5; 66/1991, de 22 de marzo, FJ 2; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 26; y 96/2002, de 25 de abril, FJ 11)», doctrina reiterada, en relación con el art. 9 c) LOFCA, en el ATC 456/2007, de 12 de diciembre, FJ 8. Este precepto, que como se ha constatado se refiere a medidas tributaras que puedan incidir en la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, debe interpretarse teniendo en cuenta, además de la doctrina constitucional citada, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se refiere a las medidas tributarias adoptadas por los Estados miembros que puedan restringir u obstaculizar el ejercicio de dichas libertades fundamentales. Partiendo de que las citadas libertades constituyen derechos de acceso al mercado interior, con carácter general no es posible establecer medidas tributarias que obstaculicen dicho acceso, por ejemplo estableciendo una diferencia de trato entre residentes y no residentes sin justificación suficiente. En ese sentido, la Sentencia de 7 de septiembre de 2004 (Asunto C-319/02), Manninem (apartados 22 y siguientes) consideró restrictiva de la libre circulación de capitales una norma en virtud de la cual el derecho de una persona sujeta al pago de impuestos en un Estado miembro a que se le conceda el crédito fiscal por los dividendos que percibe de sociedades anónimas se excluye cuando estas últimas no están establecidas en el mismo Estado; o la reciente Sentencia de 25 de octubre de 2012 (Asunto C-387/11), Comisión Europea c. Reino de Bélgica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (apartados 36 y siguientes), que declara contraria a la libertad de establecimiento la normativa del Reino de Bélgica que suponía una imposición de los rendimientos de capitales y de bienes muebles distinta en función de que éstos sean percibidos por sociedades de inversión belgas o extranjeras. De esta manera, de acuerdo con la doctrina constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el fin último de una norma como el art. 9 c) LOFCA es la protección del mercado interior, lo que en materia tributaria impide en particular establecer medidas que fragmenten dicho mercado estableciendo diferencias entre residentes y no residentes en una Comunidad Autónoma sin que ello encuentre una justificación adecuada. En consecuencia, las Comunidades Autónomas pueden establecer tributos o medidas tributarias siempre que las mismas no resulten contrarias a las libertades de circulación, lo que sucederá cuando además de suponer un obstáculo a la libre circulación, no pueda ser justificada o, pudiendo serlo, resulte desproporcionada en relación con su finalidad. Según lo que antecede, lo primero que debemos determinar es si una medida como la establecida en el art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, que permite minorar la carga tributaria de un tributo autonómico por la realización de determinadas inversiones en la propia Comunidad Autónoma, supone un obstáculo a la libertad de circulación, en este caso de capitales, o afecta de manera efectiva a la ubicación de empresas, vulnerando la libertad de establecimiento. De constatarse tal obstáculo o restricción, deberá examinarse entonces si existe alguna justificación que valide la medida, y si ésta es, además, proporcionada. A partir de lo anterior, puede ya descartarse que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito suponga un obstáculo a la libertad de circulación, fundamentalmente porque, como hemos establecido ya, se trata de un impuesto que no grava transacciones, sino el volumen de los depósitos captados por los sujetos pasivos del impuesto, de manera que no es una medida susceptible de afectar a la circulación de capitales. En todo caso, la deducción contenida en el art. 7.3 que se reputa inconstitucional tampoco establece ninguna diferencia de trato entre residentes y no residentes en la Comunidad Autónoma, pues su aplicación no depende de dónde radique el domicilio social de la entidad bancaria, sino que se aplica por igual a todas las sucursales establecidas en Extremadura y por tanto sujetas al impuesto. Debe además descartarse el argumento de la demanda de que la elevada cuantía de la deducción establecida en el art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito implica, de facto, que se imponga a las entidades bancarias la realización de inversiones en determinados proyectos de utilidad social, limitando en consecuencia la libertad de circulación de capitales, pues en ausencia de tal deducción, éstos podrían haberse dedicado a otras finalidades. En primer lugar, debe rechazarse el argumento porque parte de un entendimiento de dicha libertad que no resulta coherente con la doctrina constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinada, ya que ésta se proyecta sobre la circulación entre diferentes partes del territorio, de manera que tiene como finalidad prevenir medidas que supongan la fragmentación del mercado, lo que es evidente que no sucede en este caso, porque si el tributo no recae ni tan siquiera sobre la circulación de capitales entre diferentes lugares del territorio, tampoco la deducción establecida resulta idónea para suponer un obstáculo o restricción a dicha libertad. En segundo lugar, la deducción que se controvierte pretende incentivar determinadas inversiones en la propia Comunidad Autónoma, inversiones que son enteramente voluntarias, de forma que la única consecuencia que tiene para el contribuyente no realizar dichas inversiones es el pago íntegro, sin beneficios fiscales, del tributo autonómico, al que sin embargo no se imputa en la demanda vulneración alguna del art. 9 c) LOFCA. Se trata, en fin, de un incentivo o medida que pretende fomentar la reinversión de beneficios en la propia Comunidad Autónoma, sin obstaculizar por ello otras inversiones alternativas. Finalmente, tampoco podría una deducción como la contenida en el art. 7.3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito incidir en la ubicación de las entidades financieras en el sentido pretendido por la demanda pues ello sólo podría suceder, en su caso, si dicha deducción minorase la carga de un tributo de carácter general, que fuera aplicable en todo el territorio nacional, pero no cuando se trata de una deducción en un tributo propio autonómico como el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, al que además la demanda no imputa ningún efecto extraterritorial. Por todo lo anterior, es claro que la deducción controvertida no es sino una medida de fomento que no es susceptible de provocar el efecto que se le imputa sobre la libertad de circulación, pues ni constituye una traba injustificada a la circulación de industrias o a su desarrollo de condiciones básicas de igualdad, ni configura una medida graciable capaz de estimular desplazamientos de un lugar a otro del territorio incompatibles con las exigencias del mercado único (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 11). Descartado que la medida afecte a la libre circulación de capitales o que pueda incidir sobre la ubicación de las entidades afectadas por ella, no se produce tampoco la vulneración del art. 9 c) LOFCA, por lo que debe desestimarse también este último motivo de inconstitucionalidad. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre de 2001, del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a catorce de noviembre de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

