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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley. [indice]ÍNDICE Título I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Definiciones. Artículo 3. Principios generales. Título II. Transparencia de la actividad pública. Capítulo I. Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Artículo 5. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 6. Otros sujetos obligados. Artículo 7. Obligaciones de suministro de información de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que ejerzan funciones administrativas. Capítulo II. Publicidad activa. Sección primera. Normas generales. Artículo 8. Obligaciones de publicidad activa. Artículo 9. Características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa. Artículo 10. Publicación por medios electrónicos. Artículo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sección segunda. Tipos y contenido de la información susceptible de publicidad activa. Artículo 12. Tipos de información susceptible de publicidad activa. Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos. Artículo 14. Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. Artículo 15. Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Artículo 16. Información de relevancia jurídica. Artículo 17. Información sobre contratos y convenios. Artículo 18. Información sobre subvenciones. Artículo 19. Información presupuestaria, económico-financiera, patrimonial y en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Artículo 20. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. Artículo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilización de la información. Artículo 22. Control. Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública. Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública. Artículo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública. Artículo 26. Procedimiento de acceso. Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública. Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones. Título III. Participación ciudadana. Artículo 29. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. Artículo 30. Finalidad y articulación de la participación. Artículo 31. Fomento de la participación ciudadana. Artículo 32. Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. Artículo 33. Instrumentos de participación ciudadana. Título IV. Organización y fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la administración regional. Capítulo I. Organización de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración Regional. Artículo 34. Funciones del titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. Artículo 35. Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. Artículo 36. Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia. Artículo 37. Adecuación de la estructura a las obligaciones de publicidad activa y de derecho de acceso. Capítulo II. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Artículo 38. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Capítulo III. Fomento de la transparencia. Artículo 39. Integración y fomento de la transparencia en la gestión. Artículo 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad. Título V. Régimen sancionador. Capítulo I. Normas generales. Artículo 41. Normas generales. Capítulo II. Del régimen disciplinario. Artículo 42. Personas responsables. Artículo 43. Faltas disciplinarias. Artículo 44. Sanciones disciplinarias Artículo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. Capítulo III. Del régimen sancionador. Artículo 46. Personas responsables. Artículo 47. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. Artículo 48. Infracciones de otras entidades. Artículo 49. Sanciones. Artículo 50. Procedimiento. Disposición adicional primera. Colaboración en materia de transparencia. Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa. Disposición adicional tercera. Articulación de medidas organizativas y presupuestarias. Disposición transitoria primera. Solicitudes de acceso a la información pública en trámite. Disposición transitoria segunda. Régimen de proyectos normativos ya iniciados. Disposición transitoria tercera. Aplicación de obligaciones de transparencia a relaciones jurídicas anteriores. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Desarrollo del régimen relativo al buen gobierno. Disposición final segunda. Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo de la presente ley. Disposición final cuarta. Entrada en vigor.[fin indice] [preambulo]PREÁMBULO I La madurez de nuestra democracia y las exigencias de la sociedad han impulsado un proceso evolutivo en la Administración pública hacia unos estándares de calidad más elevados y de mayor proximidad al ciudadano, propiciando nuevas formas de gestionar los asuntos públicos. Los ciudadanos ya no son únicamente destinatarios de la acción de gobierno y de los servicios que presta la Administración. Han variado su rol de sujetos pasivos de esa actividad, pasando a desempeñar un papel clave en el diseño, ejecución y seguimiento de esas políticas públicas. Son sus promotores, pero, a su vez, son los auditores de la acción del gobierno, del buen desempeño de la Administración y de los servicios públicos que se les proporcionan. Los ciudadanos desean conocer en mayor medida cómo se ejecutan las políticas públicas y la acción de sus respectivos gobiernos. Reclaman un mayor conocimiento de las partidas que integran los presupuestos de las diferentes administraciones públicas que sufragan con sus tributos. Desean conocer quiénes son los responsables del desarrollo de las políticas, proyectos y planes públicos en las instituciones que financian, y les exigen mayores responsabilidades en el desarrollo de su actividad y en la ejecución de sus gastos. Estas demandas de mayor transparencia se han visto, igualmente, incrementadas por el impulso de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. Por ello, la presente ley responde a la voluntad de convertir estas legítimas aspiraciones en derechos para los ciudadanos y en obligaciones para los poderes públicos. No es posible que las instituciones públicas permanezcan al margen de estas reivindicaciones. La Administración debe adaptarse a los nuevos tiempos, realizando una firme apuesta por el impulso democrático que fomente una nueva gestión pública en la que la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno sean sus ejes vertebradores. En suma, debe aspirar a ser una administración abierta y transparente, que facilite el acceso a la información pública, que sea participativa, implicando y fomentando a la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos, y que rinda cuentas de cuánto se ingresa, y de cuánto, en qué y por quién se gastan los fondos públicos. II En este contexto, la Administración General del Estado aprobó, con carácter básico, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Dicha norma, en su disposición final novena, establece un plazo máximo de dos años para la adaptación de los órganos de las comunidades autónomas a las obligaciones en ella contenidas. En desarrollo de la legislación básica estatal y para dar cumplimiento al mandato referido en el párrafo anterior, se dicta la presente ley al amparo de las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de participación ciudadana, organización, régimen jurídico, procedimiento administrativo y estructuración de su propia Administración pública, en virtud de los artículos 9. dos, letra e); 10. uno, apartados uno y veintinueve, y 51 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. En materia de participación, nuestro Estatuto de Autonomía dispone expresamente que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia, velará por facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la Región. En este sentido, el derecho de participación debe ser un criterio transversal de actuación de la Administración regional que permita a los ciudadanos y a la sociedad civil opinar, debatir, argumentar, formular propuestas y colaborar en los asuntos públicos. El fomento de la participación activa contribuye a la mejora e impulso de la cultura democrática de una sociedad, al tiempo que acerca a los ciudadanos a la gestión de las políticas públicas mediante su implicación en la toma de decisiones, enriqueciendo sus propuestas e iniciativas y generando una mayor eficacia en la acción política del Gobierno de la Región. El objeto de la presente ley es trasladar y desarrollar lo establecido en la legislación básica mediante la regulación de la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dichos conceptos no son del todo desconocidos en nuestra legislación autonómica, habiendo sido formalmente reconocidos como principios propios de la Administración regional en la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que contempla como principios de funcionamiento de aquella los de objetividad y transparencia y, como principio de servicio a los ciudadanos, el de participación. Asimismo, en materia de participación ciudadana se han dictado dos normas. Por un lado, la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los Órganos Consultivos de la Administración Regional de Murcia, por la que se regula la participación ciudadana de carácter orgánico. Por otro, la Ley 2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan los Consejos Técnicos Consultivos y los Comisionados Regionales, con el fin de canalizar las funciones de asesoramiento y asistencia técnica a desarrollar por tales órganos. Más recientemente, la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha vuelto a referirse a ambos extremos como principios generales a los que la Administración regional deberá ajustar sus políticas públicas y su actividad. Así, esta ley se centra en la transparencia como principio en dos ocasiones: junto al principio de claridad, señalando que la Administración deberá desarrollar su actividad y la gestión pública garantizando tanto su publicidad y acceso a la información por parte de los ciudadanos como la mejor comprensión de las normas y procedimientos administrativos por parte de estos; y, por otro lado, al destacar como principios la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos. Pero la transparencia no solo se configura como un principio, sino también como una exigencia concreta en relación con la evaluación de la calidad de los servicios públicos o como una de las finalidades a lograr con la implantación progresiva del uso de medios electrónicos en la gestión administrativa. Finalmente, la transparencia aparece como uno de los extremos a los que necesariamente deberán adecuarse las disposiciones legislativas o reglamentarias que la Administración pretenda proyectar. Del mismo modo, la referida ley instaura como principio el de participación ciudadana, disponiendo que la Administración regional fomentará el derecho de los ciudadanos a formular sugerencias, observaciones, reclamaciones y quejas en relación con la prestación de los servicios públicos, así como a ser consultados sobre el grado de satisfacción respecto a los mismos. III La pretensión de esta ley es pasar de los principios a los hechos, en la conciencia de que la transparencia y la participación no deben ser meros principios programáticos que guíen el actuar de la Administración, sino que han de plasmarse en derechos concretos de los ciudadanos y en obligaciones específicas de la Administración, así como en instrumentos que permitan tener un mejor conocimiento sobre las instituciones públicas y ejercer un control más severo sobre las mismas. En esta línea se enmarca la reciente Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2014, que implanta una serie de medidas en materia de transparencia en la Administración regional. Entre ellas, destacan las referidas a publicidad activa, que obligan a poner a disposición de los ciudadanos, a través de un Portal de Transparencia, determinada información relevante de esta organización, como sus contratos, subvenciones, presupuestos, perfil profesional y retribuciones de altos cargos, cartas de servicios, etc. Además, dicha Iniciativa Integral ha sido completada por otro Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 19 de septiembre de 2014, que ha ampliado las obligaciones de publicidad activa a los contratos menores y a diversas cuestiones relacionadas con la Función Pública (efectivos, oferta de empleo público, relaciones de puestos de trabajo, etc.). Junto a estas medidas en materia de publicidad activa, la Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contempla otras de índole organizativa y en materia de buen gobierno, tales como la constitución de una Comisión para el impulso de la transparencia en la Administración regional, la creación de la Unidad de Conflictos de Intereses, que tiene como misión velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad Autónoma, y el impulso de una ley que regule el estatuto del alto cargo. IV Formalmente, la presente ley se estructura en cinco títulos, cincuenta artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales. El título I regula su objeto, las definiciones de los conceptos más relevantes de esta ley, así como sus principios inspiradores. El título II, relativo a la transparencia de la actividad pública, se divide en tres capítulos. El primero configura el catálogo de derechos de los ciudadanos en materia de transparencia y de acceso a la información, así como las obligaciones derivadas del ejercicio de tales derechos. Este capítulo determina las entidades públicas sujetas a las obligaciones en materia de transparencia y de derecho de acceso, de manera análoga a la normativa básica estatal. Igualmente, obliga a otros sujetos privados a dar publicidad de determinados aspectos de su actividad como consecuencia de que la misma se encuentra financiada con fondos públicos. Finalmente, regula la obligación de suministro de información por parte de determinadas personas que, no estando incluidas en su ámbito de aplicación, prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas. El capítulo II se estructura, a su vez, en dos secciones. La primera sección detalla las obligaciones de publicidad activa que corresponden a las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley; regula el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como dirección electrónica donde se pondrá a disposición de los ciudadanos toda la información susceptible de publicidad activa que se detalla en su sección segunda, así como el régimen de datos abiertos y las condiciones de reutilización de la información pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Finalmente, encomienda al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia el control del cumplimiento de las obligaciones anteriores. El capítulo III desarrolla el régimen que, sobre el derecho de acceso a la información pública, se contiene en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, contemplando el régimen de las obligaciones y límites a tal derecho, así como los aspectos relativos al procedimiento de acceso y a su formalización en la Administración regional. El título III desarrolla el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, estableciendo medidas de fomento e instrumentos para articular tal participación, entre los que destacan las iniciativas ciudadanas, como medio para solicitar a la Administración regional el inicio de procedimientos de regulación o de actuación sobre cualquier tema que resulte de interés para los mismos. Crea, asimismo, un Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia en el que se podrán inscribir todos los ciudadanos y entidades que deseen participar en los asuntos públicos de la Administración regional. El título IV, relativo a la organización y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración regional, regula, en su capítulo I, las funciones de la consejería competente en la materia, creando una comisión interdepartamental encargada de la planificación, coordinación e impulso en la Administración regional de las medidas que en materia de transparencia se derivan de la ley, y una Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana como órgano de gestión y ejecución de tales medidas. El capítulo II crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de control que velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y por la garantía del derecho de acceso a la información pública. Finalmente, el capítulo III regula la integración de la transparencia en la gestión administrativa y las medidas de fomento de la misma. El título V, relativo al régimen sancionador, establece el régimen disciplinario de las autoridades y empleados públicos al servicio de la Administración regional, y el régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa contempladas en la presente ley por otros sujetos. En las disposiciones adicionales se contempla la importancia de la colaboración entre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el resto de administraciones públicas, especialmente, la Administración local. Se establece la necesidad de que la Administración regional impulse un proceso de revisión, simplificación y consolidación normativa, y de que articule las medidas organizativas y presupuestarias precisas para que se garantice el cumplimiento y la aplicación efectiva de las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso. Las disposiciones transitorias establecen un régimen transitorio para las solicitudes de acceso presentadas, los proyectos normativos iniciados o en trámite y las relaciones jurídicas entabladas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Las disposiciones finales contemplan la obligación por parte del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y adecue la normativa regional sobre altos cargos a los principios de la nueva gestión pública que inspiran esta ley. Asimismo, teniendo en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones en materia publicidad activa y de derecho de acceso contempladas en la presente ley exige la articulación previa de una serie de actuaciones y medidas por parte de la Administración regional, se establece una vacatio legis de seis meses para el contenido del título II, así como del capítulo dedicado al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. [encabezado]TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, garantizando a la ciudadanía el conocimiento de la actividad de los poderes públicos, su derecho a acceder a la información pública, así como a participar en los asuntos y políticas públicas y en la toma de decisiones que les afecten. Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por: a) Información pública: los contenidos o documentos que, habiendo sido elaborados o adquiridos para el ejercicio de las funciones de las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5, obren en poder de estas, con independencia del formato o soporte en el que se encuentren disponibles. b) Publicidad activa: la obligación por parte de las entidades e instituciones señaladas en la letra anterior de publicar de manera permanente la información pública que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad pública. c) Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades e instituciones referidas anteriormente con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en esta ley y en la normativa básica estatal. d) Participación ciudadana: la intervención individual o colectiva por parte de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas. e) Apertura de datos: la puesta a disposición de datos en formato digital, estandarizado y abierto, siguiendo una estructura que permita su comprensión y reutilización de forma que generen valor y riqueza a través de productos derivados de dichos datos realizados por terceros. Artículo 3. Principios generales. Son principios generales que inspiran esta ley los siguientes: a) Principio de transparencia pública, por el que deberá proporcionarse y difundirse a la ciudadanía toda la información pública que obre en poder de los sujetos obligados por esta ley, así como la relativa a su organización y actuación, de forma que le permita conocer sus decisiones y su procedimiento de adopción, la organización de los servicios públicos y sus responsables b) Principio de libre acceso a la información pública, de acuerdo con el cual cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública. c) Principio de veracidad, de manera que la información pública debe ser cierta y exacta, y proceder de documentos respecto de los que se haya verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. d) Principio de accesibilidad, de forma que, en la medida de lo posible, las dependencias, el diseño de las políticas públicas y el conjunto de actuaciones administrativas derivadas de esta ley garanticen el principio de accesibilidad universal referido en el artículo 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. e) Principio de gratuidad, de acuerdo con el cual tanto las solicitudes de acceso como su materialización serán gratuitas, sin perjuicio de las exacciones que legalmente se encuentren establecidas por la expedición de copias o soportes, o por la prestación de la información en un formato diferente al original. f) Principio de utilidad, según el cual la información pública que se suministre deberá ser, siempre que resulte posible, adecuada al cumplimiento de los fines para los que hubiera sido solicitada. g) Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. h) Principio de reutilización, que fomente la publicación de la información y datos en formatos que propicien que se generen nuevas utilidades, productos o servicios, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público. i) Principio de participación y colaboración ciudadanas, que promueva la intervención e implicación de la ciudadanía, de manera individual o colectiva, en los asuntos públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. TÍTULO II Transparencia de la actividad pública CAPÍTULO I Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ámbito subjetivo de aplicación Artículo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. 1. Se reconocen los siguientes derechos a los ciudadanos en sus relaciones con las entidades e instituciones referidas en el artículo 5: a) A acceder, en los términos previstos en esta ley, a la información pública que obre en poder de cualesquiera de las entidades e instituciones señaladas. b) A solicitar la información pública anterior, sin que para ello necesiten ostentar un interés legítimo y sin perjuicio de las limitaciones contempladas en la legislación básica estatal o en esta ley. c) A recibir información de los derechos establecidos en este título y a ser asistidos para su correcto ejercicio d) A obtener la información solicitada en la forma o formato elegidos de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo tercero de este título. e) A conocer, mediante resolución motivada, los motivos de inadmisión o denegación de sus solicitudes de acceso, o del acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada. f) A usar la información obtenida, sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las derivadas de esta u otras leyes. 2. Los ciudadanos que, en aplicación de la presente ley, accedan a la información pública estarán obligados a: a) Ejercer su derecho de acceso con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho, concretando sus solicitudes de la forma más precisa posible. b) Realizar el acceso a la información sin que se vea afectado el normal funcionamiento de los servicios públicos, cumpliendo las condiciones y requisitos materiales para el acceso que se establezcan en la resolución correspondiente, cuando haya de realizarse presencialmente en un concreto archivo o dependencia pública. c) Respetar las obligaciones establecidas en esta ley para la reutilización de la información obtenida. Artículo 5. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: a) La Administración general de la Comunidad Autónoma. b) Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración pública anterior. c) Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a la Administración pública regional o dependientes de ella. d) El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. e) Las universidades públicas de la Región de Murcia y sus entidades instrumentales dependientes. f) Las sociedades mercantiles regionales, así como las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación, directa o indirecta, del resto de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por ciento. g) Las fundaciones del sector público autonómico constituidas, mayoritariamente o en su totalidad, por aportaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, o cuyo patrimonio fundacional con carácter de permanencia esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos cedidos o aportados por ella, así como las fundaciones dependientes del resto de entidades previstas en este artículo en las que se den tales circunstancias. h) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. i) Las corporaciones de derecho público regionales y entidades asimilables, tales como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. j) Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo, incluidos los órganos de cooperación referidos en el artículo 2.1 i) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con excepción de aquellas en las que participe la Administración general del Estado o alguna de sus entidades del sector público. k) El resto de entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que figuren incluidas por el estado en el Inventario de Entes del Sector Público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2. La Asamblea Regional de Murcia estará sujeta a la legislación básica del Estado en materia de transparencia y a las disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que la misma establezca en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio. 3. A los efectos de lo previsto en este título tienen la consideración de administraciones públicas de la Región de Murcia los organismos y entidades incluidos en las letras a) a e) del apartado 1. Artículo 6. Otros sujetos obligados. 1. Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica estatal, así como aquellas otras exigencias de publicidad específicas que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta ley y en las correspondientes convocatorias, respetando en todo caso la naturaleza privada de estas entidades y las finalidades que las mismas tienen reconocidas: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales que actúen en el ámbito territorial de la Región de Murcia. b) Las entidades privadas que perciban, durante el período de un año, ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el cuarenta por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 2. Asimismo, para aquellos conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, deportes, sanidad y servicios sociales se establecerán, en las normas de desarrollo de esta Ley, y, en su caso, en sus normas reguladoras, aquellas obligaciones de publicidad activa que deban cumplir estas entidades para colaborar en la prestación de estos servicios sufragados con fondos públicos, que como mínimo serán los establecidos en la legislación básica nacional para las entidades del apartado 1 anterior. Estas obligaciones serán incluidas en los correspondientes pliegos o documentos contractuales equivalentes. Artículo 7. Obligaciones de suministro de información de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que ejerzan funciones administrativas. 1. Las personas físicas y jurídicas distintas de las señaladas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan funciones públicas o potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a las entidades e instituciones referidas en el artículo 5.1 a las que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en esta ley. 2. La obligación de suministro de información a que se refiere el apartado anterior se extenderá a las siguientes personas a) A los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato, debiendo especificarse tal obligación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en los documentos contractuales equivalentes. b) A los beneficiarios de subvenciones, en los términos previstos en sus bases reguladoras, en las resoluciones de concesión o en los convenios que instrumenten su concesión, que recogerán de forma expresa esta obligación. 3. Las administraciones públicas de la Región de Murcia podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento señalado en el apartado 1 de este artículo sin que el mismo hubiera sido atendido, que podrán ser reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y sin que su importe total pueda exceder del cinco por ciento del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 5.000 euros. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros. 4. Los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo serán valorados por las entidades e instituciones previstas en el artículo 5.1, debiendo establecerse al respecto las previsiones necesarias en los contratos del sector público y en las bases reguladoras de las subvenciones que las mismas tramiten. CAPÍTULO II Publicidad activa Sección primera. Normas generales Artículo 8. Obligaciones de publicidad activa. 1. Las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5 vendrán obligadas a: a) Elaborar y publicar la información cuya divulgación se considere relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, y que tendrá el contenido mínimo que se señala en la sección segunda de este capítulo. b) Elaborar y difundir un inventario de la información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información de la forma más amplia y sistemática posible. 2. Las obligaciones contenidas en este capítulo tienen carácter de mínimas, y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. Artículo 9. Características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa. 1. La información sujeta a las obligaciones de publicidad activa deberá presentarse de una manera clara, estructurada y entendible para los ciudadanos. 2. La información que deba ser objeto de publicidad activa de acuerdo con esta ley se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares abiertos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Asimismo, de acuerdo con el principio de accesibilidad, se garantizará en la publicidad activa la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, permitiendo que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. 3. La publicidad activa prevista en este título se configurará de forma que permita la participación ciudadana que sea consecuencia de la información facilitada. 4. La publicidad activa se realizará con sujeción a los límites derivados de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa básica de desarrollo, por lo que, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. 5. Toda la información pública que deba publicarse de acuerdo con lo señalado en este capítulo se actualizará, con carácter general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate, y sin perjuicio de la potestad de publicar toda la información pública que estime conveniente en plazos más breves. Artículo 10. Publicación por medios electrónicos. 1. Las obligaciones de publicidad activa señaladas en el artículo 8 se realizarán por medios electrónicos en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación contemplado en este título de una manera segura y comprensible. 2. En aquellos supuestos en que se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas por dichas entidades. Artículo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 1. En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos públicos, la información pública objeto de publicidad activa a la que se refiere esta ley así como aquella que se considere interesante en materia de transparencia estará disponible a través del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2. El Portal de Transparencia se configura como la dirección electrónica, disponible a través de redes de telecomunicaciones, que tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de manera totalmente gratuita. 3. La titularidad, gestión y administración del Portal de Transparencia corresponde a la Administración regional, a través de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. 4. Las consejerías y organismos afectados por las obligaciones de publicidad activa referidas en los artículos siguientes deberán poner a disposición del órgano directivo competente en materia de transparencia y participación ciudadana la información correspondiente para su publicación en el Portal de Transparencia en la forma que se señale al respecto por el citado órgano, pudiendo, asimismo, articularse la interconexión directa de los datos correspondientes con el portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas. Sección segunda. Tipos y contenido de la información susceptible de publicidad activa Artículo 12. Tipos de información susceptible de publicidad activa. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a los siguientes extremos, en los términos y con el contenido mínimo que se establece en esta sección: a) Información institucional, organizativa y de recursos humanos. b) Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. c) Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. d) Información de relevancia jurídica. e) Información sobre contratos y convenios. f) Información sobre subvenciones. g) Información presupuestaria, económico-financiera y patrimonial y en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos. 1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título publicarán, en lo que les sea aplicable, información relativa a: a) Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación. Las entidades del sector público deberán, en particular, publicar los estatutos y sus normas de organización y funcionamiento. b) Su estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y unidades administrativas, así como las funciones que tienen encomendadas y sus datos de contacto. c) La ubicación física de sus sedes, así como los horarios de atención al público y, en su caso, los canales electrónicos de atención y tramitación de que dispongan. 2. Asimismo, en materia de recursos humanos, harán pública la siguiente información: a) Las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales. b) Los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. c) El directorio de su personal que incluya, al menos, información relativa al puesto desempeñado, teléfonos y dirección de correos electrónicos. d) La oferta de empleo público o aquel otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal de que disponga, así como los planes para la ordenación de sus recursos humanos que, en su caso, aprueben. e) Las convocatorias y tramitación de los procesos de selección de sus empleados públicos, incluidos los relativos a su personal temporal. f) La relación del personal eventual existente, con indicación expresa de su identificación, las labores de confianza o asesoramiento especial encomendadas y el órgano para el que presta las mismas, así como sus retribuciones anuales. g) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal. Se informará, asimismo, del número de personas que gozan de dispensa total o parcial de asistencia al trabajo con motivo de licencias sindicales concedidas, agrupados según la organización sindical a la que pertenezcan, así como del coste que tales liberaciones generan para las correspondientes entidades y del número anual de horas sindicales utilizadas. h) La relación de los empleados públicos que tengan autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público o reconocida la compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas. En esta relación se incluirá, al menos, la denominación y descripción del segundo puesto o actividad pública o de la actividad privada, el horario a realizar y la fecha a partir de la cual se autoriza o reconoce tan compatibilidad. 3. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hará pública, además, la siguiente información: a) La relación de los órganos colegiados adscritos, las normas por las que se rigen los mismos, así como las actas de sus acuerdos. b) Las delegaciones de competencias vigentes. c) El inventario de organismos y entes públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señalando para cada uno de ellos su régimen jurídico, económico, patrimonial, de recursos humanos y de contratación. Artículo 14. Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. 1. Sin perjuicio de la información señalada en el artículo anterior en relación con sus recursos humanos, las entidades e instituciones señaladas en el artículo 5 deberán hacer pública la siguiente información relativa a sus altos cargos: a) Su identificación. b) Su perfil y trayectoria profesional, indicando expresamente los períodos de desempeño de puestos de alto cargo. El perfil contemplará los títulos académicos superados por los altos cargos. c) Las funciones que tengan atribuidas. d) La indicación de su pertenencia o participación institucional en consejos de administración de entidades públicas o en aquellos otros órganos colegiados de carácter administrativo o social de los que tenga la condición de miembro. e) Las retribuciones de cualquier índole que perciban anualmente. f) El importe de los gastos de representación autorizados al inicio de cada ejercicio y de los efectivamente realizados en el mismo. g) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en el cargo. h) La documentación en materia de actividades, bienes e intereses que se contemple en la legislación regional sobre altos cargos, y sin perjuicio de la labor de vigilancia y control que al respecto corresponda a la Unidad de Conflictos de Intereses en la Administración regional. i) Las agendas institucionales que tengan en el ejercicio de sus funciones, que se mantendrán públicas al menos durante un año. 2. La información anterior se extenderá a aquellos que, de acuerdo con la normativa en materia de altos cargos existente en la Administración Regional, tengan tal consideración, y, específicamente, a los máximos órganos directivos de su sector público, a aquellas personas que ejerzan la máxima responsabilidad en las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título, así como a los diputados de la Asamblea Regional. 3. Por lo que se refiere al funcionamiento del gobierno, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia hará pública su actuación de acuerdo con lo siguiente: a) Con carácter previo a la celebración de sus reuniones hará público el orden del día previsto para las mismas. b) Celebradas sus sesiones, serán publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los acuerdos de alcance general que se hayan aprobado, así como la información contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración. c) Lo señalado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del secreto o reserva de sus deliberaciones, debiendo las consejerías proponentes de asuntos sujetos a su deliberación determinar, con ocasión de la remisión del expediente al Consejo de Gobierno, la información respecto de la que deba mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la normativa aplicable y con las instrucciones que se establezcan al respecto por la Comisión de Secretarios Generales. 4. De la misma forma, los órganos de gobierno de las entidades a las que se refiere este título harán pública la siguiente información: a) La existencia de códigos de buen gobierno. b) Específicamente, en relación con su planificación estratégica, proporcionarán información relativa a los planes y programas anuales y plurianuales que aprueben, así como a los objetivos concretos fijados en los mismos. Publicarán, asimismo, las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución, así como los indicadores de medida previstos, su grado de cumplimiento y los resultados obtenidos como consecuencia de las medidas previstas en dichos planes. c) Finalmente, y sin perjuicio de la información a proporcionar como consecuencia del artículo 17, publicarán la información relativa a aquellas campañas de publicidad institucional que hubieran promovido o contratado y del gasto público realizado en ellas. Artículo 15. Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Las entidades e instituciones referidas en el presente título publicarán la siguiente información: a) Los mapas de sus respectivas webs, así como de aquellas otras webs o portales especializados de carácter sectorial. b) El catálogo actualizado de los procedimientos y servicios administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como, en su caso, de los formularios que los mismos tuvieran asociados. Se indicará de manera específica aquellos procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica. c) Las cartas de servicios aprobadas con la información sobre los servicios públicos gestionados o instrumentos análogos de compromisos a nivel de servicio, así como los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos y aquella otra información disponible que permita su valoración. d) Información sobre el procedimiento existente de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios. e) El plan e informe anual del órgano directivo con competencias en materia de inspección de los servicios. Artículo 16. Información de relevancia jurídica. 1. Las Administraciones públicas de la Región de Murcia, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán: a) Los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Igualmente, publicarán los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos una vez evacuados, en su caso, los dictámenes del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Finalmente, se publicarán los proyectos de ley, los decretos legislativos y los decretos-leyes tras su aprobación por el Consejo de Gobierno. b) Los proyectos de reglamentos cuando, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública, y cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. A estos efectos, la publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. c) Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos señalados en los apartados anteriores, y, en especial, los dictámenes preceptivos del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, la memoria de análisis de impacto normativo referida en los artículos 46.3 y 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. d) Aquellos documentos que, conforme a su legislación específica, deban ser sometidos en su tramitación a un período de información pública. e) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 2. A los efectos anteriores, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicará en el Portal de la Transparencia señalado en el artículo 11 el calendario legislativo de las normas que tenga previsto tramitar el Consejo de Gobierno, así como la relación actualizada de las normas legislativas y reglamentarias en curso, indicando su objeto y estado de tramitación. De la misma forma, mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía en el citado portal la normativa vigente de la Comunidad Autónoma. 3. Igualmente, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicará una relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como una relación de las competencias delegadas por ésta en los municipios. Artículo 17. Información sobre contratos y convenios. 1. En relación con los contratos públicos, incluidos los contratos menores en lo que les resulte de aplicación, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título harán públicos, la siguiente información: a) Objeto y tipo de contrato. b) Importe de licitación y de adjudicación. c) Procedimiento utilizado para su celebración. d) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado. e) Número de licitadores participantes en el procedimiento. f) Identidad del adjudicatario. g) Fecha de formalización. h) Fecha de inicio de la ejecución. i) Duración. j) Modificaciones y prórrogas. k) Indicación de aquellos procedimientos que han quedado desiertos. l) Supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como de revisiones de precios y cesión de contratos. m)    Decisiones de desistimiento y renuncia. n) Subcontrataciones que se realicen con mención de los subcontratistas. o) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, así como del número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos. 2. Específicamente, en relación con los proyectos y obras de infraestructura más importantes, las administraciones públicas de la Región de Murcia proporcionarán información acerca de los contratos formalizados, indicando el objeto de la obra, el contratista, el plazo de ejecución y las fechas de inicio y de finalización previstas. Asimismo, proporcionarán información sobre los trámites realizados y los pendientes en aquellos proyectos de obra que se encontrasen pendientes de ejecución. 3. Las entidades señaladas en el artículo 6 publicarán información sobre los contratos celebrados con las entidades e instituciones a las que se refiere el ámbito subjetivo de este título. 4. Las obligaciones de transparencia anteriores se entienden sin perjuicio de la publicidad que se derive de la normativa en materia de contratos del sector público. 5. En materia de convenios, las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación previsto en este título publicarán la información relativa a los convenios suscritos, con indicación, al menos, de lo siguiente: a) Las partes firmantes. b) Su objeto y plazo de duración. c) Las modificaciones y prórrogas realizadas. d) Las prestaciones a que se obliguen las partes y, específicamente, las obligaciones económicas que, en su caso, se hubieran acordado. 6. Las personas y entidades previstas en este título publicarán íntegramente los documentos relativos a: a) Los contratos-programa suscritos entre los entes y las consejerías a las que estén adscritos, así como los informes periódicos de evaluación de cumplimiento de objetivos. b) Los contratos de gestión suscritos, dentro de un mismo Ente o con terceros, así como los informes periódicos de seguimiento y evaluación. c) Las encomiendas por las que se encarguen a otros entes, la realización de determinados trabajos, obras o servicios, así como los informes periódicos de seguimiento y evaluación. d) Cualquier otra forma de relación de los entes del sector público regional entre sí o con la Administración pública, por la que generen derechos y obligaciones mutuas y recíprocas. 7. En materia de concesión de servicios públicos, y con el fin de ayudar a garantizar una prestación de calidad, la Administración Pública recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas usuarias, los siguientes derechos: a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público. b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de forma motivada e individual. c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria, en relación con la prestación del servicio. d) A exigir de la Administración del ejercicio de sus facultades de inspección, control y en su caso, sanción, para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio. e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 18. Información sobre subvenciones. 1. Con independencia de la publicidad derivada de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional a esta, la Administración pública de la Región de Murcia publicará en el Portal de Transparencia al que se refiere el artículo 11 las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación del tipo de subvención, órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad. 2. El Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá explotar la información derivada de la base de datos a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e incluirá la información mencionada en el apartado anterior. 3. Por el contrario, no se proporcionará información en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las subvenciones siguientes: a) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido así previsto en su normativa reguladora. b) Cuando se trate de subvenciones cofinanciadas con fondos agrícolas europeos, que se regirán, en lo que se refiere a la publicación de la información sobre sus beneficiarios, por lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. 4. Las bases reguladoras de las subvenciones, o el instrumento mediante el que se articulen las mismas harán mención expresa del régimen de publicidad al que se refiere este artículo. 5. El Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia proporcionará, asimismo, en relación con las subvenciones la información siguiente: a) Información acerca del Plan Estratégico de Subvenciones al que se refiere el artículo 5 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los informes de evaluación a los que se refiere el artículo 7 de la citada norma, así como de sus posibles modificaciones. b) Información estadística acerca del importe global de las subvenciones concedidas, así como del volumen presupuestario de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva y de las subvenciones concedidas de forma directa. 6. Las entidades señaladas en el artículo 6 estarán obligadas a publicar información sobre aquellas subvenciones que les hubieran sido concedidas por las entidades e instituciones a las que se refiere el ámbito subjetivo de este título. Artículo 19. Información presupuestaria, económico-financiera, patrimonial y en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. 1. Las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de este título deberán, en su caso, hacer pública, como mínimo, la información de los extremos que se indican a continuación: a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y la información de las actuaciones de control en los términos que se establezcan reglamentariamente. b) Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en su caso, aprobados. c) Las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan. d) Información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma con indicación de los diferentes instrumentos de financiación. e) Información acerca de la deuda pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo. f) Información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. g) La relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. h) El Inventario General al que se refiere el artículo 13 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2. Asimismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicará la información que esté en su poder relativa a: a) Los instrumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos, que contendrá como mínimo la estructura general de cada municipio, la clasificación y calificación del suelo, la ordenación del suelo con el grado de detalle adecuado, las infraestructuras planteadas en cada localidad y la normativa urbanística. b) La información geográfica, económica y estadística de elaboración propia cuya difusión sea más relevante para el conocimiento general, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados. c) La información medioambiental que deba hacerse pública de conformidad con la normativa vigente. Artículo 20. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. 1. Con independencia de las obligaciones de publicidad activa señaladas en los artículos anteriores, se fomentará la publicación de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía y, en particular, de aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 2. De acuerdo con el carácter mínimo de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 8.2, en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos públicos, el Consejo de Gobierno, a iniciativa de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana, podrá, mediante acuerdo, ampliar las obligaciones señaladas en el presente capítulo que deban ser objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Artículo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilización de la información. 1. De acuerdo con los principios de interoperabilidad y de reutilización establecidos en el artículo 3 y con lo señalado en el artículo 9.2, las entidades e instituciones públicas afectadas por esta ley promoverán las acciones necesarias para publicar de forma electrónica y reutilizable los datos públicos de libre disposición que obrasen en su poder, de forma que se permita a los ciudadanos un mayor conocimiento de su actividad y se facilite la creación de productos o servicios de información basados en estos datos que aporten valor añadido a esa información. 2. La publicación de los datos señalados en el apartado anterior, que deberá suministrarse mediante estándares abiertos que permitan su uso libre y gratuito, en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se realizará respetando las restricciones de privacidad, seguridad o propiedad que los mismos pudieran tener y, en cualquier caso, previa disociación de los datos de carácter personal contenidos en los mismos, de acuerdo con el artículo 9.3. 3. La reutilización de la información señalada en el apartado anterior se realizará sin necesidad de autorización previa y respetando los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y, especialmente, los derivados de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y demás normativa vigente en la materia. En todo caso, deberá garantizarse que el contenido de la información no será alterado ni desnaturalizado, así como que se cite la procedencia de los datos y la fecha a la que se refieren los mismos. Artículo 22. Control. 1. El cumplimiento por parte de las entidades e instituciones a las que se refiere este capítulo de las obligaciones de publicidad señaladas en los artículos anteriores será objeto de control por parte del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 2. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia podrá efectuar, por iniciativa propia o como consecuencia de denuncias, requerimientos para la subsanación de los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en este capítulo. CAPÍTULO III Derecho de acceso a la información pública Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública. 1. De acuerdo con el artículo 4, todas las personas, tanto a título individual como en representación de cualquier persona jurídica, tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española, en la legislación básica estatal y en esta ley, mediante su solicitud previa, que no tendrá necesidad de ser motivada y sin más limitaciones que las derivadas de lo establecido en la legislación básica estatal. 2. Serán de aplicación al derecho de acceso las regulaciones especiales recogidas en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Artículo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. 1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el artículo 5 estarán sujetas al cumplimiento de la legislación básica estatal, así como a lo previsto en esta ley en materia de derecho de acceso a la información pública, quedando obligadas a lo siguiente: a) A publicar las condiciones del derecho de acceso a la información pública, el procedimiento para su ejercicio y el órgano competente para resolver. En la Administración regional las condiciones de acceso, que se realizarán mediante cuadros de clasificación y valoración de series documentales, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por la consejería competente en materia de transparencia, previo informe de la consejería competente en materia de archivos. b) A asesorar a las personas que deseen ejercer su derecho de acceso para su correcto ejercicio, facilitando la orientación necesaria para asistirles en la búsqueda de la información que solicitan, indicándoles, en su caso, los órganos que posean la misma. El personal al servicio de las entidades señaladas tendrá el deber de prestar el auxilio y la colaboración que a tal efecto se les solicite. c) A facilitar la información solicitada en los plazos y en la forma y formato elegido, de acuerdo con lo establecido en este capítulo. 2. De acuerdo con el principio de accesibilidad señalado en el artículo 3, toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, debiendo ser suministrada por medios o en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles. Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública. 1. Será de aplicación al derecho de acceso el régimen de los límites a tal derecho establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 2. Si la información solicitada contuviera datos de carácter personal se estará a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 3. En el supuesto que alguno de los límites a los que se refiere el apartado primero de este artículo no afectase a la totalidad de la información solicitada, se otorgará, siempre que sea posible, el acceso parcial a la información pública, omitiendo la información afectada por la limitación, circunstancia que será indicada al solicitante en la resolución. No se procederá al acceso parcial anterior cuando del mismo se derivase una información distorsionada o carente de sentido. Artículo 26. Procedimiento de acceso. 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica estatal y por lo dispuesto en los siguientes apartados. 2. Se fomentará por las entidades e instituciones incluidas en el artículo 5 la presentación, tramitación y resolución telemática de las solicitudes de acceso, salvo que el solicitante hubiera manifestado su preferencia por otro medio. En todo caso, las entidades e instituciones anteriores deberán, al menos, tener disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, los modelos normalizados de solicitud para el ejercicio de tal derecho. 3. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el desarrollo normativo del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública corresponderá a la Consejería competente en materia de transparencia. 4. Las solicitudes podrán ser inadmitidas a trámite, previa resolución motivada, que deberá ser notificada al solicitante en el plazo máximo de 20 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, por alguna de las causas de inadmisión establecidas en la legislación básica, aplicándose, asimismo, las siguientes reglas: a) Cuando la inadmisión de la solicitud de acceso se fundamente en que la información se encuentra en curso de elaboración o de publicación general, la denegación del acceso deberá indicar expresamente el órgano que se encuentra elaborando dicha información y el tiempo estimado para su conclusión y puesta a disposición. b) En el supuesto de inadmisión de solicitudes de acceso basadas en el carácter auxiliar o de apoyo de la información solicitada, no podrá considerarse que tienen tal carácter los informes de naturaleza preceptiva. c) No se considerará que se produce el supuesto de inadmisión basado en la necesidad de reelaborar la información solicitada para su acceso, cuando la misma pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. 5. Serán competentes para la resolución del procedimiento de acceso los siguientes órganos: a) En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma, el titular de la consejería que sea competente por razón de la materia a la que se refiera la información solicitada y se encuentre en posesión de tal información. b) Si la solicitud de información hubiera sido dirigida al Consejo de Gobierno, será competente el titular de la consejería que asuma las funciones que el artículo 12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye a la Secretaría General de la Presidencia. c) En los organismos públicos serán competentes sus presidentes. d) En el resto de entidades a las que se refiere el artículo 5 serán competentes los órganos que determinen sus normas estatutarias o de régimen de funcionamiento o, en su defecto, el órgano máximo que tenga atribuidas funciones decisorias. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional reconocida a la Asamblea Regional, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y a las universidades públicas para determinar el órgano competente para resolver tales solicitudes. Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública. 1. La formalización del derecho de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y por las reglas contenidas en los siguientes apartados. 2. Cuando se estimen, total o parcialmente, las solicitudes de acceso, se adjuntará a la resolución la información solicitada en la forma y formato elegidos. 3. Si no fuera posible entregar la información en la forma y formato elegidos, se indicará en la resolución la forma o formato en que se producirá el acceso, el plazo concedido para ello y las circunstancias en que habrá de producirse, garantizando, en todo caso, la efectividad del derecho y el acceso a la integridad de la información. 4. A los efectos de lo señalado en el apartado anterior, serán causas que determinen la imposibilidad de proporcionar la información en la forma o formato solicitado las siguientes: a) Que el tamaño, información o formato de la información lo impidieran. b) Que la información ya hubiera sido difundida con anterioridad en otra forma o formato mediante el cual el solicitante pudiera acceder fácilmente a la información requerida, debiendo, en este supuesto, adjuntársela en la resolución en el formato disponible o indicar en la misma dónde y cómo acceder a la información. c) Que el acceso en la forma o formato solicitados pudiera ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original. d) Que no existiera equipo técnico disponible para realizar la copia en el formato requerido. e) Que el acceso pudiera afectar al derecho de propiedad intelectual. f) Que existiera otra forma o formato de acceso más sencillo o económico para el erario público. 5. Cuando el acceso se realice de manera presencial en un archivo o dependencia pública, quienes accedan a la información deberán cumplir las condiciones y requisitos materiales de acceso que se hubieran señalado en la resolución. Deberán, asimismo, respetar las condiciones de reutilización de la información señaladas en el artículo 21. 6. De acuerdo con el principio de gratuidad mencionado en el artículo 3, con carácter general, será gratuito el acceso de la información solicitada en el sitio en que se encuentre la misma, así como la entrega de información por correo electrónico u otros medios electrónicos. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original en que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad, de acuerdo con lo que al respecto disponga el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales. 7. En todo caso, las entidades e instituciones obligadas por esta ley publicarán y pondrán a disposición de los solicitantes el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda pago alguno. Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones. 1. Las resoluciones expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la información pública son directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación a la que se refieren los apartados siguientes. 2. Con carácter potestativo, y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Esta reclamación se regirá por lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y por lo previsto en esta ley. No cabrá formular esta reclamación contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por las instituciones señaladas en el artículo 5, apartados 1 d) y 2. 3. Las resoluciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos que se establezcan reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados. El titular de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo. TÍTULO III Participación ciudadana Artículo 29. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. 1. El presente título tiene por objeto regular las condiciones para promover la participación de los ciudadanos, ya sea de forma individual o colectiva, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación en los ámbitos cívico, político, cultural y económico. 2. Lo dispuesto en este título es de aplicación a: a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las entidades integrantes de su sector público. b) A los ciudadanos que, de acuerdo con el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, gocen de la condición política de murcianos, así como a las entidades ciudadanas, entendiendo por tales a aquellas entidades con personalidad jurídica o sin ella, cuyo ámbito de actuación principal sea el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia definido en el artículo tercero de la citada ley orgánica. 3. Reglamentariamente, se desarrollarán las medidas necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de los ciudadanos murcianos residentes en el exterior. Artículo 30. Finalidad y articulación de la participación. 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsará la participación y la colaboración de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos, con la finalidad de conseguir que cualquier intervención sobre los asuntos públicos resulte satisfactoria, duradera e inclusiva. 2. El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos implicará, en los términos que se determinen de conformidad con la normativa aplicable y a los efectos de esta ley: a) El derecho a participar en la planificación, seguimiento y la evaluación de los programas y políticas públicas. b) El derecho a participar de manera efectiva en la elaboración, modificación y revisión de anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general, planes, programas y otros instrumentos de planificación en los que se prevea su participación, así como a acceder a información relevante sobre estos últimos. c) El derecho a promover iniciativas normativas. d) El derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición o audiencia pública que legalmente se abran para ello. e) El derecho a aportar propuestas de actuación o sugerencias de mejora de la calidad de los servicios públicos. f) El derecho a ser informado sobre los distintos instrumentos de participación y colaboración ciudadanas existentes. g) El derecho a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que haya participado. 3. En el ejercicio de estos derechos en materia de participación ciudadana, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá garantizar el cumplimiento del principio de accesibilidad al que se refiere el artículo 3, asegurando, asimismo, las condiciones para una inclusión social plena a través de la promoción de la igualdad de trato entre los ciudadanos, así como de los diversos colectivos y grupos sociales, permanentes o no, que manifiesten interés. A tal fin, articulará procesos participativos que, mediante su difusión pública, posibiliten el debate y contraste desde diferentes puntos de vista e intereses, busquen consensos y motiven sus conclusiones y las decisiones adoptadas. 4. Lo previsto en este título no sustituye, en ningún caso, ni afecta a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación o colaboración ciudadanas reconocidos por la legislación vigente. Igualmente, el contenido de este título no supone alteración de la participación ciudadana de carácter orgánico derivada de la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los Órganos Consultivos de la Administración Regional, o de las funciones de asesoramiento y asistencia técnica que, en su caso, desarrollen los consejos técnicos consultivos y los comisionados regionales en virtud de la Ley 2/1996, de 16 de mayo, por la que se regulan tales órganos. 5. Reglamentariamente, se desarrollarán las garantías y derechos de los ciudadanos en los procesos participativos, así como la planificación de la Administración regional en materia de participación ciudadana. Artículo 31. Fomento de la participación ciudadana. 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia llevará a cabo programas de sensibilización y formación tanto para la ciudadanía en general como para los empleados públicos a su servicio, con el fin de dar a conocer la finalidad y funcionamiento de los distintos procedimientos e instrumentos de participación previstos, así como para promover su utilización. 2. La Administración regional fomentará la participación mediante medios electrónicos. A tal efecto, fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que resulten idóneas en Internet, además de los instrumentos deliberativos presenciales, y de otros como diagnósticos, encuestas y sondeos de opinión, foros de consulta y espacios de debate, paneles ciudadanos, dispositivos de telecomunicaciones móviles y cuantos instrumentos resulten pertinentes. 3. Con el fin de articular la participación mediante medios electrónicos señalada en el apartado anterior, la Administración regional impulsará la creación de una plataforma tecnológica de participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a la Administración regional a través de la consejería competente en materia de participación ciudadana. 4. La plataforma tecnológica de participación ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia permitirá difundir y gestionar los instrumentos de participación ciudadana previstos en este título a través de Internet, y promover canales que permitan a la sociedad interactuar con la Administración regional en el diseño y evaluación de políticas públicas. Esta plataforma dará soporte telemático tanto a los procesos participativos descritos en la presente título como a aquellos otros procesos a escala municipal que sean promovidos por las corporaciones locales en los términos de la colaboración que se desarrolle con aquellas. Artículo 32. Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. 1. Se crea el Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia, en el que podrán inscribirse voluntariamente los ciudadanos que deseen participar en los procesos previstos en este título, así como aquellas entidades y colectivos, con estructura permanente o coyuntural y de ámbito general o sectorial, que soliciten su inscripción. 2. La inscripción en este censo supone ser informados de manera detallada de cualquier mecanismo participativo de los recogidos en esta ley al objeto de ejercitar plenamente sus derechos, sin que ello suponga la exclusión de otras personas u otros grupos o entidades representativas de intereses no inscritas. 3. El censo tiene carácter público y estará adscrito a la consejería competente en materia de participación ciudadana. 4. Reglamentariamente, se determinará la estructura y funcionamiento del censo, los requisitos de inscripción, el contenido de sus asientos, las formas de acceso y la coordinación con las consejerías promotoras de los correspondientes instrumentos de participación ciudadana. Artículo 33. Instrumentos de participación ciudadana. 1. Los derechos y garantías reconocidos en este título se materializan por medio de diferentes instrumentos de participación ciudadana. Estos instrumentos son los cauces, mecanismos, medidas y procesos destinados a legitimar, encauzar y estructurar la participación ciudadana en las políticas públicas. 2. Sin perjuicio de otras formas e instrumentos de participación que reglamentariamente se determinen, se articularán cuatro instrumentos de participación ciudadana básicos, en función de su diferente nivel de intensidad: a) Aportaciones ciudadanas: constituyen el instrumento de participación más básico mediante el que se recogerá y publicará la opinión, queja, propuesta o sugerencia de los ciudadanos sobre cualquier temática genérica de su interés relacionada con las políticas públicas o con la gestión pública, a través de un canal abierto en Internet. b) Consultas públicas: mediante este instrumento la Administración regional sondeará y recabará la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del gobierno, a través de instrumentos telemáticos estructurados, en plazo y forma. c) Iniciativas ciudadanas: mediante estas iniciativas los ciudadanos podrán solicitar de la Administración regional que inicie un procedimiento de regulación o actuación en relación a una temática concreta, siempre que reúna un mínimo de 6.000 firmas entre los ciudadanos de la Región de Murcia. Las iniciativas ciudadanas, que irán dirigidas a la consejería competente por razón de la materia, deberán versar sobre competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y no podrán, en ningún caso, referirse a materias excluidas de la iniciativa legislativa popular. d) Procesos de deliberación participativa: mediante estos procesos, a iniciativa de la propia Administración regional, se implicará a los ciudadanos y a la sociedad civil en el diseño y evaluación de diferentes políticas públicas, así como en la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, mediante procesos planificados que, combinando aspectos presenciales y telemáticos, podrán incluir diferentes fases de información, debate o retorno de la participación correspondiente. 3. Los resultados de la participación derivada de los instrumentos señalados en el apartado anterior serán públicos, indicándose los motivos y consideraciones de las propuestas aceptadas o rechazadas, en su caso. 4. Reglamentariamente, se desarrollará el régimen aplicable a cada instrumento de participación ciudadana, así como los criterios para su utilización de manera efectiva, de forma que se alcance al máximo de población posible y a los grupos sociales y colectivos de interés, con la menor dificultad, y de forma proporcionada a la importancia y complejidad del plan, programa o proyecto, documento o disposición. Podrá preverse que, en función de la importancia y complejidad del plan, programa o proyecto, puedan graduarse los plazos, grados de implicación y nivel de decisión, así como los efectos de la participación. TÍTULO IV Organización y fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración regional CAPÍTULO I Organización de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración regional Artículo 34. Funciones del titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. 1. Corresponde al titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de transparencia y participación ciudadana que se desarrollen por el Consejo de Gobierno conforme a lo dispuesto en esta ley. 2. En concreto, en materia de transparencia le compete el ejercicio de las siguientes funciones: a) Desarrollar la planificación de medidas que en materia de transparencia haya efectuado la comisión a la que se refiere el artículo siguiente. b) Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento en la Administración regional de las obligaciones en materia de transparencia derivadas de esta ley, que será elevado al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. c) Dirigir los contenidos informativos del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como su oportuna actualización. d) Elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de acuerdo que amplíen los contenidos de publicidad activa previstos en esta ley, incluyendo entre tales contenidos aquella información cuyo acceso se solicite con más frecuencia. e) Ejecutar y realizar el seguimiento, en coordinación con la consejería competente en materia de atención al ciudadano y de informática, de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en los términos previstos en esta ley. f) Cuantas otras funciones sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley en materia de transparencia. 3. En materia de participación ciudadana le corresponden, asimismo, las siguientes funciones: a) Diseñar, gestionar y evaluar los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta ley. b) Proponer medidas de participación ciudadana a las diferentes consejerías y organismos de la Administración regional, así como impulsar su tramitación y supervisar las actuaciones de implantación de tales medidas. c) Fomentar una cultura de participación en la sociedad. d) Cualesquiera otras funciones que se encuentren relacionadas con este ámbito o que le sean atribuidas por la normativa en la materia. Artículo 35. Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. 1. En el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos, se crea la Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia que ejercerá las siguientes funciones: a) Impulsar y coordinar en la Administración regional la implementación de las medidas que en materia de transparencia se derivan de esta ley. b) Planificar las medidas que en materia de transparencia han de seguir las distintas consejerías, y efectuar el seguimiento de su implantación. c) Dictar instrucciones y fijar criterios tanto respecto a la implementación de la publicidad activa como en relación al seguimiento de la planificación operativa que se desarrolle en materia de transparencia. d) Conocer el informe al que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo anterior y formular observaciones al mismo con carácter previo a su elevación al Consejo de la Transparencia. e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas. 2. La composición de la Comisión Interdepartamental, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3, será la siguiente: a) Presidente: El titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. b) Vicepresidente: El titular de la dirección general competente en materia de transparencia y participación ciudadana. c) Vocales: Los titulares de las secretarías generales de todas las consejerías, así como los titulares de las direcciones generales competentes en materia de informática, en materia de atención al ciudadano y en materia de archivos. d) Secretario: El titular de la oficina a la que se refiere el artículo siguiente. 3. La Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento en las que se indicarán los titulares de los órganos directivos que, al margen de los señalados en el apartado anterior, deban formar parte de la misma. Artículo 36. Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia. 1. Se crea la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia como órgano administrativo integrado en la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana, a través del órgano directivo competente en esta materia, que ejercerá las funciones señaladas en el apartado siguiente. 2. Son funciones de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia las siguientes: a) La dirección técnica de los contenidos del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. b) La gestión de la Plataforma de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. c) La relación de carácter horizontal con los distintos órganos directivos de las consejerías y organismos públicos para el desarrollo y ejecución de las medidas de transparencia y participación. d) La coordinación y el asesoramiento técnico a los órganos referidos en el apartado 2 del artículo siguiente. e) Elaborar informes periódicos sobre la calidad, claridad y accesibilidad de la información pública más demandada presente en los sitios web de las diferentes consejerías y organismos de la Administración regional. f) La llevanza de un registro de las solicitudes de acceso a la información presentadas en la Administración regional. g) La gestión del Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. h) El apoyo y asistencia técnica a la comisión señalada en el artículo anterior, así como la preparación de los trabajos necesarios para sus reuniones. i) Cualesquiera otras que se le encomienden. Artículo 37. Adecuación de la estructura a las obligaciones de publicidad activa y de derecho de acceso. 1. Las entidades e instituciones reseñadas en el artículo 5.1 atribuirán a un órgano de su estructura las funciones de promoción y difusión de la transparencia y publicidad activa, así como las de recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. 2. En la Administración regional las diferentes consejerías atribuirán a una unidad dependiente de la vicesecretaría las funciones señaladas en el apartado anterior en el ámbito de la respectiva consejería y de sus organismos adscritos. 3. En particular, los órganos referidos en los apartados anteriores tendrán las siguientes funciones: a) Facilitar la aplicación, en sus respectivos ámbitos de actuación, de los criterios e instrucciones que se establezcan por los órganos señalados en los artículos anteriores o como consecuencia de la actuación del Consejo de la Transparencia al que se refiere el capítulo II de este título. b) Recabar y difundir la información pública a la que hace referencia esta ley, preparando los contenidos que, de acuerdo con su ámbito de actuación, deban ser objeto de publicidad activa. c) Tramitar las solicitudes de información. d) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. e) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. CAPÍTULO II Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia Artículo 38. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. 1. Se crea el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia como órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la información pública. 2. El Consejo actuará con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 3. Su relación con la Administración regional se llevará a cabo a través de la consejería competente en materia de transparencia. 4. Son funciones del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia las siguientes: a) Ejercer el control sobre la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 22. b) Conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos que, en materia de transparencia, desarrollen esta ley o estén relacionados con esta materia. d) Conocer del informe anual al que se refiere el artículo 34.2, letra b). e) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las entidades e instituciones sujetas a ellas, pudiendo formular recomendaciones para el mejor cumplimiento de tales obligaciones. f) Resolver las consultas que se formulen en materia de publicidad activa y derecho de acceso por las entidades e instituciones señaladas en la letra anterior. g) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones establecidas en la presente ley. h) Presentar a la Asamblea Regional un informe anual de actuación. i) Instar a los órganos competentes para ello la incoación de los expedientes disciplinarios o sancionadores, en los términos previstos en el título V. j) Colaborar con órganos de naturaleza análoga. k) Aquellas otras que le atribuyan otras disposiciones de rango legal o reglamentario. 5. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia estará compuesto por su presidente y por los siguientes miembros: a) Dos diputados de la Asamblea Regional, para cuya designación se tendrán en cuenta criterios de proporcionalidad y pluralidad respecto de los grupos presentes en la Cámara. b) Un representante de la consejería competente en materia de transparencia. c) Un representante de la consejería competente en materia de hacienda. d) Un representante del órgano directivo encargado de la coordinación y el asesoramiento en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración regional. e) Un representante por cada una de las universidades públicas de la Región de Murcia. f) Un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. g) Dos miembros del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de las entidades representativas de los intereses económicos y sociales de la Región de Murcia, así como de los consumidores y usuarios. 6. La persona titular de la presidencia del Consejo será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable, entre personas de reconocido prestigio. Su designación corresponderá a la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios, y su cese con anterioridad a la expiración de su mandato solo podrá producirse por alguna de las siguientes causas: a) Por renuncia, a petición propia. b) Por muerte o incapacitación judicial. c) Por separación, acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción de expediente por la consejería con competencias en materia de transparencia, en el que será oído el Consejo en pleno, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso. 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia serán nombrados por un período de cuatro años por el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de transparencia, previa designación por parte de las entidades e instituciones correspondientes. Serán cesados por las mismas causas que la persona que ejerza la presidencia del Consejo o a petición de la entidad que los hubiera propuesto. 8. La condición de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a retribución alguna. La condición de presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia será incompatible con el desempeño de cualquiera de los puestos señalados en el artículo 14.2, así como la pertenencia a un partido político. 9. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de transparencia, aprobará las normas sobre estructura, competencias y funcionamiento del Consejo que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este artículo. CAPÍTULO III Fomento de la transparencia Artículo 39. Integración y fomento de la transparencia en la gestión. 1. Las entidades e instituciones a las que se refiere el artículo 5.1 establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna y articularán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de su organización. 2. Las entidades e instituciones anteriores fomentarán la formación de sus empleados mediante la inclusión en sus respectivos planes de formación de las actividades formativas necesarias para el mejor conocimiento de las obligaciones derivadas de esta ley, garantizando en especial la formación de aquellos empleados que deban atender las funciones de información en el ámbito de la transparencia, tanto en lo que afecte a la publicidad activa como a la tramitación de las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso. Artículo 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad. De acuerdo con lo señalado en la letra g) del artículo 3, la Administración pública de la Región de Murcia fomentará la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas, propiciando iniciativas conjuntas de intercambio de información entre las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley. TÍTULO V Régimen sancionador CAPÍTULO I Normas generales Artículo 41. Normas generales. 1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que, en su caso, pudieran concurrir. 2. La potestad disciplinaria o sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en este título se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el mismo y en la normativa sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación en cada caso. 3. Son responsables de las faltas disciplinarias y de las infracciones previstas en esta ley, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la presente ley con dolo, culpa o negligencia. 4. El procedimiento disciplinario o sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, cuando constate incumplimientos en esta materia susceptibles de ser calificados como alguna de las faltas o infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. CAPÍTULO II Del régimen disciplinario Artículo 42. Personas responsables. Serán responsables de las faltas disciplinarias previstas en el artículo siguiente las autoridades y el personal al servicio de las entidades referidas en el artículo 5. Artículo 43. Faltas disciplinarias. 1. Son faltas disciplinarias imputables a las personas señaladas en el artículo anterior las conductas tipificadas en los apartados siguientes. 2. Son faltas muy graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. b) La denegación arbitraria del derecho de acceso a la información pública. c) El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia en relación con las reclamaciones que se le hayan presentado. 3. Son faltas graves: a) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II. b) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. c) La falta de colaboración en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. d) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.c). 4. Constituyen faltas leves: a) El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II. b) El incumplimiento injustificado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública. Artículo 44. Sanciones disciplinarias. 1. A las faltas disciplinarias señaladas en el artículo anterior se les aplicarán las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario que en cada caso resulte aplicable. 2. Cuando las faltas sean imputables a altos cargos de la Administración regional u otros órganos asimilados a los mismos se aplicarán las siguientes sanciones: a) En el caso de faltas leves, amonestación. b) En el caso de faltas graves, la declaración formal del incumplimiento sancionado y su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, o el cese en el cargo. c) En el caso de faltas muy graves, las sanciones previstas en la letra anterior, así como la prohibición de ser nombrados para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años. Artículo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. 1. La imposición de las sanciones establecidas en el presente capítulo se llevará a cabo con arreglo al procedimiento previsto en el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que en cada caso resulte aplicable. 2. La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que se determine en la normativa aplicable de la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor. 3. El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en este capítulo será el establecido en la normativa funcionarial, estatutaria o laboral que sea de aplicación. 4. Hasta tanto no se ejecute lo dispuesto en la disposición final primera, el procedimiento aplicable para la imposición de las sanciones señaladas en el artículo 44.2 a aquellos que tuvieran la condición de altos cargos de la Administración regional o se encontrasen asimilados a los mismos será el dispuesto en el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En lo no previsto en el mismo, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria del personal funcionario al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. CAPÍTULO III Del régimen sancionador Artículo 46. Personas responsables. Serán responsables de las infracciones previstas en este capítulo: a) Las personas físicas y jurídicas obligadas a suministrar información a las que se refiere el artículo 7. b) Los otros sujetos obligados señalados en el artículo 6. Artículo 47. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. 1. Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas obligadas al suministro de información a las que se refiere el artículo 7 las señaladas en los siguientes apartados. 2. Son infracciones muy graves: a) El incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso. b) La reincidencia en la comisión de faltas graves. 3. Son infracciones graves: a) La falta de contestación al requerimiento de información. b) Suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.c). c) La reincidencia en la comisión de faltas leves. 4. Son infracciones leves: a) El retraso injustificado en el suministro de la información. b) El suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas. 5. Se entenderá por reincidencia a los efectos de este artículo la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Artículo 48. Infracciones de otras entidades. Son infracciones imputables a los otros sujetos obligados a los que se refiere el artículo 6 las siguientes: a) Constituye infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. b) Constituye infracción grave el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que les sean de aplicación o publicar la información incumpliendo las exigencias derivadas del principio de veracidad. c) Constituye infracción leve el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave. Artículo 49. Sanciones. 1. Podrán aplicarse para las infracciones previstas en este capítulo las sanciones de amonestación y multa, de acuerdo con lo señalado en los siguientes apartados. 2. Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 euros. 3. Las infracciones graves se sancionarán con multa por importe de entre 5.001 a 30.000 euros. 4. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa por importe de entre 30.001 a 400.000 euros. 5. Las infracciones graves y muy graves podrán, asimismo, conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido, en los términos que se señalen en el acto o instrumento administrativo que los regulen. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y a su repercusión social, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Artículo 50. Procedimiento. 1. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente capítulo, se seguirán las disposiciones previstas en el correspondiente procedimiento sancionador. 2. Para las infracciones previstas en el artículo 47, la competencia corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora, o en aquella que hubiera adjudicado el contrato o concedido la subvención, en su caso. 3. En el supuesto de infracciones de las tipificadas en el artículo 48, la potestad sancionadora en relación con los sujetos señalados en el artículo 6.1 será ejercida por la consejería competente en materia de transparencia. En relación con las entidades privadas que mantengan conciertos u otras formas de participación en los sistemas públicos de educación y deportes, sanidad y servicios sociales a las que se refiere el artículo 6.2, la potestad sancionadora recaerá en el consejero competente en los ámbitos de actuación señalados. 4. El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en este capítulo será el establecido en la normativa sancionadora correspondiente. Disposición adicional primera. Colaboración en materia de transparencia. 1. Sin perjuicio de la colaboración en materia de participación ciudadana señalada en el artículo 31.4, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia colaborará con las entidades que integran la Administración local de la Región de Murcia en aras a fomentar la transparencia y lograr un mejor cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación básica estatal. 2. Igualmente, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá colaborar con el resto de administraciones públicas mediante la suscripción de los correspondientes convenios interadministrativos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en esta ley. Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa. 1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia impulsará un proceso de revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa del ordenamiento jurídico regional. Para ello, habrá de efectuar los correspondientes estudios, proponer la derogación de las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de textos refundidos. 2. A tal fin, la consejería competente en materia de calidad e inspección de los servicios elaborará un plan de calidad y simplificación normativa y asumirá la coordinación del proceso de revisión y simplificación normativa, que será llevado a cabo por las secretarías generales de las distintas consejerías en sus respectivos ámbitos de competencia. Disposición adicional tercera. Articulación de medidas organizativas y presupuestarias. 1. Las entidades e instituciones referidas en el artículo 5 adoptarán las medidas necesarias para que la información sujeta a la obligación de publicidad activa se encuentre disponible en sus respectivas sedes o portales institucionales con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 2. En el plazo de un mes desde la publicación de esta ley, las secretarías generales de las consejerías comunicarán a la consejería competente en materia de transparencia la unidad a la que se refiere el artículo 37.2. 3. Las consejerías competentes en materia de transparencia, atención al ciudadano, archivos, informática y hacienda, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del derecho de acceso a la entrada en vigor de esta ley. Disposición transitoria primera. Solicitudes de acceso a la información pública en trámite. Las solicitudes de acceso a información pública presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley continuarán su tramitación con arreglo a la normativa aplicable en el momento de su presentación. Disposición transitoria segunda. Régimen de proyectos normativos ya iniciados. Los proyectos de ley o de disposición de carácter general, así como los planes y proyectos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no quedarán sujetos a las obligaciones de transparencia ni a la aplicación de los derechos específicos de participación ciudadana establecidos en esta ley. Disposición transitoria tercera. Aplicación de obligaciones de transparencia a relaciones jurídicas anteriores. Los sujetos a los que se refieren los artículos 6 y 7 quedarán exentos de realizar las obligaciones de publicidad activa señaladas en esta ley en relación con aquellos contratos, subvenciones, conciertos o cualesquiera otras relaciones jurídicas que hubieran finalizado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley. Disposición final primera. Desarrollo del régimen relativo al buen gobierno. En el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley, el Consejo de Gobierno impulsará la tramitación de un proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y regule el régimen de los altos cargos al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y asimilados a los mismos. Disposición final segunda. Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Por decreto del Consejo de Gobierno se creará el Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia como órgano consultivo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia adscrito a la consejería competente en materia de participación ciudadana, que tendrá como finalidad impulsar el acercamiento de la ciudadanía y de la sociedad civil a la Administración regional, facilitando su mutua comunicación. Su régimen se ajustará a lo señalado en la legislación regional vigente en materia de órganos consultivos. Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo de la presente ley. 1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que resulten necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de esta ley. 2. Se autoriza al Consejero competente en materia de función pública para adoptar cuantas disposiciones y actos resulten precisos para la aplicación de las medidas previstas en esta ley que puedan tener incidencia en la Función Pública de la Administración Regional. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 1. Los títulos I, III y IV entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». 2. Los títulos II y V entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir. Murcia, 16 de diciembre de 2014.–El Presidente, Alberto Garre López. (Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 290, de 18 de diciembre de 2014)

Ley de transparencia de Murcia.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley. [indice]ÍNDICE Título I. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Definiciones. Artículo 3. Principios generales. Título II. Transparencia de la actividad pública. Capítulo I. Derechos y obligaciones de los ciudadanos y ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 4. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Artículo 5. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 6. Otros sujetos obligados. Artículo 7. Obligaciones de suministro de información de los prestadores de servicios públicos y personas privadas que ejerzan funciones administrativas. Capítulo II. Publicidad activa. Sección primera. Normas generales. Artículo 8. Obligaciones de publicidad activa. Artículo 9. Características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa. Artículo 10. Publicación por medios electrónicos. Artículo 11. Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sección segunda. Tipos y contenido de la información susceptible de publicidad activa. Artículo 12. Tipos de información susceptible de publicidad activa. Artículo 13. Información institucional, organizativa y de recursos humanos. Artículo 14. Información sobre altos cargos y sobre el funcionamiento del gobierno. Artículo 15. Información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad. Artículo 16. Información de relevancia jurídica. Artículo 17. Información sobre contratos y convenios. Artículo 18. Información sobre subvenciones. Artículo 19. Información presupuestaria, económico-financiera, patrimonial y en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Artículo 20. Ampliación de las obligaciones de publicidad activa. Artículo 21. Apertura de datos y condiciones de reutilización de la información. Artículo 22. Control. Capítulo III. Derecho de acceso a la información pública. Artículo 23. Derecho de acceso a la información pública. Artículo 24. Obligaciones derivadas del derecho de acceso. Artículo 25. Límites al derecho de acceso a la información pública. Artículo 26. Procedimiento de acceso. Artículo 27. Formalización del acceso a la información pública. Artículo 28. Recursos y reclamaciones frente a las resoluciones. Título III. Participación ciudadana. Artículo 29. Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. Artículo 30. Finalidad y articulación de la participación. Artículo 31. Fomento de la participación ciudadana. Artículo 32. Censo de participación ciudadana de la Región de Murcia. Artículo 33. Instrumentos de participación ciudadana. Título IV. Organización y fomento de la transparencia y la participación ciudadana en la administración regional. Capítulo I. Organización de la transparencia y la participación ciudadana en la Administración Regional. Artículo 34. Funciones del titular de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana. Artículo 35. Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia. Artículo 36. Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de la Región de Murcia. Artículo 37. Adecuación de la estructura a las obligaciones de publicidad activa y de derecho de acceso. Capítulo II. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Artículo 38. Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Capítulo III. Fomento de la transparencia. Artículo 39. Integración y fomento de la transparencia en la gestión. Artículo 40. Fomento de iniciativas de interoperabilidad. Título V. Régimen sancionador. Capítulo I. Normas generales. Artículo 41. Normas generales. Capítulo II. Del régimen disciplinario. Artículo 42. Personas responsables. Artículo 43. Faltas disciplinarias. Artículo 44. Sanciones disciplinarias Artículo 45. Procedimiento disciplinario aplicable. Capítulo III. Del régimen sancionador. Artículo 46. Personas responsables. Artículo 47. Infracciones de las personas obligadas al suministro de información. Artículo 48. Infracciones de otras entidades. Artículo 49. Sanciones. Artículo 50. Procedimiento. Disposición adicional primera. Colaboración en materia de transparencia. Disposición adicional segunda. Revisión y simplificación normativa. Disposición adicional tercera. Articulación de medidas organizativas y presupuestarias. Disposición transitoria primera. Solicitudes de acceso a la información pública en trámite. Disposición transitoria segunda. Régimen de proyectos normativos ya iniciados. Disposición transitoria tercera. Aplicación de obligaciones de transparencia a relaciones jurídicas anteriores. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Desarrollo del régimen relativo al buen gobierno. Disposición final segunda. Consejo Asesor de Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo de la presente ley. Disposición final cuarta. Entrada en vigor.[fin indice] [preambulo]PREÁMBULO I La madurez de nuestra democracia y las exigencias de la sociedad han impulsado un proceso evolutivo en la Administración pública hacia unos estándares de calidad más elevados y de mayor proximidad al ciudadano, propiciando nuevas formas de ### RESUMEN: Ley de transparencia de Murcia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Vengo en nombrar President de la Generalitat Valenciana a don Ximo Puig i Ferrer, elegido por las Corts Valencianes en la sesión celebrada el día 25 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 26 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Oficial el cambio de presidente en Valencia. Elegido Ximo Puig i Ferrer

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 27.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Vengo en nombrar President de la Generalitat Valenciana a don Ximo Puig i Ferrer, elegido por las Corts Valencianes en la sesión celebrada el día 25 de junio de 2015. Dado en Madrid, el 26 de junio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Oficial el cambio de presidente en Valencia. Elegido Ximo Puig i Ferrer

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Diario Oficial correspondiente. Por su parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD) dispone que la disposición o acuerdo de creación, modificación o supresión deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad, y detalla los extremos que deberán precisarse. En cumplimiento de la disposición antes citada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictó Resolución, de 3 de noviembre de 2014 (BOE de 12 de diciembre de 2014), por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal en este organismo. Por otra parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, establece que el sistema de tratamiento de los ficheros de datos de carácter personal debe figurar en las disposiciones pertinentes que regulan tales ficheros. La adopción de la presente Resolución obedece a la necesidad de dar de alta un fichero automatizado de datos de carácter personal e inscribirlo en la Agencia Española de Protección de Datos, creado en virtud de la Resolución del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 26 de febrero de 2016, y obedeciendo a las siguientes finalidades: reforzar la transparencia de actuación y las obligaciones de buen gobierno de la Comisión, en los términos que propugnan la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como elementos que refuerzan la legitimidad de la propia Comisión y que infunden confianza a los ciudadanos respecto de la Comisión y su actividad. En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19.1.c) y p) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y el artículo 15.2.p) del Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre creación de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y asegurar a los administrados el ejercicio legítimo de sus derechos, El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dispuesto: Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a los efectos previstos en el mismo, crear el fichero automatizado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que contiene y procesa los datos de carácter personal que se relacionan y describen en el anexo l. Segundo. El titular del órgano responsable del citado fichero adoptará las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y sus normas de desarrollo. Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de marzo de 2016.–El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. ANEXO I Creación de ficheros Fichero: «Registro de grupos de interés de la CNMC» a) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Sistema de información que da soporte al Registro de grupos de interés de la CNMC. b) Personas sobre las que se pretende obtener datos o que resultan obligadas a suministrarlos: El propio interesado (persona física o jurídica) o su representante legal o personas de contacto de grupos de interés. c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal y procedencia de los mismos: Los datos son facilitados voluntariamente por los propios sujetos mediante declaraciones y/o formularios en soporte papel o electrónico al efecto. d) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: La estructura básica de este fichero está constituida por varias tablas en la que se recogen los siguientes datos identificativos de los usuarios de la aplicación: personales (nombre y apellidos del interesado, su representante legal o persona de contacto, empresa, NIF o documento equivalente, domicilio social y/o dirección postal completa, teléfono y fax profesionales, firma, firma electrónica y correo electrónico, página web); profesionales (puesto o representación); otros (finalidad y objetivos, actividades específicas y ámbitos de interés). e) Sistema de tratamiento: Mixto. f) Comunicaciones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Además del acceso público a través de consulta en internet, con carácter general, no se prevé la comunicación de estos datos en términos distintos a los indicados ni la transferencia a países terceros. g) Órgano responsable de este fichero: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calle Alcalá, 47, 28014 Madrid. Teléfono: 91 432 96 00. h) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calle Alcalá, 47, 28014 Madrid. Teléfono: 91 432 96 00. i) Medidas de seguridad con indicación del nivel: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico en el título VIII del RLOPD.

La CNMC crea el fichero de registro de grupos de interés El problema: es voluntario

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el Diario Oficial correspondiente. Por su parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD (RLOPD) dispone que la disposición o acuerdo de creación, modificación o supresión deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad, y detalla los extremos que deberán precisarse. En cumplimiento de la disposición antes citada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictó Resolución, de 3 de noviembre de 2014 (BOE de 12 de diciembre de 2014), por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter personal en este organismo. Por otra parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, establece que el sistema de tratamiento de los ficheros de datos de carácter personal debe figurar en las disposiciones pertinentes que regulan tales ficheros. La adopción de la presente Resolución obedece a la necesidad de dar de alta un fichero automatizado de datos de carácter personal e inscribirlo en la Agencia Española de Protección de Datos, creado en virtud de la Resolución del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 26 de febrero de 2016, y obedeciendo a las siguientes finalidades: reforzar la transparencia de actuación y las obligaciones de buen gobierno de la Comisión, en los términos que propugnan la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como elementos que refuerzan la legitimidad de la propia Comisión y que infunden confianza a los ciudadanos respecto de la Comisión y su actividad. En el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 19.1.c) y p) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y el artículo 15.2.p) del Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC, y a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre creación de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y asegurar a los administrados el ejercicio legítimo de sus derechos, El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dispuesto: Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y a los efectos previstos en el mismo, crear el fichero automatizado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que contiene y procesa los datos de carácter personal que se relacionan y describen en el anexo l. Segundo. El titular del órgano responsable del citado fichero adoptará las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y sus normas de desarrollo. Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 9 de marzo de 2016.–El Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. ANEXO I Creación de ficheros Fichero: «Registro de grupos de interés de la CNMC» a) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Sistema de información que da soporte al Registro de grupos de interés de la CNMC. b) Personas sobre las que se pretende obtener datos o que resultan obligadas a suministrarlos: El propio interesado (persona física o jurídica) o su representante legal o personas de contacto de grupos de interés. c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal y procedencia de los mismos: Los datos son facilitados voluntariamente por los propios sujetos mediante declaraciones y/o formularios en soporte papel o electrónico al efecto. d) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo: La estructura básica de este fichero está constituida por varias tablas en la que se recogen los siguientes datos identificativos de los usuarios de la aplicación: personales (nombre y apellidos del interesado, su representante legal o persona de contacto, empresa, NIF o documento equivalente, domicilio social y/o dirección postal completa, teléfono y fax profesionales, firma, firma electrónica y correo electrónico, página web); profesionales (puesto o representación); otros (finalidad y objetivos, actividades específicas y ámbitos de interés). e) Sistema de tratamiento: Mixto. f) Comunicaciones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros: Además del acceso público a través de consulta en internet, con carácter general, no se prevé la comunicación de estos datos en términos distintos a los indicados ni la transferencia a países terceros. g) Órgano responsable de este fichero: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calle Alcalá, 47, 28014 Madrid. Teléfono: 91 432 96 00. h) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, calle Alcalá, 47 ### RESUMEN: La CNMC crea el fichero de registro de grupos de interés El problema: es voluntario

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Amazon Digital UK Limited, han suscrito, con fecha 23 de noviembre de 2021, un convenio para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de recuperación para el sector audiovisual, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 13 de diciembre de 2021.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas Valdés. ANEXO Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Amazon Digital UK Limited para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de recuperación para el sector audiovisual Madrid, a 23 de noviembre de 2021. REUNIDOS De una parte, doña Beatriz Navas Valdés, Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA), organismo autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte, con NIF Q2828017J y domicilio a efectos del presente convenio en la Plaza del Rey 1, 28004 Madrid. Nombrada por Real Decreto 891/2018, de 13 de julio. Actúa en nombre y representación del citado organismo en virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y resto de las disposiciones vigentes. De otra parte, don José Andrés Torres Mora, Presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante AC/E), con NIF A81553521 y domicilio social en la calle José Abascal, núm. 4 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades delegadas en su favor y que ejerce según consta en la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Arreba, bajo el número de orden de su protocolo 277, de fecha 3 de marzo de 2020. De otra parte, don Mariano Barroso Ayats, Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (en adelante «la Academia»), asociación con NIF G78307584 y domicilio a efectos del presente convenio en la calle Zurbano, 3, 28010. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades otorgadas a su favor según consta en la escritura de elevación a público de Acuerdos de Asamblea General, otorgada el 9 de octubre de 2018 ante la Notaria de Madrid, doña Eva María Sanz del Real con número de protocolo 1.842. Y de otra parte don Kaspar Nazeri, Associate General Counsel de Amazon Digital UK Limited, entidad con número de identificación 06528297, número de IVA GB 882596668 y domicilio a efectos del presente convenio en Principal Place, Worship Street, Londres, EC2A 2FA, Reino Unido, actuando en nombre y representación de la citada entidad en virtud de su condición de administrador de la misma, conforme al nombramiento de fecha 30 de septiembre de 2019, registrado en la misma fecha en la Companies House de Reino Unido. Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente documento y a tal efecto, EXPONEN I. Que el ICAA tiene entre sus fines, conforme al artículo 2 del Real Decreto 7/1987, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas, mejorar el grado de competencia de las empresas del sector, alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas, así como la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, y sin perjuicio de las funciones de otros departamentos ministeriales, corresponde al ICAA el ejercicio de las funciones estatales que en la ley se determinan. Concretamente, según el artículo 1, le corresponde el establecimiento de condiciones que favorezcan la creación y difusión de las obras audiovisuales en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la diversidad culturales. Y de acuerdo con el artículo 19, para alcanzar estos objetivos, el ICAA podrá suscribir convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales. II. Que AC/E es una entidad pública entre cuyos fines figuran el impulso y promoción de la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. III. Que la Academia es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, entre cuyos fines figuran el impulsar la promoción del cine español, defender a sus profesionales y analizar la situación de la industria y del propio cine español. Asimismo, para el fomento del progreso de las artes audiovisuales la Academia tiene, entre otras funciones, la de establecer una constructiva colaboración entre las Administraciones Públicas y las personas relacionadas con las artes audiovisuales. IV. Que Amazon ofrece el servicio Prime Video a sus clientes del programa Prime, como uno de los muchos beneficios de compras y entretenimiento incluidos en la suscripción de Prime, disponible en más de 240 países y territorios. Entre sus principales objetivos se encuentra el de ofrecer a su audiencia una amplia variedad de series, películas, programas de televisión y documentales de un gran abanico de géneros; entre los que se encuentran producciones originales, contenidos exclusivos y adquisiciones de librería para completar esta amplitud de catálogo. Para el desarrollo y adquisición de estos contenidos, es y ha sido crucial el trabajo que los profesionales del ámbito audiovisual realizan en nuestro país, quienes se han visto directamente afectados por la crisis generada por la COVID-19. Por ello, es voluntad de Amazon ayudar a los profesionales de dicho sector en España en estos tiempos sin precedentes. V. Que las partes quieren colaborar con el fin común de proteger la creación audiovisual española y garantizar así la existencia, desarrollo y progreso de la actividad cultural de nuestro país, de manera que con la utilización conjunta de medios privados y servicios públicos se contribuya a la realización de una actividad de utilidad pública como es la articulación de acciones de ayuda a profesionales del sector de la industria audiovisual española afectados de forma más grave por las tremendas consecuencias económicas provocadas por la referida crisis. Por todo lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento, que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y que se regirá de conformidad con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del convenio. El convenio tiene por objeto el diseño y la puesta en marcha de una línea urgente de ayuda asistencial específica para profesionales del sector audiovisual, el cual ha resultado gravemente afectado por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en España. Segunda. Compromisos de las partes. 1. Las partes crearán un Comité integrado por una representación de todos los firmantes de este convenio, según se establece en la cláusula tercera, en cuyo seno se diseñará la línea urgente de ayuda asistencial específica a los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual más gravemente afectados por esta crisis («Línea Asistencial»). Dentro de los parámetros fijados por este convenio, este mismo Comité se encargará de dar forma jurídica y organizativa a esta Línea Asistencial, que por su naturaleza no constituye una subvención regulada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni se instrumenta al amparo de la misma. En este sentido, se establecerán los términos y condiciones de acceso a la línea, indicando los requisitos de las personas que puedan acceder a la prestación, documentación a presentar y forma de hacerlo, valoración de las solicitudes, cuantía de la prestación a recibir por cada persona beneficiaria y forma de comunicar la concesión de la misma. 2. Amazon aportará la cantidad de 1.000.000 EUR para dotar económicamente la Línea Asistencial en apoyo de los trabajadores y trabajadoras del cine y la televisión, y como parte del Comité participará en la ejecución y desarrollo de la citada Línea. 3. El ICAA ejercerá la representación institucional del sector audiovisual en el Comité, participará en el diseño y desarrollo de la Línea Asistencial, servirá de enlace directo, en la medida en que sea preciso, con las administraciones públicas y dará publicidad al convenio, en los términos establecidos en la cláusula séptima. 4. AC/E participará en el diseño y desarrollo de la Línea Asistencial, tanto dentro como fuera del Comité, promoverá la interlocución de las partes y el Comité con el sector empresarial audiovisual y dará publicidad al convenio, en los términos establecidos en la cláusula séptima. 5. La Academia participará en el diseño y desarrollo de la Línea Asistencial, promoverá, tanto dentro como fuera del Comité, la interlocución y participación de las entidades representativas de los profesionales del sector audiovisual y dará publicidad al convenio, en los términos establecidos en la cláusula séptima. 6. Las partes podrán promover que otras entidades privadas o públicas participen del objeto de este convenio, siempre en el modo en que el Comité previamente determine y mediante la oportuna modificación del convenio. Tercera. Comité de ejecución y seguimiento. 1. Con el fin de desarrollar el objeto del convenio, así como de facilitar su seguimiento, vigilancia y el control de la ejecución del mismo y de los compromisos adquiridos, se constituirá un Comité compuesto por una persona representante de cada una de las partes, designada por sus responsables. 2. El Comité acordará los parámetros y criterios básicos que debe seguir la Línea Asistencial. 3. A estos efectos, el Comité se reunirá por primera vez dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del convenio y acordará con carácter de urgencia: a) Determinar la fecha máxima de entrega de las aportaciones económicas. b) Crear un grupo de trabajo para la correcta ejecución y desarrollo del objeto del convenio. c) Cursar invitaciones a los sindicatos del sector audiovisual para comunicarles el Proyecto y, en su caso, hacerles partícipes del mismo. d) Determinar, si es preciso, qué otras entidades relevantes podrían tener intervención y cursar también sus invitaciones. e) Convocar una reunión dentro de las dos semanas siguientes a esta primera reunión con todos los nuevos participantes, siendo los principales puntos del orden del día, (i) formalizar la composición del Comité y criterios y método de trabajo (ii) poner en común los parámetros y criterios básicos que debe seguir la Línea Asistencial para su desarrollo, (iii) crear el grupo de trabajo que se encargue de definir el plan de desarrollo de la Línea Asistencial y los recursos necesarios para la ejecución y control del mismo. Alternativamente, el Comité podrá unificar las dos reuniones mencionadas en este apartado, con el mismo objeto y siempre dentro de los plazos aquí establecidos. Los resultados de las reuniones del Comité, y específicamente los parámetros y criterios que debe seguir la Línea Asistencial para su desarrollo serán recogidas en las correspondientes actas. 4. El Grupo de Trabajo lo formarán el número de personas que decida el Comité y reportará en todo momento al pleno del Comité. 5. El Comité decidirá, dentro de los límites establecidos en este convenio, su funcionamiento y la periodicidad de las reuniones posteriores, así como la organización interna para llevar a cabo las decisiones que en él se adopten. Las reuniones del Comité, así como la del Grupo de trabajo, podrán hacerse de forma presencial o a distancia (llamada o videoconferencia), de las que se levantará el acta correspondiente. 6. Como órgano de vigilancia y control, el Comité será el encargado de velar por el exacto cumplimiento de lo establecido en este convenio, resolver los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en la aplicación de este. Cuarta. Compromisos económicos. Este convenio no implica contraprestaciones económicas entre las partes firmantes del mismo ni ocasiona gasto, más allá de la aportación económica a la Línea Asistencial que realizará Amazon. Quinta. Eficacia, vigencia y publicidad. 1. El convenio, que se perfecciona por su firma, producirá efectos a partir de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, que se efectuará en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización. El convenio, asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Tendrá una vigencia de un año y no podrá prorrogarse. 3. El convenio se hará público, asimismo, a través del Portal de la Transparencia, en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sexta. Modificación y extinción del convenio. 1. El convenio podrá ser modificado por voluntad expresa de las partes durante su vigencia, previo acuerdo por escrito, que seguirá los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el convenio original. 2. El convenio se extinguirá por el cumplimiento del objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. En este caso, será necesario obtener la autorización prevista en el artículo 50.2 c) de la LRJSP. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que se cumpla en el plazo que en el mismo se indique con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al Comité de Ejecución y Seguimiento. Si transcurrido el plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios que se hayan causado, teniendo en cuenta la valoración de los trabajos realizados hasta el momento del incumplimiento. d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 3. El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a su liquidación, que se efectuará mediante acta del Comité de Ejecución y Seguimiento, en la que se determinará el cumplimiento de conformidad de los compromisos de cada una de las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la LRJSP. Asimismo, en caso de que al concurrir cualquier causa de resolución existan actuaciones en curso las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación correspondiente. Séptima. Comunicaciones. En cuanto a la comunicación y promoción del convenio, ésta será acordada de forma expresa por las partes. Las partes no podrán realizar comunicaciones públicas relacionadas con el proyecto sin la aprobación de los miembros del Comité o, en su caso, el grupo de trabajo que se designe. Octava. Compromiso anticorrupción. Las partes firmantes de este convenio declaran y garantizan que son conscientes de la normativa aplicable en materia de anticorrupción y que cumplirán con ella, así como que no han tomado ni tomarán ninguna acción que infrinja la misma en el marco del presente Convenio. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes declaran y garantizan que no realizarán ningún pago ni ningún tipo de aportación, ni directa ni indirectamente, a ningún empleado del gobierno con respecto a la contribución de Amazon, o cualquier actividad relacionada con el propósito de influir indebidamente en la decisión y/o acción de dicho empleado del gobierno en su capacidad oficial. Cualquier violación de la esta cláusula por parte de alguna de las Partes será causa de resolución del convenio. Novena. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción. 1. El convenio, de naturaleza administrativa, se rige por lo establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación. 2. Las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación, así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo competentes. Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio en Madrid, en la fecha que se indica.–Por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, la Directora General, Beatriz Navas Valdés.–Por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el Presidente, Mariano Barroso Ayats.–Por Amazon, el Associate General Counsel de Amazon Digital UK Limited, Kaspar Nazeri.–Por Acción Cultural Española, el Presidente, José Andrés Torres Mora.

Amazon pone un millón de euros para crear una línea asistencial a profesionales de cine y tele afectados por la crisis.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Amazon Digital UK Limited, han suscrito, con fecha 23 de noviembre de 2021, un convenio para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de recuperación para el sector audiovisual, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 13 de diciembre de 2021.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Beatriz Navas Valdés. ANEXO Convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Amazon Digital UK Limited para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de recuperación para el sector audiovisual Madrid, a 23 de noviembre de 2021. REUNIDOS De una parte, doña Beatriz Navas Valdés, Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA), organismo autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte, con NIF Q2828017J y domicilio a efectos del presente convenio en la Plaza del Rey 1, 28004 Madrid. Nombrada por Real Decreto 891/2018, de 13 de julio. Actúa en nombre y representación del citado organismo en virtud de las facultades que le confiere el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y resto de las disposiciones vigentes. De otra parte, don José Andrés Torres Mora, Presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, S.A. (en adelante AC/E), con NIF A81553521 y domicilio social en la calle José Abascal, núm. 4 de Madrid. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades delegadas en su favor y que ejerce según consta en la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Arreba, bajo el número de orden de su protocolo 277, de fecha 3 de marzo de 2020. De otra parte, don Mariano Barroso Ayats, Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (en adelante «la Academia»), asociación con NIF G78307584 y domicilio a efectos del presente convenio en la calle Zurbano, 3, 28010. Actúa en nombre y representación de la citada entidad en uso de las facultades otorgadas a su favor según consta en la escritura de elevación a público de Acuerdos de Asamblea General, otorgada el 9 de octubre de 2018 ante la Notaria de Madrid, doña Eva María Sanz del Real con número de protocolo 1.842. Y de otra parte don Kaspar Nazeri, Associate General Counsel de Amazon Digital UK Limited, entidad con número de identificación 06528297, número de IVA GB 882596668 y domicilio a efectos del presente convenio en Principal Place, Worship Street, Londres, EC2A 2FA, Reino Unido, actuando en nombre y representación de la citada entidad en virtud de su condición de administrador de la misma, conforme al nombramiento de fecha 30 de septiembre de 2019, registrado en la misma fecha en la Companies House de Reino Unido. Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente documento y a tal efecto, EXPONEN I. Que el ICAA tiene entre sus fines, conforme al artículo 2 del Real Decreto 7/1987, de 10 de enero, de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas, mejorar el grado de competencia de las empresas del sector, alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas, así como la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, y sin perjuicio de las funciones de otros departamentos ministeriales, corresponde al ICAA el ejercicio de las funciones estatales que en la ley se determinan. Concretamente, según el artículo 1, le corresponde el establecimiento de condiciones que favorezcan la creación y difusión de las obras audiovisuales en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la diversidad culturales. Y de acuerdo con el artículo 19, para alcanzar estos objetivos, el ICAA podrá suscribir convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales. II. Que AC/E es una entidad pública entre cuyos fines figuran el impulso y promoción de la cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través de un amplio programa de actividades que incluye exposiciones, congresos, ciclos de conferencias, cine, teatro, música, producciones audiovisuales e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. III. Que la Academia es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por profesionales dedicados a las distintas especialidades de la creación cinematográfica, entre cuyos fines figuran el impulsar la promoción del cine español, defender a sus profesionales y analizar la situación de la industria y del propio cine español. Asimismo, para el fomento del progreso de las artes audiovisuales la Academia tiene, entre otras funciones, la de establecer una constructiva colaboración entre las Administraciones Públicas y las personas relacion ### RESUMEN: Amazon pone un millón de euros para crear una línea asistencial a profesionales de cine y tele afectados por la crisis.

Ley 35/1994, DE 23 DE DICIEMBRE I. La Instrucción de 26 de enero de 1995, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se dicta como consecuencia de los problemas prácticos derivados de la entrada en vigor de la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, que modificó varios artículos del Código civil con la finalidad de atribuir competencia para la autorización del matrimonio a todos los Alcaldes, o Concejales delegados, de los municipios españoles y no solo como antes a los de las poblaciones con Juzgados de Paz. La Instrucción señala que el expediente registral ha de ser tramitado, como hasta entonces, ante el órgano registral correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes, de modo que las Corporaciones locales carecen de competencia para tal tramitación y las especialidades surgen en el momento final de la celebración, una vez aprobado el expediente con auto firme favorable, si los interesados han manifestado durante la tramitación su voluntad de que el enlace sea autorizado por órgano distinto del instructor. A continuación, las reglas segunda y tercera de la Instrucción distinguen, según el matrimonio vaya a celebrarse en la misma población o en población distinta: caso este último en el que, para evitar que los expedientes circulen por los Ayuntamientos sin intervención del Encargado que ha de incorporarlos al legajo de la Sección correspondiente (art. 259 R.R.C.), se prevé que el expediente y la delegación se remitan por el instructor al Registro Civil en cuya demarcación va a celebrarse el matrimonio. La Instrucción añade que, en los supuestos de delegación del Alcalde en un Concejal, no es necesaria la comprobación registral de esta delegación, por más que ésta haya de hacerse constar en el acta de celebración, y termina recordando que es innecesaria la intervención del Secretario del Ayuntamiento (cfr. Resolución de 25 de enero de 1989) en la autorización del matrimonio. II. En relación con el lugar de celebración de los matrimonios civiles, en los casos en que los contrayentes hayan manifestado su voluntad de que la autorización del matrimonio se realice por el Alcalde o Concejal de la misma población correspondiente al Juez Encargado o de Paz que, correspondiendo al domicilio de cualquiera de los contrayentes, haya realizado la instrucción registral del expediente, la citada Instrucción de 26 de enero de 1995 se limita a establecer en su directriz segunda que el Alcalde, a la vista de la relación de los datos relativos a los contrayentes remitidos por el órgano registral que instruyó el expediente previo, «fijará día y hora para la ceremonia, la cual deberá celebrarse en el local del Ayuntamiento debidamente habilitado para este fin». La misma regla se establece en la directriz tercera respecto de los casos de autorización del matrimonio por Alcalde o Concejal de una población distinta. III. En el mismo sentido, la Instrucción de 28 de noviembre de 1985, previa a la reforma introducida por la citada Ley 35/1994, disponía en parecidos términos que «el acto [del matrimonio] se habrá de celebrar precisamente en el local del Ayuntamiento que previamente haya sido habilitado a este fin». La misma Instrucción preveía, respecto de los municipios en que resida el Juez Encargado del Registro Civil, la posibilidad de que el matrimonio fuese autorizado «no sólo en la propia Oficina del Registro, sino también en otro local del Ayuntamiento especialmente habilitado a estos fines y el cual tendrá la consideración de Oficina Registral a los exclusivos efectos de la celebración del matrimonios», posibilidad que la Instrucción subordinaba al previo acuerdo entre el Juez y la Corporación Municipal, que ha de «recaer sobre un local adecuado y único para todos los casos». IV. Esta exigencia (local previamente habilitado a tales fines) pretendía hacer compatibles las exigencias derivadas de la seguridad jurídica que en una materia de tanta transcendencia para el estado civil de las personas debe observarse, las garantías de operatividad en las funciones registrales asociadas y subsiguientes a la propia autorización del matrimonio (extensión del acta del matrimonio, remisión inmediata de uno de los ejemplares al Registro civil competente para su inscripción y para la entrega del Libro de Familia a los contrayentes –art. 75 de la Ley del Registro Civil y 37 del Reglamento–, y custodia del original), así como las exigencias de adecuación del local al decoro y dignidad que deben acompañar el acto y las propias necesidades organizativas y funcionales del propio Ayuntamiento. V. Ahora bien, las circunstancias sociales han cambiado desde 1995, y dado que las exigencias legales no excluyen la posibilidad de que los matrimonios civiles autorizados por Alcaldes y Concejales tengan lugar en otros locales distintos de los que hayan sido previamente habilitados, parece conveniente al amparo de la libertad permitida por nuestra legislación no mantener dichas limitaciones. Lo esencial es que el Ayuntamiento, a través de los órganos competentes, de acuerdo con lo determinado por la legislación de régimen local, se asegure de que los locales donde se vaya a autorizar el matrimonio reúnan las condiciones adecuadas de decoro y funcionalidad, en atención a las circunstancias de cada municipio, de forma que los mismos resulten aptos a fin de permitir celebrar los matrimonios que deban ser autorizados por los respectivos Alcaldes o Concejales. En consecuencia, esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene conferidas por la legislación del Registro Civil (cfr. arts. 9 de la Ley y 41 de su Reglamento), ha acordado modificar la directriz segunda y tercera de la Instrucción de 26 de enero de 1995, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, en los términos expresados en los anteriores apartados de la presente Instrucción. Madrid, 10 de enero de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.

Las bodas civiles, oficiadas por alcaldes y concejales, se podrán celebrar fuera del ayuntamiento.

Ley 35/1994, DE 23 DE DICIEMBRE I. La Instrucción de 26 de enero de 1995, de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se dicta como consecuencia de los problemas prácticos derivados de la entrada en vigor de la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, que modificó varios artículos del Código civil con la finalidad de atribuir competencia para la autorización del matrimonio a todos los Alcaldes, o Concejales delegados, de los municipios españoles y no solo como antes a los de las poblaciones con Juzgados de Paz. La Instrucción señala que el expediente registral ha de ser tramitado, como hasta entonces, ante el órgano registral correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes, de modo que las Corporaciones locales carecen de competencia para tal tramitación y las especialidades surgen en el momento final de la celebración, una vez aprobado el expediente con auto firme favorable, si los interesados han manifestado durante la tramitación su voluntad de que el enlace sea autorizado por órgano distinto del instructor. A continuación, las reglas segunda y tercera de la Instrucción distinguen, según el matrimonio vaya a celebrarse en la misma población o en población distinta: caso este último en el que, para evitar que los expedientes circulen por los Ayuntamientos sin intervención del Encargado que ha de incorporarlos al legajo de la Sección correspondiente (art. 259 R.R.C.), se prevé que el expediente y la delegación se remitan por el instructor al Registro Civil en cuya demarcación va a celebrarse el matrimonio. La Instrucción añade que, en los supuestos de delegación del Alcalde en un Concejal, no es necesaria la comprobación registral de esta delegación, por más que ésta haya de hacerse constar en el acta de celebración, y termina recordando que es innecesaria la intervención del Secretario del Ayuntamiento (cfr. Resolución de 25 de enero de 1989) en la autorización del matrimonio. II. En relación con el lugar de celebración de los matrimonios civiles, en los casos en que los contrayentes hayan manifestado su voluntad de que la autorización del matrimonio se realice por el Alcalde o Concejal de la misma población correspondiente al Juez Encargado o de Paz que, correspondiendo al domicilio de cualquiera de los contrayentes, haya realizado la instrucción registral del expediente, la citada Instrucción de 26 de enero de 1995 se limita a establecer en su directriz segunda que el Alcalde, a la vista de la relación de los datos relativos a los contrayentes remitidos por el órgano registral que instruyó el expediente previo, «fijará día y hora para la ceremonia, la cual deberá celebrarse en el local del Ayuntamiento debidamente habilitado para este fin». La misma regla se establece en la directriz tercera respecto de los casos de autorización del matrimonio por Alcalde o Concejal de una población distinta. III. En el mismo sentido, la Instrucción de 28 de noviembre de 1985, previa a la reforma introducida por la citada Ley 35/1994, disponía en parecidos términos que «el acto [del matrimonio] se habrá de celebrar precisamente en el local del Ayuntamiento que previamente haya sido habilitado a este fin». La misma Instrucción preveía, respecto de los municipios en que resida el Juez Encargado del Registro Civil, la posibilidad de que el matrimonio fuese autorizado «no sólo en la propia Oficina del Registro, sino también en otro local del Ayuntamiento especialmente habilitado a estos fines y el cual tendrá la consideración de Oficina Registral a los exclusivos efectos de la celebración del matrimonios», posibilidad que la Instrucción subordinaba al previo acuerdo entre el Juez y la Corporación Municipal, que ha de «recaer sobre un local adecuado y único para todos los casos». IV. Esta exigencia (local previamente habilitado a tales fines) pretendía hacer compatibles las exigencias derivadas de la seguridad jurídica que en una materia de tanta transcendencia para el estado civil de las personas debe observarse, las garantías de operatividad en las funciones registrales asociadas y subsiguientes a la propia autorización del matrimonio (extensión del acta del matrimonio, remisión inmediata de uno de los ejemplares al Registro civil competente para su inscripción y para la entrega del Libro de Familia a los contrayentes –art. 75 de la Ley del Registro Civil y 37 del Reglamento–, y custodia del original), así como las exigencias de adecuación del local al decoro y dignidad que deben acompañar el acto y las propias necesidades organizativas y funcionales del propio Ayuntamiento. V. Ahora bien, las circunstancias sociales han cambiado desde 1995, y dado que las exigencias legales no excluyen la posibilidad de que los matrimonios civiles autorizados por Alcaldes y Concejales tengan lugar en otros locales distintos de los que hayan sido previamente habilitados, parece conveniente al amparo de la libertad permitida por nuestra legislación no mantener dichas limitaciones. Lo esencial es que el Ayuntamiento, a través de los órganos competentes, de acuerdo con lo determinado por la legislación de régimen local, se asegure de que los locales donde se vaya a autorizar el matrimonio reúnan las condiciones adecuadas de decoro y funcionalidad, en atención a las circunstancias de cada municipio, de forma que los mismos resulten aptos a fin de permitir celebrar los matrimonios que deban ser autorizados por los respectivos Alcaldes o Concejales. En consecuencia, esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene conferidas por la legislación del Registro Civil (cfr. arts. 9 de la Ley y 41 de su Reglamento), ha acordado modificar la directriz segunda y tercera de la Instrucción de 26 de enero de 1995, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, en los términos expresados en los anteriores apartados de la presente Instrucción. Madrid, 10 de enero de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández. ### RESUMEN: Las bodas civiles, oficiadas por alcaldes y concejales, se podrán celebrar fuera del ayuntamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente reforma del Reglamento del Senado tiene por objeto llevar a cabo dos modificaciones del mismo, ambas de singular relevancia. La primera de ellas tiene su fundamento en el artículo 72 de la Constitución, que garantiza, entre otros aspectos, la autonomía administrativa, financiera y presupuestaria del Senado. Para el adecuado desarrollo normativo de esa autonomía se hace necesario reconocer a la Mesa de la Cámara de forma expresa –pues ya las venía ejerciendo hasta hoy como órgano rector del Senado, en los términos del artículo 35 del Reglamento– las potestades normativas y ejecutivas en materia de régimen y gobierno interior, presupuestaria, de control, de contabilidad, de contratación y de financiación. A ello se une la oportunidad de adaptar al ámbito parlamentario las disposiciones que, con carácter general, ha establecido la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si la actividad parlamentaria se rige por la regla general de la publicidad como exige el artículo 80 de la Constitución, la transparencia abre al ciudadano otros ámbitos de la actuación del Senado. Para ello se confieren a la Mesa competencias normativas y ejecutivas en la nueva letra g) del artículo 36.1 del Reglamento. La segunda modificación tiene una finalidad bien distinta pero no menos importante. Su objetivo es establecer una nueva ordenación del debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el propósito de dotar de un mayor realce y significado político al mismo. Para ello, se regula la posibilidad de que el Pleno del Senado dedique una primera lectura al examen global del proyecto de Ley, con la discusión y votación de las propuestas de veto generales y de las que se formulen a las secciones del proyecto de Ley. De esta manera, además, se racionaliza la tramitación, de modo que, en la hipótesis de que el Pleno apruebe un veto, concluirá la tarea de la Cámara antes de iniciar el trabajo en la Comisión. Y en caso contrario, continuará el debate pormenorizado de las enmiendas en la Comisión, cuyo dictamen será objeto de examen por el Pleno. Artículo 1. Se añaden cuatro nuevas letras d), e), f) y g) al artículo 36.1 del Reglamento del Senado y la actual letra d) pasa a ser letra h). La redacción de las nuevas letras es la siguiente: «d) Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara. e) Aprobar el proyecto de Presupuesto del Senado, dirigir y controlar su ejecución y aprobar sus modificaciones y su liquidación. f) Aprobar las normas que, en ejercicio de la autonomía del Senado, adapten las disposiciones generales del ordenamiento jurídico en materia presupuestaria, de control, de contabilidad y de contratación a la organización y funcionamiento de la Cámara. g) Aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado.» Artículo 2. 1. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 148 del Reglamento del Senado, con la siguiente redacción: «… de la Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, aprobará el calendario de su tramitación.» 2. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 149 del Reglamento del Senado: «1. La impugnación de una sección deberá formularse mediante una propuesta de veto.» 3. Se da una nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 150 del Reglamento del Senado: «2. Concluido el plazo de presentación de las propuestas de veto se procederá al debate y votación en sesión plenaria de las que se presenten. Si alguna de ellas fuera aprobada se dará por concluida la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en el Senado. 3. En otro caso, la tramitación del proyecto de ley continuará en la Comisión competente. El dictamen de la Comisión y los votos particulares mantenidos serán objeto de un debate en el Pleno, seguido de la votación.» Artículo 3. Se incluye una disposición adicional sexta (nueva) con la siguiente redacción: «1. Las dotaciones presupuestarias del Senado serán libradas trimestralmente de forma anticipada, en firme y a su nombre, por el Tesoro Público. 2. Los remanentes resultantes de la liquidación de los Presupuestos del Senado constituyen recursos financieros propios de la Cámara, cuya aplicación, para atender necesidades de la misma, corresponde a su Mesa.» Disposición final. La presente reforma del Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». Palacio del Senado, 5 de junio de 2014.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.

Reforma del reglamento del Senado, que deja clara autonomía presupuestaria y aligera el debate de los presupuestos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La presente reforma del Reglamento del Senado tiene por objeto llevar a cabo dos modificaciones del mismo, ambas de singular relevancia. La primera de ellas tiene su fundamento en el artículo 72 de la Constitución, que garantiza, entre otros aspectos, la autonomía administrativa, financiera y presupuestaria del Senado. Para el adecuado desarrollo normativo de esa autonomía se hace necesario reconocer a la Mesa de la Cámara de forma expresa –pues ya las venía ejerciendo hasta hoy como órgano rector del Senado, en los términos del artículo 35 del Reglamento– las potestades normativas y ejecutivas en materia de régimen y gobierno interior, presupuestaria, de control, de contabilidad, de contratación y de financiación. A ello se une la oportunidad de adaptar al ámbito parlamentario las disposiciones que, con carácter general, ha establecido la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Si la actividad parlamentaria se rige por la regla general de la publicidad como exige el artículo 80 de la Constitución, la transparencia abre al ciudadano otros ámbitos de la actuación del Senado. Para ello se confieren a la Mesa competencias normativas y ejecutivas en la nueva letra g) del artículo 36.1 del Reglamento. La segunda modificación tiene una finalidad bien distinta pero no menos importante. Su objetivo es establecer una nueva ordenación del debate del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con el propósito de dotar de un mayor realce y significado político al mismo. Para ello, se regula la posibilidad de que el Pleno del Senado dedique una primera lectura al examen global del proyecto de Ley, con la discusión y votación de las propuestas de veto generales y de las que se formulen a las secciones del proyecto de Ley. De esta manera, además, se racionaliza la tramitación, de modo que, en la hipótesis de que el Pleno apruebe un veto, concluirá la tarea de la Cámara antes de iniciar el trabajo en la Comisión. Y en caso contrario, continuará el debate pormenorizado de las enmiendas en la Comisión, cuyo dictamen será objeto de examen por el Pleno. Artículo 1. Se añaden cuatro nuevas letras d), e), f) y g) al artículo 36.1 del Reglamento del Senado y la actual letra d) pasa a ser letra h). La redacción de las nuevas letras es la siguiente: «d) Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara. e) Aprobar el proyecto de Presupuesto del Senado, dirigir y controlar su ejecución y aprobar sus modificaciones y su liquidación. f) Aprobar las normas que, en ejercicio de la autonomía del Senado, adapten las disposiciones generales del ordenamiento jurídico en materia presupuestaria, de control, de contabilidad y de contratación a la organización y funcionamiento de la Cámara. g) Aprobar las normas y adoptar las medidas que resulten precisas para garantizar la transparencia de la actividad de la Cámara y el derecho de acceso a la información pública del Senado.» Artículo 2. 1. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 148 del Reglamento del Senado, con la siguiente redacción: «… de la Cámara. La Mesa, oída la Junta de Portavoces, aprobará el calendario de su tramitación.» 2. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 149 del Reglamento del Senado: «1. La impugnación de una sección deberá formularse mediante una propuesta de veto.» 3. Se da una nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 150 del Reglamento del Senado: «2. Concluido el plazo de presentación de las propuestas de veto se procederá al debate y votación en sesión plenaria de las que se presenten. Si alguna de ellas fuera aprobada se dará por concluida la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en el Senado. 3. En otro caso, la tramitación del proyecto de ley continuará en la Comisión competente. El dictamen de la Comisión y los votos particulares mantenidos serán objeto de un debate en el Pleno, seguido de la votación.» Artículo 3. Se incluye una disposición adicional sexta (nueva) con la siguiente redacción: «1. Las dotaciones presupuestarias del Senado serán libradas trimestralmente de forma anticipada, en firme y a su nombre, por el Tesoro Público. 2. Los remanentes resultantes de la liquidación de los Presupuestos del Senado constituyen recursos financieros propios de la Cámara, cuya aplicación, para atender necesidades de la misma, corresponde a su Mesa.» Disposición final. La presente reforma del Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». Palacio del Senado, 5 de junio de 2014.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez. ### RESUMEN: Reforma del reglamento del Senado, que deja clara autonomía presupuestaria y aligera el debate de los presupuestos

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 20 de septiembre de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-212/13, Comunidades Autónomas, Consorcio del Palau de la Música Catalana, Barcelona, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos del propio Consorcio, de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los Autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 9 de octubre de 2013.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.

El saqueo del Palau de la Música también se investiga en el Tribunal de Cuentas.