sí del TC al impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1894-2002, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre de 2001, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Han intervenido y formulado alegaciones la Junta y la Asamblea de Extremadura, representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 27 de marzo de 2002, el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito («Diario Oficial de Extremadura» núm. 147, de 27 diciembre 2001), que grava la captación por las entidades de crédito de fondos de terceros con obligación de restituirlos. Se alega la vulneración de los límites previstos en los apartados 2 y 3 del art. 6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como el principio de territorialidad previsto en el art. 157.2 CE, concretado, para la materia tributaria, en el art. 139.2 CE y, para los tributos propios de las Comunidades Autónomas, en el art. 9 LOFCA. En el escrito de demanda se hizo invocación expresa del art. 161.2 CE a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. Tras realizar una exposición general sobre los límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, el Abogado del Estado concreta los motivos de inconstitucionalidad en los siguientes: a) El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito grava un hecho imponible sujeto al impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que contraviene el límite contenido en el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. La Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, de 29 de noviembre, reguladora del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito define el hecho imponible como la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por las entidades de crédito (art. 3), mientras que el impuesto sobre el valor añadido grava las prestaciones de servicios, incluida la actividad crediticia [«los préstamos y crédito en dinero», según el art. 11.2.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA,. El art. 11.2.12 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (LIVA en lo sucesivo)], el hecho imponible del IVA alcanza además a los depósitos, que se encuentran exentos, lo que precisamente presupone su inclusión en el hecho imponible (art. 20.1.18 LIVA). El Abogado del Estado razona que, pese a la diferente redacción de la norma extremeña y la estatal, el hecho imponible de ambos tributos es en realidad el mismo, ya que si bien el artículo 3 de la Ley del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito lo configura como una «actividad de captación de fondos», la definición de la base imponible permite concluir que «lo efectivamente gravado por el impuesto de Extremadura no es la actividad de captación de fondos sino los depósitos constituidos con los fondos captados». Es decir, aunque no haya una coincidencia gramatical entre los hechos imponibles, éste es el mismo en ambos tributos «atendiendo a su verdadera naturaleza jurídica y económica», conclusión a la que se llega en el escrito tras examinar todos los elementos esenciales del tributo, y en particular los elementos de cuantificación. Además, se afirma en el escrito, la prohibición de repercusión no impide la anterior conclusión dicha previsión «no podrá evitar que se produzca una repercusión económica». b) El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito se reputa también contrario al art. 6.3 LOFCA, ya que incide sobre una materia que está reservada a las entidades locales. En su escrito, se constata que el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito es un tributo directo, lo que deriva de los arts. 1, 3 y 5 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001 y, en particular, del art. 5.3, que prohíbe su repercusión a terceros. A partir de ahí, se afirma su coincidencia con el impuesto sobre actividades económicas impuesto sobre actividades económicas (IAE), ya que ambos recaen sobre la misma manifestación de riqueza, pues las actividades de las instituciones financieras aparecen clasificadas dentro de la agrupación 81, de la división 8 de la sección primera del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas, en cuyo grupo 811, referido a la banca, se contiene una nota en la que se aclara que «este grupo comprende la actividad que consiste en financiar, es decir, recoger, transformar y repartir recursos financieros y que, en una parte importante, tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por depósitos a la vista transferibles». Tras destacar otros aspectos coincidentes, concluye el Abogado del Estado que, aunque el impuesto sobre actividades económicas no sólo grava la captación de depósitos sino además la transformación y el repart ### RESUMEN: sí del TC al impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete», «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» y «Escritoras.-2022. Almudena Grandes». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete», «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» y «Escritoras.-2022. Almudena Grandes». Segundo. Características. «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete» El día 5 de mayo de 2022, dentro de la serie «Efemérides», se emitirá un sello de correo dedicado a los «700 años Fundación Portugalete». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal). – Formato del pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal). – Valor postal del sello: 1,65 €. – Efectos en pliego Premium: 8 sellos. – Efectos en pliego: 25 sellos. – Tirada: 135.000 sellos / 5.000 pliegos Premium. «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» El día 26 de mayo de 2022 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo de la serie «Patrimonio mundial» denominado «Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía + offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 38,4 x 54,9 mm (vertical). – Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello. – Valor postal del sello: 6,45 €. – Tirada: 110.000 Hojas bloque. «Escritoras.-2022. Almudena Grandes» El día 27 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Escritoras» dedicado a «Almudena Grandes». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical). – Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical). – Efectos en pliego: 25 sellos. – Valor postal del sello: 1 €. – Tirada: 135.000 sellos. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 5, 26 y 27 de mayo de 2022. 2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2024, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados museos. Madrid, 26 de abril de 2022.–El Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez García.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque Sosa.

Correos va a sacar sello de Almudena Grandes

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.2.g) y 17 del Real Decreto 1637/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece la composición, competencias y régimen de funcionamiento de la Comisión Filatélica del Estado y se regulan las emisiones de sellos de correo y otros signos de franqueo, se dicta la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete», «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» y «Escritoras.-2022. Almudena Grandes». En su virtud, hemos resuelto: Primero. Estampación. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de tres series de sellos de correo denominadas «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete», «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» y «Escritoras.-2022. Almudena Grandes». Segundo. Características. «Efemérides.-2022. 700 años Fundación Portugalete» El día 5 de mayo de 2022, dentro de la serie «Efemérides», se emitirá un sello de correo dedicado a los «700 años Fundación Portugalete». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 40,9 x 28,8 mm (horizontal). – Formato del pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal). – Valor postal del sello: 1,65 €. – Efectos en pliego Premium: 8 sellos. – Efectos en pliego: 25 sellos. – Tirada: 135.000 sellos / 5.000 pliegos Premium. «Patrimonio mundial.-2022. Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid» El día 26 de mayo de 2022 se emitirá una Hoja bloque con un sello de correo de la serie «Patrimonio mundial» denominado «Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias. Madrid». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Calcografía + offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Dentado del sello: 13 (horizontal) y 13 1/4 (vertical). – Formato del sello: 38,4 x 54,9 mm (vertical). – Formato de la Hoja bloque: 150 x 104,5 mm (horizontal). – Efectos en pliego: Hoja bloque con 1 sello. – Valor postal del sello: 6,45 €. – Tirada: 110.000 Hojas bloque. «Escritoras.-2022. Almudena Grandes» El día 27 de mayo de 2022 se emitirá un sello de correo perteneciente a la serie «Escritoras» dedicado a «Almudena Grandes». Características técnicas: – Procedimiento de impresión: Offset. – Soporte: Estucado, engomado, fosforescente. – Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical). – Dentado del sello: 13 1/4 (horizontal) y 13 3/4 (vertical). – Efectos en pliego: 25 sellos. – Valor postal del sello: 1 €. – Tirada: 135.000 sellos. Tercero. Puesta en circulación y distribución. 1. La venta y puesta en circulación de las tres series se iniciará, respectivamente, el día 5, 26 y 27 de mayo de 2022. 2. La distribución a los puntos de venta de las tres series cesará el 31 de diciembre de 2024, no obstante, conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario. Una vez alcanzada dicha fecha, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., podrá interesar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la inutilización de los sellos sobrantes de la emisión. Cuarto. Reservas. De todos estos efectos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., un mínimo de 2.500 unidades de cada efecto, para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia. Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional. Quinto. Material utilizado para la impresión. Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elementos empleados en la preparación o estampillado de la emisión encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia. En tal caso se extenderá el acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados ### RESUMEN: Correos va a sacar sello de Almudena Grandes