Departamento 2.º Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas mediante Providencia de fecha 20 de septiembre de 2013, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance n.º B-212/13, Comunidades Autónomas, Consorcio del Palau de la Música Catalana, Barcelona, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por un presunto alcance contable en los fondos del propio Consorcio, de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los Autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 9 de octubre de 2013.- El Secretario, Jaime Vegas Torres. ### RESUMEN: El saqueo del Palau de la Música también se investiga en el Tribunal de Cuentas.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así se establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»). En la misma dirección, el programa de trabajo del Consejo Europeo «Educación y Formación 2010» definió, desde el año 2001, algunos objetivos generales, tales como el desarrollo de las capacidades para la sociedad del conocimiento y otros más específicos encaminados a promover el aprendizaje de idiomas y el espíritu de empresa y a potenciar la dimensión europea en la educación en general. Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) estableció los principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al identificar los pilares básicos de una educación permanente para el Siglo XXI, consistentes en «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde la puesta en marcha del programa PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), plantea que el éxito en la vida de un estudiante depende de la adquisición de un rango amplio de competencias. Por ello se llevan a cabo varios proyectos dirigidos al desarrollo de un marco conceptual que defina e identifique las «competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente valiosa en un Estado democrático moderno» (Definición y Selección de Competencias, DeSeCo, 1999, 2003). DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. Asimismo, se destaca la necesidad de que se pongan los medios para desarrollar las competencias clave durante la educación y la formación inicial, y desarrolladas a lo largo de la vida. Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Además, la Recomendación citada facilita la movilidad de estudiantes y profesionales de los Estados miembros, dado que se supone el logro de resultados de aprendizaje similares a partir del dominio de las mismas competencias clave. Con ello se facilita la convalidación de programas de estudio y el reconocimiento de títulos. Por último, la propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. La Comisión, en la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, señala que los Estados miembros necesitarán «Mejorar los resultados educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las competencias clave y tenga como fin reducir el abandono escolar y garantizar las competencias requeridas para proseguir la formación y el acceso al mercado laboral «. Siguiendo estas recomendaciones, en España se incorporaron al sistema educativo no universitario las competencias clave con el nombre de competencias básicas. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), hace ya referencia en su exposición de motivos, entre otros asuntos, a la necesidad de cohesión social, al aprendizaje permanente a lo largo de la vida y a la sociedad del conocimiento, e introduce el término competencias básicas por primera vez en la normativa educativa. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica». Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. La nueva disposición adicional trigésima quinta a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, sobre «Integración de las competencias en el currículo», establece que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica. A estos efectos, se prestará atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica. Las competencias que se recogen en esta orden se han establecido de conformidad con los resultados de la investigación educativa y con las tendencias europeas recogidas en la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Dichas competencias se describen, se indica su finalidad y aspectos distintivos, y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, las claves de desarrollo que debe alcanzar todo el alumnado referidas al final de la educación básica y Bachillerato, pero cuyo desarrollo debe iniciarse desde el comienzo de la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente a lo largo de las distintas etapas educativas. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. Esta orden, que tiene carácter básico, se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En la tramitación de esta norma ha sido consultada la Conferencia de Educación y ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado. En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El objeto de esta orden es describir las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, de acuerdo con lo indicado por la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 2. Esta orden será de aplicación en todo el territorio. Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: a) Comunicación lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales. Artículo 3. Descripción de las competencias clave en el Sistema Educativo Español. La descripción de las competencias clave en el Sistema Educativo Español se recoge en el anexo I. Artículo 4. Las competencias clave y los objetivos de las etapas. 1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica. 5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. Artículo 6. Estrategias metodológicas para trabajar por competencias en el aula. En el anexo II se indican algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Artículo 7. La evaluación de las competencias clave. 1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 7. Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo. Disposición final primera. Título competencial. 1. Esta orden tiene carácter básico. 2. Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Disposición final segunda. Ejecución y desarrollo. 1. De acuerdo con lo indicado en esta orden, la Conferencia de Educación, a iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desarrollará estrategias para la consecución, integración y evaluación de las competencias que permitan ilustrar la elaboración de las programaciones didácticas y procedimientos de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 2. Se habilita a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta orden. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 21 de enero de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. ANEXO I Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 1. Comunicación lingüística La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: – El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. – El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). – El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. – El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. – Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: – La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. – El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de formas. – El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. – La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: – Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal y social. – Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. – Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. – Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: – Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. – Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 3. Competencia digital La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: – La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. – Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. – La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. – La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. – La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. – La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento. 4. Aprender a aprender La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes. Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 5. Competencias sociales y cívicas Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este sentido. b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar: – La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. – La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. – La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. – Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. – Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 7. Conciencia y expresiones culturales La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario abordar: – El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. – El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. – El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. – La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. – El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. – La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. – El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. ANEXO II Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

Competencias en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Incluye el emprendimiento.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Así se establece, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»). En la misma dirección, el programa de trabajo del Consejo Europeo «Educación y Formación 2010» definió, desde el año 2001, algunos objetivos generales, tales como el desarrollo de las capacidades para la sociedad del conocimiento y otros más específicos encaminados a promover el aprendizaje de idiomas y el espíritu de empresa y a potenciar la dimensión europea en la educación en general. Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) estableció los principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al identificar los pilares básicos de una educación permanente para el Siglo XXI, consistentes en «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), desde la puesta en marcha del programa PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), plantea que el éxito en la vida de un estudiante depende de la adquisición de un rango amplio de competencias. Por ello se llevan a cabo varios proyectos dirigidos al desarrollo de un marco conceptual que defina e identifique las «competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente valiosa en un Estado democrático moderno» (Definición y Selección de Competencias, DeSeCo, 1999, 2003). DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican claramente ocho competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. Asimismo, se destaca la necesidad de que se pongan los medios para desarrollar las competencias clave durante la educación y la formación inicial, y desarrolladas a lo largo de la vida. Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Además, la Recomendación citada facilita la movilidad de estudiantes y profesionales de los Estados miembros, dado que se supone el logro de resultados de aprendizaje similares a partir del dominio de las mismas competencias clave. Con ello se facilita la convalidación de programas de estudio y el reconocimiento de títulos. Por último, la propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá la vinculación entre la formación y el desarrollo profesional. La Comisión, en la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, señala que los Estados miembros necesitarán «Mejorar los resultados educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las competencias clave y tenga como fin reducir el abandono escolar y garantizar las competencias requeridas para proseguir la formación y el acceso al mercado laboral «. Siguiendo estas recomendaciones, en España se incorporaron al sistema educativo no universitario las competencias clave con el nombre de competencias b ### RESUMEN: Competencias en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Incluye el emprendimiento.

Por Orden FOM/1546/2012, de 6 de julio («BOE» del 16), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, puesto de trabajo en el Departamento. Examinadas las instancias recibidas y de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría de Estado Comisionado del Gobierno para el terremoto de Lorca, ha resuelto declarar desierto el puesto, convocado en la citada Orden. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Madrid, 19 de marzo de 2013.–La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), la Inspectora General de Fomento, Pilar Fabregat Romero.

Declaran desierto el puesto de director de programas para la reconstrucción de Lorca

Por Orden FOM/1546/2012, de 6 de julio («BOE» del 16), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, puesto de trabajo en el Departamento. Examinadas las instancias recibidas y de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría de Estado Comisionado del Gobierno para el terremoto de Lorca, ha resuelto declarar desierto el puesto, convocado en la citada Orden. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa (disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación (artículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero). Madrid, 19 de marzo de 2013.–La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio), la Inspectora General de Fomento, Pilar Fabregat Romero. ### RESUMEN: Declaran desierto el puesto de director de programas para la reconstrucción de Lorca

Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP 1. Introducción. 2. Los delitos del art. 510 CP: características comunes. 2.1 Bien jurídico protegido. 2.2 Discurso del odio y libertad de expresión. 2.3 Naturaleza jurídica de los delitos de odio. 2.4 Sujeto pasivo de los delitos de odio. 2.5 Tipo subjetivo de los delitos de odio. 2.6 Criterios generales para valorar la existencia de un móvil de odio. 3. El delito del art. 510.1.a) CP: fomento, promoción o incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia. 4. El delito del art. 510.1.b) CP: elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos para incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia. 5. El delito del art. 510.1.c) CP: negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad. 5.1 Consideraciones generales. 5.2 La definición de las conductas típicas. 5.3 La promoción o el favorecimiento de un clima de odio, hostilidad, violencia o discriminación. 6. El delito del art. 510.2.a) CP: humillación, menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. 7. El delito del art. 510.2.b) CP: enaltecimiento o justificación de los delitos de odio. 8. El tipo agravado del art. 510.3 CP: la difusión mediática. 9. El tipo agravado del art. 510.4 CP: la alteración de la paz pública o la creación de un grave sentimiento de inseguridad o temor. 10. La agravante por motivo discriminatorio del art. 22.4.ª CP. 11. Régimen penológico y suspensión de la ejecución de las penas. 12. Las consecuencias accesorias del art. 510.6 CP y la posible adopción de medidas cautelares y de aseguramiento. 13. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 510 bis CP). 14. Cláusula de vigencia. 15. Conclusiones. 1. Introducción La presente circular tiene por objeto la fijación de pautas interpretativas de las distintas figuras delictivas englobadas en el nuevo art. 510 del Código Penal (en adelante, CP) tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica (LO) 1/2015, de 30 de marzo («BOE» n.º 77, 31 de marzo), que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Según dispone el Preámbulo de la citada LO, la novedosa configuración de los denominados delitos de odio pretende, por un lado, introducir los criterios derivados de la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, sobre el delito de negación del genocidio (anteriormente regulado en el art. 607.2 primer inciso CP) que «limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías» y, por otro, la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de un instrumento clave en esta materia como es la Decisión Marco (DM) 2008/913/JAI, de 28 de noviembre, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal, que significó un paso fundamental en el reconocimiento de los delitos de odio en el ámbito europeo al establecer un objetivo común en la respuesta penal frente a este fenómeno mediante «sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias». Tal y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2017 (correspondiente al ejercicio 2016), todos los indicadores «apuntan a un incremento» de estos delitos, fomentados por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) que, en palabras de la STS n.º 4/2017, de 18 de enero (FJ 2), «intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento [histórico], podrían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios». El Ministerio Fiscal no podía permanecer ajeno a esta realidad. En fecha 10 de octubre de 2011 un decreto del Fiscal General del Estado creó la figura del Fiscal de Sala Delegado para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, función que a partir del 12 de diciembre de 2012 comenzó a asumir la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática. Actualmente y desde el 1 de abril de 2015, se mantiene la figura con sustantividad propia bajo la nueva denominación de Fiscal de Sala para los delitos de odio y contra la discriminación. A su vez, en las Fiscalías territoriales se han designado Fiscales Delegados que, además, cuentan con el apoyo y colaboración de un Fiscal de Enlace en determinadas Fiscalías de Área, y ello en cumplimiento de la Instrucción 1/2015, de 13 de julio, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados. Muchos de los Fiscales Delegados territoriales son igualmente delegados en materia de Criminalidad Informática, subrayándose así la especial relación entre ambas manifestaciones delictivas, lo que, en un número significativo de casos, puede reforzar la eficacia de las investigaciones, sin perjuicio de la necesaria coordinación que debe presidir las relaciones con otras Secciones especializadas como las de Menores, Extranjería, Protección de Víctimas o Discapacidad ante la constatación de que se trata de un fenómeno multidisciplinar. En los últimos tiempos las diversas expresiones de esta problemática han ido recibiendo progresivamente una mayor atención desde diversos sectores sociales, políticos y jurídicos, fruto de un aumento de la conciencia colectiva sobre la relevancia de estas conductas. Ello posibilita la visibilidad del fenómeno y constituye un primer paso para su efectiva persecución. Así, el Consejo de Ministros del 4 de noviembre de 2011 aprobó la «Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia», que daría lugar al Convenio interinstitucional firmado el 21 de septiembre de 2015 por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y diversos Ministerios, renovado por Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. Sin embargo, las diversas infracciones contenidas en el nuevo art. 510 CP todavía presentan en su tipicidad unos contornos difusos que, sin duda, dificultan su detección y que, quizá, no permiten que afloren penalmente toda la variedad de conductas que presenta el fenómeno de la «intolerancia excluyente», en expresión de la STC n.º 177/2015, de 22 de julio (FJ 4). El art. 510 CP regula conjuntamente y amplía el ámbito de los delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, así como la justificación del genocidio –anteriormente regulados en los arts. 510.1 y 607.2 CP, respectivamente– al tiempo que introduce nuevos tipos penales. Este carácter expansivo de la respuesta penal no ha supuesto, sin embargo, la inclusión de una categoría unívoca de delitos de odio, pudiendo encontrarse expresiones del mismo diseminadas por todo el CP. Así, como manifestaciones de esta discriminación punible se pueden considerar las siguientes: las amenazas a determinados colectivos prevista en el art. 170.1 CP, el delito de torturas por razón de discriminación del art. 174.1 CP, el delito de discriminación en el ámbito laboral del art. 314 CP, el delito de denegación discriminatoria de servicios públicos del art. 511 CP y su correlativa figura en el ámbito de actividades profesionales o empresariales previsto en el art. 512 CP, el delito de asociación ilícita para promover o incitar a la discriminación del art. 515.4.º CP, los delitos contra los sentimientos religiosos previstos en los arts. 522 a 524 CP, o el delito de escarnio o vejación previsto en el art. 525 CP. La heterogeneidad de estas figuras delictivas aconseja centrar el objeto de esta Circular en el estudio y análisis del art. 510 CP, como precepto que se ha convertido en el paradigma de la respuesta penal frente al fenómeno de la discriminación excluyente, sin perjuicio de que muchas de las consideraciones que se hacen en este documento puedan servir para superar las dificultades interpretativas que se observen en otras modalidades delictivas relacionadas con esta materia, no exenta de controversia doctrinal y jurisprudencial. Mediante este instrumento, en definitiva, se pretende ofrecer a los Fiscales unas pautas de actuación que sean lo suficientemente generales como para facilitar soluciones hermenéuticas a los distintos problemas que estas figuras delictivas puedan plantear en la práctica y que, al mismo tiempo, sean lo más concretas y útiles posibles para los Fiscales a la hora de enfrentarse al estudio y análisis de un determinado asunto de esta naturaleza. 2. Los delitos del art. 510 CP: características comunes La diversidad de delitos englobados en el mismo art. 510 CP no excluye la posibilidad de apreciar algunas características comunes a todos ellos. Estos hilos conductores permiten, además, coadyuvar al correcto entendimiento del fenómeno delictivo que nos ocupa y decantar pautas interpretativas generales para identificar las conductas discriminatorias o de odio intolerante que merecen reproche penal. 2.1 Bien jurídico protegido. El art. 510 CP encuentra su ubicación sistemática, dentro del Libro II del CP, en el Título XXI que lleva por rúbrica de los «Delitos contra la Constitución», y más en concreto, en el Capítulo IV dedicado a los «delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas», en cuya Sección Primera y bajo la denominación de los «delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución», encuentra acomodo junto con las denegaciones discriminatorias de servicios públicos y privados (arts. 511 y 512 CP), las reuniones o manifestaciones ilícitas (arts. 513 y 514 CP) y las asociaciones ilícitas (arts. 515 a 521 CP). Por lo tanto, una primera clave interpretativa de la ratio del precepto apunta hacia la promoción del correcto ejercicio de derechos fundamentales relevantes en cualquier sociedad democrática como las libertades de expresión y opinión (art. 20 CE), reunión y manifestación (art. 21 CE) y asociación (art. 22 CE). Sin embargo, desde la perspectiva del sujeto pasivo del delito, el eje sobre el que pivota el precepto es la prohibición de la discriminación como derecho autónomo derivado del derecho a la igualdad, reconocido en el art. 14 CE, según el cual «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La igualdad y la no discriminación se configuran como el presupuesto para el disfrute y ejercicio del resto de derechos fundamentales, como muestra su ubicación sistemática en el pórtico del Capítulo II («De los derechos y libertades»), dentro del Título Primero de nuestra Carta Magna, dedicado a los «Derechos y Deberes Fundamentales». La consideración de la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), es decir, como pilar sobre el que se asienta toda la estructura de garantías, no es exclusiva de nuestro texto constitucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (en adelante, DUDH) dispone en su art. 1 que: «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)», y en su art. 2 establece que: «toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición». Por su parte, el Protocolo n.º 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (en adelante, CEDH) establece en su art. 1.1 que «el goce de todos los derechos reconocidos por la Ley han de ser asegurados sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación», recogiendo así una descripción similar a la contenida en el art. 14 CE. No obstante, una adecuada exégesis del origen y fundamento de los delitos de odio no puede obviar que la igualdad y la no discriminación sólo pueden ser consideradas como una expresión de la propia dignidad humana. En efecto, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007 (en adelante, CDFUE), dedica su primer artículo a proclamar que: «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida», mientras que el principio de igualdad ante la Ley es reconocido en el art. 20, para continuar declarando en el art. 21.1 que «se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual». Esta sistemática pone de manifiesto el carácter originario de la dignidad, que debe ser entendida como el respeto que merece y el valor que debe otorgarse a cualquier ser humano por el mero hecho de serlo. Se trata de una cualidad inherente, que se reconoce y protege pero que no se otorga, y que se conforma como el presupuesto que posibilita el libre desarrollo de la personalidad, es decir, la libre elección que toda persona tiene para optar por un proyecto de vida digna dando cauce a sus capacidades, naturales o adquiridas, al margen de cualquier otra consideración. En esta línea, la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, señala que «la dignidad humana configura el marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales». Desde otra perspectiva, la dignidad es un preciado bien que no sólo nos identifica como seres humanos libres e iguales, sino que también permite la convivencia en sociedad. De hecho, la dignidad humana –junto con «los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás»– se constituye como el «fundamento del orden político y de la paz social» (art. 10.1 CE), como recuerda la STC n.º 214/1991, de 11 de noviembre (FJ 8). Y por eso tiene sentido ubicar sistemáticamente los delitos de odio entre las infracciones contra la Constitución (Título XXI del Libro II CP) como norma fundamental de convivencia. Por lo tanto, a la hora de abordar cualquier asunto de esta naturaleza, los/las Sres./Sras. Fiscales habrán de valorar si la conducta del sujeto activo supone no sólo un trato desigual o discriminatorio, es decir, una diferencia de trato que no responde a una justificación objetiva, razonable, necesaria y proporcionada, pues no toda discriminación reúne las características específicas que la cualifican como expresiva de un delito de odio. Para que concurra una infracción de odio será necesario, además, que la acción u omisión sólo pueda ser entendida desde el desprecio a la dignidad intrínseca que todo ser humano posee por el mero hecho de serlo. Supone, en definitiva, un ataque al diferente como expresión de una intolerancia incompatible con la convivencia. Precisamente por ello, serán objeto de persecución penal aquellas conductas que supongan una infracción de las normas más elementales de tolerancia y convivencia que afectan a los valores y principios comunes a la ciudadanía, invadiendo la esfera de dignidad propia de cualquier ser humano y que, como tales, deben ser consideradas como un ataque a los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional y, en definitiva, a todo el sistema de derechos y libertades propio de una sociedad democrática. 2.2 Discurso del odio y libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia Handyside contra Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, reitera que «la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno (SSTEDH Castells contra España, de 23 de abril de 1992 [parágrafo 42], y Fuentes Bobo contra España, de 29 de febrero de 2000 [parágrafo 43])». Así se expresaba la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, proclamando igualmente que «[L]os derechos garantizados por el art. 20.1 CE (…) se configuran (…) como elementos conformadores de nuestro sistema político democrático». Para el TC, estos derechos garantizan «un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de un modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas». En parecidos términos se ha expresado posteriormente, con cita de las anteriores, la STC 112/2016, de 20 de junio, pudiendo verse los antecedentes de nuestra jurisprudencia constitucional ya en la STC n.º 291/1991, de 13 de diciembre («caso León Degrelle/Violeta Friedman») y 176/1995, de 11 de diciembre («Caso Makoki»). Este carácter estructural determina un amplio margen para la libre expresión de ideas y opiniones, y también para la crítica, «aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática» (ver, por todas, la STC n.º 174/2006, de 5 de junio). Por lo mismo, se debe respetar la libertad de cualquier opinión, «por equivocada o peligrosa que pueda parecer (…), incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución, se ha dicho, protege también a quienes la niegan» (STC n.º 176/1995, de 22 de diciembre). Y esto es así porque «en nuestro sistema –a diferencia de otros de nuestro entorno– no tiene cabida un modelo de 'democracia militante'», es decir, «un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución» (STC n.º 48/2003, de 12 de marzo). Sin embargo, como recuerda la STC n.º 112/2016, de 20 de junio, «la jurisprudencia constitucional ha destacado tanto el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas democráticos, como su carácter limitado cuando entre en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales». La libertad de expresión no es un «derecho absoluto», como señala la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre. En esa situación de eventual conflicto, la especial consideración de la libertad de expresión como elemento esencial de la convivencia democrática obliga a realizar en cada caso concreto una adecuada ponderación que elimine cualquier «riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático» (STC n.º 112/2016, de 20 de junio, FJ 2). Como señala la STS n.º 752/2012, de 3 de octubre, en aquellos casos en los que pueda estar en juego el ejercicio legítimo de las libertades se debe examinar si los hechos exceden los márgenes del ejercicio de los derechos fundamentales que en ellos se protegen, ya que, de no llegar a esta conclusión, la acción no podría prosperar, puesto que las libertades del art. 20.1 CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta. Parece evidente que unos mismos hechos «no pueden ser (…) valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito». Se impone, por tanto, un ineludible ejercicio de compensación valorativa que viene amparado por la propia normativa reguladora de estos derechos. Así, en el ámbito europeo, el art. 10 CEDH, tras reconocer en su apartado 1 el derecho a la libertad de expresión, admite en su apartado 2 la posibilidad de que se establezcan las «sanciones (…) necesarias, en una sociedad democrática, para (…) la protección de (…) los derechos ajenos». En aplicación de este precepto, el TEDH viene considerando que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del odio (ver, en tal sentido, las SSTEDH de 8 de julio de 1999, Ergogdu e Ince contra Turquía; de 4 de diciembre de 2003, Gündüz contra Turquía; y de 6 de julio de 2006, Erbakan contra Turquía). En el ordenamiento jurídico español, el art. 20.4 CE establece como límite específico el «respeto de los derechos reconocidos» en el Título Primero de la CE, entre los que se incluyen los ya citados de la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) como expresión de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). Por ello, de forma coherente con el espacio europeo de derechos y libertades, las SSTC n.º 235/2007, de 7 de noviembre y 112/2016, de 20 de junio (FJ 4), han apreciado esta incompatibilidad radical entre la libertad de expresión y el discurso del odio. La STC n.º 177/2015, de 22 de julio, pese al pronunciamiento sobre ella de la STEDH de 13 de marzo de 2018, Stern Taulats y Roura Capella contra España, que apreció violación del art. 10 del Convenio, en el pasaje en el que utiliza los parámetros aplicados en esta materia por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, destaca que «la utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión», cuya finalidad es «contribuir a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de 'libre'» (STC n.º 136/1999, de 20 de julio). En otro apartado de esta misma resolución se añade: «Es obvio que las manifestaciones más toscas del denominado 'discurso del odio' son las que se proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes». No existe, sin embargo, una definición unívoca de lo que deba entenderse como discurso de odio o, en la terminología anglosajona, «hate speech». Vaya por delante que, en un entendimiento cabal de los principios de última ratio y de intervención mínima, el Legislador no ha podido pretender una sanción penal para cualquier expresión de lo que, en definitiva, es un sentimiento humano como el odio. Como señala de forma muy expresiva la STS n.º 4/2017, de 18 de enero, «entre el odio que incita a la comisión de delitos, el odio que siembra la semilla del enfrentamiento y que erosiona los valores esenciales de la convivencia y el odio que se identifica con la animadversión o el resentimiento, existen matices que no pueden ser orillados por el juez penal con el argumento de que todo lo que no es acogible en la libertad de expresión resulta intolerable y, por ello, necesariamente delictivo». Una delimitación hermenéutica del discurso del odio debe partir de la constatación de que este concepto presenta un origen y evolución fuertemente condicionados por la experiencia histórica de cada país, conformada –entre otras– por las circunstancias sociales, económicas y religiosas, e incluso las políticas. Así, existe un consenso generalizado en que la conciencia colectiva sobre las conductas de odio surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y evoluciona como respuesta frente al fascismo, el nazismo, el antisemitismo o el comunismo. Posteriormente se puso de manifiesto por motivos racistas o de segregación racial, para concretarse más adelante en torno a conflictos étnicos o mediante la utilización de métodos terroristas como instrumento para la consecución de fines políticos. En la actualidad, el discurso del odio se expresa en diversas formas como la homofobia, la transfobia, la discriminación sexista o de género, la xenofobia derivada de los movimientos migratorios, o la intolerancia religiosa, sin obviar manifestaciones como la romafobia (el odio a la etnia gitana), la mesofobia (el odio a la mezcla o la interculturalidad), la aporafobia (el odio al «pobre», o persona sin recursos o en riesgo de exclusión social) o la gerontofobia (el odio a las personas mayores). La preocupación por este fenómeno, en sus diversas variantes, se ha venido traduciendo en numerosos textos normativos de carácter internacional en los que se ha ido conformando el concepto de discurso del odio. Deben destacarse, en este punto, la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 21 de diciembre de 1965. Igualmente hay que mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 diciembre de 1966 (en adelante, PIDCP) que, en su art. 20.2, dispone que «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley», la Declaración y Programa de Durban de 2001, la Conferencia del Examen de Durban de 2009 y la Recomendación 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (en adelante, CERD) de las Naciones Unidas de 26 de septiembre de 2013. Con una finalidad interpretativa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (en adelante, ECRI) del Consejo de Europa, en su Recomendación R (97) 20 del Comité de Ministros, de 30 de octubre de 1997, definió la incitación al odio como «todas las formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras, la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante». También en el seno del Consejo de Europa, conviene recordar el Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia (más comúnmente conocida como Convención de Budapest del 2001), relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003 (Instrumento de ratificación BOE n.º 26, de 30 de enero de 2015). Sin embargo, el texto más específicamente referido a esta materia es la DM 2008/913/JAI, ya citada. Conforme a lo dispuesto en su art. 1, el discurso del odio se integra por varias conductas cuyo eje se centra en «la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico», incluyendo también las conductas de «apología pública, negación o trivialización flagrante» de crímenes contra la humanidad. Más recientemente, la ECRI ha elaborado la Recomendación de Política General N.º 15 (en adelante, RPG 15), de 8 de diciembre de 2015, relativa a la lucha contra el discurso del odio. En los considerandos de este texto se hace una definición amplia que recoge diversas conductas. Inicialmente se entiende como discurso del odio el «fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales». Del mismo modo, se reconoce que el discurso del odio puede «adoptar la forma de negación, trivialización, justificación o condonación públicas» de los crímenes contra la humanidad. Para, finalmente, señalar que también «puede tener por objeto incitar a otras personas a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar razonablemente que produzca tal efecto». En el ámbito nacional, la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, después de afirmar que la doctrina del TEDH define el discurso del odio como «aquél desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular», exige la presencia de, al menos, un «peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma» o una «incitación indirecta a la comisión de delitos» o una «provocación de modo mediato a la discriminación, al odio o a la violencia», como elementos necesarios para considerar «constitucionalmente legítimo» castigar penalmente las conductas del negacionismo y de la difusión de ideas que justifiquen el genocidio, respectivamente. Con posterioridad la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, incidió en esta exigencia, al destacar que la difusión de ideas o doctrinas excluyentes son perseguibles penalmente en cuanto que suponen «un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación contra determinados grupos o sus integrantes como tales». Esta doctrina, que vincula el discurso de odio con la incitación a la comisión de hechos violentos o específicos ya resultó superada por la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2016. La STEDH de 16 de julio de 2009, Féret contra Bélgica, afirma que «[l]a tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia». Igualmente, la STEDH Vejdeland y otros contra Suecia, de 9 de febrero de 2012, señala que «... El Tribunal estima que la incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo… Los ataques que se cometen contra las personas al injuriar, ridiculizar o difamar a ciertas partes de la población y sus grupos específicos o la incitación a la discriminación... son suficientes para que las autoridades privilegien la lucha contra el discurso racista frente a una libertad de expresión irresponsable y que atenta contra la dignidad, incluso la seguridad, de tales partes o grupos de la población». En fecha más reciente, la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, entiende que la inclusión de unas ofensas en el discurso del odio «ya supone la realización de una conducta que provoca, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia, o de discriminación. De alguna manera son expresiones que, por su gravedad, por herir los sentimientos comunes a la ciudadanía, se integran en la tipicidad». No obstante, todo lo expuesto, el discurso del odio no presenta unos contornos uniformes en los ámbitos nacional e internacional, tanto en la vertiente normativa –a través de la descripción de las conductas o de los motivos de discriminación–, como en la exigencia interpretativa sobre la mayor o menor publicidad de los actos o sobre la concreción de la relevancia o el peligro para la afectación del bien jurídico protegido. Esta indefinición puede estar motivada por el hecho de que se trata de un concepto esencialmente valorativo, que debe estar apegado a una realidad social que, como tal, es cambiante. A pesar de esta dificultad intrínseca y sin perjuicio del análisis concreto de los requisitos típicos recogidos en las diversas figuras delictivas descritas en el art. 510 CP, se considera –como pauta de interpretación general– que el denominado discurso del odio punible está caracterizado por las siguientes notas: En primer lugar, la posibilidad de que se manifieste en una pluralidad de conductas. Aquí se engloban, con carácter general, la promoción o difusión de ideas u opiniones; la emisión de expresiones o realización de actos de menosprecio, descrédito o humillación; o que inciten a la violencia física o psíquica; el enaltecimiento de ese tipo de hechos o de sus autores; o la justificación, trivialización o negación de graves actos contra la humanidad. En segundo lugar, la relevancia de esa conducta. No se persiguen las meras ideas u opiniones, sino sólo aquellas conductas que infrinjan el bien jurídico protegido o que sean susceptibles de generar un riesgo o peligro para el mismo. En tercer lugar, la motivación discriminatoria. Se trata de un elemento absolutamente esencial, que lo distingue de cualquier otra figura delictiva. No toda agresión es delito de odio, aunque denote un cierto desprecio hacia la víctima. La conducta ha de estar orientada hacia la discriminación como expresión de la intolerancia excluyente frente a un determinado grupo o sus integrantes. Lo que se sanciona es el odio que denota una cosificación de otro ser humano, un desprecio hacia su dignidad, por el mero hecho de ser diferente. En ese contexto, el discurso del odio pretende dotar de una apariencia de legitimidad, coherencia, necesidad o justificación, a todo trato discriminatorio de una persona que, como víctima de esa manifestación de odio, no puede ser marginada en favor de una supuesta libertad de expresión de una persona que carece de la más elemental consideración hacia otro miembro de su misma especie. Dicho de otra forma, la libertad de expresión no puede situarse por encima de la dignidad de otro ser humano. En definitiva, para apreciar la existencia de este tipo de delitos tal y como señala la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC n.º 112/2016) y del Supremo (STS n.º 31/2011, de 2 de febrero) es importante, no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con los que han sido utilizadas, pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas. Igualmente hay que tener en cuenta el contexto y las circunstancias que concurren en cada caso, todo ello conforme a la doctrina marcada por el Tribunal Supremo (SSTS n.º 299/2011, de 25 de abril y 106/2015, de 19 de febrero) que exige, cuando está en juego la libertad de expresión del art. 20 CE, una labor de investigación individualizada, con un riguroso análisis, que caso por caso, habrá de examinar tanto las concretas frases o expresiones producidas como la ocasión y el escenario en el que fueron pronunciadas, y, en fin, todas las circunstancias concurrentes, para determinar si está dentro del ámbito del tipo penal o extramuros de él, sin olvidar que el principio «favor libertatis» debe jugar, necesariamente, en los casos de duda, ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión e ideológica que podrían quedar afectados por el tipo penal, derechos que constituyen una de las más acusadas señas de identidad de la sociedad democrática. La ECRI, en su citada Recomendación n.º 15, recogiendo los criterios del Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas para fijar el umbral que permita establecer adecuadamente qué tipo de expresiones constituyen delito, establece los siguientes (apartados 15 y 16): (a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya existen tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad); (b) la capacidad que tiene la persona que emplea el discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser por ejemplo un líder político, religioso o de una comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios específicos (si son un hecho aislado o reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, especialmente durante el debate); (e) el medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como en un acto público en directo); y (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o susceptible de mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación). Como colofón a todo lo anterior, la STS n.º 646/2018, de 14 de diciembre, establece que «La necesaria ponderación de los valores en juego, libertad de expresión y agresión a través de expresiones generadores de un odio, ha de realizarse a partir de la constatación de los siguientes elementos: a) en primer lugar, el autor debe seleccionar a sus víctimas por motivos de intolerancia, y dentro de los colectivos vulnerables a los que alude la norma, exigencia que también juega respecto de las víctimas de delitos terroristas. b) en segundo lugar, la conducta no sólo atemoriza a la persona destinataria del mensaje, sino a todo el colectivo al cual pertenece, creando sentimientos de lesión de la dignidad, de inseguridad y de amenaza. c) las expresiones realizadas deben agredir, también, a las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad se vea concernida por la expresión de las ideas que contrarían abiertamente los mensajes de tolerancia que el ordenamiento jurídico, como instrumento de control social, expone a la ciudadanía que los hace propios, lo que permitiria excluir de la consideración aquellas opiniones sobre personas de notoriedad pública por su actuación y sometidas a cuestionamiento ciudadano. d) además, debe tratarse de mensajes que merezcan una calificación de graves y serios para la incitación a la comisión de actos terroristas (art. 579 Cp), o la generación del sentimiento de odio, aptitud y seriedad para conformar un sentimiento lesivo a la dignidad. e) el ánimo que persigue el autor es el de agredir, lo que permitiría excluir las manifestaciones pretendidamente hilarantes y las que se efectúan desde la venganza puntual, desprovistas de la necesaria mesura». 2.3 Naturaleza jurídica de los delitos de odio. Los delitos de odio se configuran como delitos de peligro abstracto, con la única excepción de la infracción de resultado tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP. En los delitos de peligro abstracto se anticipa la barrera punitiva adquiriendo entidad propia aquellas conductas que generan un riesgo para bienes jurídicos relevantes en el sistema democrático. La jurisprudencia es reiterada en este sentido. Así, la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, exige la concurrencia de «un peligro real para los bienes jurídicos protegidos», es decir, «no es preciso un peligro concreto, siendo suficiente el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es suficiente el peligro potencial o hipotético a medio camino entre aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la conducta para crear el peligro relevante». En el mismo sentido, la STS n.º 378/2017, de 25 de mayo, señala que «la sanción penal (…) supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión (…) en la medida en que pueda[n] ser considerada[s] como una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades». Y también la STS n.º 600/2017, de 25 julio, se refiere a este elemento para descartarlo en el caso concreto. Esta tesis se reitera en la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, cuando destaca en relación con el art. 510 CP que se trata de un «tipo penal estructurado bajo la forma de delito de peligro, bastando para su realización, la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un contenido propio del «discurso del odio», que lleva implícito el peligro al que se refieren los Convenios Internacionales de los que surge la tipicidad. Estos refieren la antijuridicidad del discurso del odio sin necesidad de una exigencia que vaya más allá del propio discurso que contiene el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la convivencia [y] por eso considerado lesivo» (FJ único). En el mismo sentido se pronuncia la STS n.º 79/2018, de 15 de febrero, con cita de la STC n.º 112/2016. Por otro lado, la STS n.º 259/2011, de 12 abril, ya citada, se planteó si «lo que debe ser valorado como peligroso es lo difundido, o bien la difusión en relación con lo difundido», concluyendo que «la existencia del peligro (…) depende tanto del contenido de lo difundido como de la forma en que se hace la difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o el ámbito social al que se dirigen los actos cuestionados». Sin duda, en función del momento histórico o de las circunstancias sociales en que se manifiesta la conducta, una determinada idea u opinión puede generar o no un riesgo para los bienes jurídicos protegidos. Es decir, dependiendo del contexto, un mismo hecho puede encontrar o no un «caldo de cultivo» adecuado para mover los sentimientos o las conductas de terceros hacia una dirección peligrosa para los individuos o el colectivo afectado. No se trata, por tanto, «de exigir la concurrencia de un contexto de crisis, en el que los bienes jurídicos ya estuvieran en peligro, que resultaría incrementado por la conducta cuestionada, sino de examinar la potencialidad de la conducta para la creación del peligro». De esta forma, no basta con la mera difusión, sino que es precisa «la difusión en condiciones de crear un peligro real para el bien jurídico que se protege». En definitiva, empleando las palabras de la STS n.º 335/2017, de 11 de mayo, es necesario que la conducta delictiva alimente «un clima favorable a la reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado de Derecho». Por todo ello, los/las Sres./Sras Fiscales defenderán que este tipo penal, salvo en el caso de la infracción de resultado tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP, se estructura bajo la forma de peligro abstracto, que no requiere el fomento de un acto concreto sino la aptitud o idoneidad para generar un clima de odio o discriminación que, en su caso, sea susceptible de provocar acciones frente a un grupo o sus integrantes, como expresión de una intolerancia excluyente ante los que son diferentes. 2.4 Sujeto pasivo de los delitos de odio. Los delitos de odio afectan a un sujeto pasivo que presenta unas características propias que diferencian estas conductas de otras idénticas o similares. Una agresión o una vejación se configuran como delito de odio si se dirigen contra un determinado grupo o individuo, precisamente por formar parte del mismo. Ello enlaza con la motivación discriminatoria que, en realidad, es lo que define la esencia del delito de odio y que será objeto de análisis en el apartado siguiente. Este carácter colectivo del sujeto pasivo ya se expresaba en la STC n.º 214/1991, de 11 de noviembre, cuando afirmaba que «el odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, el derecho al honor de los miembros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el sentimiento de la propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y desprecia genéricamente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean». Lo que interesa destacar, por su relevancia a estos efectos, es que la conducta delictiva ha de realizarse frente a un «grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél», según el tenor literal del vigente art. 510 CP. Respecto a la redacción anterior del art. 510.1 CP, el legislador ha modificado la descripción del colectivo de referencia, que anteriormente eran «grupos o asociaciones», y ha añadido la posibilidad de que las conductas tipificadas se refieran individualmente a una persona determinada. El objetivo, sin duda, ha sido ampliar el ámbito subjetivo de aplicación del precepto, evitando posibles resquicios derivados de una interpretación restrictiva del mismo. Los colectivos a los que se refiere el artículo 510, al igual que los expresados en el art. 22.4.ª CP, deben entenderse como numerus clausus, no siendo posible su aplicación a otros distintos. Así, no se incluye la aporofobia, ni la gerontofobia. En estos casos se deberá estudiar si cabe la aplicación del art. 173 CP, u otras agravantes, como puede ser el abuso de superioridad. El origen del delito de odio está relacionado con la protección a los colectivos desfavorecidos, pero la vulnerabilidad del colectivo no es un elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado, sino que el legislador, haciendo ese juicio de valor previo, al incluirlo en el tipo penal, ha partido de esa vulnerabilidad intrínseca o situación de vulnerabilidad en el entorno social. Tampoco lo es el valor ético que pueda tener el sujeto pasivo. Así una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos. Se trata, por tanto, de un sujeto pasivo plural, que puede ser concretado en una parte del grupo o en un individuo, pero siempre por referencia a un colectivo. 2.5 Tipo subjetivo de los delitos de odio. Los delitos de odio se configuran como tipos delictivos dolosos. No se exige un ánimo específico, sino que basta con el dolo genérico consistente en conocer los elementos del tipo penal y actuar conforme a esa comprensión. La jurisprudencia también es reiterada en este sentido. Las SSTS n.º 820/2016, de 2 de noviembre y 846/2015, de 30 de diciembre, señalan a este respecto que «no es exigible una especie de 'animus' singularizado de buscar específica y exclusivamente humillar» a los concretos destinatarios de la acción «como si fuese un añadido al dolo genérico: basta con conocer el carácter objetivamente humillante y vejatorio de las expresiones consideradas aislada y contextualmente, y asumirlo y difundirlo haciéndolo propio». Además, y haciendo un paralelismo con los delitos de injuria y calumnia, afirman abiertamente que «la doctrina más moderna y también el Código Penal de 1995 han abandonado las añejas construcciones sobre elementos subjetivos especiales» en estos delitos, «levantadas sobre una frágil base gramatical» (el término «en» interpretado en clave finalística). La teoría del «animus injuriandi» en los delitos de injuria y calumnia ya se abandonó. Basta un dolo genérico, aclarando, a continuación, que «cosa distinta es que el contexto, el momento, el tono, las circunstancias hayan de tenerse en cuenta al evaluar la idoneidad del texto para evidenciar humillación o desprecio». Esta doctrina, expuesta al hilo de conductas de vejación de víctimas del terrorismo (art. 578 CP), ha sido posteriormente ratificada y aplicada expresamente a los casos de delitos de odio del art. 510 CP. Así, la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, señala que «tanto el delito de enaltecimiento como el de incitación al odio, no requieren un dolo específico, siendo suficiente la concurrencia de un dolo básico que ha de ser constatado a partir del contenido de las expresiones vertidas. El dolo de estos delitos se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto». No se puede desconocer la dificultad que, tradicionalmente, ha existido para valorar la concurrencia de un sentimiento tan íntimo como es la intención que guía al sujeto activo de un hecho delictivo, para lo que debe recurrirse al juicio de inferencia a través de la prueba indiciaria. A tal efecto, la propia STS n.º 72/2018 aporta algunos parámetros que pueden servir para identificar la presencia del dolo. En ese caso concreto se trataba de expresiones vertidas a través de redes sociales, en distintas fechas, objetivamente agresivas y sin una reacción concreta a un estímulo externo. En este punto, la sentencia constata la existencia del dolo pues no se trataba de «una situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, ante una circunstancia que el sujeto no ha sido capaz de controlar». Por su parte, la STS n.º 846/2015, de 30 de diciembre, matiza que aunque la utilización de los medios de comunicación de la mano de las TICs «aceleren la difusión de mensajes escritos hasta acercarlos en su dinámica a las manifestaciones verbales por su rápida génesis y transmisión inmediata, sigue siendo factor relevante a la hora de evaluar el tipo subjetivo y el contexto que se trate de expresiones escritas: exigen en todo caso cierta mayor reflexión pues se prestan a ser releídas antes de la difusión». Por lo tanto, una primera aproximación al estudio del tipo subjetivo obliga a analizar los hechos en su contexto. En el caso, muy habitual, de expresiones vertidas por escrito en las redes sociales habrá que valorar, en primer lugar, que la propia escritura permite una cierta reflexión sobre lo que se escribe, por lo que no es asumible de forma acrítica la alegación de la reacción espontánea o incontrolable; en segundo lugar, la propia conciencia de la utilización de un medio idóneo para alcanzar una mayor difusión del mensaje; en tercer lugar, la reiteración o no de la conducta, en la misma o en distintas fechas; y, finalmente, que se trate de expresiones objetivamente humillantes, agresivas o hirientes, que no admiten una posible interpretación racional diferente de una mera expresión de odio o discriminación. No obstante, habrá de tenerse en cuenta los supuestos en que el comentario es efectuado en foros o chats creados específicamente con la finalidad de publicar en ellos expresiones o manifestaciones contra los grupos de personas a que se refiere al art. 510 C.P. En estos casos, aun cuando sea un único comentario, puede y debe valorarse que aquél se ha publicado, precisamente, en un chat de estas características. Al margen de todo lo anterior, a la hora de abordar el tipo subjetivo de los delitos de odio, adquiere especial relevancia el elemento de la motivación, que caracteriza de forma singular a estas infracciones penales. En efecto, como es conocido, una cosa es la intención y otra, diferente, la motivación. En los delitos de odio el sujeto activo ha de actuar con conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico (dolo), pero sólo es responsable penalmente si, como ya se expuso anteriormente, la conducta se realiza por un motivo de odio o discriminación contra determinado grupo o alguno de sus integrantes (motivación). Se trata de un elemento subjetivo tendencial que se ha introducido en la descripción típica de la acción y que, como tal, ha de concurrir para que ésta pueda ser perseguida penalmente. En este punto, el nuevo art. 510 CP concreta el listado de situaciones que pueden integrar la motivación discriminatoria. Son los denominados por la doctrina como «grupos diana». Se trata de los siguientes: «motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». El CP amplía el abanico de motivos discriminatorios recogidos en el art. 1.1.a) DM 2008/913/JAI, que sólo alude expresamente a la «raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico». Por el contrario, la norma española no contempla expresamente el «color» ni la «ascendencia». Por otro lado, la reforma del año 2015 introdujo en el art. 510 CP algunas variaciones en la descripción del elemento subjetivo. En primer lugar, se añaden a los motivos la pertenencia del sujeto pasivo a una «nación» junto a una etnia o raza, manteniendo también como diferenciado el «origen nacional». En segundo lugar, se incluye «la identidad sexual» junto a la ya anteriormente prevista «orientación sexual». En tercer lugar, como ha sido elemento común en la reforma penal operada por la LO 1/2015, se sustituye el término «minusvalía» por el de «discapacidad», en consonancia con lo establecido en la Disposición Adicional Octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Con la finalidad de aclarar posibles dudas interpretativas, se procederá al análisis sucinto de los motivos discriminatorios contemplados en la norma. a) Motivos racistas. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 (BOE de 17 de mayo de 1969) define la expresión discriminación racial como «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública» (art. 1.1). b) Motivos antisemitas. La RPG n.º 15 ECRI define el antisemitismo como «el prejuicio, odio o discriminación contra los judíos como grupo étnico o religioso». Se trata de un fenómeno «sui generis», puesto que abarca una combinación excepcional de formas diversas discriminación por motivos étnicos, religiosos, culturales, sin descartar los de tipo económico y político. c) Motivos referentes a la ideología, religión o creencias. La ideología, señalan algunos autores, viene referida exclusivamente al ámbito político, es decir, a las distintas concepciones sobre la forma de organización de un Estado, por la forma en que la víctima cree que debe ser la organización del modelo político. Desde esta perspectiva la ideología incluiría cualquier creencia en una determinada forma de organización política del Estado: ya sea con el mantenimiento del actual Estado español como monarquía parlamentaria, su transformación en un Estado totalitario, su mutación en República federal, su disolución y creación de otros Estados independientes, o cualesquiera otras formas de organización política. Ello, no obstante, la ideología puede exceder del ámbito exclusivamente político. En efecto, puede también referirse al sistema social, económico e incluso al cultural. Es cierto que la ideología referida a estas facetas puede y suele tener su cauce de expresión a través de la ideología política, pero no tiene por qué ser siempre así. Cabe la posibilidad, a modo de ejemplo, de que el sujeto pasivo sea un grupo ecologista, un grupo feminista o una organización de protección de los derechos de los trabajadores o de defensa de los inmigrantes, todos ellos sin adscripción política expresa. La motivación por la religión o las creencias se reserva para los dogmas o doctrinas referentes a la divinidad, a una concepción del mundo en clave espiritual o trascendente, o a un sistema ético o moral. En estos conceptos también han de incluirse las convicciones ateas o agnósticas. Como señalan las sentencias del TEDH de 25 de mayo de 1993, Kokkinakis contra Grecia, y de 15 de enero de 2013, Eweida y otros contra Reino Unido, la libertad de pensamiento, conciencia y religión protege «los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es un bien preciado por los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes». Finalmente, aunque la religión no aparece en la definición de discriminación racial contenida en el art. 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en la Recomendación General n.º 35 sobre la Lucha contra el discurso de Odio Racista (CERD/C/GC/35, de 26 de septiembre de 2013), reconoce que el discurso de odio se extiende al «dirigido contra las personas pertenecientes a determinados grupos étnicos que profesan o practican una religión distinta de la mayoría, por ejemplo las expresiones de islamofobia, antisemitismo y otras manifestaciones de odio similares contra grupos etnorreligiosos, así como las manifestaciones extremas de odio tales como la incitación al genocidio y al terrorismo». d) Situación familiar. El art. 23.1 PIDCP establece que «la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado». En coherencia con lo anterior, el art. 39.1 CE señala que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». La definición de familia, sin embargo, se ha ido modulando progresivamente en función de la evolución histórica y social de cada comunidad, admitiendo formas de organización diversa. El TEDH ha reconocido que la noción que se recoge en el art. 8.1 CEDH («toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar») no se limita a la fundada en vínculos matrimoniales y acoge otras situaciones de hecho (STEDH de 26 de mayo de 1994, Keegan contra Irlanda). Sea como fuere, bajo esa denominación de «situación familiar» se pueden englobar las conductas que discriminen por razón de la filiación, del estado civil o de cualquier otra condición, actividad, expresión o creencia de los familiares, tutores, adoptantes, o personas encargadas de la guarda o acogimiento. e) Pertenencia de sus miembros a una etnia o raza. Tal y como expresa la STEDH de fecha 13 de diciembre de 2005, Timishev contra Rusia, «La etnicidad y la raza están relacionadas y son conceptos que se solapan. Mientras la noción de raza está basada en la idea de clasificación biológica de los seres humanos en subespecies según características morfológicas como el color de la piel o características faciales, la etnicidad tiene su origen en la idea de grupos sociales marcados por una nacionalidad común, afiliación tribal, creencias religiosas, lenguaje compartido u orígenes y antecedentes culturales y tradicionales». Por lo tanto, el concepto raza hace referencia a cuestiones de índole físico o biológico, mientras que la noción de etnia es más amplia por cuanto abarca aspectos de naturaleza cultural o social. f) Nación u origen nacional. La introducción «ex novo» del término «nación» no ha impedido mantener el «origen nacional» –recogido con anterioridad en el precepto– de forma diferenciada. El origen nacional debe interpretarse como lugar de nacimiento o procedencia, ya que puede tratarse de una nación distinta de aquella a la que actualmente se pertenezca o en la que se resida. El origen nacional responde al concepto de «ascendencia» de la DM 2008/913/JAI. g) Sexo, orientación o identidad sexual. La RPG n.º 15 ECRI define la «orientación sexual» como «la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas». De lo que se deduce su diferencia conceptual con el «sexo», entendido éste como sexo biológico, y con la identidad sexual. En efecto, de nuevo la RPG n.º 15 ECRI se refiere a la identidad de género como «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medio médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales». En definitiva, la identidad sexual debe entenderse como la forma que cada persona siente que se define sexualmente, con independencia del sexo biológico. h) Razones de género. Como recuerda el Preámbulo de la LO 1/2015, la palabra «género» ha de ser entendido de conformidad con el Convenio n.º 210 del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. En ese documento se define el género como «los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres». En este sentido, se habría manejado un concepto social o cultural del género que puede constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente del que abarca la referencia al sexo. No obstante, hoy en día está ampliamente aceptado que la mención al «género» ha de entenderse referida a las mujeres. Y en tal sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 («BOE» 21/03/1984), define la discriminación contra la mujer como «toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera» (art. 1). La STS 565/2018, de 19 de noviembre, dice: «En suma, y como dice la doctrina más autorizada, la agravante de género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma, es decir, en aquellos casos en que se cometió el hecho por esa motivación, que atenta contra el principio constitucional de igualdad. Por el contrario, la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal responde a parámetros objetivables relacionados directa o indirectamente con la convivencia. Es por ello que responden a fundamentos distintos y pueden aplicarse de manera conjunta respecto de un mismo supuesto, siempre que en el relato fáctico de la Sentencia se hagan constar los hechos que dan lugar a la aplicación de una y otra». i) Razones de enfermedad. La RAE define el término enfermedad como «alteración más o menos grave de la salud». El Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946) define el término «salud» como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Estas nociones, sin embargo, son demasiado amplias. La enfermedad como categoría de discriminación contemplada en el precepto penal parece limitarse a la de carácter permanente o duradero, como sostienen algunos autores. El caso más común, aunque no el único, es el de quienes actúan por odio discriminatorio a personas portadoras del VIH (en este sentido, Resolución 1536 [2007], de 25 de enero, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre VIH/Sida en Europa). j) Razones de discapacidad. En este punto habrá que remitirse a la interpretación recogida en el art. 25 CP, según el cual: «A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, a los efectos de este Código, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente». Finalmente hay que señalar que la ausencia de una cláusula general de cierre que abarque otras situaciones o circunstancias personales o sociales, y la aplicación de principios básicos del Derecho Penal como la interpretación restrictiva y la taxatividad de los tipos penales, impide aplicar el art. 510 CP a supuestos distintos de los previstos expresamente en este precepto. Al igual que ocurriera con el elemento doloso, la concurrencia de una motivación de odio o discriminación ha de acreditarse normalmente a través de parámetros indiciarios, que serán objeto de especial tratamiento en el apartado siguiente. 2.6 Criterios generales para valorar la existencia de un móvil de odio. En los apartados anteriores ya se han descrito algunas coordenadas que posibilitan una adecuada contextualización del fenómeno de los delitos de odio, que serán complementadas con algunos ejemplos concretos cuando se aborde el estudio de cada figura delictiva a fin de proporcionar pautas para determinar cuándo procede promover actuaciones penales. Lo que ahora se pretende, en consonancia con uno de los objetivos básicos de esta Circular, es exponer de forma sistematizada algunos parámetros o indicadores generales que, en la práctica, permitan a los Sres. Fiscales valorar la presencia o no de un delito de odio, con independencia de su concreta modalidad. En todo caso, la constatación de uno o varios de los indicadores que se analizarán sugiere la existencia de un móvil de odio o discriminación que, como tal, habrá de ser confirmado o descartado a través de la correspondiente investigación. En este sentido, hay que recordar la STEDH de 20 de octubre de 2015, Balazs contra Hungría, que fijó como criterio que «cuando se investiguen incidentes violentos, las autoridades del Estado tienen la obligación adicional de tomar todas las medidas razonables para descubrir cualquier motivación racista y determinar si el odio o los prejuicios étnicos han intervenido o no en los acontecimientos». En esta línea, la ya citada RPG n.º 15 hacía «hincapié en la necesidad de que se investiguen de forma rápida y eficaz las denuncias de empleo de estas expresiones –de incitación al odio– y de evitar toda interpretación restrictiva indebida de las disposiciones referentes a su uso». A tal efecto, los indicadores de odio, también denominados de «polarización radical», se pueden agrupar en tres grandes grupos: la víctima, el autor, y el contexto. a) La víctima de la infracción. El testimonio de la víctima siempre es relevante en cualquier hecho delictivo, pero en infracciones tan valorativas como las que nos ocupan la figura de la víctima se convierte en el eje central desde el que orientar toda la actividad de investigación. A tal efecto, habrá que tener en cuenta los siguientes factores: – La percepción que la propia víctima pueda expresar sobre el origen o motivo de la conducta. No se trata de que la persona deba haberse sentido afectada por la acción punible para que ésta encaje en el tipo penal –pues ya vimos que nos hallamos ante delitos de mera acción– pero indudablemente, para valorar la lesividad de la conducta, su percepción es un relevante elemento valorativo, por lo que los Sres. Fiscales la tendrán especialmente en cuenta para evaluar la antijuridicidad de los hechos. – Su pertenencia a un colectivo de los descritos en el tipo penal o a las asociaciones que tengan por objeto el apoyo o solidaridad con esos colectivos. – Las relaciones personales, familiares, laborales o de amistad con personas relacionadas con esos colectivos. b) El autor del hecho. Sin caer en la doctrina proscrita del «derecho penal de autor», las características o circunstancias que rodean a la persona denunciada o presunta autora del hecho pueden ofrecer datos indicativos de la existencia de un móvil de odio o discriminación en la conducta realizada. Entre otros, se pueden destacar los siguientes: – Los antecedentes penales o policiales por conductas similares, como pudieran ser sanciones basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana por manifestaciones «ultras» o sanciones por violencia en el deporte, etc. – El análisis de sus comunicaciones en las redes sociales (hilos de conversaciones en chats, vídeos difundidos, etc.), anteriores y posteriores a los hechos, así como su número de seguidores. Este análisis puede hacerse sin necesidad de autorización judicial sobre las «redes abiertas» que utilice el investigado. – Las frases o gestos que haya podido expresar en el momento de cometer los hechos. – Su integración en grupos caracterizados por su odio o por la promoción de la violencia contra determinados colectivos o ideas (ideología neonazi, homófoba o xenófoba, radicalismo religioso, grupos ultra deportivos, colectivos antisistema, las denominadas «bandas latinas», etc.), y su posición de relevancia pública o liderazgo en los mismos. Para determinar esa pertenencia, cuando no sea directamente reconocida por el afectado, pueden tomarse como elementos de valoración, siempre dentro de una adecuada ponderación, elementos externos que porte el sujeto (tatuajes, vestuario, peinados…) que en el uso social se identifiquen con esos grupos a los que se asigna su pertenencia. – Instrumentos utilizados o que se porten (banderas, bufandas, pancartas) asociados a alguno de esos grupos. c) El contexto en el que se desarrolla la acción. La casuística puede ser muy variada pero algunos criterios pueden ser relevantes para orientar la investigación, al menos inicialmente, hacia alguna de las modalidades de delito de odio. Así: – La aparente irracionalidad, falta de justificación o gratuidad de los actos. – La ausencia de relación previa entre agresor y agredido. – La presencia de una relación de enemistad manifiesta o histórica entre los colectivos a los que pertenecen. – La fecha o el lugar de los hechos, que sea simbólica para un colectivo (una conmemoración o un lugar de culto). En casos de especial gravedad o complejidad puede revestir particular importancia la utilización de la denominada «prueba pericial de inteligencia», cuyo encaje se encuentra en el art. 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para adentrarse en las entrañas de determinados colectivos que, precisamente por la opacidad en la que desarrollan sus conductas ilícitas, no permiten contar con otras fuentes de prueba más habituales. Sobre los requisitos de esta prueba, las SSTS n.º 984/2016, de 11 de enero de 2017, 786/2003, de 29 de mayo y 783/2007, de 1 de octubre, destacan las siguientes notas: «1.º) Se trata de una prueba singular que se utiliza en algunos procesos complejos, en donde son necesarios especiales conocimientos, que no responden a los parámetros habituales de las pruebas periciales más convencionales; 2.º) En consecuencia, no responden a un patrón diseñado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no obstante lo cual, nada impide su utilización en el proceso penal cuando se precisan esos conocimientos (…); 3.º) Aunque se trata de una prueba que participa de la naturaleza de pericial y testifical, es, desde luego, más próxima a la pericial, pues los autores del mismo aportan conocimientos propios y especializados para la valoración de determinados documentos o estrategias; y 4.º) En todo caso, la valoración de tales informes es libre, de modo que el Tribunal de instancia puede analizarlos racional y libremente, sin que por ello puedan ser considerados como documentos a efectos casacionales». 3. El delito del art. 510.1.a) CP: fomento, promoción o incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia El art. 510.1.a) CP sanciona a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». El núcleo de la tipicidad consiste en la acción de «fomentar», «promover» o «incitar» al «odio, hostilidad, discriminación o violencia», siempre que se dirija contra un grupo, parte del mismo o alguno de sus integrantes, por los motivos discriminatorios ya analizados. En lo relativo a la acción, con la nueva redacción del precepto se pierde por completo el vínculo con la provocación definida en el art. 18.1 CP. El verbo típico ya no es «provocar», sino «fomentar», «promover» o «incitar», puede hacerse «directa o indirectamente» y, además, la conducta a la que se incita no necesariamente debe ser constitutiva de delito. En efecto, el objeto de la incitación puede ser la discriminación, el odio o la violencia, a lo que se añadió por LO 1/2015, la «hostilidad». La RPG n.º 15 ECRI define odio como «emociones intensas e irracionales de oprobio, enemistad y aversión del grupo objetivo», y violencia como el «uso deliberado de la fuerza física o el poder contra una persona, o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones». Por su parte, el término hostilidad es definido en la misma RPG n.º 15 ECRI como «una manifestación del odio más allá de un mero estado de ánimo», mientras que la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, considera que puede ser entendido como un estado previo a la violencia, es decir, como «clima (…) que pueda concretarse en actos (…) de violencia, odio o discriminación». En cuanto al concepto de discriminación, fundado en las principales Convenciones Internacionales, puede encontrarse en el apartado 44 del Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (A/67/357, de 7 de septiembre de 2012), que lo define como: «Toda distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, discapacidad, o por cualquier otra condición que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera de la vida pública». En el ámbito nacional, la jurisprudencia del TC viene distinguiendo entre la cláusula general de igualdad del primer inciso del art. 14 CE, por la que se confiere un derecho subjetivo a todos los ciudadanos a obtener un trato igualitario de los poderes públicos siempre que concurran supuestos idénticos y no existan razones que objetivamente justifiquen la diferenciación, y la segunda vertiente del mismo derecho fundamental contenida en el inciso segundo, que prohíbe la práctica de comportamientos discriminatorios basados en alguno de los factores que allí se mencionan a modo de listado enunciativo y no cerrado –STC n.º 75/1983, de 3 de agosto–. Es frecuente la distinción entre discriminación «directa» e «indirecta», en función de que la situación desfavorable se produzca por un acto concreto o a través de alguna disposición, norma o criterio aparentemente neutro que coloque a la víctima en una situación de desventaja. Algunos ejemplos vienen expresamente definidos en el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Del mismo modo, el art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, contiene varias definiciones relevantes en esta materia en sus apartados c) y d), tales como la discriminación directa e indirecta, a la que se suma la modalidad «por asociación» en el apartado e), es decir, por razón de las relaciones que se mantengan con un determinado colectivo. Sea como fuere, la nueva redacción del art. 510.1.a) CP ha creado un tipo con un alcance sancionatorio más amplio que el demandado por la DM 2008/913/JAI, puesto que ésta no se pronuncia sobre si la incitación ha de ser directa o indirecta, ni contiene los verbos «fomentar» o «promover». Además, el Legislador español ha decidido no hacer uso de los elementos restrictivos mencionados en el art. 1.2 de la citada DM 2008/1913/JAI, en virtud del cual, los Estados miembros «podrán optar por castigar únicamente las conductas que o bien se lleven a cabo de forma que puedan dar lugar a perturbaciones del orden público o que sean amenazadoras, abusivas o insultantes». Como consecuencia de la reforma penal del 2015, se adelanta la barrera de protección penal a la fase del «iter criminis» que se ha considerado de aptitud suficiente para la puesta en peligro del bien jurídico protegido, incluida la incitación pública por cualquier medio a un sentimiento destructivo por motivos discriminatorios como es el que fundamenta el llamado discurso del odio. Por lo tanto, no basta con expresar ideas u opiniones «odiosas», sino que será necesario que se inste o se anime a la ulterior comisión de hechos discriminatorios, de forma que exista el riesgo real, aunque sea potencial, de que se lleven a cabo. Conforme a la nueva redacción no se exige la incitación a un acto delictivo, ya que el odio o la hostilidad son sentimientos que no necesariamente pueden reconducirse a figuras tipificadas penalmente. Del mismo modo, no es necesario que se promueva la realización de un acto concreto, puesto que basta la incitación indirecta. Ahora bien, la incitación indirecta deberá tener la potencialidad suficiente para poner el peligro a los colectivos afectados. Por ejemplo, no puede entenderse típico difundir la noticia falsa de que los inmigrantes colapsan los servicios sociales. Para el caso de que, tras una incitación directa, otras personas realicen el hecho delictivo concreto al que se ha orientado la incitación, la conducta podrá ser perseguida como inducción del art. 28, párrafo segundo, apartado a) CP, con la agravante, en su caso, prevista en el art. 22.4.ª CP. Estos supuestos se castigarán únicamente como inducción, al existir un concurso de normas (artículo 8.3.ª del Código Penal), quedando el delito de odio absorbido por el tipo penal inducido. En todo caso, la incitación ha de ser pública. De esta forma, queda claro que no se persigue la mera idea o la opinión odiosa. Lo que se sanciona es la puesta en peligro del bien jurídico protegido mediante la exteriorización de esa idea u opinión ante terceros. Como luego se analizará, no debe confundirse la difusión pública con la utilización de medios de comunicación o redes sociales, cuya concurrencia dará lugar, en su caso, a la aplicación del tipo agravado previsto en el art. 510.3 CP. La utilización indistinta y en forma plural de los verbos «fomentar», «promover» o «incitar» supone que cualquiera de las conductas es suficiente para integrar el tipo penal. En principio, una sola acción podría ser constitutiva de delito, siempre que se colmaran los elementos típicos. A su vez, la realización de diversas acciones puede entenderse como constitutiva de un solo delito, valorándose en tal caso la concurrencia de un dolo unitario para la infracción del mismo bien jurídico protegido (piénsese, por ejemplo, en diversos discursos pronunciados en un lapso temporal conexo, cuya reiteración es lo que determina precisamente la propia relevancia penal de la incitación). Lo mismo ocurriría en el caso de una o diversas acciones cometidas por más de un motivo discriminatorio, si va dirigido a un colectivo concreto (por ejemplo, contra extranjeros homosexuales). De nuevo, el dolo unitario impediría apreciar la existencia de varios delitos. Cuestión distinta sería la realización de varias acciones contra colectivos diversos y/o por motivos diferentes. El carácter personalísimo del bien jurídico protegido (la dignidad de la persona) impediría la apreciación de un delito continuado (por aplicación de lo dispuesto en el art. 74.3 CP). En estos casos la calificación sería la de concurso real de delitos, a sancionar conforme a los criterios expuestos en los arts. 73 y concordantes CP. Estas reglas concursales son aplicables, «mutatis mutandis», a todas las figuras delictivas recogidas en el art. 510 CP, con las excepciones que se irán indicando en algunos supuestos. Ejemplos concretos de conductas que se han considerado como de «incitación» se pueden encontrar en diversas sentencias del TS que, en su mayoría, se refieren a delitos de enaltecimiento del terrorismo o humillación de sus víctimas (art. 578 CP), pero que pueden ser extrapolables a las infracciones de odio. Lo relevante en todas ellas es que se insta a la ejecución de actos violentos o vejatorios contra un determinado colectivo o integrante del mismo. Así, entre otras, se pueden mencionar las siguientes: – STS n.º 79/2018, de 15 de febrero: «merece una bomba de destrucción nuclear», «un pistoletazo en la frente de su jefe está justificado», «siempre queda esperar a que le secuestre un GRAPO», «queremos la muerte para estos cerdos», «le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta». – STS n.º 335/2017, de 11 de mayo: «eres el ejemplo perfecto de lo que no debería ser una mujer. Lástima que no haya ETA para que sea la nueva (…)», y se cita el nombre de una víctima de ETA; «con despojos humanos como (nombre) caminando tranquilamente por las calles una verdadera lástima la disolución de ETA»; «es una verdadera lástima que (se cita la abreviatura de un Presidente del Gobierno) disolviera ETA ahora estaría matando maderos, políticos (de un determinado partido) banqueros y demás chusma indeseable»; «cuando estaba ETA (se cita el nombre de un partido político) no estaba tan crecidito igual va siendo hora de que vuelvan y peguen unos tiros». – STS n.º 221/2017, de 29 de marzo: en el contexto de una conversación entre dos personas, en la que una de ellas publica una foto suya con un serrucho, el otro le dice «yo te ayudo hermano, a por quien hay que ir… jejeje», y tras cita de dos Presidentes de Gobierno de terceros países, se añade «me apunto a sacar tripas a esas ratas»; y también «si alguien coge y te lanza una piedra… tranquilo tu deja la piedra, no sea igual que él. No te rebajes a su altura. Mejor coge el machete y trocéalo». – STS n.º 846/2015, de 30 de diciembre: se menciona el nombre de una víctima de ETA y se dice que «mejor muerto». Finalmente, la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, en relación con un delito de odio (art. 510 CP) por razón de género, consideró como delictivas, entre otras, las siguientes expresiones: «53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas»; «(…) no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias»; «ya la he maltratado, tú eres la siguiente»; «a mí me gusta follar contra la encimera y los fogones, porque pongo a la mujer en su sitio por parte doble». 4. El delito del art. 510.1.b) CP: elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos para incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia El art. 510.1.b) CP sanciona penalmente a quienes «produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». Este artículo no tiene precedente anterior a la reforma de 2015. Castiga una serie de comportamientos en relación con un objeto material determinado, siempre que éste sea idóneo para la realización de la conducta del art. 510.1.a) CP. Conforme a los verbos típicos, las conductas punibles se pueden agrupar en dos bloques. Por un lado, la «producción» y la «elaboración», es decir, la fabricación del material. Por otro, la trascendencia frente a otras personas, mediante la «posesión con la finalidad de distribuir», la «facilitación del acceso a terceros», la «distribución», la «difusión» y la «venta». El objeto puede ser cualquier escrito o soporte, debiendo englobar a los de carácter audiovisual o electrónico. Lo relevante es que su contenido sea objetivamente idóneo para fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, parte del mismo o alguno de sus integrantes, por los motivos discriminatorios anteriormente descritos. Se trata de comportamientos previos a los de la letra anterior y, por ello, aparentemente con un menor desvalor de la acción que, no obstante, tienen señalada la misma pena que la modalidad delictiva del art. 510.1.a) CP. La equiparación tiene su origen en una recomendación incluida en el informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica, en el que este órgano argumentaba que el prelegislador, al prever una pena más leve para estos casos, estaba confiriendo «un trato penal más beneficioso a conductas que, incluso, denotan una mayor peligrosidad para el bien jurídico protegido, habida cuenta los medios a cuyo través se proyectan al exterior las conductas sancionadas». Con posterioridad, el Consejo de Estado, en la misma dirección, entendió que «ha de notarse que algunas conductas del apartado 2.a parecen encajar con naturalidad en las previstas en el apartado 1.a (siempre del artículo 510), sin que se aprecien las razones que llevan a rebajar la penalidad». Si el material no sólo es idóneo, sino que además se utiliza para fomentar el odio, la conducta queda integrada en el art. 510.1.a) CP, por aplicación del principio de progresión delictiva. Es decir, cuando una misma persona realiza las acciones típicas de los dos preceptos penales 510.1.a) y 510.1.b), se trataría de un concurso de normas a resolver conforme al artículo 8.3.ª CP. El precepto excede de lo previsto en la DM 2008/913/JAI. Con arreglo al art. 1.1.b) de este texto los Estados miembros han de sancionar «la comisión de uno de los actos a que se refiere la letra a) mediante la difusión o reparto de escritos, imágenes u otros materiales». La difusión de materiales aparece, así como una modalidad de incitación pública a la violencia, pero no como una conducta anterior, idónea para que esa incitación tenga lugar, que es lo que sanciona el tipo penal español. Por otra parte, la DM no menciona en momento alguno la producción o elaboración de esos materiales entre las conductas objeto de sanción. De nuevo, la pretensión del Legislador español ha sido asegurar la criminalización de conductas que hasta ese momento eran consideradas impunes por nuestros Tribunales, al entender que no reunían los requisitos típicos del art. 510.1 CP (en su redacción anterior) de acuerdo con la exégesis restrictiva del tipo que se venía realizando. Como argumentaba la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, en aplicación de la doctrina expuesta en la STC 235/2007, tratándose de editores o libreros, la posesión de ejemplares de temática discriminatoria y excluyente con la finalidad de proceder a su venta o a su distribución «no supone por sí misma un acto de difusión de las ideas más allá del mero hecho de poner sus soportes documentales a disposición de los posibles usuarios, y por lo tanto, nada distinto de lo esperable de su dedicación profesional, sin que (…) se aprecie solo por ello una incitación directa al odio, la discriminación o la violencia contra esos grupos (…) y sin que (…) se venga a generar un clima de hostilidad que suponga un peligro cierto de concreción en actos específicos de violencia contra aquéllos» (FJ 10). Todas estas consideraciones deberán ser tenidas en cuenta por los Sres. Fiscales, prestando especial atención al elemento teleológico del tipo penal, supeditado a la aptitud del material para el fomento, promoción o incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia, que es el que determinará si la conducta es o no punible. En este sentido y dado que el tipo no exige que se haya consumado la distribución, se deberá extremar la cautela ante determinados comportamientos, muy particularmente en el caso de la posesión con la finalidad de distribución. Se trata de sancionar conductas que pongan en riesgo el bien jurídico protegido, es decir, cuando se puedan englobar en un contexto en el que sea factible generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra determinados colectivos. Por ejemplo, –como apunta la STS n.º 259/2011, de 12 de abril– cuando se promocione o publicite el material, o se haga una defensa, recomendación o ensalzamiento de su contenido o de los métodos descritos en los mismos, etc. Finalmente, los/las Sres./Sras. Fiscales habrán de valorar la concurrencia de finalidades artísticas, científicas o similares, a la hora de determinar la relevancia penal de los hechos, por aplicación del principio de ponderación de los bienes jurídicos en presencia de conformidad con lo expuesto en el apartado correspondiente de esta Circular. Ello, no obstante, conviene poner de manifiesto que en ocasiones la aparente finalidad artística, humorística o satírica no puede amparar un ejercicio abusivo e irresponsable de la libertad de expresión. En este sentido la STEDH Dieudonné M’Bala M’Bala contra Francia, de 20 de octubre de 2015, en la que el alto Tribunal estima un abuso de derecho plantear por el demandante una vulneración de su libertad de expresión alegando haber actuado con la condición de artista con derecho a eximirse mediante la sátira, el humor y la provocación. El Tribunal señala que, al amparo de una representación humorística, el demandante ha invitado a uno de los negacionistas franceses más conocidos, condenado un año antes por cuestionamiento de crimen contra la humanidad, para honrarle y darle la palabra. El TEDH ve una demostración de odio y de antisemitismo, así como la puesta en entredicho del holocausto. No puede aceptar que la expresión de una ideología que va en contra de los valores fundamentales del Convenio, tal cual lo expresa su preámbulo, es decir la justicia y la paz, sea equiparada con un espectáculo, aun satírico o provocador, que entraría en el ámbito de la protección del artículo 10 del Convenio. 5. El delito del art. 510.1.c) CP: negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad El nuevo art. 510.1.c) CP castiga penalmente a quienes: «Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos». 5.1 Consideraciones generales. La nueva figura delictiva se corresponde con el art.1, apartados c) y d), de la DM 2008/913/JAI. El art. 1.c) de la DM recomienda que se castigue «la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal y como se definen en los arts. 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo». El art. 1.d), por su parte, determina que «la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes definidos en el art. 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, adjunto al Acuerdo de Londres, de 8 de agosto de 1945 (crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad), dirigida contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra el grupo o un miembro del mismo». La LO 1/2015 ha modificado de manera sustancial el art. 510 CP, tipificando en el nuevo art. 510.1.c) CP las conductas que con anterioridad a la reforma constituían el art. 607.2 CP. En la anterior redacción de este art. 607.2 CP se establecía la sanción para «la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas» que «negaran» o «justificaran» el delito de genocidio, o «pretendieran» también «la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos», con una «pena de prisión de uno a dos años». Se observan diferencias entre el precepto actual y su antecedente, que consisten en la omisión de la referencia a la «justificación», la introducción de los conceptos de «trivialización grave» y «enaltecimiento», y la punición de conductas relativas no sólo al genocidio sino también a los delitos de lesa humanidad y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra). Como ya se ha indicado, el Preámbulo de la LO 1/2015 admitía que la reforma venía determinada, entre otras causas, por la STC n.º 235/2007, de 7 noviembre, que declaró inconstitucional la modalidad del mero «negacionismo» y que, si bien admitió la constitucionalidad de la «justificación», exigió que mediante esta conducta se generara, al menos, «una incitación indirecta» a la comisión de delitos contra el derecho de gentes o se provocare «de modo mediato a la discriminación, al odio o al a violencia» (FJ 9). En coherencia con este criterio, el Legislador ha introducido «in fine» la exigencia de que la conducta de negación sólo sea punible «cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación». Por otro lado, en lo que se refiere al contenido de la DM 2008/913/JAI, cuya transposición se pretendía con la reforma de 2015, hay que advertir varias diferencias. Se castiga en el artículo 510.1.c) CP, junto a la negación, el enaltecimiento en lugar de la «apología». Y, además, se califica la conducta de trivialización como «grave» en vez de como «flagrante». Cabe notar, como ya puso de manifiesto el Consejo de Estado, que la norma europea se refiere a «crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se definen en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional», mientras que en el art. 510.1.c) CP se recogen los «delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado». Esta falta de concordancia es más aparente que real. La expresión «delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado» ha de ponerse en relación con la rúbrica del Capítulo III del Título XXIV del Código, relativo precisamente a esa clase de delitos, y en el que se incluye el art. 614 CP que tipifica la conducta de quien, «con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España fuere parte y relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (…)». 5.2 La definición de las conductas típicas. El precepto exige realizar «públicamente» alguno de los siguientes tres comportamientos: «negar», «trivializar gravemente» y «enaltecer». Tales conductas se refieren a los delitos de «genocidio» (art. 607 CP), de «lesa humanidad» (art. 607 bis) o «contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado» (arts. 608 a 614 bis), todos ellos tipificados consecutivamente en los Capítulos II, II bis y III del Título XXIV del Libro II del Código Penal, bajo la común denominación de «Delitos contra la Comunidad Internacional». La RPG n.º 15 ECRI define el enaltecimiento como «la alabanza o exaltación de una persona por haber hecho algo»; la negación del holocausto como «el acto de negar, cuestionar o admitir dudas, de forma parcial o total, sobre el hecho histórico del genocidio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial»; y la trivialización como referido a «hacer que algo parezca que no tiene importancia o es insignificante». Por otra parte, la definición de «genocidio», «crimen contra la humanidad» y «crímenes de guerra», se refiere a la lista de actos enumerados, respectivamente, en los arts. 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 («BOE» núm. 126, de 27 de mayo de 2002). El Legislador no ha incorporado a la fórmula legal la conducta de justificación contenida en el precedente art. 607.2 CP. Sin embargo, se considera que existe una cierta proximidad entre la conducta de «justificar» y la de «trivializar gravemente», expresión que encierra también ese significado de rechazo o desprecio hacia la dignidad de las víctimas y de posible favorecimiento de una futura violencia o discriminación contra la mismas. La gravedad de la trivialización permite descartar conductas puntuales, irreflexivas o humorísticas. Lo que se sanciona es la injustificada minimización o la inaceptable disculpa de graves conductas contra el derecho de gentes. El enaltecimiento puede estar referido no sólo a los actos delictivos contra la humanidad, sino también a sus autores. Esta mención debe ser puesta en relación con la definición de autoría descrita en el art. 28 CP, al margen de cualquier consideración dogmático penal. Por lo tanto, incluye no sólo a los autores directos, mediatos, o coautores, sino también a los inductores y a los cooperadores necesarios, que serán «considerados como autores». Por consiguiente, se excluye el enaltecimiento del cómplice (art. 29 CP), pero ello sin perjuicio de que tal conducta adquiera relevancia penal por llevar ínsito el enaltecimiento del hecho mismo. Como en el caso de la conducta prevista en el art. 510.1.a) CP, la acción ha de realizarse públicamente, pero no necesariamente a través de medios de comunicación social, cuya utilización dará lugar a la aplicación del tipo agravado previsto en el art. 510.3 CP. Finalmente, para que estas conductas reciban una respuesta penal es necesario que, en primer lugar, vengan referidas a alguno de los colectivos ya descritos, como en el resto de tipos penales contenidos en el art. 510 CP; y en segundo lugar, la concurrencia de un elemento tendencial que condiciona de forma significativa la tipicidad penal, como es que la negación, trivialización grave o enaltecimiento «promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación» contra el colectivo, grupo o integrante del mismo. Sobre la tipicidad subjetiva, la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, señala que «tanto el delito de enaltecimiento como el de incitación al odio, no requieren un dolo específico, siendo suficiente la concurrencia de un dolo básico que ha de ser constatado a partir del contenido de las expresiones vertidas. El dolo de estos delitos se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y la constatación de no tratarse de una situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, ante una circunstancia que el sujeto no ha sido capaz de controlar». 5.3 La promoción o el favorecimiento de un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. El requisito legal de que las conductas típicas «promuevan» o «favorezcan» la violencia, hostilidad, odio o discriminación no debe interpretarse exclusivamente en un sentido subjetivo o intencional, como mera tendencia de quien expresa opiniones de odio con las que busca promover o favorecer el clima de hostilidad o discriminación, sino en sentido objetivo, es decir, que suponga una posibilidad de crear dicha situación. Sólo así se podrá entender afectado el bien jurídico protegido por la norma y, por lo tanto, legitimada la sanción penal, de acuerdo con la doctrina expuesta en la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre. Se trata, en definitiva, de un delito de peligro abstracto o hipotético, de forma que exprese la idoneidad de los hechos para generar una situación objetiva de discriminación, odio, violencia u hostilidad. Por ello, pese a la utilización de la expresión «clima», que adolece de una cierta indeterminación, los/las Sres./Sras. Fiscales tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes a fin de valorar si las conductas analizadas en cada caso son susceptibles de generar o no una situación objetiva de peligro o riesgo de que se puedan cometer actos de violencia, hostilidad, discriminación u odio contra un determinado colectivo o una parte o individuo del mismo. 6. El delito del art. 510.2.a) CP: humillación, menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas El art. 510.2.a) CP señala: «Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos». En el nuevo precepto se pueden distinguir dos tipos de conductas. En el primer inciso se contiene una infracción de resultado: «lesionar la dignidad» de determinados grupos o personas, por motivos discriminatorios, «mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito». El segundo inciso recoge una fórmula similar a la prevista en el art. 510.1.b) CP, es decir, la fabricación o la puesta a disposición de terceros, referida a un material que sea «idóneo para lesionar la dignidad» de esos mismos grupos o personas. La STS n.º 656/2007, de 17 de julio, define el descrédito como la «disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas»; menosprecio como «equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén»; y humillación como «herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo» (FJ 2). Con la tipificación de todas estas acciones el legislador español de nuevo amplía el ámbito de los comportamientos considerados delictivos más allá de lo sugerido por la DM 2008/913/JAI, en la que no aparecen expresamente contenidas. En consonancia con el bien jurídico protegido en los delitos de odio, la dignidad de las personas se convierte en el eje central de esta figura del inciso primero, que es el objeto de la lesión causada a través de la humillación, el menosprecio o el descrédito. Lo relevante, en todo caso, es que se trata de una infracción de resultado, no de riesgo abstracto, hipotético o potencial. Como recuerda la STS n.º 752/2012, de 3 de octubre, (si bien en el ámbito del art. 578 CP) «la humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente a su honor como víctimas y, en último término, a su dignidad, valores que tienen reconocida igual relevancia en la Carta Magna (arts. 18.1 y 10 CE)» (FJ 3). Por lo tanto, siguen siendo de aplicación las consideraciones generales expuestas en esta Circular sobre la nula cobertura exculpatoria que, en estos casos, pueda alegarse que tenga el ejercicio de la libertad de expresión. En la práctica será frecuente la concurrencia de este tipo con otras figuras delictivas que también protegen la dignidad de las personas frente a conductas de humillación o menosprecio, como el delito contra la integridad moral del art. 173 CP. En estos casos se produce un concurso de normas sancionable por la vía del artículo 8.1 CP, en el que la norma especial se considera que es el artículo 510.2.a) CP por su más específico y completo ámbito de protección. No obstante, al tratarse de una infracción de resultado, los actos delictivos cometidos individualmente respecto de personas integradas en el colectivo serán castigados mediante las reglas generales previstas para el concurso ideal, en el caso de que pueda apreciarse un menoscabo de algún otro bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el caso de una agresión física por motivo discriminatorio o de odio, realizada en términos tales que no sólo afectara a la integridad física del agredido sino a su propia dignidad, la conducta podría ser sancionada como delito de odio en concurso con un delito o delito leve de lesiones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 77, apartados 1 y 2 CP. En el segundo inciso del art. 510.2.a) CP se castigan las conductas de «producción», «elaboración», «posesión con finalidad de poseer», «facilitar a terceras personas el acceso», «distribución», «difusión» o «venta» de escritos o materiales que «por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito» de los grupos, partes o integrantes de los mismos». Esta infracción sí debe ser considerada como de peligro abstracto para la dignidad de las personas, ya que basta que el material sea «idóneo» para la lesión del bien jurídico protegido. Las conductas son idénticas a las recogidas en la letra b) del art. 510.1 CP y vienen referidas a los mismos objetos materiales. La novedad es que los soportes han de representar una humillación, menosprecio o descrédito de carácter «grave», elemento esencialmente valorativo que ha de ser ponderado en cada caso concreto conforme a los criterios generales ya expuestos. Algunos ejemplos concretos de conductas que se han considerado como de «humillación» se pueden encontrar en varias sentencias del TS que, por lo general, se refieren a las víctimas del terrorismo (art. 578 CP), pero que igualmente pueden ser extrapolables a las infracciones de odio. Lo relevante en todas ellas es que se expresan ideas como el deseo de reiteración de actos susceptibles de generar una doble victimización, la ridiculización vejatoria o burla absolutamente descarnada, o la estigmatización sectaria de un colectivo o de sus integrantes que revele un manifiesto desprecio hacia su dignidad. Entre otras, se pueden citar las siguientes: – STS 623/2016, de 13 de julio: «¿Cómo monta (nombre de víctima del terrorismo que perdió las piernas en un atentado) a caballo? Con velcro»; «El humor negro mola, pero el summum son los de (mismo nombre de víctima). Son la bomba»; «¿En qué se parece (nombre de otra víctima del terrorismo) a un delfín? En el agujero de la nuca». – STS n.º 948/2016, de 15 de diciembre: sobre una imagen de policías envueltos en llamas con comentarios «ke bien arde… la madera jejejeje»; «matar fachas y txakurras no es delito…es mi deporte favorito». – STS n.º 752/2012, de 3 de octubre: «a ver si con un poco de suerte te pegan un tiro antes de la tregua definitiva y así te reúnes con <los tuyos>, so zorra…un besito» (referido a un pariente cercano a dos víctimas de ETA). Finalmente, se pueden reseñar dos sentencias de Audiencia Provincial que confirman condenas previas de Juzgados de lo Penal por delito de odio en su modalidad de humillación por motivo discriminatorio. Se trata, en concreto, de las siguientes: – SAP Madrid (Sección 15.ª) n.º 676/2017, de 30 de octubre: los hechos consisten en una agresión contra persona a la que no se conoce previamente, en presencia de amigas de la víctima, con una previa actitud de burla sobre su forma de hablar y motivada porque «es un maricón de mierda y se lo merece». Se castiga igualmente por delito leve de lesiones. – SAP Madrid (Sección 23.ª) n.º 762/2017, de 29 de diciembre: los hechos consisten en la publicación de un vídeo en la plataforma Youtube, titulado «sodomía y pederastia son dos ramas del mismo tronco» en el que al explicar el origen de la pederastia se equiparó a la homosexualidad, acusando a los homosexuales de ser los autores de la inmensa mayoría («noventa y tantos por ciento de los casos») de los casos de pederastia. 7. El delito del art. 510.2.b) CP: enaltecimiento o justificación de los delitos de odio El art. 510.2.b) CP sanciona a «quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos». La tipificación de estas conductas no es una exigencia de la DM 2008/913/JAI, que únicamente contempla la sanción de la apología de delitos concretos. La STS n.º 180/2012, de 14 de marzo, con cita de otras muchas anteriores como las 597/2010, de 2 de junio, 299/2011, de 25 de abril, y 523/2011, de 30 de mayo, define las conductas de enaltecimiento y justificación. Así, «enaltecer equivale a ensalzar o hacer elogios, alabar las cualidades o méritos de alguien o de algo. Justificar quiere decir que se hace aparecer como acciones ilícitas legítimas, aquello que sólo es un comportamiento criminal». Del mismo modo, y haciendo suyas las palabras de la sentencia de instancia, el TS asume que «enaltecer, según el Diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo de ensalzar, que significa engrandecer, exaltar, alabar. Exaltar, es elevar a alguien o a algo a gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Se coloca así al ensalzado, exaltado o alabado en una posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. El que enaltece –sujeto activo del delito– otorga a los delitos (…) y a los que en ellos intervienen –autores y partícipes– la condición de modelo a seguir, otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente. «Justificar» es, también según el diccionario, probar una cosa con razones convincentes o con testigos o documentos y también hacer justo algo. El Legislador ha prescindido de la exigencia de un ánimo incitador en esta modalidad «sui generis» de apología, al que solo se da entrada a través del subtipo agravado previsto en el párrafo segundo del art. 510.2.b) CP con la expresión: «cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos». Se trata, por tanto, de un tipo mucho más amplio que el descrito en el art. 510.1.c) CP. Basta la realización de las conductas de «enaltecer» o «justificar» por motivos discriminatorios para la aplicación del art. 510.2.b) CP, sin necesidad de acreditar que tales conductas tienen la capacidad de generar «ex ante» un clima de hostilidad, odio, violencia o discriminación hacia determinados colectivos. No obstante, la exigencia de que la conducta se realice «por cualquier medio de expresión pública o de difusión», unido a la necesidad de que el bien jurídico protegido sea afectado, al menos, potencialmente, determina la exigencia de que la conducta tenga una cierta entidad o relevancia. La efectiva promoción o favorecimiento de ese «clima» determinará la agravación penológica prevista en el segundo párrafo del art. 510.2.b) CP. Algunos ejemplos concretos de conductas que se han considerado como de «enaltecimiento» se pueden encontrar en varias sentencias del TS que, aunque referidas una vez más al delito de terrorismo (art. 578 CP), pueden ser aplicables a los delitos de odio. Entre otras, se pueden reseñar las siguientes: – STS n.º 706/2017, de 27 de octubre: difusión de una imagen de un miembro de ETA donde aparece junto al lema «Adiós con honor» y seguidamente la frase «Tu dignidad nuestro modelo» (en ambos casos, en euskera). – STS n.º 335/2017, de 11 de mayo: «vivan los terroristas que asesinan a políticos del (nombre de un partido)! ¡Larga vida a aquellos que nos libren de esta dictadura! ¡GORA ETA!». – STS n.º 221/2017, de 29 de marzo: publicación de un vídeo en el que se observa a un grupo de hombres disparando con armas de fuego, añadiendo como comentario que «Vamos muhaidines garrote a estos putos con uniforme (…) Glorifico a todos los mártires!!». – STS n.º 820/2016, de 2 de noviembre: «Aupa esa chavalería que ha arrasado con las sucursales capitalistas (…). Joder, con noticias así da gusto empezar la semana»; «lástima que el terrorismo de estado le segara la vida tan pronto, más luchadores como (nombre de miembro de ETA) hacen falta, para la causa (…)»; o «tengo la botella de champán preparada para el día que se retome la lucha armada». 8. El tipo agravado del art. 510.3 CP: la difusión mediática Dispone el art. 510.3 CP que: «Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas». Un medio de comunicación es cualquier instrumento utilizado para realizar el proceso comunicativo. Abarca una tipología muy variada que incluye los tradicionales medios impresos (como periódicos, revistas o libros, pero también panfletos, folletos y posters) y los medios de comunicación audiovisuales y electrónicos (como radio, teléfono, televisión, grabaciones digitales de sonido e imagen, páginas webs, apps, correos electrónicos y una amplia gama de redes sociales y videojuegos). No parece factible hacer un listado cerrado, porque se trata de un sector que está en constante evolución. Sin duda, irán surgiendo otras formas de comunicación. La Directiva 2013/40 UE del Parlamento y del Consejo de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, pone de manifiesto que los sistemas de información son un elemento esencial para la «interacción política, social y económica en la Unión». Sin embargo, frente a las evidentes ventajas de las tecnologías de la información, entre las que puede destacarse la propia defensa de la libertad de expresión, concurren factores negativos. El Protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003, consciente de que los sistemas informáticos ofrecen un medio sin precedentes para facilitar la libertad de expresión y de comunicación en todo el mundo, mostraba la preocupación por el riesgo de la mala utilización o de la utilización abusiva de esos sistemas informáticos para difundir propaganda racista y xenófoba. En efecto, los nuevos mecanismos de ejecución de conductas delictivas tienen una enorme potencialidad expansiva susceptible de generar un aumento del perjuicio a las víctimas de los delitos, lo que supone un mayor desvalor de la acción que, en coherencia, puede justificar una agravación de la pena. De hecho, la utilización de las nuevas tecnologías, en palabras de la STS n.º 4/2017, de 18 de enero, supone que el autor «incorpora» su mensaje «a las redes telemáticas con vocación de perpetuidad», pero a su vez «carece de control sobre su zigzagueante difusión, pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste puede multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión (…), ligado al inevitable recorrido transnacional de estos mensajes». Junto a lo anterior y precisamente por ello, debe destacarse la mayor dificultad de estos supuestos para la investigación del delito y la identificación de los autores. En algunos apartados del art. 510 CP ya se exige que la conducta sea realizada «públicamente» –apartados 1.a) y 1.c)– o «por cualquier medio de expresión pública o de difusión» –apartado. 2. b)–. Por lo tanto, se hace necesario diferenciar estos supuestos del previsto en el apartado 3 del art. 510 CP. Para ello, se considera que el carácter público de las conductas recogidas en los arts. 510.1 y 2 CP deberá entenderse referido a los supuestos de difusión del mensaje a una colectividad, pero sin el uso de medios de comunicación masiva. A tal efecto, pueden servir como ejemplo las ponencias, conferencias, charlas e incluso, como ha señalado algún autor, mítines políticos para un auditorio colectivo e incluso amplio, siempre que no se proceda a su difusión o no se haga con la finalidad de su difusión masiva. Por el contrario, la publicidad del art. 510.3 CP se refiere exclusivamente a sistemas objetivamente adecuados para llegar a un número indeterminado de personas (mass media). No otra conclusión puede derivarse de los términos empleados en el propio precepto: «accesible a un elevado número de personas». El CP no distingue entre comunicador primario o derivado, es decir, es indiferente que el mensaje sea difundido por su autor material, o por el destinatario inicial que, a su vez, se convierte en difusor. El ejemplo de la red social «Twitter» y la modalidad del «retuiteo» puede ser especialmente descriptiva de estas conductas. No obstante, conviene tener presente que el fin último de la agravación es el aumento de la potencialidad del perjuicio causado a la/s víctima/s mediante la utilización de un medio de comunicación masivo. La expresión utilizada por el CP –«que (…) se hiciera accesible»– puede suscitar alguna duda sobre el carácter más o menos concreto del grado de acceso que los terceros tengan sobre el mensaje. Tomando en consideración que se trata de un tipo agravado, se entiende que no basta con la posibilidad teórica que ofrecen estos medios para la potencial difusión de contenidos. Hay mensajes que se difunden de forma instantánea, otros dependen de la voluntad de escuchar o leer, algunos tienen una amplia difusión y son duraderos, mientras que otros son fugaces o no llegan a sus destinatarios por problemas técnicos. La casuística es muy variada. Por lo tanto, no se trata de exigir que se pruebe que un número de personas haya leído efectivamente el mensaje, pero sí que un número indeterminado de personas haya tenido la posibilidad real de haber accedido al mensaje difundido masivamente. La STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, afirmó que las expresiones vertidas «a través de la red social cuyos contenidos se encuentran en internet» justifica la aplicación del art. 510.3 CP, ya que la «fundamentación de la agravación radica en la proyección, buscada por el autor, del mensaje que se emite» (FJ único). A efectos orientativos conviene precisar que los hechos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, a través de dos cuentas de la red social «Twitter», en las que el autor contaba con una cantidad de seguidores «en torno a los dos mil, siendo alrededor de cinco millones el número de usuarios de dicha red social en España». 9. El tipo agravado del art. 510.4 CP: la alteración de la paz pública o la creación de un grave sentimiento de inseguridad o temor El art. 510.4 CP agrava la pena «cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo», en cuyo caso «se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado». Obedece este precepto a lo dispuesto en el art. 1.4 DM 2008/913/JAI, si bien la misma se refiere a perturbaciones del «orden público», concepto que no es sinónimo de alteración de la «paz pública». En este sentido, en la STS n.º 987/2009, de 13 de octubre, se decía que «tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de esta Sala distinguen entre orden público y paz pública, en el sentido de que aquel es el simple orden, en tanto que la paz pública, concepto más amplio se integraría por el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia –STS 1321/1999–, y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas –STS 1622/2001–.» Más recientemente, la STS n.º 294/2015, de 20 de mayo, si bien en el ámbito del delito de terrorismo, define la alteración de la paz pública como «aquella acción que pretende crear conmoción en una colectividad potencialmente abierta de personas, impidiendo o degradando la calidad de su vida civil y alterando gravemente su paz en tanto que sujeto colectivo». En el mismo ámbito, la STS n.º 175/2013, de 12 de marzo, la identifica con «atemorización social». Por otra parte, la agravación también es aplicable en los casos de «grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo». Este supuesto debe ser diferenciado del «clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia» que se describe en alguna de las modalidades delictivas anteriormente analizadas. El «clima de odio» es un concepto de carácter general o colectivo, mientras que el «sentimiento» –que ha de ser grave– tiene una connotación personal o individual, aunque referido a los integrantes de un determinado grupo. En todo caso, la aplicación de esta agravación no modifica la naturaleza del delito de odio como de peligro abstracto, porque no se sanciona la creación del «clima de odio» o del «grave sentimiento de inseguridad o temor», sino que la conducta sea «idónea» para generar ese clima o sentimiento. El precepto utiliza una expresión genérica en su primer inciso («Cuando los hechos, a la vista de las circunstancias …»), lo que permite entender que abarca las conductas previstas en todos los apartados anteriores, con la consiguiente compatibilidad entre las agravaciones previstas en los apartados 3 y 4 del art. 510 CP. 10. La agravante por motivo discriminatorio del art. 22.4.ª CP Aunque esta Circular se centra en el delito de odio previsto y penado en el art. 510 CP, es preciso hacer una referencia, siquiera en alguno de sus aspectos más importantes o problemáticos, a la agravante por motivo discriminatorio del art. 22.4.ª CP, no sólo por su propia relevancia desde el punto de vista penológico general, sino también por su vinculación con el listado del art. 510 CP. Esta agravante se configura como otra forma de combatir penalmente determinados comportamientos discriminatorios dirigidos contra ciertos grupos, cuando los hechos no encajen propiamente en alguna de las figuras recogidas en el art. 510 CP (piénsese, por ejemplo, en agresiones físicas, amenazas o injurias concretas que se produzcan por motivos discriminatorios). Conviene también precisar, antes de abordar la agravante, que queda al margen de las consideraciones de esta Circular la específica problemática contemplada en diversos pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la modalidad del motivo de discriminación por razón de género y su vinculación con la violencia de género y el art. 153 del Código Penal, problemática que podrá ser objeto de estudio en otro documento diferente. Pues bien, art. 22 CP dispone que son circunstancias agravantes: «(…) 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad». Se trata de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de carácter y naturaleza fundamentalmente subjetiva, por cuanto se basa en algo que pertenece al juicio interno del autor, es decir, a su «esfera íntima», por lo que «solo puede inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del hecho» (STS n.º 1145/2006, de 23 de noviembre). Lo que caracteriza la circunstancia es que «el racismo, el antisemitismo o cualquier sentimiento discriminatorio, sea el motivo de cometer el delito». Por tanto, «nos encontramos ante la averiguación, en términos de carga de prueba, de un elemento motivacional que solo podrá deducirse de indicios» (STS n.º 314/2015, de 4 de mayo). En consecuencia, será necesario probar no solo el hecho delictivo y la participación del acusado, sino también la intencionalidad del autor, y esto es una inferencia o juicio de valor que debe ser motivada de conformidad con el art. 120.3 CE. Ello determina que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrán de incluir en sus atestados, al margen de las pruebas de la comisión del delito, los indicadores de polarización que se aprecien en la conducta investigada y que han sido expuestos «ut supra». Dada la naturaleza subjetiva de la agravante, cabe plantearse si sólo operará la agravación cuando la cualidad personal objeto del móvil discriminatorio concurra en el sujeto pasivo del delito. En caso de una respuesta positiva no se podría aplicar la agravante de discriminación «por asociación» (es decir, respecto de una persona que tenga relación con el colectivo de que se trate, aunque no forme parte del mismo) o «por error» en la percepción del sujeto activo sobre la pertenencia de la víctima a un determinado grupo. La jurisprudencia sobre esta cuestión es contradictoria. La STS n.º 1341/2002, de 17 de julio, aprecia la concurrencia de la agravante en un supuesto en el que los acusados se habían dirigido a una zona que conocían era frecuentada por homosexuales, haciendo uno de ellos el comentario, primero, de que el lugar estaba lleno de ellos, y, después, que le daban asco, con lo cual se transparentaba inequívocamente que la siguiente agresión se produjo frente a una persona que suponían homosexual y en razón de esa supuesta tendencia sexual del mismo. Por el contrario, la STS n.º 1145/2006, de 23 de noviembre, considera que «… para la aplicación de esta circunstancia será necesario probar no solo el hecho delictivo de que se trate, así como la participación del acusado, sino también la condición de la víctima y además la intencionalidad». La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) define los delitos de odio como: «toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objetivo de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o percibida pertenencia a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en numerosas sentencias viene exigiendo a los Estados del ámbito del Consejo de Europa investigaciones oficiales efectivas que conduzcan a la identificación y al castigo de los responsables, con la obligación de aplicar cuantas medidas sean razonables para descubrir si existen motivaciones racistas y para establecer si sentimientos de odio o prejuicios basados en el origen étnico han jugado un papel en los hechos que se denuncian. En este sentido, la STEDH Škorjanec contra Croacia, de 28 de marzo de 2017, considera que «de igual manera, conviene reincidir en que, en virtud del Convenio, la obligación de las autoridades de buscar un posible vínculo entre actitudes racistas y un determinado acto de violencia existe no solo en relación con los actos de violencia basados en la situación o las características reales o percibidas de una víctima, sino también en sus asociaciones o afiliaciones efectivas o supuestas con un tercero que real o presuntamente esté en la situación o posea las características protegidas... De hecho, ciertas víctimas de delitos de odio son elegidas no por presentar una característica concreta, sino en razón de su vinculación con un tercero que sí la posee efectiva o presumiblemente. Esta conexión puede adoptar la forma de la pertenencia o la asociación de la víctima con un grupo particular o de su afiliación, ya sea real o percibida, con un miembro de dicho grupo a través de, por ejemplo, una relación personal, de amistad o de unión matrimonial. Centrándonos en el art. 22.4.ª CP, lo relevante es que el sujeto actúa «por» alguno de los motivos contemplados en el mismo, no por la condición de la víctima. Se trata de un elemento subjetivo atinente al ánimo o móvil específico de actuar por alguna de las motivaciones a las que el precepto hace referencia, excluyendo aquellos supuestos en los que estas circunstancias carezcan del suficiente relieve. En consonancia con lo anterior, hay que precisar que en no todo delito en el que la víctima sea una persona caracterizada por pertenecer a otra raza, etnia o nación o participar de otra ideología o religión o condición sexual, habrá de ser apreciada la agravante. En los denominados supuestos de discriminación por error, el sujeto activo comete el delito pensando que la víctima es homosexual o es extranjero, por ejemplo, y por tanto actúa por motivos homófobos o xenófobos, que es lo que exige la redacción de la agravante. En los casos de discriminación por asociación, el sujeto activo comete el hecho porque vincula o asocia a la víctima con un colectivo protegido en el 22.4.ª CP: por ejemplo, la agresión a una pareja mixta formada por mujer blanca y hombre negro, o la agresión a un voluntario de SOS Racismo por defender los derechos de los negros o de los extranjeros. En ambos casos la agresión es racista porque el sujeto comete el delito, tal y como dice la agravante, por motivos racistas. En consecuencia, los/las Sres./Sras. Fiscales apreciarán la agravante de discriminación «por asociación» en los supuestos de una víctima que tenga relación con el colectivo de que se trate, aunque no forme parte del mismo, y la agravante de discriminación «por error» en la percepción del sujeto activo sobre la pertenencia de la víctima a un determinado grupo. El art. 22.4.ª CP carece de una correcta coordinación sistemática con el resto de listados de causas discriminatorias recogidos en otros preceptos del Código Penal. Así, respecto de los motivos del artículo 22.4.ª CP, el art. 314 CP no contempla los motivos racistas, antisemitas, la identidad sexual y las razones de género, regulando la situación familiar. En comparación con el art. 510 CP, el art. 22.4.ª CP no incluye la situación familiar ni el origen nacional. El art. 511 CP incluye el origen nacional y omite la identidad sexual y los motivos racistas y antisemitas, omisiones que también se aprecian en el art. 512 CP que, a su vez, utiliza el término nación, pero no el origen nacional. La agravante se construye a partir de un catálogo taxativo de motivaciones discriminatorias, sin que se haya incluido una cláusula final abierta que abarque cualquier otra situación o factor similar a los recogidos expresamente en el texto penal. De esta forma, la prohibición de interpretación extensiva de las disposiciones sancionadoras impide apreciarla en otros supuestos no contemplados en el precepto, por muy reprochables que sean. Situaciones como la aporafobia o la gerontofobia quedan fuera de este específico ámbito de protección penal. No obstante, en estos supuestos se deberá estudiar la posibilidad de apreciar la existencia de un delito contra la integridad moral del art. 173 CP u otra agravante, como pudiera ser la de abuso de superioridad del art. 22.2.ª CP. Por motivos obvios, la aplicación del art. 510 CP excluye la posibilidad de apreciar la agravante del art. 22.4.ª CP, lo que supondría la vulneración del principio «non bis in ídem». 11. Régimen penológico y suspensión de la ejecución de las penas El art. 510 CP presenta una estructura penológica compleja. El apartado 1 sanciona con la misma pena de «prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses» las infracciones previstas en las letras a) (incitación al odio), b) (difusión de material odioso) y c) (negacionismo). El apartado 2 ha previsto una pena menor, consistente en «prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses», para las infracciones descritas en los apartados a) (lesionar la dignidad) y b) (enaltecimiento del odio). No obstante, se contempla un subtipo agravado en el caso del enaltecimiento del odio, en el segundo párrafo del art. 510.2.b) CP, «cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad odio o discriminación». En este supuesto, la pena es la misma que la prevista en el apartado 1 del art. 510 CP. Por otra parte, los apartados 3 y 4 del art. 510 CP describen unos tipos agravados que, como ya se expuso, son aplicables a todos los apartados anteriores. En el supuesto del art. 510.3 CP (difusión mediática) se impondrán las penas respectivas «en su mitad superior». En el caso del art. 510.4 CP (alteración de la paz pública o el grave sentimiento de inseguridad o temor), la pena se impondrá «en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado». La reforma del año 2015 ha elevado el límite penológico máximo del tipo básico del art. 510.1 CP, que pasa de tres a cuatro años de prisión. En el Preámbulo de la LO 1/2015 no se hace referencia alguna a los motivos concretos que fundamentan esta agravación que, por otra parte, no venía impuesta por la DM 2008/913/JAI, ya que su art. 3.2 dispone que «cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las conductas contempladas en el artículo 1 se castiguen con una pena máxima de uno a tres años de prisión como mínimo». Finalmente, el apartado 5 del art. 510 CP dispone que «en todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente». Obedece este precepto a la necesidad de proteger a menores y jóvenes frente a la posibilidad de que los autores puedan estar en disposición de ejercer algún tipo de influencia en la formación o desarrollo educativo de los mismos, mediante la difusión de idearios discriminatorios. Es una medida imperativa, tal y como se deduce del tenor literal del precepto («se impondrá»), que no exige que el delito se haya cometido en el marco de los ámbitos que quedarán afectados por la inhabilitación. En otro orden de cosas, y en relación con la ejecución de todas estas penas, se considera que, en función de las circunstancias del caso concreto y bajo la premisa de la concurrencia de los requisitos fijados en el art. 80 CP, los/las Sres./Sras. Fiscales deberán instar que la suspensión de la ejecución de las penas quede condicionada al cumplimiento de alguna de las prohibiciones y deberes recogidos en el art. 83.1 CP y, más en concreto, de la prevista con el número 6.ª, es decir, «participar en programas (…) de igualdad de trato y no discriminación» que contemplen una formación sobre derechos humanos y el debido respeto a la diversidad de las personas por los motivos discriminatorios reseñados en el art. 510 CP. Al margen de lo anterior, se podrá interesar la adopción de alguna otra de las condiciones recogidas en el art. 83.1 como las prohibiciones de aproximación, comunicación, contacto o residencia contempladas en los números 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª del citado precepto. Para ello habrá de atenderse a criterios de proporcionalidad con la gravedad de los hechos, el nivel de injerencia en el bien jurídico protegido, o la debida protección de los derechos e intereses de la/s víctima/s. 12. Las consecuencias accesorias del art. 510.6 CP y la posible adopción de medidas cautelares y de aseguramiento El art. 510.6 CP señala que: «El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo». Se trata de medidas que no vienen reseñadas en el catálogo de penas contemplado en el art. 33 CP. Por lo tanto, participan de la naturaleza de consecuencias accesorias que, aunque no hubieran sido expresamente previstas en el precepto analizado, serían igualmente imponibles por aplicación de lo dispuesto como regla general en los arts. 127 y ss. CP. En este sentido, se considera que la retirada de contenidos, el bloqueo de acceso o la interrupción de la prestación de un servicio, pueden ser asimilables a la pérdida de los bienes, medios o instrumentos utilizados para la comisión del delito. El precepto distingue entre la «retirada de los contenidos», en los supuestos en los que el delito se hubiera cometido a través de las TICs, y el «bloqueo de acceso o la interrupción de la prestación», cuando los contenidos odiosos se difundan exclusiva o preponderantemente a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información. En este punto conviene recordar la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015. Tras afirmar la similitud entre ambas figuras, considera que la diferencia «radica en que la interrupción del servicio permitirá la clausura de la página infractora que se encuentre en nuestro país –a cuyo fin podrán darse las órdenes oportunas al prestador de servicio de alojamiento radicado en España– y, por su parte, el bloqueo de acceso procederá cuando la página infractora se encuentre ubicada fuera de España. En este segundo caso, la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación consistirá en impedir que desde nuestro país pueda accederse a la página localizada más allá de nuestras fronteras». Sin embargo, cuando se trata de mensajes o contenidos de odio que se han difundido, no a través de un Portal web, sino a través de las Redes Sociales como Twitter o Facebook, o bien están colgados, por ejemplo, en YouTube, la retirada de aquéllos no podrá realizarse a través de las medidas de interrupción del servicio o del bloqueo de acceso desde España. Será preciso requerir judicialmente a las mercantiles titulares para la retirada de los contenidos constitutivos de delito de odio. Al hilo de lo anterior y aunque se trate de instrumentos al margen del proceso penal, ha de señalarse la existencia del Código de Conducta para la lucha contra la Incitación Ilegal al Odio en Internet promovido por la Comisión Europea y suscrito el 31 de mayo de 2016. Se trata de un acuerdo adoptado por las mercantiles Facebook, Twitter, Youtube y Microsoft con la Comisión Europea en el que aquéllas se comprometen a poner en marcha mecanismos internos que garanticen la retirada de contenidos constitutivos de delitos de odio. Por otro lado, la Comisión Europea publicó la Recomendación (UE) 2018/334, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea. Entre tales contenidos ilícitos se encuentran los constitutivos de delitos de odio. El primero de estos instrumentos se basa en la voluntariedad de las empresas y en su autocontrol. La Recomendación insta a los Estados Miembros a incorporar de algún modo sus directrices, sin indicar, no obstante, si ha de hacerse mediante un instrumento normativo o bien mediante Protocolos de Actuación con los Proveedores de Servicios de Internet. La utilización de expresiones imperativas como «acordará» u «ordenará» permite afirmar la obligatoriedad de la adopción de las medidas previstas en el art. 510.6 CP, sobre la base de la previa declaración de responsabilidad criminal. Cuestión distinta es la posible adopción o no de estas medidas con carácter cautelar. Varias razones abonan la tesis afirmativa. En primer lugar, se considera que unas medidas como la destrucción de soportes, la retirada de contenidos o la posibilidad de hacerlos inaccesibles para terceros, encuentran su razón de ser en la necesidad de evitar a la víctima la prolongación en el tiempo de los perversos efectos del discurso del odio. En consecuencia, su finalidad protectora encaja en el fundamento que habilita la adopción de medidas cautelares por la vía de lo dispuesto en el art. 13 LECrim. En segundo lugar, se trata de medidas que puedan ser adoptadas por la autoridad administrativa competente en aplicación de lo dispuesto en el art. 8.1.c) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, (en adelante LSSICE), cuando se atente o pueda atentarse contra los principios que contempla, entre los que se encuentran «el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia». Desde la perspectiva del carácter integral del sistema jurídico, no parece tener mucho sentido que este tipo de medidas puedan adoptarse en la vía administrativa y no puedan serlo en un ámbito como la jurisdicción penal, en la que se pretende la persecución y sanción de las infracciones más graves del ordenamiento jurídico. En el mismo sentido se razonaba en la Circular 8/2015, cuando indicaba que, si estas medidas pueden «ser acordadas con esta naturaleza ante un ilícito civil, con más razón habrá que admitir su adopción frente a infracciones más graves (…) merecedoras de reproche penal». En tercer lugar, hay que recordar que la reforma llevada a cabo en el CP por la LO 1/2015 incluye expresamente esta previsión cautelar para los delitos de pornografía infantil (art. 189.8 CP), contra la propiedad intelectual (art. 270.3 CP) y de terrorismo (art. 578.4 CP). El hecho de que no se haya contemplado al mismo tiempo para los delitos de odio pudiera ser interpretado como una expresa exclusión por parte del legislador. Sin embargo, la consideración como un mero error por omisión parece ser más plausible. De hecho, el Preámbulo de la LO 1/2015 justifica la introducción de estas medidas con una terminología muy similar en todos los supuestos, sin mencionar en ningún caso la referencia a su posible carácter cautelar, pero sin contener reseña expresa alguna a la exclusión de este carácter en el caso de los delitos de odio. En cualquier caso, teniendo los contenidos a los que se refiere el art. 510.6 la consideración de medios o instrumentos de comisión del delito, como ya se ha señalado, resultaría de aplicación el art. 127 octies CP, que prevé su embargo y puesta a disposición judicial desde el momento de las primeras diligencias para después, por aplicación de los arts. 367 bis y 367 ter LECrim, proceder a su destrucción, en este caso, su bloqueo o eliminación. Como toda medida cautelar, su adopción procederá mediante resolución motivada del Juez de Instrucción, conforme a los parámetros generales exigidos legal y jurisprudencialmente. Así, como ya destacaba la STS n.º 159/1996, de 24 de febrero, con cita de otras muchas anteriores, toda medida restrictiva de derechos exige los requisitos de «fumus bonis iuris» y de «periculum in mora». En relación con la apariencia de buen derecho, en el caso del proceso penal puede identificarse con la existencia de indicios racionales de criminalidad contra una persona determinada. En cuanto al segundo requisito, supone en estos casos la concurrencia de un riesgo o peligro para los bienes jurídicos de la víctima que, de no adoptarse la medida, pudieran encontrarse ante situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se otorgase en una eventual sentencia condenatoria. Por lo tanto, dado que nos encontramos ante delitos perseguibles de oficio, los/las Sres./Sras. Fiscales instarán, durante la instrucción de la causa y tan pronto resulte de la misma los datos y presupuestos necesarios, la adopción de aquellas medidas específicas de carácter cautelar que sean eficaces para evitar la permanencia de la actividad delictiva en términos tales que supongan una renovada lesión de los derechos de las víctimas dignos de protección. En estos supuestos, de conformidad con la Circular 2/2015, de 19 de junio, sobre delitos de pornografía infantil tras la reforma operada por LO 1/2015, como quiera que en los primeros momentos podrá no ser conocido si cabe la retirada de contenidos o únicamente el bloqueo de acceso, cuando sea necesario se instará la medida cautelar de retirada y, alternativamente, el bloqueo de acceso o la interrupción del servicio. En esta línea, se recuerda la posibilidad de ordenar la conservación de datos como medida de aseguramiento, contemplada en el nuevo art. 588 octies LECrim, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Esta medida tiene por finalidad preservar la prueba de la actividad delictiva y se extiende a la conservación tanto de datos de tráfico, como de datos de abonado y a los contenidos constitutivos de delito de odio. Y ello sin perjuicio de que, al mismo tiempo que se solicita esta conservación de los datos y contenidos hasta que el órgano judicial solicite su incorporación al proceso, pueda simultáneamente solicitarse que tales contenidos ilícitos no continúen disponibles en internet a fin de evitar que se perpetúe la actividad ilícita. 13. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 510 bis CP) El art. 510 bis CP dispone que: «Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal». Se trata de una previsión normativa que se corresponde con lo indicado en los arts. 5 y 6 DM 2008/913/JAI, tanto en lo relativo a la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 5) como a las sanciones que les puedan ser impuestas (art. 6). En este punto es necesario remitirse a los criterios expuestos en la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, así como en las diversas sentencias del TS que han ido conformando los parámetros generales para la aplicación de esta novedosa forma de responsabilidad penal. En tal sentido pueden citarse las SSTS n.º 154/2016, de 29 de febrero; 221/2016, de 16 marzo; 516/16, de 13 de junio; 252/17, de 6 de abril; 583/17, de 19 de julio; 668/2017, de 11 de octubre; 737/2018, de 5 de febrero de 2019; y 742/2018, de 7 de febrero de 2019. 14. Cláusula de vigencia La presente circular no afecta a la vigencia de Circulares anteriores. 15. Conclusiones 1.ª El bien jurídico protegido por las diversas infracciones previstas y penadas en el art. 510 CP es la dignidad de la persona, que es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE). Se trata de una cualidad innata a todo ser humano por el mero hecho de serlo y en tal condición no puede ser objeto de discriminación, como expresión del derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE. En este contexto, el delito de odio supone un ataque al diferente, una manifestación de una intolerancia incompatible con los elementos vertebradores del orden constitucional y, en definitiva, con todo el sistema de derechos y libertades propio de una sociedad democrática. 2.ª La libertad de expresión es un pilar básico del Estado democrático, pero no es un derecho absoluto. Está limitado por el respeto a los derechos reconocidos en el Título Primero de la CE. En caso de conflicto procederá hacer una adecuada ponderación de los bienes jurídicos en presencia, en función de las circunstancias concurrentes. El discurso del odio es una conducta orientada hacia la discriminación sectaria frente a un determinado grupo o sus integrantes. No se sancionan las meras ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano, por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión, que no puede ser colocada en un plano de superioridad frente a la dignidad de otra persona. 3.ª Estos tipos penales se estructuran, con carácter general, bajo la forma de peligro abstracto, que no requieren el fomento de un acto concreto sino la aptitud o idoneidad para generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia que, en su caso, sea susceptible de provocar acciones frente a un grupo o sus integrantes, como expresión de una intolerancia excluyente ante los que son diferentes. 4.ª Los delitos de odio se refieren a un sujeto pasivo plural, que puede ser concretado en una parte de un grupo o en un individuo, pero siempre por referencia a un colectivo al que pertenece. 5.ª El art. 510 CP regula conductas dolosas. No se exige un dolo específico. Basta el dolo genérico de conocer los elementos del tipo penal y actuar conforme a esa comprensión. No obstante, el sujeto activo ha de realizar la conducta por uno o varios de los motivos discriminatorios taxativamente expuestos en el CP, y que no admiten interpretaciones extensivas. Este elemento subjetivo tendencial, descrito en el apartado 2.5 de esta Circular, se concreta en los siguientes motivos: racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 6.ª El carácter esencialmente valorativo de estas figuras delictivas aconsejan la utilización de criterios o parámetros que denoten la presencia de un móvil de odio o discriminación, que pueden venir referidos a la víctima de la acción, al autor de la misma o al contexto en el que se desarrollan las conductas analizadas, en los términos expuestos en el apartado 2.6 de esta Circular. En todo caso, la constatación de uno o varios de estos indicadores de «polarización radical» debe sugerir la existencia de un delito de odio que, como tal, habrá de ser confirmado o descartado a través de la correspondiente investigación. 7.ª El delito del art. 510.1.a) CP (fomento, promoción o incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia) exige que se inste o se anime a la ulterior comisión de hechos discriminatorios, de forma que exista el riesgo real, aunque sea potencial, de que se lleven a cabo. No entra en la tipicidad penal la mera exposición del discurso del odio sino su promoción pública. Conforme a la nueva redacción no se exige la incitación a un acto delictivo, ya que el odio o la hostilidad son sentimientos que no necesariamente pueden reconducirse a figuras tipificadas penalmente. Del mismo modo, no es necesario que se promueva la realización de un acto concreto, puesto que basta la incitación indirecta. Para el caso de que, tras una incitación directa, se produzca un hecho delictivo concreto, la conducta podrá ser perseguida como inducción del art. 28, párrafo segundo, apartado a) CP, con la agravante, en su caso, prevista en el art. 22.4.ª CP. En principio, una sola acción podría ser constitutiva de delito, siempre que se colmaran los elementos típicos. A su vez, la realización de diversas acciones puede entenderse como constitutiva de un solo delito, valorándose en tal caso la concurrencia de un dolo unitario para la infracción del mismo bien jurídico protegido. Lo mismo ocurriría en el caso de una o diversas acciones cometidas por más de un motivo discriminatorio, si va dirigido a un colectivo concreto. El carácter personalísimo del bien jurídico protegido impediría la apreciación de un delito continuado en el caso de varias acciones contra colectivos diversos y/o por motivos diferentes, que se sancionarán conforme a las reglas del concurso real de delitos. Estas reglas concursales son aplicables, «mutatis mutandis», a todas las figuras delictivas recogidas en el art. 510 CP, con las excepciones que se irán indicando en las siguientes conclusiones. 8.ª El delito del art. 510.1.b) CP (elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos para incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia) tiene como objeto cualquier escrito o soporte, debiendo englobar a los de carácter audiovisual o electrónico. Lo relevante es que su contenido sea objetivamente idóneo para fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, parte del mismo o alguno de sus integrantes, por los motivos discriminatorios anteriormente descritos. Si el material no sólo es idóneo, sino que además se utiliza para fomentar el odio, la conducta queda integrada en el art. 510.1.a) CP, por aplicación del principio de progresión delictiva. Dado que el tipo no exige que se haya consumado la distribución, se deberá extremar la cautela ante determinados comportamientos, y muy particularmente en el caso de la posesión con la finalidad de distribución. Se trata de sancionar conductas que pongan en riesgo el bien jurídico protegido, es decir, cuando se puedan englobar en un contexto en el que sea factible generar un clima de odio, hostilidad, discriminación o violencia contra determinados colectivos. 9.ª El delito del art. 510.1.c) CP (negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad) exige que, en primer lugar, estas conductas vengan referidas a alguno de los colectivos ya descritos, como en el resto de tipos penales contenidos en el art. 510 CP; y en segundo lugar, la concurrencia de un elemento tendencial que condiciona de forma significativa la tipicidad penal, consistente en que la negación, trivialización grave o enaltecimiento «promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación» contra el colectivo, grupo o integrante del mismo. Este segundo elemento no debe interpretarse exclusivamente en un sentido subjetivo o intencional, como mera tendencia de quien expresa opiniones de odio. Se trata de valorar si las conductas analizadas en cada caso son susceptibles de generar o no una situación objetiva de peligro o riesgo de que se puedan cometer actos de violencia, hostilidad, discriminación u odio contra un determinado colectivo o una parte o individuo del mismo. 10.ª El delito del art. 510.2.a) CP (humillación, menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas) engloba, a su vez, dos tipos de conductas. En el primer inciso se contiene una infracción de resultado como es la de «lesionar la dignidad» de determinados grupos o personas, por motivos discriminatorios, «mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito». El segundo inciso recoge una fórmula similar a la prevista en el art. 510.1.b) CP, es decir, la fabricación o la puesta a disposición de terceros, pero referida a un material que sea «idóneo para lesionar la dignidad» de esos mismos grupos o personas. En el primer caso, al tratarse de un delito de resultado y no de peligro abstracto o hipotético, los actos delictivos cometidos individualmente respecto de personas integradas en el colectivo que afecten a otros bienes jurídicos protegidos serán castigados mediante las reglas generales previstas para el concurso ideal (art. 77, apartados 1 y 2 CP). La concurrencia de este tipo con cualesquiera otras conductas que también protegen la dignidad de las personas se habrá de resolver como concurso de normas, por la vía del artículo 8.1 CP, en el que la norma especial se considera que es el artículo 510.2.a) CP por su más específico y completo ámbito de protección. En el segundo caso, basta que el material sea «idóneo» para la lesión del bien jurídico protegido. Las conductas son idénticas a las recogidas en la letra b) del artículo 510.1 CP, y vienen referidas a los mismos objetos materiales y motivaciones discriminatorias. No obstante, los soportes han de representar una humillación, menosprecio o descrédito de carácter «grave», elemento esencialmente valorativo que ha de ser ponderado en cada caso concreto, conforme a los criterios generales expuestos en esta Circular. 11.ª El delito del art. 510.2.b) CP (enaltecimiento o justificación del delito de odio) prescinde de la exigencia de un ánimo incitador en esta modalidad «sui generis» de apología, al que solo se da entrada a través del subtipo agravado previsto en el párrafo segundo del art. 510.2.b) CP. Basta, por tanto, la realización de las conductas de «enaltecer» o «justificar» por motivos discriminatorios para la aplicación de este art. 510.2.b) CP. No obstante, la exigencia de que la conducta se realice «por cualquier medio de expresión pública o de difusión», unido a la necesidad de que el bien jurídico protegido sea afectado, al menos, potencialmente, determina la exigencia de que la conducta tenga una cierta entidad o relevancia. La efectiva promoción o favorecimiento de un clima de hostilidad, odio, violencia o discriminación hacia determinados colectivos, determinará la agravación penológica prevista en el segundo párrafo del art. 510.2.b) CP. 12.ª El tipo agravado del art. 510.3 (difusión mediática) es aplicable a todos los supuestos anteriores y se justifica por la constatación de que la utilización de las nuevas tecnologías tiene una enorme potencialidad expansiva susceptible de generar un aumento del perjuicio a las víctimas de los delitos, lo que supone un mayor desvalor de la acción que, en coherencia, puede justificar una agravación de la pena. El carácter público de las conductas recogidas en los arts. 510.1 y 2 CP deberá referirse a los supuestos de difusión del mensaje a una colectividad, pero sin el uso de medios de comunicación masiva. Por el contrario, el art. 510.3 CP se refiere exclusivamente a sistemas objetivamente adecuados para llegar a un número indeterminado de personas, que hayan tenido la posibilidad real de haber accedido al mensaje difundido masivamente. 13.ª El tipo agravado del art. 510.4 CP (alteración de la paz pública o creación de un grave sentimiento de inseguridad o temor), que también es aplicable a todos los apartados anteriores, contempla dos supuestos diferentes entre sí. Por un lado, la alteración de la paz pública es un concepto más amplio que el de orden público, por cuanto hace referencia al conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia y de los derechos de los ciudadanos, y no sólo al funcionamiento ordinario de las instituciones. Por otro lado, el sentimiento de inseguridad o temor –que ha de ser grave– tiene una connotación personal o individual que lo diferencia del «clima de odio», que es un concepto de carácter general o colectivo. En todo caso, no se sanciona la creación del «grave sentimiento de inseguridad o temor», sino que la conducta sea «idónea» para generar ese sentimiento. 14.ª Los/las Sres./Sras. Fiscales deberán instar que la suspensión de la ejecución de las penas, en el caso de que proceda, quede condicionada al cumplimiento de alguna de las prohibiciones y deberes recogidos en el art. 83.1 CP, y más en concreto, de la prevista con el número 6.ª, es decir, «participar en programas (…) de igualdad de trato y no discriminación» que contemplen una formación sobre derechos humanos y el debido respeto a la diversidad de las personas por los motivos discriminatorios reseñados en el art. 510 CP. Al margen de lo anterior, se podrá interesar la adopción de alguna otra de las condiciones recogidas en el art. 83.1 como las prohibiciones de aproximación, comunicación, contacto o residencia contempladas en los números 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª del citado precepto. 15.ª La agravante prevista en el art. 22.4.ª CP se construye a partir de un catálogo taxativo de motivaciones discriminatorias, lo que impide apreciarla en otros supuestos no contemplados en el precepto, por muy reprochables que sean. El móvil discriminatorio ha de concurrir en relación de causa-efecto con la conducta realizada, lo que exigirá probar no solo el hecho delictivo y la participación del acusado, sino también la intencionalidad del autor, sobre la base de un juicio de inferencia que podrá venir facilitado mediante los indicadores de polarización que se exponen en el apartado correspondiente de esta Circular. Sin embargo, pese a la naturaleza subjetiva de la agravante, la misma no sólo operará cuando la cualidad personal objeto del móvil discriminatorio concurra en el sujeto pasivo, dado que lo relevante es que es que el sujeto actúe por alguno de los motivos contemplados en el art. 22.4.ª CP, no la condición de la víctima. En consecuencia, los/las Sres./Sras. Fiscales apreciarán la agravante de discriminación «por asociación», en los supuestos de una víctima que tenga relación con el colectivo de que se trate, aunque no forme parte del mismo y la agravante de discriminación «por error» en la percepción del sujeto activo sobre la pertenencia de la víctima a un determinado grupo. La apreciación del art. 510 CP es incompatible con la aplicación de la agravante del art. 22.4.ª CP. 16.ª La pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, contemplada en el art. 510.5 CP, tiene una finalidad de protección de la infancia y la juventud, y no requiere que la conducta haya sido realizada en el ámbito propio de la actividad que va a ser objeto de privación. 17.ª Las consecuencias accesorias previstas en el art. 510.6 CP (destrucción, borrado o inutilización de soportes, retirada de los contenidos difundidos a través de TICs, bloqueo de acceso a internet o interrupción de la prestación de servicios de la sociedad de la información) podrán ser también solicitadas como medida cautelar, con apoyo en el art. 13 LECrim, en el art. 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico y en los arts. 127 octies CP, 367 bis y 367 ter LECrim. Dado que se trata de delitos perseguibles de oficio, los/las Sres./Sras. Fiscales instarán durante la instrucción de la causa y tan pronto resulten de la misma los datos y presupuestos necesarios, la adopción de aquellas medidas de carácter cautelar que sean eficaces para evitar la permanencia de la actividad delictiva en términos tales que supongan una renovada lesión de los derechos de las víctimas dignos de protección. Respecto al bloqueo del acceso al servicio o su interrupción deberán seguirse las pautas contenidas en la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los servicios de la sociedad de la información tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015. De igual manera podrá hacerse uso de la medida de aseguramiento recogida en el art. 588 octies LECrim, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. 18.ª Para la atribución de responsabilidad penal a una persona jurídica (art. 510 bis CP) es necesario remitirse a los criterios expuestos en la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, así como en las diversas sentencias del Tribunal Supremo que han ido conformando los parámetros generales para la aplicación de esta novedosa figura. Madrid, 14 de mayo de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.