Suscrito el 4 de noviembre de 2014 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 12 de enero de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la defensa En Madrid, a 4 de noviembre de 2014. REUNIDOS De una parte, el Excmo. Sr. Almirante General don Fernando García Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el titular del Ministerio de Defensa de acuerdo con la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de colaboración, y con domicilio en la calle Vitruvio, número 1, 28071 Madrid. De otra parte, el Excmo. Sr. don José Carrillo Menéndez, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, en nombre y representación de la misma, según nombramiento efectuado por el Decreto 25/2011, de 5 de mayo, publicado en el BOCM número 109, de 10 de mayo de 2011. Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y EXPONEN Primero. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin. Que la Directiva de Defensa Nacional 2012, de julio de 2012, establece, en una de las líneas generales de la política de defensa, la necesidad de fomentar una conciencia de defensa de España y, en más profundidad, una cultura de la defensa, al considerar que la defensa de España debe ser asumida por todos los españoles como asunto de indudable transcendencia ya que su eficacia exige la participación ciudadana, única fórmula para otorgarle continuidad y profundidad. Segundo. Que la Universidad Complutense de Madrid tiene entre sus fines la contribución al desarrollo de la ciencia y la cultura, el compromiso con la sociedad y sus organizaciones de desarrollar programas de formación y especialización profesional superior, así como la promoción y desarrollo de programas de formación continua, propios o en colaboración, que faciliten la inserción laboral y la mejor adaptación de los ciudadanos a los cambios que se operan en el mundo profesional. Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa, en adelante MINISDEF, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en adelante CESEDEN, y la Universidad Complutense de Madrid, en adelante UCM, para el desarrollo de las siguientes actividades, que por parte del CESEDEN serán ejecutadas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, en adelante IEEE, perteneciente al CESEDEN: a) Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón», entendiendo el término «cátedra» como foro para la ejecución de actividades docentes, académicas e investigadoras relacionadas con la paz, seguridad y defensa. b) Participación en los cursos de la Universidad para los Mayores. c) Participación en cursos de personal docente de la UCM. d) Otras actividades relacionadas con la paz, seguridad y defensa. Segunda. Aportaciones de la Universidad Complutense de Madrid. La UCM se compromete a las siguientes aportaciones: a) En la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón»: aportar profesores, expertos, material didáctico e instalaciones de la UCM. Se impartirán las enseñanzas de carácter reglado sobre temas relacionados con la seguridad y la defensa, asignaturas que tendrán plena validez académica, con la correspondiente asignación de créditos, para los estudiantes de las titulaciones ofíciales de la UCM. Las asignaturas a impartir en los cursos académicos que contempla este convenio se relacionan en la cláusula cuarta. En este mismo marco, organizar actividades del tipo seminario permanente de seguridad y defensa relacionadas con la naturaleza de este convenio. b) Universidad para los Mayores. c) Otras actividades relacionadas con la seguridad y la defensa: aportar profesorado y expertos en la materia a desarrollar. d) Entregar al CESEDEN, antes del 10 de diciembre de 2014, las facturas, junto con la memoria económica y la memoria docente, relativas a los gastos originados como consecuencia de las actividades objeto de este convenio y de su desarrollo académico. e) Cualquier publicación (material docente, textos, actas, conferencias, trípticos informativos, carteles anunciadores, carpetas de documentación, etc.) que se realice con motivo de la actividad tendrá que contar con la previa autorización del MINISDEF y con el acuerdo de las partes en cuanto a contenido y presentación. El coste de las citadas publicaciones se cargará sobre el presupuesto de la actividad. f) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de las actividades objeto de este convenio, el logotipo del MINISDEF. g) Gestionar la posibilidad de activar y mantener una página web correspondiente a las actividades de la citada cátedra. Tercera. Aportaciones del Ministerio de Defensa. La aportación económica del MINISDEF será de un máximo de 10.000 euros para apoyar las asignaturas de la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón». Asimismo, el MINISDEF se compromete a: a) En la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón»; aportar expertos designados por el CESEDEN. b) En otras actividades relacionadas: aportar profesorado y expertos de la materia a desarrollar. Cuarta. Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón». 1. En el marco de la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón» se impartirán las enseñanzas de carácter reglado sobre temas relacionados con la seguridad y la defensa incluidos en los currículos de los grados cursados en la UCM y que tendrán plena validez académica, con la correspondiente asignación de créditos, para los estudiantes de las titulaciones oficiales de la UCM. Serán planificadas por las facultades que se relacionan a continuación las siguientes asignaturas, que se impartirán en el curso académico durante el periodo de vigencia del convenio: a) Facultad de Medicina: «Sanidad Militar». b) Facultad de Informática: «Seguridad». c) Facultad de Psicología: «Factores humanos: Seguridad y Defensa». d) Facultad de Farmacia: «Historia de las Ciencias Farmacéuticas en su relación con las Fuerzas Armadas». e) Facultad de Veterinaria: «Seminario de Veterinaria Militar». Quinta. Financiación. 1. Las actividades amparadas por este convenio serán financiadas por los ingresos que generen las tasas académicas. También podrán financiarse con imputación a los presupuestos de gastos de las instituciones firmantes. Además, el MINISDEF y la UCM podrán buscar la participación, como entidades colaboradoras, de otras instituciones. 2. Por parte del MINISDEF, la financiación se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.121N1.226.06, contra factura, acompañada de la memoria económica y la memoria docente, presentada una vez realizada la actividad y antes del 10 diciembre de 2014. La aportación económica total por parte del MINISDEF será por un importe máximo de diez mil (10.000) euros para el segundo semestre del ejercicio 2014: Cinco asignaturas inscritas en la cátedra: dos mil (2.000) euros por asignatura. La aportación económica del MINISDEF se empleará en financiar los gastos originados por la participación de los expertos designados por el CESEDEN, que no sean profesores de la UCM y los gastos originados por los alumnos como consecuencia de su participación en actividades patrocinadas por la cátedra. Sexta. Medidas de control y seguimiento. 1. A partir de la firma del presente convenio se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, que se responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del convenio, así como de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran presentarse. 2. La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año y elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes. En cuanto al mecanismo de toma de decisiones, los acuerdos se tomarán por consenso entre las partes. 3. Su composición será la siguiente: a) Por la UCM: 1. El Vicerrector de Posgrado y Formación Continua o persona en quien delegue. 2. El Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales o persona en quien delegue. 3. Un profesor de la UCM, coordinador de la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón». b) Por el MINISDEF: 1. El Director del IEEE o persona en quien delegue. 2. Un profesor o analista destinado en el IEEE, coordinador de la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón» o persona que se designe por parte del Director del IEEE. Séptima. Legislación aplicable. Este convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, no siéndole de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de la exclusión contenida en el artículo 4.1.c) del citado texto legal, salvo que, en ejecución del presente convenio, hubieran de suscribirse contratos que, por su naturaleza, estén sujetos al citado texto refundido. En materia presupuestaria, económica y financiera se atendrá al contenido de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Con carácter general, para solventar las dudas interpretativas y lagunas que pudieran plantearse, se observarán los principios establecidos en el indicado texto refundido y en el resto del ordenamiento jurídico administrativo. Para resolver las controversias y cuestiones litigiosas que puedan surgir las partes se someten al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. Octava. Vigencia. Este convenio de colaboración obligará a las partes desde el momento de su firma, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Novena. Causas de resolución. Este convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas: a) Mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus propios términos. b) Incumplimiento en la ejecución del convenio. c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin. d) Denuncia del convenio por cualquiera de las partes. e) Las demás establecidas en la legislación vigente. En tales supuestos, las partes vendrán obligadas a comunicarse recíprocamente por escrito la acreditación de la concurrencia de la causa invocada para dar por extinguida la relación convencional, con al menos cuatro meses de antelación a la fecha de su efectividad. No obstante, habrán de ser finalizadas con arreglo al mismo las acciones que en su momento se hallen en curso o esté comprometida su realización. Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez.–Por la Universidad Complutense de Madrid, el Rector Magnífico, José Carrillo Menéndez.

Convenio entre Defensa y la Universidad Complutense de Madrid. Crean la cátedra Almirante Don Juan de Borbón

Suscrito el 4 de noviembre de 2014 el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la defensa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 12 de enero de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, David Javier Santos Sánchez. ANEXO Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la defensa En Madrid, a 4 de noviembre de 2014. REUNIDOS De una parte, el Excmo. Sr. Almirante General don Fernando García Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el titular del Ministerio de Defensa de acuerdo con la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de colaboración, y con domicilio en la calle Vitruvio, número 1, 28071 Madrid. De otra parte, el Excmo. Sr. don José Carrillo Menéndez, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, en nombre y representación de la misma, según nombramiento efectuado por el Decreto 25/2011, de 5 de mayo, publicado en el BOCM número 109, de 10 de mayo de 2011. Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y EXPONEN Primero. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este fin. Que la Directiva de Defensa Nacional 2012, de julio de 2012, establece, en una de las líneas generales de la política de defensa, la necesidad de fomentar una conciencia de defensa de España y, en más profundidad, una cultura de la defensa, al considerar que la defensa de España debe ser asumida por todos los españoles como asunto de indudable transcendencia ya que su eficacia exige la participación ciudadana, única fórmula para otorgarle continuidad y profundidad. Segundo. Que la Universidad Complutense de Madrid tiene entre sus fines la contribución al desarrollo de la ciencia y la cultura, el compromiso con la sociedad y sus organizaciones de desarrollar programas de formación y especialización profesional superior, así como la promoción y desarrollo de programas de formación continua, propios o en colaboración, que faciliten la inserción laboral y la mejor adaptación de los ciudadanos a los cambios que se operan en el mundo profesional. Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de Defensa, en adelante MINISDEF, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en adelante CESEDEN, y la Universidad Complutense de Madrid, en adelante UCM, para el desarrollo de las siguientes actividades, que por parte del CESEDEN serán ejecutadas por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, en adelante IEEE, perteneciente al CESEDEN: a) Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón», entendiendo el término «cátedra» como foro para la ejecución de actividades docentes, académicas e investigadoras relacionadas con la paz, seguridad y defensa. b) Participación en los cursos de la Universidad para los Mayores. c) Participación en cursos de personal docente de la UCM. d) Otras actividades relacionadas con la paz, seguridad y defensa. Segunda. Aportaciones de la Universidad Complutense de Madrid. La UCM se compromete a las siguientes aportaciones: a) En la Cátedra «Almirante D. Juan de Borbón»: aportar profesores, expertos, material didáctico e instalaciones de la UCM. Se impartirán las enseñanzas de carácter reglado sobre temas relacionados con la seguridad y la defensa, asignaturas que tendrán plena validez académica, con la correspondiente asignación de créditos, para los estudiantes de las titulaciones ofíciales de la UCM. Las asignaturas a impartir en los cursos académicos que contempla este convenio se relacionan en la cláusula cuarta. En este mismo marco, organizar actividades del tipo seminario permanente de seguridad y defensa relacionadas con la naturaleza de este convenio. b) Universidad para los Mayores. c) Otras actividades relacionadas con la seguridad y la defensa: aportar profesorado y expertos en la materia a desarrollar. d) Entregar al CESEDEN, antes del 10 de diciembre de 2014, las facturas, junto con la memoria económica y la memoria docente, relativas a los gastos originados como consecuencia de las actividades objeto de este convenio y de su desarrollo académico. e) Cualquier publicación (material docente, textos, actas, conferencias, trípticos informativos, carteles anunciadores, carpetas de documentación, etc.) que se realice con motivo de la actividad tendrá que contar con la previa autorización del MINISDEF y con el acuerdo de las partes en cuanto a contenido y presentación. El coste de las citadas publicaciones se cargará sobre el presupuesto de la actividad. f) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la difusión de las actividades objeto de este convenio, el logotipo del MINISDEF. g) Gestionar la posibilidad de activar y mantener una página web correspondiente a las actividades de la citada cátedra. Tercera. Aportaciones del Ministerio de Defensa. ### RESUMEN: Convenio entre Defensa y la Universidad Complutense de Madrid. Crean la cátedra Almirante Don Juan de Borbón