Circular de la Fiscalía General del Estado que afirma que incitar al odio a los nazis es un delito de odio.

Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP 1. Introducción. 2. Los delitos del art. 510 CP: características comunes. 2.1 Bien jurídico protegido. 2.2 Discurso del odio y libertad de expresión. 2.3 Naturaleza jurídica de los delitos de odio. 2.4 Sujeto pasivo de los delitos de odio. 2.5 Tipo subjetivo de los delitos de odio. 2.6 Criterios generales para valorar la existencia de un móvil de odio. 3. El delito del art. 510.1.a) CP: fomento, promoción o incitación pública al odio, hostilidad, discriminación o violencia. 4. El delito del art. 510.1.b) CP: elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos para incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia. 5. El delito del art. 510.1.c) CP: negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la humanidad. 5.1 Consideraciones generales. 5.2 La definición de las conductas típicas. 5.3 La promoción o el favorecimiento de un clima de odio, hostilidad, violencia o discriminación. 6. El delito del art. 510.2.a) CP: humillación, menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. 7. El delito del art. 510.2.b) CP: enaltecimiento o justificación de los delitos de odio. 8. El tipo agravado del art. 510.3 CP: la difusión mediática. 9. El tipo agravado del art. 510.4 CP: la alteración de la paz pública o la creación de un grave sentimiento de inseguridad o temor. 10. La agravante por motivo discriminatorio del art. 22.4.ª CP. 11. Régimen penológico y suspensión de la ejecución de las penas. 12. Las consecuencias accesorias del art. 510.6 CP y la posible adopción de medidas cautelares y de aseguramiento. 13. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 510 bis CP). 14. Cláusula de vigencia. 15. Conclusiones. 1. Introducción La presente circular tiene por objeto la fijación de pautas interpretativas de las distintas figuras delictivas englobadas en el nuevo art. 510 del Código Penal (en adelante, CP) tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica (LO) 1/2015, de 30 de marzo («BOE» n.º 77, 31 de marzo), que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Según dispone el Preámbulo de la citada LO, la novedosa configuración de los denominados delitos de odio pretende, por un lado, introducir los criterios derivados de la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, sobre el delito de negación del genocidio (anteriormente regulado en el art. 607.2 primer inciso CP) que «limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías» y, por otro, la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de un instrumento clave en esta materia como es la Decisión Marco (DM) 2008/913/JAI, de 28 de noviembre, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal, que significó un paso fundamental en el reconocimiento de los delitos de odio en el ámbito europeo al establecer un objetivo común en la respuesta penal frente a este fenómeno mediante «sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias». Tal y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2017 (correspondiente al ejercicio 2016), todos los indicadores «apuntan a un incremento» de estos delitos, fomentados por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) que, en palabras de la STS n.º 4/2017, de 18 de enero (FJ 2), «intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento [histórico], podrían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios». El Ministerio Fiscal no podía permanecer ajeno a esta realidad. En fecha 10 de octubre de 2011 un decreto del Fiscal General del Estado creó la figura del Fiscal de Sala Delegado para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, función que a partir del 12 de diciembre de 2012 comenzó a asumir la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática. Actualmente y desde el 1 de abril de 2015, se mantiene la figura con sustantividad propia bajo la nueva denominación de Fiscal de Sala para los delitos de odio y contra la discriminación. A su vez, en las Fiscalías territoriales se han designado Fiscales Delegados que, además, cuentan con el apoyo y colaboración de un Fiscal de Enlace en determinadas Fiscalías de Área, y ello en cumplimiento de la Instrucción 1/2015, de 13 de julio, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados. Muchos de los Fiscales Delegados territoriales son igualmente delegados en materia de Criminalidad Informática, subrayándose así la especial relación entre ambas manifestaciones delictivas, lo que, en un número significativo de casos, puede reforzar la eficacia de las investigaciones, sin perjuicio de la necesaria coordinación que debe presidir las relaciones con otras Secciones especializadas como las de Menores, Extranjería, Protección de Víctimas o Discapacidad ante la constatación de que se trata de un fenómeno multidisciplinar. En los últimos tiempos las diversas expresiones de esta problemática han ido recibiendo progresivamente una mayor atención desde diversos sectores sociales, políticos y jurídicos, fruto de un aumento de la conciencia colectiva sobre la relevancia de estas conductas. Ello posibilita la visibilidad del fenómeno y constituye un primer paso para su efectiva persecuci ### RESUMEN: Circular de la Fiscalía General del Estado que afirma que incitar al odio a los nazis es un delito de odio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de agosto de 2015, vengo a nombrar Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio a don Andrés Pereda Martínez. Madrid, 31 de agosto de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo.

Andrés Pereda Martínez, nombrado director de Gabinete del Secretario de Estado de Comercio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de agosto de 2015, vengo a nombrar Director del Gabinete del Secretario de Estado de Comercio a don Andrés Pereda Martínez. Madrid, 31 de agosto de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo. ### RESUMEN: Andrés Pereda Martínez, nombrado director de Gabinete del Secretario de Estado de Comercio

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de don Francisco Javier García Berrocal como Subdirector General de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Madrid, 13 de diciembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

Nuevo subdirector inspección tributaria Javier G. Berrocal.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de don Francisco Javier García Berrocal como Subdirector General de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Madrid, 13 de diciembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete. ### RESUMEN: Nuevo subdirector inspección tributaria Javier G. Berrocal.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LRJCA), y en cumplimiento de lo solicitado por el citado órgano judicial, se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al referido recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), contra el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la LRJCA, se acuerda emplazar a aquellas personas que aparecen como interesadas, así como a quienes tengan un interés legítimo en el mantenimiento de la disposición impugnada, para que, si a su Derecho conviene, comparezcan y se personen como demandadas en el indicado procedimiento, ante la referida Sala, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. Madrid, 4 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, Ernesto Abati García-Manso.

La CEOE lleva al Supremo el decreto que desarrolló los planes de igualdad en empresas y el registro salarial.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante LRJCA), y en cumplimiento de lo solicitado por el citado órgano judicial, se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al referido recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), contra el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la LRJCA, se acuerda emplazar a aquellas personas que aparecen como interesadas, así como a quienes tengan un interés legítimo en el mantenimiento de la disposición impugnada, para que, si a su Derecho conviene, comparezcan y se personen como demandadas en el indicado procedimiento, ante la referida Sala, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución. Madrid, 4 de febrero de 2021.–El Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, Ernesto Abati García-Manso. ### RESUMEN: La CEOE lleva al Supremo el decreto que desarrolló los planes de igualdad en empresas y el registro salarial.

La Ministra de Economía y Empresa, visto el expediente sancionador LJ/4006/2018 seguido contra la entidad Edmond de Rothschild (Europe) S.A., por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó, con fecha 22 de julio de 2019, sancionar a dicha entidad por la comisión de dos infracciones graves previstas y sancionadas, en los artículos 52.1 y 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción contenida en la Orden de 22 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente: La Ministra de Economía y Empresa, ha adoptado el siguiente ACUERDO Imponer a Edmond de Rothschild (Europe), S.A., con CIF. N.º W1081034I como autor de las siguientes infracciones graves, tipificadas y sancionadas en los artículos 52 y 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de conformidad con los artículos concordantes del Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014: ∙ Una sanción consistente en multa de SEISCIENTOS SESENTA MIL UN EUROS (660.001€) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.g) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17 de la Ley 10/2010, en concurso ideal con la infracción grave del artículo 52.1.h), por incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo 18 de la Ley 10/2010 y con la infracción grave prevista en artículo 52.1.i) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, relativa a la obligación de abstención de ejecución del artículo 19. ∙ Una sanción consistente en multa DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL UN EUROS (2.660.001€) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, cuando medie requerimiento por escrito, en los términos del artículo 52.1.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en relación con el artículo 21. Madrid, 12 de noviembre de 2019.–La Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Raquel Cabeza Pérez.

El Gobierno multa con 3.320.002,00 euros (660.001+ 2.660.001) a la banca privada Edmond de Rothschild por, entre otras cosas, no colaborar -aunque se le pidió- con la Comisión de prevención del blanqueo.

La Ministra de Economía y Empresa, visto el expediente sancionador LJ/4006/2018 seguido contra la entidad Edmond de Rothschild (Europe) S.A., por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, acordó, con fecha 22 de julio de 2019, sancionar a dicha entidad por la comisión de dos infracciones graves previstas y sancionadas, en los artículos 52.1 y 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Por ello, siendo firme en vía administrativa y de conformidad con el apartado 5 del artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, procede la publicación de la sanción contenida en la Orden de 22 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente: La Ministra de Economía y Empresa, ha adoptado el siguiente ACUERDO Imponer a Edmond de Rothschild (Europe), S.A., con CIF. N.º W1081034I como autor de las siguientes infracciones graves, tipificadas y sancionadas en los artículos 52 y 57 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de conformidad con los artículos concordantes del Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014: ∙ Una sanción consistente en multa de SEISCIENTOS SESENTA MIL UN EUROS (660.001€) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.g) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, por incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del artículo 17 de la Ley 10/2010, en concurso ideal con la infracción grave del artículo 52.1.h), por incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo 18 de la Ley 10/2010 y con la infracción grave prevista en artículo 52.1.i) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, relativa a la obligación de abstención de ejecución del artículo 19. ∙ Una sanción consistente en multa DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL UN EUROS (2.660.001€) y amonestación pública, como consecuencia de la infracción grave por incumplimiento de la obligación de colaboración con los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, cuando medie requerimiento por escrito, en los términos del artículo 52.1.k) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, en relación con el artículo 21. Madrid, 12 de noviembre de 2019.–La Secretaria de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Raquel Cabeza Pérez. ### RESUMEN: El Gobierno multa con 3.320.002,00 euros (660.001+ 2.660.001) a la banca privada Edmond de Rothschild por, entre otras cosas, no colaborar -aunque se le pidió- con la Comisión de prevención del blanqueo.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, encomendó el control de la aplicación de sus disposiciones a un ente público independiente al que denominó Agencia de Protección de Datos y que se caracterizaba por la absoluta independencia de su Director en el ejercicio de sus funciones, reforzada por el establecimiento de un mandato fijo que solo podía ser acortado por un numerus clausus de causas de cese. La efectiva creación de la Agencia se llevó a cabo mediante la regulación de su estructura orgánica y la aprobación de su Estatuto por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. Posteriormente, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada para transponer a nuestro Derecho la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, mantuvo la configuración de la Agencia como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. En el momento actual, el régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal viene establecido directamente por el Derecho de la Unión Europea tras la plena aplicación, desde el 25 de mayo de 2018, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Dicho Reglamento fue adoptado con dos claros objetivos: por una parte, superar la fragmentación existente en la aplicación de las normas de trasposición de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que ha dado lugar, en la práctica, y a pesar de derivar todos ellos de unos principios comúnmente aceptados, a la existencia de tantos regímenes de protección de datos como Estados Miembros, con distintos niveles de protección y, especialmente, de reacción ante conductas que pudieran suponer una infracción de la norma. Y por otra, adaptar las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y a los fenómenos derivados del desarrollo exponencial de la sociedad de la información y la globalización que la misma conlleva en el tratamiento de los datos de carácter personal. El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa, al evolucionar desde el antiguo modelo de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que estaba basado en una serie de obligaciones a las que los responsables y encargados del tratamiento habían de sujetarse, unidas al reconocimiento de potestades reactivas de las autoridades de protección de datos, hacia un nuevo paradigma basado en lo que se denomina «enfoque de riesgo»; es decir, en la necesaria evaluación por los propios responsables y encargados del tratamiento de los riesgos que su actividad puede generar en el derecho fundamental para, a partir de esa valoración, adoptar las medidas que resulten necesarias para mitigarlos en todo lo que sea posible. Se evoluciona así hacia un modelo de responsabilidad activa, que exigirá a su vez una valoración dinámica de la actividad desarrollada por el sujeto obligado por la norma y la adopción de medidas tales como la privacidad desde el diseño y por defecto, la realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos o la implantación de medidas de seguridad técnicas y organizativas ajustadas en cada momento al estado de la técnica y a los riesgos derivados del tratamiento. En este modelo, por otra parte, las medidas de carácter organizativo, tales como la designación de un delegado de protección de datos, sobre el que recae la función de asesorar y supervisar las actividades de tratamiento de los responsables o encargados, adquieren un papel fundamental para la salvaguarda del derecho fundamental de los afectados. Finalmente, se fomenta el establecimiento de sistemas de autorregulación, incluyendo mecanismos de resolución extrajudicial de controversias, y el desarrollo de esquemas de certificación. El nuevo modelo de protección de datos de carácter personal tiene una incidencia notable en la organización y funciones tradicionales de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que el Reglamento general de protección de datos refuerza las competencias de las autoridades de control que deberán contar con todos las funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorización y consultivos previstos en el propio Reglamento y ha introducido los mecanismos que garanticen la necesaria coordinación y coherencia entre las diferentes autoridades de control europeas. Para ello, el Reglamento inviste a las autoridades de protección de datos de una total independencia, destacando en el considerando 117 que «el establecimiento en los Estados miembros de autoridades de control capacitadas para desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con plena independencia constituye un elemento esencial de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer más de una autoridad de control, a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y administrativa». A estos efectos, el citado Reglamento impone a los Estados miembros la adopción de un régimen jurídico específico que deberá establecerse mediante ley respecto de todos los elementos que recoge en su artículo 54. Para dar cumplimiento a dicha obligación se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuyo título VII se dedica a las autoridades de protección de datos, que siguiendo el mandato del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se han de establecer por ley nacional, configurando la Agencia Española de Protección de Datos como una autoridad administrativa independiente con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Asimismo, atribuye a la Agencia Española la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos e introduce una serie de modificaciones en su régimen jurídico con el fin de reforzar su independencia, destacando, entre otras, las relativas al procedimiento de nombramiento, mandato y cese de la Presidencia y de la Adjuntía a la Presidencia, quienes ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño; el régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto; la elaboración y aprobación de la relación de puestos de trabajo; la composición del Consejo Consultivo; el deber de colaboración con la Agencia; la realización de planes de auditoría o las potestades de regulación por medio de circulares. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Agencia Española de Protección de Datos no solo ejerce las competencias derivadas del Reglamento, sino que también ejercerá las que establece la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Igualmente ejerce actualmente las potestades derivadas de la Directiva 2002/58 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, que en la actualidad se recogen en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en la legislación en materia de telecomunicaciones. Por todo ello, resulta necesario la aprobación de un nuevo Estatuto que adapte la organización y funcionamiento de la Agencia Española de Protección de Datos a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. El presente real decreto consta de un artículo único que aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, una disposición adicional sobre supresión de órganos directivos, una disposición transitoria única sobre unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección general, una disposición derogatoria única y una disposición final única relativa a la entrada en vigor del real decreto. El Estatuto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos incluye las disposiciones generales sobre la naturaleza, régimen jurídico, autonomía e independencia, funciones y potestades, circulares, acción exterior, colaboración en el ámbito de la Administración de Justicia, programación, memoria anual, sede y transparencia y publicidad. En el capítulo II se define la estructura orgánica de la Agencia Española de Protección de Datos especificando las funciones de sus diferentes órganos. En concreto, la estructura orgánica se articula en torno a la Presidencia, de la que dependen la Adjuntía a la Presidencia, la Subdirección General de Inspección de datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones, la Secretaría General, la División de Relaciones Internacionales y la División de Innovación Tecnológica. Se regula el procedimiento de designación de la Presidencia y la Adjuntía, como consecuencia de una observación formulada al respecto por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto. También se desarrolla el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo en cuanto órgano colegiado de asesoramiento de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. El capítulo III se refiere al personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos, que podrá ser funcionario o laboral, a la elaboración y aprobación de la relación de puestos de trabajo, retribuciones, evaluación del desempeño, incompatibilidades y deber de secreto profesional. El capítulo IV regula el régimen económico, presupuestario, patrimonial y de contratación, detallando el régimen económico financiero, patrimonial y de contratación y el régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero. Por último, el capítulo V regula el asesoramiento jurídico de la Agencia, que se encomienda a la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado en virtud del correspondiente convenio. Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, según establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, este real decreto atiende a la necesidad de adecuar la estructura orgánica de la Agencia Española de Protección de Datos a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, y es eficaz y proporcionado en el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. Asimismo, contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento de la Agencia, al adecuarla a las nuevas competencias establecidas en dichas normas. Cumple también con el principio de transparencia, y es también adecuada al principio de eficiencia, ya que, entre otras cuestiones, no impone cargas administrativas adicionales. En su virtud, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, y a propuesta conjunta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, de la Ministra de Hacienda y del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de junio de 2021, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.2 y en la disposición final decimoquinta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que se inserta a continuación. Disposición adicional única. Supresión de órganos directivos. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos: a) El Director de la Agencia Española de Protección de Datos. b) El Registro General de Protección de Datos. c) La Inspección de Datos. Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección general. Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección general continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos adaptados a la estructura orgánica de este real decreto. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, hasta tanto entren en vigor las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogado el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. 2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 1 de junio de 2021. FELIPE R. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, CARMEN CALVO POYATO ESTATUTO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Naturaleza. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente». Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Artículo 2. Sede. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá su sede en Madrid. Artículo 3. Régimen jurídico. 1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sus disposiciones de desarrollo y el presente Estatuto. 2. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia, se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular lo dispuesto para organismos autónomos; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 3. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos. 4. La Agencia Española de Protección de Datos estará sujeta al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 5. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no será de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 6. La Agencia Española de Protección de Datos podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en la gestión compartida de servicios comunes prevista en el artículo 95 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 4. Autonomía e independencia. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de los fines que le han sido asignados, la Agencia Española de Protección de Datos cuenta con autonomía orgánica y funcional y actúa con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial o comercial. 2. Ni el personal ni los miembros de los órganos de la Agencia Española de Protección de Datos podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Artículo 5. Funciones y potestades. 1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la función de supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales con el fin de proteger los derechos y libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus disposiciones de desarrollo. 2. Asimismo, le corresponde supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia de garantía de los derechos digitales contemplados en los artículos 89 a 94 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 3. La Agencia Española de Protección de Datos colaborará con los órganos competentes en lo que respecta al desarrollo normativo y aplicación de las normas que incidan en materia propia del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y a tal efecto: a) Informará preceptivamente los proyectos de disposiciones generales de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b) Informará preceptivamente cualesquiera anteproyectos de ley o proyectos de reglamento que incidan en la materia propia del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. c) Dictará circulares que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como instrucciones y recomendaciones. 4. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá el control de la observancia de lo dispuesto en los artículos 4, 7 y 10 a 22 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en especial: a) Informará con carácter preceptivo el contenido y formato de los cuestionarios, hojas censuales y otros documentos de recogida de datos con fines estadísticos. b) Dictaminará sobre los procesos de recogida y tratamiento de los datos personales a efectos estadísticos. c) Informará con carácter preceptivo los anteproyectos de ley por los que se exijan datos con carácter obligatorio y su adecuación a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. d) Dictaminará sobre las condiciones de seguridad de los tratamientos realizados con fines exclusivamente estadísticos. 5. La Agencia Española de Protección de Datos adoptará conjuntamente con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma. 6. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. Artículo 6. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que se denominarán «Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos» y que serán obligatorias una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 2. El Proyecto de Circular se iniciará mediante un informe técnico, suscrito por la persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos o el Subdirector General o Director de División correspondiente, que constará de las siguientes partes: a) Especificación de la norma o normas habilitantes para dictar la disposición. b) Justificación de la necesidad de la disposición, así como de las medidas o soluciones técnicas que se propongan y de los fines que se pretenden alcanzar. c) Proyecto de Circular. 3. Se elaborará también un informe jurídico o de legalidad, emitido por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 4. En el procedimiento de elaboración de las circulares se dará audiencia a las personas titulares de derechos e intereses legítimos que resulten afectados por las mismas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la circular, y se fomentará la participación de los ciudadanos. El trámite de audiencia e información pública se realizará mediante la publicación del texto en la página web de la Agencia y tendrá un plazo mínimo de quince días hábiles, que podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. El trámite de audiencia e información pública solo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en el informe técnico. 5. Asimismo, podrá recabarse, cuando proceda, el parecer de los departamentos de la Administración General del Estado cuyas competencias puedan verse específicamente afectadas por la regulación proyectada. 6. Cumplidos los trámites anteriores, se remitirá, cuando no le hubiera correspondido la iniciativa, a la persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, quien podrá solicitar que se complete el expediente. 7. El proyecto de circular, acompañada de una memoria justificativa y del expediente, se elevará por la persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos quien podrá solicitar otros informes sin perjuicio de los que resulten preceptivos. 8. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado por conducto de la persona titular del Ministerio de Justicia. 9. Una vez concluidos los trámites precedentes, el proyecto de circular será sometido a la aprobación final de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, sin que en ningún caso sea posible la delegación de esta facultad en ningún otro órgano. 10. Las circulares serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor conforme a lo previsto en el artículo 2 del Código Civil. Artículo 7. Acción exterior. Corresponderá a la persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos designar los representantes que deban formar parte de la autoridad de control común de protección de datos prevista en los Convenios Internacionales de los que España sea parte. Artículo 8. Colaboración en el ámbito de la Administración de Justicia. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 9. Programación. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos aprobará, en el primer semestre de su nombramiento y con carácter quinquenal, un Plan Estratégico con el objetivo de sentar las bases de las líneas de actuación de la Agencia en dicho periodo, incorporando las acciones específicas que cada departamento de la misma haya propuesto en relación con sus respectivas materias, así como el calendario de las circulares que se prevean aprobar. Artículo 10. Memoria anual. 1. La Agencia Española de Protección de Datos redactará una Memoria anual sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias sobre protección de datos, la cual comprenderá, además de la información necesaria sobre el funcionamiento de la Agencia: a) Una lista de tipos de infracciones notificadas y de tipos de medidas adoptadas de conformidad con el artículo 58, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. b) Un análisis y una valoración de los problemas de la protección de datos a escala nacional. 2. La Memoria anual se remitirá al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, al Defensor del Pueblo y a las autoridades autonómicas de protección de datos, se pondrá a disposición de la Comisión Europea y del Comité europeo de protección de datos, y se publicará en la página web de la Agencia. Artículo 11. Transparencia y publicidad. 1. La Agencia Española de Protección de Datos publicará en su página web las resoluciones de su Presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y las que impongan medidas cautelares. 2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, será igualmente objeto de publicación en la página web toda aquella información que la Presidencia considere relevante y que contribuya al mejor cumplimiento de sus funciones. CAPÍTULO II Estructura orgánica de la Agencia Española de Protección de Datos Sección 1.ª De la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 12. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo, con rango de Subsecretario y será designada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y solo cesará por las causas que en el mismo se establecen. 2. La persona titular de la Presidencia poseerá la titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de la protección de datos personales, necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. 3. La persona titular de la Presidencia cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión de la nueva persona titular de la Presidencia. 4. Es un cargo de dedicación exclusiva, está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, y será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, retribuida o no, salvo las que sean inherentes a su condición de titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 5. Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia se fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 6. De la Presidencia depende directamente, como órgano directivo, la Adjuntía a la Presidencia. 7. Asimismo, dependen directamente de la Presidencia los siguientes órganos con nivel orgánico de subdirección general: a) La Subdirección General de Inspección de Datos. b) La Subdirección General de Promoción y Autorizaciones. c) La Secretaría General. 8. También dependen directamente de la Presidencia, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo, las siguientes divisiones: a) La División de Relaciones Internacionales. b) La División de Innovación Tecnológica. Artículo 13. Funciones de la Presidencia. 1. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos: a) La dirección de la Agencia. b) Ostentar su representación legal e institucional. c) Aprobar las Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del presente Estatuto. d) Dictar las resoluciones y directrices que requiera el ejercicio de las funciones de la Agencia, en particular las derivadas del ejercicio de las competencias previstas en el artículo 57 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y del ejercicio de los poderes de investigación y de los poderes correctivos dispuestos en el artículo 58 del citado Reglamento. e) Acordar la realización de planes de auditoría preventiva y dictar las directrices generales o específicas que resulten de las mismas. f) Convocar, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad y, en todo caso, cada seis meses, a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. g) Solicitar y facilitar a las autoridades autonómicas de protección de datos la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en particular, la relativa a la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. h) Requerir a las autoridades autonómicas de protección de datos cuando considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de aquellas vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para que adopten las medidas necesarias para su cesación y ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. i) Participar en las actividades y reuniones del Comité europeo de protección de datos como representante común del Estado español. j) Ejercer todas aquellas funciones no atribuidas expresamente a otros órganos de la Agencia Española de Protección de Datos. 2. Asimismo, le corresponde: a) Llevar a cabo la dirección y gestión ordinaria de la Agencia, en el marco de las funciones atribuidas en este apartado. b) Informar al Consejo Consultivo de cuantos asuntos conciernan a los servicios a su cargo. c) Ser órgano de contratación de la entidad. d) Formular y aprobar las cuentas anuales de la entidad, junto con el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. e) Acordar las variaciones presupuestarias que se estimen necesarias y que no deban ser autorizadas por la persona titular del Ministerio de Hacienda y proponer aquellas que precisan autorización. f) Autorizar, por causa justificada, la disposición de gastos, el reconocimiento de obligaciones y ordenar los pagos correspondientes y movimientos de fondos. g) Proponer la modificación de los límites generales de compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros por causa justificada. h) Suscribir, en el ámbito de sus competencias, convenios con entidades públicas y privadas. i) Ejercer la jefatura superior del personal y prever las necesidades de personal de la Agencia Española de Protección de Datos a incorporar en la oferta anual de empleo público, en los términos previstos en el artículo 32, aprobar las relaciones de puestos de trabajo en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y la distribución del complemento de productividad y otros incentivos al rendimiento, dentro de la cantidad autorizada a estos efectos. j) Convocar y resolver los procesos de provisión de puestos de trabajo que integren al personal de la Agencia Española de Protección de Datos y contratar al personal laboral a su servicio en los términos previstos en el artículo 34. k) Acordar las actuaciones en materia de gestión patrimonial de la entidad. l) La aprobación del inventario de bienes y derechos de conformidad con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. m) Las demás facultades que le atribuya el Estatuto. Artículo 14. Independencia. 1. La persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos desempeñará su cargo con dedicación exclusiva, plena independencia y total objetividad. 2. La persona titular de la Presidencia no recibirá instrucciones de autoridad alguna. Artículo 15. Delegación de competencias. La Presidencia de la Agencia podrá delegar sus funciones en la Adjuntía a la Presidencia, así como en las Subdirecciones Generales que dependan directamente de la Presidencia y en la Secretaría General, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las funciones relacionadas con los procedimientos regulados por el título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de conformidad con el artículo 48.2. de la misma, ni la facultad para aprobar los proyectos de circulares, de acuerdo con el artículo 6.9 del presente Estatuto. Sección 2.ª La Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 16. Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo, con rango de Director General. 2. La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia será designado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y solo cesará por las causas que en el mismo se establecen. 3. La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia poseerá la titulación, la experiencia y las aptitudes, en particular en el ámbito de la protección de datos personales, necesarias para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. 4. La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular. 5. La Adjuntía a la Presidencia es un cargo de dedicación exclusiva, está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, y será incompatible con el ejercicio de cualquier actividad pública o privada, retribuida o no, salvo las que sean inherentes a su condición de Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 17. Funciones de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponderán a la persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos las siguientes competencias: a) Ejercer las funciones de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos en los casos de delegación previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en este Estatuto. A estos efectos, la Presidencia podrá delegar sus funciones en la Adjuntía a la Presidencia, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados en el título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b) Colaborar con la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos en las relaciones con las Cortes Generales y con el Defensor del Pueblo y en la cooperación con las autoridades de control de las Comunidades Autónomas. c) Colaborar con la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos en la planificación y desarrollo de la actividad internacional de la Agencia. d) Impulsar el procedimiento de elaboración de circulares de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del presente Estatuto. e) Preparar y proponer a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos el borrador del Plan estratégico y de la Memoria anual, así como el impulso y seguimiento de las actuaciones una vez aprobadas. f) Coordinar la formación especializada de la Agencia. g) Asumir las restantes funciones que se le encomiendan en las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes. Artículo 18. Independencia. 1. La persona titular de la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos desempeñará su cargo con dedicación exclusiva, plena independencia y total objetividad. 2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, la persona titular de la Adjuntía no recibirá instrucciones de autoridad alguna. Sección 3.ª Procedimiento de designación de la Presidencia y la Adjuntía Artículo 19. Inicio del procedimiento de nombramiento y convocatoria. 1. Dos meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido éste, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria pública de personas candidatas mediante orden de la persona titular del Ministerio de Justicia. 2. En la orden se regularán las bases de la convocatoria. En ella se especificarán los requisitos a evaluar de las personas candidatas, que permitan acreditar que se trata de personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos, sobre la base del mérito, la capacidad, la competencia y la idoneidad, entre los que se pueden recoger las capacidades legales de la persona candidata, la experiencia profesional, la capacidad de desarrollar el trabajo o los conocimientos técnicos, en particular referidos al ámbito de protección de datos. 3. La idoneidad de las personas candidatas exigirá que su independencia, conducta intachable e integridad deben estar fuera de toda duda. 4. Las solicitudes de participación en el procedimiento de selección se presentarán en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 20. Comité de selección. 1. Una vez convocado el procedimiento, se constituirá un comité de selección con la finalidad de examinar las candidaturas y proponer la persona candidata más idónea. 2. El comité estará compuesto por: a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Justicia, que ostentará la Presidencia. b) La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. c) Un Magistrado o una Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a propuesta del Ministerio de Justicia. d) Un o una jurista de reconocida competencia, con al menos diez años de actividad profesional en materia de protección de datos, a propuesta del Ministerio de Justicia. e) La persona titular de un organismo de protección de datos autonómico o una de las personas que hayan ocupado el puesto de la Dirección o Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos con anterioridad al saliente, a propuesta del Ministerio de Justicia. 3. La Secretaría corresponderá a un miembro de la Abogacía del Estado, designado por la persona titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto. Los acuerdos del comité de selección se adoptarán por mayoría de sus miembros. 4. El comité de selección deberá ser paritario. 5. Podrá recabar el apoyo de las personas asesoras que estime necesarias para la correcta realización de sus funciones. Artículo 21. Principios aplicables al procedimiento. El procedimiento respetará en todas sus fases los principios de mérito, capacidad, competencia e idoneidad, así como el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el principio de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos recogido en el artículo 23.2 de la Constitución. La convocatoria respetará también los principios de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Artículo 22. Propuesta y comunicación de candidaturas. 1. El comité de selección examinará las solicitudes junto con la documentación aportada y realizará, en su caso, las entrevistas oportunas. 2. Una vez valoradas las solicitudes de participación en el procedimiento de selección, el comité de selección propondrá una candidatura la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y a la Adjuntía a la Presidencia de entre aquellas que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 12.2 y 16.3, respectivamente y atendidos los méritos y criterios de valoración establecidos en la convocatoria, junto con su informe justificativo. La persona titular del Ministerio de Justicia elevará dicha propuesta junto con el informe del comité de selección al Consejo de Ministros. 3. El Consejo de Ministros debatirá la propuesta del comité de selección a la luz del informe y decidirá mediante acuerdo la propuesta de Presidencia y Adjuntía, que se remitirá al Congreso de los Diputados acompañada del informe justificativo. En caso de que el Consejo de Ministros considere que la propuesta realizada por el comité de selección no resulta idónea la devolverá al comité de selección mediante acuerdo motivado, otorgándole un nuevo plazo para que formule nueva propuesta al Consejo de Ministros. 4. El acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros con la propuesta de Presidencia y Adjuntía será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» mediante orden de la persona titular del Ministerio de Justicia. Sección 4.ª El Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 23. El Consejo Consultivo. 1. El Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, con la composición que se establece en el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, es un órgano colegiado de asesoramiento de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 2. El Consejo Consultivo emitirá informe en todas las cuestiones que le someta la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos y podrá formular propuestas en temas relacionados con las materias de competencia de esta. Artículo 24. Plazo y vacantes. 1. Los miembros del Consejo Consultivo desempeñarán su cargo durante cinco años. 2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los siguientes supuestos: a) Nombramiento del Vocal para desempeñar la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos o la Adjuntía a la Presidencia. b) Renuncia anticipada del Vocal. c) Pérdida de la condición que habilitó al Vocal para ser propuesto, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. d) Propuesta de cese emanada de las instituciones, órganos, corporaciones u organizaciones a las que se refiere el citado artículo. 3. Las vacantes que se produzcan en el Consejo Consultivo antes de expirar el plazo a que se refiere el apartado 1 deberán ser cubiertas dentro del mes siguiente a la fecha en que la vacante se hubiera producido, en la forma establecida por el artículo 49.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y por el tiempo que reste para completar el mandato de quien causó la vacante a cubrir. 4. Los miembros del Consejo Consultivo no percibirán retribución alguna, sin perjuicio del abono de los gastos, debidamente justificados, que les ocasione el ejercicio de su función de conformidad, en su caso, con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Artículo 25. Renovación del Consejo Consultivo. 1. Antes de finalizar el mandato de los miembros del Consejo Consultivo, la persona titular del Ministerio de Justicia requerirá a las instituciones, órganos, corporaciones y organizaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a fin de que le comuniquen los nombres de las personas que propongan para un nuevo mandato en el Consejo Consultivo, lo que deberá efectuarse dentro del mes siguiente a la formulación del referido requerimiento. 2. Una vez transcurrido el plazo señalado para cumplimentar el requerimiento, la persona titular del Ministerio de Justicia procederá, sin más trámites, a nombrar como miembros del Consejo Consultivo, mediante Orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», a los propuestos, quienes tomarán posesión de su condición en la misma fecha en que expire el mandato de los miembros del Consejo anterior. Artículo 26. Funcionamiento. 1. En lo no previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el presente Estatuto, el Consejo Consultivo se regirá por lo establecido en materia de órganos colegiados por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2. El Consejo Consultivo adoptará sus acuerdos en sesión plenaria. 3. Actuará como Presidencia del Consejo Consultivo la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos. 4. Desempeñará la Secretaría del Consejo Consultivo, con voz y sin voto, el titular de la Secretaría General de la Agencia de Protección de Datos. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, desempeñará la Secretaría una persona funcionaria adscrita a la Secretaría General designado por la Presidencia de la Agencia a tal efecto. 5. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia y, en todo caso, una vez al semestre. También se reunirá cuando así lo solicite la mayoría de sus miembros. 6. La persona que desempeñe la Secretaría convocará las reuniones del Consejo Consultivo, de orden de la Presidencia de la Agencia, y trasladará la convocatoria a los miembros del Consejo. 7. El Consejo Consultivo quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, si están presentes la persona que actúe como Presidencia, la persona que desempeñe la Secretaría y la mitad de los miembros del Consejo, y, en segunda convocatoria, si están presentes la persona que actúe como Presidencia, la persona que desempeñe la Secretaría y la tercera parte de los miembros del Consejo. 8. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. Sección 5.ª Otros órganos directamente dependientes de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 27. La Subdirección General de Inspección de Datos. 1. La Subdirección General de Inspección de Datos es el órgano administrativo, dependiente de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que desarrolla las competencias previstas en el artículo 57.1, letras f), g), h), i) y u) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y realiza las funciones de inspección y de instrucción necesarias para el ejercicio de los poderes de investigación establecidos en el artículo 58.1, letras a), b), d), e) y f) y de los poderes correctivos dispuestos en el artículo 58.2, letras a), b), c), d), f), g), i) y j), ambos del citado Reglamento. 2. Al objeto de cumplir los cometidos establecidos en el apartado anterior, a la Subdirección General de Inspección de Datos le corresponden las siguientes funciones: a) La supervisión permanente del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de las disposiciones que la desarrollen, por parte de los responsables y encargados de los tratamientos. b) El ejercicio de las potestades de investigación definidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. c) La realización de planes de auditoría preventiva que contempla el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. A resultas de esos planes, le corresponde la propuesta a la Presidencia de la Agencia de emisión de directrices generales o específicas tendentes a asegurar la plena adaptación del sector o responsable a la normativa y a procurar la aplicación de los derechos y garantías reconocidos en el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en la medida en que estos afecten a tratamientos de datos personales cuya investigación, y en su caso, propuesta de imposición de medida correctiva o sancionadora, corresponda a la Subdirección General de Inspección de Datos. d) La tramitación de los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos conforme a lo dispuesto en el título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, incluyendo las reclamaciones de los ciudadanos por falta de atención en sus solicitudes de ejercicio de los derechos contemplados en los artículos 15 al 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Corresponde a la Subdirección General de Inspección de Datos el deber de informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 del citado Reglamento. e) La evaluación de la admisibilidad a trámite de las reclamaciones que se presenten ante la Agencia Española de Protección de Datos, y la propuesta a la Presidencia de decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. f) El traslado de la reclamación al responsable del tratamiento o a su Delegado de Protección de Datos, o al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta, a fin de que den respuesta a la reclamación antes de resolver sobre su admisión a trámite, según lo establecido en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. g) El análisis de la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos respecto de las reclamaciones que reciba, la determinación de su carácter nacional o transfronterizo, y la remisión, cuando proceda, a la autoridad de control principal que se determine, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. h) La realización de actuaciones previas de investigación acordadas por la Presidencia por propia iniciativa, a raíz de una reclamación, o a petición de otro órgano o autoridad de control, a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. i) La instrucción del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en caso de infracción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de las normas de derecho interno que la desarrollen, conforme al régimen sancionador dispuesto en el título IX de la citada ley orgánica. j) La propuesta a la Presidencia del acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. k) Durante las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento sancionador, la propuesta a la Presidencia de acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos, y en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. l) La instrucción del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3.c), d) e i) y 38.4.d), g) y h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la citada Ley. m) La instrucción del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones graves del artículo 77 tipificadas en el apartado 37 y de las infracciones leves del artículo 78 tipificadas en el apartado 11 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad reconocidos en el artículo 48, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.3 de la referida Ley. n) La propuesta a la Presidencia de la Agencia de imponer aquella medida correctiva que resulte idónea en cada caso para garantizar la protección de los datos de carácter personal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, podrá proponer que se ordene al responsable o encargado del tratamiento que atienda las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado, ordenar al responsable o encargado que las operaciones de tratamiento se ajusten a la normativa o se realicen de una determinada manera y dentro de un plazo especificado, que se imponga una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición o que se ordene la suspensión de flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional. o) En la instrucción de los procedimientos sancionadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la propuesta a la Presidencia de imponer la sanción que se considere adecuada, que podrá ser de multa administrativa además o en lugar de las otras medidas correctivas previstas en el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, atendiendo a los hechos y a las circunstancias de cada caso individual y a las condiciones establecidas en el artículo 83 del citado Reglamento. p) Respecto de las reclamaciones que gestiona, de las actuaciones de investigación que realiza y de los procedimientos sancionadores que instruye, la práctica de las notificaciones y comunicaciones que sean precisas en los actos de trámite, así como el registro de los datos pertinentes en el sistema de comunicación con las autoridades de control de la Unión Europea. q) La gestión de registros internos de infracciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de las medidas adoptadas, según lo establecido en el artículo 57.1 u) del citado Reglamento. r) La cooperación con las autoridades autonómicas de protección de datos que hubiesen asumido el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, remitiéndoles aquellas reclamaciones que sean de su competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. s) La participación en la acción exterior de la Agencia Española de Protección de Datos en lo referente a las competencias de la Subdirección General. Particularmente, la cooperación con las demás autoridades de control de la Unión Europea respecto de las reclamaciones por infracción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de las actuaciones de investigación y de los procedimientos sancionadores que tramiten las autoridades de control de los Estados miembros, compartiendo información y prestando asistencia mutua, conforme a lo establecido en sus artículos 59, 60 y 61 del citado Reglamento, con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del mismo. t) Respecto de los recursos que se interpongan contra las actuaciones realizadas por la Subdirección General, la tramitación de los recursos en vía administrativa, así como la coordinación de la relación con los órganos jurisdiccionales y con los demás órganos de la Agencia que intervienen en la gestión de los recursos contencioso-administrativos. u) La coordinación de la aplicación, en el ámbito de la Subdirección General, del sistema informático que establezca el Comité Europeo de Protección de Datos para la comunicación y compartición de la información entre las autoridades de protección de datos de la Unión Europea. Artículo 28. La Subdirección General de Promoción y Autorizaciones. Corresponde a la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones el desarrollo de las siguientes funciones: a) Promover la sensibilización de la ciudadanía y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento de datos, en especial cuando se trate de actividades dirigidas específicamente a los niños, según lo establecido en el artículo 57.1.b del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. b) Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, según lo dispuesto en su artículo 57.1.d. c) Facilitar, previa solicitud, información a los ciudadanos en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, conforme a su artículo 57.1.e. d) El registro y publicidad de los delegados de protección de datos de acuerdo con los artículos 37.7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y 34.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. e) Elaborar las cláusulas contractuales tipo a que se refieren el artículo 28.8 y el artículo 46.2.d) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y proponer a la Presidencia su aprobación o adopción, de acuerdo con su artículo 57.1.j). f) Alentar la elaboración de códigos de conducta y dictaminar y proponer a la Presidencia la aprobación de los que proporcionen suficientes garantías con arreglo al artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, conforme a su artículo 57.1 m). g) Elaborar y publicar los criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de acuerdo con su artículo 57.1.p). h) Proponer a la Presidencia la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en virtud de su artículo 57.1.q). i) Fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos según lo previsto en el artículo 57.1.n) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, proponer a la Presidencia la aprobación de los criterios de certificación de conformidad con el artículo 42.5 del mismo y la expedición de certificaciones; el registro de las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones y de las certificaciones expedidas y la realización de revisiones periódicas de las certificaciones expedidas, conforme a los artículos 43.5 y 57.1.n) y o) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y el artículo 39 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. j) Proponer a la Presidencia la retirada de certificaciones o la orden al organismo de certificación para que retire certificaciones emitidas con arreglo a los artículos 42 y 43 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o que no se emita una certificación cuando no se cumplan o dejen de cumplirse los requisitos para la certificación, de acuerdo con el artículo 58.2.h) del mismo. k) Proponer a la Presidencia la autorización de las transferencias internacionales en virtud de cláusulas contractuales y acuerdos administrativos a que se refiere el artículo 46, apartado 3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de acuerdo con su artículo. 57.1.r). l) Proponer a la Presidencia la aprobación de normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en su artículo 57.1.s). m) Proponer a la Presidencia la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional de acuerdo con el artículo 58.2 j) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en los supuestos de modificación de las circunstancias que determinaron el otorgamiento de la autorización o la aprobación a que se refieren los dos apartados anteriores. n) El registro de los sistemas de exclusión publicitaria y su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. o) Proponer a la Presidencia las excepciones a la obligación de bloqueo en los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. p) El ejercicio de las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, atribuye a las Unidades de Información. q) La gestión de las quejas y sugerencias, de conformidad con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Artículo 29. La Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Agencia Española de Protección de Datos contará con una Secretaría General, con nivel orgánico de subdirección general, bajo la inmediata dirección de la Presidencia, a la que corresponde tener a su cargo los servicios comunes y de carácter administrativo de la entidad. 2. La Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos tendrá atribuidas las siguientes funciones: a) Elaborar los informes y propuestas que le solicite la Presidencia. b) Notificar las resoluciones de la Presidencia, salvo las que se dicten por delegación, que se notificarán por el órgano delegado. c) Ejercer la Secretaría del Consejo Consultivo: Preparar los asuntos y documentación que hayan de someterse a las deliberaciones del mismo, levantar las actas de las sesiones, expedir certificaciones de los acuerdos adoptados y tramitar los acuerdos adoptados. d) La colaboración en la preparación de conferencias, seminarios y cualesquiera otras actividades similares que organice la Agencia Española de Protección de Datos. e) La gestión y administración de recursos humanos incluida la elaboración de la relación de puestos de trabajo, la gestión de los procesos de selección del personal laboral, la gestión de la acción social y la formación de los recursos humanos, bajo la supervisión de la Presidencia. f) La planificación y ejecución de la política de prevención de riesgos laborales. g) El mantenimiento de las relaciones con los órganos de participación y representación del personal. h) La gestión de los recursos materiales de la Agencia Española de Protección de Datos, y en el ejercicio de las competencias en materia patrimonial correspondientes a la Agencia, la conservación y mantenimiento y seguridad de su patrimonio y llevar el inventario de los bienes y derechos que se integren en él. i) El régimen interior, asuntos generales y la coordinación e inspección de las instalaciones y servicios de la Agencia. j) La gestión económico-financiera y patrimonial de la entidad, la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de la Agencia Española de Protección de Datos y la tramitación de sus variaciones. k) La tramitación de los expedientes de contratación para adquisición de bienes y servicios, así como la habilitación del material. l) La gestión presupuestaria, de los ingresos y gastos, la realización de los cobros y pagos y la gestión de la tesorería de la Agencia. m) Las actuaciones referentes a la gestión contable y su tramitación documental, y a la preparación de las cuentas de la entidad para su rendición y aprobación. n) Organizar, supervisar, liquidar y controlar la recaudación en periodo voluntario de los ingresos por sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos al amparo de los previsto por el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. o) La dirección y organización de los servicios de archivo y registro de la Agencia Española de Protección de Datos. p) El desarrollo de los sistemas de información de los servicios comunes, de los sistemas de administración electrónica, el diseño y ejecución de planes y coordinación de las actuaciones y prestación de los servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, la gestión y mantenimiento de la sede electrónica y de los sitios web, la gestión de la red interna de comunicaciones, la gestión de los medios informáticos y telemáticos y su asignación a las distintas unidades orgánicas. En el ejercicio de estas funciones, la Secretaría General podrá optar por la utilización y el aprovechamiento de módulos y servicios comunes de administración electrónica, en los términos que se acuerden con los órganos responsables en esta materia de la Administración General del Estado. q) Redactar, proponer y tramitar los convenios con entidades públicas y privadas a celebrar por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. r) El ejercicio de las competencias en materia de gestión documental, estadística, recursos documentales, biblioteca y publicaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. s) El diseño e implementación de un sistema de evaluación del desempeño del personal en el marco de lo establecido en la normativa vigente. t) Ejercer las potestades administrativas derivadas de las funciones de la Agencia, así como la gestión de los asuntos horizontales que no se correspondan con competencias específicamente atribuidas a otras unidades de la Agencia y las que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias. u) Desempeñar las demás facultades y funciones que le atribuya el Estatuto y cualesquiera otras normas aplicables, así como las que le deleguen, en su caso, la Presidencia, de entre las contempladas en las letras a) a l) del apartado 2 del artículo 13. Artículo 30. División de Relaciones Internacionales. Corresponde a la División de Relaciones Internacionales: a) Organizar y coordinar la actividad internacional de la Agencia Española de Protección de Datos en su ámbito competencial, de acuerdo con los criterios y directrices establecidos por la Presidencia de la Agencia. b) Coordinar la participación de la Agencia Española de Protección de Datos en reuniones, organizaciones y foros internacionales, en particular en el ámbito del Comité Europeo de Protección de Datos o en otros grupos de trabajo en materia de protección de datos constituidos al amparo del Derecho de la Unión Europea. c) Coordinar la preparación de la posición de la Agencia Española de Protección de Datos en las discusiones y negociaciones internacionales, en particular en las desarrolladas en el seno del Comité Europeo de Protección de Datos. d) Coordinar y asesorar a los órganos de la Agencia Española de Protección de Datos de los aspectos internacionales relacionados con sus funciones, en particular los que se deriven de la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos. e) Elaborar informes, estudios o análisis sobre la situación o evolución en el ámbito internacional de las materias relacionadas con la protección de datos. f) Contribuir, sin perjuicio de la competencia específica de otros órganos de la Agencia y conforme a las directrices de la Presidencia, a la coordinación de la cooperación en la acción exterior en materias relacionadas con la protección de datos con otros órganos de la Administración General del Estado y entidades del sector público estatal, así como de las comunidades autónomas, y con las entidades locales, en particular con las autoridades autonómicas de protección de datos. g) Organizar y coordinar la participación de la Agencia Española de Protección de Datos en proyectos y actividades de carácter internacional en materia de protección de datos. Artículo 31. División de Innovación Tecnológica. Corresponde a la División de Innovación Tecnológica: a) Asesorar a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, como a sus distintas unidades, sobre los temas tecnológicos que tienen relevancia en la protección de datos de carácter personal, y para ello, analizar las implicaciones y alternativas del estado de arte de la tecnología y generar el conocimiento necesario para anticiparse a los cambios de la misma. b) Impulsar la protección de datos como un factor de confianza y garantía de calidad en beneficio del desarrollo económico de la sociedad con el objeto de promover la sensibilización de responsables y ciudadanos, incluido el desarrollo y mantenimiento de herramientas de ayuda para el cumplimiento por parte de los mismos y la elaboración de guías que impulsen el cumplimiento del principio de responsabilidad activa del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en el ámbito tecnológico, según su artículo 57.1.b) y d). c) Impulsar las medidas que garanticen la compatibilidad del desarrollo tecnológico con la privacidad asegurando los derechos de los ciudadanos según lo previsto en el artículo 57.1.i) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016; en particular: el asesoramiento a emprendedores y desarrolladores tecnológicos, la realización de estudios de prospección tecnológica, informar y asesorar a los proyectos tecnológicos con implicaciones en el derecho a la protección de datos de las personas, participar en proyectos tecnológicos de ámbito internacional de interés público sobre la base del derecho de la Unión Europea o de los Estados Miembros y promover la colaboración con las Universidades con el fin de impulsar la protección de datos en proyectos y contenidos curriculares jurídicos y técnicos. d) Gestionar el Registro de brechas de seguridad para facilitar a los responsables el cumplimiento de lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. e) Analizar y clasificar las brechas de seguridad y, en su caso, proponer motivadamente a la Presidencia la iniciación de una investigación cuando aprecie indicios de la comisión de una infracción. f) Emitir informes, recomendaciones y dictámenes sobre las consultas previas realizadas por los responsables conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en virtud de lo previsto en su artículo 57.1.l). g) Elaborar una lista positiva y, en su caso, otra negativa de tratamientos que requieren la realización de evaluaciones de impacto según lo previsto en el artículo 57.1.k) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. CAPÍTULO III Personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 32. Régimen de Personal. 1. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral. 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, corresponden exclusivamente al personal funcionario público. 3. La persona titular de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos presentará anualmente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la propuesta de oferta de empleo público de la Agencia, para su aprobación e inclusión independiente en la oferta de empleo público de la Administración General del Estado. Dicha propuesta tendrá en cuenta las necesidades de recursos humanos de la Agencia para el adecuado ejercicio de sus funciones. Artículo 33. Personal funcionario. 1. El personal funcionario de la Agencia Española de Protección de Datos se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. 2. El personal funcionario que desarrolle actividades de investigación tendrá la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. 3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará y resolverá los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de conformidad con los procedimientos de provisión establecidos en la normativa sobre función pública. Tanto las convocatorias como sus resoluciones se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 34. Personal laboral. 1. El personal laboral de la Agencia Española de Protección de Datos se regirá por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la normativa convencional aplicable en su caso, y por los preceptos del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que expresamente le resulten de aplicación. 2. Corresponderá a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la celebración de los contratos de trabajo del personal laboral, que será seleccionado, en ejecución de la Oferta de Empleo Público prevista en el artículo 32, mediante convocatoria pública que, además de adecuarse a la relación de puestos de trabajo de la Agencia, se sujetará a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como del acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Artículo 35. Relación de puestos de trabajo. 1. La Agencia Española de Protección Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. 2. Las relaciones de puestos de trabajo de la Agencia Española de Protección de Datos comprenderán de forma diferenciada: a) Los puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario; y contendrá su denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos exigidos para su desempeño; así como el nivel de destino, y, en su caso, el complemento específico que corresponden a los mismos. b) Los puestos de trabajo a desempeñar por personal laboral, fijo o temporal, contendrá el grupo profesional, familia profesional y/o especialidad y complementos del puesto; así como las características específicas del mismo, cuando proceda, y, en su caso, los requisitos de carácter profesional necesarios para su desempeño. Artículo 36. Retribuciones. Las retribuciones del personal funcionario y laboral de la Agencia se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en la materia en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 37. Evaluación del desempeño. En el marco de la política de recursos humanos, y conforme a los principios establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se establecerá un sistema de evaluación que sirva de instrumento objetivo para la valoración del desempeño del puesto de trabajo, a efectos retributivos y de carrera profesional del personal al servicio de la entidad. El correspondiente sistema de evaluación permitirá valorar los rendimientos colectivos de las unidades, así como realizar una valoración individual del desempeño de cada puesto de trabajo. Artículo 38. Incompatibilidades del personal de la Agencia Española de Protección de Datos. El personal de la Agencia Española de Protección de Datos estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Artículo 39. Deber de secreto profesional. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos deberá guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, sobre los datos personales que conozcan en el desempeño de sus tareas y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hubiera conocido en el ejercicio de aquellas. A tal efecto, la Agencia Española de Protección de Datos elaborará una política específica para garantizar la confidencialidad de la información que no tenga el carácter de pública, dentro de la cual se integrará el Código Ético del personal al servicio de la Agencia, que será objeto de publicación en su página web. CAPÍTULO IV Régimen económico, presupuestario, patrimonial y de contratación Sección 1.ª Régimen económico-financiero, patrimonial y de contratación Artículo 40. Recursos económicos. 1. Los recursos económicos de la Agencia Española de Protección de Datos comprenderán: a) Las asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. b) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio y los productos y rentas de dicho patrimonio. c) Los ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidas en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. d) Las subvenciones y aportaciones que se concedan a su favor, procedentes de fondos específicos de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. e) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 2. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas con el fin de garantizar su plena independencia. Artículo 41. Recaudación. 1. La gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y cualesquiera otros recursos públicos cuya gestión esté atribuida a la Agencia Española de Protección de Datos, corresponde a dicha Autoridad, pudiendo utilizar para la efectividad de los mismos el procedimiento administrativo de apremio. 2. La Agencia Española de Protección de Datos podrá convenir con la Agencia Estatal de Administración Tributaria la gestión recaudatoria en período ejecutivo de sus recursos de derecho público en la forma prevista en el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Artículo 42. Patrimonio. 1. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio e independiente del de la Administración General del Estado, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular. 2. La gestión y administración de los bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio del Estado que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo señalado en este Estatuto y con lo establecido para los organismos públicos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 3. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos acordar la adquisición por cualquier título de los bienes inmuebles y derechos que resulten necesarios para los fines de la institución, así como su uso y arrendamiento, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 4. La Agencia Española de Protección de Datos formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes y derechos, tanto de los propios como de los bienes del Patrimonio del Estado adscritos a dicha entidad, que se revisará anualmente, con referencia al 31 de diciembre, y se someterá a la aprobación de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. El inventario y sus modificaciones se remitirán anualmente al Ministerio de Hacienda en el primer mes de cada año natural. 5. Los bienes que el Estado adscriba a la Agencia quedarán afectados a su servicio y conservarán la calificación jurídica originaria, debiendo ser utilizados exclusivamente para los fines que determinaron la adscripción. 6. La persona titular de la Presidencia podrá acordar la innecesariedad para el servicio de los bienes muebles y, en su caso, la enajenación, cesión gratuita o destrucción del material no útil, así como cualesquiera otros de igual naturaleza, aplicando su producto a los fines propios de la Agencia. Artículo 43. Contratación. 1. La actividad contractual de la Agencia Española de Protección de Datos queda sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como a su normativa de desarrollo. 2. A los citados efectos, aplicará el régimen previsto en las citadas normas para las Administraciones Públicas. 3. El órgano de contratación de la Agencia Española de Protección de Datos es la Presidencia, quien podrá delegar esta competencia salvo para contratos cuyo valor estimado fuera igual o superior a 120.000 euros. 4. La Agencia podrá acordar su adhesión a sistemas de contratación centralizada o la cofinanciación conjunta de contratos con el Ministerio de Hacienda cuando de ello resultase una mayor eficiencia en la asignación de recursos. 5. La Agencia recibirá las facturas electrónicas que emitan sus proveedores a través del punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente a la Administración General del Estado, en los términos previstos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Sección 2.ª Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero Artículo 44. Presupuestos. 1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará anualmente su presupuesto, con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado. 2. El presupuesto de la Agencia tendrá carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos por categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que, en todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, salvo las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior, y las atenciones protocolarias y representativas, que tendrán carácter limitativo y vinculante, cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan. 3. La ejecución y modificación del presupuesto de la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicación. La ejecución del presupuesto de la Agencia corresponde a su Presidencia. 4. El régimen de modificaciones de los créditos del presupuesto se ajustará a lo siguiente: a) Las modificaciones del presupuesto de la Agencia serán autorizadas por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos cuando no incrementen la cuantía global del presupuesto, salvo que afecten a los créditos para gastos de personal, en cuyo caso la autorización será competencia del titular del Ministerio de Hacienda. b) Corresponde igualmente a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen un incremento de hasta un tres por ciento de los créditos iniciales de su presupuesto total de gastos cuando sean consecuencia de necesidades surgidas durante el ejercicio, y siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal, en cuyo caso será competencia del titular del Ministerio de Hacienda. c) Corresponde al titular del Ministerio de Hacienda autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen un incremento por encima del tres por ciento de los créditos iniciales del presupuesto de la Agencia y siempre que no excedan de un cinco por ciento. d) Corresponde al Gobierno las modificaciones que impliquen un incremento por encima del cinco por ciento de los créditos iniciales del presupuesto de la Agencia. e) Si la modificación afectase a aportaciones estatales recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, la competencia para autorizar ambas modificaciones corresponderá a la autoridad que tuviera atribuida la modificación en el Presupuesto del Estado. Estas modificaciones no computarán a efectos de los porcentajes recogidos en las letras a) y b) anteriores. 5. La Agencia Española de Protección de Datos podrá disponer de cuentas bancarias de gestión para todo tipo de ingresos y pagos en el Banco de España y en la banca comercial. 6. La Agencia podrá adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, con los límites y previsiones que le sean establecidos por ley. 7. Se dará cuenta de las modificaciones adoptadas por la Presidencia, en función de las competencias atribuidas en el apartado 4, a la Dirección General de Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, para su toma de razón. Artículo 45. Contabilidad. 1. La Agencia deberá aplicar los principios contables públicos previstos en el artículo 122 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como el desarrollo de los principios y las normas establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, para lo cual contará con un sistema de información económico-financiero y presupuestario que tenga por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto, que proporcione información de los costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. 2. La Intervención General de la Administración del Estado establecerá los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observarse para cumplir lo dispuesto en el apartado anterior. En concreto, la Agencia aplicará, para la gestión contable, el sistema de información contable de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y suscribirá el correspondiente convenio con la Intervención General de la Administración del Estado para la utilización del sistema de apoyo a la gestión de las entidades públicas administrativas y del sistema de contabilidad analítica normalizada para organizaciones administrativas. 3. El ejercicio anual se computará por años naturales, comenzando el día 1 del mes de enero de cada año. 4. La Agencia contará con un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos. Artículo 46. Cuentas anuales. 1. La persona titular de la Presidencia formulará las cuentas anuales en un plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado, serán aprobadas dentro del primer semestre del año siguiente al que se refieran. 2. La Presidencia rendirá las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, en el plazo de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio económico y una vez aprobadas. Artículo 47. Control de la gestión económico-financiera. 1. El control externo de la gestión económico-financiera de la Agencia corresponderá al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con su normativa específica. 2. El control interno de la gestión económico-financiera corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, realizándose bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, a través de la Intervención Delegada en la Agencia. CAPÍTULO V Asesoramiento jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos Artículo 48. Asistencia jurídica. La asistencia jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos, consistente en el asesoramiento jurídico y en la representación y defensa en juicio, corresponde a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, mediante la formalización del oportuno convenio en los términos previstos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y su normativa de desarrollo.

Nuevos estatutos de la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) para adaptarlos al reglamento europeo.

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, encomendó el control de la aplicación de sus disposiciones a un ente público independiente al que denominó Agencia de Protección de Datos y que se caracterizaba por la absoluta independencia de su Director en el ejercicio de sus funciones, reforzada por el establecimiento de un mandato fijo que solo podía ser acortado por un numerus clausus de causas de cese. La efectiva creación de la Agencia se llevó a cabo mediante la regulación de su estructura orgánica y la aprobación de su Estatuto por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. Posteriormente, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada para transponer a nuestro Derecho la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, mantuvo la configuración de la Agencia como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. En el momento actual, el régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal viene establecido directamente por el Derecho de la Unión Europea tras la plena aplicación, desde el 25 de mayo de 2018, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Dicho Reglamento fue adoptado con dos claros objetivos: por una parte, superar la fragmentación existente en la aplicación de las normas de trasposición de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que ha dado lugar, en la práctica, y a pesar de derivar todos ellos de unos principios comúnmente aceptados, a la existencia de tantos regímenes de protección de datos como Estados Miembros, con distintos niveles de protección y, especialmente, de reacción ante conductas que pudieran suponer una infracción de la norma. Y por otra, adaptar las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y a los fenómenos derivados del desarrollo exponencial de la sociedad de la información y la globalización que la misma conlleva en el tratamiento de los datos de carácter personal. El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa, al evolucionar desde el antiguo modelo de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que estaba basado en una serie de obligaciones a las que los responsables y encargados del tratamiento habían de sujetarse, unidas al reconocimiento de potestades reactivas de las autoridades de protección de datos, hacia un nuevo paradigma basado en lo que se denomina «enfoque de riesgo»; es decir, en la necesaria evaluación por los propios responsables y encargados del tratamiento de los riesgos que su actividad puede generar en el derecho fundamental para, a partir de esa valoración, adoptar las medidas que resulten necesarias para mitigarlos en todo lo que sea posible. Se evoluciona así hacia un modelo de responsabilidad activa, que exigirá a su vez una valoración dinámica de la actividad desarrollada por el sujeto obligado por la norma y la adopción de medidas tales como la privacidad desde el diseño y por defecto, la realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos o la implantación de medidas de seguridad técnicas y organizativas ajustadas en cada momento al estado de la técnica y a los riesgos derivados del tratamiento. En este modelo, por otra parte, las medidas de carácter organizativo, tales como la designación de un delegado de protección de datos, sobre el que recae la función de asesorar y supervisar las actividades de tratamiento de los responsables o encargados, adquieren un papel fundamental para la salvaguarda del derecho fundamental de los afectados. Finalmente, se fomenta el establecimiento de sistemas de autorregulación, incluyendo mecanismos de resolución extrajudicial de controversias, y el desarrollo de esquemas de certificación. El nuevo modelo de protección de datos de carácter personal tiene una incidencia notable en la organización y funciones tradicionales de la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que el Reglamento general de protección de datos refuerza las competencias de las autoridades de control que deberán contar con todos las funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, poderes correctivos y sancionadores, y poderes de autorización y consultivos previstos en el propio Reglamento y ha introducido los mecanismos que garanticen la necesaria coordinación y coherencia entre las diferentes autoridades de control europeas. Para ello, el Reglamento inviste a las autoridades de protección de datos de una total independencia, destacando en el considerando 117 que «el establecimiento en los Estados miembros de autoridades de control capacitadas para desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con plena independencia constituye un elemento esencial de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer más de una autoridad de control, a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y administrativa». A estos efectos, el citado Reglamento impone a los Estados miembros la adopción de un régimen jurídico específico que deberá establecerse mediante ley respecto de todos los elementos que recoge en su art ### RESUMEN: Nuevos estatutos de la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) para adaptarlos al reglamento europeo.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha supuesto en el ámbito de las Administraciones Públicas el compromiso de actuaciones coordinadas y planificadas, dirigidas a promover la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas públicas, siendo la política exterior una de ellas. Su artículo 15 señala que «el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las Administraciones Públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades». La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, contempla la igualdad de género como uno de los ámbitos de la Acción Exterior del Estado dando especial énfasis a «la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y a la erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior». En espera del próximo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que verá la luz en 2019, seguimos rigiéndonos por el Plan 2014-2016, el cual subraya que «la inclusión de medidas específicas de política exterior y cooperación es fundamental para seguir manteniendo un liderazgo y un reconocimiento en el contexto internacional y para consolidar la imagen internacional de España como país líder en el desarrollo de políticas de igualdad». En este marco, las presentes instrucciones aspiran a promover un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en actos en los que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación intervenga como organizador, colaborador o participante de conferencias, foros de debate, seminarios, etc., en el ámbito de sus competencias y con los objetivos siguientes: a) Consolidar y desarrollar medidas concretas y buenas prácticas que orienten y pongan de relieve de forma progresiva la necesidad de contrarrestar la pervivencia de determinados usos que contribuyen a la infrarrepresentación de las mujeres expertas como oradoras en foros de debate, conferencias, paneles y demás eventos públicos. b) Normalizar un creciente equilibrio de género en la esfera de la comunicación que enriquezca el debate público en materia de acción exterior, en todas sus dimensiones y áreas, así como el intercambio de ideas y ponga de relieve la irregularidad que supone la infrarrepresentación de uno u otro sexo y la pérdida de conocimiento y perspectivas diversas que ello conlleva. c) Unirse y apoyar el espíritu de numerosas políticas y campañas en la materia desarrolladas en el marco multilateral (IGC Panel Parity Pledge www.genderchampions.com) o de nuestro entorno europeo (movimientos como el francés «Jamais sans elles», o los europeos como EUPanelWatch, «The Brussels Binder» o DondeEstánEllas). En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dictan las siguientes instrucciones: Primera. Eventos organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En aquellos eventos organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 1. Se velará por integrar el criterio de equilibrio entre mujeres y hombres como principio para el diseño de las intervenciones y se evitarán en todo caso paneles compuestos exclusivamente por hombres o por mujeres. 2. Este principio se extenderá a los actos patrocinados y coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como los que se celebren en sus instalaciones. El criterio del equilibrio entre mujeres y hombres como principio de participación deberá quedar reflejado en los Convenios de colaboración que se celebren para la organización de eventos con otras Administraciones Públicas u otras entidades. Segunda. Eventos en los que participen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en foros, mesas o paneles, en España o en el país de acreditación. En aquellos eventos en los que participen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en foros, mesas o paneles, en España o en el país de acreditación: 1. Se primarán y alabarán en sus intervenciones, aquellos eventos cuyo diseño tenga una presencia equilibrada de mujeres y hombres. 2. En el caso de que se observe una composición exclusivamente integrada por hombres o por mujeres, se podrá proponer una representación alternativa de la Unidad, Embajada o Consulado, que tienda al reequilibrio. 3. Solo en última instancia, una vez se haya llamado la atención de los organizadores sobre ese desequilibrio y formulado propuestas constructivas con nombres alternativos de oradores u oradoras, se evaluará la posibilidad de declinar la participación. 4. Sin perjuicio de lo anterior, en el extranjero, en atención a las circunstancias políticas y sociales del país de acreditación, podrá ponderarse o incluso exceptuarse la participación en actos institucionales, tales como intervenciones en inauguración o clausura de eventos, así como en aquellos supuestos en los que la ausencia de equilibrio esté suficientemente justificada. Tercera. Aplicación de la presente orden. La presente orden será de aplicación en el ámbito del Ministerio. Los titulares de los centros directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación mismo difundirán y supervisarán el cumplimiento de esta instrucción en su ámbito de actuación. Madrid, 31 de enero de 2019.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell Fontelles.

Una orden del ministerio de Exteriores para “evitar” mesas compuestas solo por hombres o solo por mujeres en eventos que organicen o paguen. Si el evento lo organizan otros, se intentará remediar y se podrá declinar la invitación.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha supuesto en el ámbito de las Administraciones Públicas el compromiso de actuaciones coordinadas y planificadas, dirigidas a promover la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas públicas, siendo la política exterior una de ellas. Su artículo 15 señala que «el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las Administraciones Públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades». La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, contempla la igualdad de género como uno de los ámbitos de la Acción Exterior del Estado dando especial énfasis a «la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y a la erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior». En espera del próximo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que verá la luz en 2019, seguimos rigiéndonos por el Plan 2014-2016, el cual subraya que «la inclusión de medidas específicas de política exterior y cooperación es fundamental para seguir manteniendo un liderazgo y un reconocimiento en el contexto internacional y para consolidar la imagen internacional de España como país líder en el desarrollo de políticas de igualdad». En este marco, las presentes instrucciones aspiran a promover un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en actos en los que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación intervenga como organizador, colaborador o participante de conferencias, foros de debate, seminarios, etc., en el ámbito de sus competencias y con los objetivos siguientes: a) Consolidar y desarrollar medidas concretas y buenas prácticas que orienten y pongan de relieve de forma progresiva la necesidad de contrarrestar la pervivencia de determinados usos que contribuyen a la infrarrepresentación de las mujeres expertas como oradoras en foros de debate, conferencias, paneles y demás eventos públicos. b) Normalizar un creciente equilibrio de género en la esfera de la comunicación que enriquezca el debate público en materia de acción exterior, en todas sus dimensiones y áreas, así como el intercambio de ideas y ponga de relieve la irregularidad que supone la infrarrepresentación de uno u otro sexo y la pérdida de conocimiento y perspectivas diversas que ello conlleva. c) Unirse y apoyar el espíritu de numerosas políticas y campañas en la materia desarrolladas en el marco multilateral (IGC Panel Parity Pledge www.genderchampions.com) o de nuestro entorno europeo (movimientos como el francés «Jamais sans elles», o los europeos como EUPanelWatch, «The Brussels Binder» o DondeEstánEllas). En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dictan las siguientes instrucciones: Primera. Eventos organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En aquellos eventos organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: 1. Se velará por integrar el criterio de equilibrio entre mujeres y hombres como principio para el diseño de las intervenciones y se evitarán en todo caso paneles compuestos exclusivamente por hombres o por mujeres. 2. Este principio se extenderá a los actos patrocinados y coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como los que se celebren en sus instalaciones. El criterio del equilibrio entre mujeres y hombres como principio de participación deberá quedar reflejado en los Convenios de colaboración que se celebren para la organización de eventos con otras Administraciones Públicas u otras entidades. Segunda. Eventos en los que participen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en foros, mesas o paneles, en España o en el país de acreditación. En aquellos eventos en los que participen representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en foros, mesas o paneles, en España o en el país de acreditación: 1. Se primarán y alabarán en sus intervenciones, aquellos eventos cuyo diseño tenga una presencia equilibrada de mujeres y hombres. 2. En el caso de que se observe una composición exclusivamente integrada por hombres o por mujeres, se podrá proponer una representación alternativa de la Unidad, Embajada o Consulado, que tienda al reequilibrio. 3. Solo en última instancia, una vez se haya llamado la atención de los organizadores sobre ese desequilibrio y formulado propuestas constructivas con nombres alternativos de oradores u oradoras, se evaluará la posibilidad de declinar la participación. 4. Sin perjuicio de lo anterior, en el extranjero, en atención a las circunstancias políticas y sociales del país de acreditación, podrá ponderarse o incluso exceptuarse la participación en actos institucionales, tales como intervenciones en inauguración o clausura de eventos, así como en aquellos supuestos en los que la ausencia de equilibrio esté suficientemente justificada. Tercera. Aplicación de la presente orden. La presente orden será de aplicación en el ámbito del Ministerio. Los titulares de los centros directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación mismo difundirán y supervisarán el cumplimi ### RESUMEN: Una orden del ministerio de Exteriores para “evitar” mesas compuestas solo por hombres o solo por mujeres en eventos que organicen o paguen. Si el evento lo organizan otros, se intentará remediar y se podrá declinar la invitación.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE del 14), y en cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 007), se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por el CONSELL DELS IL-LUSTRES COL-LEGIS D´ADVOCATS DE CATALUNYA contra la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente resolución. Madrid, 10 de julio de 2014.–El Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page.

El Col-legi d'Advocats de Catalunya recurrió ante la Audiencia Nacional contra la Orden PRE/404/2014, por la que se convoca la prueba para ejercer la profesión

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE del 14), y en cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 007), se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por el CONSELL DELS IL-LUSTRES COL-LEGIS D´ADVOCATS DE CATALUNYA contra la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente resolución. Madrid, 10 de julio de 2014.–El Secretario General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno, David Villaverde Page. ### RESUMEN: El Col-legi d'Advocats de Catalunya recurrió ante la Audiencia Nacional contra la Orden PRE/404/2014, por la que se convoca la prueba para ejercer la profesión

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance número C-16/19, en méritos a lo acordado en Providencia del Excelentísimo señor Consejero de Cuentas, de fecha 12 de marzo de 2019, y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance número C-16/19, Sector Público Local (Inf. Fisc. oblig. ptes. aplic. Pto. con reparos contrarios informe Sª E.E.L.L., Ej. 2015 – Ayto. Benidorm), Alicante, por un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Benidorm, durante los meses de enero a mayo de 2015. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 12 de marzo de 2019.- Director Técnico y Secretario del Procedimiento, Diego Navarro Corbacho.

El Tribunal de Cuentas investiga qué pasó con unos fondos del Ayuntamiento de Benidorm entre enero y mayo de 2015.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance número C-16/19, en méritos a lo acordado en Providencia del Excelentísimo señor Consejero de Cuentas, de fecha 12 de marzo de 2019, y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance número C-16/19, Sector Público Local (Inf. Fisc. oblig. ptes. aplic. Pto. con reparos contrarios informe Sª E.E.L.L., Ej. 2015 – Ayto. Benidorm), Alicante, por un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Benidorm, durante los meses de enero a mayo de 2015. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 12 de marzo de 2019.- Director Técnico y Secretario del Procedimiento, Diego Navarro Corbacho. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga qué pasó con unos fondos del Ayuntamiento de Benidorm entre enero y mayo de 2015.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos. c) Número de expediente: Número de expediente: 20124402 - Número de contrato: 12003689. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Manutención y retirada de estiércol de los contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2013 y 2014. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15710000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de diciembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 555.784,40. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 252.629,28 euros. Importe total: 290.718,24 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2.013. b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2.013. c) Contratista: Gefosa, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 252.624,06 euros. Importe total: 290.712,54 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo. Barcelona, 12 de junio de 2013.- La Secretaria Delegada de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter.

Contrato a Gefosa, S.L. para la manutención y retirada de estiércol de los contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2013 y 2014 por importe total de 290.712,54 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos. c) Número de expediente: Número de expediente: 20124402 - Número de contrato: 12003689. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: Manutención y retirada de estiércol de los contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2013 y 2014. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 15710000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de diciembre de 2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 555.784,40. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 252.629,28 euros. Importe total: 290.718,24 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2.013. b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2.013. c) Contratista: Gefosa, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 252.624,06 euros. Importe total: 290.712,54 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Precio más bajo. Barcelona, 12 de junio de 2013.- La Secretaria Delegada de Prevención, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Amparo Romaní Guanter. ### RESUMEN: Contrato a Gefosa, S.L. para la manutención y retirada de estiércol de los contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2013 y 2014 por importe total de 290.712,54 euros.

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, Vengo en nombrar Consejero Diplomático de Mi Casa a don Alfonso Sanz Portolés. Dado en Madrid, el 7 de junio de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Alfonso Sanz Portolés sigue en Zarzuela como Consejero Diplomático.

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, Vengo en nombrar Consejero Diplomático de Mi Casa a don Alfonso Sanz Portolés. Dado en Madrid, el 7 de junio de 2019. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ### RESUMEN: Alfonso Sanz Portolés sigue en Zarzuela como Consejero Diplomático.

Suscrito el 18 de septiembre de 2017 el Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Tarragona, para la realización de inversiones y gastos de organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 19 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa. ANEXO Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Tarragona, para la realización de inversiones y gastos de organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018 En Tarragona, a 18 de septiembre de 2017. REUNIDOS De una parte, don José Ramón Lete Lasa, Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), con CIF Q-2828001-D y domicilio en la calle Martín Fierro n.º 5 (28040 Madrid), en nombre y representación de este organismo, en virtud de nombramiento realizado mediante Real Decreto 511/2016, de 18 de noviembre («BOE» n.º 280 de 19 de noviembre), y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5 del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes. De otra parte, don Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, con CIF P-4315000-B y domicilio en Plaça de la Font n.º 1 (43003 Tarragona), en nombre y representación del mismo y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal fin, EXPONEN Primero. Que el 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió a Tarragona como sede de los Juegos en el año 2017. Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo organizada en el marco del movimiento olímpico con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Segundo. Que tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como el Ayuntamiento de Tarragona, consideran que, para acometer este acontecimiento tan singular, resulta necesario desarrollar un proyecto que implique importantes recursos humanos, económicos, tecnológicos así como la dotación de equipamientos y construcción de instalaciones deportivas. Tercero. Que existe un Plan Director como herramienta básica de trabajo para identificar todos los proyectos necesarios para el desarrollo de los Juegos, que incorpora las acciones del Plan Estratégico de Comunicación y Promoción. Cuarto. Que en relación con lo anterior, el 18 de julio de 2013 ambas partes firmaron un Convenio Marco de colaboración para planificar las actuaciones a desarrollar por cada una de ellas, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, vigente en aquel momento, dicho convenio era el instrumento adecuado para la fijación de los criterios y el establecimiento de los programas que se acometerán entre ambos órganos administrativos. Quinto. Que con fecha 9 de septiembre de 2014 se firmó el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tarragona, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el CSD, y la Fundación Tarragona 2017, por el que se designa la comisión interadministrativa gestora del acontecimiento de excepcional interés público «Juegos del Mediterráneo 2017», a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Los Juegos Mediterráneos fueron declarados como acontecimiento de excepcional interés público en la mencionada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, basado en la potencialidad demostrada en el deporte asociado a la cultura como agente motor del desarrollo social. Se propone, con este acontecimiento promocionar los valores humanos y el conocimiento mutuo de los pueblos mediterráneos en torno al eje cultura-deporte. El objeto de estos juegos es, no solo conseguir un importante legado para España, empezando por Tarragona, sino fortalecer el entramado social y cultural mediante la participación activa del ciudadano en actividades diseñadas para mejorar la seguridad, convivencia, integración cultural o fomento del desarrollo turístico y la cultura deportiva. Sexto. Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte determina, en su artículo 1.2 que «La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado». Asimismo, el artículo 8.k) de dicha Ley establece que es competencia del CSD «Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Entidades Locales, los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de sus competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones». En este sentido, uno de los objetivos del CSD es cooperar y colaborar con las Entidades Locales en el desarrollo de competiciones internacionales que se celebren en España y en los que la participación se establezca a nivel estatal, contando con las preceptivas autorizaciones; y es misión de la Administración General del Estado, procurar el éxito de las mismas facilitando los medios orientados a dicho fin, comenzando por facilitar que dichas competiciones se desarrollen en instalaciones con un nivel óptimo de dotaciones deportivas. El CSD entiende que ahora, dada la proximidad en la celebración de dicho acontecimiento, se debe avanzar en el camino de colaboración ya iniciado mediante la propuesta de colaborar económicamente el desarrollo de los Juegos Mediterráneos en el año 2018, puesto que por la experiencia reconocida en otros acontecimientos de similares características, los beneficios de la organización y especialmente de las inversiones repercutirán tanto en la reputación de nuestro país, como en la economía local, el incremento en el número de puestos de trabajo y finalmente en el aumento de la práctica deportiva en la población. Por ello, el CSD y el Ayuntamiento de Tarragona firmaron el día 22 de octubre de 2015 un Convenio de colaboración, con motivo de la celebración de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, y que profundizaba en los acuerdos recogidos en el Convenio Marco inicial firmado el 18 de julio de 2013 entre ambas Entidades. Dicho acuerdo se consolida en este caso con la aprobación en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de dos partidas presupuestarias destinadas al Ayuntamiento de Tarragona para la celebración de este acontecimiento. El modelo para encauzar el principio de cooperación entre las administraciones y lograr los objetivos mencionados tomará la forma de convenio de colaboración, teniendo en cuenta el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, que señala que «los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado». En virtud de todo lo anteriormente citado y para regular dicha colaboración, las partes establecen el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. El objeto del presente Convenio es regular la colaboración entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ayuntamiento de Tarragona, para facilitar la realización de los gastos ordinarios e inversiones necesarias y directamente relacionadas con la celebración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018. Se incluyen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, sendas subvenciones que otorga el CSD al Ayuntamiento de Tarragona, que estarán destinadas una a cubrir gastos operativos del acontecimiento; y otra a la financiación de las obras necesarias a realizar en la piscina olímpica. Segunda. Compromisos conjuntos. 1. El CSD y el Ayuntamiento de Tarragona, acuerdan efectuar las siguientes actuaciones: a) Colaboración técnica en el diseño de los proyectos de los nuevos equipamientos deportivos y en los proyectos de remodelación de los actualmente existentes. b) Coordinación de las federaciones españolas con el objetivo de detectar y cubrir las necesidades inherentes a la organización técnica deportiva. c) Colaboración en la promoción de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 ante las federaciones deportivas nacionales e internacionales. d) Establecer canales de colaboración con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. e) Colaboración en el desarrollo de programas de tecnificación específicos con deportistas del ámbito de los municipios que albergan las sedes de los Juegos Mediterráneos de Tarragona. f) Colaboración en otras materias, como sanidad o seguridad que se estimen convenientes. 2. El CSD y el Ayuntamiento de Tarragona podrán suscribir otros convenios específicos de colaboración, en los que se recojan las actuaciones concretas a desarrollar por cada entidad, en los ámbitos recogidos en el apartado anterior. Tercera. Compromisos del CSD. Financiación. El CSD se compromete en el ejercicio 2017 a: a) Otorgar una subvención al Ayuntamiento de Tarragona para sufragar los gastos operativos de los Juegos del Mediterráneo 2018 autorizados por la Comisión Mixta mencionada en la cláusula Séptima de este Convenio, por un importe de 3.750.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 336A 461 del presupuesto del CSD para el ejercicio 2017. Asimismo, el CSD se ha comprometido para los ejercicios 2017 y 2018 en los siguientes términos: Durante los ejercicios 2017 y 2018, el Consejo Superior de Deportes destinará la suma de las cantidades detraídas en función de lo dispuesto en el apartado siguiente, para apoyo a la celebración de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, hasta un máximo de importe de 3.750.000 euros. En virtud de lo establecido en el apartado 1.b) de la Disposición adicional nonagésima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que establece «Reglas especiales para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 aplicables a disposición adicional tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego», esta cantidad no tendrá la consideración de entregas a cuenta a los efectos de aplicar el apartado segundo de la disposición adicional tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. b) Otorgar una subvención al Ayuntamiento de Tarragona para colaborar en la construcción de una piscina olímpica para los Juegos Mediterráneos 2018, por importe de 3.000.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 336A 761 del presupuesto del CSD para el ejercicio 2017. Cuarta. Compromisos del Ayuntamiento de Tarragona. 1. El Ayuntamiento de Tarragona se compromete a: a) Destinar la subvención otorgada en el Programa 336A concepto 461 del Presupuesto del CSD que asciende a tres millones setecientos cincuenta mil euros (3.750.000,00 euros) a gastos operativos de organización del acontecimiento, aprobados por la comisión mixta. b) Destinar la subvención Programa 336A concepto 761 del Presupuesto del CSD, que asciende a tres millones de euros (3.000.000 €), a la construcción de la piscina olímpica. c) Justificar la inversión de los fondos percibidos de conformidad con la cláusula Sexta de este Convenio y someterse a las actuaciones de comprobación del CSD, aportando cuanta información le sea requerida. d) Comunicar al CSD la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionas, a efectos de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. e) Cumplir las demás obligaciones impuestas en el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a lo estipulado en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. f) Incluir la imagen institucional del CSD en aquellas instalaciones o actividades para las que haya recibido subvención de este Organismo. Quinta. Disposición de fondos. Se entiende que la naturaleza de las subvenciones justifica que se realicen los dos pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a las subvenciones referidas en la cláusula cuarta, en los términos contenidos en la cláusula tercera. Respecto a la subvención nominativa detallada en la aplicación presupuestaria 336A 761 del presupuesto del CSD para el ejercicio 2017, procede especificar lo siguiente: En el convenio firmado en el año 2016 entre el CSD y el Ayuntamiento, se establecía que, finalizado el ejercicio presupuestario 2016, debía procederse a realizar la liquidación definitiva de las entregas a cuenta llevadas a cabo durante el ejercicio 2016 en la forma prevista en el apartado tres de la disposición adicional tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Esta liquidación había de llevarse a cabo en función de la recaudación efectiva obtenida por el impuesto de actividades del juego en relación con las apuestas mutuas deportivas, procediéndose a minorar o a incrementar dicha cantidad presupuestada. Comprobada que la recaudación efectiva obtenida en el ejercicio 2016, ha sido menor a la cantidad entregada a cuenta al Ayuntamiento de Tarragona por un importe total de doscientos treinta mil trescientos cincuenta y cinco euros con noventa y un céntimos (230.355,91 €), corresponde ahora llevar a cabo la liquidación por este importe minorando la cantidad a entregar con cargo al Programa 336A concepto 761. En consecuencia, la transferencia que el CSD emitirá al Ayuntamiento de Tarragona ascenderá a la cantidad de dos millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro euros con nueve céntimos (2.769.644,09 €). La cantidad a justificar por este concepto, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del presente Convenio será de tres millones de euros (3.000.000 €). El Ayuntamiento de Tarragona podrá ejecutar las obras directamente o a través de la Sociedad de capital íntegro Municipal «Serveis Municipals d’Habitatge i Actuacions Urbanes S.A. (SMHAUSA), que tiene la naturaleza de medio propio del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, además de comunicar al CSD el encargo realizado en este sentido, deberá aportar necesariamente las tarifas actualizas de la Sociedad, la Escritura de Constitución de la misma (donde figure que en su objeto social se encuentran las actividades de construcción y remodelación de edificios y/o instalaciones) y el Proyecto de obra y su presupuesto. En este caso, se considerarán válidas las certificaciones de obra parciales y final emitidas por dicha Sociedad, con los pertinentes certificados emitidos por el Ayuntamiento. En todo caso, el Ayuntamiento cumplirá en todo momento con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, el Ayuntamiento ha de cumplir el resto de los requisitos que, para ser beneficiario de estas subvenciones, se señalan en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El CSD podrá, a través de sus servicios técnicos, realizar cuantas inspecciones estime pertinentes para comprobar la realidad de lo certificado por el Ayuntamiento. Sexta. Justificación. a) Respecto a la subvención contemplada en la aplicación presupuestaria 336A 461 del presupuesto del CSD para el ejercicio 2017, por un importe de tres millones setecientos cincuenta mil euros (3.750.000,00 euros), el plazo para la realización de la actividad subvencionable se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018. En lo que referente a la subvención nominativa concedida con cargo a la aplicación presupuestaria 336A 761 del presupuesto del CSD para el ejercicio 2017, por tres millones de euros (3.000.000 €), el plazo para la realización de la actividad subvencionable se extiende desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de junio 2018. b) En ambos casos, el plazo máximo de rendición de la cuenta justificativa se establece en seis meses desde la finalización del plazo de realización de la actividad respectiva. c) La justificación de la subvención se documentará, de conformidad el artículo 72 del Reglamento subvenciones, a través de la modalidad de Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación: 1. Una memoria de actuación, con indicación de las actividades realizadas aprobadas por la Comisión Mixta regulada en la cláusula séptima, firmada por los miembros de la misma o personas por ellos designadas. Los cambios en las actuaciones propuestas por la Comisión Mixta deberán estar también aprobados por la Comisión. 2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: a) Una relación clasificada y totalizada de los gastos e inversiones financiados por el CSD, con identificación del número de orden, acreedor, importe, fecha de emisión y fecha de pago. b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. A estos efectos, sólo se considerará como gasto subvencionable el importe del IVA incluido en las facturas cuando el beneficiario último de la subvención acredite que el IVA no es deducible. Finalizado el periodo de realización de la actividad, el pago podrá completarse durante el plazo de justificación. El Ayuntamiento de Tarragona, como administración pública, deberá incorporar una copia compulsada de los expedientes de contratación completos de cada uno de los gastos que realice en aplicación de la subvención. En el caso de expedientes de obras, hasta la certificación final de obra con su acta de recepción correspondiente. c) Una relación clasificada y totalizada de los gastos e inversiones financiados por otros ingresos o subvenciones con el mismo detalle. d) Un Certificado con el detalle de todos los ingresos o subvenciones, incluidas las subvenciones del CSD que, en su caso, hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe, procedencia y aplicación. En caso de subvenciones recibidas globalmente para otras actuaciones, se hará una discriminación de la cantidad que irá dedicada a la actividad subvencionada. d) En el caso concreto de la subvención otorgada para acometer gastos operativos del acontecimiento, procede además especificar lo siguiente: – El Ayuntamiento de Tarragona, para el cumplimiento de los fines de la subvención, podrá gestionar los gastos operativos de los Juegos del Mediterráneo 2018 directamente o a través de la Fundación de los Juegos del Mediterráneo, la justificación de los mismos, deberá ser realizada por el propio Ayuntamiento ya sea mediante justificantes de gasto del propio Ayuntamiento como entidad beneficiaria de la subvención o mediante justificantes de gasto de la Fundación, en la parte de la subvención de la que sea última beneficiaria. En este caso, además de comunicar al CSD el importe gestionado por la Fundación Tarragona 2018, deberá aportar necesariamente la Escritura de Constitución de la misma (donde figure que en su objeto social se encuentra la organización de los Juegos del Mediterráneo 2018), así como el presupuesto de gastos operativos –aprobado por la Comisión Mixta–, junto con las facturas y demás justificantes de gasto y pago del total de la actividad subvencionada que deberán formar parte de la cuenta justificativa que rendirá el Ayuntamiento de Tarragona al CSD. En este caso, se considerarán válidos los justificantes emitidos por dicha Fundación, con los pertinentes certificados de conformidad emitidos por el Ayuntamiento. Séptima. Comisión Mixta. Se crea una Comisión Mixta de carácter paritario para la aprobación de gastos operativos, elaboración de las propuestas concretas de actuación, de acuerdo con los objetivos y programas a los que se refiere el presente Convenio, así como para su seguimiento posterior, una vez hayan sido aprobados. Esta Comisión podrá evaluar el desarrollo del Convenio, interpretará y resolverá las dudas que se originen, y aprobará las modificaciones que por causas no previstas fuera necesario introducir. La Comisión Mixta podrá actuar bien mediante reuniones presenciales, o por los medios telemáticos y/o electrónicos oportunos, levantándose las correspondientes actas. El régimen jurídico de esta Comisión será el previsto para los Órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en la Sección Tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Los miembros de cada una de las partes serán: Por el CSD: • El Director General de Deportes. • El Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva. • El Subdirector General de Alta Competición. Estas personas podrán ser suplidas por quien, eventualmente, designe el Director General de Deportes. Por el Ayuntamiento de Tarragona: • 2.ª Teniente de Alcalde de Servicios Centrales, Economía, Hacienda y Seguridad. • 3.er Teniente de Alcalde y Comisionado de Alcaldía para la organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017. • Secretario General de la Corporación. La Secretaría será ejercida por uno de los miembros designados por el Ayuntamiento. Octava. Vigencia, modificación y extinción. Según lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicados en el Boletín Oficial del Estado. En consecuencia, el presente Convenio será efectivo una vez cumplidos los trámites previstos en el mencionado artículo, fijando un período de vigencia que abarca desde el 1 de enero de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 2018. El presente Convenio podrá ser modificado por voluntad de ambas partes, mediante la suscripción del oportuno acuerdo de modificación; siempre y cuando se formalice antes de la finalización del plazo de duración del mismo. En todo caso, las modificaciones pactadas así como los términos en los que éstas tomen cuerpo, se incorporarán como Adenda al presente Convenio y se tramitarán siempre de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público; y siempre sin sobrepasar el límite temporal establecido en la mencionada norma, tal como se recoge en el párrafo anterior. Serán causas de resolución del presente convenio: – El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. – El acuerdo unánime de todos los firmantes. – El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la comisión mixta del convenio y a las demás partes firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio: – Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. – Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. Novena. Naturaleza y Régimen Jurídico. Este convenio es de naturaleza jurídico administrativa, se rige por lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se suscribe al amparo de lo previsto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse durante su desarrollo y ejecución. Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, que no hayan sido resueltas por la Comisión Mixta prevista en la cláusula séptima del Convenio, deberán solventarse por acuerdo de las partes. Si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada Jurisdicción. Y, para que conste, en prueba de conformidad, ambas partes firman este documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por el Consejo Superior de Deportes, el Presidente, José Ramón Lete Lasa.–Por el Ayuntamiento de Tarragona, el Alcalde, Josep Félix Ballesteros Casanova.

Convenio CSD y Tarragona para los Juegos del Mediterráneo 2018, con las ayudas para llevarlo a cabo.

Suscrito el 18 de septiembre de 2017 el Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Tarragona, para la realización de inversiones y gastos de organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 19 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa. ANEXO Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Tarragona, para la realización de inversiones y gastos de organización de los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018 En Tarragona, a 18 de septiembre de 2017. REUNIDOS De una parte, don José Ramón Lete Lasa, Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), con CIF Q-2828001-D y domicilio en la calle Martín Fierro n.º 5 (28040 Madrid), en nombre y representación de este organismo, en virtud de nombramiento realizado mediante Real Decreto 511/2016, de 18 de noviembre («BOE» n.º 280 de 19 de noviembre), y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5 del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes. De otra parte, don Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, con CIF P-4315000-B y domicilio en Plaça de la Font n.º 1 (43003 Tarragona), en nombre y representación del mismo y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad para la firma del presente Convenio y, a tal fin, EXPONEN Primero. Que el 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió a Tarragona como sede de los Juegos en el año 2017. Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo organizada en el marco del movimiento olímpico con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Segundo. Que tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como el Ayuntamiento de Tarragona, consideran que, para acometer este acontecimiento tan singular, resulta necesario desarrollar un proyecto que implique importantes recursos humanos, económicos, tecnológicos así como la dotación de equipamientos y construcción de instalaciones deportivas. Tercero. Que existe un Plan Director como herramienta básica de trabajo para identificar todos los proyectos necesarios para el desarrollo de los Juegos, que incorpora las acciones del Plan Estratégico de Comunicación y Promoción. Cuarto. Que en relación con lo anterior, el 18 de julio de 2013 ambas partes firmaron un Convenio Marco de colaboración para planificar las actuaciones a desarrollar por cada una de ellas, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, vigente en aquel momento, dicho convenio era el instrumento adecuado para la fijación de los criterios y el establecimiento de los programas que se acometerán entre ambos órganos administrativos. Quinto. Que con fecha 9 de septiembre de 2014 se firmó el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tarragona, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el CSD, y la Fundación Tarragona 2017, por el que se designa la comisión interadministrativa gestora del acontecimiento de excepcional interés público «Juegos del Mediterráneo 2017», a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Los Juegos Mediterráneos fueron declarados como acontecimiento de excepcional interés público en la mencionada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, basado en la potencialidad demostrada en el deporte asociado a la cultura como agente motor del desarrollo social. Se propone, con este acontecimiento promocionar los valores humanos y el conocimiento mutuo de los pueblos mediterráneos en torno al eje cultura-deporte. El objeto de estos juegos es, no solo conseguir un importante legado para España, empezando por Tarragona, sino fortalecer el entramado social y cultural mediante la participación activa del ciudadano en actividades diseñadas para mejorar la seguridad, convivencia, integración cultural o fomento del desarrollo turístico y la cultura deportiva. Sexto. Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte determina, en su artículo 1.2 que «La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado». Asimismo, el artículo 8.k) de dicha Ley establece que es competencia del CSD «Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Entidades Locales, los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de sus competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones». En este sentido, uno de los objetivos del CSD es cooperar y colaborar con las Entidades Locales en el desarrollo de competiciones internacionales que se celebren en España y en los que la participación se establezca a nivel estatal, contando con las preceptivas autorizaciones; y es misión de la Administración General del Estado, procurar el éxito de las mismas facilitando los medios orientados a dicho fin, comenzando por facilitar que dichas competiciones se desarrollen en inst ### RESUMEN: Convenio CSD y Tarragona para los Juegos del Mediterráneo 2018, con las ayudas para llevarlo a cabo.

Primero.- Entidad Adjudicadora: a) Organismo: Aena S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Ordinaria b) Procedimiento: Abierto c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones Cuarto.- Obtención de documentación: a) Entidad: Aena, S.A. b) Dirección: C/ Peonías, 12 c) Planta: Registro General d) Código postal y localidad: 28042 Madrid e) Teléfono: 91 3212710 f) Fax: 91 3212712 Quinto.- Presentación de las ofertas. a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 27 de febrero de 2017 b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones c) Lugar de presentación: Entidad: Aena S.A. Dirección: C/ Peonías, 12 Planta: Registro General Código Postal y localidad: 28042 Madrid El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses. Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través de anuncio de perfil de contratante. Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s. Condiciones Específicas de la Licitación. Expediente: DCP 657/2016 Título: Diseño, montaje y producción de la puesta en escena, elementos de imagen y logística, Junta General de Accionistas de AENA-2017. Lugar de ejecución: Madrid Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 210.000,00 euros Plazo de ejecución: 4 Mes(es) Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares Obtención de información: Dirección Comunicación y Relaciones Institucionales y Dirección de Contratación (Nota: Más información en http://www.aena.es) Madrid, 20 de enero de 2017.- El Consejero Delegado de Aena. Por Delegación: Mariano de las Heras Gutiérrez, Jefe Departamento Tramitación de Expedientes. (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

Aena presupuesta en 210.000,00 euros el diseño, montaje, puesta en escena y logística de su junta de accionistas

Primero.- Entidad Adjudicadora: a) Organismo: Aena S.A. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación: a) Tramitación: Ordinaria b) Procedimiento: Abierto c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones Cuarto.- Obtención de documentación: a) Entidad: Aena, S.A. b) Dirección: C/ Peonías, 12 c) Planta: Registro General d) Código postal y localidad: 28042 Madrid e) Teléfono: 91 3212710 f) Fax: 91 3212712 Quinto.- Presentación de las ofertas. a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 27 de febrero de 2017 b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones c) Lugar de presentación: Entidad: Aena S.A. Dirección: C/ Peonías, 12 Planta: Registro General Código Postal y localidad: 28042 Madrid El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses. Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través de anuncio de perfil de contratante. Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s. Condiciones Específicas de la Licitación. Expediente: DCP 657/2016 Título: Diseño, montaje y producción de la puesta en escena, elementos de imagen y logística, Junta General de Accionistas de AENA-2017. Lugar de ejecución: Madrid Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 210.000,00 euros Plazo de ejecución: 4 Mes(es) Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares Obtención de información: Dirección Comunicación y Relaciones Institucionales y Dirección de Contratación (Nota: Más información en http://www.aena.es) Madrid, 20 de enero de 2017.- El Consejero Delegado de Aena. Por Delegación: Mariano de las Heras Gutiérrez, Jefe Departamento Tramitación de Expedientes. (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994). ### RESUMEN: Aena presupuesta en 210.000,00 euros el diseño, montaje, puesta en escena y logística de su junta de accionistas

La Estrategia España Nación Emprendedora, presentada por el Presidente del Gobierno el 11 de febrero de 2021, es una pieza clave para la transformación económica y social de nuestro país. Este documento vertebra la apuesta del Gobierno de la Nación para posicionar a España como país de referencia en emprendimiento e innovación en un horizonte temporal a diez años. España Nación Emprendedora se configura como misión de país con el fin de transformar España, basándose en el emprendimiento innovador, apoyándose en los sectores tractores de nuestro tejido productivo y favoreciendo así un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. La misión de país que supone la Estrategia España Nación Emprendedora exige el diseño de una gobernanza que refleje de forma fidedigna la necesidad de avanzar en múltiples frentes y con la contribución de diferentes niveles de actores, tanto en el ámbito público y privado, como en el plano nacional, autonómico y local. La gobernanza de esta Estrategia quiere dar respuestas a estas cuestiones y plantear un modelo que garantice, en primer lugar, alcanzar el objetivo de la misión, promoviendo para ello la cooperación entre los actores que conforman la Estrategia y así poder asegurar el control del avance de la misma y la evaluación de sus resultados. Asimismo, se persigue implicar a todos los niveles del sector público en su ejecución, creándose así espacios y sinergias de colaboración público-privada que permita la participación del sector privado y promueva por tanto su implicación en la propia la Estrategia. Inspirados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17, que incide en el establecimiento de alianzas que coadyuven a alcanzar los ODS entre los diferentes niveles administrativos, entre el mundo privado y el público, contando para ello con la colaboración del tercer sector, se plantea un modelo de gobernanza que refleje también esta necesidad de hacer de las alianzas entre distintos niveles y sectores un impulso común para dotar a nuestro país de un modelo económico resiliente y de futuro. El principal objetivo del sistema de gobernanza de esta Estrategia es apoyar la consecución de los objetivos y actuaciones que esta plantea. Para conseguirlo, se plantean instrumentos a niveles distintos, buscando siempre la máxima inclusión de actores, pero asegurando a su vez la agilidad de ejecución que permita avanzar en la misión de país. En este contexto y con el fin de asesorar al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en el desarrollo de esta misión de país, se crea el Consejo Asesor de España Nación Emprendedora, que reunirá a profesionales especialistas en distintas disciplinas y ámbitos relacionados con el emprendimiento y la innovación. Esta orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta Orden ministerial tiene por objeto la creación y regulación del Consejo Asesor para España Nación Emprendedora con la finalidad de ser un órgano asesor, de colaboración y que sirva de cauce para la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la Estrategia España Nación Emprendedora. Artículo 2. Naturaleza y adscripción orgánica. El Consejo Asesor para España Nación Emprendedora se constituye como comisión de trabajo de las previstas en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Consejo está adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Artículo 3. Funciones. El Consejo Asesor para España Nación Emprendedora tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en el desarrollo y ejecución de la Estrategia. b) Generar documentos y realizar análisis sobre aspectos relacionados con la implantación de la Estrategia, así como del estado del emprendimiento innovador en nuestro país. c) Contribuir a la divulgación, a la comunicación y a la apropiación de la misión de país por parte del conjunto de la ciudadanía española. d) Impulsar el diálogo entre todos los agentes sociales y económicos para contribuir a los objetivos de la Estrategia y de la misión de país para hacer de España una nación emprendedora. Artículo 4. Composición. 1. La presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; la vicepresidencia primera corresponderá a la persona titular de la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; y la vicepresidencia segunda corresponderá, con carácter rotatorio cada dos años, a un vocal representante elegido por el Pleno del Consejo de entre sus miembros. 2. La secretaría del Consejo la ejercerá, con voz y sin voto, una persona perteneciente al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, designada por la presidencia del Consejo. 3. Habrá un mínimo de veinticinco y un máximo de cincuenta vocales, elegidos entre personas expertas y profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito del emprendimiento innovador, reflejo de la realidad y la diversidad del ecosistema emprendedor. 4. Los miembros del Consejo desarrollarán sus tareas con total autonomía y estarán sujetos a un deber de confidencialidad sobre el contenido de las reuniones. 5. El Consejo podrá invitar a asistir a sus reuniones, con voz, pero sin voto, a toda persona a título personal o en representación de alguna institución que se considere oportuno y en función de los asuntos que se traten. 6. La composición del Consejo será paritaria, y en la designación de vocales se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Artículo 5. Nombramiento y cese. 1. Los miembros del Consejo serán nombrados por la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. El nombramiento de los vocales será por un periodo de dos años renovables, si bien podrá revocarse libremente por la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, cuando esta aprecie la pérdida de los requisitos que determinaron su designación, previa audiencia del interesado. 2. En todo caso, los vocales cesarán por renuncia, por finalización del tiempo de su mandato, por incapacidad permanente, por la pérdida de los requisitos que determinaron su designación, apreciada por decisión de la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en los términos previstos en el apartado anterior. Artículo 6. De la presidencia, las vicepresidencias y la secretaría. 1. Corresponde a la persona titular de la presidencia del Consejo Asesor para España Nación Emprendedora: a) La representación general del Consejo en su ámbito de competencias. b) La presidencia de las reuniones del Consejo. c) La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 2. Corresponde a las personas titulares de las vicepresidencias: a) La sustitución de la persona que ostente la presidencia en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por el correspondiente orden de prelación recogido en el artículo 4.1 de esta Orden. b) El apoyo a la persona que ostente la presidencia en el mantenimiento y coordinación del funcionamiento del Consejo. c) Las demás funciones que le atribuya la persona que ostente la presidencia. 3. Corresponde a la persona que ostente la secretaría: a) La preparación del orden del día de las convocatorias. b) Las tareas de archivo, documentación y servicios de apoyo técnico al Consejo. c) La convocatoria, por orden de la persona titular de la Presidencia, de sus reuniones y levantar las correspondientes actas. Artículo 7. Funcionamiento. 1. El Consejo podrá actuar en Pleno y en Comisión Permanente. 2. El Pleno estará constituido por la persona titular de la presidencia, las personas que ostenten las vicepresidencias y el resto de vocales designados en representación del ecosistema emprendedor e innovador. Se reunirá una vez al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria, a petición de la propia presidencia de manera justificada por la urgencia o importancia de los temas a tratar. 3. La Comisión Permanente estará compuesta por una persona en representación del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, que la presidirá, y quince vocales designados, entre los miembros del Consejo, por la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. La Comisión Permanente se reunirá al menos dos veces al año, y ejercerá las funciones de preparación y coordinación de los trabajos para el desarrollo de las sesiones plenarias y aquellas otras que le delegue el Pleno. 4. La persona titular de la presidencia del Consejo podrá constituir ponencias especializadas de carácter temporal para el estudio de asuntos concretos. Estas ponencias, que tendrán la consideración de grupos de trabajo del Consejo, estarán presididas por uno de los miembros del Consejo, designado por la persona titular de la presidencia. Sus informes no tendrán carácter vinculante. 5. Los informes del Pleno, de la Comisión Permanente y de las ponencias no tendrán carácter vinculante. 6. En lo no previsto por la presente Orden, el Consejo Asesor para España Nación Emprendedora ajustará su funcionamiento a las normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en la sección 3.ª del capítulo II, del título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Artículo 8. Medios personales y materiales. El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora facilitará los medios personales y materiales necesarios para el funcionamiento del Consejo. Artículo 9. Régimen económico. 1. Los miembros del Consejo Asesor para España Nación Emprendedora no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones en dicho Consejo. 2. Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal, salvo en cuanto a los gastos de desplazamiento o manutención se refiere que sean necesarios para el normal funcionamiento del Consejo. Disposición final única. Fecha de efectos. La presente Orden ministerial producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 1 de septiembre de 2021.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.

Creación del Consejo asesor para España nación emprendedora. 3 cosas: 1) Los 25-50 vocales no cobrarán nada 2) Las reuniones son confidenciales.

La Estrategia España Nación Emprendedora, presentada por el Presidente del Gobierno el 11 de febrero de 2021, es una pieza clave para la transformación económica y social de nuestro país. Este documento vertebra la apuesta del Gobierno de la Nación para posicionar a España como país de referencia en emprendimiento e innovación en un horizonte temporal a diez años. España Nación Emprendedora se configura como misión de país con el fin de transformar España, basándose en el emprendimiento innovador, apoyándose en los sectores tractores de nuestro tejido productivo y favoreciendo así un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. La misión de país que supone la Estrategia España Nación Emprendedora exige el diseño de una gobernanza que refleje de forma fidedigna la necesidad de avanzar en múltiples frentes y con la contribución de diferentes niveles de actores, tanto en el ámbito público y privado, como en el plano nacional, autonómico y local. La gobernanza de esta Estrategia quiere dar respuestas a estas cuestiones y plantear un modelo que garantice, en primer lugar, alcanzar el objetivo de la misión, promoviendo para ello la cooperación entre los actores que conforman la Estrategia y así poder asegurar el control del avance de la misma y la evaluación de sus resultados. Asimismo, se persigue implicar a todos los niveles del sector público en su ejecución, creándose así espacios y sinergias de colaboración público-privada que permita la participación del sector privado y promueva por tanto su implicación en la propia la Estrategia. Inspirados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 17, que incide en el establecimiento de alianzas que coadyuven a alcanzar los ODS entre los diferentes niveles administrativos, entre el mundo privado y el público, contando para ello con la colaboración del tercer sector, se plantea un modelo de gobernanza que refleje también esta necesidad de hacer de las alianzas entre distintos niveles y sectores un impulso común para dotar a nuestro país de un modelo económico resiliente y de futuro. El principal objetivo del sistema de gobernanza de esta Estrategia es apoyar la consecución de los objetivos y actuaciones que esta plantea. Para conseguirlo, se plantean instrumentos a niveles distintos, buscando siempre la máxima inclusión de actores, pero asegurando a su vez la agilidad de ejecución que permita avanzar en la misión de país. En este contexto y con el fin de asesorar al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en el desarrollo de esta misión de país, se crea el Consejo Asesor de España Nación Emprendedora, que reunirá a profesionales especialistas en distintas disciplinas y ámbitos relacionados con el emprendimiento y la innovación. Esta orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. Esta Orden ministerial tiene por objeto la creación y regulación del Consejo Asesor para España Nación Emprendedora con la finalidad de ser un órgano asesor, de colaboración y que sirva de cauce para la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la Estrategia España Nación Emprendedora. Artículo 2. Naturaleza y adscripción orgánica. El Consejo Asesor para España Nación Emprendedora se constituye como comisión de trabajo de las previstas en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Consejo está adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. Artículo 3. Funciones. El Consejo Asesor para España Nación Emprendedora tendrá las siguientes funciones: a) Asesorar al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora en el desarrollo y ejecución de la Estrategia. b) Generar documentos y realizar análisis sobre aspectos relacionados con la implantación de la Estrategia, así como del estado del emprendimiento innovador en nuestro país. c) Contribuir a la divulgación, a la comunicación y a la apropiación de la misión de país por parte del conjunto de la ciudadanía española. d) Impulsar el diálogo entre todos los agentes sociales y económicos para contribuir a los objetivos de la Estrategia y de la misión de país para hacer de España una nación emprendedora. Artículo 4. Composición. 1. La presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; la vicepresidencia primera corresponderá a la persona titular de la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; y la vicepresidencia segunda corresponderá, con carácter rotatorio cada dos años, a un vocal representante elegido por el Pleno del Consejo de entre sus miembros. 2. La secretaría del Consejo la ejercerá, con voz y sin voto, una persona perteneciente al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, designada por la presidencia del Consejo. 3. Habrá un mínimo de veinticinco y un máximo de cincuenta vocales, elegidos entre personas expertas y profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito del emprendimiento innovador, reflejo de la realidad y la diversidad del ecosistema emprendedor. 4. Los miembros del Consejo desarrollarán sus tareas con total autonomía y estarán sujetos a un deber de confidencialidad sobre el contenido de las reuniones. 5. El Consejo podrá invitar a asistir a sus reuniones, con voz, pero sin voto, a toda persona a título personal o en representación de alguna institución que se considere oportuno y en función de los asuntos que se tra ### RESUMEN: Creación del Consejo asesor para España nación emprendedora. 3 cosas: 1) Los 25-50 vocales no cobrarán nada 2) Las reuniones son confidenciales.

Visto el texto de las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del sector de empresas de naturopatía y profesionales naturópatas (Código de Convenio n.º 99100135012013), que fue suscrito con fecha 17 de junio de 2013, de una parte por la Organización Nacional de Empresarios Naturópatas (ONEN) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 17 de marzo de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA N.º 2 DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO GENERAL MARCO ESTATAL PARA LOS SERVICIOS DE NATUROPATÍA Y PROFESIONALES NATURÓPATAS Asistentes: Por las empresas: ONEN: Luis Molero Alfageme. Amadeli Diaz Carrasco. Por las OO.SS.: FSP-UGT: Pilar Navarro Barrios. Blanca Enríquez Saenz de Santamaría. Celso Sánchez García. Julio Cebrián Ugarte. Madrid, siendo las 11:30 horas del día 03 de marzo de 2016, en la sede de la FSP-UGT, Avenida de América, 25 - 3ª planta asisten, en representación de las organizaciones sindicales y empresariales convocadas, las personas relacionadas más arriba. En dicha reunión, la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General Marco Estatal para los Servicios de Naturopatía y Profesionales Naturópatas, aprueba las tablas salariales para el año 2016, que se acompañan como Anexo al presente Acta y autoriza a D. Celso Sánchez García a proceder al registro de las mismas. Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión. POR ONEN POR FSP-UGT ANEXO I Retribuciones básicas 2016 Tabla retributiva 2016 Grupo profesional Categoría profesional Área Nivel salarial Salario base Paga junio Paga diciembre 1 Gerente. Gestión y Administración. I 920,82 920,82 920,82 1 Director. I 920,82 920,82 920,82 1 Administrador. I 920,82 920,82 920,82 1 Director Territorial. I 920,82 920,82 920,82 2 Coordinador. II 818.50 818.50 818.50 2 Oficial administrativo. II 818.50 818.50 818.50 2 Técnico informático. II 818.50 818.50 818.50 3 Auxiliar administrativo. VI 691.54 691.54 691.54 3 Telefonista/Recepcionista. VI 691.54 691.54 691.54 4 Naturólogo. Asistencial. II 818.50 818.50 818.50 4 Maestro. II 818.50 818.50 818.50 4 Consultor especialista. II 818.50 818.50 818.50 5 Naturópata Especialista. III 791.28 791.28 791.28 5 Profesor. III 791.28 791.28 791.28 5 Consultor Técnico. III 791.28 791.28 791.28 6 Naturópata Grado 1. IV 776.25 776.25 776.25 6 Monitor. IV 776.25 776.25 776.25 6 Asesor Técnico. IV 776.25 776.25 776.25 7 Ayudante en Naturopatía. VI 691.54 691.54 691.54 7 Auxiliar en Naturopatía. VI 691.54 691.54 691.54 8 Naturópata Grado 2. Servicios. IV 776.25 776.25 776.25 9 Naturópata Grado 3. V 762.13 762.13 762.13 10 Ayudante de oficios varios. VI 691.54 691.54 691.54 10 Personal no cualificado. VI 691.54 691.54 691.54

Convenio colectivo de naturópatas.

Visto el texto de las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del sector de empresas de naturopatía y profesionales naturópatas (Código de Convenio n.º 99100135012013), que fue suscrito con fecha 17 de junio de 2013, de una parte por la Organización Nacional de Empresarios Naturópatas (ONEN) en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 17 de marzo de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA N.º 2 DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO GENERAL MARCO ESTATAL PARA LOS SERVICIOS DE NATUROPATÍA Y PROFESIONALES NATURÓPATAS Asistentes: Por las empresas: ONEN: Luis Molero Alfageme. Amadeli Diaz Carrasco. Por las OO.SS.: FSP-UGT: Pilar Navarro Barrios. Blanca Enríquez Saenz de Santamaría. Celso Sánchez García. Julio Cebrián Ugarte. Madrid, siendo las 11:30 horas del día 03 de marzo de 2016, en la sede de la FSP-UGT, Avenida de América, 25 - 3ª planta asisten, en representación de las organizaciones sindicales y empresariales convocadas, las personas relacionadas más arriba. En dicha reunión, la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General Marco Estatal para los Servicios de Naturopatía y Profesionales Naturópatas, aprueba las tablas salariales para el año 2016, que se acompañan como Anexo al presente Acta y autoriza a D. Celso Sánchez García a proceder al registro de las mismas. Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas, se levanta la sesión. POR ONEN POR FSP-UGT ANEXO I Retribuciones básicas 2016 Tabla retributiva 2016 Grupo profesional Categoría profesional Área Nivel salarial Salario base Paga junio Paga diciembre 1 Gerente. Gestión y Administración. I 920,82 920,82 920,82 1 Director. I 920,82 920,82 920,82 1 Administrador. I 920,82 920,82 920,82 1 Director Territorial. I 920,82 920,82 920,82 2 Coordinador. II 818.50 818.50 818.50 2 Oficial administrativo. II 818.50 818.50 818.50 2 Técnico informático. II 818.50 818.50 818.50 3 Auxiliar administrativo. VI 691.54 691.54 691.54 3 Telefonista/Recepcionista. VI 691.54 691.54 691.54 4 Naturólogo. Asistencial. II 818.50 818.50 818.50 4 Maestro. II 818.50 818.50 818.50 4 Consultor especialista. II 818.50 818.50 818.50 5 Naturópata Especialista. III 791.28 791.28 791.28 5 Profesor. III 791.28 791.28 791.28 5 Consultor Técnico. III 791.28 791.28 791.28 6 Naturópata Grado 1. IV 776.25 776.25 776.25 6 Monitor. IV 776.25 776.25 776.25 6 Asesor Técnico. IV 776.25 776.25 776.25 7 Ayudante en Naturopatía. VI 691.54 691.54 691.54 7 Auxiliar en Naturopatía. VI 691.54 691.54 691.54 8 Naturópata Grado 2. Servicios. IV 776.25 776.25 776.25 9 Naturópata Grado 3. V 762.13 762.13 762.13 10 Ayudante de oficios varios. VI 691.54 691.54 691.54 10 Personal no cualificado. VI 691.54 691.54 691.54 ### RESUMEN: Convenio colectivo de naturópatas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Gobierno, Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a don Antonio Narváez Rodríguez. Dado en Madrid, el 8 de julio de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Nombramiento de Antonio Narváez como Magistrado del Tribunal Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 159 de la Constitución y 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Gobierno, Vengo en nombrar Magistrado del Tribunal Constitucional a don Antonio Narváez Rodríguez. Dado en Madrid, el 8 de julio de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Nombramiento de Antonio Narváez como Magistrado del Tribunal Constitucional.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª Planta Despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 12Z118. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de difusión en medios de comunicación de campañas de publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2013. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2013. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 517.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 517.000,00 euros. Importe total: 625.570,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d (Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)). c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 25 de abril de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Registro General, planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (Sala de reuniones de la Junta de Contratación. Despacho A-582.1) y Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (Sala de reuniones de la Junta de Contratación. Despacho A-582.1). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 14 de mayo de 2013 a las 10:00 y 8 de mayo de 2013 a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de marzo de 2013. Madrid, 27 de marzo de 2013.- Inspectora General de Fomento.

Fomento licita por 627.570 euros el servicio de difusión en medios de comunicación de campañas de publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2013.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª Planta Despacho A-582. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. 4) Teléfono: 915978105. 5) Telefax: 915978499. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 12Z118. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de difusión en medios de comunicación de campañas de publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2013. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2013. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 517.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 517.000,00 euros. Importe total: 625.570,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): T1d (Servicios de publicidad. (A partir de 600.000 euros)). c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; no prohibición para contratar; no estar incurso en incompatibilidades; cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; cumplimiento con las obligaciones tributarias. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 25 de abril de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Registro General, planta baja. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica. b) Dirección: Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (Sala de reuniones de la Junta de Contratación. Despacho A-582.1) y Paseo de la Castellana, 67, 5.ª planta (Sala de reuniones de la Junta de Contratación. Despacho A-582.1). c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España y Madrid, 28071, España. d) Fecha y hora: 14 de mayo de 2013 a las 10:00 y 8 de mayo de 2013 a las 10:00. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de marzo de 2013. Madrid, 27 de marzo de 2013.- Inspectora General de Fomento. ### RESUMEN: Fomento licita por 627.570 euros el servicio de difusión en medios de comunicación de campañas de publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2013.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, correspondiente a 2015 (BOE núm. 58, de 9 de marzo), se ha resuelto la concesión de las subvenciones objeto de la convocatoria, con cargo al concepto presupuestario 26.22.232C.484, y se ha procedido a la notificación de la resolución correspondiente a las entidades beneficiarias. En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de la relación de entidades beneficiarias y cuantías concedidas, descritas en el Anexo que se acompaña. Madrid, 2 de septiembre de 2015.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benítez. ANEXO

La mayoría de las subvenciones a proyectos de atención a mujeres explotadas, para entidades religiosas

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, correspondiente a 2015 (BOE núm. 58, de 9 de marzo), se ha resuelto la concesión de las subvenciones objeto de la convocatoria, con cargo al concepto presupuestario 26.22.232C.484, y se ha procedido a la notificación de la resolución correspondiente a las entidades beneficiarias. En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de la relación de entidades beneficiarias y cuantías concedidas, descritas en el Anexo que se acompaña. Madrid, 2 de septiembre de 2015.–La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero Benítez. ANEXO ### RESUMEN: La mayoría de las subvenciones a proyectos de atención a mujeres explotadas, para entidades religiosas

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de noviembre de 2020, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4911-2020, promovido por diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el Pleno de la Cámara con fecha 1 de julio de 2020. Madrid, 17 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

TC admite a trámite el estado de alarma actual y su prórroga, la ley de protección del Mar Menor y el uso del asturiano en el parlamento asturiano.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de noviembre de 2020, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 4911-2020, promovido por diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el Pleno de la Cámara con fecha 1 de julio de 2020. Madrid, 17 de noviembre de 2020.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: TC admite a trámite el estado de alarma actual y su prórroga, la ley de protección del Mar Menor y el uso del asturiano en el parlamento asturiano.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 25 de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª, 333 y 335.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Vengo en nombrar Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a doña Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sección segunda de la misma Sala, en provisión de la vacante producida por expiración del mandato del anteriormente nombrado. Dado en Madrid, el 2 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO

Concepción Espejel Jorquera presidenta sala penal Audiencia Nacional de forma oficial.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 25 de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1.4.ª, 333 y 335.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Vengo en nombrar Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a doña Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sección segunda de la misma Sala, en provisión de la vacante producida por expiración del mandato del anteriormente nombrado. Dado en Madrid, el 2 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Justicia, RAFAEL CATALÁ POLO ### RESUMEN: Concepción Espejel Jorquera presidenta sala penal Audiencia Nacional de forma oficial.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Número de expediente: 13/13ASE. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios postales requeridos en el Ministerio de Justicia y en los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 9.387.153,31 euros. Importe total: 11.358.455,51 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2013. c) Contratista: 'Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.171.680,08 euros. Importe total: 8.693.612,45 euros. Madrid, 13 de diciembre de 2013.- La Jefa del Servicio de Contratación de la Subdirección General de Contratación y Servicios.

Contrato a la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, S.A. para el servicios postales requeridos en el Ministerio de Justicia y en los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial por importe total de 8.693.612,45 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Número de expediente: 13/13ASE. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios postales requeridos en el Ministerio de Justicia y en los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 9.387.153,31 euros. Importe total: 11.358.455,51 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 5 de noviembre de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2013. c) Contratista: 'Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 8.171.680,08 euros. Importe total: 8.693.612,45 euros. Madrid, 13 de diciembre de 2013.- La Jefa del Servicio de Contratación de la Subdirección General de Contratación y Servicios. ### RESUMEN: Contrato a la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, S.A. para el servicios postales requeridos en el Ministerio de Justicia y en los órganos de la Administración de Justicia de su ámbito competencial por importe total de 8.693.612,45 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronato Sociocultural de Alcobendas. b) Dependencia que tramita el expediente: Compras/Contratación Patronato Sociocultural. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Compras/Contratación Patronato Sociocultural. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. 4) Teléfono: 91 659 76 88. 5) Telefax: 91 659 76 76. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alcobendas.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14:00 horas, 8 de julio de 2013. d) Número de expediente: 506/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Reparto y buzoneo de la revista municipal Sietedías y otras publicaciones municipales. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Municipio de Alcobendas. 2) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Sí. 4. Valor estimado del contrato: 408153,12 + IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 204076,56 + IVA. Importe total: 246932,63 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R Servicios transportes, Subgrupo 9) Servicios de mensajería, correspondencia y distribución, Categoría A. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 14:00 h, 8 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Alcobendas. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1, planta baja. 3) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Mayor, 1. c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. d) Fecha y hora: 9 julio 2013. 10. Gastos de publicidad: 1200 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27.05.2013. Alcobendas, 29 de mayo de 2013.- Fdo.: Luis Miguel Torres Hernández, Presidente Patronato Sociocultural.

En Alcobendas tienen una revista municipal que se llama Siete días. Repartirla cuesta 246.932,63 euros por dos años

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronato Sociocultural de Alcobendas. b) Dependencia que tramita el expediente: Compras/Contratación Patronato Sociocultural. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Compras/Contratación Patronato Sociocultural. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. 4) Teléfono: 91 659 76 88. 5) Telefax: 91 659 76 76. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.alcobendas.org. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14:00 horas, 8 de julio de 2013. d) Número de expediente: 506/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Reparto y buzoneo de la revista municipal Sietedías y otras publicaciones municipales. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Municipio de Alcobendas. 2) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79340000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Sí. 4. Valor estimado del contrato: 408153,12 + IVA. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 204076,56 + IVA. Importe total: 246932,63 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R Servicios transportes, Subgrupo 9) Servicios de mensajería, correspondencia y distribución, Categoría A. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 14:00 h, 8 de julio de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Alcobendas. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1, planta baja. 3) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Mayor, 1. c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100. d) Fecha y hora: 9 julio 2013. 10. Gastos de publicidad: 1200 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27.05.2013. Alcobendas, 29 de mayo de 2013.- Fdo.: Luis Miguel Torres Hernández, Presidente Patronato Sociocultural. ### RESUMEN: En Alcobendas tienen una revista municipal que se llama Siete días. Repartirla cuesta 246.932,63 euros por dos años

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNYA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 11/2017, de 4 de julio, de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo. PREÁMBULO Desde el mismo inicio del golpe de estado militar de signo fascista que se produjo contra la Segunda República Española, y que fue el origen de la larga y cruenta Guerra Civil de 1936-1939, las autoridades franquistas desarrollaron una multiplicidad de formas y mecanismos de represión de todas aquellas personas que, por razón de su afiliación política, sindical o asociativa, por sus ideas o creencias, o por sus opciones vitales, consideraban enemigas del régimen autoritario que estaban en proceso de edificar. La dimensión y la intensidad de estas políticas represivas dan fe de la aberrante intención de aniquilar y erradicar toda forma de pensamiento antagonista o disidente de la ideología sobre la cual el franquismo construyó el conjunto de sus instituciones. Cabe recordar que el Estatuto de Cataluña de 1932 fue derogado por la Ley de 5 de abril de 1938, un acto ilegal de la dictadura franquista que solo pudo ser impuesto por la fuerza de las armas. Por ello se constituyeron los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, posteriormente denominada Auditoría de la IV Región Militar, y se llevaron a cabo los procesos aplicados por el procedimiento de los consejos de guerra como medio de represión política vulnerando las competencias y la legalidad entonces vigente, también respecto a los delitos tipificados, los procedimientos seguidos y las garantías procesales que eran exigibles. En atención a las víctimas y sus familiares, es preciso que una norma con rango de ley constate y declare definitivamente la nulidad de todos estos procedimientos, que pueden calificarse de farsa, y de las sanciones y condenas de graves consecuencias que de estos se derivaron. Es preciso hacerlo, también, teniendo en cuenta los requerimientos formulados por los poderes públicos, tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el último informe del período de sesiones de 22 de julio de 2014, que ha requerido a las instituciones del Estado «Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden resultar sumamente provechosos», en aplicación de la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Convenio para la salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los argumentos en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado son inconcebibles en un contexto democrático, ya que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas no busca la venganza sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Tras cuarenta y dos años de la muerte del dictador Franco ninguna ley ha declarado expresamente la nulidad de los juicios del franquismo. Por este motivo, la presente ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico, declara la ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos y consejos de guerra instruidos en Cataluña desde el 5 de abril de 1938 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de Guerra de la IV Región Militar. A pesar de que, a medida que el conflicto fue avanzando y que fueron sucediéndose años de dictadura, las autoridades franquistas intentaron dotar a estos instrumentos de represión de una apariencia de legitimidad y de juridicidad, resulta imposible considerar que estos órganos tuviesen una auténtica naturaleza jurídica. Para poder considerar que un grupo de personas está juzgando y conferir a aquello que decidan la consideración y el necesario efecto de «cosa juzgada», es necesario poder sustentar en derecho que el órgano en cuestión es realmente jurisdiccional, que se trata de un auténtico tribunal. No puede considerarse órgano jurisdiccional aquel que no respeta las más mínimas garantías de imparcialidad, derecho de defensa y cosa juzgada de sus resoluciones, o que no goza de independencia del resto de poderes del Estado, como mínimo en el sentido de que exista una atribución genérica mínimamente racional del poder de juzgar a un órgano suficientemente individualizado. De los consejos de guerra franquistas y de los órganos, jurados y tribunales a qué se hace referencia no se puede decir de ningún modo que fuesen órganos jurisdiccionales, que cumpliesen los mínimos requisitos para ejercer la función de declarar el derecho propia de un tribunal. El análisis de su naturaleza, composición y actuación nos obliga a verlos como lo que fueron, una farsa. Una actuación de hecho revestida apenas de la mera apariencia, más o menos sofisticada en función del momento histórico, de órganos jurisdiccionales. Aquellos procesos políticos contrarios a la legalidad se mantuvieron más allá de la muerte del dictador en consejos de guerra por causas de carácter político con infracción de los derechos fundamentales de muchas personas, que fueron injustamente sometidas a ellos y, a consecuencia de los mismos, algunas de ellas, ejecutadas. Así, constatada la nulidad de origen de los procedimientos y de las resoluciones, sentencias, condenas y sanciones que emanaron de aquellos procesos, como actuaciones de hecho y no jurisdiccionales que fueron, y declarada legalmente su ilegitimidad, no ha de suponer ningún problema que la ley constate y declare su nulidad, y busque también establecer un mecanismo administrativo ágil para obtener certificación individualizada de esta circunstancia que la ley constata y declara. Dado que los procesos y las resoluciones dictadas por los tribunales militares fueron públicos, para hacer efectivo su valor reparativo, la presente ley habilita al Archivo Nacional de Cataluña para la elaboración y publicación de una lista de procesos y sentencias. Por todo ello, ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica del Parlamento de Cataluña, ante las víctimas de aquellos procesos, y reparar los abusos cometidos por el régimen franquista contra la legalidad judicial y procedimental y efectuar la reparación exigida por las personas represaliadas, la sociedad catalana y las instancias internacionales. Artículo único. Reparación jurídica de las víctimas del franquismo. De conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista. Disposición final primera. Autorizaciones. 1. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a elaborar y hacer pública una lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1946, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, y el Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, en que consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta. La lista ha de publicarse el mismo día en que entre en vigor la presente ley. 2. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a actualizar la lista, en caso de tener conocimiento, por cualquier causa, de la existencia de procesos no mencionados en el apartado 1 por no haberse conservado testimonio de los mismos en el archivo de los tribunales militares en Cataluña. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir. Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2017.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont i Casamajó. (Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 7406, de 6 de julio de 2017)

Ley autonómica de Catalunya sobre las víctimas Franquismo.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUNYA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 11/2017, de 4 de julio, de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo. PREÁMBULO Desde el mismo inicio del golpe de estado militar de signo fascista que se produjo contra la Segunda República Española, y que fue el origen de la larga y cruenta Guerra Civil de 1936-1939, las autoridades franquistas desarrollaron una multiplicidad de formas y mecanismos de represión de todas aquellas personas que, por razón de su afiliación política, sindical o asociativa, por sus ideas o creencias, o por sus opciones vitales, consideraban enemigas del régimen autoritario que estaban en proceso de edificar. La dimensión y la intensidad de estas políticas represivas dan fe de la aberrante intención de aniquilar y erradicar toda forma de pensamiento antagonista o disidente de la ideología sobre la cual el franquismo construyó el conjunto de sus instituciones. Cabe recordar que el Estatuto de Cataluña de 1932 fue derogado por la Ley de 5 de abril de 1938, un acto ilegal de la dictadura franquista que solo pudo ser impuesto por la fuerza de las armas. Por ello se constituyeron los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, posteriormente denominada Auditoría de la IV Región Militar, y se llevaron a cabo los procesos aplicados por el procedimiento de los consejos de guerra como medio de represión política vulnerando las competencias y la legalidad entonces vigente, también respecto a los delitos tipificados, los procedimientos seguidos y las garantías procesales que eran exigibles. En atención a las víctimas y sus familiares, es preciso que una norma con rango de ley constate y declare definitivamente la nulidad de todos estos procedimientos, que pueden calificarse de farsa, y de las sanciones y condenas de graves consecuencias que de estos se derivaron. Es preciso hacerlo, también, teniendo en cuenta los requerimientos formulados por los poderes públicos, tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el último informe del período de sesiones de 22 de julio de 2014, que ha requerido a las instituciones del Estado «Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden resultar sumamente provechosos», en aplicación de la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Convenio para la salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los argumentos en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado son inconcebibles en un contexto democrático, ya que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas no busca la venganza sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Tras cuarenta y dos años de la muerte del dictador Franco ninguna ley ha declarado expresamente la nulidad de los juicios del franquismo. Por este motivo, la presente ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico, declara la ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos y consejos de guerra instruidos en Cataluña desde el 5 de abril de 1938 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de Guerra de la IV Región Militar. A pesar de que, a medida que el conflicto fue avanzando y que fueron sucediéndose años de dictadura, las autoridades franquistas intentaron dotar a estos instrumentos de represión de una apariencia de legitimidad y de juridicidad, resulta imposible considerar que estos órganos tuviesen una auténtica naturaleza jurídica. Para poder considerar que un grupo de personas está juzgando y conferir a aquello que decidan la consideración y el necesario efecto de «cosa juzgada», es necesario poder sustentar en derecho que el órgano en cuestión es realmente jurisdiccional, que se trata de un auténtico tribunal. No puede considerarse órgano jurisdiccional aquel que no respeta las más mínimas garantías de imparcialidad, derecho de defensa y cosa juzgada de sus resoluciones, o que no goza de independencia del resto de poderes del Estado, como mínimo en el sentido de que exista una atribución genérica mínimamente racional del poder de juzgar a un órgano suficientemente individualizado. De los consejos de guerra franquistas y de los órganos, jurados y tribunales a qué se hace referencia no se puede decir de ningún modo que fuesen órganos jurisdiccionales, que cumpliesen los mínimos requisitos para ejercer la función de declarar el derecho propia de un tribunal. El análisis de su naturaleza, composición y actuación nos obliga a verlos como lo que fueron, una farsa. Una actuación de hecho revestida apenas de la mera apariencia, más o menos sofisticada en función del momento histórico, de órganos jurisdiccionales. Aquellos procesos políticos contrarios a la legalidad se mantuvieron más allá de la muerte del dictador en consejos de guerra por causas de carácter político con infracción de los derechos fundamentales de muchas personas, que fueron injustamente sometidas a ellos y, a consecuencia de los mismos, algunas de ellas, ejecutadas. Así, constatada la nulidad de origen de los procedimientos y de las resoluciones, sentencias, condenas y sanciones que emanaron de aquellos procesos, como actuaciones de hecho y no jurisdiccionales que fueron, y declarada legalmente su ilegitimidad, no ha de suponer ningún problema que la ley const ### RESUMEN: Ley autonómica de Catalunya sobre las víctimas Franquismo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 13 de marzo del año 2013, Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Carlos Granados Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo, por cumplir la edad legalmente establecida de 70 años el día 3 de octubre de 2013, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Dado en Madrid, el 19 de julio de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Jubilación forzosa por edad -tiene 70 años- del magistrado del Supremo Carlos Granado Pérez

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 13 de marzo del año 2013, Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Carlos Granados Pérez, Magistrado del Tribunal Supremo, por cumplir la edad legalmente establecida de 70 años el día 3 de octubre de 2013, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Dado en Madrid, el 19 de julio de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ ### RESUMEN: Jubilación forzosa por edad -tiene 70 años- del magistrado del Supremo Carlos Granado Pérez

En consideración a lo solicitado por el personal que a continuación se relaciona y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden a los Oficiales Generales a continuación relacionados, con la antigüedad que para cada uno se señala: General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Armando Chaure Frontiñán. Antigüedad: 12 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Francisco Braco Carbó. Antigüedad: 12 de julio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Roberto Villanueva Barrios. Antigüedad: 19 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don José Antonio Jarne San Martín. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Salvador Sánchez Tapia. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, don Juan Pascual Delgado Gómez. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, don Pedro Ángel Ortega Calahorro. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, don Francisco López Requena. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don José Manuel Zuleta Alejandro. Antigüedad: 10 de julio de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Eugenio Díaz del Río Jaúdenes. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Enrique Torres Piñeyro. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, don Andrés Francisco Gacio Painceira. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Luis Lanchares Dávila. Antigüedad: 28 de septiembre de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Ricardo Atanasio Hernández López. Antigüedad: 2 de octubre de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Ángel Atarés Ayuso. Antigüedad: 9 de octubre de 2015. General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, don Rubén García Marzal. Antigüedad: 9 de octubre de 2015. Dado en Madrid, el 5 de febrero de 2016. FELIPE R. El Ministro de Defensa, PEDRO MORENÉS EULATE

Generales reciben Orden de San Hermenegildo.

En consideración a lo solicitado por el personal que a continuación se relaciona y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden a los Oficiales Generales a continuación relacionados, con la antigüedad que para cada uno se señala: General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Armando Chaure Frontiñán. Antigüedad: 12 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Francisco Braco Carbó. Antigüedad: 12 de julio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Roberto Villanueva Barrios. Antigüedad: 19 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don José Antonio Jarne San Martín. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Salvador Sánchez Tapia. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, don Juan Pascual Delgado Gómez. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, don Pedro Ángel Ortega Calahorro. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, don Francisco López Requena. Antigüedad: 26 de junio de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don José Manuel Zuleta Alejandro. Antigüedad: 10 de julio de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Eugenio Díaz del Río Jaúdenes. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Enrique Torres Piñeyro. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, don Andrés Francisco Gacio Painceira. Antigüedad: 4 de septiembre de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Luis Lanchares Dávila. Antigüedad: 28 de septiembre de 2015. Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don Ricardo Atanasio Hernández López. Antigüedad: 2 de octubre de 2015. General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Ángel Atarés Ayuso. Antigüedad: 9 de octubre de 2015. General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, don Rubén García Marzal. Antigüedad: 9 de octubre de 2015. Dado en Madrid, el 5 de febrero de 2016. FELIPE R. El Ministro de Defensa, PEDRO MORENÉS EULATE ### RESUMEN: Generales reciben Orden de San Hermenegildo.

El 7 de noviembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. El artículo 5.5 de dicha orden dispone que el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Dicho plazo finaliza, por lo tanto, el 1 de junio de 2016. La disposición final segunda faculta al Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dictar en uso de sus atribuciones cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la citada orden. Las dificultades técnicas que implica la valoración de los daños han motivado que la instrucción del procedimiento se haya prolongado por un tiempo superior al inicialmente previsto. En consecuencia, y concurriendo las circunstancias previstas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se considera necesaria la ampliación del plazo inicialmente previsto para la resolución y notificación del procedimiento iniciado en base a la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre. Por todo ello, esta Subsecretaría resuelve ampliar en tres meses el plazo para resolver y notificar previsto en el artículo 5.5 de la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. De conformidad con lo previsto en el párrafo 4º del citado artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente resolución no cabrá recurso alguno. Madrid, 20 de mayo de 2016.–El Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto.

Agricultura pide tres meses de retraso extra para pagar las ayudas por el temporal de principios de 2015

El 7 de noviembre de 2015 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. El artículo 5.5 de dicha orden dispone que el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Dicho plazo finaliza, por lo tanto, el 1 de junio de 2016. La disposición final segunda faculta al Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dictar en uso de sus atribuciones cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en la citada orden. Las dificultades técnicas que implica la valoración de los daños han motivado que la instrucción del procedimiento se haya prolongado por un tiempo superior al inicialmente previsto. En consecuencia, y concurriendo las circunstancias previstas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se considera necesaria la ampliación del plazo inicialmente previsto para la resolución y notificación del procedimiento iniciado en base a la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre. Por todo ello, esta Subsecretaría resuelve ampliar en tres meses el plazo para resolver y notificar previsto en el artículo 5.5 de la Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015. De conformidad con lo previsto en el párrafo 4º del citado artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la presente resolución no cabrá recurso alguno. Madrid, 20 de mayo de 2016.–El Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto. ### RESUMEN: Agricultura pide tres meses de retraso extra para pagar las ayudas por el temporal de principios de 2015

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Miguel Alberto Romero Lugo, Alcalde de San Juan de Puerto Rico, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2022, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 20 de enero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

Cruz de Isabel la Católica para Miguel Alberto Romero Lugo, Alcalde de San Juan de Puerto Rico.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor Miguel Alberto Romero Lugo, Alcalde de San Juan de Puerto Rico, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 2022, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 20 de enero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO ### RESUMEN: Cruz de Isabel la Católica para Miguel Alberto Romero Lugo, Alcalde de San Juan de Puerto Rico.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 4) Teléfono: 932918602 5) Telefax: 932918501 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pmhb.cat. d) Número de expediente: 003/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de construcción de un edificio de 61 viviendas, 6 locales comerciales y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en la calle Biosca, núm. 15 (Edificio F1) del barrio del Bon Pastor, de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 7.863.231,21 euros. Importe total: 8.649.554,33 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013, hasta las 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. d) Fecha y hora: 15 de marzo de 2013 a las 10,30 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 de enero de 2013. 12. Otras informaciones: Advertir de la posibilidad de suspensión del procedimiento de adjudicación como consecuencia de la simultaneidad del mismo con el de aprobación del proyecto, así como de la renuncia a la celebración del contrato. Barcelona., 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz.

Licitación para las obras de construcción de un edificio de 61 viviendas, 6 locales comerciales y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en la calle Biosca, núm. 15 (Edificio F1) del barrio del Bon Pastor, de Barcelona, por importe total de 8.649.554,33 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 4) Teléfono: 932918602 5) Telefax: 932918501 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pmhb.cat. d) Número de expediente: 003/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obras de construcción de un edificio de 61 viviendas, 6 locales comerciales y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en la calle Biosca, núm. 15 (Edificio F1) del barrio del Bon Pastor, de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 7.863.231,21 euros. Importe total: 8.649.554,33 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013, hasta las 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona. 2) Domicilio: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Calle Doctor Aiguader, núm. 26-36. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003. d) Fecha y hora: 15 de marzo de 2013 a las 10,30 horas. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 31 de enero de 2013. 12. Otras informaciones: Advertir de la posibilidad de suspensión del procedimiento de adjudicación como consecuencia de la simultaneidad del mismo con el de aprobación del proyecto, así como de la renuncia a la celebración del contrato. Barcelona., 31 de enero de 2013.- El Gerente, Francesc Xavier González Garuz. ### RESUMEN: Licitación para las obras de construcción de un edificio de 61 viviendas, 6 locales comerciales y 2 plantas de aparcamiento subterráneo en la calle Biosca, núm. 15 (Edificio F1) del barrio del Bon Pastor, de Barcelona, por importe total de 8.649.554,33 euros.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión de 7 de septiembre 2017. Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don José Castro Aragón, magistrado con destino en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, por cumplir la edad legalmente establecida el día 20 de diciembre de 2017, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Madrid, 7 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Jubilación por edad del juez José Castro Aragón.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión de 7 de septiembre 2017. Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don José Castro Aragón, magistrado con destino en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, por cumplir la edad legalmente establecida el día 20 de diciembre de 2017, con los derechos pasivos que le correspondan por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada. Madrid, 7 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. ### RESUMEN: Jubilación por edad del juez José Castro Aragón.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Marqués de Oliva, resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por la entidad Ocio Networks, S.L., según consta en la escritura pública número 1.458, otorgada el 30 de noviembre de 2012, ante la Notario del Ilustre Colegio de Madrid, doña Eloisa López-Monís Gallego, que fue subsanada por la escritura pública número 1.053, autorizada el 20 de septiembre de 2013 por la mencionada Notario. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en San Agustín de Guadalix (Madrid), calle Cedros, número 180, urbanización «Valdelagua», y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos euros (44.472 euros). La dotación ha sido totalmente desembolsada y consiste en los siguientes bienes y derechos: a) Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos euros (41.472 euros), consistente en la aportación en pleno dominio de material informático, tanto hardware, software, hosting y otros, detallados en la tasación realizada por don Juan Martos Luque (DNI/NIF: 07245280G), de la empresa Investigaciones Informáticas Norte, S.L. (CIF: B85243749), de fecha 22 de noviembre de 2012. b) Tres mil euros (3.000 euros), en dinero que ha sido íntegramente desembolsado por la entidad fundadora. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: – El fomento de la actividad emprendedora y el desarrollo empresarial en España, apoyando y facilitando a emprendedores la puesta en marcha de sus empresas y fomentando el instinto emprendedor. – Promoción de la inversión privada en todo tipo de empresas, fomento de la figura de los Business Angels y apoyo al emprendedor y las nuevas iniciativas empresariales en España. Quinto. Patronato. Presidente: Don Alejandro Florentino Suárez Sánchez-Ocaña. Secretario: Don José Antonio Salaverri Lechuga. Vocales: Don Raúl Ortiz Andrés y don Javier González Doménech. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y a la adecuación y suficiencia de la dotación y habiéndose emitido por el Protectorado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Marqués de Oliva y su Patronato. Madrid, 14 de octubre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Creacion de la Fundación Marqués de Oliva

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Marqués de Oliva, resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por la entidad Ocio Networks, S.L., según consta en la escritura pública número 1.458, otorgada el 30 de noviembre de 2012, ante la Notario del Ilustre Colegio de Madrid, doña Eloisa López-Monís Gallego, que fue subsanada por la escritura pública número 1.053, autorizada el 20 de septiembre de 2013 por la mencionada Notario. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en San Agustín de Guadalix (Madrid), calle Cedros, número 180, urbanización «Valdelagua», y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos euros (44.472 euros). La dotación ha sido totalmente desembolsada y consiste en los siguientes bienes y derechos: a) Cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y dos euros (41.472 euros), consistente en la aportación en pleno dominio de material informático, tanto hardware, software, hosting y otros, detallados en la tasación realizada por don Juan Martos Luque (DNI/NIF: 07245280G), de la empresa Investigaciones Informáticas Norte, S.L. (CIF: B85243749), de fecha 22 de noviembre de 2012. b) Tres mil euros (3.000 euros), en dinero que ha sido íntegramente desembolsado por la entidad fundadora. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a las escrituras públicas a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: – El fomento de la actividad emprendedora y el desarrollo empresarial en España, apoyando y facilitando a emprendedores la puesta en marcha de sus empresas y fomentando el instinto emprendedor. – Promoción de la inversión privada en todo tipo de empresas, fomento de la figura de los Business Angels y apoyo al emprendedor y las nuevas iniciativas empresariales en España. Quinto. Patronato. Presidente: Don Alejandro Florentino Suárez Sánchez-Ocaña. Secretario: Don José Antonio Salaverri Lechuga. Vocales: Don Raúl Ortiz Andrés y don Javier González Doménech. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura de constitución. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y a la adecuación y suficiencia de la dotación y habiéndose emitido por el Protectorado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Marqués de Oliva y su Patronato. Madrid, 14 de octubre de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Creacion de la Fundación Marqués de Oliva

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa que ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tramita el procedimiento ordinario 0001015/2021 promovido por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), contra la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la citada Ley. Madrid, 20 de enero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández Muñoz.

El tribunal superior de justicia de Madrid está estudiando un recurso de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria contra el decreto que puso límite al precio de mascarillas y geles.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa que ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tramita el procedimiento ordinario 0001015/2021 promovido por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), contra la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la citada Ley. Madrid, 20 de enero de 2022.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández Muñoz. ### RESUMEN: El tribunal superior de justicia de Madrid está estudiando un recurso de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria contra el decreto que puso límite al precio de mascarillas y geles.

En el modelo legal español de seguridad, la seguridad privada se configura como auxiliar y colaborador especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La acción profesional de la seguridad privada se encuentra presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana española, desde la protección domiciliaria hasta alcanzar la seguridad de las más importantes infraestructuras del país, convirtiéndose en instancia coadyuvante e indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes. Esta labor profesional de la seguridad privada en beneficio de la seguridad común ha logrado la generalizada aceptación de la sociedad española, que mayoritariamente valora y reconoce positivamente su trabajo y considera a sus profesionales como personas en las que poder confiar y a las que se las puede pedir ayuda en caso de necesidad. La finalidad que se persigue al establecer el «Día de la Seguridad Privada», es reconocer la trascendental labor desarrollada por la seguridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En consecuencia, sin perjuicio de otras fechas tradicionalmente usadas, atendiendo la solicitud de las entidades y organizaciones del sector de la seguridad privada en España para que se declare el 21 de mayo como «Día de la Seguridad Privada», en conmemoración del día del año 1518, en el que el Rey Carlos I dio la primera norma de seguridad privada en España, y teniendo en cuenta la asentada práctica generalizada de celebración de un «Día de la Seguridad Privada» en todas las Comunidades Autónomas, así como las conclusiones alcanzadas tras la celebración de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del año 2012, y vista la referencia normativa contenida en el artículo 36.5 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, se considera oportuno establecer ese día, como el día oficial de la seguridad privada en España, como ya ocurre en otros sectores profesionales. La presente Orden ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta, en la redacción definitiva, las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites. En su virtud, dispongo: Artículo único. Día de la Seguridad Privada. 1. Se declara «Día de la Seguridad Privada» el 21 de mayo, cuya celebración tendrá lugar con carácter anual. 2. Para conmemorar dicho día, el Ministerio del Interior desarrollará, junto a las entidades y organizaciones representativas del sector presentes en la Comisión Nacional de Seguridad Privada, acciones que contribuyan a reconocer la relevancia de la seguridad privada en la sociedad española. 3. Las acciones previstas en el apartado anterior podrán celebrarse en la fecha que se considere más idónea. Disposición final primera. Desarrollo. El Secretario de Estado de Seguridad adoptará las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de abril de 2013.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz se saca de la manga el Día Mundial de la Seguridad Privada.

En el modelo legal español de seguridad, la seguridad privada se configura como auxiliar y colaborador especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La acción profesional de la seguridad privada se encuentra presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana española, desde la protección domiciliaria hasta alcanzar la seguridad de las más importantes infraestructuras del país, convirtiéndose en instancia coadyuvante e indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes. Esta labor profesional de la seguridad privada en beneficio de la seguridad común ha logrado la generalizada aceptación de la sociedad española, que mayoritariamente valora y reconoce positivamente su trabajo y considera a sus profesionales como personas en las que poder confiar y a las que se las puede pedir ayuda en caso de necesidad. La finalidad que se persigue al establecer el «Día de la Seguridad Privada», es reconocer la trascendental labor desarrollada por la seguridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En consecuencia, sin perjuicio de otras fechas tradicionalmente usadas, atendiendo la solicitud de las entidades y organizaciones del sector de la seguridad privada en España para que se declare el 21 de mayo como «Día de la Seguridad Privada», en conmemoración del día del año 1518, en el que el Rey Carlos I dio la primera norma de seguridad privada en España, y teniendo en cuenta la asentada práctica generalizada de celebración de un «Día de la Seguridad Privada» en todas las Comunidades Autónomas, así como las conclusiones alcanzadas tras la celebración de la Comisión Nacional de Seguridad Privada del año 2012, y vista la referencia normativa contenida en el artículo 36.5 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, se considera oportuno establecer ese día, como el día oficial de la seguridad privada en España, como ya ocurre en otros sectores profesionales. La presente Orden ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, y a conocimiento de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta, en la redacción definitiva, las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites. En su virtud, dispongo: Artículo único. Día de la Seguridad Privada. 1. Se declara «Día de la Seguridad Privada» el 21 de mayo, cuya celebración tendrá lugar con carácter anual. 2. Para conmemorar dicho día, el Ministerio del Interior desarrollará, junto a las entidades y organizaciones representativas del sector presentes en la Comisión Nacional de Seguridad Privada, acciones que contribuyan a reconocer la relevancia de la seguridad privada en la sociedad española. 3. Las acciones previstas en el apartado anterior podrán celebrarse en la fecha que se considere más idónea. Disposición final primera. Desarrollo. El Secretario de Estado de Seguridad adoptará las medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de abril de 2013.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. ### RESUMEN: Jorge Fernández Díaz se saca de la manga el Día Mundial de la Seguridad Privada.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. c) Número de expediente: 1/2013. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uimp.es/. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en 2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80580000-3. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de febrero de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.071.690 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2013. c) Contratista: Escuelas de Idiomas Berlitz de España, Openfive, Opened y Opencastel, Unión Temporal de Empresas. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.841.280 euros. Santander, 30 de julio de 2013.- El Rector, César Nombela Cano.

Contrato a varias empresas para el servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en 2013 por importe total de 3.841.280 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. c) Número de expediente: 1/2013. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.uimp.es/. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en 2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80580000-3. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de febrero de 2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 5.071.690 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 15 de marzo de 2013. b) Fecha de formalización del contrato: 16 de abril de 2013. c) Contratista: Escuelas de Idiomas Berlitz de España, Openfive, Opened y Opencastel, Unión Temporal de Empresas. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 3.841.280 euros. Santander, 30 de julio de 2013.- El Rector, César Nombela Cano. ### RESUMEN: Contrato a varias empresas para el servicio educativo a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en 2013 por importe total de 3.841.280 euros.

En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 40.000,00 euros, las subvenciones que se indican a continuación: Entidad NIF Importe – Euros Consejo de Estudiantes de Telecomunicacion. G85470664 3.188,19 Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. G47565452 3.188,19 Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática. G83299487 3.188,19 Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingenieria de Edificacion. G83895631 3.011,07 Federacion Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperacion Internacional. G47282918 3.011,07 Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Tecnica Industrial. G15533649 2.952,03 Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publicas. G95324281 2.952,03 Agrupacion Centro de Cultura. G73355307 2.715,87 Confederacion Estatal de Asociaciones de Estudiantes. G78755170 2.302,58 Consejo Estatal de Estudiantes de Ingenieria Industrial. G83180364 1.889,30 Integra Voluntario Joven. G50738004 1.771,22 Asociacion Estatal de Estudiantes de Enfermeria. G27712355 1.594,10 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes «Sindicato de Estudiantes». G78568334 1.594,10 Federacion de Asociaciones Bestspain. G86321569 1.416,97 Federacion Erasmus Student Network España. G83340406 1.239,85 Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho. G85735132 1.180,81 Consejo De Representantes de Estudiantes de Arquitectura. G85967479 1.062,73 Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas del Estado Español «Giner de los Ríos». G83325985 1.062,73 Asociación Estatal de Alumnos y Ex-Alumnos de Relaciones Laborales- Graduado Social. G97039176 678,97 Total ...................................................................................................................... 40.000,00 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 28 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.

Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.

En aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva. De acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión de Evaluación establecida en la disposición octava de la Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.332C.489 prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y teniendo en cuenta las disposiciones séptima y décima de la citada Resolución, he resuelto conceder por importe de 40.000,00 euros, las subvenciones que se indican a continuación: Entidad NIF Importe – Euros Consejo de Estudiantes de Telecomunicacion. G85470664 3.188,19 Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. G47565452 3.188,19 Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática. G83299487 3.188,19 Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingenieria de Edificacion. G83895631 3.011,07 Federacion Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperacion Internacional. G47282918 3.011,07 Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería Tecnica Industrial. G15533649 2.952,03 Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publicas. G95324281 2.952,03 Agrupacion Centro de Cultura. G73355307 2.715,87 Confederacion Estatal de Asociaciones de Estudiantes. G78755170 2.302,58 Consejo Estatal de Estudiantes de Ingenieria Industrial. G83180364 1.889,30 Integra Voluntario Joven. G50738004 1.771,22 Asociacion Estatal de Estudiantes de Enfermeria. G27712355 1.594,10 Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes «Sindicato de Estudiantes». G78568334 1.594,10 Federacion de Asociaciones Bestspain. G86321569 1.416,97 Federacion Erasmus Student Network España. G83340406 1.239,85 Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho. G85735132 1.180,81 Consejo De Representantes de Estudiantes de Arquitectura. G85967479 1.062,73 Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas del Estado Español «Giner de los Ríos». G83325985 1.062,73 Asociación Estatal de Alumnos y Ex-Alumnos de Relaciones Laborales- Graduado Social. G97039176 678,97 Total ...................................................................................................................... 40.000,00 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según prevé la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 28 de noviembre de 2013.–La Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. ### RESUMEN: Subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Consell dels Illustres Collegis d’Advocats de Catalunya, del recurso número 12/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 11 de febrero de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.

La abogacía catalana también recurre la orden que regula las tasas judiciales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Consell dels Illustres Collegis d’Advocats de Catalunya, del recurso número 12/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 11 de febrero de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez. ### RESUMEN: La abogacía catalana también recurre la orden que regula las tasas judiciales

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de octubre de 2021, ha adoptado un Acuerdo por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general. Atendiendo a razones de interés público se considera oportuno dotar a dicho Acuerdo de la mayor publicidad posible, por lo que esta Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Resolución. Madrid, 13 de octubre de 2021.–La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada. ANEXO Acuerdo por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general El artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, limita el acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional a determinados casos tasados. Esta limitación respondía a la necesidad de proteger la salud de los viajeros a la vez que se preservaba la continuidad de los desplazamientos realizados a través del transporte aéreo. El Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, modifica el mencionado artículo 6 del RD-Ley 26/2020, incluyendo un nuevo apartado tercero al objeto de prever la posibilidad de que, a propuesta de los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Sanidad, por Acuerdo del Consejo de Ministros se modifiquen las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general, para adaptarlas a la evolución de la pandemia COVID-19. La evolución de la pandemia, el avance de la vacunación y protección de la población contra ella, aconsejan la progresiva adecuación de las distintas restricciones aprobadas en diversos ámbitos, todo ello en atención al mencionado nivel de protección alcanzado por la ciudadanía y en orden a contribuir a la recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en particular de cara a la reactivación del turismo. En relación con la protección de los pasajeros en las infraestructuras aeroportuarias, los gestores aeroportuarios han implantado procedimientos y sistemas destinados a mitigar los riesgos de transmisión del coronavirus SARS-Cov-2, habiendo obtenido el gestor de los aeropuertos de interés general, Aena, S.M.E., S.A., la acreditación de «aeropuerto seguro» del programa Airport Health Accreditation (AHA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) para los 46 aeropuertos de su red. Este programa evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ministra de Sanidad han propuesto al Consejo de Ministros eliminar la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en el territorio nacional, sin perjuicio de que deban adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones en el interior. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ministra de Sanidad, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de octubre de 2021, acuerda: Primero. Modificación de las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos. Se suprimen las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional previstas en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Segundo. Efectos. El presente acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A partir de mañana, viernes 15 de octubre, se acabó la prohibición de entrar a los aeropuertos sin tarjeta de embarque. Cualquier persona podrá acceder y ya, sin justificación, también acompañantes, como antes de la pandemia.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de octubre de 2021, ha adoptado un Acuerdo por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general. Atendiendo a razones de interés público se considera oportuno dotar a dicho Acuerdo de la mayor publicidad posible, por lo que esta Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Resolución. Madrid, 13 de octubre de 2021.–La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada. ANEXO Acuerdo por el que se modifican las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general El artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, limita el acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional a determinados casos tasados. Esta limitación respondía a la necesidad de proteger la salud de los viajeros a la vez que se preservaba la continuidad de los desplazamientos realizados a través del transporte aéreo. El Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, modifica el mencionado artículo 6 del RD-Ley 26/2020, incluyendo un nuevo apartado tercero al objeto de prever la posibilidad de que, a propuesta de los Ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Sanidad, por Acuerdo del Consejo de Ministros se modifiquen las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos de interés general, para adaptarlas a la evolución de la pandemia COVID-19. La evolución de la pandemia, el avance de la vacunación y protección de la población contra ella, aconsejan la progresiva adecuación de las distintas restricciones aprobadas en diversos ámbitos, todo ello en atención al mencionado nivel de protección alcanzado por la ciudadanía y en orden a contribuir a la recuperación de la actividad económica y la paulatina vuelta a la normalidad, en particular de cara a la reactivación del turismo. En relación con la protección de los pasajeros en las infraestructuras aeroportuarias, los gestores aeroportuarios han implantado procedimientos y sistemas destinados a mitigar los riesgos de transmisión del coronavirus SARS-Cov-2, habiendo obtenido el gestor de los aeropuertos de interés general, Aena, S.M.E., S.A., la acreditación de «aeropuerto seguro» del programa Airport Health Accreditation (AHA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) para los 46 aeropuertos de su red. Este programa evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ministra de Sanidad han propuesto al Consejo de Ministros eliminar la limitación de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en el territorio nacional, sin perjuicio de que deban adoptarse las medidas oportunas para evitar aglomeraciones en el interior. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Ministra de Sanidad, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de octubre de 2021, acuerda: Primero. Modificación de las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos. Se suprimen las limitaciones de acceso a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio nacional previstas en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Segundo. Efectos. El presente acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». ### RESUMEN: A partir de mañana, viernes 15 de octubre, se acabó la prohibición de entrar a los aeropuertos sin tarjeta de embarque. Cualquier persona podrá acceder y ya, sin justificación, también acompañantes, como antes de la pandemia.

I La necesidad de continuar en la senda de consolidación fiscal iniciada a comienzos de 2012 requiere de la adopción de diversas medidas. Algunas de ellas son el resultado de los compromisos reflejados en el Programa de Estabilidad del Reino de España correspondiente al período 2013-2016, como las que se incorporan al ordenamiento mediante este Real Decreto-ley, y que inciden en el ámbito de los Impuestos Especiales y del Catastro Inmobiliario. En materia de Impuestos Especiales, el presente Real Decreto-ley introduce modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto sobre Productos Intermedios y del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando su tributación en un 10 por 100, constituyendo, por tanto, una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda española. Además, debe tenerse muy presente que esta imposición constituye también un importante instrumento al servicio de la política sanitaria. A estos efectos es conveniente tener en cuenta que los tipos impositivos que gravan el alcohol en España se encuentran dentro de los más bajos de la Unión Europea y que la última subida de estos tipos impositivos se produjo a través del Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. El cumplimiento del compromiso político del Gobierno de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el hecho de que la imposición sobre las labores del tabaco constituya una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda Pública, son razones que justifican un incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, sustentando al tiempo los objetivos de esta imposición en materia sanitaria. En primer lugar, debe destacarse la modificación que se adopta en relación con los tipos impositivos que afectan a los cigarrillos. Se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem. Con esta medida se continúa el proceso de reforma de la estructura mixta impositiva de esta labor del tabaco iniciada con el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, que tiene como finalidad alcanzar de forma progresiva un mayor equilibrio entre el elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto. Al tiempo, se incrementa la franja de la fiscalidad mínima de los cigarrillos, de forma que asegure los niveles deseables de tributación de esta labor del tabaco. También se incrementan los tipos impositivos mínimos aplicables al resto de labores. Por lo que respecta a los cigarros y cigarritos, se disminuye ligeramente el diferencial de tributación existente entre los cigarrillos y estas labores, incrementando el tipo impositivo aplicable a las mismas en una proporción superior a aquella en la que se incrementa la fiscalidad mínima para los cigarrillos. En relación con la picadura de liar, el ajuste que se realiza pone de relieve las diferencias existentes entre la fiscalidad de esta labor del tabaco y los cigarrillos. Era, pues, necesario aproximar los niveles mínimos aplicados a la picadura de liar a los de los cigarrillos, a fin de atender en mayor medida al grado de competencia que existe entre ambos productos, como se refleja en los patrones de consumo de dichos productos. Asimismo, es de destacar la introducción de un tipo mínimo para las demás labores del tabaco, habida cuenta de las distorsiones que pueden crearse entre las diferentes labores del tabaco si no se ajusta adecuadamente su fiscalidad, sin perjuicio de la conveniencia de homogeneizar la estructura de todos los epígrafes. Finalmente, se ajustan los mínimos de aquellas labores que son vendidas a precios inferiores a los precios de referencia determinados en la norma. En las medidas que se incluyen en este Capítulo concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a dicha figura normativa, pues, como se ha expuesto, la necesidad de continuar el proceso de consolidación fiscal para alcanzar la estabilidad presupuestaria y la observancia de las medidas incluidas en el Programa de Estabilidad requiere de la aprobación de estas medidas sin más dilación. II En la situación económica actual resulta de gran importancia introducir una mayor coherencia sectorial y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si bien, hasta ahora, estas ayudas se han venido estructurando en función de los colectivos protegidos, en el momento actual esa distribución carece de la operatividad necesaria para dar una respuesta eficaz a las demandas de aquellos sectores en los que es necesario incidir con una mayor urgencia. Así, es imprescindible que aquellos fines a los que se destina la citada asignación queden encuadrados dentro de unos ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumenten los programas a desarrollar, y que se circunscriben a los ámbitos siguientes: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo. Las medidas expuestas constituyen la respuesta demandada con urgencia por la situación de los colectivos más desfavorecidos y las entidades que atienden sus necesidades y responden a un nuevo marco que se encuentra amparado en las competencias del Estado correspondientes a cada una de las materias referidas en el párrafo anterior conforme al artículo 149.1.2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 13.ª, 15.ª, 16ª, 23.ª, 29.ª, 30.ª, 31.ª de la Constitución Española. Por otra parte, se hace inaplazable el reconocimiento jurídico del papel esencial que determinadas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro tienen a la hora de dar respuesta a las necesidades cada vez más acuciantes de la sociedad, colaborando directamente con las Administraciones Públicas, quedando al mismo tiempo garantizada la vía de canalización de los fondos públicos imprescindibles para que las mismas puedan cumplir y desarrollar los fines que les son propios. Para ello, y por ello, se ha considerado pertinente otorgarles una especial consideración jurídica como entidades del Tercer Sector colaboradoras con las administraciones públicas. Se trata de una nueva categoría de carácter básico, en virtud de la competencia del Estado prevista en el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que debe permitir el reconocimiento como colaboradoras en la ejecución de políticas públicas a un amplio elenco de organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro y con fines de interés general, cualquiera que sea su forma jurídica. III El Capítulo III tiene como finalidad dotar créditos en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe de 128.972.249,86 euros, para atender a la realización de obras de emergencia y otras actuaciones inversoras, así como proceder a la concesión de suplementos de créditos en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de actuaciones contempladas en el Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, así como para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal «Consejo Superior de Investigaciones Científicas» por importe global de 104.000.000 de euros. Por lo que respecta al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se dotan créditos para atender a la realización de las siguientes actuaciones: 1. Reparación de daños en el dominio público hidráulico y zonas colindantes causados por lluvias y avenidas. El primer trimestre de este año se ha caracterizado por el hecho de que las lluvias han superado ampliamente los valores medios en toda la franja del norte peninsular, desde Galicia hasta el norte de Aragón, incluyendo el norte de Castilla y León y el centro de Andalucía. Además en amplias áreas de Navarra y el País Vasco, las cantidades de precipitación acumuladas durante el primer trimestre superaron el doble de los valores normales. En este contexto, si bien el papel regulador jugado por los embalses ha sido fundamental, los daños producidos de forma directa por las avenidas o de forma indirecta por los desembalses provocados han sido cuantiosos. Por ello es necesario acometer de forma prioritaria urgente aquellas actuaciones destinadas a la reparación y reposición de la funcionalidad de las infraestructuras afectadas así como la limpieza y restauración de los cauces. Por otra parte, si bien los embalses se han mostrado como una herramienta eficaz para la reducción de las afecciones aguas abajo, la mejora de su gestión y la aplicación de nuevas técnicas de telecontrol y apoyo a la toma de decisiones es una necesidad urgente. El importe de las inversiones a llevar realizar para atender las necesidades a que se refiere este apartado asciende a 39.972.249,86 euros. 2. Atender compromisos adquiridos en ejercicios anteriores. Como consecuencia de actuaciones realizadas en ejercicios anteriores existen compromisos de gastos imputables al ejercicio 2013, relativos a los programas de «Gestión e Infraestructuras del Agua» y «Calidad del Agua» que no es posible atender por insuficiencia de crédito. La existencia de estos compromisos ha provocado, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional décimo novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la realización de retenciones cautelares de crédito en diversas aplicaciones del presupuesto de la Dirección General del Agua lo que está dificultando la gestión presupuestaria. Para corregir esta situación es necesario habilitar créditos por un importe de 61.000.000 de euros. 3. Adquisición de un avión destinado a la extinción de incendios forestales. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal gestiona el programa de «Protección y Mejora del Medio Natural» entre cuyos objetivos se encuentra la extinción y defensa contra incendios forestales para la protección de la cubierta forestal mediante el envío de medios de apoyo a las comunidades autónomas para la extinción de incendios forestales y la optimización y coordinación de las actuaciones necesarias. Para las acciones de apoyo, optimización y coordinación de medios el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dispone de 23 aeronaves propias. Dada la antigüedad de algunas de estas aeronaves, que implica una disminución de la seguridad, se va a proceder a su retirada lo que hace necesario iniciar la reposición de la flota incorporando al menos una unidad que permita el relevo de los aviones en operación y las revisiones preceptivas. Para ello se requiere una dotación adicional de crédito por importe de 28.000.000 euros. Las necesidades puestas de manifiesto en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de actuaciones contempladas del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, así como para atender necesidades de financiación de la «Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas» por importe global de 104.000.000 de euros, se concretan en las siguientes actuaciones: 1. Actuaciones contempladas en el Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. La Estrategia y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen como objetivos el reconocimiento y promoción del talento de I+D+i y su empleabilidad, el impulso del liderazgo empresarial en I+D+i, el fomento de la investigación científica y técnica de excelencia y el fomento de actividades de I+D+i orientadas a resolver los retos globales de la sociedad. La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación 2013-2020 contiene los objetivos, reformas y medidas que deben abordarse en todo el ámbito de la I+D+i para potenciar su crecimiento e impacto, suponiendo un importante paso para la construcción del Espacio Europeo de Investigación y de Innovación. Por su parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 constituye el instrumento mediante el cual la Administración General del Estado desarrolla los objetivos de la Estrategia y representa un importante esfuerzo de simplificación que ha de permitir facilitar la gestión y las relaciones con los ciudadanos, cubriendo las actuaciones de la totalidad de los aspectos necesarios para garantizar, contando con los niveles adecuados de financiación, la sostenibilidad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los Planes Anuales de Actuación son el instrumento de actualización continua del Plan Estatal durante su periodo de vigencia, razón por la cual recogen la relación de actuaciones y convocatorias que, anualmente, se ponen en marcha a través del calendario previsto de convocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y de resolución de las propuestas, así como de los organismos de gestión, previsión de nuevos convenios, desarrollo de acuerdos y otras actuaciones. En el marco del Plan Anual de Actuación 2013, la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y la Dirección General de Innovación y Competitividad dependientes de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, tienen previsto publicar convocatorias en concurrencia competitiva con ayudas a proyectos de I+D+i para este ejercicio y años sucesivos. La publicación de estas convocatorias es urgente ya que se debe garantizar la sostenibilidad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y se consideran inaplazables para mantener el nivel de I+D+i como corresponde a uno de los países que aspira a ser más avanzado dentro de la Unión Europea y de cara a poder acceder en las mejores condiciones a los fondos europeos que se están analizando de cara al H2020 (Horizonte 2020), como nuevo programa marco de la investigación e innovación de la Unión Europea. Las necesidades de crédito para atender el coste de estas convocatorias durante el año 2013 se cifran en 79.000.000 euros. 2. Necesidades de financiación en la agencia estatal «Consejo Superior de Investigaciones Científicas». La agencia estatal «Consejo Superior de Investigaciones Científicas» necesita financiación adicional por importe de 25.000.000 euros, al objeto de hacer frente a los pagos derivados de la ejecución de su presupuesto. Ello, como consecuencia de la situación que presenta su remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2012, que es inferior al que figura aplicado a su presupuesto de ingresos para el 2013. IV La disposición adicional primera permite, de forma excepcional, a las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que con ocasión de su clasificación en el sector de administraciones públicas, puedan en el ejercicio en que tenga lugar esta clasificación y en el siguiente, y en los términos previstos en la citada disposición, no estar sujetas al régimen de endeudamiento previsto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En la disposición adicional segunda se recoge el fundamento jurídico de la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado. Se establecen criterios de homogeneización para determinar el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre 2004 y 2011, o entre 2006 y 2011 por lo que se refiere a las compensación adicional derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas reconocida a partir de 2006. Con ello se logra el objetivo de que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas sea financieramente neutral para las entidades locales en lo que a aquel índice se refiere. La disposición no tendrá ningún efecto financiero puesto que los créditos previstos para el pago de la indicada liquidación ya fueron calculados de acuerdo a estos criterios. La incorporación de esta disposición al presente Real Decreto-ley tiene carácter extraordinario y urgente en tanto se refiere a un año concreto (año 2011) cuya liquidación se debe calcular, comunicar y, en su caso, transferir su resultado en el próximo mes de julio, ya que para entonces se conocerán todos los elementos necesarios para realizar dicho proceso, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82.Uno de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. V La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula en su disposición adicional segunda la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho comunitario, estableciendo que las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento. Asimismo, dispone que corresponde al Consejo de Ministros declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención que corresponda. Por otro lado, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula en su artículo siete, la responsabilidad financiera derivada en materia de gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, no ajustándose lo allí dispuesto a lo previsto en la citada disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ello, es necesario llevar a cabo una modificación del citado artículo siete de la Ley General de Subvenciones, que se recoge en la disposición final segunda, estableciendo la competencia del Consejo de Ministros para resolver los procedimientos para la determinación y repercusión de la responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de los sujetos integrantes del sector público de las obligaciones establecidas en la normativa europea, al mismo tiempo que se define el procedimiento aplicable para aquellos casos distintos a los previstos en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, se derogan aquellas normas que con carácter sectorial regulaban un procedimiento específico para la determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la normativa europea, eliminándose así la dispersión normativa existente en la materia. VI La disposición final tercera modifica el artículo 669 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para variar el importe a depositar por los postores para concurrir a la subasta de bienes inmuebles, que pasaría del 20 al 5 por ciento. El objeto de esta modificación es equiparar el régimen de la subasta de bienes inmuebles con la que a la de bienes muebles ha dado la reciente Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. VII La actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2013-2016 ha previsto, entre otras medidas, que se dote de continuidad al incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se introdujo a partir de 1 de enero de 2012. Sin embargo, dado que la aprobación del citado Programa por el Consejo de Ministros se ha producido con posterioridad al 1 de marzo, fecha límite para que los Ayuntamientos comuniquen a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación para el ejercicio 2014 de los coeficientes de actualización de los valores catastrales previstos en el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, puede darse la circunstancia de que en ese nuevo escenario los Ayuntamientos necesiten cambiar su criterio respecto a la citada solicitud, razón por la cual se amplía dicho plazo, al tiempo que se posibilita la presentación, dentro del nuevo plazo, del desistimiento de la solicitud que ya hubiera sido formulada. En coherencia con lo anterior, se amplía el plazo de publicación de la Orden ministerial que determine la relación de municipios en los que resultarán de aplicación los citados coeficientes. Por último, la disposición final quinta y sexta regulan la habilitación normativa al Gobierno y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para desarrollar lo previsto en el Real Decreto-ley y su entrada en vigor. En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, tal como se ha ido explicando en los apartados anteriores, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un Real Decreto-ley. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado en cuanto a la concesión de suplementos de crédito y su financiación, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de junio de 2013, DISPONGO: CAPÍTULO I Medidas tributarias Artículo 1. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: Uno. Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 23, que quedan redactados de la siguiente forma: «5. El Impuesto sobre Productos Intermedios será exigible en Canarias a los siguientes tipos impositivos: a) Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 28,70 euros por hectolitro. b) Los demás productos intermedios: 47,82 euros por hectolitro. 6. El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas se exigirá en Canarias al tipo de 714,63 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de esta Ley.» Dos. Se modifica el artículo 34, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 34. Tipo impositivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, el Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos: 1. Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 36,65 euros por hectolitro. 2. Los demás productos intermedios: 61,08 euros por hectolitro.» Tres. Se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 39. Tipo impositivo. El impuesto se exigirá al tipo de 913,28 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 23, 40 y 41.» Cuatro. Se modifica el número 5.º de las letras a) y b) del apartado 2, así como el apartado 4, ambos del artículo 40 que quedan redactados de la siguiente forma: «Artículo 40. Régimen de destilación artesanal. […] a) Tarifa primera del régimen de destilación artesanal. […] 5.º Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 799,19 euros por hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será de 622,23 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41. b) Tarifa segunda del régimen de destilación artesanal. […] 5.º Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 799,19 euros por hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será de 622,23 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41. […] 4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores. El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados miembros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 799,19 euros por hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo será de 622,23 euros por hectolitro de alcohol puro.» Cinco. Se modifica el artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 41. Régimen de cosechero. Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 215,58 euros por hectolitro de alcohol puro. Cuando el impuesto sea exigible en Canarias, el tipo aplicable será de 167,05 euros por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de estos tipos se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol puro por cosechero y año.» Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 60, que queda redactado de la siguiente forma: «1. El impuesto se exigirá conforme a la siguiente tarifa: Epígrafe 1.–Cigarros y cigarritos: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, los cigarros y cigarritos estarán gravados al tipo del 15,8 por 100. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 41,5 euros por cada 1.000 unidades, y se incrementará hasta 44,5 euros cuando a los cigarros y cigarritos se les determine un precio de venta al público inferior a 215 euros por cada 1.000 unidades. Epígrafe 2.–Cigarrillos: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, los cigarrillos estarán gravados simultáneamente a los siguientes tipos impositivos: a) Tipo proporcional: 51 por 100. b) Tipo específico: 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 128,65 euros por cada 1.000 cigarrillos, y se incrementará hasta 138 euros cuando a los cigarrillos se les determine un precio de venta al público inferior a 196 euros por cada 1.000 cigarrillos. Epígrafe 3.–Picadura para liar: excepto en los casos en que resulte aplicable el párrafo siguiente, la picadura para liar estará gravada simultáneamente a los siguientes tipos impositivos: a) Tipo proporcional: 41,5 por 100. b) Tipo específico: 22 euros por kilogramo. El importe del impuesto no puede ser inferior al tipo único de 96,5 euros por cada kilogramo, y se incrementará hasta 100,5 euros cuando a la picadura para liar se le determine un precio de venta al público inferior a 165 euros por kilogramo. Epígrafe 4.–Las demás labores del tabaco: 28,4 por 100. Las demás labores del tabaco estarán gravadas al tipo único de 22 euros por kilogramo cuando la cuota que resultaría de la aplicación del tipo establecido en el párrafo anterior sea inferior a la cuantía de este tipo único.» CAPÍTULO II Regulación de los fines de interés general a que irá destinado el porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen de las Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas Artículo 2. Ejes de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y actividades de interés general consideradas de interés social. 1. Son ejes de las actividades de interés general consideradas de interés social, y como tales serán tenidos en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el porcentaje fijado del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a otros fines de interés general considerados de interés social, los siguientes: a) La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria. b) La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral. c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia. d) La protección del medio ambiente. e) La cooperación al desarrollo. 2. En el marco de los ejes fijados en el apartado anterior, y en ejecución de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, las cantidades a distribuir en el año 2013 y siguientes, obtenidas de la asignación del porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para otros fines de interés social se destinarán a actividades de interés general que, entre las recogidas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, puedan ser declaradas reglamentariamente como de interés social. Dicho porcentaje será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, podrán obtener ayudas económicas y subvenciones con cargo a los créditos que se destinen a otros fines de interés general, la Cruz Roja Española y demás entidades u organizaciones no gubernamentales que desarrollen las actividades a las que se refiere el apartado anterior. Artículo 3. Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán reconocer como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas organizaciones o entidades que desarrollen actividades de interés general. Artículo 4. Régimen de colaboración entre las entidades del Tercer Sector y la Administración General del Estado. 1. En el ámbito de la Administración General del Estado, podrán reconocerse como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas organizaciones o entidades que reúnan los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de ámbito estatal en función del tipo de entidad de que se trate. b) Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. c) Desarrollar actividades de interés general considerando como tales, a estos efectos, las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. d) Cualquier otro que se establezca legal o reglamentariamente. En ningún caso serán reconocidas como entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente, aunque realicen algunas de las actividades incluidas en la letra c) del apartado anterior.. 2. Las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado podrán desempeñar las siguientes actuaciones: a) Informar y auxiliar a la Administración General del Estado en las materias propias de su ámbito de actuación, en los términos que se determine reglamentariamente. b) Participar como interlocutores con la Administración General del Estado a través de sus órganos de participación y consulta en los términos previstos en la normativa aplicable. c) Colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de los contratos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre o la colaboración se efectúe de forma no onerosa para la Administración». d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente. 3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el reconocimiento como entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, y se concretarán los derechos y obligaciones que dicho reconocimiento conlleva. En todo caso, la resolución de reconocimiento como entidad del Tercer Sector colaboradora con la Administración General del Estado, así como su revocación serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». CAPÍTULO III Suplementos de crédito Artículo 5. Concesión de suplementos de créditos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 1. Para atender a la realización de obras de emergencia y a la cobertura de compromisos de gastos adquiridos por actuaciones de ejercicios anteriores, se concede un suplemento de crédito en el Presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 05 «Dirección General del Agua», Programa 452A «Gestión e Infraestructura del Agua», Capitulo 6 «Inversiones reales» Artículo 61 «Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general». Concepto 611 «Otras», por importe de 80.732.154,92 euros. 2. Para atender a la cobertura de compromisos de gastos adquiridos por actuaciones de ejercicios anteriores, se concede un suplemento de crédito en el Presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 05 «Dirección General del Agua», Programa 456A «Calidad del Agua», Capitulo 6 «Inversiones reales», Artículo 60 «Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general», Concepto 601 «Otras», por importe de 20.240.094,94 euros. 3. Para la adquisición de un avión destinado a la lucha contra incendios, se concede un suplemento de crédito en el Presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Servicio 18 «Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal», Programa 446C «Protección y Mejora del Medio Natural», Capitulo 6 «Inversiones reales», Articulo 63 «Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios», Concepto 630 «Otras», por importe de 28.000.000 euros. Artículo 6. Concesión de suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad. 1. Para la realización de convocatorias públicas en el marco del Plan Anual de Actuación de 2013, se conceden los siguientes suplementos de crédito: En el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 13 «Dirección General de Investigación Científica y Técnica», Programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», Concepto 780 «Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica» por importe de 71.000.000 de euros. En el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 14 «Dirección General de Innovación y Competitividad», Programa 467C «Investigación y desarrollo tecnológico-industrial», Concepto 775 «Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE (Ciencia- Tecnología-Empresa)» por importe de 8.000.000 de euros. 2. Para atender las necesidades de financiación de la agencia estatal «Consejo Superior de Investigaciones Científicas» se concede un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 11 «Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación», Programa 000X «Transferencias internas», Concepto 730 «Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)» por importe de 25.000.000 de euros. Este suplemento de crédito tendrá el siguiente reflejo en el presupuesto de la agencia estatal «Consejo Superior de Investigaciones Científicas»: Presupuesto de ingresos: Aplicación presupuestaria Denominación Importe - (Euros) 27.401.700.00 Del departamento ministerial al que está adscrito + 25.000.000,00 27.401.870 Remanente de tesorería - 25.000.000,00 Artículo 7. Régimen de gestión de los suplementos de crédito. Los suplementos de crédito que se conceden en artículo 6.1 se gestionarán atendiendo al régimen de vinculación de los créditos establecido en el artículo 10.Dos.5 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Artículo 8. Financiación de los suplementos de crédito. Los suplementos de crédito que se conceden en el presente Real Decreto-ley se financiarán con deuda pública. Disposición adicional primera. Régimen de endeudamiento aplicable a entidades dependientes o vinculadas a entidades locales. Con carácter extraordinario y transitorio, las entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales que se clasifiquen en el sector de administraciones públicas, en el ejercicio en el que se apruebe dicha clasificación y en el siguiente no serán incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de endeudamiento establecido en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en normas que, con vigencia indefinida o temporal lo completen o desarrollen, pudiendo formalizar aquellas entidades dependientes las operaciones de endeudamiento que tuvieren previstas en sus presupuestos o en sus estados financieros iniciales. Disposición adicional segunda. Criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2011. A los efectos de la liquidación definitiva de la participación de las Entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2011 y de la aplicación del artículo 121 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año 2004 y el año 2011, se determinará con los criterios establecidos en el artículo 20 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias que consisten en: 1. Los ingresos tributarios del Estado del año 2011 están constituidos por la recaudación estatal en el ejercicio excluidos los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 22/2009. 2. Por lo que se refiere al cálculo de los ingresos tributarios del Estado del año 2004 o 2006, se utilizarán los criterios establecidos en la letra c) de la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2009, considerando como año base el año 2004 o 2006, según proceda. Disposición transitoria única. Régimen transitorio para el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado. 1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para el reconocimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado previsto en el artículo 4, se considerará que ostentan dicha condición las entidades que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado uno del citado artículo. 2. Una vez que se produzca dicho desarrollo reglamentario, las organizaciones o entidades consideradas como entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado según lo dispuesto en el apartado anterior, deberán presentar la correspondiente solicitud de reconocimiento como tales, en la que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos exigidos reglamentariamente para ello, sin que su consideración previa como entidades colaboradoras al amparo de esta disposición pueda generar derechos o prerrogativas de ningún tipo. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. A la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a o contradigan lo en ella establecido y en particular: a) El artículo 121 bis del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. b) La disposición final cuarta de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. c) Los apartados tercero y cuarto de la disposición adicional tercera de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección al medio marino. d) La disposición adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 2. Se declaran expresamente vigentes en su redacción actual, en lo que no se opongan a este Real Decreto-ley, el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivadas de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los cuales se ajustará la aplicación de la asignación tributaria del porcentaje del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en tanto no se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 2. Disposición final primera. Título competencial. El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas, en el artículo 149.1, apartados 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 18.º, 23.º, 29.º, 30.º, 31.º de la Constitución Española. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se modifica el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 7. Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea. 1. Las Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que, de acuerdo con sus respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión y control de las ayudas financiadas por cuenta de Fondos procedentes de la Unión Europea, asumirán las responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión Europea, y especialmente en lo relativo al proceso de liquidación de cuentas y a la aplicación de la disciplina presupuestaria por parte de la Comisión Europea, de acuerdo con los siguientes regímenes: a) La responsabilidad de los sujetos previstos en la Disposición Adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tenga su origen en correcciones financieras acordadas mediante sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas se determinará y repercutirá conforme al régimen establecido en la citada ley y su normativa de desarrollo. b) En los casos distintos de los previstos en la letra a) anterior, la determinación de la responsabilidad se realizará con arreglo a los trámites establecidos en el Título II de esta Ley. Los órganos de la Administración General del Estado y las entidades dependientes o vinculadas a la misma que sean competentes para la coordinación de cada uno de los fondos o instrumentos europeos, o en su defecto, para proponer o coordinar los pagos de las ayudas de cada fondo o instrumento, previa audiencia de las entidades afectadas mencionadas en el apartado anterior, resolverán acerca de la determinación de las referidas responsabilidades financieras. De dichas resoluciones se dará traslado al órgano o entidad competente para la gestión del fondo en cada caso para hacerlas efectivas. En defecto de pago voluntario, las compensaciones o retenciones que deban realizarse como consecuencia de las actuaciones señaladas en el apartado anterior se llevarán a cabo mediante la deducción de sus importes en los futuros libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos y, en su defecto, con las cantidades que deba satisfacer el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario o no presupuestario, siempre que no se trate de recursos del sistema de financiación, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 2. La derivación de responsabilidad a sujetos distintos de los previstos en el apartado anterior se hará conforme a lo establecido en la letra b) del apartado anterior». Disposición final tercera. Modificación del artículo 669 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El apartado primero del artículo 669 queda redactado en los siguientes términos: «1. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, el 5 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3.º del apartado 1 del artículo 647.» Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Se modifica la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma: «Disposición transitoria novena. Plazos para la aplicación en el ejercicio 2014 de los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32. El plazo para que los Ayuntamientos comuniquen a la Dirección General del Catastro la solicitud de aplicación para el ejercicio 2014, de los coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32, se amplía hasta el 15 de noviembre de 2013. Hasta dicha fecha los Ayuntamientos podrán comunicar al citado centro directivo el desistimiento de la solicitud que hubieran formulado. Asimismo, se amplía hasta el 15 de diciembre de 2013 el plazo para publicar en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ la Orden ministerial que determine la relación de municipios en los que resultarán de aplicación los citados coeficientes.» Disposición final quinta. Habilitación normativa. Se habilita al Gobierno y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley. Disposición final sexta. Entrada en vigor. El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, los siguientes incrementos que se recogen en el apartado 1 del artículo 60 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, según la redacción dada en el apartado seis del artículo 1 de este Real Decreto-ley, se aplicarán con efectos desde el 5 de julio de 2013: Epígrafe 1. Cigarros y cigarritos: El incremento de hasta 44,5 euros cuando a los cigarros y cigarritos se les determine un precio de venta al público inferior a 215 euros por cada 1.000 unidades. Epígrafe 2. Cigarrillos: El incremento hasta 138 euros cuando a los cigarrillos se les determine un precio de venta al público inferior a 196 euros por cada 1.000 cigarrillos. Epígrafe 3. Picadura para liar: El incremento hasta 100,5 euros cuando a la picadura para liar se le determine un precio de venta al público inferior a 165 euros por kilogramo. Epígrafe 4. Las demás labores del tabaco: El tipo único de 22 euros por kilogramo cuando la cuota que resultaría de la aplicación del tipo proporcional sea inferior a la cuantía de este tipo único. Dado en Madrid, el 28 de junio de 2013. JUAN CARLOS R. La Presidenta del Gobierno en funciones, SORAYA SAÉNZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

El Real Decreto de ayer para subir impuestos alcohol/tabaco y modificar todo lo que quepa, en vigor mañana

I La necesidad de continuar en la senda de consolidación fiscal iniciada a comienzos de 2012 requiere de la adopción de diversas medidas. Algunas de ellas son el resultado de los compromisos reflejados en el Programa de Estabilidad del Reino de España correspondiente al período 2013-2016, como las que se incorporan al ordenamiento mediante este Real Decreto-ley, y que inciden en el ámbito de los Impuestos Especiales y del Catastro Inmobiliario. En materia de Impuestos Especiales, el presente Real Decreto-ley introduce modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto sobre Productos Intermedios y del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando su tributación en un 10 por 100, constituyendo, por tanto, una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda española. Además, debe tenerse muy presente que esta imposición constituye también un importante instrumento al servicio de la política sanitaria. A estos efectos es conveniente tener en cuenta que los tipos impositivos que gravan el alcohol en España se encuentran dentro de los más bajos de la Unión Europea y que la última subida de estos tipos impositivos se produjo a través del Real Decreto-ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. El cumplimiento del compromiso político del Gobierno de alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el hecho de que la imposición sobre las labores del tabaco constituya una fuente relevante de ingresos tributarios para la Hacienda Pública, son razones que justifican un incremento de los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, sustentando al tiempo los objetivos de esta imposición en materia sanitaria. En primer lugar, debe destacarse la modificación que se adopta en relación con los tipos impositivos que afectan a los cigarrillos. Se incrementa el peso del componente específico frente al componente ad valorem. Con esta medida se continúa el proceso de reforma de la estructura mixta impositiva de esta labor del tabaco iniciada con el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, que tiene como finalidad alcanzar de forma progresiva un mayor equilibrio entre el elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto. Al tiempo, se incrementa la franja de la fiscalidad mínima de los cigarrillos, de forma que asegure los niveles deseables de tributación de esta labor del tabaco. También se incrementan los tipos impositivos mínimos aplicables al resto de labores. Por lo que respecta a los cigarros y cigarritos, se disminuye ligeramente el diferencial de tributación existente entre los cigarrillos y estas labores, incrementando el tipo impositivo aplicable a las mismas en una proporción superior a aquella en la que se incrementa la fiscalidad mínima para los cigarrillos. En relación con la picadura de liar, el ajuste que se realiza pone de relieve las diferencias existentes entre la fiscalidad de esta labor del tabaco y los cigarrillos. Era, pues, necesario aproximar los niveles mínimos aplicados a la picadura de liar a los de los cigarrillos, a fin de atender en mayor medida al grado de competencia que existe entre ambos productos, como se refleja en los patrones de consumo de dichos productos. Asimismo, es de destacar la introducción de un tipo mínimo para las demás labores del tabaco, habida cuenta de las distorsiones que pueden crearse entre las diferentes labores del tabaco si no se ajusta adecuadamente su fiscalidad, sin perjuicio de la conveniencia de homogeneizar la estructura de todos los epígrafes. Finalmente, se ajustan los mínimos de aquellas labores que son vendidas a precios inferiores a los precios de referencia determinados en la norma. En las medidas que se incluyen en este Capítulo concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a dicha figura normativa, pues, como se ha expuesto, la necesidad de continuar el proceso de consolidación fiscal para alcanzar la estabilidad presupuestaria y la observancia de las medidas incluidas en el Programa de Estabilidad requiere de la aprobación de estas medidas sin más dilación. II En la situación económica actual resulta de gran importancia introducir una mayor coherencia sectorial y operatividad en la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si bien, hasta ahora, estas ayudas se han venido estructurando en función de los colectivos protegidos, en el momento actual esa distribución carece de la operatividad necesaria para dar una respuesta eficaz a las demandas de aquellos sectores en los que es necesario incidir con una mayor urgencia. Así, es imprescindible que aquellos fines a los que se destina la citada asignación queden encuadrados dentro de unos ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumenten los programas a desarrollar, y que se circunscriben a los ámbitos siguientes: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo. Las medidas expuestas constituyen la respuesta demandada con urgencia por la situación de los colectivos más desfavorecidos y las entidades que atienden sus necesidades y responden a un nuevo marco que se encuentra amparado en las competencias del Estado correspondientes a cada una de las materias referidas en el párrafo anterior conforme al artículo 149.1.2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 13.ª, 15.ª, 16ª, 23.ª, 29.ª, 30.ª, 31.ª de la Constitución Española. Por otra parte, se hace inaplazable el reconocimiento jurídico del papel es ### RESUMEN: El Real Decreto de ayer para subir impuestos alcohol/tabaco y modificar todo lo que quepa, en vigor mañana