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Departamento de Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio. 2) Domicilio: Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. 4) Teléfono: 935 51 20 00. 5) Telefax: 935 51 20 06. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://gestio.contractaciopublica.gencat.cat. d) Número de expediente: IT 2014 25-51/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Arrendamiento, con opción de compra de 781 vehículos para renovación y sustitución de la flota de vehículos de la Dirección General de Policía (DGP), Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), la Dirección General de Protección Civil (DGP) y la Secretaría General del Departamento de Interior (SG). c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 9 lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: 48 a 72 meses (lotes 1 al 8) y de 72 meses (lote 9). f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34100000-8 Vehículos con motor. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación están detallados en el anexo 6 del pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 46.980.474,07 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 28.440.642,60 euros. Importe total: 34.413.177,53 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): No se requiere. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 25 de marzo de 2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Diputación, 355 (Registro General). 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. e) Admisión de variantes: Solo se admiten las mejoras contempladas en el punto 4.1 del pliego de prescripciones técnicas. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre B. b) Dirección: Departamento de Interior. c) Localidad y código postal: Diputación, 355. d) Fecha y hora: A las 11 horas del día 28 de marzo de 2014. 10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario del contrato. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 14 de febrero de 2014. 12. Otras informaciones: La apertura del sobre C se comunicará oportunamente a través del perfil de contratante del órgano de contratación. Barcelona, 17 de febrero de 2014.- M. del Carme Virgili i Vilanova, Directora de Servicios.

Catalunya renueva 781 vehículos de policía, bomberos. En total, el contrato está licitado por 34.413.177,53 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Departamento de Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio. 2) Domicilio: Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. 4) Teléfono: 935 51 20 00. 5) Telefax: 935 51 20 06. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://gestio.contractaciopublica.gencat.cat. d) Número de expediente: IT 2014 25-51/2014. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Arrendamiento, con opción de compra de 781 vehículos para renovación y sustitución de la flota de vehículos de la Dirección General de Policía (DGP), Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), la Dirección General de Protección Civil (DGP) y la Secretaría General del Departamento de Interior (SG). c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 9 lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: 48 a 72 meses (lotes 1 al 8) y de 72 meses (lote 9). f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34100000-8 Vehículos con motor. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación están detallados en el anexo 6 del pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 46.980.474,07 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 28.440.642,60 euros. Importe total: 34.413.177,53 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): No se requiere. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 25 de marzo de 2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Diputación, 355 (Registro General). 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. e) Admisión de variantes: Solo se admiten las mejoras contempladas en el punto 4.1 del pliego de prescripciones técnicas. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura del sobre B. b) Dirección: Departamento de Interior. c) Localidad y código postal: Diputación, 355. d) Fecha y hora: A las 11 horas del día 28 de marzo de 2014. 10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario del contrato. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 14 de febrero de 2014. 12. Otras informaciones: La apertura del sobre C se comunicará oportunamente a través del perfil de contratante del órgano de contratación. Barcelona, 17 de febrero de 2014.- M. del Carme Virgili i Vilanova, Directora de Servicios. ### RESUMEN: Catalunya renueva 781 vehículos de policía, bomberos. En total, el contrato está licitado por 34.413.177,53 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2) Domicilio: Calle de Edison, 4. 3) Localidad y código postal: Madrid 28006. 4) Teléfono: 915851500. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de julio de 2013. d) Número de expediente: 15/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Programa de formación en inglés. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 37.530,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5,00. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2) Domicilio: Calle de Edison, 4. 3) Localidad y código postal: Madrid 28006. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dirección: Calle de Edison, 4. c) Localidad y código postal: Madrid 28006. d) Fecha y hora: Referencias evaluables mediante juicio de valor: 9 de julio de 2013, a las 12:00 h; Oferta Económica: 17 de julio de 2013, a las 11:50 h. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 31 de mayo de 2013.- La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer.

Licitación del programa de formación en inglés para los trabajadores de la CNMV por importe total de 37.530,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2) Domicilio: Calle de Edison, 4. 3) Localidad y código postal: Madrid 28006. 4) Teléfono: 915851500. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 1 de julio de 2013. d) Número de expediente: 15/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Programa de formación en inglés. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 37.530,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5,00. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 2) Domicilio: Calle de Edison, 4. 3) Localidad y código postal: Madrid 28006. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Comisión Nacional del Mercado de Valores. b) Dirección: Calle de Edison, 4. c) Localidad y código postal: Madrid 28006. d) Fecha y hora: Referencias evaluables mediante juicio de valor: 9 de julio de 2013, a las 12:00 h; Oferta Económica: 17 de julio de 2013, a las 11:50 h. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 31 de mayo de 2013.- La Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, María Elvira Rodríguez Herrer. ### RESUMEN: Licitación del programa de formación en inglés para los trabajadores de la CNMV por importe total de 37.530,00 euros.

En la reunión del 19 de noviembre de 2021, el Consejo Rector del Consorcio Casa Árabe acordó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de sus Estatutos, nombrar a doña Irene Lozano Domingo como Directora General de dicha Institución. Para su general conocimiento, y en calidad de Presidente de su Consejo Rector, dispongo la publicación de dicho Acuerdo, que figura como anexo a esta Orden. Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno. ANEXO Acuerdo por el que se nombra como Directora General del Consorcio Casa Árabe a doña Irene Lozano Domingo Reunido el Consejo Rector el día 19 de noviembre de 2021, vino a disponer, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el nombramiento de doña Irene Lozano Domingo como Directora General del Consorcio Casa Árabe, con efectos desde el día 22 de noviembre de 2021.

Irene Lozano Domingo, nueva directora de la Casa Árabe.