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido informado de la convocatoria de huelga general que se iniciará a las 00:00 h del día 8 de marzo y finalizará a las 24:00 h de ese mismo día, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y por la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Asimismo, y con posterioridad se le ha comunicado la convocatoria del Sindicato de Oficios Varios da Confederación Nacional do Traballo de Vigo (CNT-Vigo) para el día 8 de marzo de 2021 en el ámbito territorial de Vigo y su Comarca. Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2021, se han recibido nuevas convocatorias de la Intersindical Alternativa de Catalunya, Intersindical CSC y Confederación General del Treball de Catalunya-CGT desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo, en el ámbito de la comunidad Autónoma de Cataluña. El artículo 2.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que las actividades relacionadas con el mercado de productos petrolíferos y suministro de gases combustibles por canalización, se ejercerán garantizando el suministro a los consumidores demandantes dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de actividades de interés económico general. Por su parte, el Real Decreto 1477/1988, de 9 de diciembre, por el que se establecen los servicios mínimos esenciales para la realización de la actividad encomendada a las empresas de refino de petróleo, el Real Decreto 1478/1988, de 9 de diciembre, por el que se establecen servicios mínimos para la realización de las actividades de servicio público de suministro de combustibles gaseosos por canalización y de suministro de gases licuados del petróleo a granel y envasado, y el Real Decreto 425/1993, de 26 de marzo, sobre garantías de prestación de servicios esenciales por las empresas autorizadas a realizar las actividades de transporte y almacenamiento, distribución al por mayor y distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos, constituyen el marco normativo de referencia para el establecimiento de servicios mínimos en el ámbito de la referida Ley 34/1998, de 7 de octubre. Dichos reales decretos, facultan a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para determinar las especificaciones concretas de servicios esenciales mínimos, cuyo mantenimiento condicionará las situaciones de huelga. Asimismo, establecen que los paros y alteraciones de trabajo del personal que se designe en servicios mínimos serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Este Ministerio ha solicitado informe a ENAGAS GTS, S.A.U., en calidad de Gestor Técnico del Sistema, sobre las necesidades de disponibilidad de las instalaciones del sistema gasista que puedan verse afectadas por esta convocatoria de huelga. ENAGAS GTS, S.A.U., a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y de acuerdo con las funciones que establece el artículo 64 de la citada ley, es el responsable de la operación y gestión técnica de la red básica y de transporte secundario y garantizará la continuidad y seguridad del suministro de gas natural, así como la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución. En sus informe de 22 y de 26 de febrero de 2021, con motivo de la convocatoria de huelga general en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el próximo día 8 de marzo, ENAGAS GTS, S.A.U., ha manifestado que los servicios mínimos para garantizar la seguridad de las personas y bienes en todas las instalaciones gasistas, mantener la atención de los servicios esenciales descritos en el artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en las Normas de Gestión Técnicas del Sistema Gasista (NGTS), así como la disponibilidad del gas natural que se considere necesario para la generación de energía eléctrica, deben establecerse con los siguientes criterios: a) Las redes de transporte y distribución deben estar disponibles desde los puntos de entrada o producción hasta las instalaciones de los consumidores, manteniendo las presiones de gas en valores superiores a los mínimos garantizados en las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. b) Las plantas de regasificación en Mugardos de Reganosa, y la de Barcelona de ENAGAS deben estar disponibles y con niveles de producción y de almacenamiento, en su caso, suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones, el cumplimiento del programa de descargas la atención de la demanda y la preservación del medio ambiente, evitando la posible emisión de gas a la atmósfera. El suministro de gas natural junto con el suministro de los gases licuados del petróleo, tanto a granel como envasado, constituyen actividades fundamentales cuya garantía de suministro se plasma en el establecimiento de los servicios mínimos contenidos en los apartados tercero y cuarto de esta orden, así como en el anexo II. El apartado segundo y el anexo I de esta orden recoge los servicios mínimos establecidos para la actividad de refino que han sido determinados con el objetivo general de garantizar la seguridad de las personas y del medioambiente, fundamentales en instalaciones de tal complejidad. El suministro de productos petrolíferos es esencial para el normal desarrollo de la actividad ciudadana por lo que se considera necesario establecer unos servicios mínimos. Tomando en consideración la duración y características de la huelga convocada, y en base a criterios objetivos de distribución geográfica de instalaciones de suministro, de densidad de tráfico previsible, de agentes económicos afectados así como características actuales de los vehículos, se considera que los servicios mínimos que se establecen, equivalentes al 20 % del número de instalaciones inscritas, a nivel de la comunidad afectada, en el Censo de Instalaciones de Suministro de Carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según se recogen en el apartado cuarto y en el anexo III, cumplen con el doble requisito de no limitar el derecho de huelga de los trabajadores y garantizar una adecuada cobertura del abastecimiento a los usuarios. Así mismo se han establecido servicios mínimos para postes marítimos en base a criterios geográficos equivalentes al 20% de las instalaciones inscritas, a nivel autonómico en el Censo de Instalaciones de Suministro de Carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una primera propuesta de orden ha sido sometida a trámite de audiencia de los interesados desde el día 26 de marzo, hasta las 10:00 horas del día 2 de marzo. Posteriormente, ante el conocimiento de nuevas convocatorias de huelga que afectaban a la Comunidad Autónoma de Cataluña, se ha elaborado una nueva propuesta incluyendo los servicios mínimos en esta comunidad que ha sido sometida a trámite de audiencia desde el día 1 de marzo hasta las 10:00 del día 2 de marzo, con el objeto de que los interesados pudieran de este modo alegar o remitir cualquier información adicional que considerasen oportuna para una mayor precisión del alcance de los servicios mínimos señalados. Dentro del plazo conferido durante el trámite de audiencia se ha recibido escrito de la Confederación Intersindical Galega (CIG), en el que realizan las siguientes consideraciones: Consideran que no deben establecerse servicios mínimos por encima del personal en un domingo o festivo. Y en aquellos casos en que permanezcan cerrados los domingos no se deben establecer servicios mínimos. Dado que el paro convocado desde el IGC es una llamada a solo a las mujeres, solicitan que aquellos servicios mínimos que se decreten sean cubiertos por hombres, siempre que sea posible. La pandemia del COVID-19 no debe utilizarse para incrementar el personal mínimo de servicio, especialmente en labores de limpieza y cuidados. En relación a las alegaciones de ICG, cabe decir que los servicios establecidos responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones y la garantía de un servicio esencial, siendo los servicios establecidos similares a los de huelgas anteriores. En cuanto a que los mismos deban ser prestados por hombres, hay que considerar que la presente orden responde a diferentes convocatorias de huelgas, algunas de las cuales no convocan de forma exclusiva a las mujeres por lo que resultaría discriminatorio priorizar la designación de los servicios mínimos por razón de género. Por último, en lo que respecta al personal mínimo en labores de limpieza y cuidados estos no han sido incrementados por el COVID-19. La empresa Compañía Logística de Hidrocarburos ha remitido escrito solicitando se especifique que los jefes de turno en las instalaciones de Barcelona son por turno en lugar de jornada partida, dadas las especiales características y nivel constante de actividad en esa instalación, lo cual se ha tomado en cuenta en la elaboración de la orden. Así mismo, se han recibido alegaciones de UPI Operadores Independientes trasladando alegaciones realizadas por el grupo DISA y DYNEFF, así como de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Lleida solicitando la inclusión de distintas estaciones de servicio en el listado de servicios mínimos en Cataluña. Estas peticiones de inclusión de instalaciones no se han tenido en cuenta debido a que se considera que los servicios mínimos establecidos, en base a criterios geográficos objetivos de un 20 % de instalaciones a nivel autonómico, garantizan una adecuada cobertura del abastecimiento a los usuarios de forma compatible con el derecho de huelga. La propuesta de orden ha sido informada favorablemente por el Abogado del Estado con fecha 2 de marzo de 2021 (exp. 185/2021). Finalmente, se considera que los servicios mínimos establecidos cumplen con el doble requisito de no limitar el derecho de huelga de los trabajadores y garantizar tanto la seguridad de las instalaciones como el abastecimiento a los usuarios potenciales dentro de la situación atípica que representa la convocatoria de una huelga y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en relación con las convocatorias de huelga general previstas para el día 8 de marzo. Por todo lo anterior resuelvo: Primero. Con carácter general las empresas encargadas de la producción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, garantizarán la prestación del servicio y mantendrán la disponibilidad y operatividad de las instalaciones. Asimismo, deberán designar los retenes y brigadas necesarios para atender la corrección de defectos y reparación de averías que pudieran presentarse en las instalaciones, garantizando en todo momento la seguridad de las personas y las instalaciones afectas al mismo y la calidad del suministro de productos petrolíferos y combustibles gaseosos. Segundo. En las refinerías de petróleo los servicios mínimos cuyo mantenimiento debe garantizarse durante la huelga, serán los de aplicar los siguientes criterios: a) La seguridad de personas e instalaciones se mantendrá en los niveles operativos habituales en todas las instalaciones de la refinería afectas a la actividad de refino. A estos efectos, las unidades de proceso, así como en el resto de instalaciones se mantendrán en las condiciones de seguridad adecuadas a sus especificaciones técnicas. b) En todo caso, las unidades de proceso de carburantes y combustibles con instalaciones con equipos críticos cuya parada tenga un efecto en la producción que vaya más allá del periodo de huelga convocado, así como otras unidades cuyo funcionamiento dependa del funcionamiento de las anteriores, deberán mantenerse, al menos, a mínima carga operativa. c) Las unidades de servicios auxiliares se mantendrán en funcionamiento para garantizar, al menos, las condiciones descritas y para afrontar cualquier situación de emergencia. d) Se mantendrán las instalaciones necesarias y se realizarán al menos los análisis mínimos para evitar cualquier riesgo de contaminación y mantener las condiciones operativas descritas. e) Funcionarán con toda su vigencia los planes de emergencia existentes, velando el personal de seguridad por ello, incluyendo los calendarios establecidos del personal requerido en labores de seguridad y emergencia, en los servicios de vigilancia y protección. f) Se efectuarán los servicios de mantenimientos necesarios para garantizar la seguridad de suministros mínimos y servicios antes mencionados, así como para posibilitar las condiciones operativas descritas. g) Los servicios de comunicación externos e internos deberán mantenerse operativos. Para el mantenimiento de dichos servicios mínimos, la empresa pondrá en operación los equipos de instalaciones que se consideren estrictamente necesarios, así como el personal preciso para la cobertura de tales servicios mínimos. Tercero. Se mantendrán en operación las instalaciones de transporte y distribución de gas natural que sean necesarias para evitar interrupciones de suministro a clientes finales y los servicios de atención al cliente en casos de urgencia. Asimismo, garantizarán que disponen de los equipos de retén necesarios para atender cualquier anomalía en las redes de su propiedad. Igualmente, se dispone lo siguiente: a) Red de Gasoductos de Transporte y Distribución, incluidas Estaciones de Compresión e instalaciones de Regulación y Medida: Los titulares de redes de transporte y los titulares de redes de distribución deben garantizar la plena disponibilidad de las instalaciones desde los puntos de producción hasta los puntos de consumos. Asimismo, se prestará especial atención a las zonas limítrofes para asegurar la disponibilidad de las instalaciones que apoyan el transporte a la comunidad autónoma afectada (en particular de las Estaciones de Compresión). b) Puntos de Entrada al Sistema: En términos generales todas las instalaciones deberán asegurar un nivel de producción que garantice el nivel mínimo de atención a la demanda convencional requerida en su zona, más la generación que se precise para atender el servicio público de suministro de energía eléctrica. El nivel de existencias de gas natural licuado (GNL en lo sucesivo) para el día 08 de marzo, de acuerdo con la programación mensual en curso, se prevé se encuentre por encima del nivel de seguridad mínimo estable. No obstante, deberá atenderse la descarga de buques en caso de que se requiera alguna actuación excepcional para garantizar el nivel de existencias mínima de alguna planta y, también por razones de seguridad, se deberá continuar con las descargas de buques previamente iniciadas hasta su completa finalización. También deben mantenerse operativos los cargaderos de cisternas para el abastecimiento de redes de distribución alimentadas por planta satélite de GNL. En función de la demanda prevista, se ajustarán los niveles de producción de las entradas al sistema gasista, siguiendo las pautas de los horarios de nominación/programación diarios, tanto el día previo como durante el propio día. En el caso que se previesen o se presentasen situaciones que pudieran suponer un riesgo para la garantía del cumplimiento de las entradas mínimas requeridas, y el sistema gasista pudiera incurrir en alguno de los supuestos previstos en el capítulo 10 de las NGTS, se procederá a la declaración de Situación de Operación Excepcional y a la adopción de las medidas necesarias para solucionar estas posibles situaciones. Cuarto. Por lo que se refiere a las instalaciones de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, incluyendo los gases licuados del petróleo, se efectuarán las descargas y cargas necesarias para mantener unas existencias operativas mínimas y para mantener en todo momento las existencias mínimas de seguridad que establece el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Asimismo, se realizarán los envíos mínimos necesarios para evitar el desabastecimiento de la cadena logística de carburantes y combustibles, manteniendo operativo el control de las instalaciones y la red de oleoductos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Los servicios mínimos cuyo mantenimiento debe garantizarse durante la huelga, se establecerán de acuerdo con los siguientes criterios: a) La seguridad de personas e instalaciones se mantendrá en todas las instalaciones afectas a los suministros de hidrocarburos líquidos, incluyendo los gases licuados del petróleo. b) Se mantendrá la distribución de pedidos urgentes procedentes de los sectores cuya actividad no pueda detenerse (hospitales, bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, ambulancias, centros estratégicos) o den respuesta a situaciones de extrema necesidad por razones humanitarias. c) Se responderá con rapidez ante posibles situaciones de emergencia por accidente o avería. d) Se garantizará el abastecimiento, para la prestación de los servicios mínimos en el ámbito del transporte aéreo dictados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en aplicación del Real Decreto 2878/1983, de 16 de noviembre, sobre garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en la comunidad en materia de transporte aéreo y del Real Decreto 776/1985, de 25 de mayo, sobre garantía de prestación de servicios esenciales en materia de Aviación Civil. e) Se garantizarán los suministros en los puertos que son abastecidos por los distintos operadores logísticos, a través de camión cisterna, tubería o gabarra, al objeto de que puedan cumplir con los servicios mínimos que se determine por la Administración responsable de los mismos. En las instalaciones donde se hubiere iniciado la descarga de un buque antes del comienzo de la huelga, se nombrarán los turnos necesarios hasta la completa finalización de las operaciones relacionadas con la misma. f) Las instalaciones de distribución de carburantes (estaciones de servicio y postes marítimos) que deberán prestar el servicio de suministro de carburante durante la jornada afectada por la huelga se relacionan en el Anexo III de la presente disposición. Los servicios mínimos serán de aplicación durante la jornada afectada por la huelga en el horario habitual de apertura que corresponda a cada instalación relacionada. Quinto. Los anexos de esta orden establecen las plantillas de personal necesarias para el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos en los puntos anteriores. Para las empresas incluidas en los servicios mínimos, que tengan turnos en determinados puestos de trabajo, el comienzo de la huelga para dichos puestos de trabajo se efectuará en el primer turno que se vea afectado por la huelga, aunque empiece antes del día 8 de marzo, y su finalización tendrá lugar una vez acabado el último turno, aunque se prolongue después de las 24 horas del día 8 de marzo. Adicionalmente, las empresas que, encontrándose en el ámbito de aplicación de esta orden, no figuren recogidas en dichos anexos, pondrán en operación los equipos e instalaciones que se consideran estrictamente necesarios, así como el personal necesario para la cobertura de tales servicios mínimos, de acuerdo con los criterios expresados en los apartados precedentes. Sexto. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente orden remitirán a la Dirección General de Política Energética y Minas, durante la jornada del 8 de marzo, la información que ésta les solicite, con la periodicidad y en la forma que ésta les notifique con carácter previo. Además, en el plazo de diez días naturales tras la finalización de la huelga, remitirán a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una memoria en la que se justifique y explique que el programa de operación durante la duración de esta huelga general se ajusta a los criterios establecidos en esta orden, en la que se incluyan las alegaciones formuladas por los representantes de los trabajadores, así como un resumen de las principales incidencias producidas. Contra esta orden que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en los artículo 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la orden en el «Boletín Oficial del Estado», si bien, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Madrid, 4 de marzo de 2021.–La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. ANEXO I Servicios mínimos Sector Refino Repsol Petróleo, S.A Refinería de A Coruña   Jornada ordinaria Turno de noche Turno de mañana Turno de tarde Jefatura de Operación         Jefe de Fábrica.   1 1 1 Combustibles         J.A. Combustibles 1.   1 1 1 J.A. Combustibles 2.   1 1 1 O.Panel Combustibles 1.   2 2 2 O.Panel Combustibles 2.   2 2 2 O.Campo Combustibles 1.   5 5 5 O. Campo Combustibles 2.   5 5 5 Tanques y terminal         J. Área Tanques.   1 1 1 J. Área Terminal Marítimo.   1 1 1 O. Panel Tanques.   1 1 1 O. Terminal Marítimo.   1 1 1 O. Campo Tanques.   4 4 4 O. Campo Terminal MarÍtimo.   3 3 3 Conversión 1         J. Conversión 1.   1 1 1 O. Panel FCC.   1 1 1 O. Panel HDT.   1 1 1 O. Campo FCC.   4 4 4 O. Campo HDT.   3 3 3 Conversión 2         J. Conversión 1.   1 1 1 O. Panel Coque.   1 1 1 O. Panel SSAA.   1 1 1 O. Campo Coque.   4 4 4 O. Campo SSAA.   3 3 3  Total Operación.   48 48 48 Laboratorio         Analista.   1 1 1 Ensayista.   1 1 1  Total Laboratorio.   2 2 2 Seguridad         Mando Intermedio.   1 1 1 Operador Seguridad.   2 2 2  Total Seguridad.   3 3 3 Servicio Médico         Médico. 1       ATS. 1        Total Servicio Médico. 2       Personas y Organización         PyO.         RRLL. 1       Servicios Generales. 1        Total Personas y Organización. 2       TI Soporte de Sistemas Industriales         Ingeniero TI. 1        Total TI Soporte de Sistemas Industriales. 1       Fiabilidad, Ingeniería y Mantenimiento         Estáticos         Técnico. 0       Encargados. 2 Retén     Planificadores. 0       Instrumentación         Encargado. 2 Retén     Oficial. 4 Retén     Dinámicos         Encargados. 2 Retén     Oficiales. 6 Retén     Electricidad         Encargados. 2 Retén     Oficiales. 4 Retén     Fiabilidad estático         Técnico.         Fiabilidad dinámica         Verificador. 1 Retén     Paradas         Planificadores.         Construcción         Planificadores.         Almacén         Administrador. 1        Total Fiabilidad y Mantenimiento. 24         Total Servicios mínimos. 29 53 53 53 Refinería de Repsol, S.A., en Tarragona Puesto de trabajo Turno de trabajo   Mañana Tarde Noche Jefe Operación         Jefe de Fábrica. 1 1 1   Destilación         Jefe de Área Destilación. 1 1 1   Op. Panel Destilación 1. 1 1 1   Op. Panel Destilación 2. 1 1 1   Op. Panel Destilación 3. 1 1 1   Op. Área U-611. 1 1 1   Op. Área U-612. 1 1 1   Op. Área U-621. 1 1 1   Op. Área U-613/614/616. 1 1 1   Op. Área U-615/617. 1 1 1   Op. Área U-671/673/680. 1 1 1   Hidrotratamientos         Jefe de Área Hidrot. 1 1 1   Op. Panel Hidrot. 1. 1 1 1   Op. Panel Hidrot. 2. 1 1 1   Op. Panel Blending/Hidrot. 1. 1 1 1   Op. Panel Blending/Hidrot. 2. 1 1 1   Op. Área U-653R. 1 1 1   Op. Área U-653F. 1 1 1   Op. Área U-652. 1 1 1   Op. Área U-651/654/657. 1 1 1   Op. Área U-642. 1 1 1   Op. Área U-645/454/Blending. 1 1 1   Op. Área U-641/631/634. 1 1 1   Op. Área U-655. 2 2 2   Olefinas         Jefe de Área Olefinas. 1 1 1   Oper. Panel (1) Pirólisis. 1 1 1   Oper. Panel (2) Pirólisis. 1 1 1   Oper.Panel (1) Fraccionamiento. 1 1 1   Oper.Panel (2) Fraccionamiento. 1 1 1   Op. Área Puesto 1. 1 1 1   Op. Área Puesto 2. 1 1 1   Op. Área Puesto 3. 1 1 1   Op. Área Puesto 4. 1 1 1   Op. Área Puesto 5. 1 1 1   Op. Área Puesto 6. 1 1 1   Op. Área Puesto 7. 1 1 1   Op. Área Puesto 8. 1 1 1   Op. Área Puesto 9. 1 1 1   Energías         Jefe de Área Energías. 1 1 1   Opero Panel Energías. 1 1 1   Op. Área Subárea A. 1 1 1   Op. Área Subárea B. 1 1 1   Op. Área Subárea C. 1 1 1   Op. Área Subárea D. 1 1 1   Op. Área efluentes/seguridad. 1 1 1   Instalaciones Marinas         Oper. Jefe Insl. Marinas. 1 1 1   Oper. Panel Insl. Marinas. 1 1 1   Op. Área Insl. Marinas (Pantalán). 3 3 3   Op. Área Insl. Marinas (T. Playa). 2 2 2   Op. Área Insl. Marinas (Deslastres). 1 1 1   Trasiegos         Jefe de Área Trasiegos. 1 1 1   Oper. Panel Trasiegos. 1 1 1   Op. Área Esferas. 1 1 1   Op. Área Acabados. 1 1 1   Op. Área Crudo. 1 1 1    Total Producción. 59 59 59   Laboratorio         Analista. 1 1 1    Total Laboratorio. 1 1 1   Seguridad         Encargado Seguridad. 1 1 1   Operador Seguridad. 1 1 1    Total Seguridad. 2 2 2   Servicios Médicos         ATS. 1 1 1   Medico. 1 1 1 (1)  Total Servicio Médico. 2 2 2   Ingeniería y Desarrollo         Técnico Sistemas y Soporte. 1 1 1 (1) Técnico Ingeniería. 1 1 1 (1)  Total Ingeniería y Desarrollo. 2 2 2   Fiabilidad y Mantenimiento         Instrumentación         Encargado. 1 1 1 (1) Oficial. 1 1 1 (1) Oficial analizadores. 1 1 1 (1) Oficial Urgencias. 1 1 1   Equipos Dinámicos         Encargado. 1 1 1 (1) Oficial. 2 2 2 (2) Equipos Estáticos         Encargado. 1 1 1 (1) Oficial. 2 2 2 (2) Oficial Andamios. 3 3 3 (3) Oficial Camión Limpieza. 2 2 2 (2) Electricidad         Encargado. 1 1 1 (1) Oficial. 1 1 1 (1) Fiabilidad Estática         Verificador. 1 1 1 (1) Fiabilidad Dinámica         Verificador. 1 1 1    Total Fiabilidad y Mantenimiento. 19 19 19   PyO. 1 1 1 (1) RL. 1 1 1   Serv. Generales. 1 1 1    Total Gestión de Recursos. 3 3 3   (1) Una persona de retén en su domicilio. (2) Dos personas de retén en su domicilio. (3) Tres personas de retén en su domicilio. ANEXO II Servicios mínimos Sector Gases Combustibles y Gases Licuados del Petróleo A) Gas Natural y Gases Manufacturados ENAGAS Transporte SAU Red de Gasoductos ENAGAS Transporte S.A.U.: Retén de guardia en todos los centros Centro de trabajo Puesto N.º de trabajadores Centro de transporte de Coruña. Jefe de Retén. Operador. 1 1 Centro de transporte Pontevedra. Jefe de Retén. Operador. 1 1 Centro de transporte de Ribadeo. Jefe de Retén. 1 Centro de transporte con instalaciones de Estación de compresión de Bañeras. Jefe de Retén. Operadores. 1 2 Centro de transporte de Hostalrich. Jefe de Retén. Operador. 1 1 Centro de transporte con instalaciones de Estación de compresión de Tivissa. Jefe de Retén. Operadores. 1 2 Planta de Regasificación de Barcelona ENAGAS, S.A. Centro de trabajo Puesto N.º de trabajadores Planta de Barcelona Turnos: Mañana, tarde y noche.   – Jefe Turno. 1 – Operadores de proceso. 5 Equipo de Retén: (con presencia durante la jornada, fuera de la jornada de trabajo: retén de guardia).   – Técnico. 1 Regasificadora del Noroeste, S.A. Centro de Trabajo Puesto N.º trabajadores Planta de Regasificación de Mugardos.     Turno de noche 7/03/2021-8/03/2021. Operadores. 3 Jefe de Turno. 1 Operadores correturnos. 4 Jefe de correturnos. 1 Turno de mañana. 8/03/2021. Operadores. 3 Jefe de Turno. 1 Turno de tarde. 8/03/2201. Operadores. 3 Jefe de Turno. 1 Turno de noche 8/03/2021-9/03/2021. Operadores. 3 Jefe de Turno. 1 Día 8 de marzo (turnos de mañana, tarde y noche). Operadores correturnos. 3 Operador Loading Master. 1 Retén área mantenimiento mecánico. 1 Retén área mantenimiento electricidad instrumentación. 1 NEDGIA Galicia, S.A. Provincia Centro de trabajo Función J. partida Retén 8 de marzo Pontevedra. ES-PON-El Troncal (Vigo). Jefe de Centro Operativo. 1     ES-PON-El Troncal (Vigo). Supervisor Gas. 1 1 Ourense. ES-OUR-Batundeira (Ourense). Supervisor Gas. 1   A Coruña. ES-CRÑ-Arteixo (A Coruña). Jefe de Servicios Técnicos. 1 1   ES-CRÑ-Arteixo (A Coruña). Supervisor Gas. 1 1   ES-CRÑ-Catabois (Ferrol). Jefe de Centro Operativo. 1 1   ES-CRÑ-Lisboa (Santiago de Compostela). Supervisor Gas. 1 1   ES-CRÑ-Lisboa (Santiago de Compostela). Jefe de Instalaciones Auxiliares. 1   Lugo. ES-LUG-Avda. Madrid (Lugo). Supervisor Gas. 1 1 NEDGIA Cataluña, S.A. Provincia Centro de trabajo Función Turno noche 7 de marzo Turno mañana 8 de marzo Turno tarde 8 de marzo Turno noche 8 de marzo J. partida Retén 8 de marzo Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Jefe de SSTT.         1   Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Jefe de Atención de Urgencias.         1   Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Jefe de Instalaciones Auxiliares.         1   Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Supervisor Gas TRR. 1 1 1 1     Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Supervisor Gas TPS.   1 1     1 Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Operario Gas TRR. 2 3 2 2     Barcelona. ES-BCN-Montigalà. Operario Gas TPS.   2 2     2 Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Jefe de SSTT.         1   Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Jefe de Atención de Urgencias.         1   Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Jefe de Instalaciones Auxiliares.         1   Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Supervisor Gas TRR. 1 1 1 1     Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Supervisor Gas TPS.   1 1     1 Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Operario Gas TRR. 2 3 2 1     Barcelona. ES-BCN-Carrilet. Operario Gas TPS.   2 2     2 Barcelona. ES-BCN-Bellvei. Jefe de SSTT.         1   Barcelona. ES-BCN-Bellvei. Jefe de Atención de Urgencias.         1   Barcelona. ES-BCN-Bellvei. Jefe de Instalaciones Auxiliares.         1   Barcelona. ES-BCN-Bellvei. Supervisor Gas TPS.   2 1     1 Barcelona. ES-BCN-Bellvei. Operario Gas TPS.   3 2     2 Girona. ES-GIR-Sitjar. Jefe de Centro Operativo.         1   Girona. ES-GIR-Sitjar. Supervisor Gas.   1 1     1 Tarragona. ES-TAR-Rojals. Jefe de Centro Operativo.         1   Tarragona. ES-TAR-Rojals. Supervisor Gas.   1 1     1 Lleida. ES-LLE-Segre. Jefe de Centro Operativo.         1   Lleida. ES-LLE-Segre. Supervisor Gas.   1 1     1 Barcelona. ES-BCN-V. Balaguer. Supervisor Gas.         1 1 Girona. ES-GIR-Camí d'Ur. Supervisor Gas.         1 Barcelona. ES-BCN-roda. Supervisor Gas.         1 Barcelona. ES-BCN-Roquetes. Supervisor Gas.         1 1 Barcelona. ES-BCN-BTC. Jefe de Explotación.         1   Barcelona. ES-BCN-BTC. Jefe de Dispatching.         1   Barcelona. ES-BCN-BTC. Jefe de Aplicaciones Avanzadas.         1   Barcelona. ES-BCN-BTC. Técnico de Operación de Despacho. 2 2 2 2     Barcelona. ES-BCN-BTC. Jefe de Central de Urgencias. 1 1 1 1     Barcelona. ES-BCN-BTC. Operadores de central de Urgencias. 2 4 4 2     Barcelona. ES-BCN-BTC. Técnico de Despacho.         1   Barcelona. ES-BCN-BTC. Técnico Especialista de Reparto.         1   REDEXIS Gas Centro de trabajo Ámbito Puesto de trabajo N.º trabajadores Figueras. Gerona. Técnico de Guardia. 1 B) Gases Licuados del Petróleo (GLP) CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U. Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. Total personas Centro de Trabajo de Maside.   Jefe de planta. 1 Jefe de Turno por turno de mañana, tarde y noche. 1 Operarios de trasvase para averías de equipos, mantenimiento relativo a seguridad y recepción de productos en los turnos existentes de mañana, tarde y noche. 2 Persona para la guardia y seguridad interna y externa de instalaciones y medios de transporte afectos, para aquellos turnos. 1 Administrativo. 1 Conductor de cisternas para suministros esenciales. 1 Repsol Butano, S.A. En la planta de almacenamiento de GLP y llenado de envases de Bens (La Coruña) Trasvase y Seguridad. – 1 Especialista técnico en turno de mañana para la operativa de sala de control. – 2 Especialistas técnicos en turno de mañana para el suministro a instalaciones de granel y canalizado, mantenimiento relativo a seguridad, recepción de producto y resto de operativa de trasvase. – 1 Especialista técnico en turno de tarde para la operativa de sala de control. – 1 Especialista técnico en turno de tarde para el suministro a instalaciones de granel y canalizado, mantenimiento relativo a seguridad, recepción de producto y resto de operativa de trasvase. Uno de estos especialistas técnicos será designado como técnico de guardia de seguridad fuera de los mencionados turnos de mañana y tarde. Envasado. La actividad de envasado se limita a asegurar el suministro del 75 % del envasado demandado, para lo cual se dispondrá de los medios indicados a continuación en la factoría de Bens. – 4 Operarios en el turno de mañana, para el envasado automático – 2 Operarios en turno de mañana para el envasado semiautomático o manual. – 1 especialista técnico en turno de mañana para la actividad de mantenimiento. – 2 especialistas técnicos u operarios en turno de haciendo funciones de conductor de carretilla elevadora. En la Delegación Territorial (DT Noroeste): – 1 Técnico de proyectos y mantenimiento. – 1 Gestor de Seguridad. Mantenimiento y atención de averías a clientes de GLP envasado y a granel. – 2 Técnicos por cada servicio para atención a averías y emergencias. Transporte de GLP a granel: – 1 Conductor con cisterna cargada para atención de instalaciones críticas. – 1 Conductor con cisterna vacía para atención de emergencias relacionadas con seguridad. Esta dotación será por turno de trabajo. Servicio de vigilancia: – 1 Técnico para guarda de vigilancia de seguridad interna y externa de instalaciones y medios de transporte afectos. En las Plantas de almacenamiento de GLP y llenado de envases de Bens (Montornés del Vallés y Tarragona) Trasvase y Seguridad. – 1 Especialista técnico en turno de mañana para la operativa de sala de control. – 2 Especialistas técnicos en turno de mañana para el suministro a instalaciones de granel y canalizado, mantenimiento relativo a seguridad, recepción de producto y resto de operativa de trasvase. Adicionalmente en la factoría de Tarragona – 1 Especialista técnico en turno de tarde para la operativa de sala de control. – 1 Especialista técnico en turno de tarde para el suministro a instalaciones de granel y canalizado, mantenimiento relativo a seguridad, recepción de producto y resto de operativa de trasvase. Uno de estos especialistas técnicos será designado como técnico de guardia de seguridad fuera de los mencionados turnos de mañana y tarde. Envasado. La actividad de envasado se limita a asegurar el suministro del 75 % del envasado demandado, para lo cual se dispondrá de los medios indicados a continuación. En la factoría de Montornés del Vallés se dispondrá del siguiente personal para el llenado de botellas en carruseles automáticos (2 carruseles en turno de mañana) y en circuito de envasado semiautomático o manual (1 circuito en turno de mañana). – 4 Operarios en el turno de mañana, para el envasado automático. – 2 Operarios en turno de mañana para el envasado semiautomático o manual. – 1 especialista técnico en turno de mañana para la actividad de mantenimiento. – 2 especialistas técnicos u operarios en turno de haciendo funciones de conductor de carretilla elevadora. En la factoría de Tarragona se dispondrá del siguiente personal para el llenado de botellas en carruseles automáticos (1 carrusel en turno de mañana) y en circuito de envasado semiautomático o manual (1 circuito en turno de mañana). – 2 Operarios en el turno de mañana, para el envasado automático. – 2 Operarios en turno de mañana para el envasado semiautomático o manual. – 1 especialista técnico en turno de mañana para la actividad de mantenimiento. – 2 especialistas técnicos u operarios en turno de haciendo funciones de conductor de carretilla elevadora. Carga y Descarga de buques: En la factoría de Tarragona, para la carga/descarga de GLP de buques se activará el cuadrante establecido por el plazo necesario para realizar las operaciones de carga/descarga. Para ello se dispondrá del personal indicado a continuación: En turnos de mañana y tarde de días laborables (adicionalmente al especialista técnico de sala de control, que también colabora en tareas de carga/descarga de GLP de buques) se dispondrá del siguiente personal: – 2 especialistas técnicos. En el turno de noche se dispondrá del siguiente personal adicional: – 3 especialistas técnicos. Suministro en Continuo al complejo petroquímico de Tarragona: En la factoría de Tarragona, para el suministro en continuo al complejo petroquímico y aunque no haya carga/descarga de GLP de buques, se activará igualmente el cuadrante establecido por el plazo necesario para mantener el suministro mencionado las 24 horas Se dispondrá del personal indicado a continuación. En turnos de mañana y tarde (adicionalmente al especialista técnico de sala de control, que también colabora en tareas de suministro en continuo al complejo petroquímico). – 1 especialista técnico. En los turnos de noche de días laborables, se dispondrá del siguiente personal adicional: – 2 especialistas técnicos (siendo uno de ellos el que realiza la operativa de la sala de control). En la Delegación Territorial (DT Noroeste) – 1 Técnico de proyectos y mantenimiento. – 1 Gestor de Seguridad. Mantenimiento y atención de averías a clientes de GLP envasado y a granel. – 2 Técnicos por cada servicio para atención a averías y emergencias. Transporte de GLP a granel: – 1 Conductor con cisterna cargada para atención de instalaciones críticas. – 1 Conductor con cisterna vacía para atención de emergencias relacionadas con seguridad. Esta dotación será por turno de trabajo. Servicio de vigilancia: – 1 Técnico para guarda de vigilancia de seguridad interna y externa de instalaciones y medios de transporte afectos. Los servicios mínimos esenciales de aplicación al resto de los operadores y comercializadores de GLP, se ajustarán a lo previsto en este anexo de modo que se garanticen los servicios mínimos fijados en el articulado de la presente orden. C) Empresas que gestionan la atención telefónica del servicio de emergencias y averías de los usuarios de las empresas distribuidoras de gas natural y gases licuados del petróleo En aquellas empresas que presten servicios de gestión de atención telefónica de emergencias y averías de los usuarios, por cuenta de las empresas distribuidoras de gas natural y gases licuados del petróleo, se establecen unos servicios mínimos desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo, que alcance al 20 % del personal disponible para estos servicios en una jornada normal. ANEXO III Servicios mínimos Sector Transporte, Almacenamiento, Distribución al por mayor y Distribución al por menor Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (CLH) Instalaciones Instalación Jefe de turno Especialistas de explotación Téc. Mto. Téc. Ayt. Mto. Inspector CC/CC Mañana Tarde Noche Partida Partida Coruña-Bens. 1 (jornada partida). 2 1 1 1 1 Vigo. 1 (jornada partida). 1 1 1 1 0 Barcelona. 2 (jornada mañana). 1 (jornada tarde). 1 (jornada noche). 2 2 2 1 Tcno regional. 1 Ayte. regional.   Gerona.   1 2 1     Tarragona.   2 2 1     Lleida.   1 1 1     CLH Aviación   Supervisores Operarios abastecedores Total Noche Mañana Tarde Noche T/P Mañana Tarde La Coruña.           1 1 2 Vigo.          1 1 0 2 Barcelona. 1 1 1 1   3 3 10 Gerona.           1   1 Reus.         1     1 Sabadell.         1 1 1 3  Total.               19 Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, S.L. (SLCA) Aeropuerto Personas por turno Mañana Tarde Noche Santiago. 1 1 1 Gerona. 1 1   Barcelona. 3 3 1 Lérida. 1 1   Estaciones de Servicio (Galicia) Provincia Municipio Código postal Dirección Margen Rótulo Coruña (A). Abegondo. 15318 Carretera AC-542 km 10. I CEPSA. Coruña (A). Ames. 15864 Poligono Hedras, 13. N ESTACION DE SERVICIO NOVOMILLADOIRO. Coruña (A). Arteixo. 15141 Carretera Cr L-410, 9 Km 410,9. D REPSOL. Coruña (A). Arteixo. 15142 C-552 km 13,800. I E.S. LA HERMIDA. Coruña (A). Arzúa. 15810 Parque Empresarial, 1. D E.S.TEIRABOA. Coruña (A). Bergondo. 15165 Poligono de Bergondo, parc. E22. D CEPSA. Coruña (A). Betanzos. 15300 Avenida Castilla, 12. I REPSOL. Coruña (A). Boiro. 15939 Muelle Bajo Muelle, s/n. N PETROCASH CABO DE CRUZ. Coruña (A). Brión. 15280 Carretera Ac-543 km 9,00. D GALP. Coruña (A). Camariñas. 15121 Carretera  Vimianzo-Camariñas, km 9. I REPSOL. Coruña (A). Cambre. 15660 Carretera Temple-Coruña,  km 2,66. D VALCARCE. Coruña (A). Carballo. 15100 Lugar A Revolta, 20. D VALCARCE (E.S.CARVOLTA, S.L.). Coruña (A). Carballo. 15100 Carretera AC 416, p.k. 1,270 km 1,270. D REPSOL. Coruña (A). Carral. 15175 Calle Paraiso, 23. I REPSOL. Coruña (A). Cedeira. 15359 Poligono Industrial a Trabe Parcela.7, Es-g-769. D ESTACION DE SERVICIO A TRABE. Coruña (A). Cee. 15270 Parque Parque Empresarial de Cee, 19. D LOW COST REPOST. Coruña (A). Coristanco. 15147 Parque Comercial Plan Sectorización Apu M1, 1. N CARREFOUR. Coruña (A). Coruña (A). 15008 Calle Severo Ochoa, 39. D SBC. Coruña (A). Coruña (A). 15002  Plaza del Parque, s/n. D REPSOL. Coruña (A). Coruña (A). 15006 Avenida Alferez Provisional, 10. D CEPSA. Coruña (A). Coruña (A). 15011 Avenida Gran Canaria (pg. Rosale), s/n. D PETRONOR. Coruña (A). Coruña (A). 15008 Avenida Finisterre, 265. D SHELL. Coruña (A). Coruña (A). 15008 Cl Salvador de Madariaga, s/n. D CAMPSA. Coruña (A). Culleredo. 15670 Autopista Ap-9 km 6. I REPSOL. Coruña (A). Fene. 15500 Poligono Vilar do Colo. Avda Astano, parc B-3, S/n. D ORTEGAL OIL. Coruña (A). Ferrol. 15405 Carretera Catabois, km 646. D REPSOL. Coruña (A). Laracha (A). 15145 Carretera Carretera Coruña-Finisterre, km 17,400. D PETRONOR. Coruña (A). Malpica de Bergantiños. 15113 Carretera Ac-414, km 2. I CERQUEDA SL. Coruña (A). Melide. 15807 Carretera Ac-840, km 52,350. D YETHI. Coruña (A). Miño. 15630 Autopista Ap-9 km 15,5. I REPSOL. Coruña (A). Mugardos. 15620 Lugar A Gallada-San Xoan de Piñeiro, 0. I LA GALLADA. Coruña (A). Muros. 15250 Carretera C-550 km 34. D CEPSA. Coruña (A). Narón. 15320 Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio do Pozo 15578 Narón. D TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. Coruña (A). Narón. 15540 Lugar Campo das Ratas, s/n. D CEPSA. Coruña (A). Narón. 15320 Carretera Castilla km 624. D BP NARON. Coruña (A). Neda. 15510 Carretera Ac-115 km 1,800. D REPSOL. Coruña (A). Negreira. 15830 Avenida Santiago, 70. N REPSOL. Coruña (A). Noia. 15210 Carretera Comarcal-543 km 30,8. I BARCIA. Coruña (A). Oleiros. 15173 Avda. Francisca Herrera, 57. D CEPSA. Coruña (A). Ordes. 15680 Las Casillas (CN-550 La Coruña-Santiago km 37,645). D ESTACION DE SERVICIO ORDES. Coruña (A). Oroso. 15688 Os Carballos, s/n, Deixebre (n-550 km 47,7). I CEPSA. Coruña (A). Ortigueira. 15330 Lg Lagarea. D ORTEGAL OIL. Coruña (A). Outes. 15230 Carretera C-550 km 10,5. D CEPSA. Coruña (A). Oza dos Ríos. 15380 Carretera Ac840 km 8,9. I CEPSA. Coruña (A). Padrón. 15980 Carretera N-550 km 75,9. I CEPSA. Coruña (A). Pobra do Caramiñal (A). 15940 Calle Devesa, 2. D REPSOL. Coruña (A). Ponteceso. 15110 Lugar A Campara-Ponteceso (cp 6805 km 0,180). D E S A CAMPARA. Coruña (A). Pontedeume. 15600 Avenida  Ricardo Sanchez, 1. I COMBUSTIBLES RIO EUME. Coruña (A). Pontes de García Rodríguez (AS). 15610 Carretera AC-564 km 16,900. D ORTEGAL OIL. Coruña (A). Porto do Son. 15970 Lugar Outeiro Noal, 1. D CEPSA. Coruña (A). Rianxo. 15920 Muelle Porto de Rianxo, S/n. N VALCARCE. Coruña (A). Ribeira. 15968 Poligono Xaras Parcela, 101. D SBC. Coruña (A). Sada. 15160 Avenida Republica Argentina 49 I (l-162 km 1). I SHELL. Coruña (A). Santa Comba. 15840 Lugar San Andres-A Pereira (AC-400 km 61.0), 0. D E.S. MUIÑO GRANDE. Coruña (A). Santiago de Compostela. 15890 Via Cierva, s/n (Mercagalicia)-poligono industrial del Tambre. N STAROIL. Coruña (A). Santiago de Compostela. 15705 Avenida do Cruceiro da Coruña, 2. I REPSOL. Coruña (A). Santiago de Compostela. 15707 Rua Pais Vasco, 6. N GALP&GO. Coruña (A). Santiago de Compostela. 15890 Rua do Amio -p.i.costa Vella, 32. D CEPSA. Coruña (A). Teo. 15886 Autovia A-9 km 81. D GALP. Coruña (A). Valdoviño. 15552 Carretera Ferrol-cedeira km 12. D SHELL. Coruña (A). Vedra. 15881 Carretera N-525 km 322. I PONTEULLA. Coruña (A). Vimianzo. 15129 Calle la Torre, 8. D REPSOL. Lugo. Burela. 27880 Avenida do Perdouro, 27. D PETROPRIX. Lugo. Chantada. 27500 Avenida Lugo (de), 99. D REPSOL. Lugo. Foz. 27780 Rua Miguel de Cervantes, 44. D CEPSA. Lugo. Guitiriz. 27300 Autovia A-6 km 538. I CEPSA. Lugo. Lugo. 27290 Avenida Benigno Rivera, 99. D REPSOL. Lugo. Lugo. 27003 Avenida Infanta Elena, s/n. N EROSKI. Lugo. Lugo. 27298 N-VI km 504. I CEPSA. Lugo. Lugo. 27290 Avenida Benigno Rivera, 99. D REPSOL. Lugo. Monforte de Lemos. 27400 Calle Benito Viceto, 50. N GALP. Lugo. Outeiro de Rei. 27150 Acceso Ctra. N-VI. Robra,. I Q8. Lugo. Ribadeo. 27795 Carretera N-634 km 563. N MERCARURAL. Lugo. Sarria. 27617 Poligono 18, Parcela 529, 21,300. N LA NUEVA RUTA. Lugo. Vilalba. 27800 Avda. Tierra Llana, 164. D REPSOL. Lugo. Vilalba. 27800 Avenida Ciudad de Lugo, 68,70. N GALP. Lugo. Viveiro. 27850 Calle Lavandeiras s/n. I REPSOL. Ourense. Allariz. 32660 Carretera N-525 km 216,400. D GALP. Ourense. Barbadás. 32890 N-540 p.k. 0,700. D GALP. Ourense. Barco de Valdeorras (O). 32300 Manuel Quiroga, 50. N CEPSA. Ourense. Carballiño (O). 32500 Carretera Ribadavia, 57 km 4. D REPSOL. Ourense. Celanova. 32800 Carretera  de Orense a Portugal km 25,4. D REPSOL. Ourense. Ourense. 32004 Cr OR-536, 2 D. D REPSOL. Ourense. Ourense. 32003 Progreso 97. N E. S. PEREZ RUMBAO S.A. Ourense. Pereiro de Aguiar (O). 32710 C-536 km 4,3. N J.L E HIJOS. Ourense. Ribadavia. 32400 Autovia A52 km 249. D CEPSA. Ourense. San Cibrao das Viñas. 32910 Carretera Comarcal Infesta-RAnte enlace Km s/n. D REPSOL. Ourense. Verín. 32699 Carretera  de Verín Portugal km 13,100. I GALP. Ourense. Xinzo de Limia. 32630 Avenida de Madrid, 108. I CEPSA. Pontevedra. Baiona. 36300 Avenida Santa Marta, 10. I REPSOL. Pontevedra. Bueu. 36939 Lugar Sabarigo, s/n. I SHELL. Pontevedra. Caldas de Reis. 36653 Carretera N-640 km 224. D PETROCASH. Pontevedra. Cambados. 36630 V.g 4.2 km 3.5. I SHELL. Pontevedra. Cangas. 36940 Carretera PO-551 km 15,4. D CEPSA. Pontevedra. Cañiza (A). 36880 Carretera Cr N-120 km 613,70. I REPSOL. Pontevedra. Estrada (A). 36680 Avenida Pontevedra, 24. D BP. Pontevedra. Gondomar. 36380 Plaza San Bieito, 4. D REPSOL. Pontevedra. Grove (O). 36980 Cr PO-316, p.k. 3,3. I REPSOL. Pontevedra. Guarda (A). 36780 Cr PO-552,p.k. 44. I PETRONOR. Pontevedra. Lalín. 36519 Lugar Gresande-Gresande, s/n. D CAMPODEZA, S.C.G. Pontevedra. Lalín. 36519 Carretera PO -200 km 9,950. D CEPSA. Pontevedra. Marín. 36900 Calle O Forte, 27. D REPSOL. Pontevedra. Meaño. 36968 Poligono Industrial A Pedreira, N.º 22 (9305 Coiron-Ribadumia-Leiro). I CS. Pontevedra. Moaña. 36957 Calle Carretera PO-551, 7. I REPSOL. Pontevedra. Mos. 36311 Estrada Porriño-Gomdomar,200,. D E.S.TUY,S,L.(ANELI) SAN COSME-MOS. Pontevedra. Mos. 36415 Carretera Redondela-porriño N-550 km 148. I REPSOL. Pontevedra. Nigrán. 36391 Carretera PO-552 km 7,40. I REPSOL. Pontevedra. Poio. 36163 Av. Domingo Fontan, Local 4 2. N GALP. Pontevedra. Ponte Caldelas. 36820 Pazos, s/n (Nacional 255km 1). I REPSOL. Pontevedra. Ponteareas. 36860 Autovia A52 km 292. I CEPSA. Pontevedra. Pontevedra. 36154 Carretera la Hermida -Marcon km 3. D REPSOL. Pontevedra. Pontevedra. 36143 Rua San Blas,. N CARREFOUR. Pontevedra. Pontevedra. 36004 Avenida Lugo, 46. I CEPSA. Pontevedra. Porriño (O). 36400 Poligono Pol. Ind. A Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 2. D STAROIL. Pontevedra. Redondela. 36800 Avenida Santa Marina, 98. I REPSOL. Pontevedra. Salceda de Caselas. 36473 Carrera Lugar de Parderrubias, s/n. I PETRONOR. Pontevedra. Salvaterra de Miño. 36450 Rua Rosalia de Castro, 56. D CEPSA. Pontevedra. Sanxenxo. 36637 Vía Rapida G 41 km 5,580. D GALP. Pontevedra. Silleda. 36540 Carretera PO-2205 km 21,4. N COBIDEZA. Pontevedra. Tomiño. 36740 Carretera PO-550 km 186. I CEPSA. Pontevedra. Tui. 36711 Poligono Areas, 53. N OUTLETUI. Pontevedra. Valga. 36647 Lugar de Torre, 14. D PLENOIL. Pontevedra. Vigo. 36213 Avenida Ricardo Mella, s/n. I REPSOL. Pontevedra. Vigo. 36214 Carretera Vigo- Madrid km 663. I REPSOL. Pontevedra. Vigo. 36216 Avenida Galicia-Teis, 165. D E.SERVICIO TEIS P.R. Pontevedra. Vigo. 36207 Travesia de Vigo, 233. I REPSOL. Pontevedra. Vigo. 36213 Carretera Camposancos km 0,47. D OLENO. Pontevedra. Vila de Cruces. 36587 Calle Gres, s/n. D PETRONOR. Pontevedra. Vilaboa. 36141 Au A-9 Pontevedra Sur-Vigo, 13. D REPSOL. Pontevedra. Vilagarcía de Arousa. 36618 Carretera C-550 km 1,12. D E.S.EL SALGUEIRAL. Pontevedra. Vilagarcía de Arousa. 36600 Calle Sanroque/J. Carlos I, s/n. D REPSOL. Pontevedra. Vilanova de Arousa. 36620 Avenida Lugar Cores, 45. N PLENOIL. Postes Marítimos (Galicia) Provincia Municipio Localidad Código postal Dirección Rótulo Coruña (A). Coruña (A). Coruña (A). 15006 Dársena de Oza, s/n. REPSOL. Coruña (A). Muxía. Muxia. 15124 Muelle Pesquero, s/n. REPSOL. Coruña (A). Sada. Sada. 15160 Muelle Pesquero, s/n. REPSOL. Lugo. Viveiro. Celeiro. 27863 Muelle Pesquero, s/n. REPSOL. Pontevedra. Cambados. Cambados. 36630 Muelle de Tragove, s/n. REPSOL. Pontevedra. Sanxenxo. Sanxenxo. 36960 Avenida Augusto Gonzalez Besada, s/n. REPSOL. Pontevedra. Vigo. Vigo. 36202 Avda. de Beiramar, 61. REPSOL. Estaciones de Servicio (Cataluña) Provincia Municipio Código postal Dirección Margen Rótulo Barcelona. Abrera. 08630 Calle Treball, 1. N HAM. Barcelona. Alella. 08328 Carretera Alella km 1. N BP ALELLA. Barcelona. Ametlla del Vallès (L'). 08480 Calle Sector Mas Dorca, 2. N PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7. Barcelona. Arenys de Mar. 08350 Carretera Nacional II km 656. D PETROMARESWAGEN. Barcelona. Arenys de Munt. 08358 Cr B-511, 2,2. D REPSOL. Barcelona. Argentona. 08310 Carretera B-502 km 4,34. D PETROCAT. Barcelona. Artés. 08271 C/ Rocafort, 103 (b-4512 Km 0,6). I MEROIL. Barcelona. Badalona. 08911 Calle San Bruno, 17. D REPSOL. Barcelona. Badalona. 08917 Poligono Industrial Montigala, Rambla de Francia, 1. D CEPSA. Barcelona. Badalona. 08914 Avenida Dinamarca Esq. Comunidad Europea, s/n. N BP MONTIGALA. Barcelona. Badia del Vallès. 08214 Avenida Tibidabo, s/n. N REPSOL. Barcelona. Barberà del Vallès. 08210 Ronda Santa Maria,202-210 (esq. D REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08034 Avenida de Esplugues, 103. N CEPSA. Barcelona. Barcelona. 08018 Calle Bac de Roda, 66. N GALP. Barcelona. Barcelona. 08038 Cl Paseo Zona Franca, 35. D REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08004 Avenida Paralelo, 179. I CEPSA. Barcelona. Barcelona. 08040 Calle Major, 26. N TORTUGA. Barcelona. Barcelona. 08028 Avenida Diagonal, 687. I REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08035 Carretera L'Arrabassada km 5. D OIL PRIX. Barcelona. Barcelona. 08033 Avenida Meridiana, 666. N MEROIL. Barcelona. Barcelona. 08042 Vía Julia, 207. D ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA. Barcelona. Barcelona. 08042 Paseo Valldaura, 210. D CEPSA. Barcelona. Barcelona. 08015 Ronda San Pablo, 39. D CEPSA. Barcelona. Barcelona. 08037 Paseo San Juan-avda. Diagonal, s/n. D REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08030 Calle Santander, 102. D REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08030 Paseo Guayaquil, 25. D REPSOL. Barcelona. Barcelona. 08030 Calle Ciudad de Asunción, 12. D BALLENOIL. Barcelona. Barcelona. 08005 Paseo Calvell, 2. N SHELL VILLA OLIMPICA. Barcelona. Barcelona. 08015 Ronda San Pablo, 39. D CEPSA. Barcelona. Barcelona. 08005 Avenida del Litoral, 49. D REPSOL. Barcelona. Begues. 08859 Carretera BV-2041 km 8,3. N BP. Barcelona. Berga. 08600 Avinguda Canal Industrial, s/n. D REPSOL. Barcelona. Bigues i Riells. 08415 Carretera Sant Llorenç a Llinars km 25. D ESTACIO SERVEI BIGUES I RIELLS. Barcelona. Cabrera de Mar. 08349 B-502 Km 1. I REPSOL. Barcelona. Cabrils. 08348 Carretera Vilasar de Mar km 3,343. D SHELL. Barcelona. Caldes de Montbui. 08140 Calle Pi i Margall, 118. D REPSOL. Barcelona. Calella. 08370 Cr N-2, 667. D REPSOL. Barcelona. Canet de Mar. 08360 Calle Riera d'En Misser, 2. D STAR PETROLEUM. Barcelona. Canovelles. 08420 Avenida Canovelles, 112. N MEROIL. Barcelona. Canyelles. 08811 Carretera C-31 km 6,101. I CEPSA. Barcelona. Cardedeu. 08440 Calle Pins Roses, 2. D BP CARDEDEU. Barcelona. Cardona. 08261 Carretera C-1410 a km 29. D VILALTA. Barcelona. Castellar del Vallès. 08211 Cl Osona, 1-3. N SHELL. Barcelona. Castellbisbal. 08755 Calle Ferro, 13. D CONFORT AUTO. Barcelona. Castelldefels. 08860 Avenida Constitucio, 99. D CEPSA. Barcelona. Centelles. 08540 Avenida Ildefons Cerda, 121. N PETROLIS INDEPENDENTS. Barcelona. Cerdanyola del Vallès. 08290 Avenida Can Fatjó dels Aurons, s/n. N PETROPRIX. Barcelona. Cerdanyola del Vallès. 08290 Calle Bosc Tancat, s/n. N NUROIL. Barcelona. Cervelló. 08758 Carretera N-340 km 1242. I REPSOL. Barcelona. Collbató. 08293 Avinguda Centenari Amadeu Vives, 2. N ESCLATOIL. Barcelona. Cornellà de Llobregat. 08940 Calle Progreso, 4. D HAM. Barcelona. Cornellà de Llobregat. 08940 Carretera Esplugues km 219. D REPSOL. Barcelona. Cubelles. 08880 Carretera C-31 km 147,500. D BP CUBELLES. Barcelona. Dosrius. 08319 Carretera B510 km 3,1. D PETROLOGIC OIL. Barcelona. Esparreguera. 08292 Calle Farga, 17. D ANEU OIL. Barcelona. Esplugues de Llobregat. 08950 Avinguda Països Catalans, 2. N GALP. Barcelona. Franqueses del Vallès (Les). 08520 Calle França, 42. D PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7. Barcelona. Garriga (La). 08530 Calle Vulca, 11. D REPSOL. Barcelona. Gavà. 08850 Avenida Bertran i Güell, 17,19. D BONAREA. Barcelona. Gavà. 08850 Carretera C-32 km 49,61. D PETROCAT. Barcelona. Gelida. 08790 Cami Can Valls, s/n. D CACENCA. Barcelona. Gironella. 08680 Barriada Bassacs, s/n. I REPSOL. Barcelona. Granollers. 08400 Calle Mataro, 40. D A.O. LOW COST. Barcelona. Granollers. 08400 Cl.joanot Martorell. N SHELL. Barcelona. Granollers. 08400 Cami Cementiri, 1. D BENZOIL. Barcelona. Hospitalet de Llobregat (L'). 08907 Rambla Marina, 428. D REPSOL. Barcelona. Hospitalet de Llobregat (L'). 08907 Calle Femades/esquina Travessia Industrial, 19,25. D EVOLUTION. Barcelona. Hospitalet de Llobregat (L'). 08902 Calle de la Fortuna, 34. N BP. Barcelona. Hospitalet de Llobregat (L'). 08905 Calle Renclusa, 36. N BP. Barcelona. Hospitalet de Llobregat (L'). 08901 Avenida Josep Tarradellas 76,. N Q8. Barcelona. Igualada. 08700 Avinguda Mestre Muntaner,. D MEROIL, S.L. Barcelona. Igualada. 08700 Calle El Rec Cantonada Joan Mercader, S/n. N PETROMIRALLES. Barcelona. Lliçà d'AMunt. 08186  C-17, 20,54. I CEPSA. Barcelona. Lliçà de Vall. 08185 Calle Can Nadal, 4. D REPSOL. Barcelona. Llinars del Vallès. 08450 Avinguda Mas Baga, 1. N ESTACIO SERVEI LLINARS. Barcelona. Malgrat de Mar. 08380 Avenida Costa Brava, 163. D CEPSA. Barcelona. Manlleu. 08560 Carretera Manlleu Torello km 1. D ESCLATOIL. Barcelona. Manresa. 08240 Carretera C-55 km 24,9. D CEPSA. Barcelona. Manresa. 08240 Calle Carretera de Vic, 230. D REPSOL. Barcelona. Manresa. 08240 Carrer Dolors, 19. N U.S. MANRESA -GAS-OILS ROVIRA-. Barcelona. Martorell. 08760 Carretera N-2 km 593,5. I PETRONOR. Barcelona. Masnou (El). 08320 Carretera N-II km 635,5. I REPSOL. Barcelona. Masquefa. 08783 Calle Lapedrosa, 20. D PEDROSA CENTER. Barcelona. Mataró. 08301 Calle Pablo Iglesias, 1. D AUTONET&OIL. Barcelona. Mataró. 08303 Carretera de Barcelona. Poli. Hortes del Camí Ral km 50. D GALP. Barcelona. Mataró. 08301 Carretera Carretera N-2, n.º 647,9 km 647,9. I CEPSA. Barcelona. Mataró. 08302 Avenida Maresme, 1. I BP ESTACION SERVICIO MATARO. Barcelona. Moià. 08180 Carretera de Vic km 27. D BONAREA. Barcelona. Molins de Rei. 08750 Avenida Caldes, 18. D REPSOL. Barcelona. Mollet del Vallès. 08100 Avinguda Badalona, 22. N GOOD PRICE PALAU. Barcelona. Montcada i Reixac. 08110 Avinguda la Ferreria Esq/Trabajo, s/n. D CEPSA. Barcelona. Montcada i Reixac. 08110 Autovia A-17 km 5,2. I CEPSA. Barcelona. Montgat. 08390 Calle Ramon y Cajal, s/n. N BP MONTGAT. Barcelona. Montmeló. 08160 Poligono Pol17 El Pedregar Indust., 1. D BALLENOIL. Barcelona. Montornès del Vallès. 08170 Avenida Mogent, 3. D REPSOL. Barcelona. Navàs. 08670 Carretera C-16 km 73,47. I PETROCAT. Barcelona. Olesa de Montserrat. 08640 Calle Vapor Cremat Del, 13. D NIEVES. Barcelona. Palafolls. 08389 C-32 p.k. 129,8. I REPSOL. Barcelona. Palau-Solità i Plegamans. 08184 Cami Avinguda Cami Reial, 32. D BENZOIL. Barcelona. Pallejà. 08780 Carretera N-II km 597. D REPSOL. Barcelona. Papiol (El). 08754 Calle Monturiol Esquina C/ Forques, S/n. D PETROCAT. Barcelona. Parets del Vallès. 08150 Calle Can Gurri, s/n. D BONAREA. Barcelona. Piera. 08784 Ctra Martorell-Capellades km 9,600. N GALP. Barcelona. Pineda de Mar. 08397 Carretera N-II km 671. I E.S. PINEDA DE MAR. Barcelona. Polinyà. 08123 Carretera Sentmenat km 2,3. D ES ADENOR POLINYA. Barcelona. Pont de Vilomara i Rocafort (El). 08254 Calle de les Fonts, 7. D LOW COST FUEL. Barcelona. Prat de Llobregat (El). 08820 Autovia de Castelldefells km 5. N CARREFOUR. Barcelona. Prat de Llobregat (El). 08820 Autovia C-31 km 191,8. D CEPSA. Barcelona. Premià de Mar. 08330 Carrer Torrent Malet, 17. N GASUIR. Barcelona. Puig-Reig. 08692 Poligono Cal Vidal Parcel-la, 18. D BALLUS BAIXCOST. Barcelona. Ripollet. 08291 Carretera Santiga km 0,430. I REPSOL. Barcelona. Ripollet. 08291 Calle Pablo Picasso, 11. N PETROPRIX. Barcelona. Roca del Vallès (La). 08430 Carretera C-60 km 8,7. I REPSOL. Barcelona. Roda de Ter. 08510 Avenida Miquel Martí i Pol, s/n. D ESCLATOIL. Barcelona. Rubí. 08191 Carretera C1413a km 9,7. D PETROPRIX. Barcelona. Rubí. 08191 Carretera Terrassa km 1. I TAMOIL. Barcelona. Sabadell. 08206 Calle Arcadia, 30. N MEROIL. Barcelona. Sabadell. 08203 Calle Carretera Barcelona, 340. D LOWCOSTFUEL. Barcelona. Sabadell. 08205 Calle Rocafort, 40. D U.S.SABADELL - GAS-OILS ROVIRA-. Barcelona. Sabadell. 08205 Ronda Sant Pau de Riu Sec, 7. I CEPSA. Barcelona. Sallent. 08650 Calle Tomas Viladomiu, 15. N PETROMIRALLES. Barcelona. Sant Adrià de Besòs. 08930 Calle Guipuzcoa Esq Pedro IV, s/n. D REPSOL. Barcelona. Sant Andreu de La Barca. 08740 Carretera Antigua Nacional II km 593,20. D NIEVES. Barcelona. Sant Andreu de Llavaneres. 08392 Carretera Carretera Nacional II km 651,4. D MEROIL. Barcelona. Sant Antoni de Vilamajor. 08459 Calle Europa, 2. N MEROIL. Barcelona. Sant Boi de Llobregat. 08330 Avenida Marina De, 14. D BALLENOIL. Barcelona. Sant Boi de Llobregat. 08830 Cr C-245 Garraf-Barcelona km 8,9 (carretera km 179). D BP MOLMAR. Barcelona. Sant Celoni. 08476 Carretera Comarcal 251 km 26,300. I REPSOL. Barcelona. Sant Cugat del Vallès. 08190 Carretera Cerdanyola km 108. N BP CAN SOLA. Barcelona. Sant Cugat del Vallès. 08190 Crta. Rubi-St. Cugat-C.c. Caprabo. N Q8. Barcelona. Sant Esteve Sesrovires. 08635 Calle Isaac Peral, 9. D NIEVES. Barcelona. Sant Feliu de Llobregat. 08980 Carretera de la Sanson, numero 78 km 78. N SERVICIOS PETROLIFEROS. Barcelona. Sant Fruitós de Bages. 08272 Autovia C 16, 35,6 km 35,6. D REPSOL. Barcelona. Sant Joan de Vilatorrada. 08250 Carretera BV-4511 km 9,2. N PETROCAT DIRECTE. Barcelona. Sant Joan Despí. 08970 Mossen Jacinto Verdaguer, 83-85. N 3 PUNT TRES. Barcelona. Sant Just Desvern. 08960 Avenida Lluis Companys, S/n. N ESCLATOIL. Barcelona. Sant Pere de Ribes. 08810 Carretera B-211 km 8. D REPSOL. Barcelona. Sant Pol de Mar. 08395 Calle Sant Galderich, 14. N GALP. Barcelona. Sant Quirze del Vallès. 08192 Paseo de la Bobila, 4. N ALCAMPO. Barcelona. Sant Sadurní D'Anoia. 08770 Calle de França, 5. N GALP. Barcelona. Sant Vicenç de Castellet. 08295 Plaza Generalitat, 1. N ESCLATOIL. Barcelona. Sant Vicenç de Montalt. 08394 Carretera N-2 km 654. D REPSOL. Barcelona. Sant Vicenç dels Horts. 08620 Carretera BV-2002 km 2800. D REPSOL. Barcelona. Santa Coloma de Gramenet. 08921 Calle Mozart, 24. N CEPSA. Barcelona. Santa Eulàlia de Ronçana. 08187 Carretera Barcelona km 10,700. I BP SANTA EULALIA DE RONÇANA. Barcelona. Santa Margarida i Els Monjos. 08730 Poligono Pla de L'Estacio, S/n. D GALP. Barcelona. Santa Maria de Palautordera. 08460 Carretera Nova de Sant Celoni km 40. N TAMOIL. Barcelona. Santa Perpètua de Mogoda. 08130 Calle Guifré el Pilós, 10. D MARINÉ. Barcelona. Santpedor. 08251 Ronda Sant Pere, 331. D PETRO PINTÓ. Barcelona. Sentmenat. 08181 Carretera C-1413a km 32,7. I REPSOL. Barcelona. Sitges. 08870 Avenida Cami Pla, 8. N NIEVES. Barcelona. Súria. 08260 Paseo Joncarets, 149. N U. S. SÚRIA *ROVIRA*. Barcelona. Taradell. 08552 Ctra. de Vic/ Arbucies km 5.80000. I AREA DE SERVEIS TARADELL,SL. Barcelona. Teià. 08329 C-32 Pk 88,5. D REPSOL. Barcelona. Terrassa. 08223 Avenida Santa Eulalia, De, 240. D BENZOIL. Barcelona. Tona. 08551 Carretera C-17 km 50. D CEPSA. Barcelona. Tordera. 08490 Autovia A-2 km 680,9. I CEPSA. Barcelona. Torelló. 08570 Carrer Compte Borrel, 1. N ESCLATOIL. Barcelona. Torre de Claramunt (La). 08789 Carrer Vilanova Igualada, 8,3. D PETRONOR. Barcelona. Torrelles de Llobregat. 08629 Carretera BV-2005 km 4,7. I BONAREA. Barcelona. Vacarisses. 08233 Carretera E-9/c-16 km 35,5. D CEPSA. Barcelona. Vallirana. 08759 Calle Major, 12. D VALLIWASH-PETROMIRALLES. Barcelona. Vic. 08500 Calle Lleida, 6. D GMOIL. Barcelona. Vic. 08500 C/industria, Esquina C/torrelló, s/n (c.c.Champion). N SUPECO. Barcelona. Vic. 08500 C/ Lleida, 2 P.activ. Economiques. N ZONA DIESEL. Barcelona. Viladecans. 08440 Avenida Segle Xxi, 44. D BALLENOIL. Barcelona. Viladecans. 08840 Avenida de la Generalitat, 198. N CARREFOUR. Barcelona. Viladecavalls. 08232 Cr BP-1213, 1,8 (BP-1213 Km 1,85). D REPSOL. Barcelona. Vilafranca del Penedès. 08720 Avenida de Barcelona, 34. D REPSOL. Barcelona. Vilafranca del Penedès. 08720 Avinguda Tarragona, 107. N BENZINERES MONTOIL. Barcelona. Vilanova del Vallès. 08410 Carretera BV-5001 Sant Adria-La Roca km 19,9. I REPSOL. Barcelona. Vilanova i La Geltrú. 08800 Avinguda Eduard Toldra, 62. N AVIA. Barcelona. Vilanova i La Geltrú. 08800 Cl Ronda Europa, 58. D REPSOL. Barcelona. Vilassar de Dalt. 08339 Calle Pio Xii, s/n. D REPSOL. Barcelona. Vilassar de Mar. 08340 Avda.del Progres,31. N MEROIL. Girona. Anglès. 17160 Carretera N-141 km 102. I CEPSA. Girona. Arbúcies. 17401 Poligono Pont Cremat, 2. N BONAREA. Girona. Banyoles. 17820 Crta. C-150 Km 16,700. D POSTE DE MATA. Girona. Begur. 17255 Calle Dels Salincs, 11. D ANEU OIL. Girona. Bescanó. 17162 Carrer Can Culebra, Parcela 44, s/n. N PETROLIS DE BARCELONA. Girona. Bisbal d'Empordà (La). 17100 Poligono de la Aigueta, s/n. N CONDIS. Girona. Blanes. 17300 Avenida Europa, 57. D GM OIL. Girona. Caldes de Malavella. 17455 Carretera C-35 km 92,800. D REPSOL. Girona. Calonge. 17251 Avenida de La Cerdanya, s/n. D REPSOL. Girona. Cassà de La Selva. 17244 Carretera C-65 km 16,12. N GALP. Girona. Castelló d'Empúries. 17486 C 260 Km 38.5. N E.S.MEX. Girona. Castell-Platja d'aro. 17249 Avenida Platja (de la), 34. N EPSILON PLUS. Girona. Celrà. 17460 Carretera de Palamòs C 255 km 5. N SHELL. Girona. Escala (L'). 17130 Carrer de la Llosa D, 80. N ESCLATOIL. Girona. Figueres. 17600 Carretera Olot km 38,5. D PETRONOR. Girona. Figueres. 17600 Carrer Carles Fages de Climent, S/n. D EROSKI. Girona. Figueres. 17600 Carretera C-260 km 28,7. I REPSOL. Girona. Girona. 17005 Carretera GE-533 km 0,3. I CEPSA. Girona. Girona. 17007 Passeig San Juan Bosco, 8. D SEROIL ENERGY EXPRESS, S.L. Girona. Girona. 17005 Carretera de Santa Coloma km 108. D PENINSULA QUALITY PRODUCT. Girona. Girona. 17002 Calle Cruz, s/n. D REPSOL. Girona. Hostalric. 17450 Avenida Coronel Estrada, 136. D REPSOL. Girona. Llagostera. 17240 Cr C-250, 24,3. D REPSOL. Girona. Llançà. 17490 Carretera N-260 km 18,2. N GALP. Girona. Lloret de Mar. 17310 Carretera GI-682 km 10. D GALP. Girona. Maçanet de La Selva. 17412 Au Ap-7, 86. D REPSOL. Girona. Olot. 17800 Calle Ignasi Buxó Gou, D', 4. D GECKOIL. Girona. Olot. 17800 Avenida Europa-Parcela, 7. D PETROCAT. Girona. Palafrugell. 17200 Carrer Joan Maragall, 1. N 'BP'PROPERLY, S.A. Girona. Palamós. 17230 Carretera C-225 km 42. N GALP. Girona. Puigcerdà. 17520 Carretera Nac-152 km 171. D REPSOL. Girona. Quart. 17242 Cr C-250, 7,7. N REPSOL. Girona. Ripoll. 17500 Passeig Regull, 12. D REPSOL. Girona. Roses. 17480 Carretera C-260 km 42,5. D REPSOL. Girona. Salt. 17190 Cami des Carlis, 10. D REPSOL. Girona. Sant Feliu de Guíxols. 17220 Carretera de Girona C-65 km 0. N BP. Girona. Sant Gregori. 17150 Carretera les Planes km 4,631. I PETRONOR. Girona. Sant Hilari Sacalm. 17403 Avenida Santa Coloma de Farners, 95. I E.S.GUILLERIES,S.L. Girona. Santa Coloma de Farners. 17430 Carretera Sils km 1. N BP J. LLAVARI SANTA COLOMA DE FARNERS. Girona. Santa Cristina d'Aro. 17246 Cl Teulera, 15. N RIU D'OR. Girona. Sarrià de Ter. 17840 N-II Km 728. D PETREM. Girona. Sils. 17410 Cr N-II Madrid-francia Km 695. N BP HOSTAL DE LA SELVA. Girona. Torroella de Montgrí. 17257 Carretera L'Estartit km 1. I REPSOL. Girona. Vidreres. 17411 Carretera C-63 km 9,4. I REPSOL. Lleida. Lleida. 25198 Carretera N-240a km 96,4. D CEPSA. Lleida. Agramunt. 25310 C-240 Km 89. D CEPSA. Lleida. Alcarràs. 25180 Ctra. Vallmanya km 1,5. I COOPERATIVA D'ALCARRÀS. Lleida. Almacelles. 25100 Calle Major, 94. D REPSOL. Lleida. Alpicat. 25110 Calle Lleida, 133. I CEPSA -ALPICAT. Lleida. Balaguer. 25600 Poligono Campllong C/Marinada, 7. D BLTR. Lleida. Bellpuig. 25250 Carretera LP-2015 km 0,500. I NADAL. Lleida. Borges Blanques (Les). 25400 Avinguda Jaume Segarra, S/n. D E.S SANT ISIDRE. Lleida. Cervera. 25200 Centro Bonarea, C/Urgell,s/n. N BONAREA. Lleida. Guissona. 25210 Avda. Verge del Claustre, 32. N BONAREA. Lleida. Lleida. 25191 Carretera De Huesca (n-240 Km 101). D CAMPSA. Lleida. Lleida. 25001 Avda. Flix, 41. D CEPSA. Lleida. Lleida. 25001 Carretera N-240 km 89. I REPSOL. Lleida. Lleida. 25005 Carretera N-230 km 3,2. D CEPSA. Lleida. Mollerussa. 25230 Ronda de Ponent, 1. N PETROLIS. Lleida. Seu d'Urgell (La). 25700 Avenida Valira, 27. D REPSOL. Lleida. Solsona. 25280 Carretera Manresa km 78,100. I BONAREA. Lleida. Tàrrega. 25300 Pg Ind. La Canaleta s/n (Barcelona-Madrid Km 507). N PETROMIRALLES. Lleida. Torrefarrera. 25123 Calle C/Marinada, s/n. D BONAREA. Lleida. Tremp. 25620 Avenida Pirineus, s/n. N ESCLATOIL. Lleida. Vielha e Mijaran. 25530 Cr N-230, 164,1. D REPSOL. Tarragona. Alcanar. 43530 Ronda Remei (del), s/n. D PETRONOR. Tarragona. Alcover. 43460 Crta.C-14 Km 19,50. I OILPRIX. Tarragona. Aldea (L'). 43896 Autopista Ap-7 (mrg.izdo.) km 317. I CEPSA. Tarragona. Altafulla. 43893 Carretera N-340 km 1173. D REPSOL. Tarragona. Ametlla de Mar (L'). 43860 Carretera CN-340 km 1110. D ALAS. Tarragona. Amposta. 43870 Partida Tosas, 9106. D GALP. Tarragona. Amposta. 43870 Partida Oriola, 54. N -. Tarragona. Arboç (L'). 43720 Autopista Ap 7 km 208. D GALP. Tarragona. Calafell. 43820 Passeig de la Unió, s/n. D CEPSA. Tarragona. Cambrils. 43850 Carretera Montbrio T-3120 km 2. D AREA CAMBRILS COOPERATIVA. Tarragona. Catllar (El). 43764 Carretera Pt-2039 km 0,900. N PETROLIS DE BARCELONA S.A. Tarragona. Constantí. 43120 Calle Alemania, 9. D TRADILO INVERSIONES. Tarragona. Cunit. 43881 Carretera C-246 km 53,7. I REPSOL. Tarragona. Deltebre. 43580 Avenida Generalitat, s/n. N ESCLATOIL. Tarragona. Espluga de Francolí (L'). 43440 Poligono les Eres, 7. D BONAREA. Tarragona. Montblanc. 43400 Autopista Ap-2 (mrg.dcho.) km 196. D CEPSA. Tarragona. Mont-Roig del Camp. 43892 Cr N-340, 1132. I REPSOL. Tarragona. Morell (El). 43760 Avenida de la Pau,. I PETRONOR. Tarragona. Pobla de Mafumet (La). 43140 Carretera C-750 km 1,9. D REPSOL. Tarragona. Reus. 43205 Calle Carretera de Salou, 111. I BP. Tarragona. Reus. 43205 Avenida Sant Bernat Calbo, 16. N ALAS. Tarragona. Reus. 43203 Calle Pintor Fuster, 3. D VILALTA. Tarragona. Reus. 43206 Calle Recasens I Mercade, 79. N GALP. Tarragona. Riudoms. 43330 Carretera 510,1 km 510,1. D REPSOL. Tarragona. Roda de Barà. 43883 Carretera TV-2041 km 0,300. D PETROCAT. Tarragona. Roquetes. 43529 Poligono la Ravaleta, parcela, 1. N GALP&GO. Tarragona. Salou. 43840 Calle Victoria dels Angels, 2. N ESCLATOIL. Tarragona. Sant Carles de La Ràpita. 43540 Cl Dels Fundadors, 104. D REPSOL. Tarragona. Santa Bàrbara. 43570 Ps Escoles, 71. I DISPETAP ESTACIO SERVEIS. Tarragona. Selva del Camp (La). 43470 Carrer Ceramica, 6. N JOAN OILS. Tarragona. Sénia (La). 43560 Calle Tarragona, 33. D PETRONOR. Tarragona. Tarragona. 43110 Carretera Nacional 340 km 1156. I SHELL. Tarragona. Tarragona. 43006 Cr N-340, 1160. I REPSOL. Tarragona. Tarragona. 43006 Poligono Ind. Francoli, parcela 1, 1. D REPSOL. Tarragona. Tarragona. 43006 Calle Coure (del), 7. D CONFORT AUTO. Tarragona. Tarragona. 43003 Carrer Via Augusta, 2. I CEPSA. Tarragona. Torredembarra. 43830 Calle Riera de Gaia (de la), 20. D OILPRIX. Tarragona. Tortosa. 43500 Calle Ronda Reus, 25/27. D CAMPSA. Tarragona. Tortosa. 43500 Avenida Generalitat, 152. D PETRONOR. Tarragona. Ulldecona. 43550 Major, 183. N CAMPO. Tarragona. Valls. 43800 Ctra. de Tarragona, 28. D REPSOL. Tarragona. Valls. 43800 Carretera C-37 Valls Igualada km 2,5. D REPSOL. Tarragona. Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant. 43890 Autopista Ap-7 (mrg.izdo.) km 283. I CEPSA. Tarragona. Vendrell (El). 43700 Cr Vendrell a Valls Km S/n. N BP LA COMETA. Tarragona. Vila-seca. 43480 Calle Franqueses (de les), 12. D ALAS. Postes Marítimos (Cataluña) Provincia Municipio Localidad Código Postal Dirección Rótulo Barcelona. Barcelona. Barcelona. 08003 Muelle de Baleares, s/n. REPSOL. Barcelona. Mataró. Mataro. 08301 Passeig del Callao, s/n. PETROCAT. Barcelona. Sant Adrià de Besòs. Sant Adria de Besos. 08930 De la Pau, 12. PETROFORUM. Barcelona. Sitges. Garraf. 08870 Port del Garraf. PETROCAT. Girona. Blanes. Blanes. 17300 Esplanada del Port, s/n. PETROCAT. Girona. Castelló d'Empúries. Castello d'Empuries. 17487 Sector Club Nautico, s/n. E.S. MARINA EMPURIABRAVA. Girona. Palamós. Palamos. 17230 Muelle Pesquero, s/n. REPSOL. Girona. Roses. Roses. 17480 Muelle Pesquero, s/n. REPSOL. Tarragona. Deltebre. Deltebre. 43580 Urbanización Ruimar. REPSOL. Tarragona. Sant Carles de La Ràpita. Sant Carles de La Rapita. 43540 Puerto, s/n. REPSOL. Tarragona. Torredembarra. Torredembarra. 43830 Edificio Capitania,s/n. LIBRE. Tarragona. Vendrell (El). Masos de Coma-Ruga (Els). 43880 Passeig Marítim, s/n. LIBRE.

Para el 8M hay huelga convocada, al menos, en Cataluña y Galicia. Servicios mínimos en energía eléctrica e hidrocarburos en esas dos comunidades.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido informado de la convocatoria de huelga general que se iniciará a las 00:00 h del día 8 de marzo y finalizará a las 24:00 h de ese mismo día, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG) y por la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Asimismo, y con posterioridad se le ha comunicado la convocatoria del Sindicato de Oficios Varios da Confederación Nacional do Traballo de Vigo (CNT-Vigo) para el día 8 de marzo de 2021 en el ámbito territorial de Vigo y su Comarca. Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2021, se han recibido nuevas convocatorias de la Intersindical Alternativa de Catalunya, Intersindical CSC y Confederación General del Treball de Catalunya-CGT desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 8 de marzo, en el ámbito de la comunidad Autónoma de Cataluña. El artículo 2.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que las actividades relacionadas con el mercado de productos petrolíferos y suministro de gases combustibles por canalización, se ejercerán garantizando el suministro a los consumidores demandantes dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de actividades de interés económico general. Por su parte, el Real Decreto 1477/1988, de 9 de diciembre, por el que se establecen los servicios mínimos esenciales para la realización de la actividad encomendada a las empresas de refino de petróleo, el Real Decreto 1478/1988, de 9 de diciembre, por el que se establecen servicios mínimos para la realización de las actividades de servicio público de suministro de combustibles gaseosos por canalización y de suministro de gases licuados del petróleo a granel y envasado, y el Real Decreto 425/1993, de 26 de marzo, sobre garantías de prestación de servicios esenciales por las empresas autorizadas a realizar las actividades de transporte y almacenamiento, distribución al por mayor y distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos, constituyen el marco normativo de referencia para el establecimiento de servicios mínimos en el ámbito de la referida Ley 34/1998, de 7 de octubre. Dichos reales decretos, facultan a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para determinar las especificaciones concretas de servicios esenciales mínimos, cuyo mantenimiento condicionará las situaciones de huelga. Asimismo, establecen que los paros y alteraciones de trabajo del personal que se designe en servicios mínimos serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Este Ministerio ha solicitado informe a ENAGAS GTS, S.A.U., en calidad de Gestor Técnico del Sistema, sobre las necesidades de disponibilidad de las instalaciones del sistema gasista que puedan verse afectadas por esta convocatoria de huelga. ENAGAS GTS, S.A.U., a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y de acuerdo con las funciones que establece el artículo 64 de la citada ley, es el responsable de la operación y gestión técnica de la red básica y de transporte secundario y garantizará la continuidad y seguridad del suministro de gas natural, así como la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución. En sus informe de 22 y de 26 de febrero de 2021, con motivo de la convocatoria de huelga general en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el próximo día 8 de marzo, ENAGAS GTS, S.A.U., ha manifestado que los servicios mínimos para garantizar la seguridad de las personas y bienes en todas las instalaciones gasistas, mantener la atención de los servicios esenciales descritos en el artículo 60 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en las Normas de Gestión Técnicas del Sistema Gasista (NGTS), así como la disponibilidad del gas natural que se considere necesario para la generación de energía eléctrica, deben establecerse con los siguientes criterios: a) Las redes de transporte y distribución deben estar disponibles desde los puntos de entrada o producción hasta las instalaciones de los consumidores, manteniendo las presiones de gas en valores superiores a los mínimos garantizados en las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista. b) Las plantas de regasificación en Mugardos de Reganosa, y la de Barcelona de ENAGAS deben estar disponibles y con niveles de producción y de almacenamiento, en su caso, suficientes para mantener la seguridad de las instalaciones, el cumplimiento del programa de descargas la atención de la demanda y la preservación del medio ambiente, evitando la posible emisión de gas a la atmósfera. El suministro de gas natural junto con el suministro de los gases licuados del petróleo, tanto a granel como envasado, constituyen actividades fundamentales cuya garantía de suministro se plasma en el establecimiento de los servicios mínimos contenidos en los apartados tercero y cuarto de esta orden, así como en el anexo II. El apartado segundo y el anexo I de esta orden recoge los servicios mínimos establecidos para la actividad de refino que han sido determinados con el objetivo general de garantizar la seguridad de las personas y del medioambiente, fundamentales en instalaciones de tal complejidad. El suministro de productos petrolíferos es esencial para el normal desarrollo de la actividad ciudadana por lo que se considera necesario establecer unos servicios mínimos. Tomando en consideración la duración y características de la huelga convocada ### RESUMEN: Para el 8M hay huelga convocada, al menos, en Cataluña y Galicia. Servicios mínimos en energía eléctrica e hidrocarburos en esas dos comunidades.

BDNS(Identif.):512246 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios. Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente. Segundo. Objeto. La financiación de actividades de interés general consideradas de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se refieran a los ejes establecidos en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, en el ámbito propio del Estado, y las actividades, que en el ámbito de las competencias del Estado, sean consideradas de interés social, de conformidad con los artículos 3.2 y 6.1 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Serán subvencionables en esta convocatoria, los programas cuya definición, prioridades y requisitos específicos para su cumplimiento, figuran en el Anexo A de la Resolución. Tercero. Bases reguladoras. Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el BOE de 22 de julio de 2017. Cuarto. Importe. El importe de la convocatoria asciende a 20.885.420,00 euros. El crédito disponible en esta convocatoria puede verse incrementado en una cuantía adicional que se estima en 21.223.992,05 euros. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 'Boletín Oficial del Estado'. Sexto. Otros datos. El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web cuya dirección es www.mscbs.gob.es. Madrid, 22 de junio de 2020.- El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta.

Hoy arranca el plazo de un mes para presentar proyectos sociales. Hay 20.885.420,00 euros, que podrán ser ampliados en otros 21.223.992,05 euros.

BDNS(Identif.):512246 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios. Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades del Tercer Sector de Acción Social los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente. Segundo. Objeto. La financiación de actividades de interés general consideradas de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se refieran a los ejes establecidos en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, en el ámbito propio del Estado, y las actividades, que en el ámbito de las competencias del Estado, sean consideradas de interés social, de conformidad con los artículos 3.2 y 6.1 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Serán subvencionables en esta convocatoria, los programas cuya definición, prioridades y requisitos específicos para su cumplimiento, figuran en el Anexo A de la Resolución. Tercero. Bases reguladoras. Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, publicada en el BOE de 22 de julio de 2017. Cuarto. Importe. El importe de la convocatoria asciende a 20.885.420,00 euros. El crédito disponible en esta convocatoria puede verse incrementado en una cuantía adicional que se estima en 21.223.992,05 euros. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 'Boletín Oficial del Estado'. Sexto. Otros datos. El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web cuya dirección es www.mscbs.gob.es. Madrid, 22 de junio de 2020.- El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta. ### RESUMEN: Hoy arranca el plazo de un mes para presentar proyectos sociales. Hay 20.885.420,00 euros, que podrán ser ampliados en otros 21.223.992,05 euros.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE» de 3 de agosto de 1984), modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» de 29 de julio de 1988), y en el artículo 52 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril de 1995), este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo aprobada por la Comisión Interministerial de Retribuciones para este Ministerio. Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Subsecretaría de Justicia, (Subdirección General de Recursos Humanos) del Departamento, calle San Bernardo, 45, 28071 Madrid, en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente Orden. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, plaza Jacinto Benavente, número 3, 28012 Madrid, o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Cuarta. Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currículum vítae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere oportuno. Quinta. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó. Madrid, 12 de noviembre de 2012.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), el Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera.

Convocatoria de 44 puestos por libre designación. Entre ellos, jefe de secretaría de subsecretario de Justicia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE» de 3 de agosto de 1984), modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE» de 29 de julio de 1988), y en el artículo 52 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/95, de 10 de marzo («BOE» de 10 de abril de 1995), este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo aprobada por la Comisión Interministerial de Retribuciones para este Ministerio. Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Subsecretaría de Justicia, (Subdirección General de Recursos Humanos) del Departamento, calle San Bernardo, 45, 28071 Madrid, en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente Orden. Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General del Ministerio de Justicia, plaza Jacinto Benavente, número 3, 28012 Madrid, o en las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Cuarta. Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currículum vítae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere oportuno. Quinta. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó. Madrid, 12 de noviembre de 2012.–El Ministro de Justicia, P. D. (Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre), el Subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera. ### RESUMEN: Convocatoria de 44 puestos por libre designación. Entre ellos, jefe de secretaría de subsecretario de Justicia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Consejo General de la Abogacía Española, del recurso número 34/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 7 de febrero de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.

El recurso del Consejo de la Abogacía Española contra las tasas judiciales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Consejo General de la Abogacía Española, del recurso número 34/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 7 de febrero de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez. ### RESUMEN: El recurso del Consejo de la Abogacía Española contra las tasas judiciales.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de junio actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 3123-2014 planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso directo núm. 2/63/2013, en relación con los artículos 2.1, 2.2.1 y 3.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del art. 9.3 de la CE., y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 LOTC, quienes sean parte en el recurso directo núm. 2/63/2013, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de junio de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El TC admite a trámite cuestión de inconstitucionalidad de Supremo sobre el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de junio actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 3123-2014 planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso directo núm. 2/63/2013, en relación con los artículos 2.1, 2.2.1 y 3.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del art. 9.3 de la CE., y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión. De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 LOTC, quienes sean parte en el recurso directo núm. 2/63/2013, podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 10 de junio de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El TC admite a trámite cuestión de inconstitucionalidad de Supremo sobre el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad

En el recurso contencioso-administrativo número 819/2015, promovido por WWF Adena contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2015 por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado en «Las Aletas», Puerto Real (Cádiz), la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 31 de marzo de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo n.º 819/2015, interpuesto por WWF ADENA contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 13 de febrero de 2015, por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado en «Las Aletas», Puerto Real (Cádiz), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 83, de 7 de abril de 2015, declarando su nulidad por ser contrario al ordenamiento jurídico. Sin costas. Notifíquese esta resolución a las partes con publicación de su contenido en el «Boletín Oficial del Estado», e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–D. José Manuel Sieira Míguez.–D. Rafael Fernández Valverde.–D. Juan Carlos Trillo Alonso.–D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.–D.ª Inés Huerta Garicano.–D. César Tolosa Tribiño.–D. Mariano de Oro-Pulido y López.–Firmado.

Supremo anula acuerdo que reservaba una parte de la marisma de Las Aletas (Cádiz) para hacer un polígono

En el recurso contencioso-administrativo número 819/2015, promovido por WWF Adena contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2015 por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado en «Las Aletas», Puerto Real (Cádiz), la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 31 de marzo de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo n.º 819/2015, interpuesto por WWF ADENA contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, del día 13 de febrero de 2015, por el que se declara una reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado en «Las Aletas», Puerto Real (Cádiz), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 83, de 7 de abril de 2015, declarando su nulidad por ser contrario al ordenamiento jurídico. Sin costas. Notifíquese esta resolución a las partes con publicación de su contenido en el «Boletín Oficial del Estado», e insértese en la colección legislativa. Así se acuerda y firma.–D. José Manuel Sieira Míguez.–D. Rafael Fernández Valverde.–D. Juan Carlos Trillo Alonso.–D. Wenceslao Francisco Olea Godoy.–D.ª Inés Huerta Garicano.–D. César Tolosa Tribiño.–D. Mariano de Oro-Pulido y López.–Firmado. ### RESUMEN: Supremo anula acuerdo que reservaba una parte de la marisma de Las Aletas (Cádiz) para hacer un polígono

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consejería de Obras Públicas. Secretaría General. 2) Domicilio: Plaza de Santoña, 6. 3) Localidad y código postal: Murcia, 30071. 4) Teléfono: 968 36 24 19; 968 36 24 23. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://opweb.carm.es/contratacion/faces/exp/inicio.jsp. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/07/2013, hasta las 13:00 horas. d) Número de expediente: 13/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Proyecto y ejecución. b) Descripción: Renovación urbana del Barrio de Alfonso X en la ciudad de Lorca (Seismo Lorca 2011). d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Lorca. e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45222000, 45232440, 45233140, 45231000, 45231100, 45220000, 45233252. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado 50 puntos; Proyecto Básico 40 puntos, y Memoria Constructiva y Programa de Trabajo 10 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 5.587.728,93 euros. Importe total: 6.761.152,01 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 % del Presupuesto del proyecto seleccionado, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f; Grupo I, Subgrupo 9, Categoría e; Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e; Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15/07/2013, hasta las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano. Consejería Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 2) Domicilio: Plaza Santoña, 6. 3) Localidad y código postal: Murcia, 30071. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. b) Dirección: Plaza Santoña, 6. c) Localidad y código postal: Murcia. d) Fecha y hora: 16/09/2013, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: 1.900 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 22/05/2013. Murcia, 28 de mayo de 2013.- La Secretaria General.

Murcia licita por 6.761.152,01 euros la renovación urbana del Barrio de Alfonso X en la ciudad de Lorca (Seismo Lorca 2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Consejería de Obras Públicas. Secretaría General. 2) Domicilio: Plaza de Santoña, 6. 3) Localidad y código postal: Murcia, 30071. 4) Teléfono: 968 36 24 19; 968 36 24 23. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://opweb.carm.es/contratacion/faces/exp/inicio.jsp. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/07/2013, hasta las 13:00 horas. d) Número de expediente: 13/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Proyecto y ejecución. b) Descripción: Renovación urbana del Barrio de Alfonso X en la ciudad de Lorca (Seismo Lorca 2011). d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Lorca. e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45222000, 45232440, 45233140, 45231000, 45231100, 45220000, 45233252. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado 50 puntos; Proyecto Básico 40 puntos, y Memoria Constructiva y Programa de Trabajo 10 puntos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 5.587.728,93 euros. Importe total: 6.761.152,01 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 % del Presupuesto del proyecto seleccionado, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f; Grupo I, Subgrupo 9, Categoría e; Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e; Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15/07/2013, hasta las 13:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano. Consejería Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 2) Domicilio: Plaza Santoña, 6. 3) Localidad y código postal: Murcia, 30071. 4) Dirección electrónica: [email protected]. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. b) Dirección: Plaza Santoña, 6. c) Localidad y código postal: Murcia. d) Fecha y hora: 16/09/2013, a las 12:00 horas. 10. Gastos de publicidad: 1.900 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 22/05/2013. Murcia, 28 de mayo de 2013.- La Secretaria General. ### RESUMEN: Murcia licita por 6.761.152,01 euros la renovación urbana del Barrio de Alfonso X en la ciudad de Lorca (Seismo Lorca 2011).

La sucesión en el título de Marqués de Gutiérrez Mellado ha sido solicitada por doña Lucía María Gutiérrez-Mellado y Satrústegui, por fallecimiento de su padre, don Manuel Gutiérrez-Mellado y Blasco, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 3 de febrero de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

La nieta de Manuel Gutiérrez Mellado, Lucía María Gutiérrez-Mellado y Satrústegui, hereda el título de Marqués de Gutiérrez Mellado

La sucesión en el título de Marqués de Gutiérrez Mellado ha sido solicitada por doña Lucía María Gutiérrez-Mellado y Satrústegui, por fallecimiento de su padre, don Manuel Gutiérrez-Mellado y Blasco, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 3 de febrero de 2021.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. ### RESUMEN: La nieta de Manuel Gutiérrez Mellado, Lucía María Gutiérrez-Mellado y Satrústegui, hereda el título de Marqués de Gutiérrez Mellado

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronato Provincial Turismo de Castellón. b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato Provincial Turismo de Castellón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronato Provincial Turismo de Castellón. 2) Domicilio: Avda. Vall d'Uixó, 25. 3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12004, España. 4) Teléfono: 964359883. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 4/16. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol. e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 15 de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016. f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por una anualidad más, hasta el 15 de diciembre de 2017. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 495.867,76 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total: 300.000,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: (Se indican en los pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Se indican en los pliegos). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 08:53 horas del 19 de marzo de 2016. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Diputación Provincial de Castellón. 2) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7. 3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: Plaza de las Aulas, 7 (Diputación Provincial de Castellón). c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España. d) Fecha y hora: 30 de marzo de 2016, a las 08:54 (Fecha provisional, se comunicará a los licitadores la fecha y hora concretas). Castellón de la Plana, 15 de febrero de 2016.- Diputado de Turismo.

Licitación del diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol por importe total de 300.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Patronato Provincial Turismo de Castellón. b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato Provincial Turismo de Castellón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Patronato Provincial Turismo de Castellón. 2) Domicilio: Avda. Vall d'Uixó, 25. 3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12004, España. 4) Teléfono: 964359883. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 4/16. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol. e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 15 de mayo de 2016 y el 15 de diciembre de 2016. f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por una anualidad más, hasta el 15 de diciembre de 2017. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79341400 (Servicios de campañas de publicidad). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 495.867,76 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 247.933,88 euros. Importe total: 300.000,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: (Se indican en los pliegos). Solvencia técnica y profesional: (Se indican en los pliegos). 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: hasta las 08:53 horas del 19 de marzo de 2016. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Diputación Provincial de Castellón. 2) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7. 3) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre oferta económica. b) Dirección: Plaza de las Aulas, 7 (Diputación Provincial de Castellón). c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana, 12001, España. d) Fecha y hora: 30 de marzo de 2016, a las 08:54 (Fecha provisional, se comunicará a los licitadores la fecha y hora concretas). Castellón de la Plana, 15 de febrero de 2016.- Diputado de Turismo. ### RESUMEN: Licitación del diseño y ejecución de una campaña de comunicación de la marca 'CASTELLÓN SPAIN' en las ciudades de Londres y Bristol por importe total de 300.000,00 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia número 6975-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña, en relación con artículo 5.1 y 2; la Disposición final segunda, Apartados 3 y 18, Disposición adicional tercera, Apartado 5 y la Disposición final primera del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional admite el conflicto de competencias catalán contra la ley de becas.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia número 6975-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña, en relación con artículo 5.1 y 2; la Disposición final segunda, Apartados 3 y 18, Disposición adicional tercera, Apartado 5 y la Disposición final primera del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Madrid, 17 de diciembre de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional admite el conflicto de competencias catalán contra la ley de becas.

Visto el texto de revisión salarial del año 2016 del II Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U. (código de convenio 90018062012010) aprobado en acta suscrita con fecha 17 de octubre de 2016 por la comisión mixta de interpretación y control del citado Convenio de la que forman parte los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y las secciones sindicales en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de diciembre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACION Y CONTROL DEL II CONVENIO COLECTIVO DE PRIMARK TIENDAS, S.L.U. Por la representación empresa Primark: D. Stephen Mullen. D.ª Juana Rodero. D. Jose Ullastres. Por la representación de los trabajadores: En representación de CCOO: D.ª Rosario Carmona (Santiago). D.ª Inmaculada Martínez (Murcia). D. Jorge Martínez (Elche). D.ª Jennifer Cano (Diagonal). D. Rodrigo Fernández (Gran Vía). D.ª Estrella Arroyo (Córdoba). D.ª Irina Cabranes (Parque Principado). D. Juan Jesús López (Jerez). D.ª Paloma Camacho (Asesora). En representación de FETICO: D. Israel Blasco (Plenilunio). D. Pedro Ramírez (Gran Vía). D. Jonathan Rol (Islazul). D.ª Verónica Gallardo (Zaragoza). En representación de UGT: D. Rubén Ranz (Asesor). D.ª Esther García (Xanadú). En Madrid a 17 de octubre de 2016, procede a reunirse la Comisión Mixta del II Convenio Colectivo de Primark Tiendas, SLU, compuesta por la Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores de las Organizaciones Sindicales CCOO, FETICO y UGT al margen referenciados; con objeto de tratar los temas que conforman el contenido del siguiente Orden del Día: Único. Aplicación Incremento salarial previsto en el artículo 26 del II Convenio Colectivo de Primark Tiendas S.L.U. (octubre 2016). La Comisión Mixta, por unanimidad, procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 a aplicar el incremento fijado para el año 2016 del 0,8% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base (CPSB), con efectos del día 1 de octubre de 2016. A tales efectos, se procede a aprobar las nuevas tablas resultantes, con efectos de 1/10/2016: Tablas salariales año 2016 (A partir de 1 de octubre de 2016). Incremento: 0,8% Grupo profesional Salario base año – Euros Salario base hora – Euros Grupo 0 13.500,14 7,63 Grupo I 15.585,53 8,81 Grupo II 17.561,16 9,92 Grupo III. 19.756,31 11,16 Finaliza la reunión procediendo a la habilitación de doña Eva Marín Oliaga para que, en nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos trámites sean precisos en orden al depósito, registro y posterior publicación de la presente Acta en el «Boletín Oficial del Estado». Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y, de ella, la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, se firma por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados.

Salarios base en Primark: de 13.500 a 19.756 euros por año, dependiendo del grupo profesional

Visto el texto de revisión salarial del año 2016 del II Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U. (código de convenio 90018062012010) aprobado en acta suscrita con fecha 17 de octubre de 2016 por la comisión mixta de interpretación y control del citado Convenio de la que forman parte los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y las secciones sindicales en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo Esta Dirección General de Empleo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de diciembre de 2016.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda. ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACION Y CONTROL DEL II CONVENIO COLECTIVO DE PRIMARK TIENDAS, S.L.U. Por la representación empresa Primark: D. Stephen Mullen. D.ª Juana Rodero. D. Jose Ullastres. Por la representación de los trabajadores: En representación de CCOO: D.ª Rosario Carmona (Santiago). D.ª Inmaculada Martínez (Murcia). D. Jorge Martínez (Elche). D.ª Jennifer Cano (Diagonal). D. Rodrigo Fernández (Gran Vía). D.ª Estrella Arroyo (Córdoba). D.ª Irina Cabranes (Parque Principado). D. Juan Jesús López (Jerez). D.ª Paloma Camacho (Asesora). En representación de FETICO: D. Israel Blasco (Plenilunio). D. Pedro Ramírez (Gran Vía). D. Jonathan Rol (Islazul). D.ª Verónica Gallardo (Zaragoza). En representación de UGT: D. Rubén Ranz (Asesor). D.ª Esther García (Xanadú). En Madrid a 17 de octubre de 2016, procede a reunirse la Comisión Mixta del II Convenio Colectivo de Primark Tiendas, SLU, compuesta por la Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores de las Organizaciones Sindicales CCOO, FETICO y UGT al margen referenciados; con objeto de tratar los temas que conforman el contenido del siguiente Orden del Día: Único. Aplicación Incremento salarial previsto en el artículo 26 del II Convenio Colectivo de Primark Tiendas S.L.U. (octubre 2016). La Comisión Mixta, por unanimidad, procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 a aplicar el incremento fijado para el año 2016 del 0,8% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base (CPSB), con efectos del día 1 de octubre de 2016. A tales efectos, se procede a aprobar las nuevas tablas resultantes, con efectos de 1/10/2016: Tablas salariales año 2016 (A partir de 1 de octubre de 2016). Incremento: 0,8% Grupo profesional Salario base año – Euros Salario base hora – Euros Grupo 0 13.500,14 7,63 Grupo I 15.585,53 8,81 Grupo II 17.561,16 9,92 Grupo III. 19.756,31 11,16 Finaliza la reunión procediendo a la habilitación de doña Eva Marín Oliaga para que, en nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos trámites sean precisos en orden al depósito, registro y posterior publicación de la presente Acta en el «Boletín Oficial del Estado». Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y, de ella, la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, se firma por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados. ### RESUMEN: Salarios base en Primark: de 13.500 a 19.756 euros por año, dependiendo del grupo profesional

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que en ellas concurren, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que a continuación se relacionan: D. Manuel José López Pérez. D. José Luis Mendoza Pérez. D. José Luis de la Monja Fajardo, a título póstumo. D. Federico Moreno-Torroba Larregla. D. Dídac Ramírez i Sarrió. D. Francisco Belil Creixell. Madrid, 7 de octubre de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Reparto de medallas en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que en ellas concurren, Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que a continuación se relacionan: D. Manuel José López Pérez. D. José Luis Mendoza Pérez. D. José Luis de la Monja Fajardo, a título póstumo. D. Federico Moreno-Torroba Larregla. D. Dídac Ramírez i Sarrió. D. Francisco Belil Creixell. Madrid, 7 de octubre de 2016.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo ### RESUMEN: Reparto de medallas en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en la misma, con categoría de Gran Cruz, a quienes se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el fomento y enseñanzas de la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la investigación, difusión, organización y desarrollo de la cultura física y del deporte. Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia en doña Laia Palau Altés de los méritos y demás circunstancias contemplados en el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, y en la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las Ordenanzas de la Real Orden del Mérito Deportivo. En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Deportes y Canciller de la Real Orden del Mérito Deportivo, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021, DISPONGO: Vistos los méritos y circunstancias que concurren en doña Laia Palau Altés, se le concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz. Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS

Gran cruz del mérito deportivo para Laia Palau

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, podrá concederse el ingreso en la misma, con categoría de Gran Cruz, a quienes se hayan distinguido notoriamente en la práctica del deporte, en el fomento y enseñanzas de la educación física, o que hayan prestado eminentes servicios en la investigación, difusión, organización y desarrollo de la cultura física y del deporte. Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia en doña Laia Palau Altés de los méritos y demás circunstancias contemplados en el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, y en la Orden de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las Ordenanzas de la Real Orden del Mérito Deportivo. En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Deportes y Canciller de la Real Orden del Mérito Deportivo, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021, DISPONGO: Vistos los méritos y circunstancias que concurren en doña Laia Palau Altés, se le concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz. Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS ### RESUMEN: Gran cruz del mérito deportivo para Laia Palau

BDNS (Identif.): 342016 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) Primero. Beneficiarios. Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas extranjeras, siempre que estén legalmente constituidas y acrediten haber realizado una labor ininterrumpida de 2 años. Segundo. Objeto. Traducción y publicación a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que cumplan una de estas dos condiciones: a) que hayan sido publicadas por una editorial española y distribuidas en territorio nacional; b) que, habiendo sido publicadas por editoriales no españolas, su autor tenga la nacionalidad española. Tercero. Bases reguladoras. Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010. Cuarto. Cuantía. El importe máximo imputable a las subvenciones concedidas a empresas editoriales radicadas en el extranjero será de 184.000 euros y 24.000 euros para empresas editoriales radicadas en España. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Sexto. Otros datos. La subvención obtenida en esta convocatoria debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traducción de la obra presentada. Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones, públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la traducción subvencionada. Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos de traducción a través de solicitud telemática. Madrid, 6 de abril de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, P.D. (Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre), el Director General de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso.

Ayudas a traducción libros a lenguas extranjeras será de 184.000 euros y 24.000 euros

BDNS (Identif.): 342016 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) Primero. Beneficiarios. Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas extranjeras, siempre que estén legalmente constituidas y acrediten haber realizado una labor ininterrumpida de 2 años. Segundo. Objeto. Traducción y publicación a lenguas extranjeras de obras literarias o científicas publicadas originariamente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que cumplan una de estas dos condiciones: a) que hayan sido publicadas por una editorial española y distribuidas en territorio nacional; b) que, habiendo sido publicadas por editoriales no españolas, su autor tenga la nacionalidad española. Tercero. Bases reguladoras. Las bases reguladoras por las que se rige esta ayuda fueron establecidas a través de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, publicadas en el BOE número 275, con fecha de 13 de noviembre de 2010. Cuarto. Cuantía. El importe máximo imputable a las subvenciones concedidas a empresas editoriales radicadas en el extranjero será de 184.000 euros y 24.000 euros para empresas editoriales radicadas en España. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Sexto. Otros datos. La subvención obtenida en esta convocatoria debe destinarse exclusivamente a cubrir los gastos de traducción de la obra presentada. Esta subvención es compatible con otras ayudas de organismos o instituciones, públicos o privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad, siempre que el importe de la misma sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la traducción subvencionada. Cada empresa puede presentar hasta un máximo de 3 proyectos de traducción a través de solicitud telemática. Madrid, 6 de abril de 2017.- El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, P.D. (Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre), el Director General de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso. ### RESUMEN: Ayudas a traducción libros a lenguas extranjeras será de 184.000 euros y 24.000 euros

Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López. AUTO I. Antecedentes 1. El 20 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 933-2012, sobre despido, que se tramita ante dicho Juzgado, el Auto de 11 de abril de 2013, por el que el citado Juzgado acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a las siguientes disposiciones: de un lado, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE; de otro, la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto-ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-ley 3/2012, por posible contradicción con los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. 2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes: a) El día 7 de agosto de 2012, doña Milagros Vázquez Rodríguez presentó demanda de despido frente a Digitex Informática, S.L., tras haber recibido notificación de que, con efectos de 30 de junio de 2012, quedaba extinguido su contrato de trabajo por obra o servicio determinado. En dicha demanda se solicitaba al Juzgado de lo Social que la referida extinción contractual fuera declarada despido improcedente. La demanda tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid, que por Decreto de 18 de septiembre de 2012 acordó su admisión a trámite. b) Tras la celebración del acto del juicio el día 30 de enero de 2013, concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, el Magistrado-Juez dictó providencia en la misma fecha –30 de enero de 2013–, por la que, conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por término común e improrrogable de diez días, a fin de que pudieren pronunciarse sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de ésta. En este escrito, el Magistrado-Juez comenzaba explicando que, en el caso enjuiciado, la extinción debía ser calificada judicialmente como despido improcedente, aduciendo las razones que a su juicio conducen a esta calificación, y asimismo, también indicaba que, de acuerdo con la fecha de efectos de la extinción –30 de junio de 2012–, las consecuencias de dicha calificación de improcedencia son las previstas en la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante, LET), en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012. Tras estas precisiones, la providencia concretaba las normas cuya constitucionalidad se cuestiona y los preceptos que se suponen infringidos: en primer lugar, exponía que el Real Decreto-ley 3/2012, globalmente considerado, resulta lesivo de los arts. 1.3 y 86.1 CE; en segundo término, indicaba que la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012 vulnera los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, hacía asimismo alusión a la contravención por parte del art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 de los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. La providencia fundamentaba estas dudas de constitucionalidad en términos similares a la argumentación ofrecida en el posterior Auto de planteamiento de la cuestión, de 11 de abril de 2013, a cuyo contenido se hace referencia más adelante. c) Mediante escrito registrado el 19 de marzo de 2013, el Fiscal presentó sus alegaciones, en las que exponía que, a su juicio, concurrían los requisitos formales para proceder a la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad de las normas controvertidas. d) Ni la parte demandante ni la demandada presentaron escrito de alegaciones. e) El Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid dictó Auto de 11 de abril de 2013, por el que acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto a las siguientes disposiciones: de un lado, el Real Decreto-ley 3/2012, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE; de otro, la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto-ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-ley 3/2012, por posible contradicción de los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. En dicho Auto, tras afirmar que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no impide al órgano judicial pronunciarse sobre la calificación del despido y los efectos de tal calificación (opción e indemnización), con cita del ATC 313/1996, se ordenaba asimismo se citara a las partes a comparecencia a fin de adoptar medidas no nucleares. Dicha comparecencia tuvo lugar el 12 de junio de 2013. f) Con fecha 12 de junio de 2013, el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid dictó nuevo Auto de «medidas provisionales no nucleares» en el que, atendiendo a la voluntad concorde de ambas partes, se dispone que no ha lugar a adoptar con carácter provisional medida alguna no nuclear. 3. El Auto de 11 de abril de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente, y de forma resumida, se indican. De entrada, el Magistrado-Juez repasa los antecedentes del caso y da cuenta motivada de su decisión de, una vez conclusos los autos, dictar providencia, acordando la suspensión del plazo para dictar Sentencia y tramitar el incidente previsto en los arts. 35 y ss. LOTC. Asimismo, tras exponer la relación de normas legales cuestionadas y de preceptos constitucionales que se suponen vulnerados, el Magistrado-Juez se centra en el análisis de los juicios de aplicabilidad y relevancia. Al respecto, además de afirmar que la trabajadora prestaba sus servicios en la empresa desde el 1 de marzo de 2006, razona los motivos por los que considera que la extinción enjuiciada debe ser calificada como despido improcedente, señalando que, atendida la fecha de efectos de la extinción –30 de junio de 2012–, las consecuencias de dicha calificación deben ser las previstas en la Ley del estatuto de los trabajadores, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012, que entró en vigor el 12 de febrero y permaneció vigente hasta su sustitución por la Ley 3/2012, de 6 de julio. Estas consecuencias legales vienen determinadas por las normas cuestionadas, conforme a las cuales, la Sentencia que eventualmente se dicte debería conceder al empleador la posibilidad de optar por la readmisión con abono de los salarios de tramitación o la rescisión contractual con abono de la indemnización legalmente establecida y sin abono de los salarios de tramitación, no apreciando el juzgador posibilidad de acomodar la norma al ordenamiento constitucional por vía interpretativa. A continuación, el Auto pasa a razonar sobre los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona y los preceptos eventualmente infringidos. a) En primer lugar, el Magistrado-Juez expresa su duda de constitucionalidad respecto al Real Decreto-ley 3/2012, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por vulnerar el art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE. Con relación a este punto, considera que el Real Decreto-ley 3/2012 se inscribe en una práctica gubernamental de abandono del carácter parlamentario de la forma política del Estado español que se define en el art. 1.3 CE y que erige a las Cortes en el sujeto ordinario de la tarea legislativa, por lo que incide en desviación de poder y es fuente de inseguridad jurídica. Asimismo, el Magistrado-Juez alega que el Real Decreto-ley 3/2012 no responde, a su juicio, a una extraordinaria y urgente necesidad que justifique la adopción de disposiciones legislativas provisionales, como así lo acredita su pronta sustitución por la Ley 3/2012, de 6 de julio, y la nula incidencia en la realidad social en el período transcurrido entre ambas fechas, que es en definitiva lo que legitima el uso de la excepción, habiendo declarado la doctrina constitucional que no basta la búsqueda de la inmediatez en la eficacia de la norma excepcional. En tal sentido indica que los datos económicos más relevantes se agravaron en ese período entre normas, siendo más tardíamente y con motivo de la actuación comunitaria cuando la prima de riesgo se moderó, mientras que el desempleo ha continuado incrementándose. Con apoyo en datos estadísticos y previsiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Magistrado-Juez afirma que no ha habido efectos a corto plazo, que sería la justificación de los decretos-leyes, ni los ha habido ni los va a haber a medio plazo. En el plano formal, tampoco el juzgador aprecia que concurra el requisito habilitante exigido en el art. 86.1 CE, que la doctrina constitucional ha glosado mediante la distinción de dos aspectos: por un lado, los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno, explicitados usualmente en el preámbulo del Real Decreto-ley y, por otro, la necesaria conexión entre la situación de urgente necesidad y la concreta medida adoptada para subvenir a la misma. Al respecto, el Auto da cuenta de las afirmaciones contenidas en el epígrafe I del preámbulo del Real Decreto-ley 3/2012, tachando algunas de ellas de incomprensibles, y centrándose de manera específica en las consideraciones realizadas en el epígrafe V de dicho preámbulo respecto a las medidas introducidas en materia de extinción del contrato de trabajo. En concreto, respecto a las referencias de la exposición de motivos a la supresión del «despido exprés», señala que lo que, en realidad, hace la norma es crear un despido «superexprés», tan expeditivo para el trabajador como el anterior, sin que en cambio lo sea para el empresario, que puede postergar el abono de la indemnización hasta Sentencia judicial, sin devengo de salarios de tramitación, ni coste adicional alguno, indicando el Magistrado-Juez que los defectos que el preámbulo dice querer evitar con la nueva decisión normativa, lejos de mitigarse, se agravan: a su juicio, se genera mayor inseguridad en los trabajadores; las decisiones empresariales se seguirán tomando con base al cálculo económico –sólo que ahora este arrojará cifras inferiores–; se ofrecen menos posibilidades de impugnación y, asimismo, afirma que, en cuanto a la inclinación de los empresarios a decantarse por despidos improcedentes, el preámbulo olvida que esta calificación con frecuencia no es voluntaria sino consecuencia de la impericia empresarial, y que los costes procesales no judiciales en la extinción por causas objetivas son muy elevados (minutas de Abogados y Peritos), de modo que a menor diferencia entre la extinción objetiva procedente (veinte días por año) y el despido disciplinario improcedente (treinta y tres días por año), siempre el empresario se decantará por éste, cuestionando asimismo, por su falta de relación, la imputación a los salarios de tramitación de que los despidos disciplinarios sean más frecuentes que las extinciones por causas objetivas. El Auto reproduce también la explicación del preámbulo sobre las medidas introducidas en materia de indemnizaciones por extinción contractual. De manera específica, el Magistrado-Juez considera incongruente el tratamiento como costes laborales directos que se da a las indemnizaciones por despido o extinción improcedente (básica o rescisoria y complementaria o salarios de tramitación) y que no se atiene a la naturaleza de las cosas ni a nuestra cultura jurídica, pues tales indemnizaciones traen causa de la calificación por los Tribunales del negocio jurídico unilateral extintivo como improcedente o injusto. Dichas indemnizaciones, señala, han de ser la adecuada e íntegra compensación de los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante y daños morales) que irroga al trabajador un incumplimiento ilícito del contrato de trabajo, que determina la calificación del despido o extinción como improcedente, declaración tras las que se halla una conducta dolosa o negligente del empleador. También el Auto refleja la exposición del preámbulo sobre las razones que han conducido a la supresión de los salarios de tramitación en la opción indemnizatoria del despido improcedente, señalando el juzgador que la argumentación ofrecida no resulta asumible: primero, porque el hecho de que el tiempo de duración del proceso judicial no parezca un criterio adecuado para compensar el perjuicio derivado de la pérdida del empleo no justifica el uso del Decreto-ley; segundo, porque el acceso a la prestación de desempleo desde el momento de la efectividad de la extinción no es nuevo en nuestro ordenamiento, sin que dicho acceso resulte automático, pues requiere período de carencia y que la prestación no se haya agotado en períodos de suspensión contractual anteriores; tercero, porque no se impide con absoluta seguridad que la supresión de los salarios de tramitación también se esté utilizando al servicio de estrategias de dilación procesal y, por último, porque la socialización de los salarios de trámite no es argumento para su supresión, sino que abunda en su mantenimiento. En definitiva, el Auto concluye que, igual que ocurrió con el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, frente al que se presentaron recursos de inconstitucionalidad estimados por STC de 28 de marzo de 2007, también respecto al Real Decreto-ley 3/2012 debe adoptarse la misma resolución anulatoria, en atención a las siguientes razones: de un lado, porque los argumentos utilizados en el preámbulo resultan marcadamente teóricos, ambiguos y abstractos, sin que se ofrezcan los motivos reales y concretos, no bastando las remisiones a las debilidades del modelo laboral español, a la gravedad de la crisis, a los problemas del mercado de trabajo español, al requerimiento de una reforma de envergadura, a la eficiencia del mercado o a la reducción de la dualidad laboral … de otro lado, porque en ningún momento se ha justificado la concurrencia del presupuesto habilitante, esto es, la situación de urgente y extraordinaria necesidad, que en algún momento se llega a confundir con la conveniencia del cambio de criterio «por uno más adecuado»; asimismo, tampoco se acredita la conexión entre esa situación de necesidad y las medidas concretas, hasta el punto de que cuando se abordan éstas la exposición resulta contradictoria y no ajustada a la realidad y, finalmente, porque el procedimiento legislativo utilizado no pretendía otra finalidad que la «inmediatividad» de las medidas, sin que tal deseo pueda justificar el empleo de este provisional y especial medio legislativo. Junto a lo anterior, el Auto razona y se extiende sobre la idea de que la reforma laboral no responde a necesidades coyunturales puras o a situaciones coyunturales que actúan sobre causas estructurales, sino que nos encontramos en presencia de una desregulación universal y generalizada, iniciada antes de la crisis financiera última, «y que no pretende otra cosa que la recuperación del ideal liberal», entendiendo que «no estamos ante la implantación de medidas de salvamento sino ante la realización de un ideal atemporal y atópico». Por último, tras aludir a los límites materiales que el art. 86.1 CE impone en la utilización del real decreto-ley, el Magistrado-Juez manifiesta que, en el presente supuesto, hay no sólo una afectación, sino una vulneración de derechos y libertades fundamentales incluidos en el título primero de la Constitución Española, tales como los consagrados en los arts. 9.3, 24.1 y 35.1 CE, advirtiendo que dentro de este último –derecho al trabajo– se encuentra el régimen normativo de los despidos y extinciones por causas objetivas. b) La segunda duda de constitucionalidad expresada en el Auto se refiere a la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012, con relación a lo dispuesto en el art. 18.7 del Real Decreto-ley 3/2012, por vulnerar los arts. 9.3 y 24.1 CE. Tras exponer el contenido de esta nueva normativa y señalar que con ella se reduce de manera significativa la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente, el Magistrado-Juez afirma que la norma de aplicación es arbitraria por cuatro consideraciones. Primero, porque se continúa una tradición legal de indemnizaciones tasadas, que se fijan en atención exclusiva a dos criterios –tiempo de prestación de servicios y salario–, sin margen para que el Juez pueda establecerlas con arreglo a lo que se acredite en el proceso. Al respecto, alega la doctrina establecida en la STC 181/2000, de 29 de junio, –dictada en relación con el baremo de indemnizaciones por responsabilidad civil por accidentes de tráfico, anexo a la Ley de ordenación del contrato de seguro y que el Auto considera también aplicable a «la responsabilidad contractual de las compañías aseguradoras»–, poniendo de relieve que, conforme a ella, las indemnizaciones con arreglo a baremo sólo son de aplicación a los supuestos de daños y perjuicios que proceden de responsabilidad objetiva, cuasi objetiva o por riesgo, pues, de concurrir dolo o culpa relevante, el Juez no está vinculado por el baremo porque la fijación de indemnizaciones está reservada a la función judicial, siendo lo procedente, en tal caso, la restitución íntegra o lo más próxima posible al equivalente a los daños y perjuicios sufridos, sin límites legales en forma de baremos o indemnizaciones tasadas. En relación con esta idea, el Auto reproduce algunos fragmentos de la citada STC 181/2000, señalando que su doctrina es aplicable al supuesto que nos ocupa, con el matiz de que la Sentencia se refiere a que los «bienes lesionados por el acto antijurídico son del máximo rango constitucional (ex art. 15 CE)», y en este supuesto son de un rango inferior porque no son bienes de la personalidad, aunque sí gozan de protección constitucional ex art. 35 CE. Segundo, porque las indemnizaciones por daños y perjuicios derivadas de dolo o culpa relevante han de considerar todos los criterios posibles que conduzcan al establecimiento de una justa compensación, resultando arbitrario que se indemnice por esos dos criterios exclusivos cuando son infinitos los factores que pueden influir en una superior liquidación de los daños y perjuicios (edad, ser mujer o víctima de violencia, formación, discapacidad…). Tales factores, expone, sólo pueden tomarse en cuenta en nuestro ordenamiento en el supuesto de indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales, lo que, entiende, constituye un significativo reconocimiento tácito del legislador de que las indemnizaciones por despido improcedente en los casos en que no concurre tal vulneración están por debajo de los perjuicios sufridos, careciendo tal criterio de racionalidad, dado que se traslada una parte de los daños y perjuicios a la víctima, en beneficio del victimario. En su opinión, tal afirmación queda ratificada por la indemnización adicional de quince días por año prevista en el art. 281.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que es otra concreción de esa insuficiencia compensadora del solo abono de los salarios dejados de percibir. Es relevante, indica, que el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo establece que las indemnizaciones por despido injustificado deben ser «adecuadas» (art. 10), concepto que no se satisface cuando el criterio de referencia es la avaricia empresarial o el criterio subjetivo de un Gobierno, ya que la adecuación ha de referenciarse objetivamente respecto de los daños y perjuicios que un injusto e injustificado incumplimiento determina en el acreedor apreciados judicialmente. Asimismo, destaca que, conforme al art. 12 de dicho Convenio, las indemnizaciones por extinción injustificada han de establecerse «en función, entre otros, del tiempo de servicios y del monto del salario», por lo que la fijación de indemnizaciones en función de esos dos exclusivos criterios, con olvido del inciso «entre otros», vulnera el claro tenor de la norma. Tercero, porque la noma reduce las cuantías sin referencia al único criterio válido que es el de equivalencia entre los daños y perjuicios sufridos por el trabajador injustamente despedido y la cuantía del resarcimiento. En tal sentido alega que si los daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil contractual o extracontractual cuando media dolo o culpa relevante han de ser compensados con tendencia a la integridad, la única posibilidad de reducción de la indemnización es la minoración de los daños y perjuicios sufridos en cada caso singular, por lo que las reducciones universales con eficacia general contradicen el carácter esencialmente «causídico» de las indemnizaciones por daños y perjuicios por responsabilidad dolosa o relevantemente culposa. Cuarto, porque el sistema transitorio establecido en el Real Decreto-ley 3/2012 raya en el absurdo, preguntándose «cómo explicar, sin incurrir en el cinismo más absoluto, que en la indemnización de un despido producido después de 12 de febrero de 2012 el mes anterior a ésta fecha se valore en 3,75 días mientras que el mes siguiente (hasta el 12 de marzo de 2012) “valgaˮ 2,75 días». Al respecto, el Magistrado-Juez se interroga sobre la relación que guardan estas magnitudes con el damnum emergens o el pretium doloris de un trabajador despedido injustamente, o sobre cómo explicar que, a partir de determinada antigüedad, la valoración de los daños y perjuicios se «congele», y que antes se hiciera con una compensación de cuarenta y dos mensualidades y ahora con veinticuatro. De las anteriores consideraciones infiere el juzgador claras vulneraciones del art. 9.3 CE, relativo a la interdicción de la arbitrariedad, y del art. 24.1 CE, ya que la tutela dispensada por Sentencia no podrá ser efectiva, sino parcial y meramente nominal. Añade el Auto que esta apreciación no se desmiente por el hecho de que tradicionalmente el sistema indemnizatorio haya consistido en indemnizaciones tasadas, pues esta continuidad histórica no aporta legitimidad al sistema y es mera consecuencia de su falta de impugnación. Al margen otras razones que explican este hecho –como la facilidad o comodidad que este sistema supone para los operadores jurídicos–, el juzgador aduce que el sistema indemnizatorio y sus cuantías establecidas originalmente en la Ley del estatuto de los trabajadores eran fruto de un pacto constitucional del que el actual Gobierno se ha desentendido, basándose en una mayoría parlamentaria absoluta, por lo que, roto el pacto social e incumplidas las contraprestaciones, los demás contratantes se sienten liberados de los compromisos que integraban dicho pacto. Asimismo, tras remarcar que el Derecho del trabajo constituye una legislación especial tuitiva del trabajador que debe mejorar el ordenamiento general, el Auto indica que la comparación de las consecuencias de un incumplimiento contractual doloso o culpable en el ordenamiento común y en el ordenamiento laboral especial evidencia un claro trato discriminatorio de origen clasista (art. 14 CE), que no fue invocado en la providencia de incoación del incidente de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, pero que la Sala puede apreciar de oficio ex art. 39.2 LOTC. En tal sentido, alega que, de querer decir algo, lo que el tenor del art. 35.2 CE afirma es que los derechos de los trabajadores han de ser regulados en una norma especial y más favorable, porque el precepto ha de integrarse en su contexto, como concreción del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1). En consecuencia, concluye, las indemnizaciones tasadas no pueden desempeñar otro papel que el de representar un criterio indemnizatorio subsidiario o un suelo reparador, que no puede obstar la adecuada satisfacción de los daños y perjuicios sufridos. c) Como tercera duda de constitucionalidad, el Auto se refiere al art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012, por vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. Desde la perspectiva del art. 9.3 CE (interdicción de la arbitrariedad), el Magistrado-Juez indica que el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 da nueva redacción al art. 56.2 LET, que, según expone, queda redactado en términos de que sólo en el supuesto de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Tras destacar que, bajo la anterior normativa, tal derecho a salarios de tramitación se reconocía también en la opción del empresario incumplidor por la indemnización, el Auto expone las siguientes conclusiones: por un lado, que cabe reproducir lo ya indicado respecto a los daños y perjuicios derivados de ilícito civil doloso o relevantemente culpable, en tanto que los salarios de tramitación forman parte de aquéllos como forma concreta del lucrum cessans, de modo que su exclusión en alguno de los supuestos mutila la íntegra o adecuada reparación de los daños y perjuicios sufridos, dado que la afectación patrimonial del trabajador que ve incumplido su contrato no sólo ha de comprender el daño emergente, sino además lo dejado de percibir por razón del incumplimiento y los daños morales; por otro lado, que la arbitrariedad se amplifica cuando sólo se suprimen en caso de optar por la indemnización, dado que es el empleador el que determina mediante el ejercicio de la opción la extensión de su propia responsabilidad, con la consecuencia añadida de que, en tanto la readmisión lleva anudado el pago de salarios de tramitación y la indemnización no, la norma incentiva la rescisión contractual indemnizada, en contra de los fines de promoción del empleo y del art. 35 CE, que queda vulnerado y, por último, que dicha arbitrariedad se intensifica a la luz de la nueva redacción dada por el art. 18.9 del Real Decreto-ley 3/2012 al art. 56.4 LET, que para los supuestos de despido improcedente de representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales contempla el derecho a salarios de tramitación tanto si se opta por la readmisión como por la indemnización, previsión que, aparte de juzgarse como caprichosa por cuanto la garantía de los representantes de los trabajadores viene dada por la atribución de la opción al trabajador, lleva al Magistrado-Juez a considerar difícil que el nuevo art. 56.2 LET subsuma los salarios de tramitación en la indemnización rescisoria, máxime si se tiene en cuenta que ésta ha sido reducida. Asimismo, entiende el Magistrado-Juez, que el principio de integridad/adecuación indemnizatoria también resulta vulnerado cuando el empleador opta por la readmisión, por cuanto el precepto sólo contempla la readmisión y el abono de los salarios dejados de percibir, con el relevante olvido de que el despido ha podido producir daños (daño emergente y daños morales) en el ámbito personal, familiar y patrimonial del trabajador que no se compensan en forma alguna, con lo que esta «infracompensación» estimula un incremento de los despidos y extinciones especulativas. Finalmente, el Auto recuerda que, con ocasión del Real Decreto-ley 5/2002, el Tribunal Constitucional ya procedió a desestimar las alegaciones de que la supresión de los salarios de tramitación en el despido improcedente cuando se opta por la extinción indemnizada y no por la readmisión resulta contraria al art. 14 CE (SSTC 84/2008 y 122/2008). Por ello, sin perjuicio de mostrar su discrepancia con el criterio del Tribunal Constitucional –por considerar que los términos comparados sí gozan de homogeneidad y que la norma es arbitraria por dejar que sea el empleador el que determine la extensión de su condena–, el Magistrado-Juez dice reformular la presente cuestión de inconstitucionalidad, haciéndola pivotar esencialmente en los arts. 9.3 y 24.1 CE, al margen de las facultades que el art. 39.2 LOTC confiere. Desde la óptica del art. 24.1 CE, el Auto considera que la norma impugnada vulnera los siguientes derechos integrados en el de tutela judicial efectiva: en primer lugar, la seguridad jurídica, por cuanto, iniciado el procedimiento judicial, el trabajador ignora, no ya si va a ser indemnizado o readmitido, sino los conceptos por los que va a ser indemnizado y la extensión de los mismos; en segundo término, se produce una desigualdad esencial en el procedimiento y en la tutela que el Juez puede dispensar, en la medida en que la Ley dispone que sea el empresario –—el condenado en la Sentencia de despido improcedente– el que determine, arbitrariamente, la extensión de su propia condena –mayor si opta por readmitir (salarios de tramitación incluidos) o menor si opta por indemnizar (salarios de tramitación excluidos)–. Por tales razones, el Magistrado-Juez considera que o bien no hay tutela judicial o, si pudiera entenderse existente, no es efectiva. Por lo que se refiere al art. 35 CE, y tras recordar la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del derecho al trabajo y algunas de las exigencias derivadas del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, el Auto concluye que este derecho constitucional comprende la readmisión en caso de que el despido se declare injustificado, siendo tradicional y racional que la indemnización sea en nuestro ordenamiento laboral la segunda opción. En cambio, considera, la norma cuestionada altera este orden, por cuanto que, al penalizar la readmisión con la carga empresarial de abonar los salarios de tramitación –y su cotización a la Seguridad Social– se desincentiva esta opción, favoreciendo, en cambio, que el empresario se decante por la rescisión indemnizada y, por tanto, por la extinción contractual. A juicio del Magistrado-Juez, si se considera la importante diferencia indemnizatoria a cargo del empresario en uno y otro supuesto, cabe atreverse a concluir que la opción por la readmisión se va a convertir en una opción meramente formal, irreal e ilusoria, salvo en los despidos especulativos. En definitiva, concluye, no hay justificación objetiva y razonable del desproporcionado sacrificio del principio pro labore, sin que en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 exista explicación de la disparidad de tratamiento del despido disciplinario improcedente con opción por la readmisión. 4. Mediante providencia de 10 de septiembre de 2013, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, a los efectos que determina el art. 37.1 LOTC, oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegase lo que considerara conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuese notoriamente infundada. 5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 1 de octubre de 2013, relativo a la presente cuestión, que dice promovida «respecto de los artículos 18.7 y 18.8 del Real Decreto-Ley 3/2012… así como de todo el Real Decreto-Ley». a) En su escrito, de un lado expone que no pueden considerarse debidamente sustentados los juicios de aplicabilidad y relevancia respecto a la alegación de inconstitucionalidad de todo el Real Decreto-ley «globalmente considerado», dado que ni todos sus preceptos son aplicables para resolver la litis, ni se expone de qué modo la supuesta inconstitucionalidad de aquellos, a salvo los específicamente cuestionados, podría influir en la decisión final del proceso subyacente. b) De otro lado, en cuanto al fondo, el Fiscal empieza recordando que la cuestión de inconstitucionalidad no debe articularse como una impugnación indirecta y abstracta de la ley. Sin embargo, indica, esto es lo que parece formularse en el presente caso en que se viene a cuestionar el régimen general del despido y el rango normativo de la disposición que da nueva redacción a los arts. 56.1 y 56.2 LET (art. 86.1 CE), poniendo de relieve el extenso juicio crítico de carácter dogmático realizado por el Magistrado-Juez al propósito general de la reforma, alejado en ocasiones de consideraciones estrictamente jurídicas para deslizarse por derroteros de carácter político. Según el Fiscal, ello hace que la cita del art. 35.1 CE haya de entenderse como mera invocación retórica que pretende reforzar la argumentación del tema nuclear debatido, que parece ser el de la objeción a que una decisión empresarial pueda condicionar el reconocimiento o no de los salarios de tramitación. Ya en relación con la alegada vulneración del art. 86.1 CE, el Fiscal recuerda lo dicho en el ATC 180/2011, FJ 6, y a continuación pone de relieve que, tanto de la exposición de motivos de la norma cuestionada como del ulterior debate parlamentario de convalidación cabe concluir, sin entrar en un juicio político, que el Gobierno ha cumplido la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la necesidad de dictar el Real Decreto-ley 3/2012 y que, asimismo, resulta acreditada la necesaria conexión –directa o de congruencia– entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas en dicho Real Decreto-ley. Por tal razón, y tras apoyar dicha constatación en algunos fragmentos de la exposición de motivos de la norma, considera cumplidas las exigencias del art. 86.1 CE. Por lo que se refiere a la denunciada lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el informe del Fiscal General del Estado declara que lo dicho en la STC 84/2008, dictada en un supuesto prácticamente idéntico al actual, confirma que el hecho de que se deje la opción de la readmisión o la extinción al empresario, y con ello se puedan o no generar salarios de tramitación, no supone quiebra alguna del citado derecho fundamental. En cuanto al art. 35.1 CE, el Fiscal reitera que su cita constituye una mera invocación retórica que pretende reforzar la argumentación del tema nuclear debatido, con consideraciones realizadas desde una perspectiva política y que no son más que opiniones sobre cuáles han de ser o no las medidas legislativas más favorecedoras del empleo. A su juicio, desde una visión estrictamente jurídica, no es posible afirmar que el propósito anunciado en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 –y trasladado a su articulado– no es el fomento del empleo y, en consecuencia, el cumplimiento del mandato constitucional que sanciona el derecho al trabajo. En atención a lo dicho, el Fiscal General del Estado considera que la cuestión de inconstitucionalidad resulta notoriamente infundada en lo que afecta a los arts. 18.7 y 18.8, por lo que, a tenor del art. 37.1 LOTC, interesa que se resuelva su inadmisión a trámite. II. Fundamentos jurídicos 1. El Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto a las siguientes disposiciones: de un lado, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE; de otro, la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto-ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-ley 3/2012, por posible contradicción con los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. Tales dudas de constitucionalidad se fundamentan por el órgano promotor en los argumentos ya expuestos en los antecedentes. El Fiscal General del Estado aprecia el incumplimiento de los juicios de aplicabilidad y relevancia respecto a las dudas relativas al Real Decreto-ley 3/2012 «globalmente considerado» (art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), y se opone a la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad por estimarla notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC); todo ello en los términos y por los motivos de los que también se ha dejado constancia en los antecedentes. 2. De acuerdo con el citado art. 37.1 LOTC, este Tribunal puede rechazar en trámite de admisión y mediante Auto, sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada. Respecto al análisis de estos aspectos en la cuestión aquí planteada, con carácter inicial debemos advertir que la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012 a los preceptos objeto del presente procedimiento ha sido sustituida por la establecida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta circunstancia, sin embargo, no conlleva, por sí sola, la pérdida del objeto de la cuestión planteada. En tal sentido hemos de destacar que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, en los supuestos de derogación o modificación de la disposición legal objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, «la supervivencia del proceso constitucional se supedita a que la norma cuestionada resulte todavía aplicable en el proceso a quo y que de su validez dependa la decisión a adoptar en éste» (STC 6/2010, de 14 de abril, FJ 2; o SSTC 101/2009, de 27 de abril, FJ 2; 28/2012, de 1 de marzo, FJ 2, y 58/2013, de 11 de marzo, FJ 2). Pues bien, atendidas las fechas de entrada en vigor de ambas normas –el Real Decreto-ley y la Ley 3/2012–, así como la fecha de efectos de la extinción contractual, hemos de afirmar que, para la resolución del proceso a quo, sigue siendo de aplicación la normativa incorporada por el cuestionado Real Decreto-ley 3/2012 de cuya constitucionalidad se duda, por más que, en realidad, el tenor dado por esta norma a su art. 18.8 y su disposición transitoria quinta es similar a la nueva redacción proporcionada por sus homónimos de la Ley 3/2012 –con la adición por ésta de una precisión en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta–. Hemos de concluir, por tanto, que la presente cuestión de inconstitucionalidad no ha perdido objeto ni en relación con la duda de constitucionalidad planteada respecto a la utilización del instrumento normativo del real decreto-ley, ni tampoco respecto a la suscitada por el contenido de la disposición transitoria quinta y el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012. Ahora bien, el alcance exacto de esta afirmación exige introducir algunas precisiones en cuanto a la delimitación concreta del objeto de la presente cuestión, a fin de respetar el debido cumplimiento de los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos por el art. 35.1 LOTC. En atención a esta exigencia, nuestra doctrina constitucional ha venido reiterando que «la cuestión de inconstitucionalidad no es un instrumento procesal para buscar una depuración abstracta del Ordenamiento» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 2; o SSTC 55/2010, de 4 de octubre, FJ 2, y 20/2012, de 16 de febrero, FJ 4) y, asimismo, hemos afirmado que «aunque en principio es al órgano judicial que plantea la cuestión a quien corresponde formular el llamado juicio de relevancia, esta regla debe ceder en los supuestos en los que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos se desprenda que no media nexo causal alguno entre la validez de la norma cuestionada y la resolución del proceso a quo, ya que en tales casos sólo mediante la revisión del juicio de relevancia es posible garantizar el control concreto de constitucionalidad que corresponde a la cuestión de inconstitucionalidad» (por todas, SSTC 179/2009, de 21 de julio, FJ 2, o 121/2011, de 7 de julio, FJ 2). Es por ello que, a la vista de los amplios términos empleados por el Auto de planteamiento respecto a dos de las normas cuestionadas, se hace necesario concretar el contenido exacto de las mismas que puede ser objeto de la actual cuestión de inconstitucionalidad. a) Por un lado, respecto a la alegada vulneración de la disposición transitoria quinta por su posible lesión de los arts. 9.3 y 24.1 CE, ha de entenderse que, pese a no concretarse en el Auto el apartado impugnado, la cuestión de inconstitucionalidad debe quedar limitada a su apartado 2, referido a la indemnización que corresponde a contratos formalizados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012: no puede extenderse a su apartado 1, por referirse a contratos suscritos tras la entrada en vigor de esta norma, no siendo, pues, aplicable la indemnización prevista en el art. 56.1 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), en la nueva redacción dada por el art. 18.7 del Real Decreto-ley 3/2012; tampoco alcanza a su apartado 3, pues no consta que nos encontremos ante un contrato de fomento de la contratación indefinida, ni nada se razona por el órgano judicial al respecto (SSTC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 2, y 146/2011, de 26 de septiembre, FJ 2). b) Por otro lado, tal y como alega el Fiscal General del Estado, no es posible apreciar el cumplimiento de los juicios de aplicabilidad y relevancia respecto a la totalidad de la duda de constitucionalidad formulada en el Auto en relación con el Real Decreto-ley 3/2012 «globalmente considerado y particularmente por lo que hace a su Capítulo IV y la transitoria quinta, en cuanto se refieren a la materia que desarrollaremos» —o «globalmente considerado y en cuanto a las normas que son específicamente objeto de impugnación»—. Resulta notorio que el Real Decreto-ley 3/2012 «en su globalidad», e incluso su capítulo IV, contienen normas que exceden de las aplicables en el proceso a quo y necesarias para su resolución, habiendo ya señalado este Tribunal en pronunciamientos previos que «no caben impugnaciones globales y carentes de una razón suficientemente desarrollada» (STC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 3, o STC 149/2006, de 11 de mayo, FJ 5, y ATC 128/2012, de 19 de junio, FJ 2). Por tal razón, debemos afirmar que el objeto de la duda de constitucionalidad respecto al uso del Real Decreto-ley debe quedar ceñido a los concretos preceptos de esta norma que resulten relevantes para la solución del litigio y sobre los que el Auto ha hecho recaer su argumentación: en concreto, la disposición transitoria quinta –en su apartado 2, según lo explicado– y el art. 18.8 del citado Real Decreto-ley 3/2012. 3. Estas dos normas concretas a las que acaba de hacerse referencia son las que, en definitiva, constituyen el objeto del presente procedimiento, sin que en este caso se aprecie que en el Auto de «medidas provisionales no nucleares» –dictado tras el Auto de planteamiento– se haya procedido por el órgano judicial a su previa aplicación en una resolución de fondo, a diferencia de lo sucedido y declarado por este Tribunal en similares cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el mismo Juzgado de lo Social (ATC de 3 de diciembre de 2013 y otros posteriores). Como ya se ha dicho, el apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012 se encarga de fijar la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, estableciendo un criterio de cálculo dual, según el cual y con los topes fijados en la propia disposición, el tiempo de servicios anterior a dicha fecha se indemnizará a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio –que era la indemnización que, hasta la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, estaba prevista en el art. 56.1 LET para los despidos improcedentes–, y el período de prestación de servicios posterior a su entrada en vigor se calculará a razón de 33 días de salario por año de servicio –que es la nueva indemnización fijada para los despidos improcedentes en la redacción dada al art. 56.1 LET por el Real Decreto-ley 3/2012–. Por su parte, el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 da nueva redacción al art. 56.2 LET, disponiendo que, en caso de que en el despido improcedente se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación, determinándose la fórmula de cuantificación de éstos, y sin que, a diferencia de lo que sucedía en la normativa previa, se extienda su reconocimiento a los supuestos de opción por la indemnización, sin perjuicio de la excepción prevista para los representantes de los trabajadores en el art. 56.4 LET. La constitucionalidad de ambos preceptos es puesta en cuestión por el órgano promotor, tanto por haberse introducido mediante Real Decreto-ley (art. 86.1 CE en relación con el art. 1.3 CE), como por considerar su contenido contrario a los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación, en su caso, con el art. 35.1 CE. Ahora bien, como ya se ha dicho, el art. 37.1 LOTC habilita a este Tribunal a rechazar la cuestión de inconstitucionalidad, en trámite de admisión, cuando la misma fuere notoriamente infundada, en el significado que a esta noción le viene dando nuestra reiterada doctrina. De acuerdo con esta doctrina, el concepto de «cuestión notoriamente infundada» no es concebido como un juicio peyorativo sobre la duda de constitucionalidad que traslada el órgano judicial, sino que esta expresión legal encierra un cierto grado de indefinición, que se traduce procesalmente en la necesidad de otorgar a este Tribunal un determinado margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de otros procesos en los que resulta aplicable la norma cuestionada (AATC 180/2011, de 13 de diciembre, FJ 5; 119/2012, de 5 de junio, FJ 3; 162/2012, de 13 de septiembre, FJ 2, y 237/2012, de 11 de diciembre, FJ 2). Pues bien, como se argumentará a continuación, el presente caso es uno de esos supuestos en que es posible concluir que las dudas de inconstitucionalidad que son objeto de la cuestión planteada resultan manifiestamente infundadas en el sentido expuesto, de ahí que, coincidiendo con el criterio del Fiscal General del Estado, proceda su inadmisión a trámite. 4. En primer lugar, respecto a la duda relativa a la eventual vulneración del art. 86.1 CE en relación con el art. 1.3 CE, y que por lo ya explicado ha de quedar circunscrita a la disposición transitoria quinta en su apartado 2 y al art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012, el órgano promotor fundamenta su alegación tanto en la afirmación de que no concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad, como en la consideración de que las normas cuestionadas conllevan, no sólo una afectación, sino una vulneración de derechos y libertades fundamentales incluidos en el título I de la Constitución. A) En cuanto al primero de los motivos invocados, el Auto de planteamiento de la cuestión ofrece una amplia argumentación sobre la, a su juicio, inexistente presencia del presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de cuya síntesis se ha dado cuenta en los antecedentes y que, como el Fiscal General del Estado pone de relieve, bordea por momentos la estricta sujeción a razonamientos jurídicos para adentrarse en consideraciones de cariz ideológico o político, que obviamente han de quedar fuera de nuestro enjuiciamiento. Centrándonos, pues, en la estricta argumentación jurídica, el órgano judicial niega que el Real Decreto-ley 3/2012 responda a una extraordinaria y urgente necesidad, sin que, a su parecer, concurran los dos elementos que la doctrina constitucional viene exigiendo en el control de la concurrencia de este presupuesto habilitante –los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno y la necesaria conexión entre la situación de urgente necesidad y la concreta medida adoptada para subvenir a la misma–. En opinión del juzgador, la inexistencia de este presupuesto queda acreditada por su pronta sustitución por la Ley 3/2012, de 6 de julio, y la nula incidencia de su contenido normativo en la realidad social, exponiéndose asimismo en el Auto sus discrepancias respecto a los efectos que el preámbulo de la norma dice querer conseguir con las novedades incorporadas. En aplicación, sin embargo, de nuestra jurisprudencia sobre el tema, estos argumentos del órgano promotor relativos a la inexistencia del presupuesto habilitante requerido por el art. 86.1 CE deben ser rechazados. En tal sentido, y conforme a nuestra reiterada doctrina, debemos recordar que «la apreciación de la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en primer término y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función de control parlamentario, no siendo posible un control por parte de este Tribunal de esa valoración que permita una revisión de fondo del juicio político, más allá de la constatación de que no se trata de una decisión abusiva o arbitraria» (ATC 179/2011, de 13 de diciembre, FJ 6; o SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 6; 170/2012, de 4 de octubre, FJ 6, y 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4). En concreto, hemos afirmado que ese control externo que compete a este Tribunal alcanza a la constatación de las dos siguientes exigencias: a) por un lado, el requisito de que la definición por los órganos políticos de una situación de extraordinaria y urgente necesidad «sea explícita y razonada», siendo criterio de la jurisprudencia constitucional que «el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la ‘extraordinaria y urgente necesidad’ siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la misma, debiendo siempre tener presentes las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación del decreto-ley» y b) la necesidad de que «exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan, de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (por todas, SSTC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4; 1/2012, de 13 de enero, FJ 6, y 39/2013, de 14 de febrero, FFJJ 5 y 6). Pues bien, ambas exigencias concurren en el Real Decreto-ley 3/2012 en relación con los preceptos cuestionados en el presente proceso. a) Por lo que se refiere a la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en la aprobación del citado Real Decreto-ley, hemos de atender, siguiendo la jurisprudencia constitucional, a su exposición de motivos, en la que se ofrece tanto una justificación general de la adopción de la norma como una justificación específica de las medidas cuestionadas. Así, con carácter general para todo su contenido, la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 –fundamentalmente, en sus apartados I y VII– destaca la incidencia de la grave crisis económica por la que atraviesa España desde 2008, que «ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas». En tal sentido, se ofrecen cifras sobre las elevadas tasas de paro en nuestro país –5.273.600 personas–, con las consecuencias que ello conlleva sobre el sistema de la Seguridad Social –descenso del número de afiliados e incremento del gasto medio en prestaciones de desempleo–. En este contexto, se destaca, «la crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español», poniendo de relieve los problemas de nuestro mercado de trabajo, que «requieren una reforma de envergadura, que … continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos». Tras subrayar que la gravedad de la situación económica y de empleo descrita exige adoptar dicha reforma de manera inmediata, a fin de proporcionar a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza que lleve a recuperar el empleo, expresamente se afirma en la exposición de motivos que «[l]a extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley se justifica por la situación del mercado laboral español. Este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores». Con posterioridad, en el debate parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley, también la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en su intervención, insistió en la necesidad de la reforma laboral a la vista de la situación actual de nuestro mercado de trabajo y de las cifras de paro, y efectuó un repaso general de los objetivos perseguidos con las nuevas medidas («Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», Pleno y Diputación Permanente, X Legislatura, núm. 17, de 8 de marzo de 2012). De manera específica, entre las distintas instituciones laborales que son objeto de la reforma, el apartado V de la exposición de motivos se centra en las modificaciones introducidas sobre la extinción del contrato de trabajo, con el objetivo, se dice, «de incrementar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral». Entre otras consideraciones, el preámbulo indica que «las medidas referidas a la extinción del contrato de trabajo se refieren también a las indemnizaciones y otros costes asociados a los despidos». En concreto, y por lo que se refiere a uno de los aspectos cuestionados en este procedimiento –la indemnización del despido improcedente ex disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012–, la exposición de motivos afirma: «Así, se considera necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral acercar los costes del despido a la media de los países europeos. La tradicional indemnización por despido improcedente, de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, constituye un elemento que acentúa demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, además de ser un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas en un momento como el actual de dificultad de acceso a fuentes de financiación. Por ello, el presente real decreto-ley generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades que se ha venido previendo para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida. Con esta generalización se suprime esta modalidad contractual, que se había desnaturalizado enormemente tras la última ampliación de los colectivos con los que se podía celebrar dicho contrato. Las nuevas reglas sobre la indemnización por despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en vigor de esta norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio. Con estas reglas, se es respetuoso con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al tiempo que se tienen en cuenta las expectativas indemnizatorias de los trabajadores con contrato en vigor.» Asimismo, en relación con el nuevo régimen de los salarios de tramitación, además de explicar las razones de la supresión del «despido exprés» –aspecto al que también alude la Ministra en el debate parlamentario de convalidación–, la exposición de motivos se refiere a otra de las previsiones específicamente cuestionadas en este procedimiento –el derecho a su percepción en la opción empresarial por la readmisión en los despidos improcedentes (art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012)–, aduciendo las razones por las que el pago de esta cuantía no se extiende a la opción indemnizatoria: «En caso de los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, el no abono de los salarios de tramitación se justifica en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva. Por lo demás, los salarios de tramitación actúan en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días.» A la vista de los elementos examinados, debemos dar por satisfecho el requisito de que el Gobierno haya explicado las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han motivado la reforma mediante real decreto-ley de las consecuencias legales derivadas del despido improcedente que son objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad. Pese al paralelismo que parece querer trazar el Auto en algunos de sus pasajes, la situación es bien distinta a la resuelta por la STC 68/2007, de 28 de marzo, mediante la que se dio respuesta a los recursos de inconstitucionalidad presentados frente al Real Decreto-ley 5/2002, parcialmente coincidente en alguna de sus medidas con la normativa aquí cuestionada, y que fue declarado inconstitucional, al considerarse que el Gobierno no había aportado ninguna justificación que permitiera apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante requerido por el art. 86.1 CE. A diferencia de lo que allí se consideró (FJ 10), en este caso se aprecia que el Gobierno no basa la justificación del Real Decreto-ley 3/2012 en fórmulas o expresiones ambiguas y abstractas, de prácticamente imposible control constitucional, sino que construye su argumentación sobre datos constatables relativos a la situación de crisis económica y desempleo, mediante los que trata de acreditar la situación de excepcionalidad y gravedad que legitima la utilización de este instrumento legislativo como vía para incorporar con inmediatez las medidas laborales cuestionadas. A este respecto ya hemos declarado en otros pronunciamientos que el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente lícito para el tratamiento de «coyunturas económicas problemáticas», expresión en la que sin duda se ubica la situación que el Real Decreto-ley 3/2012 pretende afrontar y que, como se ha visto, se encarga de describir en su exposición de motivos (SSTC 23/1993, de 21 de enero, FJ 5; 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5, y 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4). En consecuencia, en atención a las razones y cifras expuestas en dicho preámbulo sobre la gravedad de la crisis y su incidencia sobre el empleo y la situación del mercado de trabajo en España, hemos de concluir que la apreciación por el Gobierno de la situación de extraordinaria y urgente necesidad en este caso no resulta abusiva o arbitraria, sino que encaja dentro de los supuestos en que este Tribunal ha considerado legítima la utilización del Real Decreto-ley, esto es, «todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta» (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 225/1993, de 8 de julio, FJ 4, y 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4). No es óbice a esta conclusión la referencia que el órgano promotor efectúa a la pronta sustitución del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, por la Ley 3/2012, de 6 de julio, cuya aprobación casi cinco meses después carece de relevancia a efectos de valorar la concurrencia del presupuesto habilitante, pues baste tener en cuenta que su origen está en la tramitación del citado Real Decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y que esta es una posibilidad reconocida a las Cortes Generales por el propio art. 86 CE, en su apartado 3. b) Admitido el cumplimiento de la primera exigencia, procede ahora constatar si concurre el requisito de que medie la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella. Nuestra doctrina ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de esta conexión de sentido exigible a las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley: por un lado que, por su contenido, guarden relación con la situación que se trata de afrontar y, por otro, que, por su estructura, modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3 1/2012, de 13 de enero, FJ 11, y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9). En este caso, también ambas exigencias son apreciables en las normas cuestionadas del Real Decreto-ley 3/2012. Desde la primera perspectiva –el contenido–, no es posible desconocer la inevitable interconexión que existe entre todas las instituciones propias de la relación laboral (contratación, extinción, etc.), y que impide examinar aisladamente cada una de las previsiones, sin atender a una valoración integral y de conjunto. Expresiva en este sentido es la afirmación que se hace en la propia exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012, cuando indica que «[l]a extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley resultan predicables de manera individualizada respecto de cada una de las medidas que se adoptan pero, de manera especial, del conjunto que integran», remarcando al respecto que «un conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la formación de la voluntad de las empresas en la decisiones que finalmente toman y que han de conformar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento» (apartado VII). De manera específica, esa visión unitaria debe realizarse, sin duda, respecto a todo el conjunto de la institución de despido. En esta materia, a la vista de la grave situación de crisis económica del país y de las altas tasas de desempleo, la reforma introducida por el Real Decreto-ley 3/2012 está orientada, entre otros objetivos y según se deduce de su exposición de motivos, a reducir los costes del despido como medida necesaria para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo. Pues bien, al margen de la valoración que desde otras perspectivas pudiera merecer, no parece discutible que la decisión de reducir la indemnización en los despidos improcedentes, sin abono en esta opción –como regla general– de salarios de tramitación, contribuye al abaratamiento del precio del despido para el empresario y, asimismo, favorece la limitación del gasto público, por cuanto, en tales casos, el Estado no habrá de hacerse cargo del pago de salarios de tramitación en los supuestos previstos en el art. 57.1 LET –esto es, y según la normativa vigente al aprobarse el Real Decreto-ley 3/2012, por el tiempo que exceda de sesenta días hábiles desde la presentación de la demanda hasta que se dicte la Sentencia que declare la improcedencia del despido, cifra que se ha incrementado a noventa días hábiles tras la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio–. Esta decisión legislativa se enmarca dentro del planteamiento, defendido desde algunos sectores, de que la reducción del coste del despido puede favorecer la creación de empleo y la aminoración de la segmentación del mercado de trabajo. Pese a no resultar una tesis pacífica entre los expertos, lo cierto es que esta idea ha estado presente en buena parte de las reformas de nuestra legislación laboral desde 1994, en las que, por unos u otros mecanismos, se ha incidido tanto en la reducción de la indemnización de determinados despidos (reforma de 1997), como en la limitación de los salarios de tramitación (reformas de 1994 y 2002). Pues bien, ante la actual crisis económica y el alto índice de desempleo –determinantes de la situación de extraordinaria y urgente necesidad alegada–, también el Real Decreto-ley 3/2012 ha optado de nuevo por esta fórmula como vía de incentivación del empleo y la eficiencia del mercado laboral, en una opción de política legislativa que, como se ha visto, entronca con otros precedentes normativos, y sin que en sede constitucional corresponda enjuiciar la bondad técnica, la oportunidad, idoneidad o eficacia de las medidas introducidas (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 7, y 64/2013, de 14 de marzo, FJ 2). Esta última idea determina que no deban ser atendidas las consideraciones del Magistrado-Juez relativas a la, a su juicio, nula incidencia de las medidas aprobadas en la realidad socio-laboral, así como sus críticas y discrepancias respecto a algunas de las explicaciones ofrecidas en el preámbulo y la adecuación de las previsiones cuestionadas, pues, como acaba de indicarse, es criterio consolidado y seguido en pronunciamientos relativos al art. 86.1 CE que «este Tribunal no es “Juez de la corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyesˮ (STC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2)» y que «no compete a este Tribunal Constitucional dar respuesta a esa discrepancia, pues no está llamado a pronunciarse sobre las bondades técnicas o idoneidad de la norma para alcanzar los fines expresamente perseguidos, como tampoco apuntar ni valorar la eventual existencia de alternativas más apropiadas. El juicio de constitucionalidad que este Tribunal emite lo es exclusivamente de validez y no de oportunidad ni de eficiencia» (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FFJJ 6 y 7). Las anteriores consideraciones permiten entender que, desde la perspectiva del contenido, queda satisfecha la referida exigencia de conexión de sentido, y lo mismo cabe declarar desde la óptica de su estructura, dado que las dos previsiones específicamente cuestionadas en el presente procedimiento –disposición transitoria quinta en su apartado 2 y art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012–, cuya entrada en vigor tuvo lugar al día siguiente de su publicación en el «BOE» (disposición final decimosexta del Real Decreto-ley 3/2012), estaban dotadas de eficacia inmediata y, por tanto, modificaban de manera instantánea la situación jurídica existente. c) En suma, por las razones expuestas, hemos de concluir que, dentro del juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y sin apreciarse abuso o arbitrariedad, el Real Decreto-ley 3/2012 satisface las exigencias, requeridas por la jurisprudencia constitucional, de haber explicitado y razonado la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, así como la conexión de sentido existente entre esa situación y las medidas adoptadas en los preceptos que son objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad. Por tal razón, respecto al presupuesto habilitante, ha de ser rechazada la alegada vulneración del art. 86.1 CE, puesto en relación con el art. 1.3 CE, precepto este último que consiguientemente tampoco queda lesionado por cuanto que «es consustancial a la figura misma del decreto-ley la sustitución del Parlamento por el Gobierno en la emanación de normas provisionales con valor de ley (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3)» (STC 237/2012, FJ 6). B) A la misma conclusión ha de llegarse respecto a la segunda de las razones invocadas para denunciar la lesión del art. 86.1 CE, esto es, el incumplimiento por las normas cuestionadas de los límites materiales fijados a los reales decretos-ley en dicho precepto constitucional: en concreto, la prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el título I de la Constitución. Con relación a este límite, este Tribunal ha manifestado que «no cabe una interpretación de esa restricción que suponga el vaciamiento de la figura del Decreto-ley, y su inutilidad absoluta, lo que resultaría del otorgamiento al verbo “afectarˮ de un contenido literal amplísimo (STC 111/1983, de 2 de diciembre, fundamento jurídico 8). Y ha indicado igualmente que, en consecuencia, la prohibición a que nos referimos ha de entenderse como impeditiva, no de cualquier incidencia en los derechos recogidos en el Título I, sino de una regulación por Decreto-ley del régimen general de los derechos, deberes y libertades contenidos en ese Título, así como de que “por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechosˮ, habida cuenta de la configuración constitucional del derecho de que se trate, e incluso de su posición en las diversas secciones en el Texto constitucional (STC 111/1983, fundamento jurídico 8)» (por todas, STC 3/1988, de 21 de enero, FJ 7). A partir de esta idea, en otros pronunciamientos hemos señalado que «el decreto-ley “no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esencialesˮ » de los citados derechos (STC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9; STC 329/2005, de 15 de diciembre, FFJJ 8 y 9, y ATC 85/2011, de 7 de junio, FJ 7). De nuestra jurisprudencia se deduce que, pese a la lectura restrictiva realizada de la prohibición de afectar prevista en el art. 86.1 CE, este límite no queda constreñido a los supuestos de contravención del contenido esencial de los derechos del título I –merecedores de reproche autónomo en todo caso–. Sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa, y tras aludir al tenor del art. 86.1 CE, el Magistrado-Juez se limita a afirmar que, en el presente supuesto, hay no sólo una afectación sino una vulneración de derechos y libertades fundamentales incluidos en el título primero de la Constitución –en concreto, arts. 9.3, 24.1 y 35.1 CE–, remitiéndose en este punto a su posterior argumentación sobre la conculcación de estos preceptos constitucionales por la disposición transitoria quinta y el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012. No se incluye, en cambio, en el Auto un razonamiento que justifique la «afectación» de derechos del título I de la Constitución por motivos distintos a su directa vulneración, siendo oportuno recordar que «cuando lo que está en juego es la depuración del Ordenamiento jurídico se impone al órgano judicial la carga, no sólo de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también de colaborar con la justicia constitucional mediante un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan, y en los casos en que esta carga no se satisface puede hablarse de la falta de observancia de la diligencia procesalmente exigible» (STC 90/2009, de 20 de abril, FJ 6; o SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FFJJ 3 y 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 60/2013, de 13 de marzo, FJ 2). Por todo lo dicho, y sin perjuicio de advertir que el art. 9.3 CE no se encuentra en el título I de la Constitución, sino en su título preliminar, hemos de señalar que, no existiendo una fundamentación adicional por parte del órgano promotor, nuestra respuesta a la denuncia expuesta sobre el art. 86.1 CE habrá también de limitarse a dar contestación a los argumentos expresados en el Auto respecto a la supuesta contravención por las dos normas legales indicadas de los citados arts. 24.1 y 35.1 CE. Conforme se razona a continuación, tales dudas de constitucionalidad han de calificarse como notoriamente infundadas, de ahí que, a la vista de la remisión contenida en el Auto, esta calificación y la argumentación en que se sustenta resulten también suficientes para, sin necesidad de otras consideraciones, rechazar la referida alegación de vulneración del art. 86.1 CE relativa a los límites materiales del uso del real decreto-ley. 5. En cuanto a la primera de las previsiones específicas cuestionadas –el apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012–, ya hemos señalado que, en esta norma, el legislador establece un sistema de cálculo dual de la indemnización por despido improcedente para los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley: en concreto, el precepto indica que respecto al período de prestación de servicios anterior a la entrada en vigor de dicha norma, la indemnización se calculará a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio –esto es, se respeta el criterio previamente vigente– y, para el tiempo posterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, la indemnización se calcula a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio –esto es, se aplica la nueva cuantía introducida en el art. 56.1 LET por el citado Real Decreto-ley–. A ello añade la disposición cuestionada que «[e]l importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso». Conforme al Auto de planteamiento de la cuestión, dicha previsión contraviene los arts. 9.3 y 24.1 CE. A) Por lo que se refiere al art. 9.3 CE, el órgano promotor considera que la citada norma legal resulta arbitraria en atención, básicamente, al carácter tasado de la indemnización por despido improcedente, establecida legalmente sólo en atención a dos factores –tiempo de prestación de servicios y salario–, sin proporcionar la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, y sin margen judicial para su fijación, poniendo también en entredicho, de manera específica, la razonabilidad de los criterios de tasación establecidos en el sistema dual de cálculo previsto en la disposición cuestionada. Con relación a esta duda de constitucionalidad hemos de recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, nuestro control sobre la interdicción de arbitrariedad «ha de centrarse en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien si, aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias» (por todas, STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 10, o STC 20/2013, de 31 de enero, FJ 10). En este caso, ni uno ni otro presupuesto concurren en la previsión cuestionada. a) En cuanto al primero de los factores a verificar, no puede considerarse discriminatorio el criterio de cálculo establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012, que no prevé diferencias entre los trabajadores comprendidos en el supuesto regulado. De manera específica, y frente a lo alegado en el Auto, hemos de rechazar que esta norma incurra en discriminación «de origen clasista ex art. 14 CE», precepto que, como el propio órgano promotor advierte, no fue citado en la providencia de audiencia, y a cuyo contenido nos aproximamos desde la perspectiva de la invocada lesión del art. 9.3 CE. Dicha alegación de discriminación «de origen clasista» se efectúa por el Juzgado ante el resultado que deriva de comparar las consecuencias de un incumplimiento contractual doloso o culpable en el ordenamiento común y en el ordenamiento laboral. Tal planteamiento parece partir de la asimilación de la condición de «trabajador» –sin más precisiones– a «cualquier otra condición o circunstancia personal o social» a que el art. 4 CE extiende la prohibición de discriminación. Pues bien, sin entrar siquiera a razonar sobre el juicio que esta asimilación merece en atención a nuestra doctrina sobre los rasgos que ha de reunir el criterio de diferenciación para considerarlo causa de discriminación (por todas, STC 36/2011, de 28 de marzo, FJ 5), basta poner de relieve que, en todo caso, las diferencias establecidas en el ordenamiento civil y laboral en orden a la indemnización por resolución contractual encuentran justificación objetiva en el carácter autónomo y separado de ambas ramas del ordenamiento jurídico. No hay que olvidar que el contrato de trabajo se rige por reglas y principios propios, distintos a los aplicados a los contratos civiles, pudiendo, por tanto, ser diferente el régimen jurídico de resarcimiento de daños, en particular cuando se trata de la extinción de unos y otros vínculos contractuales. Por tal razón, ha de descartarse que exista vulneración del principio de no discriminación, de la misma manera que tampoco la hay del principio de igualdad, por cuanto no estamos ante un término de comparación válido. Como ya este Tribunal tuvo ocasión de manifestar con motivo de una alegación de desigualdad entre el régimen indemnizatorio por extinción contractual en el Derecho laboral y en el Derecho civil, «no existe objetiva desigualdad, sino subjetivas diferencias de régimen dentro de sistemas de derecho distintos y legítimos por contemplar posiciones subjetivas no idénticas y que por ende comportan dispar tratamiento jurídico, que no lesiona dicho principio de igualdad constitucional» (ATC 293/1983, de 15 de junio, FJ 4). b) Por lo que se refiere al segundo elemento de control, tampoco puede afirmarse que la norma cuestionada carece de explicación racional. En este punto, de entrada hemos de valorar la específica alegación del órgano promotor de que, conforme a la STC 181/2000, el Juez no está vinculado al baremo cuando concurra dolo o culpa, no pudiendo la indemnización quedar limitada legalmente. Al respecto, hay que tener en cuenta las particularidades del supuesto enjuiciado en este pronunciamiento, dictado en materia de responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados como consecuencia de la circulación de vehículos a motor, y en el que, según se dijo, «el presupuesto obligado de partida» venía constituido «por el hecho de que los bienes lesionados por el acto antijurídico son del máximo rango constitucional (ex art. 15 CE), y que la limitación indemnizatoria establecida por el sistema legal comporta, correlativamente, una desprotección de los aludidos bienes de la personalidad» (FJ 16). En el caso que ahora nos ocupa, en cambio, nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad derivada del contrato de trabajo y en el que el bien en juego no es, evidentemente, el derecho a la vida y a la integridad, sino el derecho al trabajo ex art. 35.1 CE, debiendo ser abordada la cuestión desde la perspectiva de este derecho constitucional, a efectos de dar respuesta a las diversas consideraciones incluidas en el Auto. Recordemos que el art. 35.2 CE remite a «la ley» la regulación de un estatuto de los trabajadores, siendo, pues, el legislador el encargado de determinar su contenido y alcance. En tal sentido, por parte del Tribunal Constitucional se ha afirmado que el ámbito de las relaciones de trabajo a que se refiere el art. 35 CE constituye una esfera «cuya configuración se defiere al legislador» (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2), con la consecuencia de que dentro de dicha configuración legal queda incluida la determinación de las técnicas y alcance de la reacción frente a la extinción del contrato de trabajo. Así, en algunos pronunciamientos relativos a la relación laboral se ha afirmado que «corresponde al legislador determinar las justas causas de extinción del contrato, así como fijar sus efectos» (AATC 57/1985, de 24 de enero, FJ 4, y 429/1983, de 28 de septiembre, FJ 2). Con relación a dicha regulación, hemos señalado que «tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija entre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma», si bien, «[e]llo no quiere decir que, como poder empresarial, la facultad de despido no se enmarque dentro de los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la gestión de su empresa y que, por ello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias derivadas del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de la productividad, pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa libertad de empresa… un principio de libertad ad nutum de despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre los arts. 35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho» (STC 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4). Por ello, como limitación a la facultad empresarial de extinción, hemos precisado que el derecho al trabajo ex art. 35.1 CE conlleva el derecho «a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa» (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8, y 192/2003, de 27 de octubre, FJ 4), y que, asimismo, «la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva» (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2). También el art. 30 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea reconoce a todo trabajador el derecho a «protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales». En nuestro ordenamiento, siempre con respeto a estas exigencias, la determinación de esa reacción o protección queda dentro, por lo ya dicho, del ámbito de configuración del legislador, quien legítimamente puede disponer que, en los despidos declarados improcedentes, el empresario quede sujeto a la opción entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización adecuada, posibilidad esta última largamente reconocida en nuestro ordenamiento laboral (STC 103/1990, de 4 de junio, FJ 4). Ya en la STC 20/1994, de 27 de enero, afirmamos que uno de los aspectos básicos del derecho al trabajo era «[l]a reacción frente a la decisión unilateral del empresario prescindiendo de los servicios del trabajador, abstracción hecha del procedimiento para ello como factor formal de garantía y de las consecuencias que acarree legalmente, y en especial las económicas (indemnización)» (FJ 2). Tal previsión normativa se ajusta, además, al art. 10 del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la terminación de la relación de trabajo –y ratificado por España («BOE» núm. 155, de 29 junio de 1985)–, en el que, junto a la readmisión, se contempla el pago de una indemnización adecuada como una de las posibilidades de reacción ante la extinción injustificada. Por lo que se refiere específicamente a esa opción indemnizatoria, a la luz de lo indicado ha de entenderse que, dentro de ese margen de actuación conferido a la ley por la propia Constitución, se integra la facultad del legislador de decidir el establecimiento de una indemnización con elementos de cálculo tasados, la determinación de los factores a considerar y su valor numérico, así como su posible modificación normativa en un momento determinado. Pues bien, a tal facultad otorgada al legislador responde el criterio de fijación de la indemnización por despido improcedente establecido en el cuestionado apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012, sin que pueda apreciarse arbitrariedad en ninguno de los aspectos señalados. En el primer sentido, resulta de interés destacar que el vigente sistema de indemnizaciones tasadas por despido improcedente rige en el ordenamiento laboral desde la aprobación de la Ley del estatuto de los trabajadores en 1980. De hecho, en alguna ocasión, el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de su existencia, al señalar que «la indemnización a cargo de la empresa se concibe como una cantidad que sustituye a la indemnización de daños y perjuicios, y que opera (si bien ex lege) de modo similar a la cláusula penal en los contratos cuando no se le da otro carácter, es decir, como una suma que ha de abonar el empresario al trabajador como consecuencia de despido sin causa legal, la cual cumple una función sustitutoria del resarcimiento de perjuicios, aunque no se calcula en función de los mismos» (STC 6/1984, de 24 de enero, FJ 4). Pues bien, con un razonamiento análogo al seguido en la propia STC 181/2000 (FJ 13), no es posible afirmar que la opción del legislador en favor de un sistema legal de indemnización tasada por despido se encuentre falta de fundamento, en atención a las razones que pueden justificar objetivamente la elección de este sistema: en concreto, la eliminación de las dificultades de prueba de los daños por parte del trabajador, o la unificación de los criterios a aplicar por el Juez y la simplificación del cálculo judicial, así como la certeza y seguridad jurídica. Lo mismo cabe decir respecto a la determinación de los factores de cálculo que, dentro de su libertad de configuración, ha elegido el legislador para determinar la indemnización adecuada al despido improcedente. No es irrazonable atender al salario y tiempo de servicios del trabajador en la empresa como elementos de compensación, ni desde luego tampoco lo es que sobre estos elementos se aplique un factor multiplicador prefijado por la ley que, en atención a la culpabilidad del empresario en la extinción, resulta superior en los despidos improcedentes –en la norma cuestionada, cuarenta y cinco o treinta y tres días– que en los despidos colectivos u objetivos procedentes –veinte días (arts. 51.4 y 53.1 LET)–. Por su parte, tampoco esta fórmula legal se opone al Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo art. 10 –que, pese a la adicional referencia del órgano promotor al art. 12, es el aplicable a los supuestos de extinción contractual injustificada– se limita a disponer, entre otras posibilidades, el pago de «una indemnización adecuada», sin precisar los elementos de determinación. No se olvide, además, que el propio legislador valora específicamente las situaciones en que la ilícita decisión extintiva del empresario conlleva un daño cualificado por haberse producido con discriminación o violación de derechos fundamentales y libertades públicas, supuesto en que la ley ordena la calificación del despido como nulo, con derecho del trabajador a su preceptiva readmisión, abono de los salarios dejados de percibir, e indemnización derivada de dicha vulneración a determinar judicialmente (arts. 55.5 y 6 LET y 182 y 183 de la Ley reguladora de la jurisdicción social). Finalmente, respecto a las variaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2012 en el factor multiplicador y en el tope máximo de la indemnización por despido improcedente –y que encuentran reflejo en el cuestionado apartado 2 de la disposición transitoria quinta–, también hemos de negar la arbitrariedad que, según el órgano proponente, concurre en la decisión legislativa de asignar a estos elementos una magnitud distinta antes y después de la citada norma, no cuestionándose directamente en el Auto la suficiencia de los valores numéricos otorgados, sino sólo su carácter tasado y su modificación. A este respecto, basta reiterar que, como ya antes hemos indicado, la posibilidad de atribuir valores tasados a los elementos de cálculo de la indemnización adecuada por despido improcedente, así como la de proceder a su revisión normativa, son facultades que quedan dentro de la libertad de configuración atribuida al legislador por el art. 35.2 CE. En todo caso, junto a lo dicho, resulta de interés recordar que el establecimiento a partir del Real Decreto-ley 3/2012 de una indemnización por despido improcedente de treinta y tres días de salario con tope de veinticuatro mensualidades no constituye una creación novedosa de esta norma. Por el contrario, como fruto de un acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, esta indemnización se introdujo en nuestro ordenamiento en 1997 para los despidos objetivos improcedentes recaídos sobre trabajadores vinculados por contratos para el fomento de la contratación indefinida (Real Decreto-ley 8/1997 y Ley 63/1997). Con posterioridad, por Ley 35/2010, el legislador procedió a extender la aplicación de esta indemnización, al ampliar –hasta casi su generalización– el ámbito subjetivo de la citada modalidad contractual. Lo que, por tanto, hizo después el Real Decreto-ley 3/2012 es proclamar normativamente que esta misma indemnización es la que corresponde en todo caso en los despidos improcedentes para períodos de servicio posteriores a su entrada en vigor. En la exposición de motivos, la medida se justifica como instrumento para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral, dado que el mantenimiento de la indemnización de cuarenta y cinco días «acentúa demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido», además de actuar como elemento distorsionador para la competitividad de las empresas. Tales razones llevan al legislador a considerar necesario «acercar los costes del despido a la media de los países europeos». Asimismo, también en dicha exposición de motivos se argumenta sobre el sistema de cálculo dual establecido en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta para los contratos previos al Real Decreto-ley 3/2012, con el distinto valor que las indemnizaciones adquieren en función del período considerado –antes o después de dicho Real Decreto-ley–. De acuerdo con dicho preámbulo, el legislador justifica este doble criterio de cálculo sobre una misma indemnización en la voluntad de ser «respetuoso con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al tiempo que se tienen en cuenta las expectativas indemnizatorias de los trabajadores con contrato en vigor». Además, como ha señalado este Tribunal, «[d]ada la complejidad que puede presentar un cambio de regulaciones, es el legislador quien debe ordenar las características de la transición normativa, bien estableciendo diversos grados de retroactividad, bien limitando la aplicación de la nueva norma a las situaciones que nazcan tras su promulgación: todo ello según fórmulas y técnicas muy variadas, a la luz de los intereses y bienes que el legislador estime conveniente proteger o preservar» (STC 89/1994, de 17 de marzo, FJ 10, o ATC 367/2003, de 13 de noviembre, FJ 5). En definitiva, atendidas las anteriores consideraciones, no cabe apreciar que el contenido del apartado 2 de la disposición transitoria quinta carezca de explicación racional, de ahí que, no incurriendo tampoco en discriminación, hayamos de considerar infundada la denuncia de arbitrariedad planteada por el órgano proponente. Como reiteradamente hemos puesto de manifiesto, «si el poder legislativo opta por una configuración legal de una determinada materia o sector del Ordenamiento no es suficiente la mera discrepancia política para tachar a la norma de arbitraria, confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o distorsión en los efectos legales» (por todas, SSTC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 10, o 174/2013, de 10 de octubre, FJ 6). B) La misma falta de fundamento se aprecia en la alegación del Auto de planteamiento de que la tutela judicial otorgada con apoyo en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012 no podrá ser efectiva, sino parcial y meramente nominal, con la consiguiente vulneración del art. 24.1 CE. Al margen de lo ya dicho hasta el momento, en respuesta a esta denuncia ha de tenerse presente que el contenido del art. 24.1 CE se sitúa en un plano distinto al de la determinación del régimen indemnizatorio de la extinción, sin que quepa confundir el contenido material de la protección frente al despido establecido legalmente en un momento dado con la tutela efectiva que de esa protección puede obtener el trabajador en vía judicial. Desde esta perspectiva, ningún impedimento existe en la norma para que los trabajadores interpongan la correspondiente acción de despido ante los tribunales y obtengan una sentencia en que se declaren las consecuencias previstas previamente por el legislador en función de la calificación de la extinción. Como ya dijera el Tribunal Constitucional en otra ocasión, también en relación con la correspondencia entre los efectos legales del despido y el art. 24.1 CE, la previsión cuestionada «tampoco afecta en nada a la igualdad procesal de las partes ni menoscaba la función jurisdiccional, dirigida a enjuiciar la procedencia, improcedencia o nulidad de la decisión extintiva, estando taxativamente fijadas en la norma las consecuencias en cada uno de los casos de la decisión judicial» (SSTC 84/2008, de 21 de julio, FJ 8, y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 8). 6. Alcanzadas las anteriores conclusiones, corresponde ahora examinar la segunda de las normas específicas cuestionadas en el presente procedimiento: esto es, el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012, por el que se da nueva redacción al art. 56.2 LET, en el que se establece que, en la opción por la readmisión de los despidos improcedentes, el trabajador tendrá derecho a percibir salarios de tramitación, respecto a los que fija los criterios de cuantificación. A juicio del órgano promotor, la norma resulta nuevamente contraria a los arts. 9.3 y 24.1 CE, en este caso en relación con el art. 35.1 CE, haciendo girar su argumentación alrededor de dos puntos: por un lado, las diferencias existentes con el régimen legal de la opción indemnizatoria y, por otro, en sus alegaciones relativas al art. 9.3 CE alude también a la insuficiencia resarcitoria que en su opinión deriva del régimen legal de readmisión establecido. A) Por lo que al primer aspecto se refiere, la argumentación del Auto contra la adecuación constitucional de la norma cuestionada tiene como principal presupuesto el hecho de que, a diferencia de lo previsto en la normativa previa, el Real Decreto-ley 3/2012 no exige, como regla general, que la opción por la indemnización en los despidos improcedentes vaya acompañada del pago de salarios de tramitación. a) En concreto, desde la perspectiva del art. 9.3 CE, el Magistrado-Juez entiende que, en tanto integran el lucrum cessans, la eliminación de los salarios de tramitación en la opción por la indemnización mutila la íntegra o adecuada reparación de los daños y perjuicios sufridos, remitiéndose a lo expuesto sobre el cálculo de la indemnización cuando media ilícito civil doloso o relevantemente culpable, y añadiendo que la arbitrariedad se amplifica tanto por ser el empresario el que, al ejercer el derecho de opción, determina la extensión de su propia responsabilidad, como si se compara con el régimen establecido en el art. 56.4 LET para los representantes de los trabajadores, para los que sí se reconoce el abono de salarios de tramitación cualquiera que sea la opción que éstos ejerciten –readmisión o indemnización–. En una valoración individual de la decisión de no sumar a la indemnización fijada una cantidad adicional en concepto de salarios de tramitación, cabe trasladar aquí lo ya explicado sobre la admisión de las indemnizaciones tasadas en el despido, sin que, por lo dicho, resulte constitucionalmente reprochable que el legislador haya decidido que la reacción adecuada que debe corresponder por el resarcimiento de los daños derivados de la extinción contractual improcedente quede fijada en una cuantía legalmente predeterminada, sin otras adiciones. Además, ya antes se ha recordado que la exposición de motivos explica las razones con las que el legislador justifica la supresión de los salarios de tramitación en la opción indemnizatoria –básicamente, la inadecuación de la duración del proceso judicial como criterio de compensación del perjuicio por la pérdida de empleo, su posible efecto incentivador de estrategias procesales dilatorias, y su carácter de coste parcialmente socializado ante la posibilidad del empresario de reclamar una parte de dichos salarios al Estado–. Por tanto, cabe rechazar los reproches de arbitrariedad dirigidos desde esta perspectiva a la previsión cuestionada, pues, como en otras ocasiones hemos afirmado, «si la norma de que tratamos no se muestra como desprovista de fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución, entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aunque pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional» (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8, y 135/2012, de 19 de junio, FJ 6). En términos comparativos con el régimen de la readmisión, tampoco cabe apreciar la arbitrariedad denunciada. Al margen de que en la normativa previa ya se preveía la posibilidad de que, optando por la indemnización, el empresario quedara exonerado del pago de los salarios de tramitación mediante la fórmula del «despido exprés», tampoco desde este enfoque carece la norma de explicación razonable, en atención a la distinta situación en que queda el contrato en cada una de las opciones a elegir por el empresario, según hemos tenido ya ocasión de declarar en pronunciamientos anteriores. En efecto, tal justificación ya fue admitida por el Tribunal Constitucional al resolver diversos recursos de amparo presentados en relación con una medida legislativa similar, introducida mediante Real Decreto-ley 5/2002, en la que también el legislador decidió limitar el pago de salarios de tramitación a la opción por la readmisión y no extenderlos a la opción por la indemnización. Por entonces, el Tribunal declaró la adecuación constitucional de esta previsión por no apreciar vulneración de los arts. 14 y 24.1 CE (SSTC 84/2008, de 21 de julio; 122/2008, de 20 de octubre; 142/2008 y 143/2008, de 31 de octubre, y 85/2009, de 18 de febrero). Pues bien, en lo que ahora interesa, a efectos de rechazar lesión del principio de igualdad ex art. 14 CE, en estos pronunciamientos se indicó que las situaciones traídas a comparación –readmisión o extinción indemnizada– «no son, en modo alguno, homogéneas, sino, antes al contrario, radicalmente diferentes. En uno de los casos se mantiene en vigor la relación laboral entre empresa y trabajador, entendiendo, a partir de la declaración de improcedencia del despido y de la opción por la readmisión, que dicha relación se ha mantenido igualmente en vigor, sin solución de continuidad, entre las fechas del despido y la readmisión. En el segundo de los casos, la relación laboral queda definitivamente extinguida con efectos de la fecha del despido». Ante estos presupuestos distintos, el reconocimiento de salarios de tramitación en la opción por la readmisión y su omisión en la opción por la indemnización no suponía, a juicio del Tribunal, una diferencia de trato desproporcionada o irrazonable, sino que «constituye una opción que el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad, al incidir sobre situaciones claramente diferenciadas desde la perspectiva de la finalidad contemplada» (por todas, STC 84/2008, de 21 de julio, FJ 7). Ningún motivo existe para alterar dicha conclusión respecto a la análoga previsión ahora cuestionada, criterio este que, aparte de servir para descartar la denuncia de arbitrariedad, sirve también para rechazar la implícita invitación realizada por el órgano promotor para que el Tribunal Constitucional se replantee esta solución y, ex art. 39.2 LOTC, declare la inconstitucionalidad de la norma cuestionada por ser contraria al 14 CE. Asimismo tampoco cabe apreciar arbitrariedad en el precepto cuestionado por el hecho de que el legislador haya decidido reconocer salarios de tramitación, tanto en la readmisión como en la opción indemnizatoria, cuando el despido improcedente recae sobre representantes de los trabajadores (art. 56.4 LET). Esta diferencia respecto al resto de trabajadores puede encontrar justificación en las singularidades de su régimen jurídico, muy especialmente en el hecho de que, respecto a ellos, la titularidad de la opción entre las dos alternativas legales se atribuye ex art. 56.4 LET a los propios representantes de los trabajadores –y no al empresario, como ocurre como regla general–, de modo que será después de dictarse la Sentencia cuando dichos representantes elijan si ha de producirse la readmisión o la extinción indemnizada. Tal peculiaridad, por tanto, puede dotar de explicación racional a la diferente regulación legal. En suma, el conjunto de razones expuestas llevan a considerar infundada la denuncia de que el contenido del art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 contraviene la prohibición de arbitrariedad contenida en el art. 9.3 CE, pues, conforme a la ya antes referida jurisprudencia constitucional sobre este principio, la norma no carece de fundamento ni tampoco cabe apreciar que incurra en discriminación. b) El Auto de planteamiento también considera que el art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 (art. 56.2 LET) vulnera la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en atención a dos argumentos: a) por lesión del principio de seguridad jurídica, pues entiende que, iniciado el procedimiento judicial, el trabajador desconoce, no ya si va a ser indemnizado o readmitido, sino los conceptos de la indemnización y su extensión y b) por entender que se produce una desigualdad esencial en el procedimiento y tutela dispensada por el Juez, al permitir la ley que sea el empresario el que determine la extensión de su propia condena –mayor en la opción por la readmisión (pago de salarios de tramitación) y menor en la opción por la indemnización (sin salarios de tramitación)–. Estas alegaciones coinciden con las que fueron contestadas en la STC 84/2008, de 21 de julio, en relación con la similar regulación de los salarios de tramitación efectuada por el Real Decreto-ley 5/2002. En esta Sentencia, el Tribunal desestimó las citadas alegaciones, siendo posible trasladar aquí la solución y argumentación que entonces se dio. Respecto al principio de seguridad jurídica, y tras repasar las exigencias que en la jurisprudencia constitucional comporta este principio, el Tribunal Constitucional afirmó que «[n]o se advierte, sin embargo, que la regulación cuestionada vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica. La norma analizada posee un contenido claro y preciso, estando plenamente determinados los posibles efectos de la decisión judicial sobre la impugnación del despido, según quede acreditado o no el incumplimiento contractual alegado por el empresario en su comunicación extintiva, así como el contenido y efectos del derecho empresarial de opción en caso de que el despido sea declarado improcedente» (STC 84/2008, FJ 8). En relación con la desigualdad alegada, el Tribunal Constitucional respondió que «[e]ste derecho de opción, finalmente, tampoco afecta en nada a la igualdad procesal de las partes ni menoscaba la función jurisdiccional, dirigida a enjuiciar la procedencia, improcedencia o nulidad de la decisión extintiva, estando taxativamente fijadas en la norma las consecuencias en cada uno de los casos de la decisión judicial. El que la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción una vez dictada la resolución judicial de improcedencia pueda hacer más o menos atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus términos o el hecho de que en dicha elección pueda pesar más un tipo u otro de consideraciones son cuestiones todas ellas que afectan a la regulación material de los efectos del despido improcedente, pero que en nada limitan el alcance de su tutela judicial» (STC 84/2008, FJ 8). A su vez, también con ocasión del Real Decreto-ley 5/2002, estos mismos argumentos se reprodujeron en la STC 122/2008, de 20 de octubre, FJ 8, para desestimar la alegación de que la normativa cuestionada resultaba contraria al derecho a la tutela judicial efectiva por impedir el completo resarcimiento al trabajador de los daños ocasionados por el despido. Tal conclusión debe ser reproducida en la presente cuestión de inconstitucionalidad. c) También el Auto de planteamiento expone que la decisión de que la readmisión vaya acompañada del pago de salarios de tramitación –y su cotización a la Seguridad Social– y la indemnización no, incentiva la rescisión contractual indemnizada, lo que actúa en contra de la promoción del empleo y del derecho al trabajo reconocido en el art. 35.1 CE, sin que exista justificación objetiva y razonable del desproporcionado sacrificio del principio pro labore. Esta lesión del derecho constitucional invocado no resulta, sin embargo, apreciable. En pronunciamientos previos, este Tribunal ya ha destacado que el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, sino que supone también el derecho a un puesto de trabajo, que se caracteriza por presentar una doble dimensión: colectiva e individual (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8, y 109/2003, de 5 de junio, FJ 16). En su vertiente colectiva –reflejada en el art. 40.1 CE–, el derecho al trabajo implica «un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma» (STC 22/1981, FJ 8). En su vertiente individual –reconocida en el art. 35.1 CE–, el derecho al trabajo se concreta «en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación», y asimismo, y por lo que ahora interesa, ya antes hemos recordado que conlleva también «el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa» (STC 22/1981, FJ 8). Con relación a este último contenido del derecho al trabajo, en el fundamento jurídico quinto hemos puesto de relieve que «la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva» (STC 20/1994, de 27 de enero, FJ 2). Pero asimismo, hemos indicado que la determinación de las técnicas y alcance de esa reacción adecuada frente al despido queda dentro del ámbito de configuración deferido al legislador por el art. 35.2 CE. A partir de estos presupuestos, la duda de constitucionalidad planteada carece de sustento. Sin entrar a valorar la posible conexión de la decisión legislativa cuestionada con la referida dimensión colectiva del derecho al trabajo (art. 40.1 CE), desde la estricta perspectiva individual de este derecho constitucional –art. 35.1 CE, que es el invocado– baste tener en cuenta que la opción que el órgano judicial considera incentivada en la reacción establecida frente al despido improcedente –la extinción con derecho a indemnización– constituye una posibilidad constitucionalmente legítima que queda dentro de ese comentado margen de configuración atribuido al legislador ex art. 35.2 CE. En ejercicio de esa libertad configuradora, el Real Decreto-ley 3/2012 decidió mantener en los despidos improcedentes la tradicional opción entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación –y el consiguiente deber de cotización ex art. 209.6 de la Ley general de la Seguridad Social– o el pago de una indemnización económica adecuada, alternativa esta última que, como ya hemos razonado en el fundamento jurídico quinto, resulta conforme con el derecho al trabajo ex art. 35.1 CE y con el art. 10 del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el alegado efecto incentivador de la extinción como consecuencia de exigir salarios de tramitación en la reincorporación y no en la indemnización no deja de ser una presunción del órgano promotor, pero que en ningún caso constituye una consecuencia necesaria del precepto cuestionado, sin que en ningún momento quede impedida la posibilidad de optar por la readmisión. Por el contrario, mantenida por el citado Real Decreto-ley la clásica opción entre readmisión o indemnización, en la elección entre una u otra podrán valorarse por el empresario aspectos muy diversos, sin que el coste de los salarios de tramitación en la readmisión –cuyo alcance, además, queda limitado ex art. 57 LET– sea el único factor a considerar ni conduzca automáticamente a decantarse por el pago de la indemnización, cuya cuantía, calculada en atención al salario y antigüedad de cada trabajador, constituirá otro de los posibles elementos a tener en cuenta en la decisión de cada caso concreto. Estas consideraciones, unidas a las ya efectuadas en apartados anteriores, llevan, pues, a no apreciar fundamento en la denuncia relativa a la no adecuación al art. 35 CE del art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012. B) Finalmente, en relación también con este mismo art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 (art. 56.2 LET), el Auto de planteamiento expresa una nueva duda de constitucionalidad, pero ahora, ya no relativa a la opción indemnizatoria y sus diferencias con la readmisión, sino centrada con carácter autónomo en las consecuencias de esta última alternativa. En concreto, desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad ex art. 9.3 CE, el órgano promotor cuestiona la adecuación del citado precepto legal por considerar que el principio de integridad y adecuación indemnizatoria queda conculcado desde el momento en que, en la alternativa por la readmisión, la norma sólo exige la reincorporación al trabajo y el abono de los salarios dejados de percibir, pero sin contemplar otros posibles daños que el despido ha podido producir, dando lugar a lo que denomina una «infracompensación» que estimula un incremento de los despidos. Tampoco, sin embargo, cabe acoger este reproche dirigido al precepto cuestionado, que no hace sino reiterar el mismo régimen de readmisión en los despidos improcedentes que ha venido rigiendo en nuestro ordenamiento desde hace años: esto es, el reconocimiento del derecho de reincorporación con abono de salarios de tramitación. Nuevamente hemos de señalar que el establecimiento de otras consecuencias adicionales en un despido improcedente queda dentro de la ya referida libertad de configuración legal derivada del art. 35.2 CE, sin que desde la perspectiva constitucional merezca ningún reproche que el legislador laboral no haya hecho mención a otras cantidades indemnizatorias concretas. La previsión cuestionada, por tanto, no resulta arbitraria, y la idea de que la no inclusión de indemnizaciones adicionales incrementa los despidos constituye de nuevo una presunción del órgano promotor. 7. En definitiva, el análisis de fondo realizado permite concluir que la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012 a las normas cuestionadas responde a una opción de política legislativa, que, desde la estricta perspectiva constitucional a la que este Tribunal debe atenerse, no genera quiebra o lesión en los derechos constitucionales invocados. Por tal motivo, y en atención a las razones ya expresadas, las dudas de constitucionalidad planteadas carecen de viabilidad suficiente y han de considerarse notoriamente infundadas, a los efectos previstos en el art. 37.1 LOTC. Procede, en consecuencia, declarar la inadmisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada. Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA Inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad. Publíquese este Auto en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, a doce de febrero de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré al Auto dictado en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3801-2013, promovida por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid, y al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez. 1. Como manifesté durante las distintas fases de deliberación del presente proceso constitucional, disiento de la decisión finalmente adoptada. Dentro del máximo respeto hacia el parecer mayoritario de mis compañeros, defendí en su día que la cuestión de inconstitucionalidad debió de haber sido admitida, en lugar de dictarse, en fecha 10 de septiembre de 2013, providencia de apertura del trámite del art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y tras la emisión por el Fiscal General del Estado del correspondiente informe, en modo alguno debió inadmitirse mediante su calificación como «notoriamente infundada», juicio éste que queda ya desmentido a través de la simple observación de la densidad argumental necesitada por el Auto para la fundamentación de aquella conclusión que, adicionalmente, se encuentra privada, a mi juicio, de la obligada consistencia jurídico-constitucional. Tras la elaboración del oportuno informe por el Ministerio público, el Pleno de este Tribunal debió de haber acordado su admisión a trámite, procediendo en su momento, una vez celebrado el oportuno debate y resuelto el recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, interpuesto contra la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral (Ley 3/2012), cuyo objeto resulta parcialmente coincidente con el de esta cuestión, a la aprobación de una sentencia estimatoria por la vulneración, por el art. 18.8 y la disposición transitoria quinta, apartado 2, del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Real Decreto-ley 3/2012), del art. 86.1 de la Constitución española (CE). 2. El art. 86.1 CE confiere al Gobierno la facultad de aprobar «disposiciones legislativas provisionales», articuladas a través de la forma de real decreto-ley. No obstante, el dictado por el poder ejecutivo de una norma que, a pesar de no tener la naturaleza de ley, tiene su mismo rango, se encuentra sujeto constitucionalmente a «unos estrictos límites» (STC 6/1983, de 31 de mayo, FJ 5) destinados, todos ellos, a garantizar un ejercicio adecuado y no abusivo por el Gobierno de este poder legislativo excepcional, pues estos límites aseguran no solo, y desde luego, la preservación del Estado de Derecho. Con una mayor ambición, el uso constitucionalmente ajustado de esta facultad extraordinaria constituye uno de los índices más efectivos para enjuiciar, en cada momento histórico, la calidad de nuestra democracia. En concreto, tres son las exigencias para un uso constitucionalmente adecuado del real decreto-ley. En primer lugar, el ejercicio de este poder legislativo excepcional ha de estar justificado por razones de «extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1 CE); en segundo lugar, su contenido no puede afectar, además de al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, al régimen de las Comunidades Autónomas y al derecho electoral general, a los «derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I» (art. 86.1 CE) y, finalmente, ha de someterse al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes al de su promulgación, con vistas a su convalidación o derogación (art. 86.2 CE). Los preceptos cuestionados del Real Decreto-ley 3/2012 plantean serios y fundados reparos jurídicos en cuanto a la concurrencia de los dos primeros requisitos. Antes de fundamentar la ausencia por la norma controvertida de los requisitos, formales y materiales, que habilitan al Gobierno utilizar esta competencia legislativa extraordinaria no resultará impertinente traer a colación, aun cuando sea en términos sintéticos, la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en relación con la obligada concurrencia de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. En tal sentido, puede convenirse que, desde sus iniciales y ya lejanos pronunciamientos, la jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de ir estableciendo una doctrina acerca del alcance de la «extraordinaria y urgente necesidad», que el propio Tribunal Constitucional no ha dudado en calificar como «consolidada» (STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6). Como dejara escrito el supremo intérprete de la Constitución en el primero de los pronunciamientos en que tuvo ocasión de analizar tan relevante tema, la cláusula constitucional no es una «expresión vacía de significado» dentro de la cual pueda moverse sin restricción alguna el Gobierno (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3); se trata, antes al contrario, de un requisito dotado de un contenido complejo, que se erige adicionalmente como presupuesto habilitante del ejercicio regular de esta potestad y cuya ausencia, tras la obligada verificación por la jurisdicción constitucional, determina la nulidad de la norma aprobada. En concreto y como recuerda de manera sistemática la práctica integridad de los pronunciamientos adoptados por el Tribunal Constitucional respecto del art. 86.1 CE (por citar algunos de los menos alejados en el tiempo, SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 68/2007, de 28 de marzo, FJ. 3; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013, de 14 de diciembre, FJ 5), el juicio sobre la regularidad constitucional de la cláusula de la «extraordinaria y urgente necesidad» ha de superar un doble canon. El primero consiste en la identificación por el Gobierno de manera clara, explícita y razonada de la concurrencia de esa singular situación, la extraordinaria y urgente necesidad, determinante de la aparición del presupuesto que le habilita para dictar con carácter excepcional unas normas dotadas de los atributos del rango y la fuerza propios de las leyes formales. El segundo canon se concreta en la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación entre ese presupuesto y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de modo que éstas, como igualmente ha razonado la jurisprudencia constitucional, han de guardar una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar. Mi disentimiento se traduce, precisamente, en relación con la aplicación que el parecer mayoritario efectúa de los cánones expuestos de valoración del estado de la extraordinaria y urgente necesidad sobre el Real Decreto-ley enjuiciado; o, por mejor decirlo, sobre los dos pasajes legales a los que la cuestión de inconstitucionalidad reprocha la vulneración del art. 86.1 CE. Una exacta inteligencia de los razonamientos conducentes a fundamentar con la obligada consistencia jurídico-constitucional la violación denunciada pide, como preliminar útil, efectuar dos observaciones. Como ha tenido oportunidad de señalar la jurisprudencia constitucional [entre otras muchas SSTC 29/1989, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3], la justificación formal de la concurrencia de la urgente y extraordinaria necesidad puede haber quedado reflejada y, por consiguiente, deducirse del examen de la exposición de motivos de la norma, del debate parlamentario de su convalidación y del propio expediente de elaboración de la misma, señaladamente de la memoria. En el presente caso y como no podía ser de otro modo, tanto el Auto del que discrepo [primer párrafo, FJ 4 A) a)] como el de promoción de la cuestión de inconstitucionalidad (fundamento de Derecho 7.1.3) invocan la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 como fuente principal de identificación de las causas justificativas, mencionando ambos, bien que de manera colateral, el debate parlamentario que, como con razón hace notar esta última resolución, no vino a aportar novedad alguna sobre este aspecto; valoración ésta, por cierto, que también resulta predicable de la memoria de la citada norma. Por estas razones, resulta razonable conferir a la citada exposición de motivos la condición de primera y principal fuente de análisis de dichas causas, sin perjuicio de evocar, aunque sea de manera circunstancial o accesoria, las restantes posibles fuentes. Por otra parte y como dijera la STC 68/2007, citada, –y entro en la segunda observación– las razones explicativas de la urgente y extraordinaria necesidad pueden clasificarse en dos grandes tipos: básicas e instrumentales. La diferencia entre una y otra categoría reside en su ámbito de afectación: mientras la básica ofrece la motivación genérica o general, aplicable a la norma de urgencia en su conjunto, las razones instrumentales pretenden justificar la concurrencia del presupuesto habilitante en relación con los bloques normativos en que dicha norma se estructura. En línea de coherencia con esta exigencia, en aquellos casos en los que, como sucede en el aquí examinado, la censura de la falta de concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad se vierte no sobre la norma en su conjunto sino, de manera más restringida, sobre los preceptos que se encargan de regular una concreta medida, perfectamente diferenciada y diferenciable de las restantes que hubieren podido ser incorporadas al contenido del real decreto-ley, el juicio sobre la justificación de la motivación ha de resultar plenamente congruente con el objeto del proceso. Tal es, y no otra, la premisa que el Auto del que disiento hace suya, al afirmar, en términos acaso algo ambiguos o, al menos, poco precisos, que es en la «Exposición de Motivos en la que se ofrece tanto una justificación general de la adopción de la norma como una justificación específica de las medidas cuestionadas» [párrafo primero del fundamento jurídico 4 A a)]. 3. A pesar del reconocimiento explícito del inesquivable método de análisis que se viene de evocar, el Auto del que me separo no termina de someter de manera real y efectiva el juicio de conformidad constitucional requerido por la presente cuestión a esas bases argumentales. Esta resolución ha procedido, en efecto, a validar la concurrencia del requisito de la expresa y clara formulación de los motivos que amparan el dictado de la norma de urgencia a examen mediante una línea de razonamiento que en modo alguno puedo compartir. En primer lugar, por razones de fondo; pero, adicionalmente, por razones formales, consistentes, en concreto, en una errada y, en mi opinión, interesada elección de las razones instrumentales que se califican como causas justificativas no del dictado del Real Decreto-ley 3/2012, sino, más limitadamente, de los concretos preceptos legales sobre los que versa la eventual queja de lesión del art. 86.1 CE llevada a cabo por el juez promotor de la cuestión de inconstitucionalidad. Conforme ya se ha hecho constar y ahora se repite, la exposición de motivos de la norma de urgencia intenta cumplimentar la exigencia constitucional de dotar de la debida explicación al empleo de la figura normativa del real decreto-ley a fin de reformar el mercado de trabajo. Tal propósito se acomete en el apartado VII del preámbulo, aun cuando, con carácter excepcional, algún pasaje del apartado I también cumple este objetivo. La exactitud de la localización de las causas justificativas del Real Decreto-ley 3/2012 en el locus que se viene de mencionar se sustenta, sin margen para la incertidumbre, con el apoyo de un triple criterio hermenéutico. En primer lugar, en una interpretación estrictamente literal, derivada de la lectura del inciso de arranque del referido apartado VII, que reza del tenor siguiente: «En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que de él exige el art. 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley». Tras esta aseveración, el citado apartado va desgranando con mayor o menor precisión constitucional, como más adelante ha de exponerse, las razones básicas y las razones instrumentales que, en el decir del legislador de urgencia, vendrían a amparar el ejercicio por el Gobierno del poder legislativo excepcional que ha comportado la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012. La atribución al apartado VII de la tan citada exposición de motivos como válido y cuasi exclusivo locus en el que se contienen las explicaciones ofrecidas por el legislador de urgencia de las razones determinantes del recurso a la figura del real decreto-ley también se apoya en una interpretación comparada. Una lectura en paralelo de los preámbulos del Real Decreto-ley 3/2012 y de la posterior ley que derogó a éste, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de idéntica denominación, demuestra que el de ésta última norma, el de la ley, de un lado, reproduce en su práctica integridad los seis primeros apartados contenidos en el preámbulo de aquél, el decreto-ley y, de otro, elimina, por considerarlo con todo acierto ya por completo innecesario, el apartado VII. En suma y como no podía ser de otro modo, la exposición de motivos de la Ley 3/2012 suprime, precisamente, el capítulo dedicado por la norma de urgencia a enunciar de manera expresa cuáles fueron los motivos justificativos de su adopción, por razones de extraordinaria y urgente necesidad. La tesis aquí defendida acerca de la correcta ubicación de las razones instrumentales se refuerza aún más, si cabe, con el sostén de una tercera y, en mi opinión, definitiva interpretación, ahora de carácter sistemático. En fecha 13 de febrero de 2012, la Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia remitía escrito al Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, a efectos de lo dispuesto en los arts. 86 CE y 151.1 del reglamento de la Cámara, al que se adjunta, además del texto del Real Decreto-ley 3/2012, la «memoria del análisis del impacto normativo». En el resumen que precede a la citada memoria (págs. 1-3) y bajo el epígrafe «principales alternativas consideradas», se hace constar la imposibilidad de haber estimado «otras alternativas diferentes de la norma jurídica con rango de real decreto-ley, teniendo en cuenta» dos tipos de razones: las de jerarquía normativa y las de «urgencia y necesidad, derivadas de la situación económica y del empleo». Más adelante, en las págs. 12 y 13 de la indicada memoria, se desarrollan, mediante la técnica del listado, las razones de «extraordinaria y urgente necesidad», enunciándose hasta un total de cinco. La que puede con razonable fundamento calificarse como razón básica se formula en el punto primero. Por su parte, los puntos segundo a quinto reproducen, con una notable literalidad, las razones instrumentales primera, segunda, tercera y quinta utilizadas en el apartado VII de la exposición de motivos de la norma de urgencia. Por este lado, la memoria transcribe cuatro de los cinco motivos que, agrupados en bloques temáticos –y no en instituciones–, fundamentan, en el decir del legislador excepcional, la aprobación por real decreto-ley de una reforma del mercado laboral. De este listado, queda eliminado el motivo justificativo del cuarto bloque de materias que, al afectar a la intermediación laboral, resulta ajeno a lo que aquí interesa. 4. En un contexto gramatical, comparado y sistemático como el que se viene de describir, yerra el Auto del que expreso mi discrepancia cuando, en el primer inciso del párrafo segundo del FJ 4 A) a), alude como ubicación de la justificación general de la adopción de la norma a la exposición de motivos, «fundamentalmente, en sus apartados I y VII». La utilización de este giro gramatical resulta de todo punto inadecuada desde una perspectiva formal y material, pues, como ya ha sido razonado, dicha ubicación se encuentra, en régimen de casi exclusividad, en el apartado VII. A lo largo de los restantes y extensos apartados en los que se estructura el preámbulo del Real Decreto-ley 3/2012, solamente uno, el I, contiene una fugaz mención a dicha justificación, que cumple la función de anticipar la razón básica que más adelante ha de explicitarse en el tan mencionado apartado VII. Pero el desacierto del Auto objeto de mi disentimiento adquiere tonos más graves desde una perspectiva constitucional al calificar como razones instrumentales o, por decirlo en su lenguaje, como «justificación específica de las medidas cuestionadas» las simples y descriptivas explicaciones que el preámbulo hace de las novedades normativas introducidas por la propia norma de urgencia en las instituciones objeto de reforma. En concreto y por lo que se refiere a la vigencia de la indemnización por despido (disposición transitoria quinta), el Auto reproduce de manera íntegra hasta tres diferentes párrafos del apartado V del tan citado preámbulo, metodología ésta a la que también responde la motivación del art. 18.8, relativo a las modificaciones operadas en los salarios de tramitación, que se asienta en la transcripción de otro párrafo de ese mismo apartado. Desde luego, con estas explicaciones no cabe, tal y como pretende el Auto aquí objetado, dar «por satisfecho el requisito de que el Gobierno haya explicado las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han motivado la reforma mediante Real Decreto-ley» de los aspectos legales constitutivos de la queja de vulneración del art. 86.1 CE. Las explicaciones ofrecidas no merecen, incluso si se maneja el más benévolo test de constitucionalidad, el atributo de razones instrumentales fundamentadoras de la aprobación mediante norma de urgencia ni de la entrada en vigor de la nueva indemnización por despido ni del régimen de los salarios de tramitación en los supuestos de despidos improcedentes. Tales explicaciones cumplen la sola finalidad de suministrar algunas claves para la comprensión de la nueva ordenación jurídica de tales materias. Así se evidencia, sin margen alguno para la incertidumbre, de la simple lectura de las mismas, no resultando posible encontrar referencia alguna, incluso de manera muy colateral, a las razones demostrativas de la extraordinaria y urgente necesidad de la regulación de estas materias por un real decreto-ley en lugar de a través del cauce legislativo ordinario. Pero así se demuestra también, y con idéntica firmeza, con el apoyo de los argumentos ya evocados: a) la ubicación de las tales explicaciones en un lugar del preámbulo de la norma de urgencia por completo ajeno a donde, el propio Gobierno, decide situar de manera expresa las justificaciones, general y específicas; esto es, en el último apartado, en el VII; b) la supresión de este concreto apartado, en atención a elementales demandas de simple técnica legislativa, del contenido de la exposición de motivos de la Ley 3/2012 y c) la completa identidad entre las razones instrumentales contenidas en el tan citado apartado VII de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 y las invocadas de manera expresa en la memoria de esta norma. 5. Los razonamientos anteriores permiten extraer algunas conclusiones relevantes en relación con los desarrollos argumentales utilizados por el Auto del que me separo para fundamentar el juicio de conformidad constitucional del Real Decreto-ley 3/2012 en lo que concierne a la concurrencia formal y material de las obligadas justificaciones específicas de las materias reguladas. En la medida en que la totalidad de las abundantes y diversas disposiciones aprobadas en nuestro ordenamiento ofrecen a los ciudadanos, en general, y a los operadores jurídicos, en particular, una sumaria descripción, en sus respectivos preámbulos, del sentido y alcance de las reglas jurídicas que se enuncian en cada una de ellas, la atribución a semejante descripción de la nota de «justificación específica» de las reglas controvertidas en procesos constitucionales, recursos y cuestiones, vaciaría de todo contenido sustantivo la exigencia de motivación por el Gobierno de la urgente y extraordinaria necesidad, reduciendo el control de constitucionalidad ejercido por este Tribunal a una función rutinaria, privada del menor ámbito propio de verificación y vigencia. El requisito de necesario cumplimiento para superar el juicio de constitucionalidad ex art. 86.1 CE quedaría disuelto, hasta terminar confundiéndose, con los criterios definidores de los protocolos de técnica legislativa. Más aún; en caso de aceptar la tesis aquí descartada, la consecuencia es de fácil enunciado: dado que la elaboración de tales protocolos no ha de atenerse a demandas de matriz constitucional, la exigencia de justificación de la extraordinaria y urgente necesidad podría quedar sujeta a los caprichosos avatares del proceso mismo de elaboración de esos códigos de buenas prácticas normativas. Y es que –aun cuando el recordatorio que sigue constituya una solemne obviedad– las causas justificativas del ejercicio por el Gobierno de ese poder legislativo excepcional que le reconoce el art. 86.1 CE no guardan afinidad funcional o conceptual alguna, ni directa ni indirecta, con las exégesis o los comentarios, más o menos completos y certeros, ofrecidos por los titulares de los diferentes poderes normativos. Estos últimos aparecen en los preámbulos de la práctica totalidad de las disposiciones nacidas de actos de soberanía política, sea cual fuere su rango, manteniendo unas reglas de técnica legislativa que, por su carácter contingente, pueden alterarse sin consecuencias apreciables en la vertiente constitucional. Aquellas otras, empero, se vinculan a una muy concreta figura legislativa, formando parte de su control de regularidad constitucional. En resumen: el Auto del que ahora se discrepa ha efectuado una selección de las razones instrumentales justificativas de la regulación de las reglas contenidas en la disposición transitoria quinta y el art. 18.8 mediante real decreto-ley con arreglo a unos criterios constitucionalmente inapropiados y, por tanto, inservibles para formular juicios de constitucionalidad ex art.86.1 CE. A partir de esta inapropiada selección, la tarea que de inmediato ha de acometerse, pues, es la identificación de las causas fundamentadoras del dictado por la norma de urgencia de los temas controvertidos en un sentido acorde a la verdadera voluntad explicitada por el legislador excepcional, interpretada ésta a través de los cánones literal, contextual y sistemático a los que ya se ha hecho referencia. 6. La lectura de la tan citada exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012 pone de manifiesto de manera indubitada que la calificación de razón básica o justificación general de la adopción de dicha norma ha de atribuirse exclusivamente a una sola motivación, que se explicita en dos ocasiones. Razonando sobre la situación del mercado español de trabajo y tras declarar que las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis para reformarlo «se han revelado insuficientes e ineficaces para conseguir crear empleo», los dos últimos incisos del párrafo tercero del apartado VII del preámbulo argumentan dicha razón del modo siguiente: «Se requiere la adopción urgente de estas medidas para generar la confianza necesaria para que los agentes creadores de empleo realicen nuevas contrataciones y opten por aplicar medidas de flexibilidad interna antes que por destruir empleo. Con esta reforma laboral se pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y, así, generar la confianza necesaria para los mercados y los inversores.» En un sentido muy similar y con una expresa invocación al art. 86.1 CE, el penúltimo párrafo del apartado I del tan mencionado preámbulo ya anticipa, como se razonó con anterioridad, esa razón básica, al afirmar: «La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley se justifica por la situación del mercado laboral español. Este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores.» Como ya se ha hecho constar, las dos restantes fuentes de formulación de los motivos que, en el decir de la jurisprudencia constitucional también pueden ser utilizados por los ocasionales legisladores para acreditar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, no modifican en nada los términos de esta razón básica. En tal sentido y en primer lugar, la memoria a la que ya se ha hecho alusión argumenta del modo siguiente la justificación general para el dictado del real decreto-ley a examen: «Los indicadores de coyuntura apuntan que la situación de destrucción de empleo se mantendrá, y en consecuencia no se aprecia a corto plazo el inicio de una fase económica cualitativamente diferente de la atravesada en los últimos cuatro años. Por lo que para poder alcanzar la senda del crecimiento y de la generación de empleo se requieren medidas completas, útiles, equilibradas, diferentes de las adoptadas hasta este momento, que solo resulta posible implementando con urgencia reformas de calado en el ámbito de las relaciones laborales.» De otra parte, en fecha 8 de marzo de 2012 tuvo lugar la convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados, conforme prevé el art. 86.2 CE, del Real Decreto-ley 3/2012, que fue precedido por el oportuno debate. A lo largo de la defensa de la citada convalidación, la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social, tal y como se infiere de la simple lectura del acta correspondiente (Cortes Generales, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», Pleno y Diputación Permanente de 9 de marzo de 2012, núm. 17), se limitó a señalar, de manera bastante colateral, que la norma de urgencia «se enmarca en el conjunto de reformas estructurales que el Gobierno ha puesto en marcha para agilizar la recuperación económica», calificándola como «más que necesaria, a tenor de la situación actual de nuestro mercado de trabajo» (p. 3), dedicando la mayor parte de su intervención oral a explicar el contenido de la reforma. 7. Las nominadas como razones instrumentales o, por utilizar el lenguaje del Auto del que se discrepa, la justificación específica se contienen en ese mismo apartado del preámbulo, el VII, que enuncia una concreta razón no para cado uno de los cinco capítulos en que se estructura la ley de urgencia sino –y ello es bien diferente– para los cinco bloques normativos siguientes: incentivos para la contratación de trabajadores y para favorecer su empleabilidad, favorecimiento de la flexibilidad interna, mejora de la eficiencia del mercado de trabajo, mejora de la intermediación laboral y reordenación de la negociación colectiva. Así lo demuestra la literalidad del párrafo cuarto del preámbulo, que antecede precisamente al enunciado de las motivaciones singulares y del que también se hace eco la resolución contestada, al afirmar que: «La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución española para legislar mediante real decreto-ley resultan predicables (sic) de manera individualizada respecto de cada una de las medidas que se adoptan pero, de manera especial, del conjunto que integran». En breve habrá ocasión de transcribir en su estricta literalidad los motivos específicos aplicables a los aspectos cuestionados y reflexionar sobre los mismos, bastando por el momento anticipar que las reglas relativas a la determinación de la entrada en vigor de la nueva indemnización por despido improcedente (disposición transitoria quinta) y al abono de los salarios de tramitación (art. 18.8) quedan incluidas en el tercero de los bloques enunciados con anterioridad; esto es, en «la mejora de la eficiencia del mercado de trabajo». Lo anterior razonado, conviene ahora hacer constar que las razones específicas expresadas no se refieren de manera «individualizada», como equívocamente argumenta el texto recién transcrito de la exposición de motivos, a todas y a cada una de las abundantes medidas objeto de tratamiento y ubicadas bien en los cinco capítulos en que se estructura formalmente el Real Decreto-ley a examen bien en alguna de sus numerosas disposiciones adicionales, transitorias y finales. Antes al contrario, la lista de las materias cuya urgente y extraordinaria necesidad se fundamenta es arbitraria o, si se prefiere, selectiva. Un examen meramente formal de las razones instrumentales alegadas «de manera expresa y explícita» como justificativas de la urgente y extraordinaria necesidad muestra que no hay la menor motivación respecto de un buen número de materias reguladas por el propio Real Decreto-ley, las cuales, por cierto, tampoco toleran una aplicación, incluso laxa, de la justificación general. Tal sucede en los siguientes casos: 1) art. 5: derogación de la prohibición de los trabajadores a tiempo parcial de la realización de horas extraordinarias; 2) art. 6: nueva regulación del trabajo a domicilio, que pasa a denominarse «trabajo a distancia»; 3) art. 9: transferencia de una de las previsiones establecidas en el contenido del anterior art. 85.3 i), primera, del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), al art. 34.2 del mismo texto legal; 4) art. 14.4: supresión de los apartados g) y h), números 1 a 4, del art. 85.3 LET; 5) capítulo V, arts. 20 a 25; 6) disposición adicional cuarta: control de la incapacidad temporal; 7) disposición adicional séptima: reglas aplicables a las entidades de crédito y 8) disposición final primera: modificaciones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Cierto es que ninguna de estas materias afecta a las que aquí forman parte del objeto del juicio de constitucionalidad; pero no es menos cierto que, en sí mismo valorado, ese listado ya muestra el escaso esmero habido por el legislador excepcional en el cumplimiento de la carga de justificar de manera singularizada las diversas regulaciones susceptibles de agrupación en atención a la existencia de vinculaciones comunes de orden conceptual, funcional o institucional. 8. En los razonamientos anteriores se han identificado con la debida corrección la razón bási☺ca y las razones instrumentales expresamente alegadas para amparar el uso por el Gobierno del poder legislativo excepcional que le confiere el art. 86.1 CE, articulado, en el caso ahora a examen, en la adopción de determinadas medidas reguladoras de las relaciones laborales individuales. Sin embargo y como ya se ha tenido ocasión de recordar, la jurisprudencia constitucional dictada acerca del art. 86.1 CE exige no solo que el legislador de urgencia proceda a enunciar «de manera expresa y explícita» las razones justificativas del ejercicio de ese poder legislativo excepcional en que consiste el dictado de un real decreto-ley. Además de ello, la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional también pide la concurrencia de un segundo requisito, consistente ahora en la existencia de una conexión entre la situación de urgencia expresamente definida y las medidas concretas adoptadas por esa norma. Las argumentaciones que a continuación siguen tienen el objetivo de demostrar la inobservancia por la citada disposición legal de esta segunda exigencia constitucional; esto es, la abierta y manifiesta inexistencia de la obligada conexión entre la situación justificativa de la adopción de la norma de urgencia y las medidas elegidas para subvenir a la misma. A estos efectos y en atención a la jurisprudencia constitucional aplicable a aquellos supuestos en los que, como acontece en la cuestión objeto de examen, la violación del art. 86.1 CE se imputa no a la norma de urgencia en su conjunto sino a concretos pasajes de la misma, conviene razonar la falta de conexión que se viene de anticipar de modo diferenciado en lo que respecta a la razón básica y a las razones instrumentales alegadas como causas determinantes del dictado del Real Decreto-ley y de las medidas ahí establecidas. 9. A) Como ya se ha indicado, la motivación básica invocada por el Gobierno para justificar la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012, enunciada en el apartado VII de su exposición de motivos bien que anticipada ya en el apartado I, reside en «crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así, generar la confianza necesaria para los mercados y los inversores». O, en versión anticipatoria del apartado I, «este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores». Lo primero que conviene resaltar de la razón básica esgrimida es la extremada ambigüedad de todas y cada una de las expresiones utilizadas. Distanciándome de manera resuelta de la tesis defendida por el Auto de este disentimiento, entiendo que la apelación, como causa justificativa del dictado del Real Decreto-ley a examen, a la implantación de «las condiciones necesarias» para crear empleo, mediante la aprobación de un conjunto de medidas que la memoria califica de «completas, útiles y equilibradas», capaces de generar, por sí mismas, «confianza para trabajadores y empresarios, mercados e inversores» comporta –por decirlo utilizando terminología de la STC 68/2007– «la utilización de fórmulas rituales de una marcada abstracción y, por ello, prácticamente de imposible control constitucional» (FJ 10). El establecimiento de unas «condiciones necesarias» para la creación de empleo es un deber al que, por mandato del art. 40.1 CE, han de atender todos los poderes públicos, señaladamente aquél que ejerce la función de dirección de la política interior, gestión cotidiana de los asuntos públicos, esto es, el Gobierno de la Nación (art. 97 CE), sin que ni el preámbulo ni el debate parlamentario ni la memoria ofrezcan pista alguna para conocer la identidad y relevancia de los estrechos lazos que se presumen existentes entre las medidas contenidas en el real decreto-ley, en general, y en los aspectos aquí cuestionados, en particular, y el nuevo escenario nacido de esas medidas, el cual, en razón de propiciar la creación de empleo, parece tener una naturaleza económica. De su lado, la atribución a las nuevas reglas reguladoras de nuestro sistema de relaciones laborales de la capacidad de generar confianza en casi todas las vertientes imaginables (trabajadores y empresarios, mercado e inversores) es o, al menos, debiera de ser la lógica y obligada consecuencia de cualquier medida adoptada por los poderes públicos en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Expresada la idea en otras palabras, la razón básica manejada por el legislador de urgencia vendría a amparar no solo ni tanto esta concreta y singular decisión sino, más genéricamente y con igual nivel de exigencia, cualquier otra medida legislativa o ejecutiva puesta en práctica en una economía de mercado o, por formular la misma idea con un alcance más omnicomprensivo, aplicada en toda sociedad democrática. La utilización de unos términos tan intangibles, evanescentes y, por consiguiente, incontrolables, como puede predicarse de expresiones tales como «confianza», «mercado» o «inversores», así lo evidencia; confirma, en efecto, la voluntad del Gobierno de privar a la razón justificativa de su acto legislativo de todo margen de razonable verificación constitucional. Sin intención por mi parte de abrir la puerta a la constelación de interrogantes irresolubles que lega la razón justificativa de la decisión legislativa adoptada, no me resisto a efectuar la siguiente observación: no resulta fácilmente rebatible que el legislador ha optado de manera deliberada y meditada por no facilitar pauta u orientación alguna, ni singular ni genérica, para poder identificar, incluso con un nivel muy bajo de certidumbre, a los beneficiarios de la confianza aportada, en su parecer, por el dictado de las medidas laborales establecidas en la norma de urgencia. Por apuntar algunas preguntas sin respuesta: qué mercados son los beneficiarios de las medidas laborales sobre el abaratamiento de los despidos improcedentes, injustificados o, por utilizar el lenguaje del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, «sin justa causa»?; ¿los nacionales, los europeos, los emergentes o, también, los internacionales, sin mayores precisiones territoriales?; ¿los crediticios, los productivos, los comerciales, los bursátiles, los especulativos o, todos ellos, simultánea y acumuladamente?. B) Pero al margen de la imprecisión extrema de la que se hace gala al enunciar la razón básica, de ésta no son predicables los rasgos que, en el decir de la jurisprudencia constitucional, caracterizan una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Aunque ésta ha descartado que la utilización por el Gobierno de la potestad legislativa excepcional solo sea constitucionalmente regular en situaciones de fuerza mayor, la doctrina del Tribunal Constitucional viene exigiendo la concurrencia de ciertas notas de imprevisibilidad, inusualidad, gravedad e inmediatez. Y son precisamente estas notas las que se encuentran por completo ausentes en el Real Decreto-ley a examen. O, por formular la idea con un nivel superior de corrección constitucional, no existe conexión alguna entre la situación de urgente y extraordinaria necesidad (léase: imprevisibilidad, inusualidad del escenario en que han de aplicarse las reglas reguladoras de nuestro sistema jurídico de relaciones laborales, vigente en el momento de la aprobación del Real Decreto-ley) y las medidas adoptadas por la norma de urgencia. De conformidad con una opinión unánimemente aceptada, asentada en una consolidada experiencia, el funcionamiento de las economías de mercado tiene un carácter cíclico: a ciclos de crecimiento económico sostenido, de mayor o menor duración, suceden otros ciclos recesivos que, como aquellos, pueden prolongarse más o menos. No es este momento ni lugar apropiado para razonar esta opinión que, aplicada a la economía española, aunque no solo a la española, es de muy difícil refutación. Por ceñir la referencia al período constitucional, España ha conocido en el curso de los últimos treinta y seis años periodos de intensa bonanza económica y períodos, más breves, de crisis y recesión. El carácter cíclico de nuestra economía es, así, un elemento estructural sobre el que han venido actuando, en su reducido ámbito operativo, las disposiciones reguladoras de las relaciones laborales, individuales o colectivas, que han ido experimentando, de manera continua y permanente, constantes modificaciones y alteraciones a fin de adaptarlas a los igualmente permanentes cambios de la economía y del propio mercado de trabajo. Pero esta necesidad de adaptación del ordenamiento laboral, como tuviera ocasión de razonar la STC 68/2007, «no es coyuntural, sino estructural», no alcanzando «por si misma a satisfacer el cumplimiento de los estrictos límites a los que la Constitución ha sometido el ejercicio del poder legislativo del Gobierno», ya que –siguen siendo palabras de la citada resolución– ello «supondría excluir prácticamente en bloque, del procedimiento legislativo parlamentario, el conjunto de la legislación laboral y de la de Seguridad Social, lo que obviamente no se corresponde con nuestro modelo constitucional de distribución de poderes» (FJ 10). La única excepción a una regla como la expuesta, que ha de aplicarse con criterios de generalidad material y temporal, se produce en situaciones especialmente cualificadas por las notas de gravedad, imprevisiblidad y perentoriedad. Y son ellas, precisamente, las que no concurren en el dictado del Real Decreto-ley 3/2012. Como ya se ha razonado, la motivación justificativa de esta norma no ha consistido en salir al paso de la constante caída del empleo que padece el mercado español de trabajo desde finales del 2007 mediante la introducción de medidas destinadas, de manera frontal y directa, a fomentar el empleo. El legislador excepcional es consciente de la falta de correspondencia entre reforma del mercado de trabajo y creación de empleo. De ahí, que la razón básica que alega no se identifica en combatir el paro y facilitar el empleo sino, y ello es bien diferente, en «crear las condiciones necesarias para crear empleo». Las medidas adoptadas no pretenden pues, y como paladinamente se confiesa, torcer la tendencia negativa del empleo. La norma no busca actuar sobre la realidad presente de nuestra economía, intentando de manera inmediata, como exigiría el poder legislativo del que excepcionalmente se ha hecho uso, invertir su sentido recesivo; muy antes al contrario, pretende operar de manera presuntamente preventiva, de futuro y permanente. Huérfana de la razonabilidad constitucional, la causa justificativa termina así apelando a un futuro hipotético; esto es, a una situación caracterizada por una doble incertidumbre; de un lado, la temporal, pues no se ofrece pista alguna para saber cuándo podrán darse por alcanzadas esas «condiciones» determinantes de la creación de empleo y, de otro, la material, pues tampoco se ofrece garantía alguna de que con las medidas adoptadas, por ellas mismas, se pueda crear empleo. En un contexto económico como el descrito tan sucintamente, el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación de empleo no define en modo alguno una situación imprevisible, inusual o perentoria. Por lo pronto, la crítica situación del paro no puede reputarse como imprevisible, tal y como lo confirma la trayectoria habida en las tasas de paro en el curso de los últimos seis años. Y como igualmente lo corroboran, sin sombra de incertidumbre, las previsiones para el año 2012 de la contabilidad nacional dadas a conocer por el Sr. Ministro de Economía y Competitividad el día 2 de marzo de 2012, en intervención oral habida tras la celebración del Consejo de Ministros, según las cuales las personas que ese año perderían su puesto de trabajo, una vez aprobada la norma de urgencia, serían 630.000, volviendo así a incrementarse por quinto año consecutivo la tasa de paro. Y, de manera aún más señalada, también lo corroboran las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2012), de conformidad con las cuales el número de parados se incrementó en ese año en 691.700 trabajadores. Dicha situación, en segundo lugar y por lo ya razonado, tampoco puede calificarse como inusual, ya que se viene padeciendo desde el año 2007. La gravedad de la situación es, desde luego, indiscutible. Pero, como sin disimulo alguno reconoció en su momento el Gobierno, el Real Decreto-ley –como efectiva y lamentablemente así ha sucedido– no vendría a moderar o a contener esa situación de gravedad; muy antes al contrario, la misma habría de mantenerse y persistir, sin que pudiera resultar viable identificar en el momento de la aprobación de la norma de urgencia, incluso de manera imprecisa, la secuencia en la que la nota de gravedad comenzaría a relajarse. Resumiendo: los defectos crónicos del mercado español de trabajo que la norma de urgencia pretende afrontar y resolver (baja tasa de empleo, alta tasa de paro o dualismo contractual, por citar los más persistentes) no consienten su tratamiento normativo a través de medidas legislativas dotadas de las notas de urgente y extraordinaria necesidad. La situación de ese mercado dibuja, antes bien y lamentablemente, un escenario estructural y previsible. 10. Encarando ahora el examen de las razones instrumentales, el tan mencionado apartado VII del preámbulo, tras fundamentar la extraordinaria y urgente necesidad de todas las materias y del conjunto en que se integran en los términos ya expuestos, sigue razonando del modo siguiente: «En primer lugar, ha de tenerse en cuenta respecto de las medidas que se refieren a los incentivos para la contratación de trabajadores y para favorecer su empleabilidad, que la dilación derivada de la tramitación parlamentaria de una norma que contuviera estas medidas tendría un impacto negativo en las decisiones empresariales para la contratación y alteraría gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo. De ahí que sea necesaria la inmediata instauración de las mismas… En segundo lugar, las medidas relativas al favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas también demandan una rápida incorporación al ordenamiento, especialmente en las circunstancias actuales de necesidad que tienen las empresas de acudir a las mismas como alternativa primordial a la destrucción de empleo. En tercer lugar, las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, directamente relacionadas con las medidas de ajuste y reestructuración que deben acometer las empresas, guardan estrecha relación con las dos medidas de los dos grupos anteriores y no pueden entenderse sin ellas, toda vez que un conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la formación de la voluntad de las empresas en las decisiones que finalmente toman y que han de conformar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento. En cuarto lugar, las medidas tendentes a la mejora de la intermediación laboral… En quinto lugar, las modificaciones incluidas en los aspectos relativos a la negociación colectiva exigen dotar de certidumbre a las bases sobre las que las partes negociadoras deben abordar la negociación y revisión de los convenios colectivos, a la vista de las sustanciales novedades introducidas por este real decreto-ley en el Título III del Estatuto de los Trabajadores…» En lo que concierne a la memoria del Real Decreto-ley, ya se hizo constar que las razones segunda a quinta se limitan a reproducir, con una notable fidelidad literaria, las razones instrumentales primera, segunda, tercera y quinta del apartado VII de la exposición de motivos de la norma de urgencia, que se vienen de transcribir. La mera lectura de las razones instrumentales a las que se acaba de hacer referencia permite extraer los rasgos que las caracterizan, rasgos éstos que vuelven a evidenciar su inidoneidad material con las exigencias constitucionales. El primero de los rasgos es la dimensión estrictamente formal de bastantes de las causas alegadas para fundamentar la aprobación de las medidas adoptadas en el campo de las relaciones laborales mediante el ejercicio de ese poder legislativo excepcional en que consiste la legislación de urgencia. En el formalista razonamiento del legislador de excepcional, la inmediatez de la reforma no es el efecto lógico de la situación de urgente necesidad; se erige, curiosa y erráticamente, en causa misma de esa situación. En este sentido y para no razonar en el vacío, la «rápida incorporación al ordenamiento» se convierte en la causa justificativa de la regulación de las «medidas referidas al favorecimiento de la flexibilidad interna» y, a resultas del juego de remisiones que la propia exposición de motivos efectúa, también en la de las medidas destinadas a «mejorar la eficiencia del mercado de trabajo». Esta argumentación formalista alcanza su más extremado nivel en relación con las medidas de reforma de la negociación colectiva. La lectura del primer inciso del penúltimo párrafo del apartado VII del preámbulo así como del punto 5 del apartado I.2 b) de la memoria evidencia que la necesidad de dotar de certidumbre a la citada reforma se debe «a las sustanciales novedades introducidas por este real decreto-ley en el Título III del Estatuto de los Trabajadores». La negociación colectiva no solo constituye el objeto de la realidad social revisada normativamente por el Real Decreto-ley; además de ello, la propia revisión se concibe como la causa misma que justifica el instrumento excepcional utilizado para su reforma. La argumentación utilizada constituye así un ejemplo, sencillo y primario, de razonamiento de tipo circular, de todo punto extravagante desde la perspectiva constitucional. Al margen de su dimensión eminentemente formalista, el legislador excepcional pretende utilizar criterios de fondo para justificar la regulación de determinadas medidas por la vía de la legislación de urgencia. Ninguno de tales criterios es capaz de superar el test de razonabilidad constitucional, incluso en una benévola evaluación. Y así, por limitar el examen a los preceptos que aquí importan, las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo –que es el bloque normativo al que pertenecen la disposición transitoria quinta y el art. 18.8– precisan una pronta incorporación al ordenamiento por la estrecha conexión que guardan con las medidas de los dos primeros capítulos «y no pueden entenderse sin ellas, toda vez que un conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la formación de la voluntad de las empresas en las decisiones que finalmente toman y que han de conformar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento». En relación con la razón instrumental facilitada, así pues, para justificar la nueva regulación de determinados efectos de los despidos improcedentes, «la eficiencia del mercado de trabajo», y consistente, como se viene de hacer constar, en la falta de idoneidad mediante una norma sujeta a tramitación ordinaria, no puede pasarse por alto la opción de fondo que late en la misma, con la que, en última instancia, se viene a poner en tela de juicio y a desmentir la razón básica alegada por el Real Decreto-ley adoptado. Si esta reside, como se ha tenido ocasión de señalar con reiteración, en implantar «las condiciones necesarias para la creación de empleo», no puede entenderse en modo alguno que el legislador excepcional valore de la misma forma o, lo que es igual, equipare las medidas que incentivan la contratación, las que promueven la flexibilidad interna «como alternativa a la destrucción de empleo» y, en fin, las que facilitan el despido de los trabajadores mediante el expediente de relajar su causa y rebajar su coste. La apelación que hace el legislador de urgencia a la necesidad de ofrecer a los empresarios un «conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta» a tales materias como causa justificativa de la inclusión de los temas relacionados con el despido en la norma a examen no se concilia en absoluto con la causa justificativa básica, mostrando de manera nada fácil de rebatir que la invocación de la necesidad de implantar «las condiciones necesarias para crear empleo» no pasa de ser una formula rituaria, vacía de todo contenido sustantivo. O enunciada la idea con un mayor rigor constitucional, la motivación instrumental invocada a fin de modificar determinados efectos del régimen jurídico del despido improcedente carece de toda conexión o enlace con la situación que se pretende afrontar. El Auto del que discrepo, en fin, no enjuicia la constitucionalidad del fin de la norma, análisis que resulta obligado pues la constitucionalidad de su propósito declarado integra, como es patente, la exigencia de adecuación de las medidas adoptadas. Tampoco ensaya juicios de correspondencia objetiva entre las medidas y su finalidad confesada; esto es, no examina si el contenido normativo se corresponde objetivamente con el fin manifestado, aspecto que igualmente tiene incidencia en su adecuación. Y, por último, no precisa un criterio que permita definir lo que sea la «adecuación de las medidas» en función de sus efectos sobre otras normas constitucionales o derechos constitucionalmente consagrados, ya que no es dable descartar a priori un criterio que diferencie el grado de adecuación exigible a las normas de urgencia en función de la naturaleza o carácter de los derechos sobre los que tengan incidencia. 11. La norma de urgencia incorpora a su articulado distintas reglas que, al estar privadas de la nota de la inmediata normatividad, confirman nuevamente la incompatibilidad y contradicción entre la concepción del poder legislativo que maneja el Gobierno que ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2012 y la que fue implantada por el poder constituyente y quedó definitivamente reflejada en el art. 86.1 CE. Tal acontece, por ilustrar la idea con algunos ejemplos, con las previsiones establecidas en las disposiciones adicionales cuarta y novena, en la transitoria cuarta o en las finales segunda y tercera. De la nueva ordenación establecida en estos supuestos, no existe ni traza ni rastro alguno de las notas de imprevisibilidad y perentoriedad; no hay ni extraordinaria necesidad ni urgente necesidad. La razón es sencilla: las nuevas reglas jurídicas introducidas por el Real Decreto-ley a examen carecen de inmediata normatividad o, si se prefiere enunciar la idea en otros términos, su vigencia se reenvía a fechas posteriores a la entrada en vigor de la disposición de urgencia; de ella muy distante. Por ello, estamos ante un supuesto análogo al analizado en la STC 31/2011, de 17-3, FJ 7, que concluyó afirmando: «Tampoco, en consecuencia, desde el punto de vista de la necesidad de introducir una innovación normativa efectiva (STC 332/2005, de 15-9, FJ 7), se aprecia la nota de imprevisibilidad que define la existencia de una necesidad extraordinaria a la que ha de hacerse frente a la misma en un plazo más breve del que requeriría la tramitación urgente de una eventual reforma legislativa». Pero la ausencia de inmediatez normativa no es la única causa determinante de la privación a la norma de urgencia de la exigencia constitucional de urgente y extraordinaria necesidad. En este capítulo, también entran aquellas otras regulaciones cuya tramitación parlamentaria hubiera generado efectos nimios, alejados de esos graves perjuicios imputables teóricamente a la dilación en la introducción de la medida. De entre las regulaciones constitutivas de estos ejemplos de extremada falta de idoneidad material, me detendré en uno de los preceptos controvertidos: la regla reguladora de la entrada en vigor de la reducción de la indemnización por despido improcedente. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta, la indemnización por despido improcedente pasa a calcularse, en los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley, del modo siguiente: de un lado, a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a esa entrada en vigor y, de otro, a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. En concreto, la medida controvertida no supera el atributo de perentoriedad. Aun aceptando, como hace el Auto del que me distancio, que esa medida pretende disminuir el gasto de las empresas –eso sí y como razona el Auto de promoción de la cuestión, a costa de devaluar la ilegalidad del acto causante– y atribuyendo a ese ahorro de gasto un fin razonable, dado el contexto económico actual; aun dando por bueno todo ello, los efectos derivados de la nueva ordenación no pueden en modo alguno calificarse como perentorios, urgentes e inaplazables. En los escasos meses que podría haber durado la tramitación de la correspondiente ley, la «merma patrimonial» experimentada por el empresario al despedir sin concurrencia de justa causa resultaría nimia; hubiera representado un incremento en la indemnización por despido improcedente o despido «sin justa causa» equivalente, en el más riguroso de los escenarios, a un día suplementario de salario por cada mes de duración de la tramitación de la ley. 12. El ejercicio por parte del Gobierno de ese poder legislativo excepcional que la Constitución le confiere ex art. 86.1 no sólo requiere la concurrencia de un específico presupuesto habilitante, consistente en una situación de «extraordinaria y urgente necesidad». Al margen de esta primera exigencia, el citado art. 86.1 CE añade una segunda exigencia de carácter sustantivo, vedando al decreto-ley, incluso en estados de imprevisibilidad y perentoriedad, «afectar» a ciertas materias, entre ellas y en lo que aquí interesa destacar, «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I». La jurisprudencia constitucional hubo de encarar prontamente los dos grandes debates doctrinales emergidos en los primeros momentos del período constitucional (el de la acción vedada y el de las materias incluidas en la prohibición de afectación), procediendo a delimitar el perímetro exterior de la legislación de urgencia. En tal sentido, la Sentencia 111/1983, de 2 de diciembre, descarta las interpretaciones restrictivas, razonablemente amparadas en el sentido gramatical del verbo afectar («menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente») y coincidentes, de otro lado, con los usos lingüísticos de esta expresión en el ordenamiento privado (imposición de un gravamen u obligación). Y, en su lugar, opta por una interpretación más vinculada a cánones hermenéuticos de índole contextual y finalista que a los de carácter literal y sistemático; por una interpretación que, en el fondo, atiende al sistema de poderes y contrapoderes constitucionalmente instituidos y a la conveniencia de no impedir al Ejecutivo el uso de un instrumento que puede resultar útil y necesario para la gobernación del país en situaciones de relativa imprevisibilidad. La prohibición de afectación del Real Decreto-ley sobre las materias mencionadas en el art. 86.1 CE no define, así pues, un campo vedado a la actividad legislativa del Gobierno, una zona excluida de la acción normadora del Ejecutivo; no equivale, en suma, a una prohibición de regulación, sea cual fuere su signo: favorable o desfavorable. La función de la citada prohibición es bien otra, actuando como límite interno tanto de la estructura de la norma como del contenido normado por la disposición legislativa de urgencia. Esta tesis habría de ser fijada por la ya citada STC 111/1983 y reiterada con posterioridad en distintas ocasiones (entre otras, SSTC 60/1986, de 20 de mayo; 3/1988, de 21 de enero, y 182/1997, de 28 de octubre). De conformidad con esta interpretación, hoy ya consolidada, la «cláusula restrictiva» del art. 86.1 CE («no podrán afectar...») impone al real decreto-ley un doble y combinado límite. El primero alude a la extensión de la materia regulada o, en otras palabras, a la naturaleza de la disposición de urgencia: se permiten las ordenaciones singulares, quedando proscritas las ordenaciones generales. El segundo límite atiende al contenido de la materia objeto de ordenación jurídica, consintiéndose las regulaciones sobre los elementos accidentales o secundarios de los mencionados derechos, deberes y libertades y vedándose aquellas otras que alteren sus elementos estructurales o sustanciales. En el diseño elaborado por la jurisprudencia constitucional, ambos límites, aun cuando están dotados de autonomía y sustantividad propias, se superponen, actuando con carácter acumulativo. O por decirlo en los propios términos de la jurisprudencia constitucional, la interdicción de la ordenación por real decreto-ley de los derechos, deberes y libertades «no puede dar pie a entender que el art. 86.1 CE sí permite regular los elementos esenciales de los mismos siempre que ello no comprenda una regulación del régimen general» (STC 182/1997, citada, FJ 6). No basta, por consiguiente, que la regulación instituida por la norma de urgencia sea singular; es preciso, adicionalmente, que la singularidad no modifique los elementos esenciales del derecho, deber o libertad afectado por la legislación de urgencia dictada por el Gobierno. 13. Las anteriores consideraciones no han tenido otra finalidad que la de sentar las bases jurídicas imprescindibles para afrontar la tarea de contraste del Real Decreto-ley 3/2012 a los mandatos contenidos en el art. 86.1 CE; esto es, para discernir si esa norma de urgencia ha afectado o no a algún derecho, deber o libertad constitucional de naturaleza o con conexiones laborales o, más en general, sociales, enunciado en el título I del Texto constitucional; y, en caso afirmativo, elucidar si la afectación efectuada es o no conforme con la jurisprudencia constitucional. Lo primero que conviene señalar, para una mejor inteligencia de cuanto habrá de razonarse más adelante, es que el Real Decreto-ley a examen es una norma transversal, cuyos contenidos transcienden con mucho el que se ha incorporado a su rúbrica de identificación, pues termina regulando una pluralidad de instituciones laborales y sociales cuya conexión con la situación definida como de urgente y extraordinaria necesidad es muy discutible. Precisamente, la supresión de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, en aquellos supuestos en los que el empresario (o el trabajador, caso de ser representante) opta por la indemnización ilustra de manera ejemplar la anterior conclusión. La nueva redacción del art. 56.2 LET (y preceptos concordantes), materializada por el art. 18.8 de la norma de urgencia, ha llevado a cabo una reforma en profundidad del régimen de los salarios de tramitación. Desde la entrada en vigor de la norma de urgencia, estos salarios solo han de ser abonados en caso de que, tras la declaración judicial del despido como improcedente (o como nulo, bien que es éste un supuesto en el que ahora no es preciso reparar), el empresario o, excepcionalmente, el representante de los trabajadores hubiere optado por la readmisión, en lugar de por el abono de la indemnización a metálico. En relación con el régimen jurídico anterior, el cambio más significativo adoptado consiste en la eliminación de los salarios de tramitación en aquellos supuestos en los que, habiéndose judicialmente declarado el despido como improcedente, el empresario no hubiere reconocido la improcedencia del despido y depositado ante el Juzgado de lo Social pertinente la correspondiente indemnización. En otras palabras, la supresión por el Real Decreto-ley 3/2012 de la figura del llamado «despido exprés» no ha comportado la vuelta a la regulación anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2002, sino la introducción de una nueva ordenación. Pero al margen de la suerte del despido exprés, interesa insistir en que la norma de urgencia ha introducido un nuevo régimen de los salarios de tramitación. La institución de los salarios de tramitación ha desplegado tradicionalmente un valor estratégico. De ahí que la reforma de su régimen jurídico genera una constelación de consecuencias que se irradian en numerosas instituciones laborales. En tal sentido, dicha reforma incide sobre el coste del despido improcedente, abaratándolo o incrementándolo, sobre la conciliación, incentivando o desincentivando su utilización, sobre los efectos del despido mismo, favoreciendo la readmisión o la indemnización del trabajador, sobre la prestación por desempleo, acortando su duración y, eventualmente, reduciendo indirectamente su cuantía, e, incluso, aumentando el riesgo de fraude en la prestación por desempleo. No son éstas consecuencias de las que pueda predicarse una conexión constitucional. Y sin embargo, la supresión de los salarios de tramitación cuenta con un neto enlace constitucional, que una vez más dota de un consistente fundamento a la violación por el Real Decreto-ley 3/2012 del mandato establecido en el art. 86.1 CE. La obligación por parte del empresario de abonar los salarios de tramitación en caso de despido improcedente cuenta con una larga tradición en nuestro ordenamiento, que arranca con el Real Decreto de 30 de julio de 1928. Una historia tan dilatada sugiere, sin duda, la presencia de importantes razones justificadoras, que han ido evolucionando en el decurso histórico. En todo caso y con independencia de su naturaleza jurídica (indemnizatoria o estrictamente salarial), los salarios de tramitación han venido cumpliendo una función de garantía del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los trabajadores. Desde la perspectiva del art. 24.1 CE, los salarios de tramitación constituyen un importante instrumento al servicio de la consecución de una igualdad procesal real y efectiva entre las partes del contrato. Como dijera el Tribunal Constitucional, en su conocida Sentencia 3/1983, de 25 de enero, la desigualdad del trabajador en el contrato de trabajo no sólo se corrige a través de normas sustantivas; también se logra esta finalidad a través de «normas procesales cuyo contenido expresa diferencias jurídicas que impiden o reducen la desigualdad material», facilitando una posición de equilibrio en el proceso laboral (FJ 3). Este objetivo, el de la consecución de una mayor igualdad procesal entre el trabajador y el empresario, es el que, desde la óptica constitucional, satisface el salario de tramitación, pues la garantía de su percepción permite al trabajador acceder a la jurisdicción y obtener una primera resolución judicial fundada en derecho, que es la primera y básica manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, con el sostén económico suficiente. Los salarios de tramitación ofrecen al trabajador injustamente despedido el respaldo económico necesario para poder afrontar el proceso en una posición más equilibrada y, por este lado, ejercer una mejor defensa de sus derechos e intereses legítimos. La reforma de los salarios de tramitación llevada ahora a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012 trunca esta igualdad procesal, menoscabando de manera sustancial su posición jurídica. O en otras palabras, esta norma de urgencia ha afectado un elemento esencial y estructural del derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como, por otra parte, ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional al hacer notar que dicha figura tiene por objeto «proteger al trabajador en su cualidad de parte más débil, agravada por la falta de empleo y salario, que lo hace más vulnerable a actuaciones abusivas o de mala fe que pudieran venir de la parte procesal contraria» (STC 234/1992, de 14 de febrero, FJ 2; también y entre otras, SSTC 104/1994, de 11 de abril; 191/2000, de 13 de junio, y 266/2000, de 13 de noviembre). Aun cuando la tesis haya sido dictada en relación con los salarios de tramitación percibidos durante la tramitación del recurso, la misma también resulta de plena aplicación, por concurrir un principio de identidad de razón, a los salarios de tramitación del proceso de instancia. Distanciándome una vez más del Auto del que discrepo, considero que la eventual percepción por parte del trabajador despedido de las prestaciones por desempleo desde el momento de la adopción por parte del empresario de la decisión extintiva es un dato normativo de todo punto irrelevante desde la perspectiva del art. 86.1 CE. Este pasaje constitucional veda al decreto-ley afectar un derecho constitucional; esto es y en el caso a examen, establecer regulaciones que alteren elementos esenciales del derecho a la tutela judicial, al margen y con independencia de cuál sea el efecto, favorable, desfavorable o neutro, de esa afectación. Por lo demás, este efecto no puede en modo alguno calificarse, conforme da a entender el Auto de mi disentimiento, como neutro sino, muy antes al contrario, como manifiestamente desfavorable; al menos, por las tres siguientes razones. De un lado, por cuanto la cuantía de las prestaciones por desempleo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, será siempre inferior a la de los salarios de tramitación. De otro, por cuanto, para un colectivo muy numeroso y vulnerable de trabajadores, la supresión de los salarios de tramitación puede no verse compensada con el percibo de la prestación por desempleo, al no disponer sus integrantes de los requisitos necesarios para acceder a ella. Por último, por cuanto el nuevo régimen de los salarios de tramitación incentiva resueltamente la opción del empresario a favor de la no readmisión del trabajador, contrariando así de manera frontal la confesada voluntad del legislador excepcional de moderar las decisiones empresariales dirigidas a destruir empleos. 14. En atención a lo expuesto, el presente Auto responde a un concepto del ejercicio por el Gobierno de un poder legislativo excepcional que, con todo el respeto que merece la decisión del Pleno del Tribunal, no se corresponde con la concepción del modelo constitucional de Estado social y democrático de Derecho que el art. 1 de nuestro Carta Magna proclama con la firme voluntad de dotarle de una validez general y transversal, atribuyéndole el valor y la condición de canon de interpretación de la integridad de su articulado. En un contexto como el razonado, en modo alguno puedo compartir el fallo del Auto que discrepo, disintiendo por entero del juicio que se vierte sobre el Auto de promoción de la cuestión de inconstitucionalidad, al que se le tilda, sin el debido fundamento y con criterios desproporcionados, enjuiciados a la luz de una inveterada práctica procesal de este Tribunal, de estar «notoriamente infundado». En mi opinión, la única respuesta constitucionalmente adecuada a dicha cuestión hubiera debido de ser su admisión y, una vez concluso el procedimiento, su estimación, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria quinta y del art. 18.8 del Real Decreto-Ley 3/2012 por violación del art. 86.1 CE. Y en este sentido emito mi Voto particular discrepante. Madrid, a trece de febrero de dos mil catorce.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, respecto del Auto dictado en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3801-2013. Con el máximo respeto a la decisión mayoritaria emito mi Voto particular discrepante, anunciado en la deliberación. 1. Esta cuestión de inconstitucionalidad plantea problemas constitucionales muy similares a los que se suscitan en los recursos de inconstitucionalidad núms. 5603-2012 y 5610-2012, por los que se impugnan algunos preceptos de Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En mi opinión, antes de resolver la presente cuestión de inconstitucionalidad hubieran debido resolverse los referidos recursos de inconstitucionalidad. Ciertamente, en estos recursos no se impugna la misma norma que ahora se cuestiona, que es el Real-Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes del mercado laboral. Sin embargo, se trata de dos normas encadenadas que tienen como objeto regular la reforma laboral. La circunstancia de que la norma ahora cuestionada haya sido dictada por el Gobierno (en virtud de la potestad que le atribuye el art. 86 CE para dictar normas con rango de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad) no impide que deba considerarse procedente, dada la similitud de las regulaciones contenidas en estas normas y la conexión que existe entre ellas, que se posponga el enjuiciamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que se interpusieron contra algunos de los artículos de la Ley 3/2012, de 6 de julio. Mi experiencia todavía reciente en el Tribunal me permite observar que en los supuestos en los que una misma norma –o, como ocurre en este caso, normas con el mismo objeto: la reforma laboral–, han sido impugnadas contemporáneamente por medio de un recurso de inconstitucionalidad y de una (o varias) cuestiones de inconstitucionalidad, se suele resolver primero el recurso directo y posteriormente la cuestión o cuestiones (por ejemplo, la STC 178/1989 resuelve el recurso de inconstitucionalidad y la STC 42/1990, la cuestión; y por citar, entre otros muchos, otro caso más reciente, la STC 46/2013 resuelve el recurso de inconstitucionalidad y el ATC 67/2013 declara la pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión al haber anulado la STC 46/2013 la norma cuestionada), o bien acumular ambos procesos y resolverlos conjuntamente (entre otras, STC 12/2008). Esta forma de proceder permite al Tribunal abordar el examen de constitucionalidad de las normas impugnadas con una visión de conjunto que es difícil de conseguir si se examina primero la cuestión de constitucionalidad. Es verdad que formalmente el control de constitucionalidad que se ejerce por esta vía tiene el mismo alcance que el que se lleva a cabo a través del recurso de inconstitucionalidad –verificar la conformidad con la Constitución de los enunciados legales impugnados–, pero también es cierto que la perspectiva impugnativa puede no ser la misma, dadas las exigencias procesales que requiere el planteamiento de la cuestión y la consiguiente limitación de su objeto, lo que puede influir en la forma de analizar el problema constitucional suscitado. El modo de proceder que propongo tiene su apoyo en la lógica preferencia intelectual que tiene un procedimiento de inconstitucionalidad abstracto frente a otro concreto cuando versan sobre los mismos objetos o sobre objetos estrechamente relacionados entre sí. En la medida en que puede reconocerse la existencia de un uso del Tribunal adecuado a esta preferencia, seguido cuando no hay razones que justifiquen lo contrario, y quebrantado en este caso particular creo que la materia tiene suficiente importancia para que manifieste mi preocupación y mi opinión disidente frente al carácter odioso de lo que estimo una excepción injustificada. 2. Considero, en efecto, que la cuestión que ahora se resuelve, al no incurrir en ningún defecto procesal que determine su inadmisión, estar relacionada con los recursos de inconstitucionalidad núms. 5603-2012 y 5610-2012, y no concurrir razones suficientes para alterar la práctica procesal habitual, hubiera debido resolverse al mismo tiempo que estos recursos o tras ellos. Esta circunstancia está en relación con la procedencia, que propugno, de haber admitido la cuestión de inconstitucionalidad. No me parece aceptable resolver la presente cuestión mediante una resolución cuya forma no es la más adecuada para decidir sobre el fondo. La calificación como «notoriamente infundada» de la cuestión contrasta llamativamente con la notable extensión del Auto y con los detenidos y no unánimes argumentos en los que se fundamenta. A mi juicio, dada la trascendencia que en la perspectiva constitucional tiene la presente cuestión de inconstitucionalidad, hubiera debido ser admitida a trámite y haber sido resuelta por Sentencia. De este modo se hubiera permitido la personación de quienes fueron parte en el proceso, del Congreso de los Diputados, del Senado y del Gobierno y, en el caso de que hubieran formulado alegaciones, el Tribunal las hubiera podido tomar en consideración al dictar la Sentencia. Asimismo, hubieran podido tomarse en consideración los argumentos decantados en la deliberación y elaborados en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad y se hubiera evitado lo que a mi juicio es un quebranto injustificado de la práctica procesal habitual. Madrid, a doce de febrero de dos mil catorce.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.