En la reunión del 19 de noviembre de 2021, el Consejo Rector del Consorcio Casa Árabe acordó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de sus Estatutos, nombrar a doña Irene Lozano Domingo como Directora General de dicha Institución. Para su general conocimiento, y en calidad de Presidente de su Consejo Rector, dispongo la publicación de dicho Acuerdo, que figura como anexo a esta Orden. Madrid, 19 de noviembre de 2021.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno. ANEXO Acuerdo por el que se nombra como Directora General del Consorcio Casa Árabe a doña Irene Lozano Domingo Reunido el Consejo Rector el día 19 de noviembre de 2021, vino a disponer, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el nombramiento de doña Irene Lozano Domingo como Directora General del Consorcio Casa Árabe, con efectos desde el día 22 de noviembre de 2021. ### RESUMEN: Irene Lozano Domingo, nueva directora de la Casa Árabe.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidades relacionadas, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 2015, Vengo en conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, correspondiente al año 2014, a: Don Alfonso del Amo García, conservador de cine. Don Manuel Benítez Pérez «El Cordobés», matador de toros. Don Juan Claudio Cifuentes de Benito (Cifu), crítico musical. Doña Victoria Civera Redondo, artista plástica. Doña María Corral López Dóriga, comisaria y directora de museo. Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM). Don Álvaro Fernández Villaverde, Marques de Santa Cruz, mecenas, gestor y promotor de la cultura. Doña Gabriele Maria Finaldi, conservador y director de museo. Don Manuel Galiana Martínez, actor. Doña Olvido Gara Jova (Alaska), cantante, compositora y actriz. Don Gaël de Guichen, investigador y científico (Patrimonio). El Güito (don Eduardo Serrano Iglesias), intérprete y coreógrafo de flamenco. Don Emilio Martínez-Lázaro Torre, director de cine. Don Diego Masson, mecenas. Don Manuel Muñoz Alcón (Manolo Sanlúcar), guitarrista. Doña María Jesús Pagés Madrigal, bailarina y coreógrafa. Paredes Pedrosa Arquitectos, estudio de Arquitectura. Doña Blanca Portillo Martínez de Velasco, actriz, directora y productora. Doña Helena Rohner, diseñadora de moda. Don Rafael Sánchez Ferlosio, escritor. Don Manuel Serrat Crespo, traductor y editor, a título póstumo. Don José María Sicilia Fernández-Shaw, pintor. Fundación Teatro de La Abadía, teatro. Don Bruno Turner, musicólogo. Don Isidoro Valcárcel Medina, artista plástico. Dado en Madrid, el 6 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

Aquí, todas las medallas el mérito en las bellas artes concedidas ayer. Entre ellas la de El Cordobés

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidades relacionadas, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de febrero de 2015, Vengo en conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, correspondiente al año 2014, a: Don Alfonso del Amo García, conservador de cine. Don Manuel Benítez Pérez «El Cordobés», matador de toros. Don Juan Claudio Cifuentes de Benito (Cifu), crítico musical. Doña Victoria Civera Redondo, artista plástica. Doña María Corral López Dóriga, comisaria y directora de museo. Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM). Don Álvaro Fernández Villaverde, Marques de Santa Cruz, mecenas, gestor y promotor de la cultura. Doña Gabriele Maria Finaldi, conservador y director de museo. Don Manuel Galiana Martínez, actor. Doña Olvido Gara Jova (Alaska), cantante, compositora y actriz. Don Gaël de Guichen, investigador y científico (Patrimonio). El Güito (don Eduardo Serrano Iglesias), intérprete y coreógrafo de flamenco. Don Emilio Martínez-Lázaro Torre, director de cine. Don Diego Masson, mecenas. Don Manuel Muñoz Alcón (Manolo Sanlúcar), guitarrista. Doña María Jesús Pagés Madrigal, bailarina y coreógrafa. Paredes Pedrosa Arquitectos, estudio de Arquitectura. Doña Blanca Portillo Martínez de Velasco, actriz, directora y productora. Doña Helena Rohner, diseñadora de moda. Don Rafael Sánchez Ferlosio, escritor. Don Manuel Serrat Crespo, traductor y editor, a título póstumo. Don José María Sicilia Fernández-Shaw, pintor. Fundación Teatro de La Abadía, teatro. Don Bruno Turner, musicólogo. Don Isidoro Valcárcel Medina, artista plástico. Dado en Madrid, el 6 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA ### RESUMEN: Aquí, todas las medallas el mérito en las bellas artes concedidas ayer. Entre ellas la de El Cordobés

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consorcio Valencia 2007. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Legal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consorcio Valencia 2007. 2) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n. 3) Localidad y código postal: 46024. 4) Teléfono: 96 346 20 07. 6) Correo electrónico: [email protected]. d) Número de expediente: 3951-in-34. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de demolición de la base Luna Rossa. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Marina Real Juan Carlos I. 2) Localidad y código postal: 46024 e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho semanas. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 158.274,96 euros. Importe total: 191.512,70 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.748,25 euros. Definitiva (%): 5% del presupuesto máximo de licitación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Edificaciones; subgrupo 1, Demoliciones; categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Consorcio Valencia 2007. 2) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n. 3) Localidad y código postal: Valencia 46024. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario. 12. Otras informaciones: La fecha y hora del acto público de apertura de la oferta económica se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. Valencia, 20 de mayo de 2015.- El Director general del Consorcio Valencia 2007, Pablo Landecho Campos.

Licitación para demoler la base Luna Rossa de la Marina de Valencia por importe total de 191.512,70 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consorcio Valencia 2007. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Legal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consorcio Valencia 2007. 2) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n. 3) Localidad y código postal: 46024. 4) Teléfono: 96 346 20 07. 6) Correo electrónico: [email protected]. d) Número de expediente: 3951-in-34. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de demolición de la base Luna Rossa. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Marina Real Juan Carlos I. 2) Localidad y código postal: 46024 e) Plazo de ejecución/entrega: Ocho semanas. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 158.274,96 euros. Importe total: 191.512,70 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.748,25 euros. Definitiva (%): 5% del presupuesto máximo de licitación. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Edificaciones; subgrupo 1, Demoliciones; categoría C. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Consorcio Valencia 2007. 2) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n. 3) Localidad y código postal: Valencia 46024. 10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario. 12. Otras informaciones: La fecha y hora del acto público de apertura de la oferta económica se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. Valencia, 20 de mayo de 2015.- El Director general del Consorcio Valencia 2007, Pablo Landecho Campos. ### RESUMEN: Licitación para demoler la base Luna Rossa de la Marina de Valencia por importe total de 191.512,70 euros.

Obtenida la verificación positiva del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de su implantación por la Comunidad Autónoma de Madrid, y estableciendo el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011 (publicado en el «BOE» de 24 de febrero de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de fecha 7 de febrero de 2011). Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Doctorado en Emprendedores que quedará estructurado según consta en el anexo de la presente Resolución. Móstoles, 31 de marzo de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao. ANEXO Plan de estudios correspondiente al periodo de formación constituido por 60 ECTS de nivel de posgrado, del Programa Oficial de Doctorado en Emprendedores Másteres que constituyen la Parte Formativa: Máster Universitario en Emprendedores.

Doctorados en Emprendedores de la Universidad Rey Juan Carlos: Economía de la Escuela Austríaca.

Obtenida la verificación positiva del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de su implantación por la Comunidad Autónoma de Madrid, y estableciendo el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011 (publicado en el «BOE» de 24 de febrero de 2011, por Resolución de la Secretaría General de Universidades, de fecha 7 de febrero de 2011). Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Doctorado en Emprendedores que quedará estructurado según consta en el anexo de la presente Resolución. Móstoles, 31 de marzo de 2014.–El Rector, Fernando Suárez Bilbao. ANEXO Plan de estudios correspondiente al periodo de formación constituido por 60 ECTS de nivel de posgrado, del Programa Oficial de Doctorado en Emprendedores Másteres que constituyen la Parte Formativa: Máster Universitario en Emprendedores. ### RESUMEN: Doctorados en Emprendedores de la Universidad Rey Juan Carlos: Economía de la Escuela Austríaca.