El Tribunal Constitucional, avala la reforma laboral

Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Rios, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López. AUTO I. Antecedentes 1. El 20 de junio de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento núm. 933-2012, sobre despido, que se tramita ante dicho Juzgado, el Auto de 11 de abril de 2013, por el que el citado Juzgado acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a las siguientes disposiciones: de un lado, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE; de otro, la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto-ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-ley 3/2012, por posible contradicción con los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. 2. Los antecedentes de hecho de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes: a) El día 7 de agosto de 2012, doña Milagros Vázquez Rodríguez presentó demanda de despido frente a Digitex Informática, S.L., tras haber recibido notificación de que, con efectos de 30 de junio de 2012, quedaba extinguido su contrato de trabajo por obra o servicio determinado. En dicha demanda se solicitaba al Juzgado de lo Social que la referida extinción contractual fuera declarada despido improcedente. La demanda tuvo entrada en el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid, que por Decreto de 18 de septiembre de 2012 acordó su admisión a trámite. b) Tras la celebración del acto del juicio el día 30 de enero de 2013, concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar Sentencia, el Magistrado-Juez dictó providencia en la misma fecha –30 de enero de 2013–, por la que, conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por término común e improrrogable de diez días, a fin de que pudieren pronunciarse sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de ésta. En este escrito, el Magistrado-Juez comenzaba explicando que, en el caso enjuiciado, la extinción debía ser calificada judicialmente como despido improcedente, aduciendo las razones que a su juicio conducen a esta calificación, y asimismo, también indicaba que, de acuerdo con la fecha de efectos de la extinción –30 de junio de 2012–, las consecuencias de dicha calificación de improcedencia son las previstas en la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante, LET), en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2012. Tras estas precisiones, la providencia concretaba las normas cuya constitucionalidad se cuestiona y los preceptos que se suponen infringidos: en primer lugar, exponía que el Real Decreto-ley 3/2012, globalmente considerado, resulta lesivo de los arts. 1.3 y 86.1 CE; en segundo término, indicaba que la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012 vulnera los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, hacía asimismo alusión a la contravención por parte del art. 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 de los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. La providencia fundamentaba estas dudas de constitucionalidad en términos similares a la argumentación ofrecida en el posterior Auto de planteamiento de la cuestión, de 11 de abril de 2013, a cuyo contenido se hace referencia más adelante. c) Mediante escrito registrado el 19 de marzo de 2013, el Fiscal presentó sus alegaciones, en las que exponía que, a su juicio, concurrían los requisitos formales para proceder a la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad de las normas controvertidas. d) Ni la parte demandante ni la demandada presentaron escrito de alegaciones. e) El Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid dictó Auto de 11 de abril de 2013, por el que acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto a las siguientes disposiciones: de un lado, el Real Decreto-ley 3/2012, globalmente considerado, y en particular, por lo que se refiere a su capítulo IV y la disposición transitoria quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE, en relación con el art. 1.3 CE; de otro, la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto-ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-ley 3/2012, por posible contradicción de los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE. En dicho Auto, tras afirmar que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no impide al órgano judicial pronunciarse sobre la calificación del despido y los efectos de tal calificación (opción e indemnización), con cita del ATC 313/1996, se ordenaba asimismo se citara a las partes a comparecencia a fin de adoptar medidas no nucleares. Dicha comparecencia tuvo lugar el 12 de junio de 2013. f) Con fecha 12 de junio de 2013, el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid dictó nuevo Auto de «medidas provisionales no nucleares» en el que, atendiendo a la voluntad concorde de ambas partes, se dispone que no ha lugar a adoptar con carácter provisional medida alguna no nuclear. 3. El Auto de 11 de abril de 2013 del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente, y de forma resumida, se indican. De entrada, el Magistrado-Juez repasa los antecedentes del caso y da cuenta motivada de su decisión de, una vez conclusos los autos, ### RESUMEN: El Tribunal Constitucional, avala la reforma laboral

Advertido error en el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 151, de 25 de junio de 2021, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 76283, en el artículo 1, apartado a), donde dice: «Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior a 10 kW…», debe decir: «Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW…».

Matices en una corrección de errores que afectan de forma directa: la norma original aplicaba la rebaja del IVA a quienes tuvieran contratadas potencias INFERIORES a 10 kW. Hoy se corrige: inferiores o IGUALES. Quienes tengan justo 10 podrán acceder.

Advertido error en el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 151, de 25 de junio de 2021, se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 76283, en el artículo 1, apartado a), donde dice: «Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior a 10 kW…», debe decir: «Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW…». ### RESUMEN: Matices en una corrección de errores que afectan de forma directa: la norma original aplicaba la rebaja del IVA a quienes tuvieran contratadas potencias INFERIORES a 10 kW. Hoy se corrige: inferiores o IGUALES. Quienes tengan justo 10 podrán acceder.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese, a petición propia, de don Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros como Director del Servicio Jurídico, agradeciéndole los servicios prestados. Madrid, 12 de junio de 2015.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

Dimite el director del servicio jurídico de la Agencia Tributaria Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese, a petición propia, de don Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros como Director del Servicio Jurídico, agradeciéndole los servicios prestados. Madrid, 12 de junio de 2015.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete. ### RESUMEN: Dimite el director del servicio jurídico de la Agencia Tributaria Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros

Mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se publicaron las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES). Igualmente, por Resolución de 20 de marzo, se publicó la Norma Técnica de Auditoría sobre «auditoría de un solo estado financiero», resultado de la adaptación de la NIA 805 para su aplicación en España (NIA-ES 805). La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ha modificado sustancialmente el contenido de la citada Directiva 2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del ejercicio efectivo de la auditoría de cuentas. Asimismo, el Reglamento (UE) número 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, ha venido a regular y exigir actuaciones específicas de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría de las cuentas anuales o estados financieros de entidades consideradas de interés público. Dichas disposiciones establecen nuevos y específicos requerimientos a los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría y emisión de los informes correspondientes en relación, entre otros aspectos, con el contenido del informe de auditoría y otras comunicaciones e informes adicionales a emitir. Se diferencian a este respecto los informes a emitir por el auditor en el caso de auditorías de entidades de interés público de los que corresponde emitir en relación con las entidades que no tienen tal consideración. La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), ha venido a trasponer e integrar en nuestro ordenamiento jurídico lo exigido por las citadas disposiciones comunitarias. Los nuevos requerimientos establecidos contienen, entre otras cuestiones, nuevas exigencias de información. Dichas disposiciones son exigibles a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. Por otra parte, junto con el proceso de reforma comunitario el IAASB ha finalizado el proceso de revisión de determinadas normas, fundamentalmente las que se encuentran relacionadas con el proceso de emisión y contenido del informe de auditoría de cuentas anuales y de comunicación con los órganos rectores de la entidad auditada. La revisión de estas normas supone un cambio relevante en el contenido del informe, afectando tanto a la estructura del propio informe como a la información que en éste debe recogerse. Las normas revisadas han sido las siguientes: 260, 570, 700, 705, 706 y 720. A dichas normas se les ha denominado por parte del IAASB Normas internacionales de auditoría (NIA) revisadas, viniendo a sustituir a las NIA correspondientes. Hay que reseñar la incorporación de una nueva NIA, la 701, sobre la inclusión en el informe de auditoría de cuentas anuales de información sobre las cuestiones clave de la auditoría realizada. En la revisión que aquí se acomete han resultado también modificaciones, en lo que aquí interesa, en las normas 510 y 805. En consecuencia, con el objeto de trasladar a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España (en concreto, las NIA-ES) las NIA revisadas por parte del IAASB e incorporar los nuevos requerimientos exigidos por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y por el Reglamento (UE) número 537/2014, se hace necesario proceder a la adaptación de las citadas NIA revisadas al marco jurídico nacional. Las nuevas NIA-ES que se publican vendrán a sustituir a las existentes hasta ahora a partir de su entrada en vigor, que corresponderá a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros de ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. La modificación de las NIA-ES se refiere, en síntesis, a diferentes aspectos del informe de auditoría de cuentas, tanto de su contenido como de su estructura, así como a las comunicaciones a realizar por los auditores de cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada o con las autoridades supervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de entidades de interés público. Así, el informe de auditoría tendrá una estructura y un orden diferentes. Figurará en primer lugar el párrafo de opinión, donde se incorpora una manifestación sobre la independencia del auditor; a continuación, el párrafo de fundamento de opinión, en el que se recogerán, en su caso, las salvedades detectadas, y después diferentes apartados o secciones referentes a: Cuestiones clave en la realización de la auditoría (según la nueva NIA-ES 701), en la que se recogerán, al menos los riesgos considerados más significativos en el desarrollo del trabajo de auditoría, siendo la descripción de estos últimos exigida para todos los informes de auditoría, incluidos los emitidos en relación con las cuentas de entidades que no sean de interés público, de acuerdo con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Al objeto de alcanzar el mayor valor informativo que se pretende, al describir tales cuestiones, los auditores deben recoger información específica a las concretas situaciones que concurran en la entidad auditada, evitando el uso de párrafos estándar o estereotipos. Incertidumbre material relacionada con el principio de empresa en funcionamiento de acuerdo con la NIA-ES 570 Revisada. «Otra información» que se presente acompañando a las cuentas anuales, donde se incluirá, de acuerdo con la NIA-ES 720, una referencia a la concordancia de dicha información con las cuentas anuales auditadas, y respecto al informe de gestión adicionalmente los pronunciamientos exigidos legalmente sobre dicho informe. Como «otra información» se entienden únicamente los estados o documentos que se presentan acompañando las cuentas anuales, pero limitados a los que se encuentran requeridos por disposiciones legales o reglamentarias. Así, sucede con el informe de gestión, respecto al cual, y en virtud de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, como consecuencia del cambio operado por la Directiva 2013/34/UE, la revisión y consiguiente obligación de informar va a alcanzar no sólo a la concordancia de dicho informe con las cuentas anuales, como hasta ahora, sino también a si dicho informe se ha elaborado conforme a lo exigido por la normativa de aplicación, debiendo pronunciarse en el informe de auditoría a este respecto sobre las incorrecciones materiales que hubiera detectado. Su tratamiento se recoge en la NIA-ES 720, a diferencia de la normativa actual que se incluía en la NIA-ES 700. Se resalta el cambio de ubicación de la manifestación que se hace en relación con el informe de gestión, antes ubicada al final del informe, bajo la sección de otros requerimientos exigidos legalmente. Se advierte que no se exige esta norma a cualquier tipo de información al respecto no exigida por la normativa a la que la entidad auditada se encuentre sujeta, pudiendo aplicarse de forma voluntaria en aquellas situaciones excepcionales en las que exista otra información que acompañe a las cuentas anuales por necesidades índole mercantil o financiero, tales como la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros regulados. Las responsabilidades respectivas de los administradores y de los auditores, cuyos apartados también se modifican. En el caso de la responsabilidad de los administradores como novedad se exige que, cuando la entidad auditada cuente con un órgano de supervisión del proceso de elaboración de la información financiera y que sea distinto del órgano que formule las cuentas anuales u otros estados financieros, como sucede con la Comisión de Auditoría en las entidades de interés público, deben identificarse ambos órganos sociales. Dicha distinción obliga a modificar el Glosario de términos, la referida a «Responsables del gobierno de la entidad», a fin de diferenciar ambos grupos responsables de la supervisión del proceso de elaboración y el de la formulación. En cuanto a la responsabilidad de los auditores de cuentas se amplía considerablemente la explicación a este respecto, y se permite por otra parte que la citada información pueda ir bien en el cuerpo del informe o en un anexo adjunto. Por otra parte, se mantiene el título del informe, que no se adapta al que figura en las NIAs, al corresponderse con el artículo 5 de la Ley de Auditoría de cuentas, que configura tal documento de naturaleza mercantil coadyuvando de mejor manera a su identificación frente a los usuarios y para su mejor delimitación frente a otros trabajos que pudieran realizar los auditores. Adicionalmente, los informes de auditoría sobre cuentas anuales de entidades de interés público deben incorporar, conforme a lo exigido por el artículo 10 del Reglamento (UE) número 537/2014, determinada información, adicional a la exigida para los informes de auditoría de entidades que no tienen tal consideración, relativa a diferentes aspectos, como: el período de contratación, los servicios prestados a la entidad auditada, así como la confirmación de la concordancia del informe adicional para la comisión de auditoría de la entidad y la opinión contenida en el informe de auditoría. Dicha información figurará en una sección específica del informe bajo la rúbrica «Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios». Además, los auditores de las entidades de interés público deberán remitir a la Comisión de Auditoría de estas entidades, u órgano que realice funciones equivalentes, un informe adicional en el que se recogerán diferentes aspectos del trabajo de auditoría desarrollado, de conformidad con lo exigido en el artículo 11 del RUE. La obligación de remisión de este informe adicional se contempla en la NIA-Es 260 «Comunicación con los responsables de Gobierno de la Entidad», sin perjuicio de las obligaciones de comunicación previstas en la citada norma. En cuanto a los ejemplos de informes que se incorporan en los anexos de las diferentes NIA-ES, se presentan adaptados a la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España. Su formato y terminología que deben seguir los auditores de cuentas, tienen la finalidad de conseguir la mayor uniformidad de redacción posible al objeto de facilitar la comprensión a los usuarios de dichos informes. No obstante, la terminología de los citados ejemplos de informe deberá adaptarse atendiendo al marco normativo de información financiera aplicable en España a la entidad auditada y a las circunstancias que concurran. El uso de títulos en las diferentes secciones y el orden de las secciones «Opinión» y «Fundamento de la opinión» deben respetarse en todo caso, pudiendo excepcionalmente modificarse el orden del resto de las secciones para así conseguir una mejor comprensión de la información por parte de los usuarios. En definitiva, la Resolución que ahora se aprueba recoge la adaptación de las NIA revisadas 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, así como la nueva 701. Asimismo, se incluye la modificación de la nota aclaratoria a una definición del Glosario de términos, la referida a «Responsables del gobierno de la entidad». A estos efectos, una vez efectuado el análisis por el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría. el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Economistas han presentado ante este Instituto las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las NIA para su aplicación en España, que se relacionan a continuación: NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, que se identifican como revisadas, y la nueva NIA-ES 701 para su tramitación y sometimiento a información pública, durante el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución, conforme a lo previsto en el artículo 2.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Por todo lo anterior, la Presidencia de este Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas, dispone lo siguiente: Primero. Publicación. Se someten a información pública las Normas Técnicas de Auditoría, adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría revisadas correspondientes a los números 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, la nueva Norma internacional de Auditoría 701 y la modificación del Glosario de términos, en la nota aclaratoria a la definición de «responsables del gobierno de la entidad». Se ordena, asimismo, su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y en la página de Internet de dicho Instituto www.icac.meh.es, así como la inserción del texto de la presente Resolución mediante la oportuna reseña en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. Segundo. Periodo de información pública. Durante el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» se podrán formular por escrito, ante este Instituto o ante cualquiera de las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando expuesto, a dichos efectos, el contenido de las referidas Normas Técnicas de Auditoría, en la sede y en la página de Internet del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas –calle Huertas, 26 de Madrid; www.icac.meh.es– y en la sede de las citadas corporaciones. Una vez transcurrido el plazo anterior, y consideradas las observaciones en su caso recibidas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación de la correspondiente resolución en su Boletín Oficial de las Normas Técnicas de Auditoría, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre. Tercero. Entrada en vigor. Las Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta Resolución serán de aplicación obligatoria, una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas referidos a cuentas anuales o estados financieros o un solo estado financiero correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016, así como a los estados financieros intermedios correspondientes a dichos ejercicios económicos. Cuarto. Disposición derogatoria. A partir del momento en que resulten de aplicación obligatoria las Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta Resolución quedará derogado el contenido anterior de estas Normas Técnicas de Auditoría. Asimismo, quedará derogado lo dispuesto en el resto de Normas Técnicas de Auditoría no modificadas expresamente en esta Resolución que resulte contradictorio con las Normas ahora aprobadas. En particular, en la aplicación de los modelos de informe de auditoría que figuran en otras NIA-ES distintas a las aprobadas en esta Resolución deberán utilizarse los modelos de informe ahora aprobados. Quinto. Criterios de interpretación de las Normas Técnicas de Auditoría. Los criterios de interpretación recogidos en el apartado cuarto de la Resolución de 15 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se publican las NIA-ES resultan igualmente de aplicación a estas Normas Técnicas de Auditoría. Adicionalmente a dichos criterios debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Las referencias que figuran en el contenido de la Resolución de 15 de octubre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se publican las NIA-ES o en las notas aclaratorias de cada una de las NIA-ES referentes al Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, deben entenderse realizadas a los artículos correspondientes de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 2 Las referencias que figuran en las diferentes NIA-ES a las NIA o NIA revisadas deben entenderse realizadas a las NIA-ES, que hayan sido adaptadas para su aplicación en España de conformidad con el artículo 6.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 3 El orden de las secciones «Opinión» y «Fundamento de la opinión» debe respetarse en todo caso. El orden del resto de las secciones también debe respetarse, salvo que, en circunstancias especiales, el auditor considere que una modificación en el mismo fuera necesaria en aras de una mejor comprensión de la información por parte de los usuarios. En estos casos, el auditor deberá dejar adecuadamente documentados en los papeles de trabajo los motivos de la modificación. También es obligatorio utilizar títulos específicos para los diferentes elementos del informe. Sexto. Normas Técnicas de Auditoría. En el anexo se incluyen las Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES) objeto de esta Resolución y la modificación en el Glosario de términos de la nota aclaratoria a la definición de «responsables del gobierno de la entidad». (El anexo se puede consultar en la sede y en la página de Internet del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas –calle Huertas, 26 de Madrid; www.meh.es– y en la sede de las Corporaciones representativas de auditores de cuentas, así como en el Boletín Oficial del citado Instituto.) Madrid, 15 de julio de 2016.–La Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ana María Martínez-Pina García.

Las auditorias de entidades de interés público contendrán un inciso sobre la independencia del auditor

Mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se publicaron las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES). Igualmente, por Resolución de 20 de marzo, se publicó la Norma Técnica de Auditoría sobre «auditoría de un solo estado financiero», resultado de la adaptación de la NIA 805 para su aplicación en España (NIA-ES 805). La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ha modificado sustancialmente el contenido de la citada Directiva 2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del ejercicio efectivo de la auditoría de cuentas. Asimismo, el Reglamento (UE) número 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, ha venido a regular y exigir actuaciones específicas de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría de las cuentas anuales o estados financieros de entidades consideradas de interés público. Dichas disposiciones establecen nuevos y específicos requerimientos a los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría y emisión de los informes correspondientes en relación, entre otros aspectos, con el contenido del informe de auditoría y otras comunicaciones e informes adicionales a emitir. Se diferencian a este respecto los informes a emitir por el auditor en el caso de auditorías de entidades de interés público de los que corresponde emitir en relación con las entidades que no tienen tal consideración. La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), ha venido a trasponer e integrar en nuestro ordenamiento jurídico lo exigido por las citadas disposiciones comunitarias. Los nuevos requerimientos establecidos contienen, entre otras cuestiones, nuevas exigencias de información. Dichas disposiciones son exigibles a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. Por otra parte, junto con el proceso de reforma comunitario el IAASB ha finalizado el proceso de revisión de determinadas normas, fundamentalmente las que se encuentran relacionadas con el proceso de emisión y contenido del informe de auditoría de cuentas anuales y de comunicación con los órganos rectores de la entidad auditada. La revisión de estas normas supone un cambio relevante en el contenido del informe, afectando tanto a la estructura del propio informe como a la información que en éste debe recogerse. Las normas revisadas han sido las siguientes: 260, 570, 700, 705, 706 y 720. A dichas normas se les ha denominado por parte del IAASB Normas internacionales de auditoría (NIA) revisadas, viniendo a sustituir a las NIA correspondientes. Hay que reseñar la incorporación de una nueva NIA, la 701, sobre la inclusión en el informe de auditoría de cuentas anuales de información sobre las cuestiones clave de la auditoría realizada. En la revisión que aquí se acomete han resultado también modificaciones, en lo que aquí interesa, en las normas 510 y 805. En consecuencia, con el objeto de trasladar a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España (en concreto, las NIA-ES) las NIA revisadas por parte del IAASB e incorporar los nuevos requerimientos exigidos por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y por el Reglamento (UE) número 537/2014, se hace necesario proceder a la adaptación de las citadas NIA revisadas al marco jurídico nacional. Las nuevas NIA-ES que se publican vendrán a sustituir a las existentes hasta ahora a partir de su entrada en vigor, que corresponderá a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros de ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. La modificación de las NIA-ES se refiere, en síntesis, a diferentes aspectos del informe de auditoría de cuentas, tanto de su contenido como de su estructura, así como a las comunicaciones a realizar por los auditores de cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada o con las autoridades supervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de entidades de interés público. Así, el informe de auditoría tendrá una estructura y un orden diferentes. Figurará en primer lugar el párrafo de opinión, donde se incorpora una manifestación sobre la independencia del auditor; a continuación, el párrafo de fundamento de opinión, en el que se recogerán, en su caso, las salvedades detectadas, y después diferentes apartados o secciones referentes a: Cuestiones clave en la realización de la auditoría (según la nueva NIA-ES 701), en la que se recogerán, al menos los riesgos considerados más significativos en el desarrollo del trabajo de auditoría, siendo la descripción de estos últimos exigida para todos los informes de auditoría, incluidos los emitidos en relación con las cuentas de entidades que no sean de interés público, de acuerdo con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Al objeto de alcanzar el mayor valor informativo que se pretende, al describir tales cuestiones, los auditores deben recoger información específica a las concretas situaciones que concurran en la entidad auditada, evitando el uso de párrafos estándar o estereotipos. Incertidumbre material relacionada con el principio de empresa en funcionamiento de acuerdo con la NIA-ES 570 Revisada. «Otra información» que se presente acompañando a las cuentas anuales, donde se incluirá, de acuerdo con la NIA-ES 720, una referencia a la concordancia de dicha información con las cuentas anuales auditadas, y respecto al informe de gestión adicionalmente los pronunciamientos exigidos legalmente sobre dicho informe. Como «otra información» se entienden únicamente los estados o documentos que se presentan acompañando las cuentas anuales, pero limitados a los ### RESUMEN: Las auditorias de entidades de interés público contendrán un inciso sobre la independencia del auditor

Por la Procuradora D.ª M.ª Yolanda Jiménez Alonso en nombre y representación de Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, y que figura registrado con el número 1/96/13. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 29 de abril de 2013.- La Secretaria Judicial.

Recurso de los colegios de veterinarios contra el Real Decreto de experimentación con animales

Por la Procuradora D.ª M.ª Yolanda Jiménez Alonso en nombre y representación de Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, y que figura registrado con el número 1/96/13. Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada. Madrid, 29 de abril de 2013.- La Secretaria Judicial. ### RESUMEN: Recurso de los colegios de veterinarios contra el Real Decreto de experimentación con animales

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de gestión Tic. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. 2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. 4) Teléfono: 935574000. 5) Telefax: 935574025. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&. d) Número de expediente: CTTI/2013/60. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo especial de servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC). d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 2) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del servicio será de 4 años. f) Admisión de prórroga: Sí. Se podrá prorrogar hasta 2 años más. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0 Mantenimiento de sofware de tecnología de la información. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. d) Criterios de adjudicación: A)Oferta económica (hasta 44 puntos); b) Plan de descuentos (hasta 4p); c) Mejoras en el plan de renovación de los contenidos (hasta 4p); d) Mejoras en el horario de atención (hasta 2p); e) Mejoras en la calidad del servicio (hasta 6p); f) Propuesta técnica (hasta 18p); g) Plan de negocio del servicio (hasta 10p) y h) Otras mejoras (hasta 12p). 4. Valor estimado del contrato: 1.449.153,72 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 966.102,48 euros. Importe total: 1.168.984,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es preceptiva esta exigencia dado que el presente contrato es administrativo especial. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: A) Los fondos própios de la compañia tienen que superar el 20% del presupuesto máximo de licitación. No se aceptaran licitadores con cuentas con fondos própios negativos o préstamos participativos; b) Cifra de negocios mínima anual de 250.000,00 euros en los últimos tres ejercicios (2010, 2011 y 2012); c) Realización de tres de los principales trabajos en los últimos tres años que tengan como finalidad la prestación de servicios con plataformas de e-learning. Alternativamente, las empresas cumpliran la solvencia económica y financiera y técnica y profesional mediante la clasificación empresarial vigente en los siguientes grupos, subgrupos y categorias: V, 2, B; V, 5, B y V, 8, B. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2014, a las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. 4) Dirección electrónica: [email protected]. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Obertura de sobre B, documentación técnica. b) Dirección: C/ Salvador Espriu, 45-51. c) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. d) Fecha y hora: 17 de enero de 2014, a las 12:00 h. 10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 11 de noviembre de 2013. L'Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 2013.- El Director de Servicios Corporativos.

Licitación para el servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) por importe total de 1.168.984,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. b) Dependencia que tramita el expediente: Área de gestión Tic. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya. 2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. 4) Teléfono: 935574000. 5) Telefax: 935574025. 6) Correo electrónico: [email protected]. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000&. d) Número de expediente: CTTI/2013/60. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo especial de servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC). d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 2) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. e) Plazo de ejecución/entrega: La duración del servicio será de 4 años. f) Admisión de prórroga: Sí. Se podrá prorrogar hasta 2 años más. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72267100-0 Mantenimiento de sofware de tecnología de la información. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto armonizado. d) Criterios de adjudicación: A)Oferta económica (hasta 44 puntos); b) Plan de descuentos (hasta 4p); c) Mejoras en el plan de renovación de los contenidos (hasta 4p); d) Mejoras en el horario de atención (hasta 2p); e) Mejoras en la calidad del servicio (hasta 6p); f) Propuesta técnica (hasta 18p); g) Plan de negocio del servicio (hasta 10p) y h) Otras mejoras (hasta 12p). 4. Valor estimado del contrato: 1.449.153,72 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 966.102,48 euros. Importe total: 1.168.984,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido). 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es preceptiva esta exigencia dado que el presente contrato es administrativo especial. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: A) Los fondos própios de la compañia tienen que superar el 20% del presupuesto máximo de licitación. No se aceptaran licitadores con cuentas con fondos própios negativos o préstamos participativos; b) Cifra de negocios mínima anual de 250.000,00 euros en los últimos tres ejercicios (2010, 2011 y 2012); c) Realización de tres de los principales trabajos en los últimos tres años que tengan como finalidad la prestación de servicios con plataformas de e-learning. Alternativamente, las empresas cumpliran la solvencia económica y financiera y técnica y profesional mediante la clasificación empresarial vigente en los siguientes grupos, subgrupos y categorias: V, 2, B; V, 5, B y V, 8, B. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2014, a las 12:00 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña. 2) Domicilio: C/ Salvador Espriu, 45-51. 3) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. 4) Dirección electrónica: [email protected]. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Obertura de sobre B, documentación técnica. b) Dirección: C/ Salvador Espriu, 45-51. c) Localidad y código postal: L'Hospitalet de Llobregat 08908. d) Fecha y hora: 17 de enero de 2014, a las 12:00 h. 10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 11 de noviembre de 2013. L'Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 2013.- El Director de Servicios Corporativos. ### RESUMEN: Licitación para el servicio de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) por importe total de 1.168.984,00 euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 649-2017, promovido por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado, contra los apartados uno, tres, cuatro, cinco y siete del artículo único y contra la Disposición transitoria única de la Ley Valenciana 10/2016, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley Valenciana 9/2010, de 7 de julio, de Designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunidad Valenciana. Madrid, 28 de febrero de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional admite el recurso del Grupo Parlamentario Popular del Senado contra la ley valenciana 10/2016, que permite revocar senadores.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de febrero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 649-2017, promovido por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular del Senado, contra los apartados uno, tres, cuatro, cinco y siete del artículo único y contra la Disposición transitoria única de la Ley Valenciana 10/2016, de 28 de octubre, por la que se modifica la Ley Valenciana 9/2010, de 7 de julio, de Designación de Senadores o Senadoras en representación de la Comunidad Valenciana. Madrid, 28 de febrero de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional admite el recurso del Grupo Parlamentario Popular del Senado contra la ley valenciana 10/2016, que permite revocar senadores.

El artículo 36 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, dispuso la existencia de un Registro de fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. De forma complementaria, la disposición adicional primera del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, señala que el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se regirá por su normativa específica y la disposición transitoria cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, prevé que en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones, subsistirán los Registros de fundaciones actualmente existentes, declaración que en términos similares reitera la disposición transitoria única del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. Por otro lado mediante el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, se permite la puesta en funcionamiento de dicho registro, al desarrollar sus funciones, su estructura, su funcionamiento y efectos, de acuerdo con las líneas maestras enunciadas en el capítulo VIII de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. Junto a todo lo anterior, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, antes citado, también aborda el régimen de las cargas duraderas, el régimen de las actuaciones anteriores a la entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal y adscribe dicho registro a la Dirección General de los Registros y del Notariado, disponiendo que radicará en Madrid y tendrá carácter único para todo el territorio del Estado. Por último, la disposición final segunda de dicho real decreto, regula la facultad de desarrollo, disponiendo en su apartado 2 que la fecha de entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se dispondrá mediante orden conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Justicia. Asimismo, se refiere, en su apartado 4 a que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones procederá a la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Justicia derivada de lo dispuesto en el presente real decreto. Por su parte, cabe señalar que el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales establece en su artículo 9 que corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado la llevanza del Registro de Fundaciones. A pesar de las previsiones normativas citadas, el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal no ha entrado en funcionamiento hasta el momento. En este contexto, el Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país. Este informe preveía entre sus medidas, la implantación efectiva del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición final segunda del citado Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, y el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dicta la presente orden ministerial. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. El objeto de esta orden ministerial es establecer la fecha de entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. Artículo 2. Entrada en funcionamiento. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal entrará en funcionamiento a la fecha de entrada en vigor de la presente orden ministerial. Artículo 3. Dependencia orgánica. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y estará adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Artículo 4. Sede. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se ubicará en la sede de la Dirección General de los Registros y del Notariado, situada en la plaza de Jacinto Benavente, número 3, en Madrid. Disposición adicional primera. No incremento de gasto público. Las medidas contenidas en esta orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes que hasta el momento realizaban tareas de registro de fundaciones de competencia estatal en los departamentos ministeriales, y que se incorporarán al Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo contemplado en la disposición final segunda del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. En ningún caso podrán generar incremento de gasto público. Disposición adicional segunda. Extinción de los registros ministeriales existentes. En virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, los registros ministeriales de fundaciones actualmente existentes quedarán extinguidos a partir de la entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. Disposición derogatoria. Derogación de normas de igual o menor rango. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden. Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias y de las relaciones de puestos de trabajo. Conforme a la normativa y procedimientos vigentes se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias y de las relaciones de puestos de trabajo que procedan para el cumplimiento de lo previsto en esta orden ministerial. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» Madrid, 26 de noviembre de 2015.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Mañana entra en vigor el registro de fundaciones estatales único. Los de los ministerios, extinguidos también mañana

El artículo 36 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, dispuso la existencia de un Registro de fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma. De forma complementaria, la disposición adicional primera del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, señala que el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se regirá por su normativa específica y la disposición transitoria cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, prevé que en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones, subsistirán los Registros de fundaciones actualmente existentes, declaración que en términos similares reitera la disposición transitoria única del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. Por otro lado mediante el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, se permite la puesta en funcionamiento de dicho registro, al desarrollar sus funciones, su estructura, su funcionamiento y efectos, de acuerdo con las líneas maestras enunciadas en el capítulo VIII de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre. Junto a todo lo anterior, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, antes citado, también aborda el régimen de las cargas duraderas, el régimen de las actuaciones anteriores a la entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal y adscribe dicho registro a la Dirección General de los Registros y del Notariado, disponiendo que radicará en Madrid y tendrá carácter único para todo el territorio del Estado. Por último, la disposición final segunda de dicho real decreto, regula la facultad de desarrollo, disponiendo en su apartado 2 que la fecha de entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se dispondrá mediante orden conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Justicia. Asimismo, se refiere, en su apartado 4 a que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones procederá a la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ministerio de Justicia derivada de lo dispuesto en el presente real decreto. Por su parte, cabe señalar que el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales establece en su artículo 9 que corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado la llevanza del Registro de Fundaciones. A pesar de las previsiones normativas citadas, el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal no ha entrado en funcionamiento hasta el momento. En este contexto, el Consejo de Ministros acordó el 26 de octubre de 2012 la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país. Este informe preveía entre sus medidas, la implantación efectiva del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición final segunda del citado Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, y el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dicta la presente orden ministerial. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dispongo: Artículo 1. Objeto. El objeto de esta orden ministerial es establecer la fecha de entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. Artículo 2. Entrada en funcionamiento. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal entrará en funcionamiento a la fecha de entrada en vigor de la presente orden ministerial. Artículo 3. Dependencia orgánica. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y estará adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Artículo 4. Sede. El Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se ubicará en la sede de la Dirección General de los Registros y del Notariado, situada en la plaza de Jacinto Benavente, número 3, en Madrid. Disposición adicional primera. No incremento de gasto público. Las medidas contenidas en esta orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes que hasta el momento realizaban tareas de registro de fundaciones de competencia estatal en los departamentos ministeriales, y que se incorporarán al Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo contemplado en la disposición final segunda del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. En ningún caso podrán generar incremento de gasto público. Disposición adicional segunda. Extinción de los registros ministeriales existentes. En virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, los registros ministeriales de fundaciones actualmente existentes quedarán extinguidos a partir de la entrada en funcionamiento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. Disposición derogatoria. Derogación de normas de igual o menor rango. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden. Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias y de las relaciones de puestos de trabajo. Conforme a la normativa y procedimientos vigentes se llevarán a cabo las modificaciones presupuestarias y de las relaciones de puestos de trabajo que procedan para el cumplimiento de lo previsto en esta orden ministerial. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» Madrid ### RESUMEN: Mañana entra en vigor el registro de fundaciones estatales único. Los de los ministerios, extinguidos también mañana

Mediante Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación («Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre), se aprobó la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Esta convocatoria incluye ayudas a tres modalidades de actuación: Modalidad 1: «Proyectos de I+D de Excelencia», modalidad 2: «Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología», y modalidad 3: «Proyectos Europa Excelencia». Además, mediante Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación («Boletín Oficial del Estado» número 192, de 8 de agosto), se aprobó la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Esta convocatoria incluye ayudas a tres modalidades de actuación: Modalidad 1: «Proyectos de I+D de Excelencia», modalidad 2: «Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología», y modalidad 3: «Acciones de dinamización Redes de Excelencia». Las dos convocatorias citadas se dictaron al amparo de la Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas de varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Por esta Secretaría de Estado se han detectado algunas dudas y dificultades en el proceso de ejecución de las ayudas contenidas en estas convocatorias, lo que hace preciso introducir algunas modificaciones en las mismas. Estas modificaciones afectan fundamentalmente al régimen de gastos subvencionables. El Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en su artículo 1 determina que a este Departamento le corresponden la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. El Ministerio de Economía y Competitividad asume el objetivo de consolidar un marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación según se recoge en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La citada Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, en su artículo 16.1 faculta a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para aprobar las citadas convocatorias. En virtud de todo lo expuesto, se resuelve: Artículo 1. Modificación de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El artículo 20.7.e) de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, queda redactado de la siguiente forma: «e) Gastos de viajes y dietas, inscripción y asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores (de una duración máxima de tres meses), tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico-técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. En el caso de indemnización por uso de vehículo particular se cumplirá lo previsto en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre. Sin perjuicio de los gastos de manutención que puedan corresponder con cargo al concepto de viajes y dietas, no serán elegibles gastos de comidas de trabajo y atenciones de carácter protocolario. Se podrán imputar gastos por compensaciones del personal de investigación (incluyendo los sujetos experimentales) no vinculado a las entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención siempre que no contravenga el régimen retributivo de dicho personal.» Artículo 2. Modificación de la Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El artículo 20.6.e) de la Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, queda redactado de la siguiente forma: «e) Gastos de viajes y dietas, inscripción y asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores (de una duración máxima de tres meses), tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico-técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. En el caso de indemnización por uso de vehículo particular se cumplirá lo previsto en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre. Sin perjuicio de los gastos de manutención que puedan corresponder con cargo al concepto de viajes y dietas, no serán elegibles gastos de comidas de trabajo y atenciones de carácter protocolario. Se podrán imputar gastos por compensaciones del personal de investigación (incluyendo los sujetos experimentales) no vinculado a las entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención siempre que no contravenga el régimen retributivo de dicho personal.» Disposición final única. Efectos. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando las modificaciones contenidas en esta resolución afecten a actuaciones que hubiesen iniciado su ejecución con anterioridad a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se aplicarán a todo su periodo de vigencia. Madrid, 7 de julio de 2015.–La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo.

Modifican convocatorias de ayudas I+D de 2013 por "dudas y dificultades" Y aprovechan para excluir comidas de trabajo

Mediante Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación («Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre), se aprobó la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Esta convocatoria incluye ayudas a tres modalidades de actuación: Modalidad 1: «Proyectos de I+D de Excelencia», modalidad 2: «Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología», y modalidad 3: «Proyectos Europa Excelencia». Además, mediante Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación («Boletín Oficial del Estado» número 192, de 8 de agosto), se aprobó la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Esta convocatoria incluye ayudas a tres modalidades de actuación: Modalidad 1: «Proyectos de I+D de Excelencia», modalidad 2: «Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología», y modalidad 3: «Acciones de dinamización Redes de Excelencia». Las dos convocatorias citadas se dictaron al amparo de la Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas de varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Por esta Secretaría de Estado se han detectado algunas dudas y dificultades en el proceso de ejecución de las ayudas contenidas en estas convocatorias, lo que hace preciso introducir algunas modificaciones en las mismas. Estas modificaciones afectan fundamentalmente al régimen de gastos subvencionables. El Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en su artículo 1 determina que a este Departamento le corresponden la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores. El Ministerio de Economía y Competitividad asume el objetivo de consolidar un marco para el fomento de la investigación científica y técnica y sus instrumentos de coordinación general con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación según se recoge en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La citada Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, en su artículo 16.1 faculta a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para aprobar las citadas convocatorias. En virtud de todo lo expuesto, se resuelve: Artículo 1. Modificación de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. El artículo 20.7.e) de la Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, queda redactado de la siguiente forma: «e) Gastos de viajes y dietas, inscripción y asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves de investigadores (de una duración máxima de tres meses), tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Se podrán justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme parte del equipo de trabajo y que se cite en la memoria de la solicitud o aquel cuya participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico-técnico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. En el caso de indemnización por uso de vehículo particular se cumplirá lo previsto en la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre. Sin perjuicio de los gastos de manutención que puedan corresponder con cargo al concepto de viajes y dietas, no serán elegibles gastos de comidas de trabajo y atenciones de carácter protocolario. Se podrán imputar gastos por compensaciones del personal de investigación (incluyendo los sujetos experimentales) no vinculado a las entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las actuaciones objeto de subvención siempre que no contravenga el régimen retributivo de dicho personal.» Artículo 2. Modificación de la Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de ayudas correspondient ### RESUMEN: Modifican convocatorias de ayudas I+D de 2013 por "dudas y dificultades" Y aprovechan para excluir comidas de trabajo

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación para la Creación e Investigación en Comic. El Arte de Volar. Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la fundación. La fundación citada fue constituida por don Julio Andrés Gracia Lana, don Sergio García Sánchez, don Luis Martínez Guereño, don Antonio Guiral Conti y don Antonio José Altarriba Ordoñez según resulta de la escritura otorgada ante el notario de Zaragoza don Fernando Usón Valero el 18 de febrero de 2021 con el número 365 de protocolo subsanada por otra otorgada ante el mismo notario el 7 de julio de 2021 protocolo 1608. Segundo. Domicilio y ámbito de la fundación. El domicilio de la fundación quedó establecido en la calle Angulema 12, 1.º B, 01004 Vitoria-Gasteiz y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España. Tercero. Dotación. Dotación inicial: treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y ha sido totalmente desembolsada según se acredita con la certificación bancaria. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la fundación. Potenciar y apoyar la creación en el ámbito del comic, así como la ilustración, el arte gráfico, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, el teatro, la arquitectura y todos los ámbitos creativos que tienen que ver con la imagen fija, en movimiento y la producción cultural. Servir como sostén a la investigación académica e independiente en el ámbito cultural y científico, desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. Referida tanto al comic como a cualquier campo de conocimiento. Constituirse como un actor relevante en el panorama nacional e internacional de la cultura, secundando actividades que puedan resultar de interés para el mismo. Quinto. Patronato. Don Julio Andrés Gracia Lana, don Sergio García Sánchez, don Luis Martínez Guereño, don Antonio Guiral Conti y don Antonio José Altarriba Ordoñez. Cargos: Presidente: Don Antonio José Altarriba Ordoñez. Vicepresidente: Don Julio Andrés Gracia Lana. Secretaria no patrono: Doña Cristina Hombrados Laguarta. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de Derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes. El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de Competencia Estatal. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable del protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 2 de mayo de 2021. Tercero. Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Creación e Investigación en Comic. El Arte de Volar. Patronato y cargos dentro del mismo. Madrid, 31 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.

Creación de la fundación sobre cómic El arte de volar.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación para la Creación e Investigación en Comic. El Arte de Volar. Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la fundación. La fundación citada fue constituida por don Julio Andrés Gracia Lana, don Sergio García Sánchez, don Luis Martínez Guereño, don Antonio Guiral Conti y don Antonio José Altarriba Ordoñez según resulta de la escritura otorgada ante el notario de Zaragoza don Fernando Usón Valero el 18 de febrero de 2021 con el número 365 de protocolo subsanada por otra otorgada ante el mismo notario el 7 de julio de 2021 protocolo 1608. Segundo. Domicilio y ámbito de la fundación. El domicilio de la fundación quedó establecido en la calle Angulema 12, 1.º B, 01004 Vitoria-Gasteiz y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España. Tercero. Dotación. Dotación inicial: treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y ha sido totalmente desembolsada según se acredita con la certificación bancaria. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la fundación. Potenciar y apoyar la creación en el ámbito del comic, así como la ilustración, el arte gráfico, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, el teatro, la arquitectura y todos los ámbitos creativos que tienen que ver con la imagen fija, en movimiento y la producción cultural. Servir como sostén a la investigación académica e independiente en el ámbito cultural y científico, desde una perspectiva amplia y multidisciplinar. Referida tanto al comic como a cualquier campo de conocimiento. Constituirse como un actor relevante en el panorama nacional e internacional de la cultura, secundando actividades que puedan resultar de interés para el mismo. Quinto. Patronato. Don Julio Andrés Gracia Lana, don Sergio García Sánchez, don Luis Martínez Guereño, don Antonio Guiral Conti y don Antonio José Altarriba Ordoñez. Cargos: Presidente: Don Antonio José Altarriba Ordoñez. Vicepresidente: Don Julio Andrés Gracia Lana. Secretaria no patrono: Doña Cristina Hombrados Laguarta. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos de Derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes. El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de Competencia Estatal. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable del protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 2 de mayo de 2021. Tercero. Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Creación e Investigación en Comic. El Arte de Volar. Patronato y cargos dentro del mismo. Madrid, 31 de enero de 2022.–La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago. ### RESUMEN: Creación de la fundación sobre cómic El arte de volar.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca. A su vez, la evolución de los comportamientos fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permiten una reforma con perspectiva suficiente como para colocar a nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude. Tales objetivos se persiguen con una batería de medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos de fraude detectados como origen de importantes detracciones de ingresos públicos, pero también con otras medidas que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario y evitar litigios innecesarios. Un sistema más coherente técnicamente y más predecible contribuye a lograr una mayor eficacia y una menor litigiosidad, lo que, a su vez, permite liberar recursos para alcanzar un mayor control de las potenciales defraudaciones. Por último, merece destacarse una serie de medidas que se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y con una clara vocación en la lucha contra el fraude, entre ellas la posibilidad de adopción de medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial a las mismas asociada, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. II La actuación en fraude de la Hacienda Pública consistente en repartir el patrimonio existente, una vez nacida la deuda, a los socios a través de operaciones de preliquidación, para dejar paso a una liquidación formal con una cuota insignificante, cuando no inexistente, hace aconsejable incrementar a estos efectos el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad. A tal fin se regula expresamente el alcance del límite de la responsabilidad de dicho socio en la deuda tributaria de las personas jurídicas o entidades disueltas o liquidadas que limitan la responsabilidad patrimonial de los socios, tanto en la sucesión de la deuda tributaria como de las sanciones, en su caso. Asimismo, procede modificar el sistema de sucesión de las entidades con personalidad jurídica, para dar cobertura jurídica en la Ley a la sucesión de entidades jurídico-públicas, en las que también se produce la subrogación mercantil tradicional. Con ese propósito, se incluyen de forma explícita como susceptibles de sucesión tributaria toda clase de sociedades y entidades con personalidad jurídica que tuvieran la condición de sucesoras y beneficiarias. Por otra parte, la reforma pretende aclarar las implicaciones derivadas de la naturaleza jurídica del responsable tributario, que no debe ser identificado con un sujeto infractor, sino como obligado tributario en sentido estricto, aun cuando responda también de las sanciones tributarias impuestas a dicho sujeto infractor. Entre las modificaciones que pretenden significar tal situación jurídica, dentro del régimen jurídico sancionador se establece un sistema de reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago. En relación con la reducción de conformidad, en caso de concurrencia de una situación de responsabilidad respecto de la sanción, se modifica la norma para ofrecer la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de deuda derivada procedente de una sanción en sede del deudor principal y beneficiarse de la reducción legal por conformidad. Asimismo, se reconoce al responsable la eventual reducción por pronto pago de su propia deuda. Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores de aquellas empresas que carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, realizan una actividad recurrente y sistemática de presentación de autoliquidaciones formalmente pero sin ingreso por determinados conceptos tributarios con ánimo defraudatorio. Se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público como consecuencia de la simple solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Se mejora la redacción de la norma en la determinación del dies a quo del inicio del cómputo de los plazos de prescripción en aquellos supuestos de responsabilidad solidaria en que el hecho habilitante para apreciar la misma concurra con posterioridad al día siguiente a la finalización del periodo voluntario del deudor principal. Además, se clarifica el régimen jurídico que regula la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación respecto de determinadas obligaciones tributarias cuando la acción de la Administración se dirija originariamente respecto de otra obligación tributaria distinta como consecuencia de la presentación de una declaración incorrecta por parte del obligado tributario. Por otro lado, se modifica el momento en que se reinicia el plazo de prescripción interrumpido por la declaración de concurso para que coincida con el momento en que la Administración recupera sus facultades de autotutela ejecutiva, introduciendo una mejora estrictamente técnica para dotar de seguridad jurídica a las relaciones de la Hacienda Pública con los deudores concursados. Asimismo, se aclaran los efectos de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales, explicitando que los efectos de dicha suspensión se extienden a todos los obligados tributarios. Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento cuando se estime, en su caso, la concurrencia de los presupuestos establecidos en el propio precepto. Por otra parte, y dado que la práctica y el análisis de los resultados ponen de manifiesto que es preciso adoptar medidas que permitan facilitar al Juez el ejercicio de su función jurisdiccional, permitiéndole tomar decisiones en el ámbito de las medidas cautelares sobre la base de un trabajo previo de investigación acompañado de una valoración de los órganos de la Agencia Tributaria de por qué se dan las circunstancias que, a su juicio, determinan la conveniencia de adoptar una medida cautelar, se modifica la norma en tal sentido, con la finalidad de avanzar en la lucha contra el fraude más agravado, planteando, en primer lugar, la modificación de las medidas cautelares en expedientes por delito fiscal, considerando su carácter de medidas excepcionales y provisionales que solo pretenden someter de forma lo más inmediata posible a la decisión jurisdiccional el bloqueo de un patrimonio cuya disponibilidad, a resultas del proceso penal, resulta cuestionada en virtud de los hechos acreditados que permiten la adopción de la medida cautelar administrativa, debiendo resaltarse que la posibilidad de adoptar medidas cautelares también se extiende a otros supuestos en los que la investigación judicial no tenga su origen en actuaciones de comprobación e investigación desarrollados por la Administración Tributaria. La modificación se complementa, para dotar de mayor seguridad jurídica a la actuación de la Hacienda Pública, con un mandato legal a la Agencia Tributaria para la investigación patrimonial de los sujetos afectados o relacionados con un proceso por delito contra la Hacienda Pública. Además, para combatir determinadas conductas fraudulentas en sede recaudatoria consistentes en la despatrimonialización de una sociedad, se establece la prohibición de disposición de los bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hubiesen sido objeto de embargo y se ejerciese por el titular de las mismas, deudor de la Hacienda Pública, el control efectivo de la mercantil en cuestión. Se modifica el régimen jurídico del embargo de los bienes y derechos en entidades de crédito y depósito para incrementar la efectividad y seguridad jurídica de los mismos. A estos efectos, la extensión del embargo a otros bienes o derechos no identificados en la diligencia de embargo podrá extenderse al resto de bienes y derechos obrantes en la persona o entidad y no solo de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo. En concordancia con ello, por limitaciones de jurisdicción territorial de la Administración tributaria actuante, se establece dicho ámbito como límite de la extensión. Cuando un obligado tributario incumple con la obligación de presentación telemática dificulta notablemente a la Administración el tratamiento de la información y la generación, en su caso, de las correspondientes deudas. Sin embargo, no está tipificado supuesto específico alguno de infracción tributaria que penalice su comportamiento frente al contribuyente que se atiene a tal obligación. Por ello, se considera necesario crear un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas sin atenerse a las obligaciones de presentación telemática, que llevará aparejada sanciones fijas en el supuesto de autoliquidaciones y sanciones variables en función del número de datos en el supuesto de declaraciones informativas. A la vista de la experiencia acumulada en relación con la aplicación de la infracción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, se considera oportuna su modificación para evitar diversos problemas detectados así como mejorar su efecto disuasorio e impedir que estos defectos permitan dilatar los procedimientos. Para favorecer la operatividad de las sanciones no pecuniarias, se modifica el plazo para iniciar los procedimientos sancionadores para la imposición de estas sanciones. Así, se pasan a contar los tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificado el acto de imposición de sanción pecuniaria con la que está ligada la eventual imposición de la sanción no pecuniaria. Se clarifica el sistema de suspensión y devengo de intereses de demora en el caso de recurso o reclamación contra los acuerdos de derivación de responsabilidad. Así, con carácter general, si la sanción es recurrida tanto por el deudor principal como por el responsable la ejecución de la sanción será suspendida y dejarán de devengarse intereses de demora por el periodo de tiempo transcurrido hasta la finalización del periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Sin embargo, en los supuestos de responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se aplicarán las citadas medidas de suspensión de ejecución y no devengo de intereses, habida cuenta del presupuesto de derecho de dicha responsabilidad. Se modifica el importe de la garantía que es necesario depositar para la suspensión de la ejecución del acto impugnado a través del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa, a fin de que el importe de la misma cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles en el momento de ejecución de la garantía del crédito público. La globalización de la actividad económica en general, y la financiera en particular, así como la libertad en la circulación de capitales, junto con la reproducción de conductas fraudulentas que aprovechan dichas circunstancias, hacen aconsejable el establecimiento de una obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. De esta forma, a través de una disposición adicional que se incorpora a la Ley General Tributaria, se establece dicha obligación de información, así como la habilitación reglamentaria para su desarrollo. La obligación se completa con el establecimiento en dicha disposición del régimen sancionador en caso de incumplimiento de la obligación. Por otra parte, a fin de conseguir una mejor protección del crédito público, con independencia de su carácter tributario o de otra índole, se extiende la responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la generalidad de los créditos públicos mediante la consiguiente modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. III En conexión con lo apuntado más arriba en relación con la globalización de la actividad económica y la necesidad de obtener información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y como complemento necesario de la misma, se introduce una modificación de las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para regular la incidencia que en el ámbito de las ganancias de patrimonio no justificadas y de la presunción de obtención de rentas, respectivamente, pueda tener la no presentación en plazo de tal obligación de información, introduciéndose, además, una infracción específica, con un agravamiento de las sanciones, para estos casos en los que los obligados tributarios no consignaron en sus autoliquidaciones las rentas que son objeto de regularización como ganancias patrimoniales no justificadas o presuntamente obtenidas. Adicionalmente, se establecen nuevos supuestos de exclusión del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuya virtud quedarán excluidos de dicho método, y, por tanto, también del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, los contribuyentes que realicen determinadas actividades y el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior correspondiente a las mismas procedentes de obligados a practicar retención o ingreso a cuenta supere una determinada cuantía. IV La experiencia de las campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el servicio de borrador de declaración y la satisfactoria acogida del servicio de obtención por Internet a través de un SMS, hace aconsejable modificar la normativa reguladora de aquel para actualizar el perfil del contribuyente destinatario del borrador de la declaración. En concreto, se deslegaliza la delimitación del perfil de borrador, de modo que la Orden ministerial anual de dicha campaña pueda ir adaptando aquel a las modificaciones normativas, de gestión del servicio, etc., posibilitando un mayor grado de flexibilidad que permita extender progresivamente este servicio a un mayor número de contribuyentes sin necesidad de proceder para ello a continuas modificaciones de la norma legal reguladora del Impuesto. V En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido se incorpora una serie de modificaciones en la Ley del Impuesto con el fin de evitar comportamientos fraudulentos, en especial en las operaciones de entregas de inmuebles y en situaciones en las que se ha producido una declaración de concurso. En primer lugar, se establecen dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en los citados casos de entregas de inmuebles. Por una parte, cuando se renuncie a la exención, y, en segundo término, cuando la entrega de los bienes inmuebles se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos, supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de dación del inmueble en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada. Estos supuestos de inversión del sujeto pasivo se ajustan a lo establecido en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Con ello se pretende evitar el perjuicio que se produce a la Hacienda Pública cuando el IVA no se ingresa en el Tesoro y, a continuación, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la entidad transmitente. El daño a la Hacienda Pública es doble, pues el IVA no ingresado es deducido por el adquirente. Con el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo se garantiza el ingreso del IVA en la Hacienda Pública. En segundo término, la situación de concurso del obligado tributario requiere de un tratamiento particular en el Impuesto con la finalidad de facilitar su gestión e impedir que se altere la neutralidad en perjuicio de la Hacienda Pública. En los supuestos en los que el auto de declaración de concurso se dicta a lo largo del periodo de liquidación del Impuesto es necesario diferenciar si los créditos son concursales o contra la masa, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, deben calificarse como concursales los créditos de IVA por hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso. Como en la regulación actual la declaración-liquidación es única, se establece, con objeto de determinar el crédito que tendrá carácter concursal, la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los posteriores, en los términos que se desarrollen reglamentariamente. En la primera de esas declaraciones el concursado estará obligado a aplicar la totalidad de los saldos a compensar correspondientes a periodos de liquidación anteriores a la declaración de concurso. Las medidas adoptadas tienen como fin garantizar la neutralidad del Impuesto, lo cual, tiene como efecto, que la Administración no se vea perjudicada en relación con la percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia del concurso, de ahí que se limite el derecho de deducción que deberá ejercitarse, cuando se hubieran soportado las cuotas con anterioridad al auto de declaración de concurso, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que dichas cuotas fueron soportadas. De igual manera, para adecuar la gestión del impuesto a la doctrina jurisprudencial, la rectificación de deducciones como consecuencia de la declaración de concurso deberá realizarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción. Se introduce un nuevo supuesto de rectificación de cuotas repercutidas para los casos en los que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras acciones de impugnación ejercitadas en el seno del concurso. En estos supuestos, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se declaró la operación. La minoración de deducciones por parte del adquirente, si estuviese también en situación de concurso, se realizará, igualmente, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció la deducción. Con estas medidas se pretende evitar que la eventual declaración de concurso, ya sea del transmitente o del adquirente, desvirtúe la neutralidad del Impuesto. Por último, se regula un nuevo supuesto de infracción tributaria y su correspondiente régimen sancionador por los incumplimientos relativos a la correcta declaración de determinadas operaciones asimiladas a las importaciones. Dadas las numerosas modificaciones de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que se incorporan en esta Ley, se considera conveniente que esas modificaciones se incorporen, asimismo, en la Ley del Impuesto General Indirecto Canario para que el régimen sea uniforme en todo el territorio del Estado. VI La utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas manifestaciones. Favorece la opacidad de las operaciones y actividades y su ocultación a la Administración. Frente a tales comportamientos, la actuación de los poderes públicos debe encaminarse no solo a la detección y regularización de los incumplimientos, sino también a evitar que estos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra el fraude. La utilización de efectivo y su relación con el fraude constituye también una preocupación generalizada en países de nuestro entorno, donde ya se han adoptado limitaciones al uso de efectivo para determinadas operaciones económicas. En la normativa española, las medidas de reacción ante esta situación se han venido centrando fundamentalmente en el establecimiento de obligaciones de información, así como en la adopción de planes de actuación en el ámbito del control de la Administración Tributaria. Se considera necesaria la adopción de medidas dirigidas a limitar la utilización del efectivo como medio de pago que, por su naturaleza, requieren un desarrollo normativo con rango de ley. En este contexto, la presente Ley establece limitaciones al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas pues la lucha contra el fraude fiscal es un motivo de interés público que prevalece sobre el efecto de las limitaciones reguladas en esta Ley. Dicha limitación no es incompatible con la condición de moneda de curso legal de los billetes y monedas al existir otros medios legales de pago para la liquidación de deudas monetarias. Así, se establece una limitación, de carácter general, a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones a partir de 2.500 euros. Se excluye de la limitación a los pagos efectuados cuando ninguno de los intervinientes en la operación actúe en calidad de empresario o profesional, así como a los pagos o ingresos realizados en entidades de crédito. Asimismo, se contempla expresamente una regla contra el fraccionamiento de operaciones a efectos del cálculo del límite legalmente establecido. Ligado a esta limitación, se establece un régimen sancionador. En este sentido, se regula el régimen de las infracciones y sanciones, las reglas básicas del procedimiento sancionador y el órgano competente para la recaudación de las sanciones. Se introduce la exención de responsabilidad en caso de denuncia del posible pago efectuado en incumplimiento de la limitación legal. Adicionalmente, se introducen obligaciones de información para cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación legal. Finalmente se establece la aplicación de lo dispuesto en la Ley, en lo relativo a la limitación del uso de efectivo como medio de pago, a todos los pagos realizados desde su entrada en vigor, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación. VII Por otra parte, se modifica el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) con el fin de conformarle, tal como se estableció originariamente, como una medida antielusión fiscal de las posibles transmisiones de valores que, solo, sean una cobertura de una transmisión de inmuebles, mediante la interposición de figuras societarias. Para ello se simplifica su regulación y se modifica el precepto para corregir los siguientes aspectos del mismo: se establece la exención general del gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, excepcionando tales exenciones si se trata de eludir su pago por la transmisión de los inmuebles de las entidades a los que representan los valores transmitidos, en cuyo caso, la operación volverá a ser gravada por el impuesto exencionado. Además, se excluye del posible gravamen a las adquisiciones de valores en los mercados primarios, que no estarán sujetos a este precepto y, por último, se simplifica la redacción del artículo, pasando de ser una norma objetiva a una auténtica norma de lucha contra el fraude, aunque en los supuestos más claros se establece una presunción iuris tantum que deberá, en su caso, ser enervada por el interesado si no quiere que le sea aplicada la medida antielusión. En consonancia con dicha modificación se introducen los cambios pertinentes en la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. VIII En el ámbito del régimen fiscal de las Cooperativas, se actualiza la referencia al órgano encargado de realizar las actuaciones de comprobación e inspección de las mismas, para determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para la aplicación del citado régimen. Artículo 1. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Uno. Se modifican los apartados 1, 3 y 5 del artículo 40, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.2.a) de esta Ley. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.» «3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad con personalidad jurídica.» «5. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados anteriores y, en su caso, hasta el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.» Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 41, que queda redactado de la siguiente forma: «4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan. En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad. La reducción por conformidad será la prevista en el artículo 188.1.b) de esta Ley. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas. A los responsables de la deuda tributaria les será de aplicación la reducción prevista en el artículo 188.3 de esta Ley. Las reducciones previstas en este apartado no serán aplicables a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 42.2 de esta Ley.» Tres. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 43, se modifica el actual apartado 2, que se numera como 3, y el actual apartado 3 pasa a numerarse como 4, quedando dichos apartados 2 y 3 redactados de la siguiente forma: «2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación. Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma extemporánea. A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía debidamente formalizada. Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas. Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los créditos tributarios derivados de estas últimas.» «3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos en los apartados anteriores.» Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma: «2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria. Asimismo, en caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere este apartado serán objeto de inadmisión.» Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 67, que queda redactado de la siguiente forma: «2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.» Seis. Se modifican los apartados 1, 7 y 8 del artículo 68, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe: a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.» «7. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el expediente. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor. Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.» «8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera. La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan.» Siete. Se modifican los apartados 5 y 8 del artículo 81, que quedan redactados de la siguiente forma: «5. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3.» «8. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena. Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias penales. En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 del Código Penal. Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración tributaria, se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.» Ocho. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 170, con la siguiente redacción: «6. La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquella y este ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre la sociedad titular de los inmuebles en cuestión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado a formular cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente en virtud del correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente relación de control cuyo presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento. El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción. La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Asimismo, la Administración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad.» Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 171, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda. En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo. Si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del embargo se deduce que los fondos, valores, títulos u otros bienes existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 169, se concretarán por el órgano competente los que hayan de quedar trabados.» Diez. Se modifica el apartado 5 del artículo 174, que queda redactado de la siguiente forma: «5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación. No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.» Once. Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 199, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. Constituye infracción tributaria presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública, o contestaciones a requerimientos individualizados de información. También constituirá infracción tributaria presentar las autoliquidaciones, declaraciones o los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. Las infracciones previstas en este artículo serán graves y se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.» «2. Si se presentan de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, declaraciones o documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 150 euros. Si se presentan por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 1.500 euros.» «4. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad cuando la declaración haya sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos y exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 1.500 euros.» «5. Tratándose de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta Ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 euros. Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 ó 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 ó 2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10 por ciento, se impondrá multa pecuniaria fija de 500 euros. La sanción será del 1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 1.500 euros.» Doce. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 203, renumerándose los actuales 6 y 7 como 7 y 8, respectivamente, con la siguiente redacción: «6. En el caso de que el obligado tributario que cometa las infracciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, se le sancionará de la siguiente forma: a) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que no desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma: 1.º Multa pecuniaria fija de 1.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. 2.º Multa pecuniaria fija de 5.000 euros, si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. 3.º Si no comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá: – Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros. – Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conoce el importe de las operaciones requeridas, en multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del importe total de la base imponible del impuesto personal que grava la renta del sujeto infractor que corresponda al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros. b) Cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollen actividades económicas, se sancionará de la siguiente forma: 1.º Si la infracción se refiere a la aportación o al examen de libros de contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control o consista en el incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de elementos o instalaciones, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. 2.º Si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes concretos: a) Multa pecuniaria fija de 3.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. b) Multa pecuniaria fija de 15.000 euros, si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. c) Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto, la sanción consistirá: – Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, en multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. – Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conociera el importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. En cualquiera de los casos contemplados en este apartado, si el obligado tributario diese total cumplimiento al requerimiento administrativo antes de la finalización del procedimiento sancionador o, si es anterior, de la finalización del trámite de audiencia del procedimiento de inspección, el importe de la sanción será de la mitad de las cuantías anteriormente señaladas.» Trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 209, que queda redactado de la siguiente forma: «2. Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección no podrán iniciarse respecto a la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución. Los procedimientos sancionadores que se incoen para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 186 de esta Ley deberán iniciarse en el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la sanción pecuniaria a que se refiere dicho precepto.» Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 212, que queda redactado de la siguiente forma: «3. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo. Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta Ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación. Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 42.2 de esta Ley.» Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 224, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley. Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.» Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 233, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.» Diecisiete. Se introduce una nueva disposición adicional decimoctava con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimoctava. Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 1. Los obligados tributarios deberán suministrar a la Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 y 93 de esta Ley y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la siguiente información: a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades establecidas en el extranjero. c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. Las obligaciones previstas en los tres párrafos anteriores se extenderán a quienes tengan la consideración de titulares reales de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 2. Régimen de infracciones y sanciones. Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional. También constituirá infracción tributaria la presentación de las mismas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios. Las anteriores infracciones serán muy graves y se sancionarán conforme a las siguientes reglas: a) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. b) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien inmueble o a un mismo derecho sobre un bien inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios. Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley. 3. Las Leyes reguladoras de cada tributo podrán establecer consecuencias específicas para el caso de incumplimiento de la obligación de información establecida en esta disposición adicional.» Dieciocho. Se introduce una nueva disposición adicional decimonovena con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimonovena. Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda Pública. En los procesos por delito contra la Hacienda Pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las unidades de la Policía Judicial, los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mantendrán la competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito. A tales efectos, podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 93, 94 y 162 de esta Ley, realizar informes sobre la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 8 del artículo 81 de la misma. De tales actuaciones, sus incidencias y resultados se dará cuenta inmediata al juez penal, que resolverá sobre la confirmación, modificación o levantamiento de las medidas adoptadas. Las actuaciones desarrolladas se someterán a lo previsto en la presente Ley y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la posibilidad de que el juez decida la realización de otras actuaciones al amparo de lo previsto en el artículo 989 de la Ley de enjuiciamiento criminal.» Artículo 2. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 10, y se renumera el actual apartado 2 como 3, con la siguiente redacción: «2. Serán responsables solidarios del pago de los derechos de naturaleza pública pendientes, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria. En este supuesto, la declaración de responsabilidad corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de créditos de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria haya asumido aquella por ley o por convenio. El régimen jurídico aplicable a esta responsabilidad será el contenido en la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo.» Artículo 3. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio: Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el apartado 1 del artículo 31, que queda redactado de la siguiente forma: «1. El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades económicas se aplicará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con arreglo a las siguientes normas: 1.ª Los contribuyentes que reúnan las circunstancias previstas en las normas reguladoras de este método determinarán sus rendimientos conforme al mismo, salvo que renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 2.ª El método de estimación objetiva se aplicará conjuntamente con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General Indirecto Canario, cuando así se determine reglamentariamente. 3.ª Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente: a) Que determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica por el método de estimación directa. b) Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes: Para el conjunto de sus actividades económicas, 450.000 euros anuales. Para el conjunto de sus actividades agrícolas y ganaderas, 300.000 euros anuales. Para el conjunto de sus actividades clasificadas en la división 7 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas a las que sea de aplicación lo dispuesto en la letra d) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, 300.000 euros anuales. A estos efectos, solo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 67.7 del Reglamento de este Impuesto, o en el libro registro de ingresos previsto en el artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y las operaciones por las que estén obligados a emitir y conservar facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. No obstante, deberán computarse no solo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: – Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. – Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año. c) Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 300.000 euros anuales. En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite. A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de compras correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra b) anterior. Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año. d) Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley. e) Tratándose de contribuyentes que ejerzan las actividades a que se refiere la letra d) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior correspondiente a dichas actividades que proceda de las personas o entidades previstas en el artículo 99.2 de esta Ley supere cualquiera de las siguientes cantidades: a´) 50.000 euros anuales, siempre que además represente más del 50 por 100 del volumen total de rendimientos íntegros correspondiente a las citadas actividades. b´) 225.000 euros anuales. Lo dispuesto en esta letra e) no será de aplicación respecto de las actividades incluidas en la división 7 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de rendimientos íntegros se elevará al año. 4.ª El ámbito de aplicación del método de estimación objetiva se fijará, entre otros extremos, bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los límites que se determinen reglamentariamente para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente y, en su caso, por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores. 5.ª En los supuestos de renuncia o exclusión de la estimación objetiva, el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por el método de estimación directa durante los tres años siguientes, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.» Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el artículo 39, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 39. Ganancias patrimoniales no justificadas. 1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción. 2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.» Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el apartado 1 del artículo 98, que queda redactado de la siguiente forma: «1. La Administración tributaria podrá poner a disposición de los contribuyentes, a efectos meramente informativos, un borrador de declaración, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 97 de esta Ley, siempre que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: a. Rendimientos del trabajo. b. Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los derivados de letras del Tesoro. c. Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como las subvenciones para la adquisición de vivienda habitual. d. Imputación de rentas inmobiliarias y aquellas otras fuentes de renta que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con la información de la que pueda disponer en lo sucesivo la Administración tributaria, con los límites y condiciones señalados por el mismo.» Artículo 4. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Con efectos para los periodos impositivos que finalicen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se introduce un apartado 6, y se modifica el actual 6, que se renumera como 7, en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados de la siguiente forma: «6. En todo caso, se entenderá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada que se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes y derechos respecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes y derechos cuya titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo de este Impuesto. 7. El valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los apartados 1 y 6, en cuanto haya sido incorporado a la base imponible, será válido a todos los efectos fiscales.» Artículo 5. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: Uno. Se modifica el apartado cuatro del artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma: «Cuatro. Las operaciones sujetas a este impuesto no estarán sujetas al concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20.Dos.» Dos. Se modifica la letra k) del número 18.º del apartado Uno del artículo 20, que queda redactada de la siguiente forma: «k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participaciones en sociedades, obligaciones y demás valores no mencionados en las letras anteriores de este número, con excepción de los siguientes: a’) Los representativos de mercaderías. b’) Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un bien inmueble, que no tengan la naturaleza de acciones o participaciones en sociedades. c’) Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, realizadas en el mercado secundario, mediante cuya transmisión, se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que se refiere el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.» Tres. Se modifica el párrafo segundo del apartado tres del artículo 80, que queda redactado de la siguiente forma: «Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.» Cuatro. Se modifica la letra e) y se añade una letra f) al número 2.º del apartado Uno del artículo 84, que quedan redactadas de la siguiente forma: «e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles: – Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal. – Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención. – Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el adquirente. f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.» Cinco. Se modifica el apartado cinco del artículo 89, que queda redactado de la siguiente forma: «Cinco. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible establecidas en el artículo 80 de esta Ley o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la rectificación. Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes: a) Iniciar ante la Administración Tributaria el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos. b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso. En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que fueron declaradas las cuotas devengadas.» Seis. Se modifican los apartados tres y cinco del artículo 99, que quedan redactados de la siguiente forma: «Tres. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. Sin embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a la misma, que estuvieran pendientes de deducir, deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado. Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles a que se refiere el párrafo anterior en dichas declaraciones-liquidaciones, y siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del derecho a la deducción de tales cuotas, el concursado o, en los casos previstos por el artículo 86.3 de la Ley Concursal, la administración concursal, podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración-liquidación relativa al periodo en que fueron soportadas. Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles, en las liquidaciones que procedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente para este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración-liquidación del periodo correspondiente a su contabilización o en las de los siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas solo podrán deducirse cuando no haya transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo. En el supuesto de las ventas ocasionales a que se refiere el artículo 5, apartado uno, letra e), de esta Ley, el derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo en que se realice la entrega de los correspondientes medios de transporte nuevos.» «Cinco. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso. No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II de este Título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. En la declaración-liquidación, prevista reglamentariamente, referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a dicha declaración.» Siete. Se modifica el número 2.º del apartado dos del artículo 114, que queda redactado de la siguiente forma: «2.º Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria. Tratándose del supuesto previsto en el artículo 80.Tres de esta Ley, la rectificación deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de recargos ni de intereses de demora. En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, si el comprador o adquirente inicial se encuentra también en situación de concurso, deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente deducidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de recargos ni de intereses de demora. No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho o en las restantes causas del artículo 80 de esta Ley deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas.» Ocho. Se modifica el apartado dos del artículo 170, que queda redactado de la siguiente forma: «Dos. Constituirán infracciones tributarias: 1.º La adquisición de bienes por parte de sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia sin que en las correspondientes facturas figure expresamente consignado el recargo de equivalencia, salvo los casos en que el adquirente hubiera dado cuenta de ello a la Administración en la forma que se determine reglamentariamente. 2.º La obtención, mediante acción u omisión culposa o dolosa, de una incorrecta repercusión del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga derecho a la deducción total de las cuotas soportadas. Serán sujetos infractores las personas o entidades destinatarias de las referidas operaciones que sean responsables de la acción u omisión a que se refiere el párrafo anterior. 3.º La repercusión improcedente en factura, por personas que no sean sujetos pasivos del Impuesto, de cuotas impositivas sin que se haya procedido al ingreso de las mismas. 4.º La no consignación en la autoliquidación que se debe presentar por el periodo correspondiente de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las operaciones conforme a los números 2.°, 3.° y 4.° del artículo 84.uno, del artículo 85 o del artículo 140 quinque de esta Ley. 5.º La falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las declaraciones-liquidaciones relativas a las operaciones reguladas en el número 5.º del artículo 19 de esta Ley.» Nueve. Se modifica el apartado uno del artículo 171, que queda redactado de la siguiente forma: «Uno. Las infracciones contenidas en el apartado dos del artículo anterior serán graves y se sancionarán con arreglo a las normas siguientes: 1.º Las establecidas en el ordinal 1.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del importe del recargo de equivalencia que hubiera debido repercutirse, con un importe mínimo de 30 euros por cada una de las adquisiciones efectuadas sin la correspondiente repercusión del recargo de equivalencia. 2.º Las establecidas en el ordinal 2.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento del beneficio indebidamente obtenido. 3.º Las establecidas en el ordinal 3.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura o documento sustitutivo en que se produzca la infracción. 4.º Las establecidas en el ordinal 4.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de la cuota correspondiente a las operaciones no consignadas en la autoliquidación. 5.º Las establecidas en el ordinal 5.º del apartado dos, con multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta en las declaraciones-liquidaciones. No obstante, cuando se trate de declaraciones-liquidaciones relativas al abandono del régimen de depósito distinto del aduanero, se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta, siempre que la suma total de cuotas declaradas en la declaración-liquidación sea inferior al de las efectivamente devengadas en el periodo.» Diez. Se modifica la disposición adicional sexta, que queda redactada de la siguiente forma: «En los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo y con respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para expedir factura en la que se documente la operación y se repercuta la cuota del Impuesto, presentar la declaración-liquidación correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de estas facultades. Lo dispuesto en la presente disposición no se aplicará a las entregas de bienes inmuebles en las que el sujeto pasivo de las mismas sea su destinatario de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del artículo 84.Uno.2.º.» Artículo 6. Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias: Uno. Se añade la letra g) al apartado 2.º del número 1 del artículo 19, con la siguiente redacción: «g) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles: – Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal. – Las entregas exentas a que se refieren los números 20.º y 22.º del artículo 50.Uno de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención. – Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda por el adquirente.» Dos. Se modifica el apartado 5 del número dos del artículo 20, que queda redactado de la siguiente forma: «5. Cuando la rectificación de las cuotas implique un aumento de las inicialmente repercutidas y no haya mediado requerimiento previo, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la rectificación se funde en las causas de modificación de la base imponible establecidas en los números 4 al 8 del artículo 22 de esta Ley o se deba a un error fundado de derecho, el sujeto pasivo podrá incluir la diferencia correspondiente en la declaración-liquidación del periodo en que se deba efectuar la rectificación. Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes: a) Iniciar ante la Administración tributaria el correspondiente procedimiento de devolución de ingresos indebidos. b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación el importe de las cuotas repercutidas en exceso. En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente repercutidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que fueron declaradas las cuotas devengadas.» Tres. Se modifica el párrafo segundo del número 6 del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: «Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º, de la Ley Concursal, el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.» Cuatro. Se modifican los números 3 y 5 del artículo 33, que quedan redactados de la siguiente forma: «3. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. El porcentaje de deducción de las cuotas deducibles soportadas será el definitivo del año en que se haya producido el nacimiento del derecho a deducir de las citadas cuotas. Sin embargo, en caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción por hechos imponibles anteriores a la misma deberá ejercerse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en el que se hubieran soportado las cuotas deducibles. Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles en dicha declaración-liquidación, el concursado o, en los casos previstos por el artículo 86.3 de la Ley Concursal, la administración concursal, deberán cumplir esta obligación mediante la rectificación de la declaración-liquidación relativa a dicho periodo de liquidación. Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles, en las liquidaciones que procedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente para este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración-liquidación del periodo correspondiente a su contabilización o en las de los siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas solo podrán deducirse cuando no haya transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo.» «5. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso. No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el Capítulo II de este Título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. En la declaración-liquidación, prevista reglamentariamente, referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a dicha declaración.» Cinco. Se modifica el artículo 44, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 44. Rectificación de deducciones. Uno. Los sujetos pasivos, cuando no haya mediado requerimiento previo, podrán rectificar las deducciones practicadas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado incorrectamente o el importe de las cuotas soportadas haya sido objeto de rectificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Dos de esta Ley. La rectificación de las deducciones será obligatoria cuando implique una minoración del importe inicialmente deducido. Dos. La rectificación de deducciones originada por la previa rectificación del importe de las cuotas inicialmente soportadas se efectuará de la siguiente forma: 1.º Cuando la rectificación determine un incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas, podrá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente repercutidas, o bien en las declaraciones-liquidaciones siguientes, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años desde el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha en que se hayan producido las circunstancias que determinan la modificación de la base imponible de la operación. Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que la rectificación de las cuotas inicialmente soportadas hubiese estado motivado por causa distinta de las previstas en el artículo 20.Dos de esta Ley, no podrá efectuarse la rectificación de la deducción de las mismas después de transcurrido un año desde la fecha de expedición del documento justificativo del derecho a deducir por el que se rectifican dichas cuotas. 2.º Cuando la rectificación determine una minoración del importe de las cuotas inicialmente deducidas, el sujeto pasivo deberá presentar una declaración-liquidación rectificativa aplicándose a la misma el recargo y los intereses de demora que procedan de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley General Tributaria. Tratándose del supuesto previsto en el artículo 22 número 6 de esta Ley, la rectificación deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de recargos ni de intereses de demora. En los supuestos en que la operación gravada quede sin efecto como consecuencia del ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación ejercitadas en el seno del concurso, si el comprador o adquirente inicial se encuentra también en situación de concurso, deberá proceder a la rectificación de las cuotas inicialmente deducidas en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se ejerció el derecho a la deducción de las cuotas soportadas, sin que proceda la aplicación de recargos ni de intereses de demora. No obstante, cuando la rectificación tenga su origen en un error fundado de derecho o en las causas de los números 4, 5 y 7 del artículo 22 de esta Ley deberá efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo impositivo en que el sujeto pasivo reciba el documento justificativo del derecho a deducir en el que se rectifiquen las cuotas inicialmente soportadas.» Artículo 7. Limitaciones a los pagos en efectivo. Uno. Ámbito de aplicación. 1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. 3. Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 4. A efectos de lo dispuesto en esta Ley, y respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 5. Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito. Dos. Infracciones y sanciones. 1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior. 2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de ellos o contra ambos. 3. La infracción prevista en este artículo será grave. 4. La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el número 1 del apartado uno, respectivamente. 5. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción prevista en el número anterior. 6. La acción tipificada en el número 1 de este apartado no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada. La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos. 7. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado será compatible con las sanciones que, en su caso, resultaran procedentes por la comisión de infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declaración de medios de pago establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 8. La infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 9. La sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en este apartado prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Tres. Procedimiento sancionador. 1. El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 2. La competencia para la tramitación y resolución del referido procedimiento sancionador corresponderá en todo el territorio español a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, atribuyéndose al órgano que se determine en desarrollo de sus facultades de organización, mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 3. Para la tramitación de los procedimientos sancionadores, el órgano competente podrá requerir a los sujetos obligados los datos, antecedentes y documentos relacionados con el cumplimiento de las limitaciones establecidas en el apartado uno de este artículo. Asimismo, dichos requerimientos podrán efectuarse con carácter previo al inicio, en su caso, del procedimiento sancionador. 4. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguna actuación o procedimiento de aplicación de los tributos y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución. Cuatro. Recaudación de las sanciones. La gestión recaudatoria de las sanciones impuestas de acuerdo con lo establecido en este artículo corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. Cinco. Obligaciones de información. Cualquier autoridad o funcionario que en el ejercicio de sus competencias tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación establecida en el apartado uno, lo deberá poner inmediatamente en conocimiento de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Disposición adicional primera. Régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas. La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134.6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, determinará la comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción. La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior. A los solos efectos de la determinación de la base de sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra. La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191 a 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Disposición adicional segunda. Imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas. La imputación regulada en el apartado 2 del artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el apartado 6 del artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establecidos por esta Ley, se realizará al periodo impositivo que proceda según lo señalado en dichos preceptos en el que hubiesen estado en vigor dichos apartados. Disposición final primera. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. El artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 108. 1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos: a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella. b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella. c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años. 3. En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos efectos, el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria a requerimiento de esta. 2.ª Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 por ciento. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los valores de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades. 3.ª En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de los inmuebles para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos fiscales que tiene lugar el supuesto de elusión definido en las letras a) o b) del apartado anterior. En este caso será sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los términos antes indicados. 4.ª En las transmisiones de valores que, conforme al apartado 2 anterior, estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas, la base imponible se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes que deban computarse como inmuebles. A este respecto, en los supuestos recogidos en la letra c) del apartado 2, la base imponible del impuesto será la parte proporcional del valor de mercado de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas. 5.ª En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2 anterior, deban tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la práctica de la liquidación, se aplicarán los elementos de dicho impuesto a la parte proporcional del valor real de los inmuebles, calculado de acuerdo con las reglas contenidas en su normativa. A tal fin se tomará como base imponible: – En los supuestos a los que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior, la parte proporcional sobre el valor real de la totalidad de las partidas del activo que, a los efectos de la aplicación de este precepto, deban computarse como inmuebles, que corresponda al porcentaje total de participación que se pase a tener en el momento de la obtención del control o, una vez obtenido, onerosa o lucrativamente, dicho control, al porcentaje en el que aumente la cuota de participación. – En los supuestos a los que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, para determinar la base imponible solo se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales. – En los supuestos a que se refiere la letra c) del apartado 2 anterior, la parte proporcional del valor real de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Se modifica el artículo 38 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, que queda redactado de la siguiente forma: «La Administración tributaria comprobará que concurren las circunstancias o requisitos necesarios para disfrutar de los beneficios tributarios establecidos en esta Ley y practicará, en su caso, la regularización que resulte procedente de la situación tributaria de la cooperativa. El resultado de dichas actuaciones se comunicará a las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas interesadas en cuanto pueda tener trascendencia respecto de los tributos cuya gestión les corresponda.» Disposición final tercera. Título competencial. Esta Ley se dicta al amparo de las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1. 11.ª, 13.ª y 14.ª de la Constitución. Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario. El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta Ley. Disposición final quinta. Entrada en vigor. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, el artículo 7 entrará en vigor a los veinte días de dicha publicación y resultará de aplicación a todos los pagos efectuados desde esa fecha, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad al establecimiento de la limitación. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 29 de octubre de 2012. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

La ley contra el fraude fiscal.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Esta Ley contiene una serie de medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal. La realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria hace del fraude fiscal hoy, si cabe, una figura más reprochable que nunca. A su vez, la evolución de los comportamientos fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria, tras la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permiten una reforma con perspectiva suficiente como para colocar a nuestro sistema legal a la vanguardia de la lucha contra el fraude. Tales objetivos se persiguen con una batería de medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos de fraude detectados como origen de importantes detracciones de ingresos públicos, pero también con otras medidas que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación con la finalidad de incrementar la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario y evitar litigios innecesarios. Un sistema más coherente técnicamente y más predecible contribuye a lograr una mayor eficacia y una menor litigiosidad, lo que, a su vez, permite liberar recursos para alcanzar un mayor control de las potenciales defraudaciones. Por último, merece destacarse una serie de medidas que se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y con una clara vocación en la lucha contra el fraude, entre ellas la posibilidad de adopción de medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial a las mismas asociada, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. II La actuación en fraude de la Hacienda Pública consistente en repartir el patrimonio existente, una vez nacida la deuda, a los socios a través de operaciones de preliquidación, para dejar paso a una liquidación formal con una cuota insignificante, cuando no inexistente, hace aconsejable incrementar a estos efectos el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad. A tal fin se regula expresamente el alcance del límite de la responsabilidad de dicho socio en la deuda tributaria de las personas jurídicas o entidades disueltas o liquidadas que limitan la responsabilidad patrimonial de los socios, tanto en la sucesión de la deuda tributaria como de las sanciones, en su caso. Asimismo, procede modificar el sistema de sucesión de las entidades con personalidad jurídica, para dar cobertura jurídica en la Ley a la sucesión de entidades jurídico-públicas, en las que también se produce la subrogación mercantil tradicional. Con ese propósito, se incluyen de forma explícita como susceptibles de sucesión tributaria toda clase de sociedades y entidades con personalidad jurídica que tuvieran la condición de sucesoras y beneficiarias. Por otra parte, la reforma pretende aclarar las implicaciones derivadas de la naturaleza jurídica del responsable tributario, que no debe ser identificado con un sujeto infractor, sino como obligado tributario en sentido estricto, aun cuando responda también de las sanciones tributarias impuestas a dicho sujeto infractor. Entre las modificaciones que pretenden significar tal situación jurídica, dentro del régimen jurídico sancionador se establece un sistema de reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago. En relación con la reducción de conformidad, en caso de concurrencia de una situación de responsabilidad respecto de la sanción, se modifica la norma para ofrecer la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de deuda derivada procedente de una sanción en sede del deudor principal y beneficiarse de la reducción legal por conformidad. Asimismo, se reconoce al responsable la eventual reducción por pronto pago de su propia deuda. Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores de aquellas empresas que carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, realizan una actividad recurrente y sistemática de presentación de autoliquidaciones formalmente pero sin ingreso por determinados conceptos tributarios con ánimo defraudatorio. Se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público como consecuencia de la simple solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. Se mejora la redacción de la norma en la determinación del dies a quo del inicio del cómputo de los plazos de prescripción en aquellos supuestos de responsabilidad solidaria en que el hecho habilitante para apreciar la misma concurra con posterioridad al día siguiente a la finalización del periodo voluntario del deudor principal. Además, se clarifica el régimen jurídico que regula la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación respecto de determinadas obligaciones tributarias cuando la acción de la Administración se dirija originariamente respecto de otra obligación tributaria distinta como consecuencia de la presentación de una declaración incorrecta por parte del obligado tributario. Por otro lado, se modifica el momento en que se reinicia el plazo de prescripción interrumpido por la declaración de concurso para que coincida con el momento en que la Administración recupera sus facultades de autotutela ejecutiva, introduciendo una mejora estrictamente técnica para dotar de seguridad jurídica a las relaciones de la Hacienda Pública con los deudores concursados. Asimismo, se aclaran los efectos de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción por litigio, concurso y otras causas legales, explicitando que los efectos de dicha suspensión se extienden a todos los obligados tribut ### RESUMEN: La ley contra el fraude fiscal.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7357-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –18 de diciembre de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 14 de enero de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

La admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la ley antideshaucios andaluza y su suspensión temporal

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de enero actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 7357-2013, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y se introducen los artículos 25 y 53.1.a) en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y disposición adicional primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –18 de diciembre de 2013–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros. Madrid, 14 de enero de 2014.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: La admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la ley antideshaucios andaluza y su suspensión temporal

Por Resolución de esta Presidencia de 10 de diciembre de 2012 («BOE» del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, puestos de trabajo en el Tribunal de Cuentas. Examinadas y debatidas las solicitudes presentadas por los candidatos a los puestos, y vistos los informes formulados al respecto por los titulares de los órganos donde se hallan adscritos los puestos anunciados, que han sido trasladados a este órgano por la Secretaría General; la Comisión de Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 6 f) y 93. 2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 20 c) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 2.1 c) de la de su Funcionamiento, de conformidad con lo que disponen los artículos 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 51 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración del Estado, y demás preceptos de pertinente y general aplicación, aplicables todos ellos a tenor de lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 88 y 93.1 y 2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de su Funcionamiento, y considerando que los criterios de interés general elegidos como prioritarios para decidir el nombramiento son los requisitos de los puestos que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Tribunal de Cuentas y, por tanto, en la convocatoria, que las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en los funcionarios que van a ser nombrados para apreciar que aquellos criterios concurren en ellos en mayor medida que en el resto de solicitantes son las que derivan de los informes evacuados por los titulares de los órganos donde se encuentran adscritos los puestos, y acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Acuerda, por unanimidad, la adjudicación de los puestos de trabajo convocados, Como consecuencia de lo anterior, esta Presidencia resuelve lo siguiente: Primero. Hacer pública la resolución de la citada convocatoria adjudicando los puestos de trabajo anunciados en los términos que figuran en el anexo. Segundo. La toma de posesión en los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995 antes citado. Contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal y artículo 3.j) y disposición adicional primera, 1 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 26 de febrero de 2013.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García. ANEXO Presidencia del Tribunal de Cuentas (Dirección Técnica) Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don José Luis Cea Claver. Número de Registro de Personal: 0749765435 A4112, del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Presidencia de la Sección de Fiscalización (Dirección Técnica) Número de orden 2: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Enrique Álvarez Tolcheff. Número de Registro de Personal: 0219233924 A2651, del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 2.º de la Sección de Fiscalización (Área Político-Administrativa del Estado) Número de orden 3: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Antonio Ramón Rodríguez Castaño. Número de Registro de Personal: 0722847524 A4111, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 6.º de la Sección de Fiscalización (Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas) Número de orden 4: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Enrique García Martínez de Salinas, con número de Registro de Personal: 5072208146 A4111, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 7.º de la Sección de Fiscalización (Entidades Locales) Número de orden 5: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicataria: Doña Silvia Alcázar Valladares, con Número de Registro de Personal: 5083523902 A4112 del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, destinada en este Tribunal de Cuentas. Presidencia de la sección de Enjuiciamiento (Dirección Técnica) Número de orden 6: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Diego Navarro Corbacho, con número de Registro de Personal: 3118645457 A1604, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, destinado en este Tribunal de Cuentas. Secretaría General (Servicio Central de Informática) Número de orden: 7 Puesto de trabajo: Subdirector Jefe del Servicio Central de Informática. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Juan Andrés Hermoso Franco, con número de Registro de Personal: 0897786624 A1166, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, destinado en el Ministerio de Economía y Competitividad.