Por la Resolución CLT/1101/2015, de 12 de mayo («DOGC» núm. 6881, de 28 de mayo de 2015), se incoó expediente de declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la guitarra española La Invencible. Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de este expediente de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. Constan en el expediente los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán y del Institut d’Estudis Catalans. Durante la tramitación del expediente no se han presentado alegaciones. Por todo ello, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: Primero. Declarar bien cultural de interés nacional la guitarra española La Invencible, según la descripción y la justificación que figuran en el anexo de este Acuerdo. Segundo. Publicar íntegramente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado» este Acuerdo, de conformidad con lo que prevé el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y notificarlo a las personas interesadas. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o desde la notificación correspondiente. Barcelona, 25 de octubre de 2016.–El Secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. ANEXO Descripción y justificación Objeto: Instrumento musical. Guitarra española. Nombre: La Invencible. Constructor: Antonio de Torres Jurado (1817-1892). Fecha de construcción: 1884. Medidas: 100 × 36 × 9 cm. Materiales: Abeto, cedro, ébano y palisandro. Antonio de Torres es considerado unánimemente como el mejor constructor de guitarras de la historia. La guitarra La Invencible data del 1884, y es la número 70 de la segunda época del constructor andaluz. Las producciones de estos años son la culminación de su actividad como guitarrero y establecen modos y estándares de construcción que actualmente son todavía la referencia. La calidad sin parangón de los instrumentos y las innovaciones en materiales y técnicas llevaron a considerarlo el Stradivari de las guitarras. Además, la producción limitada a pocas decenas de guitarras hace que los instrumentos de Torres sean considerados objetos únicos y de gran valor organológico. Otra característica relevante de esta guitarra es que desde su origen tiene un nombre identificador, con la intención de destacarla como pieza especial y única. Torres la construyó por encargo del compositor e intérprete Federico Cano, y en la cabeza hay una placa con el monograma FC y el nombre La Invencible. Se podría comparar con otros instrumentos que también se identifican con un nombre propio, como los famosos violines Davidoff-Morini (Stradivari) o Il Cannone (Guarneri). La diferencia entre ellos radica en el hecho de que estos títulos fueron otorgados a posteriori por intérpretes, propietarios o coleccionistas, pero no por los mismos constructores. En el caso de La Invencible, el nombre proviene del mismo Torres, de acuerdo con su cliente y amigo Federico Cano. Por todos estos motivos, La Invencible constituye una pieza única del patrimonio musical nacional.

Catalunya declara bien cultural la guitarra española La Invencible, de Antonio de Torres

Por la Resolución CLT/1101/2015, de 12 de mayo («DOGC» núm. 6881, de 28 de mayo de 2015), se incoó expediente de declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la guitarra española La Invencible. Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de este expediente de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. Constan en el expediente los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán y del Institut d’Estudis Catalans. Durante la tramitación del expediente no se han presentado alegaciones. Por todo ello, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: Primero. Declarar bien cultural de interés nacional la guitarra española La Invencible, según la descripción y la justificación que figuran en el anexo de este Acuerdo. Segundo. Publicar íntegramente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado» este Acuerdo, de conformidad con lo que prevé el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y notificarlo a las personas interesadas. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o desde la notificación correspondiente. Barcelona, 25 de octubre de 2016.–El Secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. ANEXO Descripción y justificación Objeto: Instrumento musical. Guitarra española. Nombre: La Invencible. Constructor: Antonio de Torres Jurado (1817-1892). Fecha de construcción: 1884. Medidas: 100 × 36 × 9 cm. Materiales: Abeto, cedro, ébano y palisandro. Antonio de Torres es considerado unánimemente como el mejor constructor de guitarras de la historia. La guitarra La Invencible data del 1884, y es la número 70 de la segunda época del constructor andaluz. Las producciones de estos años son la culminación de su actividad como guitarrero y establecen modos y estándares de construcción que actualmente son todavía la referencia. La calidad sin parangón de los instrumentos y las innovaciones en materiales y técnicas llevaron a considerarlo el Stradivari de las guitarras. Además, la producción limitada a pocas decenas de guitarras hace que los instrumentos de Torres sean considerados objetos únicos y de gran valor organológico. Otra característica relevante de esta guitarra es que desde su origen tiene un nombre identificador, con la intención de destacarla como pieza especial y única. Torres la construyó por encargo del compositor e intérprete Federico Cano, y en la cabeza hay una placa con el monograma FC y el nombre La Invencible. Se podría comparar con otros instrumentos que también se identifican con un nombre propio, como los famosos violines Davidoff-Morini (Stradivari) o Il Cannone (Guarneri). La diferencia entre ellos radica en el hecho de que estos títulos fueron otorgados a posteriori por intérpretes, propietarios o coleccionistas, pero no por los mismos constructores. En el caso de La Invencible, el nombre proviene del mismo Torres, de acuerdo con su cliente y amigo Federico Cano. Por todos estos motivos, La Invencible constituye una pieza única del patrimonio musical nacional. ### RESUMEN: Catalunya declara bien cultural la guitarra española La Invencible, de Antonio de Torres

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao. b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion de Contratación. c) Número de expediente: 121220000049 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de mantenimiento y gestión integral de todos los elementos que componen el servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Bilbao 'Bilbon Bizi'. c) Lote: 1 d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5010000-6. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/12/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.533.057,86 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 383.264,46 €/año. Importe total: 1.533.057,86 euros (IVA excluido). 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2013. c) Contratista: Iniciativas Ambientales De Euskadi S.L.-Indra Sistemas S.A.- Ute Ley 18/1982 – Ute Bilbon Bicis. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: (iva excluido): 712.872,00 euros (356.436,00 euros/año). Importe total: 862575,12 euros. Bilbao, 4 de marzo de 2013.- La Directora de Contratación.

Contrato para Indra de dos años por el servicio de mantenimiento y gestión integral de todos los elementos que componen el servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Bilbao 'Bilbon Bizi por importe total de 862.575,12 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao. b) Dependencia que tramita el expediente: Direccion de Contratación. c) Número de expediente: 121220000049 d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.net. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de mantenimiento y gestión integral de todos los elementos que componen el servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Bilbao 'Bilbon Bizi'. c) Lote: 1 d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5010000-6. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03/12/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.533.057,86 euros (IVA excluido). 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 383.264,46 €/año. Importe total: 1.533.057,86 euros (IVA excluido). 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 11 de febrero de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 1 de marzo de 2013. c) Contratista: Iniciativas Ambientales De Euskadi S.L.-Indra Sistemas S.A.- Ute Ley 18/1982 – Ute Bilbon Bicis. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: (iva excluido): 712.872,00 euros (356.436,00 euros/año). Importe total: 862575,12 euros. Bilbao, 4 de marzo de 2013.- La Directora de Contratación. ### RESUMEN: Contrato para Indra de dos años por el servicio de mantenimiento y gestión integral de todos los elementos que componen el servicio municipal de préstamo automático de bicicletas de Bilbao 'Bilbon Bizi por importe total de 862.575,12 euros.

Visto el expediente de indulto de don Carlos Gimeno Fortea, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de abril de 2013, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Valencia, sección tercera, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, a la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de ocho meses con cuota diaria de 10 euros, por hechos cometidos en el año 2007, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2015, Vengo en conmutar a don Carlos Gimeno Fortea la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Indultos realizado por Rafael Catalá Polo

Visto el expediente de indulto de don Carlos Gimeno Fortea, condenado por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de abril de 2013, resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra de la Audiencia Provincial de Valencia, sección tercera, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, a la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de ocho meses con cuota diaria de 10 euros, por hechos cometidos en el año 2007, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2015, Vengo en conmutar a don Carlos Gimeno Fortea la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 2 de febrero de 2015. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Indultos realizado por Rafael Catalá Polo

La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, es el organismo encargado del control y medición de los trofeos de caza. Se trata de un organismo con hondo arraigo institucional, con más de cincuenta años de existencia al servicio de la actividad cinegética, en la calificación y catalogación y homologación de las características biométricas de las diferentes especies, que le otorgan su consideración como trofeos de caza, y en el archivo de éstos. Si bien la caza se encuentra entre las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas por virtud del artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza ha venido manteniendo sus funciones inalteradas hasta la fecha en la medida en que se trata de competencias de coordinación que no pueden ser ejercidas por las comunidades autónomas. El aprovechamiento cinegético, como todo aprovechamiento forestal, es parte inherente de la actividad económica del sector forestal de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por su vinculación tanto a las políticas de desarrollo rural como de conservación de la naturaleza. Pero más allá de la homologación de trofeos, el tratamiento ordenado de la información procedente de los archivos en poder de la Junta Nacional desde el inicio de su actividad, en 1962, hasta la actualidad, ha cobrado mayor relevancia entre las funciones actuales de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, lo que obliga a revisar las competencias y funciones de dicho órgano. El relevante incremento de datos e información como caudal de experiencia útil para contribuir a mejorar la gestión, tanto pública como privada, de la riqueza cinegética hace aconsejable crear el Archivo Nacional de Trofeos de Caza y regular el procedimiento de inscripción en el mismo así como el de la homologación de trofeos. En su tramitación han sido consultadas las comunidades autónomas y los representantes del sector afectado. En su virtud, a iniciativa de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente orden es la regulación de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, como órgano colegiado de carácter ministerial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal con la finalidad de llevar a cabo la catalogación, homologación y archivo de trofeos de caza. Asimismo, tiene por objeto la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza como parte del Fondo Documental del Monte. Artículo 2. Composición. 1. La Junta estará compuesta por un total de veinte miembros: un presidente, un vicepresidente, y dieciocho vocales. 2. El presidente será libremente designado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de una terna propuesta por la propia Junta. 3. El vicepresidente será nombrado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entre los altos cargos del departamento. 4. Vocales: a) Siete en representación de las Comunidades y Ciudades de Ceuta y Melilla que lo soliciten, las cuales asistirán como miembros por rotación anual por riguroso orden alfabético. En aquellas Comunidades Autónomas así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla en las que exista su propia Junta de homologación de trofeos de caza, el nombramiento de los representantes autonómicos recaerá en los presidentes de las respectivas Juntas de Homologación de Trofeos de caza. b) Nueve en representación del sector, a propuesta de la Junta que por su experiencia acreditada se consideren más idóneos. c) Dos representantes funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, con rango al menos de subdirector general. 5. El Secretario, que tendrá derecho a voz pero no a voto, será directamente designado de entre los funcionarios del Departamento por el titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 6. La Junta, en la forma que determine su reglamento interno, podrá estar asistida por asesores colaboradores, los cuales podrán ser convocados a las reuniones de la Junta con voz pero sin voto. 7. La Junta se renovará cada cinco años por terceras partes, salvo la representación autonómica que se somete a rotación anual. Todos los cargos podrán reelegirse indefinidamente. Artículo 3. Funciones. Serán funciones de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza las siguientes: 1. Definir las fórmulas de valoración correspondientes a cada especie, ajustándose en lo posible a las adoptadas por el Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC), y establecer las puntuaciones mínimas exigidas para las distintas categorías. 2. Cooperar para una correcta aplicación de dichas fórmulas promoviendo la unificación de criterios de interpretación entre las comisiones de homologación de las diferentes Comunidades Autónomas, atendiendo preferentemente a los criterios definidos por el CIC. 3. Definir los procedimientos de homologación de los trofeos para acceder a los listados del Archivo Nacional de Trofeos de Caza, definiendo al tiempo los conceptos de Récord Nacional de cada especie, Récord absoluto histórico o cualquier otro que la Junta pudiera considerar oportuno para estimular la gestión de la riqueza cinegética en base a un aprovechamiento sostenible de los recursos de caza. 4. Definir los sistemas de catalogación de los trofeos y promover e impulsar la coordinación de dichos sistemas entre las distintas comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas al objeto de consolidar la catalogación en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza. 5. Facilitar el intercambio de información y registros del Archivo Nacional de Trofeos de Caza con cada una de las comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas cuando así lo requieran. 6. Mantener una estrecha colaboración con los organismos internacionales encargados de cometidos similares a los de la Junta. 7. Actuar como órgano consultivo en materia de caza, gestión cinegética y conservación de los ecosistemas para la Administración General del Estado y para las distintas Comunidades Autónomas. 8. Informar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal respecto de asuntos relacionados con caza mayor que pudieran afectar a más de una Comunidad Autónoma, bien a petición de la misma o por propia iniciativa, y proponer las medidas que estime pertinentes. 9. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal la renovación, el aumento o disminución de sus miembros cuando las circunstancias lo requieran, así como el nombramiento de asesores colaboradores. 10. Medir y homologar toda clase de trofeos de caza españoles, tanto en concursos y exposiciones oficiales como a requerimiento de los propietarios, y expedir los justificantes de las homologaciones realizadas, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. 11. Confeccionar los catálogos de trofeos de caza, en los que se recogerán los trofeos homologados y cuantos datos considere necesarios con el fin de resaltar la evolución y desarrollo de las distintas especies. 12. Velar por la protección de la diversidad biológica de la fauna cinegética española y, en particular, por su pureza genética. 13. Poner en valor los recursos cinegéticos existentes en España y hacer trascender estos valores a las organizaciones internacionales existentes en la materia. Artículo 4. Homologaciones. Las homologaciones de trofeos de caza mayor se ajustarán a las normas que determine la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, asegurando en todo caso la recopilación de todos los datos que afecten a la propiedad del trofeo y a la forma en que se ha obtenido, de manera que dichos datos puedan ser incorporados al fondo documental del Archivo Nacional de Trofeos de Caza. Artículo 5. Catalogación de las homologaciones de trofeos. La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza podrá exigir, con carácter previo a la catalogación de las homologaciones de trofeos, cuantos datos e informes considere necesarios para comprobar la veracidad de los antecedentes de sus capturas, su lugar y su fecha, así como la identidad de su propietario. Podrá ser rechazada la incorporación al Archivo Nacional de Trofeos de Caza de las homologaciones de trofeos cuando el solicitante no acredite en forma fehaciente los extremos a los que se extienda su declaración. Artículo 6. Rehomologación de trofeos. Un trofeo oficialmente homologado y catalogado no podrá volver a medirse, salvo que, previa reclamación razonada a la Junta, ésta así lo acuerde, o el trofeo sea valorado entre los cinco primeros de la especie en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza en esa fecha. En estas circunstancias el trofeo será medido nuevamente por el pleno de la Junta, con el fin de determinar la homologación oficial definitiva, siendo el resultado de tal medición promediada con la valoración obtenida en la primera medición realizada por la propia Junta o por cualquiera de las comisiones autonómicas y dará lugar a la homologación oficial definitiva de la que se dará traslado al Archivo Nacional y a la Comisión Autonómica correspondiente. Artículo 7. Archivo Nacional de Trofeos de Caza. Se crea el Archivo Nacional de Trofeos de Caza que contendrá todas las mediciones de los trofeos de caza homologables a nivel nacional, así como el titular del trofeo y una referencia al lugar donde fue cazado. Estarán incluidos en él los datos de los trofeos que actualmente constituyen el archivo de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal será la responsable de la gestión de este archivo. La Junta determinará el procedimiento a seguir para la incorporación al Archivo Nacional de Trofeos de Caza de los trofeos homologados por la Junta y las Comisiones Autonómicas de homologación. Para todo trofeo cuyas mediciones le otorguen estar, en el momento de su homologación, entre los primeros cinco trofeos de una determinada especie será preceptiva una nueva medición del pleno de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. La valoración final se obtendrá del promedio de ambas mediciones. Artículo 8. Régimen de funcionamiento. 1. La Junta se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario. 2. Con carácter extraordinario se reunirá: a) Cuando el Presidente lo estime necesario. b) A petición de tres o más miembros de la Junta. c) Siempre que sea necesario, para homologar aquellos trofeos que puedan estar clasificados entre los cinco de mayor puntuación de cada especie. En lo no regulado en esta orden será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 9. Asistencia a las reuniones de la Junta Nacional de Trofeos de Caza. La asistencia a las reuniones de la Junta será obligatoria para todos los miembros de ésta, quienes deberán justificar su ausencia en caso de producirse. En casos de ausencia o enfermedad y, en general cuando concurra alguna causa justificada, los vocales serán sustituidos por otros miembros de la Junta, designados por el mismo procedimiento que los titulares a quienes sustituyan. Tres ausencias consecutivas o cinco alternas sin justificar de vocales representantes del sector cinegético supondrán el cese automático como miembro de la Junta. Artículo 10. Acuerdos. Los acuerdos en las reuniones de la Junta se adoptarán por mayoría de los miembros presentes y representados, salvo la propuesta de nuevos miembros y la propuesta de modificación del presente reglamento en que será necesaria la mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros de la Junta. Para la realización de informes específicos o el desempeño de tareas concretas, la Junta podrá delegar todas aquellas funciones que estime oportunas en comités que, en todo caso, estarán formado por vocales de la misma. Artículo 11. Carácter no retribuido de los vocales y asesores colaboradores. Todos los miembros de la Junta, incluidos los asesores colaboradores, ejercerán sus competencias y cumplirán con sus responsabilidades y ningún cargo podrá ser retribuido. Disposición transitoria primera. Comisiones Regionales creadas por la Junta Nacional. Las Comisiones Regionales creadas por la Junta Nacional, a que se refiere el artículo 6, letra i) de la Resolución del Director General del ICONA de 22 de octubre de 1982 por la que fue aprobado el Reglamento de Régimen Interno de la Junta, mantendrán su funcionamiento hasta la creación por la Comunidad Autónoma correspondiente de la Comisión Autonómica de Homologación de Trofeos de Caza en virtud de sus competencias. Disposición transitoria segunda. Nombramientos previos a esta orden. Todos los miembros que componen la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza a la fecha de la publicación de esta Orden mantendrán en vigor sus nombramientos sin solución de continuidad, hasta la renovación, si procede, prevista en el artículo segundo. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden del Ministerio de Agricultura de 19 de febrero de 1969 por la que se reorganiza la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza creada por Orden de 26 de noviembre de 1962. Disposición final primera. No incremento del gasto público. El funcionamiento de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza no supondrá incremento de gasto público y se atenderá con los recursos disponibles de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. La asistencia a las sesiones del órgano por parte de sus miembros o invitados en ningún caso dará lugar a la percepción de indemnizaciones por razón de servicio. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 1 de julio de 2013.–El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza se reune para la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza

La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, es el organismo encargado del control y medición de los trofeos de caza. Se trata de un organismo con hondo arraigo institucional, con más de cincuenta años de existencia al servicio de la actividad cinegética, en la calificación y catalogación y homologación de las características biométricas de las diferentes especies, que le otorgan su consideración como trofeos de caza, y en el archivo de éstos. Si bien la caza se encuentra entre las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas por virtud del artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza ha venido manteniendo sus funciones inalteradas hasta la fecha en la medida en que se trata de competencias de coordinación que no pueden ser ejercidas por las comunidades autónomas. El aprovechamiento cinegético, como todo aprovechamiento forestal, es parte inherente de la actividad económica del sector forestal de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por su vinculación tanto a las políticas de desarrollo rural como de conservación de la naturaleza. Pero más allá de la homologación de trofeos, el tratamiento ordenado de la información procedente de los archivos en poder de la Junta Nacional desde el inicio de su actividad, en 1962, hasta la actualidad, ha cobrado mayor relevancia entre las funciones actuales de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, lo que obliga a revisar las competencias y funciones de dicho órgano. El relevante incremento de datos e información como caudal de experiencia útil para contribuir a mejorar la gestión, tanto pública como privada, de la riqueza cinegética hace aconsejable crear el Archivo Nacional de Trofeos de Caza y regular el procedimiento de inscripción en el mismo así como el de la homologación de trofeos. En su tramitación han sido consultadas las comunidades autónomas y los representantes del sector afectado. En su virtud, a iniciativa de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente orden es la regulación de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, como órgano colegiado de carácter ministerial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal con la finalidad de llevar a cabo la catalogación, homologación y archivo de trofeos de caza. Asimismo, tiene por objeto la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza como parte del Fondo Documental del Monte. Artículo 2. Composición. 1. La Junta estará compuesta por un total de veinte miembros: un presidente, un vicepresidente, y dieciocho vocales. 2. El presidente será libremente designado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de una terna propuesta por la propia Junta. 3. El vicepresidente será nombrado por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de entre los altos cargos del departamento. 4. Vocales: a) Siete en representación de las Comunidades y Ciudades de Ceuta y Melilla que lo soliciten, las cuales asistirán como miembros por rotación anual por riguroso orden alfabético. En aquellas Comunidades Autónomas así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla en las que exista su propia Junta de homologación de trofeos de caza, el nombramiento de los representantes autonómicos recaerá en los presidentes de las respectivas Juntas de Homologación de Trofeos de caza. b) Nueve en representación del sector, a propuesta de la Junta que por su experiencia acreditada se consideren más idóneos. c) Dos representantes funcionarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, con rango al menos de subdirector general. 5. El Secretario, que tendrá derecho a voz pero no a voto, será directamente designado de entre los funcionarios del Departamento por el titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 6. La Junta, en la forma que determine su reglamento interno, podrá estar asistida por asesores colaboradores, los cuales podrán ser convocados a las reuniones de la Junta con voz pero sin voto. 7. La Junta se renovará cada cinco años por terceras partes, salvo la representación autonómica que se somete a rotación anual. Todos los cargos podrán reelegirse indefinidamente. Artículo 3. Funciones. Serán funciones de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza las siguientes: 1. Definir las fórmulas de valoración correspondientes a cada especie, ajustándose en lo posible a las adoptadas por el Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC), y establecer las puntuaciones mínimas exigidas para las distintas categorías. 2. Cooperar para una correcta aplicación de dichas fórmulas promoviendo la unificación de criterios de interpretación entre las comisiones de homologación de las diferentes Comunidades Autónomas, atendiendo preferentemente a los criterios definidos por el CIC. 3. Definir los procedimientos de homologación de los trofeos para acceder a los listados del Archivo Nacional de Trofeos de Caza, definiendo al tiempo los conceptos de Récord Nacional de cada especie, Récord absoluto histórico o cualquier otro que la Junta pudiera considerar oportuno para estimular la gestión de la riqueza cinegética en base a un aprovechamiento sostenible de los recursos de caza. 4. Definir los sistemas de catalogación de los trofeos y promover e impulsar la coordinación de dichos sistemas entre las distintas comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas al objeto de consolidar la catalogación en el Archivo Nacional de Trofeos de Caza. 5. Facilitar el intercambio de información y registros del Archivo Nacional de Trofeos de Caza con cada una de las comisiones de homologación de las Comunidades Autónomas cuando así lo requiera ### RESUMEN: Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza se reune para la creación del Archivo Nacional de Trofeos de Caza

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Servicios. 2) Domicilio: Calle San Bernardo, 45. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28015. 4) Teléfono: 91 390 22 22. 5) Telefax: 91 390 23 10. 6) Correo electrónico: mesacontratació[email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Apoyo a la gestión del servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 4.649.230,56 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.937.179,40 euros. Importe total: 2.343.987,07 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA excluido. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia. 2) Domicilio: Calle Bolsa, n.º 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Ministerio de Justicia. b) Dirección: Calle San Bernardo, 45. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: Apertura sobre n.º 2, Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, día 2 de agosto de 2013, a las 12:00 horas. Apertura sobre n.º 3 Criterios de adjudicación cuya ponderación es automática: día 3 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': No procede. Madrid, 26 de junio de 2013.- Jefa Servicio Contratación.

Contrato para el apoyo a la gestión del servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia por importe total de 2.343.987,07 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Servicios. 2) Domicilio: Calle San Bernardo, 45. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28015. 4) Teléfono: 91 390 22 22. 5) Telefax: 91 390 23 10. 6) Correo electrónico: mesacontratació[email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Apoyo a la gestión del servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 4.649.230,56 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1.937.179,40 euros. Importe total: 2.343.987,07 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación, IVA excluido. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia. 2) Domicilio: Calle Bolsa, n.º 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Ministerio de Justicia. b) Dirección: Calle San Bernardo, 45. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: Apertura sobre n.º 2, Criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, día 2 de agosto de 2013, a las 12:00 horas. Apertura sobre n.º 3 Criterios de adjudicación cuya ponderación es automática: día 3 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': No procede. Madrid, 26 de junio de 2013.- Jefa Servicio Contratación. ### RESUMEN: Contrato para el apoyo a la gestión del servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia por importe total de 2.343.987,07 euros.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidad que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las siguientes categorías: Medalla de Oro: Ilma. Sra. Dña. Ana Muñoz Merino. Medalla de Bronce: Sr. D. Luis Villarejo Alonso. Madrid, 30 de septiembre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro.

Medallas Mérito Deportivo para Ana Muñoz Merino y Luis Villarejo Alonso

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidad que a continuación se relacionan, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en las siguientes categorías: Medalla de Oro: Ilma. Sra. Dña. Ana Muñoz Merino. Medalla de Bronce: Sr. D. Luis Villarejo Alonso. Madrid, 30 de septiembre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ### RESUMEN: Medallas Mérito Deportivo para Ana Muñoz Merino y Luis Villarejo Alonso