Siete nombramientos de altos cargos del Tribunal de Cuentas por libre designación

Por Resolución de esta Presidencia de 10 de diciembre de 2012 («BOE» del 15), se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, puestos de trabajo en el Tribunal de Cuentas. Examinadas y debatidas las solicitudes presentadas por los candidatos a los puestos, y vistos los informes formulados al respecto por los titulares de los órganos donde se hallan adscritos los puestos anunciados, que han sido trasladados a este órgano por la Secretaría General; la Comisión de Gobierno, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 6 f) y 93. 2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 20 c) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y 2.1 c) de la de su Funcionamiento, de conformidad con lo que disponen los artículos 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 51 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración del Estado, y demás preceptos de pertinente y general aplicación, aplicables todos ellos a tenor de lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 88 y 93.1 y 2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de su Funcionamiento, y considerando que los criterios de interés general elegidos como prioritarios para decidir el nombramiento son los requisitos de los puestos que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo del Tribunal de Cuentas y, por tanto, en la convocatoria, que las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en los funcionarios que van a ser nombrados para apreciar que aquellos criterios concurren en ellos en mayor medida que en el resto de solicitantes son las que derivan de los informes evacuados por los titulares de los órganos donde se encuentran adscritos los puestos, y acreditada la observancia del procedimiento debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, Acuerda, por unanimidad, la adjudicación de los puestos de trabajo convocados, Como consecuencia de lo anterior, esta Presidencia resuelve lo siguiente: Primero. Hacer pública la resolución de la citada convocatoria adjudicando los puestos de trabajo anunciados en los términos que figuran en el anexo. Segundo. La toma de posesión en los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995 antes citado. Contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Pleno del Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3.c) de la Ley 2/1982, de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal y artículo 3.j) y disposición adicional primera, 1 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 26 de febrero de 2013.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García. ANEXO Presidencia del Tribunal de Cuentas (Dirección Técnica) Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don José Luis Cea Claver. Número de Registro de Personal: 0749765435 A4112, del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Presidencia de la Sección de Fiscalización (Dirección Técnica) Número de orden 2: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Enrique Álvarez Tolcheff. Número de Registro de Personal: 0219233924 A2651, del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 2.º de la Sección de Fiscalización (Área Político-Administrativa del Estado) Número de orden 3: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Antonio Ramón Rodríguez Castaño. Número de Registro de Personal: 0722847524 A4111, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 6.º de la Sección de Fiscalización (Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas) Número de orden 4: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Enrique García Martínez de Salinas, con número de Registro de Personal: 5072208146 A4111, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, destinado en este Tribunal de Cuentas. Departamento 7.º de la Sección de Fiscalización (Entidades Locales) Número de orden 5: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicataria: Doña Silvia Alcázar Valladares, con Número de Registro de Personal: 5083523902 A4112 del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, destinada en este Tribunal de Cuentas. Presidencia de la sección de Enjuiciamiento (Dirección Técnica) Número de orden 6: Puesto de trabajo: Director Técnico. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Diego Navarro Corbacho, con número de Registro de Personal: 3118645457 A1604, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, destinado en este Tribunal de Cuentas. Secretaría General (Servicio Central de Informática) Número de orden: 7 Puesto de trabajo: Subdirector Jefe del Servicio Central de Informática. Nivel: 30. Adjudicatario: Don Juan Andrés Hermoso Franco, con número de Registro de Personal: 0897786624 A1166, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, destinado en el Ministerio de Economía y Competitividad. ### RESUMEN: Siete nombramientos de altos cargos del Tribunal de Cuentas por libre designación

I El almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento. El presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular. A este fin, se acuerda la hibernación de las instalaciones y la asignación de su administración a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., quien se encargará, durante la citada hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la instalación y en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento. También llevará a cabo el pago de la correspondiente compensación a ESCAL UGS, S.L., por las instalaciones cuya administración se le asigna. La experiencia adquirida por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., en la gestión y operación de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de tal naturaleza que operan en el sistema gasista, garantiza el mantenimiento efectivo del almacenamiento subterráneo «Castor» en condiciones seguras. Además, se reconoce a dicha sociedad una retribución del sistema gasista por el desarrollo de los trabajos que la presente norma le asigna así como una compensación por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones. II El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», que se integraría en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada. El almacenamiento fue recogido en el Documento de «Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016», aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, además de su carácter meramente demanial, concretaba algunas especificidades del almacenamiento entre las que cabe destacar el régimen de extinción de su artículo 14. Entre ellas se establecía la posibilidad de renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la determinación de la compensación a percibir en dicha eventualidad. Dicha previsión fue objeto de litigio a resultas del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2012, que declaró la lesividad para el interés público del inciso final del mencionado artículo por entender incompatible una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la concesión si concurre dolo o negligencia de la misma, con el criterio de la gratuidad de la reversión de las instalaciones estipulado en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre de 2013 en la que afirmó que la previsión genérica de gratuidad en la reversión de las instalaciones contenida en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos debía entenderse «a reserva de previsiones específicas en el otorgamiento de cada concesión concreta», concluyendo por ello, en relación con el citado artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo «que dicha previsión no choca con el tenor del artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos y que, por consiguiente, no podemos declarar su nulidad. Pero no significa que aunque medie dolo o negligencia de la empresa concesionaria en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso. Antes al contrario, dicha regla concesional es a su vez una previsión genérica de compensación por el valor residual de unas instalaciones que revierten operativas al Estado en caso de caducidad o extinción de la concesión; pero la efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido». Por otra parte, el referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, habilitaba a su titular para emplear la estructura subterránea como almacenamiento subterráneo pero exigía, al mismo tiempo, la obtención de autorización administrativa de sus instalaciones necesarias. Previa realización del trámite de evaluación de impacto ambiental que concluyó por Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, y posteriormente por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010, se otorgó autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». Finalizados los trabajos de construcción de los mismos, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió, el 5 de julio de 2012, el acta de puesta en servicio provisional para el conjunto del almacenamiento que además de habilitar para la inyección del gas colchón establece el inicio del devengo de la retribución regulada de la instalación. La inyección de dicho gas colchón estaba programada en varias fases, que de forma gradual, debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación. La primera tuvo lugar entre el 14 y el 25 de junio de 2013 y la segunda, entre el 19 y el 23 de agosto de 2013, etapas que tuvieron lugar sin incidencias significativas. Durante la tercera fase de inyección, en el mes de septiembre de 2013, la red sismográfica de monitorización del almacenamiento detectó una serie de eventos sísmicos, con una evolución caracterizada por una primera fase con un comportamiento de sismicidad inducida, donde el cese de las inyecciones fue seguido rápidamente por un decrecimiento de la actividad, y una segunda fase de sismicidad disparada. Estos eventos fueron sentidos con intensidad macrosísmica II y III en la escala macrosísmica europea EMS-98, generando una notable alarma social, lo que motivó la suspensión temporal de la operación del almacenamiento, decretada inicialmente por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013 y prorrogada posteriormente por resolución de fecha 18 de junio de 2014. A sus resultas, se encargaron sendos informes al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España que no permiten aún emitir una conclusión definitiva sobre las eventuales consecuencias de una vuelta a la operación. Al contrario, recomiendan la realización de una serie de estudios adicionales que, sin perjuicio de las eventuales aportaciones de técnicos internacionales, permitirían disponer de una base sólida y coherente sobre la que tomar una decisión sobre el futuro de la instalación que prime de manera determinante la seguridad de las personas, los bienes y del medioambiente. Por este motivo, el presente real decreto-ley hiberna las instalaciones del almacenamiento subterráneo y encarga a la empresa ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. la realización de los estudios necesarios sobre la seguridad en la operación de la instalación. III El 31 de octubre de 2012, ESCAL UGS, S.L solicitó el inicio de los trámites para la inclusión del almacenamiento en el régimen retributivo del sistema gasista, adjuntando a su solicitud la información que exige el artículo 6 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. Encontrándose en fase de estudio la compleja solicitud y como consecuencia de los hechos detallados anteriormente aquella no fue resuelta. Posteriormente, el 18 de julio de 2014, ESCAL UGS, S.L. presentó en el registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un escrito en el que comunica su decisión de ejercer el derecho a la renuncia a la concesión. Como se ha mencionado anteriormente, tanto el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, como la ya referida Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, contemplan la posibilidad de renuncia anticipada a la concesión y el reconocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas, siendo precisa la expresa autorización administrativa de tal renuncia de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo. El valor de dicha compensación se establece en el valor neto de la inversión acometida. El importe total de la inversión asciende a 1.461.420 miles de euros, importe al que habría que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros. Con ello, el importe que se reconoce a ESCAL UGS, S.L. asciende a 1.350.729 miles de euros. Como consecuencia de lo anterior, el presente real decreto-ley extingue la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que será convenientemente exigida una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios. IV Mediante este real decreto-ley se consolida la suspensión de la operación en el almacenamiento ya establecida por la Dirección General de Política Energética y Minas, con determinadas condiciones de forma que se hibernan las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor». La situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas permite su explotación siempre que se realicen los estudios técnicos necesarios que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma, se mantiene el interés estratégico del almacenamiento subterráneo «Castor», que forma parte del conjunto de instalaciones para la seguridad de suministro del sistema gasista español, cuyo abastecimiento depende fundamentalmente de los suministros exteriores, y por consiguiente, la utilidad pública de dicho almacenamiento, así como la imputación de los costes e ingresos al sistema gasista. En esta situación de hibernación, en la que no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento, la administración de las instalaciones hibernadas se asignan a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., mientras que el derecho y el uso de la estructura geológica del almacenamiento subterráneo se reintegran al dominio público al que hace referencia el artículo 2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Esta sociedad se responsabilizará del mantenimiento de las instalaciones en condiciones seguras a cambio de una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones, debidamente auditados. En el supuesto en que ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., realice con sus propios recursos cualquier operación, se añadirá un beneficio industrial y en el caso de subcontrataciones, un coste por la gestión y administración de las mismas. Con dicha asignación se garantiza la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente y el correcto mantenimiento de la operatividad del almacenamiento subterráneo Castor optimizando los recursos disponibles por el sistema gasista. Esta medida se justifica por cuanto ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., es titular de tres de los cuatro almacenamientos subterráneos del sistema (Serrablo, Gaviota y Yela), lo que representa en torno al 98 por ciento de la capacidad útil total de almacenamiento del sistema gasista prevista en los próximos años, excluido Castor. Además de lo anterior y como consecuencia de la asunción por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., de la administración de tales instalaciones, se deriva la obligación de pago a ESCAL UGS, S.L. de 1.350.729 miles de euros, siendo titular ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., por razón de la asunción de tal obligación de pago, de un derecho de cobro por parte del sistema gasista de las cantidades que le permitan garantizar la cobertura de tal pago en la cuantía y términos que se fijan en el presente real decreto-ley. La satisfacción del derecho de cobro y del resto de costes se realizará a través de los pagos que realice el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista, que es actualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dada la excepcionalidad de la operación y con objeto de dar las mayores garantías en cuanto al cobro se contemplan un conjunto de medidas. Así, en primer lugar, se interpone al organismo encargado de las liquidaciones como sujeto obligado al pago mediante la creación de una cuenta específica en régimen de depósito. En segundo lugar, se da prioridad al pago del derecho de cobro frente al resto de costes del sistema gasista. Finalmente, de forma extraordinaria y excepcional, se establece que dichos derechos de cobro puedan servir de garantía en los acuerdos de garantía financiera previstos en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Por consiguiente, la hibernación de esta instalación implica un régimen jurídico y económico específico no contemplado de forma expresa en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, ni en su normativa de desarrollo. La atribución de las citadas obligaciones a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., a ESCAL UGS, S.L, así como al resto de sujetos implicados y la imputación con cargo al sistema gasista de un nuevo coste que, de conformidad con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, debe hacerse por ley, exige una norma con rango de ley y teniendo en cuenta la extraordinaria y urgente necesidad con que han de adoptarse estas medidas se articula mediante un real decreto-ley. Como se ha señalado, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., completará los informes y estudios a los que se hace referencia en la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 18 de junio de 2014, así como aquellos que se consideren precisos para comprobar la correcta construcción, mantenimiento y utilización del almacenamiento, la verificación de la seguridad en el mantenimiento y operación de la instalación y la adquisición de conocimientos técnicos precisos para el desarrollo del almacenamiento. De este conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio precisa a fin de que se adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento, debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que lo aconsejen. En el supuesto de que el Consejo de Ministros considerase segura la operación del almacenamiento, por tratarse de unas instalaciones necesarias para la seguridad del suministro, se integrarán en una nueva concesión de explotación, y el conjunto se deberá asignar en un procedimiento público de concurrencia competitiva a la oferta que, cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigibles, suponga un menor coste para el sistema gasista. En ningún caso se afectará a los derechos de cobro reconocidos con cargo al sistema gasista. Por todo lo anteriormente expuesto, la nueva situación determinada por la sobrevenida renuncia a la concesión con la concurrencia de los hechos y aspectos técnicos, económicos y jurídicos antes referidos hace imprescindible articular un marco normativo adecuado e inmediato que permita garantizar el interés general primario de la seguridad de las personas, bienes y medioambiente, y ello con el carácter de extraordinaria y urgente necesidad exigido para la aprobación del presente real decreto-ley. V La Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, modifica el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, para disponer que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, contando con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios. Asimismo, la referida Ley 12/2011, de 27 de mayo, añade una disposición transitoria única a la Ley 25/1964, de 29 de abril, en la que se establece el procedimiento a seguir por los titulares de las centrales nucleares que no cumplan con los requisitos establecidos en la nueva redacción del artículo 28 de la citada Ley 25/1964, de 29 de abril, para adaptarse a estos requisitos, fijando un plazo para llevar a cabo esta adaptación. Sin embargo, transcurrido en exceso dicho plazo, no se ha podido llevar a cabo la adaptación establecida por la ley en aquellas centrales nucleares en las que existen varios titulares, por no haber dado éstos cumplimiento a lo dispuesto en dicha disposición transitoria única. A la vista de lo anterior, y siendo necesario que se completen los procesos de adaptación de las distintas centrales nucleares, se ha considerado urgente y necesario proceder a esta modificación legal, ya que, además, es preciso posibilitar, en su caso, la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares afectadas, para evitar un posible impacto negativo en la estabilidad del suministro eléctrico. Esta medida afecta a todas las centrales nucleares, salvo a la central nuclear de Santa María de Garoña y a la central nuclear de Cofrentes ya que son las únicas que cumplen con el requisito de tener un único titular. Mediante esta modificación, se pretende no interferir, en la medida de lo posible, en el modelo de explotación implantado desde hace años en las centrales nucleares afectadas, y respetar el contexto de competencia en materia de generación nucleoeléctrica que actualmente existe en el mercado eléctrico. Hay que tener en cuenta que la operación de estas centrales se lleva a cabo por medio de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) constituidas por sus copropietarios que cuentan con los recursos personales que son exigidos en el apartado 2 del artículo 28. Mediante esta modificación legal se exige también que se les dote con los demás medios necesarios. Además, dado que una misma entidad puede ser titular de la explotación de varias centrales nucleares con diferentes propietarios, con la modificación contemplada en este real decreto-ley se pretende exonerar de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la explotación de una central nuclear a aquellas compañías que siendo partícipes de dicha entidad titular no sean copropietarios de la misma. Esta modificación legal pretende dar solución a la situación planteada, sin perjuicio de que, con posterioridad, las empresas afectadas puedan solicitar una modificación de la titularidad de una central nuclear, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.i) de Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de octubre de 2014, DISPONGO: CAPÍTULO I Hibernación de las instalaciones Artículo 1. Hibernación de la instalación. 1. Se hibernan las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor». Durante esta hibernación no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo. ENAGÁS GTS, en su calidad de Gestor Técnico del Sistema, velará por que no se realicen entregas de gas al almacenamiento. Lo anterior no resultará de aplicación a aquellas cantidades de hidrocarburo que sean imprescindibles para garantizar la operatividad de las instalaciones y equipos o la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. 2. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se podrá poner término a la hibernación, previa valoración motivada de los resultados de los correspondientes estudios técnicos y atendiendo a la evolución de la demanda de gas natural. La decisión adoptada garantizará la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y primará, de manera determinante, la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente. En esta disposición del Consejo de Ministros se acordarán bien el desmantelamiento del almacenamiento o, en su caso, la integración de las instalaciones en una concesión de explotación del almacenamiento que deberá otorgarse a través de un procedimiento de concurrencia competitiva de conformidad con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y su normativa de desarrollo, correspondiendo al sistema gasista los ingresos y costes prudentes derivados de ambos. CAPÍTULO II Extinción de la concesión y efectos Artículo 2. Extinción de la concesión «Castor». 1. Se extingue la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», otorgada por Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por la causa prevista en el artículo 34.1 apartado c) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y a los efectos del artículo 14 de dicho real decreto, de acuerdo con las condiciones particulares que se determinan en el presente real decreto-ley. 2. Con el abono a ESCAL UGS, S.L., de las cantidades a que se refiere el artículo 4 quedarán extinguidas todas las obligaciones económicas derivadas de la concesión de explotación y cualquier derecho retributivo a ESCAL UGS, S.L., con cargo al sistema gasista de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo, en particular la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. 3. La extinción de la concesión implica la de todas las cargas y gravámenes impuestos sobre los bienes e instalaciones objeto de la concesión. Los titulares posteriores o empresas que realicen cualquier clase de actividad sobre el objeto de la concesión de explotación extinguida no quedarán subrogados en las obligaciones, incluidas las derivadas de relaciones laborales o mercantiles, contraídas por ESCAL UGS, S.L. 4. La extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos «Castor» se produce sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas a ESCAL UGS, S.L. tanto a resultas de los eventuales vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones y se pongan de manifiesto dentro de los diez años siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley como de las acciones y omisiones que, como titular de la concesión, haya desarrollado durante su periodo de vigencia y hasta la fecha en que la Sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del presente real decreto-ley. En el caso de disolución o liquidación de la sociedad ESCAL UGS, S.L., así como si resultase insolvente para hacer frente a las tales responsabilidades, éstas serán exigibles, solidariamente, a los socios o partícipes en su capital a 18 de julio de 2014, así como, subsidiariamente, a las sociedades dominantes de los grupos de sociedades a que dichos socios y partícipes pertenecieran, todo ello, igualmente, por referencia a la indicada fecha de 18 de julio de 2014. A los efectos previstos en el párrafo anterior, será sociedad dominante la que ostentase una participación superior al cincuenta por ciento en el capital social de la sociedad accionista de ESCAL UGS, S.L., Si ninguna sociedad alcanzara tal porcentaje será de aplicación el artículo 42 del Código de Comercio. Las cantidades que en tal concepto puedan ser exigidas tendrán la consideración de ingresos del sistema gasista, siendo aplicable, tanto para la determinación de las responsabilidades como para la liquidación de las obligaciones derivadas y exigencia de su pago, el plazo de prescripción señalado en la disposición adicional séptima de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuyo cómputo se realizará con aplicación de las reglas previstas en el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 5. También corresponderán al sistema gasista las indemnizaciones derivadas de las responsabilidades que, por el otorgamiento de la concesión de explotación o la operación del almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», pudieran reconocerse en procedimientos administrativos o judiciales. Artículo 3. Asignación de la administración de las instalaciones. 1. La administración de las instalaciones asociadas al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor» se asignan a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. Esta sociedad asumirá la administración de las instalaciones y será titular de todos los derechos y obligaciones asociados a las mismas durante todo el periodo que medie hasta la finalización del periodo de hibernación. Entre tales derechos asociados no se incluye el derecho de cobro regulado en el artículo 5 de este real decreto-ley. En dichas instalaciones se integran, sin carácter limitativo, los elementos referidos en la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a ESCAL UGS, S.L. autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». 2. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. se subrogará automáticamente en la fecha en que asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.2 del presente real decreto-ley, en la titularidad de los restantes permisos, concesiones, autorizaciones o cualesquiera otros títulos administrativos habilitantes relacionados con las instalaciones de los que ESCAL UGS, S.L. fuera titular. La plena asunción de la administración de las instalaciones implicará la realización de las operaciones necesarias para el mantenimiento y la operatividad de las mismas. Se entienden incluidas las de funcionamiento de las instalaciones, los desarrollos necesarios por motivos técnicos, de seguridad y cualesquiera otros requeridos por la normativa de aplicación, la realización de estudios geológicos, técnicos y económicos, las de comprobación de la correcta construcción, mantenimiento y utilización del almacenamiento así como todos aquellos servicios que estén relacionados o sean complementarios con los anteriores, o que sean necesarios directa o indirectamente para la correcta administración de dichas instalaciones. Además, le corresponderá el desmantelamiento siempre que así se disponga en el acuerdo a que se refiere el artículo 1.2, el cual deberá realizarse en condiciones seguras conforme al razonable estado de la ciencia y técnica en ese momento. Asimismo, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., deberá garantizar la seguridad de las instalaciones para las personas, los bienes y el medioambiente y asegurar el cumplimiento de las normas que resulten de aplicación, en particular en lo que se refiere a las obligaciones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos, y de seguridad para personas y bienes. Los costes del mantenimiento y operatividad así como todos aquellos en los que incurra ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., por la realización de los trabajos indicados anteriormente o por la administración de las instalaciones serán retribuidos en los términos del artículo 6 del presente real decreto-ley. 3. Los ingresos derivados de la venta de cualquier activo de la instalación, incluido, en su caso, el hidrocarburo contenido en el almacenamiento, corresponderán al sistema gasista. 4. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., será exclusivamente responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones. En particular, no responderá de los desperfectos o destrucción de las instalaciones o cualesquiera otros daños o perjuicios ocasionados fuerza mayor o caso fortuito, ni por los que vengan determinados por las acciones u omisiones de ESCAL UGS, S.L. durante la vigencia de la concesión y hasta la fecha en que ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., asuma de forma plena la administración de las instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del presente real decreto-ley. Artículo 4. Reconocimiento de inversiones y costes a ESCAL UGS, S.L. 1. Se reconoce como valor neto de la inversión a que hace referencia el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, la suma de 1.350.729 miles de euros (un millón trescientos cincuenta mil setecientos veintinueve miles de euros). 2. Este importe será abonado, en un solo pago a ESCAL UGS, S.L., en el plazo máximo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, por la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. 3. La cantidad anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos retributivos devengados por ESCAL UGS S.L en el periodo comprendido entre el acta de puesta en servicio provisional y la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley que comprenderán una retribución financiera, el abono los costes de operación y mantenimiento incurridos e incluidos los costes de mantenimiento desde la suspensión de la operación, en los términos actualmente establecidos en la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre y demás normativa de aplicación. Artículo 5. Derechos de cobro con cargo al sistema gasista. 1. La sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., será titular, por razón de la obligación de pago prevista en el artículo 4.2 del presente real decreto-ley, de un derecho de cobro por parte del sistema gasista, por el importe que resulte de la aplicación de los apartados siguientes, con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista durante 30 años hasta la total satisfacción del importe correspondiente al pago estipulado en el artículo 4.2 y a la retribución financiera establecida en el apartado 3 de este artículo. El derecho de cobro se abonará con independencia de que subsista o no la hibernación de la instalación durante el plazo fijo de 30 años y comenzará abonarse a partir de la primera liquidación del sistema gasista correspondiente a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones devengados desde el 1 de enero de 2016. A estos efectos, el titular del derecho de cobro o los titulares del mismo, en el caso de cesión realizada de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se considerarán sujetos del sistema de liquidaciones de actividades reguladas de gas natural teniendo esta partida prioridad en el cobro sobre el resto de costes del sistema en las liquidaciones correspondientes, incluyendo los previstos actualmente en los artículos 61.2 párrafo cuarto y 66 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 2. La orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en la que se aprueben los peajes y cánones asociados al acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural reconocerá de forma expresa la anualidad correspondiente para hacer frente a dicho derecho de cobro. La satisfacción del derecho de cobro anual se realizará a través de los pagos que realice el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista. Para ello, el órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista comunicará a los respectivos sujetos del sistema de liquidaciones, el importe que deberán ingresar en la cuenta que dicho órgano abrirá en régimen de depósito a este exclusivo objeto. En caso de impago, total o parcial, por parte de un sujeto del sistema de liquidaciones, dicho órgano descontará al sujeto incumplidor la cantidad impagada de sus derechos de cobro resultantes de la liquidación, en la siguiente liquidación o posteriores, si fuese necesario. Dichas cantidades serán transferidas a la cuenta a la que se hace referencia en el párrafo anterior. Los posibles intereses que pueda generar dicha cuenta se aplicarán para el mismo fin en el año siguiente. El derecho de cobro será firme y no se verá afectado por el incumplimiento por ENAGÁS Transporte, S.A.U., de sus obligaciones relacionadas en el artículo 3 ni cualesquiera otras. Este derecho no podrá ser objeto de compensación, retención o deducción alguna. La cantidad a pagar en virtud del derecho de cobro será calculada según se indica en el apartado 3 e incluirá tanto la retribución financiera como la amortización del principal. 3. Con objeto de determinar la cantidad anual a pagar en virtud del derecho de cobro en los términos señalados en el apartado 2 anterior, se aplicará la siguiente fórmula: Donde, Ri es la cantidad anual a pagar el año «i», expresada en miles de euros. Tr es la tasa financiera de retribución igual a un tipo de interés anual fijo, expresado en tanto por uno, de 0,04267. Ct es la compensación del importe previsto en el artículo 4.1., expresada en miles de euros. La cantidad mensual a pagar en virtud del derecho de cobro con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista, se calculará para cada año, a partir de la suma de la retribución financiera anual y la amortización anual, dividiendo el resultado entre 12. Los pagos se abonarán el día 25 de cada mes o, en su caso, del día hábil inmediatamente posterior realizándose el primero el 25 de abril de 2016, o en fecha que corresponda según lo anterior. 4. El derecho de cobro será libremente disponible por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., o sus ulteriores titulares y, en consecuencia, podrá ser, total o parcialmente, cedido, transmitido, descontado, pignorado o gravado a favor de cualesquiera terceros, incluyendo fondos de titulización de activos u otros vehículos o sociedades de propósito especial, nacionales o extranjeros, que en ningún caso tendrán la consideración de personas especialmente relacionadas con el titular cedente o pignorante a efectos de lo previsto en los artículos 93 y concordantes de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con sujeción a las leyes generales y en este artículo. 5. La cesión del derecho de cobro deberá realizarse por escrito en un documento, en el que deberá incluirse al menos: a) Nombre o razón social del adquirente y del transmitente, con los datos identificativos del mismo. b) El porcentaje del derecho de cobro cedido. c) Fecha de efectividad de la adquisición del derecho. En caso de concurso del cedente, los cesionarios iniciales o ulteriores gozarán de un derecho absoluto de separación en los términos prevenidos en el artículo 80 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La cesión del derecho de cobro sólo podrá rescindirse o impugnarse al amparo de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por la administración concursal, que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores. 6. La cesión del derecho de cobro será eficaz frente al sistema gasista desde la fecha de la comunicación del documento con los requisitos incluidos en el apartado anterior y las firmas del cedente y del cesionario, al órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista. También se comunicarán los datos de la cuenta bancaria del titular del derecho en el que dicho órgano ha de efectuar los pagos que procedan. A estos efectos, el citado órgano mantendrá un registro de titulares del derecho de cobro. 7. Los titulares del derecho de que se trate podrán recabar del órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista cuanta información sea necesaria para contrastar la corrección de los cálculos en cuya virtud se hayan determinado las cantidades que hayan percibido. 8. El derecho de cobro tendrá la consideración de derecho de crédito a efectos del artículo séptimo. c) del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. La pignoración o cesión en garantía del derecho de cobro tendrá siempre la consideración de acuerdo de garantía financiera a efectos de la aplicación del capítulo II del título I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, aun cuando ninguna de las partes intervinientes esté incluida en una de las categorías del artículo 4 del mismo. En particular: a) no será aplicable a la misma la última frase del artículo 90.1.6º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; b) podrá, en todo caso, ser ejecutada al producirse un supuesto de ejecución con arreglo al artículo undécimo.2 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, bien mediante venta, apropiación o aplicación del mismo al cumplimiento de las obligaciones financieras principales. En este último caso, el acreedor garantizado podrá proceder a la ejecución del acuerdo de garantía financiera requiriendo el pago directo del derecho de cobro, o la parte correspondiente, al órgano competente en materia de liquidaciones del sistema gasista hasta la completa satisfacción de las cantidades adeudadas al mismo. Lo dispuesto en este apartado 8 será igualmente de aplicación a la pignoración o cesión en garantía de las cuentas bancarias en que hayan de abonarse los pagos correspondientes al derecho de cobro, así como los derechos derivados de cualquier contrato de cesión del derecho de cobro, en su caso. Artículo 6. Pago de los costes a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. 1. Los costes de mantenimiento, operatividad y los derivados de las obligaciones indicadas en el artículo 3.2 se abonarán a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., con cargo a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista. Los costes incurridos deberán justificarse con la correspondiente auditoría, y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dentro de estos costes, se incluirá como coste adicional el beneficio industrial, y en los supuestos de subcontratación el pago de los costes de su gestión y administración. 2. ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo antes del 31 de octubre de cada año su plan de costes estimados para el ejercicio siguiente. Este plan se acompañará de una memoria explicativa de las actuaciones atribuidas en el artículo 3.2 a realizar, del estado de los principales elementos de la instalación con particular atención a los elementos críticos para la seguridad de las personas, bienes y del medioambiente así como cualquier otro hecho relevante. Asimismo incluirá la forma de contratación que vaya a utilizarse para las principales partidas que deberá favorecer la concurrencia, la transparencia y el mínimo coste. Igualmente, se adjuntará la memoria de gastos auditados del ejercicio precedente a los efectos de su reconocimiento con carácter definitivo. 3. Anualmente, en la orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo en la que se aprueben los peajes y cánones asociados al acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema de gas natural se incluirá como un coste el importe previsto del ejercicio siguiente teniendo en cuenta el plan referido en el apartado anterior, que podrá ser condicionado. Asimismo, se incluirán, en su caso, los desvíos incurridos en las retribuciones de años anteriores como consecuencia de las revisiones definitivas de los gastos auditados aprobadas de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. Estos costes tendrán la consideración de costes de actividades reguladas de gas natural y se abonarán en las liquidaciones del sistema gasista correspondientes a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones de acuerdo con el procedimiento general de liquidaciones. Disposición adicional primera. Cálculos previstos en este real decreto-ley. A efectos de la realización de los cálculos que se deriven de la aplicación de este real decreto-ley, los valores en miles de euros se expresarán con dos decimales y los tipos de interés en tanto por uno con 5 decimales. Disposición adicional segunda. Adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, en el caso de que a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, la titularidad de la autorización de explotación de una central nuclear no se hubiera adaptado a las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, dicha titularidad se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Quedarán con ello sin efecto los planes de adaptación que, en su caso, se encuentren en tramitación. Con este fin, los titulares de la autorización de explotación hasta esa fecha dotarán al nuevo titular con los medios a que se refiere el apartado 2 del artículo 28. Con independencia del régimen de adopción de acuerdos que sea ordinariamente de aplicación al nuevo titular, las decisiones relacionadas con la seguridad nuclear se adoptarán por mayoría simple. En todo caso y sin perjuicio de la responsabilidad del titular de una central nuclear, la responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de su funcionamiento no será exigible a entidades que no sean copropietarias de la misma ni, en su caso, a sus representantes en los órganos de administración del referido titular. Disposición transitoria primera. Plan de costes para el ejercicio 2015. El plan de costes para el ejercicio 2015 y demás documentación que ha de acompañarse de conformidad con el artículo 6.2 del presente real decreto-ley deberá remitirse por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., antes del 1 de diciembre de 2014. Disposición transitoria segunda. Desempeño transitorio de funciones. 1. ESCAL UGS, S.L. será responsable de que las actividades de mantenimiento y operatividad de las instalaciones se desarrollen con normalidad, en condiciones seguras y de acuerdo con los principios de transparencia y mínimo coste hasta la plena asunción de la administración de las instalaciones por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley ESCAL UGS, S.L. deberá colaborar y facilitar a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., la información, el acceso a las instalaciones y la asistencia necesaria para el traspaso ordenado de funciones. ESCAL UGS, S.L deberá mantener el cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las condiciones que hubieran sido impuestas en las disposiciones de otorgamiento de la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo Castor y en este real decreto-ley. En particular, mantendrá la titularidad de los permisos, concesiones, autorizaciones o cualesquiera otros títulos administrativos habilitantes relacionados con las instalaciones. El incumplimiento de dichas condiciones o de cualquiera de sus obligaciones podrá suponer la pérdida del reconocimiento de los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones previstos en el apartado 3 de esta disposición, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que le sean exigibles. 2. Antes del 1 de diciembre de 2014, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., asumirá de forma plena la administración de las instalaciones, que será comunicada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el plazo de dos meses desde la asunción plena de la administración de dichas instalaciones, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un informe técnico para acreditar el estado de las instalaciones recibidas, el grado de cumplimiento de la normativa vigente, las inversiones a realizar para corregir las deficiencias que presente o, en su caso, para adaptarlo a su nuevo estado, la priorización de las inversiones a realizar y la posibilidad de programarlas en el tiempo y las necesidades de mantenimiento futuras. En función de este informe, podrá minorarse el importe reconocido a ESCAL UGS, S.L. por sus costes de mantenimiento y operatividad. 3. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará el importe correspondiente a los costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones en que razonablemente hubiese incurrido ESCAL UGS, S.L desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta la asunción plena de la administración de la instalación por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., Los costes así reconocidos se agregarán al procedimiento de liquidación en curso y se abonarán a ESCAL UGS, S.L. en un pago único. Con este objetivo, ESCAL UGS, S.L. presentará en el plazo de 10 días desde la entrada en vigor de este real decreto-ley al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una estimación de los costes en los que prevé incurrir durante dicho periodo transitorio. Finalizado el periodo transitorio, presentará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la memoria de gastos auditados correspondiente a dicho periodo, a los efectos del reconocimiento de los costes. 4. Tanto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar a ESCAL UGS, S.L., y a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., la información adicional que consideren necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final primera. Título competencial. El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Disposición final segunda. Habilitación normativa. Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para que dicte las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto-ley entrará en vigor mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 3 de octubre de 2014. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Decreto de Castor sobre centrales nucleares: llevan años sin adaptarse a la ley.

I El almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento. El presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular. A este fin, se acuerda la hibernación de las instalaciones y la asignación de su administración a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., quien se encargará, durante la citada hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la instalación y en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento. También llevará a cabo el pago de la correspondiente compensación a ESCAL UGS, S.L., por las instalaciones cuya administración se le asigna. La experiencia adquirida por ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., en la gestión y operación de almacenamientos subterráneos, como titular de las principales instalaciones de tal naturaleza que operan en el sistema gasista, garantiza el mantenimiento efectivo del almacenamiento subterráneo «Castor» en condiciones seguras. Además, se reconoce a dicha sociedad una retribución del sistema gasista por el desarrollo de los trabajos que la presente norma le asigna así como una compensación por el desembolso económico al actual titular de las instalaciones. II El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor», que se integraría en el sistema gasista como infraestructura básica y consecuentemente, sujeta al régimen de acceso de terceros a la red y con derecho a una retribución regulada. El almacenamiento fue recogido en el Documento de «Planificación de los sectores de la electricidad y del gas 2008-2016», aprobado por el Consejo de Ministros con fecha de 30 de mayo de 2008. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, además de su carácter meramente demanial, concretaba algunas especificidades del almacenamiento entre las que cabe destacar el régimen de extinción de su artículo 14. Entre ellas se establecía la posibilidad de renuncia de la concesión de explotación por el titular así como la determinación de la compensación a percibir en dicha eventualidad. Dicha previsión fue objeto de litigio a resultas del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2012, que declaró la lesividad para el interés público del inciso final del mencionado artículo por entender incompatible una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la concesión si concurre dolo o negligencia de la misma, con el criterio de la gratuidad de la reversión de las instalaciones estipulado en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. El Tribunal Supremo dictó sentencia el 14 de octubre de 2013 en la que afirmó que la previsión genérica de gratuidad en la reversión de las instalaciones contenida en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos debía entenderse «a reserva de previsiones específicas en el otorgamiento de cada concesión concreta», concluyendo por ello, en relación con el citado artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo «que dicha previsión no choca con el tenor del artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos y que, por consiguiente, no podemos declarar su nulidad. Pero no significa que aunque medie dolo o negligencia de la empresa concesionaria en todo caso vaya ésta a percibir la indemnización prevista en el inciso litigioso. Antes al contrario, dicha regla concesional es a su vez una previsión genérica de compensación por el valor residual de unas instalaciones que revierten operativas al Estado en caso de caducidad o extinción de la concesión; pero la efectiva percepción por parte de la empresa titular de dicha compensación dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido». Por otra parte, el referido Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, habilitaba a su titular para emplear la estructura subterránea como almacenamiento subterráneo pero exigía, al mismo tiempo, la obtención de autorización administrativa de sus instalaciones necesarias. Previa realización del trámite de evaluación de impacto ambiental que concluyó por Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén subterráneo de gas natural Amposta, y posteriormente por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010, se otorgó autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto de almacenamiento subterráneo «Castor». Finalizados los trabajos de construcción de los mismos, la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió, el 5 de julio de 2012, el acta de puesta en servicio provisional para el conjunto del almacenamiento que además de habilitar para la inyección del gas colchón establece el inicio del devengo de la retribución regulada de la instalación. La inyección de dicho gas colchón estaba programada en varias fases, que de forma gradual, debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación. La primera tuvo lugar entre el 14 y el 25 de jun ### RESUMEN: Decreto de Castor sobre centrales nucleares: llevan años sin adaptarse a la ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado. En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas resuelvo: Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto, en la cantidad de un millón novecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete euros con veintisiete céntimos (1.967.987,27 €). Madrid, 21 de abril de 2021.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo.

Capital social mínimo para sociedades anónimas deportivas (de la ACB: 1.967.987,00 euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, modificado por el Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, que regula la fórmula para la fijación del Capital Social Mínimo de las sociedades anónimas deportivas, corresponde al Consejo Superior de Deportes, previo informe de la liga profesional correspondiente, calcular y publicar el 25 por ciento de la media de gastos realizados por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participen en la respectiva competición, en los términos indicados en el apartado 2 a) del artículo anteriormente citado. En uso de las atribuciones que legalmente tengo concedidas resuelvo: Determinar, de acuerdo con los datos obrantes en este Consejo Superior de Deportes y previo el preceptivo informe de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cálculo al que hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto, en la cantidad de un millón novecientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete euros con veintisiete céntimos (1.967.987,27 €). Madrid, 21 de abril de 2021.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo. ### RESUMEN: Capital social mínimo para sociedades anónimas deportivas (de la ACB: 1.967.987,00 euros

Mediante esta modificación se incluye la transposición técnica de las medidas en materia de permisos y vacaciones reguladas en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Por otra parte, en el ámbito de la negociación de diferentes medidas en materia de empleo público, ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado la posibilidad de aumentar el período anual de disfrute de los días de permiso por asuntos particulares y vacaciones hasta el día 31 de enero. Hasta la fecha se extendía al 15 de enero del año siguiente al correspondiente a dichos permisos y vacaciones. Dicha ampliación, que se considera racionaliza el régimen de disfrute de dichos días, se incorpora por tanto a la Resolución de 28 de diciembre de 2012. En base a lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve: Primero. Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en los siguientes términos: 1. Se modifica el epígrafe 1 del apartado 3, que queda redactado como sigue: «3.1 La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales». 2. Se modifica la redacción de los epígrafes 1, 3 y 7 del apartado 9, que quedan redactados de la siguiente forma: «9.1 Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de servicio. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales: – Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. – Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. – Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. – Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio». «9.3 Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto 9.1 de esta instrucción, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.» «9.7 A lo largo de cada año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente. Así mismo, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días de permiso por asuntos particulares así como, en su caso, los días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente.» Segundo. Los días adicionales de vacaciones correspondientes al año 2015 resultantes de la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, se podrán disfrutar de manera independiente, en los términos establecidos en el segundo párrafo del apartado 9.3 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Tercero. Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios, así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y por los Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades Autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos ámbitos. Cuarto. La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 16 de septiembre de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.

Recuperación moscosos funcionarios, días extra por antigüedad y poder gastar vacaciones hasta 31/1, en vigor mañana

Mediante esta modificación se incluye la transposición técnica de las medidas en materia de permisos y vacaciones reguladas en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Por otra parte, en el ámbito de la negociación de diferentes medidas en materia de empleo público, ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado la posibilidad de aumentar el período anual de disfrute de los días de permiso por asuntos particulares y vacaciones hasta el día 31 de enero. Hasta la fecha se extendía al 15 de enero del año siguiente al correspondiente a dichos permisos y vacaciones. Dicha ampliación, que se considera racionaliza el régimen de disfrute de dichos días, se incorpora por tanto a la Resolución de 28 de diciembre de 2012. En base a lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve: Primero. Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en los siguientes términos: 1. Se modifica el epígrafe 1 del apartado 3, que queda redactado como sigue: «3.1 La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales». 2. Se modifica la redacción de los epígrafes 1, 3 y 7 del apartado 9, que quedan redactados de la siguiente forma: «9.1 Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de servicio. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales: – Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. – Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. – Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. – Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio». «9.3 Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto 9.1 de esta instrucción, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.» «9.7 A lo largo de cada año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente. Así mismo, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días de permiso por asuntos particulares así como, en su caso, los días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente.» Segundo. Los días adicionales de vacaciones correspondientes al año 2015 resultantes de la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, se podrán disfrutar de manera independiente, en los términos establecidos en el segundo párrafo del apartado 9.3 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Tercero. Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios, así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y por los ### RESUMEN: Recuperación moscosos funcionarios, días extra por antigüedad y poder gastar vacaciones hasta 31/1, en vigor mañana

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1960-2017, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Madrid, 9 de mayo de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

El Constitucional admite el recurso de Podemos contra el Real Decreto-ley 1/2017, de cláusulas suelo

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 9 de mayo actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 1960-2017, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Madrid, 9 de mayo de 2017.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: El Constitucional admite el recurso de Podemos contra el Real Decreto-ley 1/2017, de cláusulas suelo

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6022-2011, promovido por don Fredy Oswaldo Calle Quintero, representado por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez y bajo la dirección del Letrado don César Pinto Cañón, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 313-2011, de 8 de septiembre, por la que se desestima el recurso de apelación núm. 274-2011 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid, de 19 de noviembre de 2010, dictada en el procedimiento abreviado núm. 1143-2008, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid de 4 de junio de 2008, dictada en el expediente sancionador núm. 501880 sobre expulsión del territorio nacional. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de noviembre de 2011, el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez, en nombre y representación de don Fredy Oswaldo Calle Quintero, y bajo la dirección del Letrado don César Pinto Cañón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El demandante de amparo fue detenido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como consecuencia de los servicios de vigilancia y control llevados a cabo en la estación del servicio metropolitano de Cuatro Caminos, en Madrid, el 8 de abril de 2008 por una posible infracción del art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 21 de junio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante, LOEx) por carecer de documentación que acredite su estancia regular en España. Ese mismo día se notifica al demandante de amparo el acuerdo de inicio de expediente de expulsión por el procedimiento preferente, tramitado con el núm. 501880, en el que sólo se hacen constar como hechos relevantes la circunstancia de la detención por carecer de documentación y la posible comisión de la infracción prevista en el art. 53 a) LOEx. b) El demandante formuló alegaciones el 8 de abril de 2008 poniendo de manifiesto tanto la circunstancia de la existencia de arraigo familiar como la vulneración de la presunción de inocencia al no haberse mencionado en el acuerdo de incoación ni constar en el expediente prueba o indicio acreditativo de la estancia irregular en España. El demandante, mediante un nuevo escrito registrado el 11 de abril de 2008, remitió fotocopia de su pasaporte y los documentos acreditativos de la posesión de la nacionalidad española por dos de sus hermanos residentes en España. c) La Brigada provincial de extranjería y documentación remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid escrito de 7 de mayo de 2008 conteniendo propuesta de resolución de expulsión del territorio español por un periodo de siete años, en la que se hacía constar como circunstancias relevantes que «habiendo solicitado con anterioridad autorización de residencia, le fue denegada por la Autoridad competente para ello, hallándose ilegalmente en España, con anterioridad ha sido detenido en una ocasión por presunto delito de malos tratos físicos en ámbito familiar, instruyéndose el atestado penal policial correspondiente que fue remitido a la Autoridad judicial competente». No consta que dicha propuesta de resolución le hubiera sido notificada al demandante o a su Abogado. d) La Delegada del Gobierno en Madrid por resolución de 4 de junio de 2008 consideró que los hechos eran constitutivos de un infracción del art. 53 a) LOEx y que, «constando en el expediente, además de la permanencia irregular en España, otros datos negativos sobre su conducta, al haber sido detenido en una ocasión por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, que demuestran un comportamiento antisocial en nuestro país y aconsejan la imposición de la sanción de expulsión que se propone, en lugar de una sanción económica, que en ningún caso sanaría su situación irregular en España», acordó la expulsión del demandante del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años. e) El demandante formuló escrito de demanda contencioso-administrativa, tramitada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid como procedimiento abreviado núm. 1143-2008, alegando, entre otras cosas, los derechos a la defensa y a conocer la acusación, toda vez que no se había notificado la propuesta de resolución en que se ponían de manifiesto nuevos hechos relevantes como era la existencia de antecedentes penales en que posteriormente se fundamenta la decisión de sustituir la sanción de multa por la de expulsión. Del mismo modo se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, argumentando que, contrariamente a lo que es jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Administración no había acreditado cuál fue el resultado judicial de las actuaciones policiales por la comisión del supuesto delito de malos tratos por el que fue detenido. Por último, se puso de manifiesto la falta de proporcionalidad en la determinación del plazo de prohibición de entrada que se fija en el máximo legal sin ninguna motivación que lo justifique. El recurso fue desestimado por Sentencia de 19 de noviembre de 2010, argumentando que los hechos descritos en la resolución impugnada son suficientes para acreditar la infracción y la sanción de expulsión, que se basa, además, en la existencia de una conducta antisocial. f) El demandante interpuso recurso de apelación, tramitado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el núm. 274-2011, alegando que la Sentencia impugnada había incurrido en incongruencia omisiva, por no haber dado respuesta a los motivos referidos a la vulneración del derecho de defensa y de falta de proporcionalidad en la determinación del tiempo de prohibición de entrada. Igualmente se reiteran las vulneraciones ya alegadas en la demanda contencioso-administrativa. El recurso fue desestimado por Sentencia núm. 313/2011, de 8 de septiembre, destacando que no se había incurrido en falta de motivación ni de proporcionalidad en la decisión de expulsión ya que se carecía de cobertura que amparase su situación en España y no contaba con arraigo social suficiente. 3. El recurrente aduce en la demanda de amparo que en el procedimiento administrativo sancionador se han vulnerado sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). La vulneración del derecho a la defensa la fundamenta en que no se le notificó la propuesta de resolución en la que se contenía un nuevo dato relevante y determinante para la posterior decisión de sustitución de la sanción de multa por la de expulsión como era la existencia de un antecedente penal. A esos efectos, el demandante de amparo argumenta que esa ausencia de notificación le impidió alegar y defenderse contradictoriamente en relación con las afirmaciones sorpresivas y novedosas contenidas en la propuesta de resolución y que fueron asumidas en la resolución sancionadora. Por su parte, la vulneración de derecho a la presunción de inocencia la fundamenta en que se ha utilizado como elemento peyorativo la circunstancia de un antecedente policial sin verificar su resultado final judicial, que fue exculpatorio para el recurrente. La demanda aduce que las resoluciones judiciales, al margen de no haber reparado las anteriores vulneraciones, habrían incurrido en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al haber dejado imprejuzgadas las cuestiones referidas a las vulneraciones aducidas del derecho a la defensa y a la proporcionalidad en la determinación del tiempo de prohibición de entrada en territorio nacional. El demandante justifica la especial trascendencia constitucional del recurso poniendo de manifiesto, por un lado, que la doctrina constitucional sobre la necesidad de notificación de las propuestas de resolución en los procedimientos sancionadores en materia de extranjería cuando se introducen elementos nuevos está siendo incumplida de modo general y reiterado por los órganos administrativos y, por otro, que es una cuestión novedosa todavía no resuelta por el Tribunal Constitucional la eventual lesión del derecho a la presunción de inocencia derivada de la circunstancia de que se tome como elemento desfavorable un antecedente policial sin contrastarlo con el resultado judicial a que ha dado lugar. 4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 1 de marzo de 2012, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir a los órganos judiciales y administrativo la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo. Igualmente se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión, en la que, tras los trámites oportunos, se dictó el ATC 66/2012, de 16 de abril, acordando suspender la ejecución de las resoluciones impugnadas. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 18 de abril de 2012, acordó tener por personado y parte al Abogado del Estado y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, dentro de dicho término, pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho convinieran. 6. El Abogado del Estado, en escrito registrado el 22 de mayo de 2012, presentó sus alegaciones solicitando que se desestimen los motivos de amparo referidos a la resolución administrativa, toda vez que, respecto del derecho de defensa (art. 24.2 CE), aunque el expediente administrativo remitido no incorpora la notificación de la propuesta de resolución, tampoco queda acreditado que no fuera notificada, no habiéndose rebatido la concurrencia del resto de circunstancias que estaban ya presentes en el acuerdo de iniciación del expediente. Subsidiariamente, para el caso de que se estimara dicha vulneración, el Abogado del Estado considera que, con el precedente de la STC 145/2011, de 26 de septiembre, lo procedente sería acordar la retroacción de actuaciones. Por su parte, respecto del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el Abogado de Estado señala que es al recurrente a quien, acreditada la existencia de un antecedente policial, corresponde probar en su descargo que dichos antecedentes carecen de virtualidad jurídica. En relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la alegada incongruencia omisiva en que habrían incurrido las resoluciones impugnadas, el Abogado del Estado solicita que se inadmita este motivo de amparo por no haberse agotado la vía judicial previa [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] con la promoción del preceptivo incidente de nulidad de actuaciones. Subsidiariamente, solicita su desestimación argumentando que hay un rechazo tácito de las alegaciones aducidas al haberse entrado en el control de legalidad de fondo del acto administrativo recurrido. 7. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 13 de junio de 2012, interesó que se estimara el amparo solicitado por vulneración del derecho de defensa (art. 24.2 CE) en la tramitación del expediente sancionador administrativo con anulación de las resoluciones impugnadas y retroacción de actuaciones al momento previo en que debió ser notificada la propuesta de resolución al recurrente. A esos efectos, el Ministerio Fiscal destaca que, constatado mediante el examen del expediente la falta de notificación al interesado de la propuesta de resolución y de que ésta incorporaba un hecho no recogido en el acuerdo de incoación que ha sido relevante para la resolución sancionadora, el demandante se vio privado de la oportunidad de alegar y proponer prueba respecto de ese particular, por lo que, en aplicación de la doctrina sentada en la STC 145/2011, de 26 de septiembre, debe entenderse vulnerado el art. 24.2 CE. Subsidiariamente, y para el caso de que no se apreciara dicha vulneración, el Ministerio Fiscal entiende que no concurre la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en relación con la resolución administrativa, y que la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1. CE) que se imputa a las resoluciones judiciales por incongruencia omisiva está incursa en falta de agotamiento [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) LOTC] por no haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones. 8. El recurrente, en escrito registrado el 8 de mayo de 2012, presentó alegaciones ratificándose en lo expuesto en la demanda de amparo. 9. Por providencia de fecha 27 de septiembre de 2012 se señaló para deliberación y fallo el día 1 de octubre de 2012. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si en el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el demandante, se han vulnerado sus derechos a la defensa (art. 24.2 CE), por no haberse notificado la propuesta de resolución que incluía hechos nuevos diferentes a los puestos de manifiesto en el acuerdo de iniciación del expediente y que han resultado relevantes para la imposición de la sanción, y a la presunción de inocencia (art. 24.2), por haberse utilizado como un hecho relevante la existencia de un antecedente penal sin verificar su resultado en vía judicial. Igualmente, se denuncia que las resoluciones judiciales han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por incongruencia omisiva, al no haberse dado una respuesta motivada a las alegaciones realizadas sobre la vulneración de derechos fundamentales. En atención a estas invocaciones, el presente recurso de amparo debe ser considerado de naturaleza mixta, pues se atribuye a las resoluciones judiciales una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de carácter autónomo, que va más allá de la mera falta de reparación de las vulneraciones que originariamente se imputan a la Administración penitenciaria sancionadora. En estos casos, tal como ha reiterado este Tribunal, el carácter prioritario de la impugnación del acto administrativo, origen y fin del proceso judicial posterior, y la facilitación de una solución más temprana al amparo aconsejan que, en general, el examen de las quejas comience por las referidas al acto administrativo (por todas, STC 59/2011, de 3 de mayo, FJ 1). 2. El recurrente aduce, en primer lugar, que la ausencia de notificación de la propuesta de resolución en la que se contenía un nuevo hecho relevante para la resolución final del expediente le ha impedido ejercer en plenitud su derecho de defensa contradictoria. Este Tribunal, en relación con una alegación idéntica resuelta en la STC 145/2011, de 26 de septiembre, ya ha recordado que las garantías procesales establecidas en el art. 24.2 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza, y que entre esas garantías está el derecho de defensa, que impone a la Administración no sólo el deber de comunicar al afectado la incoación del expediente sancionador, sino, además, que le dé la oportunidad de alegar en el curso del mismo lo que a su derecho convenga, así como de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes. Igualmente, se ha destacado en dicha Sentencia que por la relevante función que en el seno del procedimiento sancionador cumple la propuesta de resolución su falta de comunicación al interesado supone una violación del derecho de defensa que tendrá relevancia constitucional siempre que provoque una disminución de las posibilidades de defensa, entendidas como conjunto de facultades de alegación y prueba frente a unos determinados hechos, así como de mantenimiento de los términos esenciales del debate (FJ 3). Por último, también se ha puesto de manifiesto en la citada STC 145/2011 que, producida la vulneración del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, el hecho de que el demandante de amparo disfrutara posteriormente en el proceso judicial de la posibilidad de alegar y probar lo que consideró oportuno no subsana la vulneración del derecho a la defensa, toda vez que el titular de la potestad sancionadora, quien debe ejercerla a través de un procedimiento respetuoso con las garantías constitucionales, es la Administración pública, siendo el único objeto del proceso contencioso-administrativo la revisión del acto administrativo sancionador (FJ 5). En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado acreditado, en primer lugar, que el acuerdo de incoación del expediente sancionador sólo puso de manifiesto como circunstancia relevante que el demandante carecía de documentación que acreditara su estancia regular en España. En segundo lugar, que es en el escrito de la propuesta de resolución en el que se hacen constar como nueva circunstancia que el demandante contaba con una detención policial previa por supuesto delito de malos tratos físicos en ámbito familiar. En tercer lugar, que no consta en el expediente administrativo remitido a este Tribunal la notificación de la propuesta de resolución al demandante o su Abogado. Y, por último, también se acredita que la resolución administrativa sancionadora justifica la sustitución de la pena de multa por la de expulsión en la existencia de esta previa detención como demostrativa de un comportamiento antisocial en nuestro país. En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, debe concluirse que se ha vulnerado el derecho de defensa del recurrente, toda vez que ha quedado acreditada la doble circunstancia de que no se notificó la propuesta de resolución del expediente y de que ésta contenía una nueva y concreta circunstancia, como era el hecho de la detención, que ha sido determinante para que la Administración decidiera sustituir la sanción principal de multa por la más gravosa de expulsión del territorio sin dar la oportunidad al recurrente de alegar o proponer prueba respecto de la misma. 3. Una vez apreciado que en el procedimiento sancionador se ha vulnerado el art. 24.2 CE, resulta innecesario continuar con el análisis del resto de las invocaciones realizadas en la demanda de amparo. En cuanto al alcance del amparo, tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, citando el precedente de la ya citada STC 145/2011, señalan que lo procedente sería, además de anular las resoluciones judiciales y la administrativa, la retroacción de actuaciones para que sea notificada la propuesta de resolución al demandante. Sin embargo, más allá de algún precedente aislado, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que en los supuestos de vulneración de las garantías procesales en los procedimientos administrativos sancionadores no haya un especial pronunciamiento sobre la retroacción de actuaciones (entre las últimas, SSTC 128/2008, de 27 de octubre, o 59/2011, de 3 de mayo). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Fredy Oswaldo Calle Quintero y, en su virtud: 1.º Declarar vulnerado su derecho a la defensa (art. 24.2 CE). 2.º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular la resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid de 4 de junio de 2008, dictada en el expediente sancionador núm. 501880, así como la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 313/2011, de 8 de septiembre, dictada en el recurso de apelación núm. 274-2011 y la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid de 19 de noviembre de 2010, dictada en el procedimiento abreviado núm. 1143-2008. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a uno de octubre de dos mil doce.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Firmado y rubricado.

El Constitucional anula la orden de expulsión del país de un hombre porque no le dejaron defenderse

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Ramón Rodríguez Arribas, Presidente, don Pablo Pérez Tremps, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6022-2011, promovido por don Fredy Oswaldo Calle Quintero, representado por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez y bajo la dirección del Letrado don César Pinto Cañón, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 313-2011, de 8 de septiembre, por la que se desestima el recurso de apelación núm. 274-2011 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid, de 19 de noviembre de 2010, dictada en el procedimiento abreviado núm. 1143-2008, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid de 4 de junio de 2008, dictada en el expediente sancionador núm. 501880 sobre expulsión del territorio nacional. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 7 de noviembre de 2011, el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez, en nombre y representación de don Fredy Oswaldo Calle Quintero, y bajo la dirección del Letrado don César Pinto Cañón, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El demandante de amparo fue detenido por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como consecuencia de los servicios de vigilancia y control llevados a cabo en la estación del servicio metropolitano de Cuatro Caminos, en Madrid, el 8 de abril de 2008 por una posible infracción del art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 21 de junio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante, LOEx) por carecer de documentación que acredite su estancia regular en España. Ese mismo día se notifica al demandante de amparo el acuerdo de inicio de expediente de expulsión por el procedimiento preferente, tramitado con el núm. 501880, en el que sólo se hacen constar como hechos relevantes la circunstancia de la detención por carecer de documentación y la posible comisión de la infracción prevista en el art. 53 a) LOEx. b) El demandante formuló alegaciones el 8 de abril de 2008 poniendo de manifiesto tanto la circunstancia de la existencia de arraigo familiar como la vulneración de la presunción de inocencia al no haberse mencionado en el acuerdo de incoación ni constar en el expediente prueba o indicio acreditativo de la estancia irregular en España. El demandante, mediante un nuevo escrito registrado el 11 de abril de 2008, remitió fotocopia de su pasaporte y los documentos acreditativos de la posesión de la nacionalidad española por dos de sus hermanos residentes en España. c) La Brigada provincial de extranjería y documentación remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid escrito de 7 de mayo de 2008 conteniendo propuesta de resolución de expulsión del territorio español por un periodo de siete años, en la que se hacía constar como circunstancias relevantes que «habiendo solicitado con anterioridad autorización de residencia, le fue denegada por la Autoridad competente para ello, hallándose ilegalmente en España, con anterioridad ha sido detenido en una ocasión por presunto delito de malos tratos físicos en ámbito familiar, instruyéndose el atestado penal policial correspondiente que fue remitido a la Autoridad judicial competente». No consta que dicha propuesta de resolución le hubiera sido notificada al demandante o a su Abogado. d) La Delegada del Gobierno en Madrid por resolución de 4 de junio de 2008 consideró que los hechos eran constitutivos de un infracción del art. 53 a) LOEx y que, «constando en el expediente, además de la permanencia irregular en España, otros datos negativos sobre su conducta, al haber sido detenido en una ocasión por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, que demuestran un comportamiento antisocial en nuestro país y aconsejan la imposición de la sanción de expulsión que se propone, en lugar de una sanción económica, que en ningún caso sanaría su situación irregular en España», acordó la expulsión del demandante del territorio nacional, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años. e) El demandante formuló escrito de demanda contencioso-administrativa, tramitada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 16 de Madrid como procedimiento abreviado núm. 1143-2008, alegando, entre otras cosas, los derechos a la defensa y a conocer la acusación, toda vez que no se había notificado la propuesta de resolución en que se ponían de manifiesto nuevos hechos relevantes como era la existencia de antecedentes penales en que posteriormente se fundamenta la decisión de sustituir la sanción de multa por la de expulsión. Del mismo modo se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, argumentando que, contrariamente a lo que es jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Administración no había acreditado cuál fue el resultado judicial de las actuaciones policiales por la comisión del supuesto delito de malos tratos por el que fue detenido. Por último, se puso de manifiesto la falta de proporcionalidad en la determinación del plazo de prohibición de entrada que se fija en el máximo legal sin ninguna motivación que lo justifique. El recurso fue desestimado por Sentencia de 19 de noviembre de 2010, argumentando que los hechos descritos en la resolución impugnada son suficientes para acreditar la infracción y la sanción de expulsión, que se basa, además, en la existencia de una conducta antisocial. f) El demandante interpuso recurso de apelación, tramitado por ### RESUMEN: El Constitucional anula la orden de expulsión del país de un hombre porque no le dejaron defenderse

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 1.2) Número de identificación fiscal: S2821025J. 1.3) Dirección: Paseo Infanta Isabel, 1. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28014. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: [email protected] 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZEeTqrIvOs9vYnTkQN0%2FZA%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación. 4. Códigos CPV: 79341000 (Servicios de publicidad). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 6. Descripción de la licitación: Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la promoción de los Alimentos de España, en 2022 y 2023. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad. 9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%). 10. Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2022. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Número de ofertas recibidas: 1. 11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 12. Adjudicatarios: 12.1) Nombre: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. 12.2) Número de identificación fiscal: Q2878017I. 12.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.000.000,00 euros. 13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 2.000.000,00 euros. 13.3) Valor de la oferta de menor coste: 2.000.000,00 euros. 18. Fecha de envío del anuncio: 3 de mayo de 2022. Madrid, 3 de mayo de 2022.- Secretario General de Agricultura y Alimentación, Esperanza Orellana Moraleda.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación paga dos millones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la promoción de los Alimentos de España, en 2022 y 2023.

1. Poder adjudicador: 1.1) Nombre: Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 1.2) Número de identificación fiscal: S2821025J. 1.3) Dirección: Paseo Infanta Isabel, 1. 1.4) Localidad: Madrid. 1.5) Provincia: Madrid. 1.6) Código postal: 28014. 1.7) País: España. 1.8) Código NUTS: ES300. 1.11) Correo electrónico: [email protected] 1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZEeTqrIvOs9vYnTkQN0%2FZA%3D%3D 2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida: 2.1) Tipo: Administración General del Estado. 2.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación. 4. Códigos CPV: 79341000 (Servicios de publicidad). 5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300. 6. Descripción de la licitación: Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la promoción de los Alimentos de España, en 2022 y 2023. 7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad. 9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%). 10. Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2022. 11. Ofertas recibidas: 11.1) Número de ofertas recibidas: 1. 11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0. 12. Adjudicatarios: 12.1) Nombre: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. 12.2) Número de identificación fiscal: Q2878017I. 12.7) País: España. 13. Valor de las ofertas: 13.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.000.000,00 euros. 13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 2.000.000,00 euros. 13.3) Valor de la oferta de menor coste: 2.000.000,00 euros. 18. Fecha de envío del anuncio: 3 de mayo de 2022. Madrid, 3 de mayo de 2022.- Secretario General de Agricultura y Alimentación, Esperanza Orellana Moraleda. ### RESUMEN: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación paga dos millones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la promoción de los Alimentos de España, en 2022 y 2023.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de marzo de 2022, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Hacienda y Función Pública, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades y de la Ministra de Igualdad, ha aprobado un Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden. Madrid, 1 de abril de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García. ANEXO Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania La invasión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, además de amenazar y menoscabar la seguridad y la estabilidad europea y mundial, está generando graves consecuencias en todos los ámbitos, en particular en el económico y social. Pero más allá de la grave crisis económica y energética que la invasión de Ucrania está generando, sobre todo en el ámbito europeo, el efecto más devastador de la guerra es la profunda crisis humanitaria padecida por el pueblo ucraniano. Por ello, desde la condena realizada por el Consejo Europeo, con la máxima firmeza, en sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, en las que hace hincapié en la grave violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que supone la invasión de Ucrania, se han sucedido las reacciones coordinadas en favor del pueblo ucraniano, en forma de sanciones al invasor y en distintas medidas de apoyo y ayuda, que son muestra de solidaridad tanto de la propia Unión Europea como de la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. En línea con lo expuesto, el pasado 1 de marzo, el Gobierno de la Nación aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania en la que «a la vista del actual conflicto bélico existente en Ucrania, y de los cientos de miles de personas ucranianas que están abandonando el país, el Gobierno español declara su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que puedan llegar al mismo en días venideros.» En este sentido, una de las más graves consecuencias de la crisis humanitaria generada por la invasión, además obviamente de la pérdida de vidas humanas y del drama derivado de la guerra, es el ingente número de personas desplazadas como consecuencia de la guerra. Según datos recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualmente hay 3,4 millones de refugiados desplazados fuera de Ucrania, de los que más de 3 millones se encuentran en los países del entorno (principalmente Polonia, Rumania y Moldavia). No obstante, de acuerdo con el propio ACNUR, dependiendo de cómo evolucione el conflicto, sobre la base de las estimaciones actuales, es probable que este número aumente, posiblemente hasta los 4 millones de personas, e incluso hasta más de 6 millones. Ante la eventualidad de que la Unión Europea se enfrente a un gran número de personas desplazadas a consecuencia de la guerra, muchas de las cuales es previsible que soliciten protección internacional, el pasado 4 de marzo, el Consejo en su formación de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE con el objeto de que se ponga en marcha el mecanismo de la protección temporal. El ámbito de aplicación de esta Decisión de ejecución ha sido además ampliado por Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo, extendiendo el mecanismo de protección temporal a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España relacionadas en el mismo, en coherencia con la declaración institucional citada, en la que el Gobierno no solo se comprometía a alinearse con la decisión que adoptara el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la posible concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, sino también a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Además, la declaración institucional establecía que respecto a los ciudadanos ucranianos que viven en España, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que puedan permanecer y trabajar en nuestro país, acceder a la atención sanitaria y educativa, así como a las ayudas sociales que correspondan. Y es que otro hecho destacable a tener en cuenta en la respuesta a la crisis motivada por la guerra en Ucrania es la situación de un buen número de personas ucranianas que se encuentran en España, en torno a 114.000, a los que el inicio de la guerra también impide el regreso a Ucrania y a las que habrá que añadir las que lleguen como desplazadas o refugiadas. Por otro lado, la invasión de Ucrania ha agravado el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del gas natural y ha añadido además un choque de incertidumbre respecto a su duración e intensidad. El precio del gas natural, que, dado el diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, subiendo un 25% desde el inicio de la invasión. El petróleo casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales de febrero de 2022, mientras el precio del trigo ha aumentado el 30% en el mismo periodo. Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de las materias primas y los bienes intermedios, añadido al que ya se venía produciendo como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de producción debidos a las fricciones generadas por la rápida recuperación económica tras la pandemia. Las consecuencias económicas de esta evolución son un aumento de la tasa de inflación y una ralentización del ritmo de crecimiento. España está entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania. La diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas es muy alta y la relación comercial, de inversión y financiera con Rusia y Ucrania es modesta. Sin embargo, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales. Para la economía española, el choque de oferta asociado a la escalada de los precios de la energía es de una intensidad semejante al segundo choque del petróleo de finales de los años setenta del siglo pasado. La fuerza de la recuperación, así como las medidas que ha venido adoptando el Gobierno desde el verano de 2021 para amortiguar el impacto de la subida del precio del gas sobre el precio de la electricidad para consumidores y empresas han conseguido limitar su efecto sobre la evolución de la actividad y del empleo. No obstante, la tasa de inflación ha subido desde un nivel cercano a cero a principios de 2021 hasta situarse por encima del 5%, reflejando primero el impacto directo de los precios de la energía y, de manera más reciente, su traslación a los precios de los bienes y servicios que la utilizan en sus procesos de producción. La subida de los precios de la energía está afectando de manera particular a aquellos sectores que la utilizan de manera intensiva y tienen poca capacidad de trasladarla a precios, como el transporte por carretera, la pesca, la agricultura y la ganadería. La subida de los precios de la electricidad y su efecto sobre la inflación afectan también a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los más vulnerables. En este marco, el Gobierno ha decidido impulsar un Plan Nacional, que comprende tanto medidas normativas como no normativas, y que ha sido elaborado tras un proceso de diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y los partidos políticos. Al igual que en la respuesta a la pandemia, el Gobierno está comprometido con el diálogo social, y actuará con flexibilidad para adaptarse a la evolución de la situación y facilitar la protección de los distintos sectores y colectivos. Los objetivos básicos de las medidas que conforman este Plan de Respuesta son la bajada del precio de la energía, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios. Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo. Las medidas normativas del Plan se implementan a través del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y abarcan el ámbito energético, del transporte, de apoyo al tejido económico y empresarial, y de ayuda a familias, trabajadores, y personas desplazadas. Pero, además de esas previsiones, cabe insertar otra serie de medidas, no normativas, a adoptar a la mayor brevedad para hacer frente, por un lado, a las necesidades derivadas de la acogida de personas ucranianas desplazadas en nuestro país, con especial atención a las mujeres y los colectivos más vulnerables, en tanto que principales víctimas potenciales del tráfico de personas y de otras formas de violencia y discriminación, así como en los ámbitos educativo y universitario. Por otro, a las dificultades del actual escenario marcado por la incertidumbre y la alta volatilidad de los precios de la electricidad. En cuanto a las primeras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado de que millones de mujeres, niñas y niños refugiados desde Ucrania requieren de protección, ya que son «los más vulnerables» de ser víctimas de la trata de personas u «otras formas de explotación». Tal y como previas crisis han demostrado, tanto grupos criminales como sujetos individuales se aprovechan de estos movimientos masivos de personas para explotar a las más vulnerables tanto en los países de tránsito como en los de destino, por lo que las personas en búsqueda de protección internacional, mayoritariamente mujeres y menores de edad a cargo, pueden verse expuestas al tráfico de seres humanos con fines de explotación, sexual o laboral. Ante esta situación, la OSCE publicó el 9 de marzo de 2022 una serie de recomendaciones para evitar el tráfico de personas en esta situación de flujos migratorios masivos, entre las que cabe destacar la centralización de las fuentes de información y la creación de líneas de atención ciudadana que puedan proveer información oficial de una manera clara y comprensible, la necesidad de que estas líneas de atención ciudadana incluyan las lenguas que comprenden las personas desplazadas y que su número se publicite extensamente para que sea accesible, así como que se les anime a llamar en caso de cualquier posible pregunta o sospecha. De la misma manera, se insta a prestar atención psicológica a las personas desplazadas. Por su parte, el grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) del Consejo de Europa ha lanzado un llamamiento el 17 de marzo de 2022 para que los Estados actúen de manera urgente en la protección de personas desplazadas de Ucrania para evitar la trata de personas, y proveer a estas personas de información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, así como apoyo psicológico además de apoyo material. Según el último informe del GRETA de 2018 sobre el cumplimiento por Ucrania del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), este país ya era un país de origen de víctimas de trata explotadas fuera del país y, también, de trata interna, con fines de explotación laboral y sexual. Asimismo, las zonas del este de Europa presentaban un alto riesgo para las mujeres vulnerables de ser víctimas de la trata de personas ya antes de este conflicto. Las previsiones citadas de ACNUR de millones de personas desplazadas desde que comenzara el conflicto bélico pueden, sin duda, agravar esta situación, lo que obliga a una actuación inmediata en ese ámbito y hace imprescindible tomar medidas de políticas públicas que aborden la situación de mujeres y niñas que, de manera especial, pueden ser doblemente víctimas en este contexto. Por otra parte, para millones de mujeres y niñas, incluidas aquellas que han vivido a la sombra del conflicto en el este de Ucrania durante los últimos ocho años, la violencia de género es un problema grave. Según un estudio publicado en 2019 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, «alrededor del 75% de las mujeres del país informaron haber experimentado algún tipo de violencia desde los 15 años, y una de cada tres informó haber experimentado violencia física o sexual».  Por ello, con carácter general, también es preciso adaptar y reforzar los servicios de información y asesoramiento, tanto telefónico como por escrito, para el gran número de mujeres, en muchos casos acompañadas de niños y niñas, y de personas con discapacidad, que han llegado a nuestro país, a fin de que cuenten con información adaptada sobre los derechos y recursos a los que pueden acceder y, a tal fin, elaborar guías temáticas específicas, adaptar los servicios telefónicos de información y orientación existentes, traducir al ucraniano la información disponible en páginas web y adaptar y fortalecer los programas de inserción sociolaboral. En otro orden de cosas, las personas desplazadas encuentran dificultades añadidas de cara a la integración, derivadas de las desigualdades de acceso en materia de educación, empleo, atención sanitaria y vivienda, en el caso de la comunidad ucraniana, en su mayoría mujeres con hijos e hijas a cargo. Para mejorar el acceso al mercado laboral y favorecer así la plena inclusión es imprescindible prestar asistencia a las necesidades específicas, tales como el cuidado de hijos e hijas menores de 16 año en línea con la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la UE, que reconoce la conciliación como uno de los mecanismos para garantizar la igualdad de género y el acceso de las mujeres, especialmente las más vulnerables, a derechos fundamentales, y cuyo marco en nuestro país viene dado por el Plan Corresponsables que el Ministerio de Igualdad viene impulsando en colaboración con las Comunidades Autónomas. Por su parte, muchas de las personas LGTBI desplazadas sufren un considerable estigma y discriminación a niveles tanto legislativo como social y cultural en su país de origen y posiblemente también en países de tránsito. Por ello, es preciso que los sistemas de protección sean capaces de identificar y responder a sus necesidades específicas y dar respuesta a las situaciones de especial vulnerabilidad motivadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Finalmente, se considera necesario garantizar la asistencia y el asesoramiento jurídico gratuito a las personas que sufran discriminación por su origen nacional o étnico o delitos de odio racistas, informando y sensibilizando a las personas sobre los servicios existentes, en este caso el prestado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Para la implementación de estas medidas, el presente acuerdo aprueba el Plan de medidas urgentes de atención y protección a mujeres y colectivos vulnerables en el contexto de la crisis de Ucrania, que se inserta como Anexo I. Las medidas en él previstas quedan condicionadas a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y, en su caso, en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno. En el caso de actuaciones para las que resulten competentes las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, lo recogido en estas medidas tendrá carácter potestativo. En el ámbito educativo hay que destacar que, actualmente, unos 17.100 ucranianos están escolarizados en nuestro sistema educativo en enseñanzas no universitarias (régimen general o especial), pero dependiendo de la evolución de la guerra y de sus consecuencias, se puede esperar la llegada de entre 5.000 y 20.000 desplazados en edad escolar; siendo determinadas provincias (en particular Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia, y Málaga) donde se espera el mayor flujo de desplazados ucranianos menores. Por ello, durante el mes de marzo se ha desarrollado un intenso marco de coordinación tanto a nivel ministerial, como autonómico, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, como comunitario, con la puesta en marcha de un EU Education Solidarity Group for Ukraine a nivel comunitario en la que se coordine la información y respuesta por parte de los distintos países. El objetivo es dar una respuesta inmediata a los escolares, y también a docentes, desplazados, fundamentalmente mediante su escolarización inmediata y atención educativa, mediante distintas medidas complementarias, además de desarrollar instrumentos y procedimientos que permitan una agilización de procedimientos de homologación de títulos educativos y acreditación de competencias profesionales, de cara a facilitar la integración de los ucranianos desplazados en las etapas educativas postobligatorias, así como al mercado de trabajo. A ese objetivo responde el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados que el Gobierno aprueba mediante el presente acuerdo. Por otra parte, en el ámbito universitario, también es necesario impulsar y coordinar la acogida de estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios. A tal fin, se considera oportuno el impulso, desde el Ministerio de Universidades, junto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las Comunidades Autónomas y las universidades españolas, de la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Acción, denominado «Universidad-Refugio» para acoger a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios comprendidos en el ámbito subjetivo de protección temporal contemplado en la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. En cuanto a las medidas en el ámbito energético, ante el incremento desorbitado del precio de la electricidad en los mercados mayoristas que viene sucediéndose fundamentalmente desde el segundo semestre de 2021, agravado en el último mes por la invasión rusa de Ucrania, y que acaba trasladándose a los precios minoristas, la Administración debe adoptar un papel protagonista, aprobando un instrumento que fomente el ahorro y la eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal, con medidas de racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones, que faciliten la prestación del servicio por las empleadas y empleados públicos mediante la aplicación de diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a los ciudadanos; contribuyendo de este manera, al ahorro energético y a los fines que persigue las distintas medidas contenidas en el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Con ello se pretenden obtener, a corto plazo, ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado va a liderar el proceso de ahorro energético que necesariamente debe poner en marcha el conjunto de las Administraciones Públicas, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos, que garantice en todo momento la prestación del servicio por las empleadas y empleados públicos. Por último, la situación derivada de la guerra en Ucrania no sólo ha supuesto para un grupo de empresas españolas la pérdida, o interrupción, de sus ventas a Rusia, Ucrania o Bielorrusia, sino también, y para otras muchas, un estrangulamiento en suministros de materias primas o productos necesarios para sus procesos productivos. Esta situación afecta a distintos sectores industriales, como la automoción, los pavimentos cerámicos, la industria alimentaria, entre otros. En algunos casos, se trata de productos comerciados en mercados organizados con traders especializados y conocidos, que ya han comenzado a buscar dichos productos en otros orígenes; en otros, las empresas pueden verse abocadas a modificar sus procesos productivos para adaptarlos a insumos de características diferentes; pero puede haber casos en que las empresas afectadas puedan beneficiarse de la identificación de posibles proveedores de orígenes distintos a esos tres países, y el Ministerio de industria, Comercio y turismo a través de la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX se propone poner a su disposición la inteligencia comercial desplegada por su Red Exterior mediante un Plan de apoyo a empresas exportadoras para mitigar los efectos comerciales de la guerra en Ucrania. En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Hacienda y Función Pública, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades y de la Ministra de Igualdad, en su reunión del día 29 de marzo de 2022, ACUERDA Primero. Plan de medidas urgentes de atención y protección a mujeres y colectivos vulnerables en el contexto de la crisis de Ucrania. Aprobar el Plan de medidas urgentes de atención y protección a mujeres y colectivos vulnerables en el contexto de la crisis de Ucrania que se inserta como anexo I. Segundo. Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados. Aprobar el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados que se inserta como anexo II. Tercero. Plan de Acción Universidad-Refugio. 1. El Ministerio de Universidades impulsará, junto con las universidades españolas, la elaboración y puesta en marcha del Plan de Acción Universidad-Refugio para acoger a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios comprendidos en el ámbito subjetivo de protección temporal contemplado en la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. 2. Dicho Plan se basará en las necesidades de estos colectivos universitarios y contemplará, entre otras, actuaciones de apoyo lingüístico y cultural, de orientación académica, de alojamiento en residencias universitarias y de facilitación de acceso a las actividades académicas, así como a los servicios sociales ofrecidos por las universidades. En el caso de personal investigador y de administración y servicios comprendido en el ámbito subjetivo de protección temporal señalado se procurará además su incorporación a los grupos de investigación, las unidades y los centros universitarios. 3. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las Comunidades Autónomas participarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el diseño y el desarrollo del Plan de Acción Universidad-Refugio. 4. El Ministerio de Universidades llevará las actuaciones necesarias para agilizar la tramitación de los procedimientos de homologación y equivalencia de los títulos académicos del colectivo señalado en el párrafo primero, así como para incorporarse a la iniciativa del Consejo de Europa European Qualifications Passport for Refugees. Cuarto. Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal. El Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las titulares de los Ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobará en el plazo de un mes un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, en el marco del diálogo social, con la finalidad de contribuir al ahorro y a la eficiencia energética y con los objetivos siguientes: 1. Racionalización del uso de los edificios administrativos y de sus instalaciones. 2. Facilitación de la prestación de los servicios públicos por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía. Quinto. Plan de apoyo a empresas exportadoras para mitigar los efectos comerciales de la guerra en Ucrania. El Ministerio de industria, Comercio y Turismo a través de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. llevará a cabo una aproximación individualizada a las empresas españolas más expuestas en los mercados de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, con el objetivo de ofrecerles acciones comerciales para diversificar sus exportaciones. Asimismo, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. desarrollará servicios personalizados de identificación de proveedores alternativos para aquellas empresas españolas que han visto comprometidos sus procesos productivos, por abastecerse en parte significativa de materias primas o productos intermedios procedentes de esos territorios. ANEXO I Plan de medidas urgentes de atención y protección a mujeres y colectivos vulnerables en el contexto de la crisis de Ucrania Campañas institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres, la trata de seres humanos y la explotación sexual en el marco de la crisis humanitaria 1. Con la finalidad de prevenir los impactos que el desplazamiento pueda tener en el aprovechamiento por parte de redes o personas tratantes de la situación de las mujeres, niñas y niños que buscan ayuda humanitaria, se realizarán las oportunas campañas de información y concienciación. 2. A estos efectos, se podrá disponer la inserción de las campañas, o los mensajes, anuncios y comunicaciones que formen parte de las mismas, a las que se refiere el apartado anterior, en los medios de comunicación social de titularidad pública y privada. 3. Se garantizará que estas campañas cumplan con los requerimientos de accesibilidad universal. Prevención secundaria, detección precoz y proactiva de posibles casos de trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños 1. Se impulsará la elaboración o adaptación de protocolos para la prevención secundaria, la detección precoz y proactiva de posibles casos de trata de mujeres, niñas o niños en frontera, así como en los recursos de acogida, con especial atención al operativo desarrollado para la recepción de personas desplazadas procedentes de Ucrania. 2. A fin de asegurar que la entidad o entidades que se encarguen de la recepción de personas desplazadas cuentan con la especialización adecuada, se promoverá la realización de un protocolo específico para la detección, la actuación y la derivación de posibles casos de trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, o su revisión y adaptación a la situación actual en los casos en que ya exista. 3. A estos efectos se promoverá la formación especializada y con perspectiva de género y derechos humanos, del personal que, conforme a los protocolos aplicables, participe en la recepción y acogida de las personas desplazadas. 4. Se prestará especial atención a las mujeres, niñas y niños que viajan solas o acompañadas de infancia de corta edad o de personas que no pertenecen a su núcleo familiar. Las autoridades competentes documentarán todos y cada uno de estos casos y los podrán en conocimiento de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente de acuerdo con la instrucción conjunta en materia de violencia sobre la mujer. Recursos y programas para la prevención, información, atención y protección integral contra la violencia contra las mujeres 1. Se promoverá la adaptación de los servicios destinados a la prevención, información, atención y protección integral de las víctimas de violencia contra las mujeres, a las necesidades de las mujeres en situación de acogida temporal y a las víctimas de trata y/o explotación sexual. En particular, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adoptará las medidas necesarias para adecuar los recursos que gestiona, en especial el servicio 016 de información, asesoramiento jurídico y contención emocional para todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género, a las mujeres en situación de acogida temporal y a las víctimas de trata y/o explotación sexual. 2. Se promoverá que las Comunidades Autónomas y las entidades locales puedan destinar los fondos que les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen en este Acuerdo, así como cualquier otro que, en el contexto de la crisis humanitaria derivada del conflicto bélico, tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las formas de violencias contra las mujeres. Medidas para el fortalecimiento y la accesibilidad de los recursos de información y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 1. Se elaborarán y traducirán al ucraniano guías en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo, que incluirán la localización de recursos básicos. Igualmente, se elaborarán y traducirán al ucraniano guías en materia de derechos de las mujeres en el ámbito laboral y para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el centro de trabajo. 2. Se reforzará el servicio telefónico de información y asesoramiento del Instituto de las Mujeres, que prestará atención en idioma ucraniano. 3. Se fortalecerán los programas de inserción sociolaboral desarrollados por el Instituto de las Mujeres, al efecto de garantizar el acceso de las mujeres ucranianas a los itinerarios de inserción social y laboral que mejor se adapten a sus necesidades. Medidas relativas a servicios públicos para el cuidado de personas menores de edad hasta los 16 años en el marco de la acogida e integración de las personas solicitantes de Protección Temporal 1. Se impulsará la eliminación de cualquier obstáculo para que las mujeres con hijos e hijas a cargo puedan acceder a todos los programas formativos y a las políticas activas de empleo mediante la provisión de servicios públicos específicos para el cuidado de menores en todas las fases del itinerario de acogida. 2. En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, se impulsará la incorporación de las personas solicitantes de protección internacional como colectivo de acceso prioritario a los servicios de conciliación en el marco del programa Corresponsables. Excepcionalmente, también podrán ser solicitantes del programa Corresponsables las personas guardadoras de hecho de personas menores de edad desplazadas del conflicto de Ucrania. Medidas relativas a atención, asistencia y protección a personas LGTBI 1. Se garantizará y visibilizará, en todos los puntos de acogida, la existencia de personal sensibilizado hacia las necesidades de las personas LGBTI, que facilite que reciban toda la información específica necesaria y remitirles, si así lo requieren, a recursos de apoyo especializados en temas de diversidad sexual de género y familiar. 2. Se asegurará que los formularios de registro son sensibles a la diversidad sexual de género y familiar y se garantizará la confidencialidad de los datos relativos a la orientación sexual e identidad de género de las personas acogidas, para evitar poner en peligro su seguridad. 3. Se promoverá la formación especializada en diversidad sexual de género y familiar de aquellos profesionales que participen en la recepción y acogida de las personas refugiadas. 4. Se elaborará material didáctico y de divulgación culturalmente adaptado para facilitar la información sobre derechos y recursos a las personas LGTBI refugiadas. 5. Se analizarán los retos particulares de protección y seguridad que presentan las personas LGBTI acogidas al efecto de identificar e implementar las respuestas adecuadas. Atención, información y asesoramiento presencial, telefónico y en línea para víctimas de discriminación nacional, racial o étnica y de delitos de odio racistas 1. Se garantizará la prestación de atención presencial gratuita a las personas que sufran, hayan sufrido o hayan tenido conocimiento de situaciones de discriminación nacional, racial o étnica o delitos de odio racistas, garantizando la existencia de al menos un centro de atención a estos efectos en cada una de las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. 2. Asimismo, se garantizará la prestación de asistencia telefónica gratuita a través de un número de tres cifras, incluyendo asesoramiento jurídico especializado, a las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación nacional, racial o étnica, o delitos de odio racistas a través del teléfono de asistencia a víctimas, e igualmente atención gratuita a través de un buzón online. ANEXO II Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados 1. Diagnóstico 1.1 Situación política y administrativa. – Existe un apoyo social mayoritario en España hacia las medidas de integración de menores provenientes de conflictos. De acuerdo con el barómetro del CIS de marzo de 2022, el 96,7% de los españoles apoyan la acogida de refugiados en este conflicto. – La educación de los menores es un derecho fundamental en España que se aplica independientemente de la situación del menor (art. 27 CE y Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación). – Los artículos 78 y ss. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su actual redacción, establecen que corresponde a las administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos de integración tardía al sistema educativo español. Esta escolarización atenderá a sus características y necesidades y se realizará según su edad. Posteriormente, tras una evaluación previa, se podrá adaptar a su nivel. Igualmente, se establece la competencia de las administraciones educativas para desarrollar programas específicos para los alumnos con graves carencias lingüísticas, así como para asesorar a los padres o tutores de este alumnado sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español. – España ha otorgado la protección temporal en nuestro país a los desplazados ucranianos a causa del conflicto (Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, publicado por Orden PCM/170/2022). Debe recordarse que, de acuerdo con el art. 20 del RD 1325/2003, los beneficiarios de la protección temporal que no dispongan de los recursos suficientes podrán beneficiarse de los servicios sociales y sanitarios. – Las administraciones educativas con competencias de ejecución y desarrollo normativo, más allá de la legislación básica, son las Comunidades Autónomas –de aquí en adelante CCAA–, a excepción de Ceuta y Melilla. Ello implica que las acciones de escolarización, integración, apoyo educativo, así como las inversiones que las acompañen, las desarrollarán las CCAA. 1.2 Flujo de desplazados ucranianos y distribución en España. Actualmente, hay 3,4 millones de refugiados desplazados fuera de Ucrania, de los que más de 3 millones se encuentran en los países del entorno (principalmente Polonia, Rumania y Moldavia) (datos de ACNUR 16.03.2022). De acuerdo con ACNUR, si el conflicto continuase, podrían alcanzarse 4 millones. En España, actualmente están empadronados en torno a 112.000 ucranianos. De ellos, unos 17.100 están escolarizados en nuestro sistema educativo en enseñanzas no universitarias (régimen general o especial). Con los datos provisionales recibidos de las CCAA respecto a desplazados escolarizados, esta es la información de la que disponemos hoy. Su distribución se concentra en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Es en estas CCAA y, en particular, en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia, y Málaga donde se espera el mayor flujo de desplazados ucranianos menores. La gran mayoría se concentra en la Educación Primaria (50%) y, en menor medida, en Educación Infantil (24%) y Educación Secundaria Obligatoria (25%). La escolarización en etapas postobligatorias es aún residual y, lo más probable, dado el momento del curso escolar, es que se mantenga así tanto en Bachillerato como en Formación Profesional. Respecto a las previsiones, dependerá de la evolución de la guerra y de sus consecuencias. En principio, se puede esperar la llegada de entre 5.000 y 20.000 desplazados en edad escolar. La distribución por provincias de la población ucraniana en España hasta ahora era la siguiente:   Empadronados 1 de enero de 2021 % Escolarizados curso 2021-22 % ANDALUCÍA. 17.327 15,55% 2.294 13,41% Almería. 1.516 1,36% 231 1,35% Cádiz. 606 0,54% 101 0,59% Córdoba. 437 0,39% 60 0,35% Granada. 573 0,51% 67 0,39% Huelva. 930 0,83% 109 0,64% Jaén. 172 0,15% 21 0,12% Málaga. 11.453 10,28% 1.498 8,76% Sevilla. 1.640 1,47% 207 1,21% ARAGÓN. 2.300 2,06% 390 2,28% Huesca. 617 0,55% 99 0,58% Teruel. 185 0,17% 24 0,14% Zaragoza. 1.498 1,34% 267 1,56% ASTURIAS (Principado de). 854 0,77% 114 0,67% BALEARS (Illes). 2.132 1,91% 286 1,67% CANARIAS. 1.376 1,23% 225 1,32% Las Palmas. 439 0,39% 58 0,34% Santa Cruz de Tenerife. 937 0,84% 167 0,98% CANTABRIA. 912 0,82% 157 0,92% CASTILLA Y LEÓN. 1.399 1,26% 243 1,42% Ávila. 84 0,08% 12 0,07% Burgos. 207 0,19% 35 0,20% León. 238 0,21% 26 0,15% Palencia. 45 0,04% 8 0,05% Salamanca. 254 0,23% 43 0,25% Segovia. 117 0,10% 26 0,15% Soria. 126 0,11% 34 0,20% Valladolid. 281 0,25% 49 0,29% Zamora. 47 0,04% 10 0,06% CASTILLA-LA MANCHA. 3.927 3,52% 518 3,03% Albacete. 957 0,86% 93 0,54% Ciudad Real. 496 0,45% 76 0,44% Cuenca. 777 0,70% 110 0,64% Guadalajara. 553 0,50% 95 0,56% Toledo. 1.144 1,03% 144 0,84% CATALUÑA. 23.526 21,11% 3.607 21,08% Barcelona. 13.140 11,79% 1.964 11,48% Girona. 4.341 3,90% 638 3,73% Lleida. 3.073 2,76% 552 3,23% Tarragona. 2.972 2,67% 453 2,65% COMUNITAT VALENCIANA. 21.532 19,32% 3.951 23,09% Alicante. 11.467 10,29% 2.057 12,02% Castellón. 1.387 1,24% 243 1,42% Valencia. 8.678 7,79% 1.651 9,65% EXTREMADURA. 238 0,21% 36 0,21% Badajoz. 162 0,15% 24 0,14% Cáceres. 76 0,07% 12 0,07% GALICIA. 787 0,71% 157 0,92% A Coruña. 349 0,31% 71 0,42% Lugo. 79 0,07% 18 0,11% Ourense. 102 0,09% 15 0,09% Pontevedra. 257 0,23% 53 0,31% MADRID (Comunidad de). 23.252 20,87% 3.254 19,02% MURCIA (Región de). 7.424 6,66% 1.096 6,41% NAVARRA (Comunidad Foral de). 1.547 1,39% 205 1,20% PAÍS VASCO. 2.515 2,26% 525 3,07% Álava. 506 0,45% 112 0,65% Guipúzcoa. 526 0,47% 293 1,71% Vizcaya. 1.483 1,33% 120 0,70% RIOJA (La). 373 0,33% 49 0,29% CEUTA. 5 0,00% 1 0,01% MELILLA. 4 0,00% 0 0,00%  Total. 111.430   17.108   2. Marco de coordinación 2.1 A nivel comunitario. El pasado 16 de marzo el Secretario de Estado de Educación participó por videoconferencia en un Consejo informal de Ministros de Educación de la Unión Europea, bajo la presidencia francesa, convocado expresamente para tratar la respuesta educativa a la población escolar proveniente de Ucrania, y en la que intervino el Ministro de Educación ucraniano. En la reunión se recogieron las necesidades de Ucrania a corto plazo, en línea con las expuestas por su Ministro de Educación y Ciencia en la carta enviada a nuestro Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde se recogían también las acciones a medio plazo, una vez que se pueda iniciar la labor de reconstrucción del país. Igualmente se abordó la necesidad de coordinar la posición de los estados miembros con respecto a la acogida y escolarización de los estudiantes desplazados. Se propuso la puesta en marcha de un EU Education Solidarity Group for Ukraine a nivel comunitario en la que se coordine la información y respuesta por parte de los distintos países. Se prevé que se reúna semanalmente, y se coordine con el ya existente High Level Group de educación y formación. Deberá hacerse seguimiento de los trabajos que allí se realicen. 2.2 A nivel autonómico. En la Conferencia Sectorial del pasado 9 de marzo se acordó una respuesta a nivel nacional. Se ha convocado una reunión de la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el próximo 23 de marzo, en la que se pondrá en marcha el grupo de seguimiento, y convocar de nuevo la Conferencia Sectorial el 30 de marzo. – Puntos de contacto: se están identificando puntos de contacto en cada CCAA. – Apertura de entorno colaborativo virtual. – Grupo de seguimiento con las Comunidades Autónomas: constituido en la próxima Comisión General de Educación para identificar necesidades y proponer actuaciones. – Sistema de recogida de datos: de actualización dos veces por semana para que el Ministerio disponga de la información necesaria para identificar necesidades y coordinar respuestas. – Coordinación de protocolos de actuación: las CCAA remitirán sus protocolos de actuación al MEFP para compartir información y buenas prácticas en el trabajo. Es importante además articular marcos para la coordinación bilateral con las CCAA de Madrid, Cataluña, Murcia, Valencia y Andalucía, donde se espera la concentración del grueso de los estudiantes desplazados. 2.3 A nivel Ministerial. Se pondrá en marcha, a través de Orden Ministerial, una Comisión de Trabajo en ella que estarán representados los diferentes centros directivos del Ministerio. Dentro de sus funciones, se encontrará el seguimiento de la información sobre el estado de situación y sobre el desarrollo de las medidas propuestas, así como la propuesta de nuevas medidas. Se podrá convocar a otros funcionarios del MEFP, representantes de otras administraciones, técnicos o representantes de organizaciones del tercer sector o expertos, en función de los temas a tratar. 3. Actuaciones a desarrollar Teniendo en cuenta el marco competencial en educación, así como las necesidades identificadas, se prevén las siguientes acciones: 3.1 Coordinación de las actuaciones y de la información para la integración y acogida educativas: – Coordinación de actuaciones educativas en diferentes niveles: • A través del grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. • A través del trabajo en el seno de la Task Force a nivel europeo. – Seguimiento de la información sobre los estudiantes acogidos: • Recopilación de información a nivel autonómico, a través de los puntos de contacto y del grupo de seguimiento. Se recogerá la información correspondiente al número, nivel, aulas, y otros datos relevantes sobre la llegada y el reparto por provincias de los estudiantes desplazados ucranianos. Se pondrá también en común la normativa desplegada, actuaciones de integración y estrategias educativas, así como los protocolos desarrollados. • Recopilación de información a nivel europeo, en concreto las actuaciones y datos disponibles sobre la respuesta educativa dada por los estados miembros. • Puesta a disposición de las CCAA a través del espacio colaborativo articulado. – Desarrollo de una relación de buenas prácticas y potenciales actuaciones en la integración y acogida escolar de los menores ucranianos: • Publicación de un informe de evidencia educativa en relación con la integración de menores desplazados en los sistemas educativos. • Recopilación de potenciales acciones para la atención y acogida de menores-anexo. 3.2 Escolarización inmediata y atención educativa. – Escolarización inmediata de los menores que lleguen desplazados a consecuencia del conflicto, de acuerdo con la normativa y práctica vigente en cada comunidad autónoma. – Información en la web en ucraniano y español sobre los contactos de las administraciones educativas a los que dirigirse de cara a la escolarización de los menores ucranianos. – Creación de materiales educativos en ambos idiomas para favorecer la integración y acogida de los menores en España y puesta a disposición de las CCAA. – Articulación de mecanismos con Ucrania u otros países miembros de la UE para garantizar la continuidad a distancia en España de los estudios postobligatorios en formato de los alumnos ucranianos desplazados. • Requiere de la coordinación con la Embajada de Ucrania en España o con otros países miembros que hayan propuesto soluciones análogas. • Supondría la puesta a disposición de los alumnos de los medios electrónicos y espacios para poder dar continuidad a sus estudios postobligatorios, de manera coordinada con las CCAA. – Acogida de los docentes provenientes de Ucrania, a través del establecimiento de procedimientos para el apoyo a la atención educativa de los escolares y estudiantes ucranianos por parte de profesorado proveniente de Ucrania en situación de acogida temporal. – Aprendizaje permanente: establecimiento, en colaboración con las CCAA, de ofertas formativas específicas en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, incluyendo en las mismas elementos de competencia profesional, así como de otras competencias, incluidas la del aprendizaje de la lengua española o lenguas cooficiales de las CCAA, que permitan su mejor inserción social. – Evaluación de la acogida y escolarización de los menores ucranianos: • Desarrollo, por parte del INEE y de manera conjunta con las CCAA, de un sistema que permita el seguimiento de la acogida, integración y evolución de los resultados educativos de los menores ucranianos. • Desarrollo de un informe evaluativo y académico global sobre la integración de los menores ucranianos en el sistema educativo español. 3.3 Agilización de procedimientos de homologación de títulos educativos y acreditación de competencias profesionales. De cara a facilitar la integración de los ucranianos desplazados en las etapas educativas postobligatorias, así como al mercado de trabajo, en su caso, se pondrán en marcha las siguientes actuaciones, dirigidas a la agilización de los procedimientos de homologación de títulos educativos. – Desarrollo de instrumentos y marcos de homologación que faciliten el reconocimiento de los títulos educativos ucranianos. – Refuerzo extraordinario y temporal del personal destinado a la información y la homologación de títulos en las unidades competentes para la tramitación de estos expedientes. – Establecimiento de una interlocución permanente con la Embajada de Ucrania en España para agilizar el intercambio de documentación administrativa y académica que facilite las homologaciones. – Prolongación, en su caso, de los periodos de validez de los documentos provisionales que permiten la continuación de los estudios durante el proceso de homologación. – Incentivar el acceso de los ciudadanos ucranianos a los procesos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación, mediante el establecimiento de medidas de información, orientación y acompañamiento en colaboración con las CCAA. 3.4 Financiación. – Análisis de las posibles necesidades de financiación para cubrir los costes de inversiones y gastos corrientes correspondientes a la escolarización y atención educativa integral de los menores ucranianos desplazados. 4. Capacidades disponibles y necesidades de recursos 4.1 Capacidades disponibles. En principio, casi todas las CCAA, a través de sus respectivas redes educativas, disponen de plazas e infraestructura educativa suficiente para atender a la demanda esperada en Educación Primaria. La situación en Educación Secundaria es más variada. No obstante, la distribución no homogénea en el territorio de la afluencia de escolares hará previsiblemente necesaria la creación de nuevas plazas en espacios también nuevos. Las ratios en España, en especial en los niveles educativos que se esperan los desplazados ucranianos, son más bajas que la media de los países de nuestro entorno y el sistema de matrícula viva permite ajustar la oferta a la demanda. 4.2 Recursos comunitarios disponibles. La Comisión está movilizando fondos de la UE para ayudar a los Estados miembros a recibir y apoyar a los refugiados de Ucrania. – CARE: el 8 de marzo adoptó una propuesta de nuevo instrumento en el marco de la política de cohesión: «CARE», para que los Estados miembros y las regiones puedan prestar ayuda de emergencia a los refugiados ucranianos. Con CARE, se introduce la flexibilidad necesaria en las normas de la política de cohesión para que los fondos no utilizados en el anterior período de programación (2014-2020) permitan su rápida reasignación. – REACT-UE: también pueden utilizarse los fondos REACT-UE para satisfacer estas nuevas demandas. La Comisión hará todo lo posible para ayudar a los Estados miembros a reasignar rápidamente los fondos de la UE, enviando equipos técnicos, previa petición del Estado miembro, para redirigir estas cantidades y utilizarlas lo más rápidamente posible para satisfacer sus necesidades de emergencia. – ERASMUS+: También se movilizan las oportunidades de financiación del programa Erasmus+, por lo cual se permite la acogida de estudiantes ucranianos en las instituciones que participan, la ayuda económica a docentes ucranianos y la reasignación de fondos destinados a inclusión educativa de proyectos Erasmus+ a actividades de apoyo a Ucrania. 4.3 Necesidades de recursos. El grueso de la inversión consistiría en reforzar la contratación de docentes y personal de apoyo docente adicional para la puesta en marcha de aulas de enlace o de nuevos grupos; reforzar las ayudas que apoyen educativamente a los desplazados ucranianos y para la adquisición y montaje de potenciales aulas modulares si fuera necesario. Desde el MEFP se han planteado diferentes escenarios de acuerdo con la posible distribución y el alcance numérico de los desplazados en edad escolar que puedan llegar a España. Determinadas zonas en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia, y Málaga sí pueden requerir de apoyos adiciones a nivel de aulas modulares, teniendo la administración experiencia en estas inversiones y adaptaciones temporales. ANEXO Posibles instrumentos y estrategias de acogida e integración de los menores escolarizados 1. Escolarización inmediata de los estudiantes de etapas obligatorias en los centros educativos por niveles, ciclos o etapas educativas. a) De forma individual en aulas ordinarias, cuando el número lo permita. Incremento del número de aulas de inmersión lingüística para grupos reducidos (10 alumnos) con desconocimiento del idioma u otros instrumentos de apoyo. b) En unidades creadas al efecto cuando se trate de grupos más numerosos. c) En caso de falta de espacio en los centros, instalación de aulas modulares. 2. Dotación de cupos extraordinarios del profesorado necesario, incluido el personal de apoyo y acogida (orientación, pedagogía terapéutica, intervención socio-comunitaria, etc.). 3. Dotación de subvenciones por razones humanitarias a ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro con capacidad para contratar personal ucraniano o de habla ucraniana, para la atención, especialmente lingüística y socio-afectiva, de los menores escolarizados. 4. Convocatorias extraordinarias de ayudas para garantizar los servicios de comedor, transporte, libros y actividades complementarias, a los alumnos escolarizados procedentes del conflicto en Ucrania 5. Agilización de los procedimientos para la incorporación al sistema educativo en etapas postobligatorias. 6. Diseño de opciones para facilitar la continuidad de los estudios que estén cursando en Ucrania o el inicio de otros nuevos, de nivel postobligatorio.

Planes para la atención a los refugiados de Ucrania en: escolarización, universidades, protección de mujeres y colectivos vulnerables.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de marzo de 2022, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Hacienda y Función Pública, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades y de la Ministra de Igualdad, ha aprobado un Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden. Madrid, 1 de abril de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García. ANEXO Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania La invasión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, además de amenazar y menoscabar la seguridad y la estabilidad europea y mundial, está generando graves consecuencias en todos los ámbitos, en particular en el económico y social. Pero más allá de la grave crisis económica y energética que la invasión de Ucrania está generando, sobre todo en el ámbito europeo, el efecto más devastador de la guerra es la profunda crisis humanitaria padecida por el pueblo ucraniano. Por ello, desde la condena realizada por el Consejo Europeo, con la máxima firmeza, en sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, en las que hace hincapié en la grave violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que supone la invasión de Ucrania, se han sucedido las reacciones coordinadas en favor del pueblo ucraniano, en forma de sanciones al invasor y en distintas medidas de apoyo y ayuda, que son muestra de solidaridad tanto de la propia Unión Europea como de la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. En línea con lo expuesto, el pasado 1 de marzo, el Gobierno de la Nación aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania en la que «a la vista del actual conflicto bélico existente en Ucrania, y de los cientos de miles de personas ucranianas que están abandonando el país, el Gobierno español declara su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que puedan llegar al mismo en días venideros.» En este sentido, una de las más graves consecuencias de la crisis humanitaria generada por la invasión, además obviamente de la pérdida de vidas humanas y del drama derivado de la guerra, es el ingente número de personas desplazadas como consecuencia de la guerra. Según datos recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualmente hay 3,4 millones de refugiados desplazados fuera de Ucrania, de los que más de 3 millones se encuentran en los países del entorno (principalmente Polonia, Rumania y Moldavia). No obstante, de acuerdo con el propio ACNUR, dependiendo de cómo evolucione el conflicto, sobre la base de las estimaciones actuales, es probable que este número aumente, posiblemente hasta los 4 millones de personas, e incluso hasta más de 6 millones. Ante la eventualidad de que la Unión Europea se enfrente a un gran número de personas desplazadas a consecuencia de la guerra, muchas de las cuales es previsible que soliciten protección internacional, el pasado 4 de marzo, el Consejo en su formación de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE con el objeto de que se ponga en marcha el mecanismo de la protección temporal. El ámbito de aplicación de esta Decisión de ejecución ha sido además ampliado por Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo, extendiendo el mecanismo de protección temporal a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España relacionadas en el mismo, en coherencia con la declaración institucional citada, en la que el Gobierno no solo se comprometía a alinearse con la decisión que adoptara el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la posible concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, sino también a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Además, la declaración institucional establecía que respecto a los ciudadanos ucranianos que viven en España, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que puedan permanecer y trabajar en nuestro país, acceder a la atención sanitaria y educativa, así como a las ayudas sociales que correspondan. Y es que otro hecho destacable a tener en cuenta en la respuesta a la crisis motivada por la guerra en Ucrania es la situación de un buen número de personas ucranianas que se encuentran en España, en torno a 114.000, a los que el inicio de la guerra también impide el regreso a Ucrania y a las que habrá que añadir las que lleguen como desplazadas o refugiadas. Por otro lado, la invasión de Ucrania ha agravado el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del gas natural y ha añadido además un choque de incertidumbre respecto a su duración ### RESUMEN: Planes para la atención a los refugiados de Ucrania en: escolarización, universidades, protección de mujeres y colectivos vulnerables.

Con fecha 4 de noviembre de 2015, se suscribió Adenda al Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 29 de junio de 2016.–La Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán Martín. ANEXO Adenda a la encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia Madrid, a 4 de noviembre de 2015. REUNIDOS De una parte, doña Áurea Roldán Martín, en nombre y representación del Ministerio de Justicia, en virtud de delegación de competencias conferida por el apartado decimotercero A.10 de la Orden JUS/696/2015, de 16 de abril. Y de otra, don Gonzalo Aguilera Anegón, Decano-Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, de acuerdo con las facultades que le reconoce el artículo 23 del Real Decreto 483/1997, de 8 de febrero, por el que se aprueba los Estatutos del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de Enero de 2015 que fue ratificado por la Asamblea de Decanos Territoriales o Autonómicos de 21 de Enero de 2015, así como por el acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de octubre de 2015 y de la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de Gestión de 9 de octubre de 2015. Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Acuerdo y, en su virtud, EXPONEN Primero. Con fecha 7 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, por la que se publicaba el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (CORPME) para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia suscrito el 26 de febrero de 2015. Según la cláusula tercera de dicha encomienda, el Ministerio de Justicia se comprometía a abonar la cantidad de 4.000.000 euros, con un calendario de pagos vinculados al cumplimiento de unos objetivos parciales, estando inicialmente prevista su finalización el 31 de diciembre de 2015. Segundo. Habida cuenta de la necesidad de realizar por parte de esta Dirección General una serie de actuaciones previas a la puesta a disposición de los expedientes (digitalización, grabación de datos y recepción de informes de Penados y Rebeldes, CNI y Policía), para el cumplimiento del objeto de la encomienda y, a la vista de que no se iba a poder cumplir el calendario inicialmente contemplado en la misma, se decide en la Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de fecha 9 de octubre de 2015, realizar la presente modificación, con base en la cláusula séptima de la encomienda. Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir esta modificación de la citada encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. La cláusula tercera de la encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia queda redactada como sigue: «Tercera. Obligaciones del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia facilitará la puesta a disposición de los registradores de los expedientes de nacionalidad y su documentación complementaria en formato electrónico, así como la tramitación electrónica de los mismos, y en concreto se compromete a: 1. Realizar todas las actuaciones necesarias para la puesta a disposición del CORPME de los expedientes de nacionalidad por residencia y su documentación complementaria. Esta labor incluye el traslado físico de los expedientes y documentación complementaria al lugar donde deban ser digitalizados, su digitalización y la introducción de los mismos en el aplicativo informático con el formato de intercambio que establecen los estándares de interoperabilidad. 2. Realizar las gestiones oportunas para que el Colegio quede autorizado para establecer las conexiones con otros organismos de las Administraciones Públicas, con el fin de recabar electrónicamente los informes preceptivos en la tramitación de los expedientes, así como los que determine la DGRN. 3. Dictar las Resoluciones e Instrucciones que fueran necesarias para dar cobertura a esta encomienda, y para facilitar los procesos de tramitación a que se refiere este documento. 4. Poner a disposición del Colegio para su distribución entre los colegiados, las guías de tramitación y todas las ayudas que fueran necesarias para llevar a cabo la encomienda. 5. Apoyar la difusión pública de este proyecto y la presentación de sus resultados. 6. El Ministerio de Justicia se compromete a abonar la cantidad de 4.000.000 euros (cuatro millones de euros) por las actividades enumeradas en la cláusula segunda, relacionadas con la gestión electrónica de los expedientes objeto de la presente encomienda. Dicha cuantía deberá imputarse al concepto 620 del programa 113M, correspondiente al presupuesto de la Dirección General de los Registros y del Notariado. No se realizará pago anticipado alguno. El abono se llevará a cabo, previa conformidad con el trabajo realizado reflejado en la certificación correspondiente, prorrateado en cuatro pagos, esto es 1.000.000 (un millón) de euros cada uno que deberán abonarse respectivamente en los últimos quince días de octubre de 2015, en los primeros quince días de diciembre de 2015 y en los últimos quince días de febrero y de abril de 2016. El pago de dichas cantidades se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 1.º En octubre de 2015, un 10 %, por las operaciones, previstas en los apartados 3 y 4 de la cláusula segunda, debidamente acreditadas por la Comisión de Seguimiento. El 15 % restante desde la fecha de la firma de la encomienda hasta el 31 de octubre de 2015 por la tramitación y elaboración de informes-propuestas correspondientes, al menos, a un 15 % del total de expedientes, que se estiman en 150.000, y que reúnan los requisitos necesarios para su debida tramitación. 2.º En diciembre de 2015, se satisfará la cantidad prevista para su abono durante los primeros quince días de dicho mes por la tramitación y elaboración de informes-propuestas correspondientes a un 50 %, al menos, del total de expedientes que reúnan los requisitos necesarios para su tramitación. Y en las segundas quincenas de febrero y de abril de 2016, se satisfarán las restantes cantidades en las fechas previstas para dichos meses por la tramitación de informes-propuestas correspondientes, al menos, a un 75 % y 100 % respectivamente del total de expedientes que reúnan los requisitos necesarios para su tramitación.» Segunda. Como consecuencia de lo anterior, y siendo la nueva fecha de fin de la encomienda de gestión el 30 de abril de 2016, se procede a reajustar el crédito asignado a esta encomienda con cargo a la aplicación presupuestaria 13.03.91.113M.620, de la siguiente forma: Anualidad 2015: 2.000.000 euros (dos millones de euros). Anualidad 2016: 2.000.000 euros (dos millones de euros). En prueba de conformidad, ambas partes suscriben esta adenda, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán Martín.–El Decano-Presidente del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón.

La encomienda para exptes nacionalidad a los Registradores no acabó en 12/2015 sino en 4/2016 porque iban tarde

Con fecha 4 de noviembre de 2015, se suscribió Adenda al Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución. Madrid, 29 de junio de 2016.–La Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán Martín. ANEXO Adenda a la encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia Madrid, a 4 de noviembre de 2015. REUNIDOS De una parte, doña Áurea Roldán Martín, en nombre y representación del Ministerio de Justicia, en virtud de delegación de competencias conferida por el apartado decimotercero A.10 de la Orden JUS/696/2015, de 16 de abril. Y de otra, don Gonzalo Aguilera Anegón, Decano-Presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, de acuerdo con las facultades que le reconoce el artículo 23 del Real Decreto 483/1997, de 8 de febrero, por el que se aprueba los Estatutos del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, facultado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de Enero de 2015 que fue ratificado por la Asamblea de Decanos Territoriales o Autonómicos de 21 de Enero de 2015, así como por el acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de octubre de 2015 y de la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de Gestión de 9 de octubre de 2015. Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Acuerdo y, en su virtud, EXPONEN Primero. Con fecha 7 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, por la que se publicaba el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España (CORPME) para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia suscrito el 26 de febrero de 2015. Según la cláusula tercera de dicha encomienda, el Ministerio de Justicia se comprometía a abonar la cantidad de 4.000.000 euros, con un calendario de pagos vinculados al cumplimiento de unos objetivos parciales, estando inicialmente prevista su finalización el 31 de diciembre de 2015. Segundo. Habida cuenta de la necesidad de realizar por parte de esta Dirección General una serie de actuaciones previas a la puesta a disposición de los expedientes (digitalización, grabación de datos y recepción de informes de Penados y Rebeldes, CNI y Policía), para el cumplimiento del objeto de la encomienda y, a la vista de que no se iba a poder cumplir el calendario inicialmente contemplado en la misma, se decide en la Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de fecha 9 de octubre de 2015, realizar la presente modificación, con base en la cláusula séptima de la encomienda. Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir esta modificación de la citada encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS Primera. La cláusula tercera de la encomienda de gestión del Ministerio de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia queda redactada como sigue: «Tercera. Obligaciones del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia facilitará la puesta a disposición de los registradores de los expedientes de nacionalidad y su documentación complementaria en formato electrónico, así como la tramitación electrónica de los mismos, y en concreto se compromete a: 1. Realizar todas las actuaciones necesarias para la puesta a disposición del CORPME de los expedientes de nacionalidad por residencia y su documentación complementaria. Esta labor incluye el traslado físico de los expedientes y documentación complementaria al lugar donde deban ser digitalizados, su digitalización y la introducción de los mismos en el aplicativo informático con el formato de intercambio que establecen los estándares de interoperabilidad. 2. Realizar las gestiones oportunas para que el Colegio quede autorizado para establecer las conexiones con otros organismos de las Administraciones Públicas, con el fin de recabar electrónicamente los informes preceptivos en la tramitación de los expedientes, así como los que determine la DGRN. 3. Dictar las Resoluciones e Instrucciones que fueran necesarias para dar cobertura a esta encomienda, y para facilitar los procesos de tramitación a que se refiere este documento. 4. Poner a disposición del Colegio para su distribución entre los colegiados, las guías de tramitación y todas las ayudas que fueran necesarias para llevar a cabo la encomienda. 5. Apoyar la difusión pública de este proyecto y la presentación de sus resultados. 6. El Ministerio de Justicia se compromete a abonar la cantidad de 4.000.000 euros (cuatro millones de euros) por las actividades enumeradas en la cláusula segunda, relacionadas con la gestión electrónica de los expedientes objeto de la presente encomienda. Dicha cuantía deberá imputarse al concepto 620 del programa 113M, correspondiente al presupuesto de la Dirección General de los Registros y del Notariado. No se realizará pago anticipado alguno. El abono se llevará a cabo, previa conformidad con el trabajo realizado reflejado en la certificación correspondiente, prorrateado en cuatro pagos, esto es 1.000.000 (un millón) de euros cada uno que deberán abonarse respectivamente en los últimos quince días de octubre de 2015, en los primeros quince días de diciembre de 2015 y en los últimos quince días de febrero y de abril de 2016. El pago de dichas cantidades se realizará ### RESUMEN: La encomienda para exptes nacionalidad a los Registradores no acabó en 12/2015 sino en 4/2016 porque iban tarde

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Instituto de Turismo de España O.A. (Turespaña) y la Aerolínea Tui Uk para el desarrollo de acciones conjuntas de marketing. Madrid, 11 de diciembre de 2020.–El Director General del Instituto de Turismo de España, Miguel Ángel Sanz Castedo. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA O.A. (TURESPAÑA) Y LA AEROLÍNEA TUI UK PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS DE MARKETING Diciembre de 2020. REUNIDOS De un lado, el Instituto de Turismo de España, O.A. (en adelante, Turespaña), con domicilio en Madrid, calle Poeta Joan Maragall, 41, representada en este acto por don Fernando Valdés Verelst, nombrado Secretario de Estado de Turismo por el Real Decreto 673/2020, de 14 de julio, Presidente del Organismo según lo estipulado en el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España. Actúa por delegación efectuada mediante Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Presidencia del Instituto de Turismo de España O.A., don Miguel Ángel Sanz Castedo nombrado Director General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en virtud del Real Decreto 675/2020, de 14 de julio. Y de otro, TUI UK Limited en adelante, TUI, con domicilio social en Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, United Kingdom, LU2 9TN con NIF (VAT number) GB 2830117, representada en este acto por Marie Vandeplassche, Senior Account Manager Group que actúa jurídicamente con las facultades que le otorga para este acto. EXPONEN I. Que Turespaña, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de promoción turística en el exterior en virtud del artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, aspira a desarrollar acciones de marketing que permitan mejorar el posicionamiento de los destinos turísticos españoles en los mercados internacionales y está interesado en colaborar con TUI en la promoción de estos destinos en el Reino Unido en los términos descritos en el presente Convenio. II. Que la aerolínea TUI está interesada en colaborar con Turespaña para llevar a cabo actividades de marketing conjuntas en los términos descritos en el presente Convenio, con motivo de la reapertura y progresivo incremento de capacidad de rutas a España. III. Que ambas partes aprecian la necesidad de realizar conjunta y coordinadamente acciones de marketing respecto de las citadas rutas aéreas en el mercado emisor. De este modo se podrá mejorar la eficacia y rentabilidad de los presupuestos de marketing de ambas organizaciones, así como obtener un retorno cuantificado en turistas de los mismos. IV. Que la planificación de las actuaciones a desarrollar debe ser eficiente y eficaz, pudiendo incluir todo tipo de acciones de marketing y de apoyo a la comercialización. Para garantizar la eficiencia y eficacia de dichas acciones, deberán estar orientadas a resultados, que deberán ser medidos de forma cuantificada en lo posible. Por todo ello, las partes intervinientes acuerdan suscribir este Convenio con sujeción a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El objeto de este Convenio es la ejecución conjunta de actividades de publicidad y marketing y de apoyo a la comercialización por parte de Turespaña y TUI. Dichas actividades tendrán siempre como fin la promoción del destino España en el Reino Unido, así como el fortalecimiento del posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas de España. Ambas partes firmantes reconocen que el presente Convenio no excluye la posibilidad de que cada una por separado pueda ejecutar acciones de marketing o firmar otros convenios para el cumplimiento de sus respectivos objetos sociales e institucionales con otras entidades, compañías, instituciones u organismos, nacionales o extranjeros. Segunda. Actuaciones a realizar por las partes. Turespaña acordará con la aerolínea TUI las acciones de marketing y de apoyo a la comercialización a desarrollar en el periodo de vigencia del Convenio. Las actividades a desarrollar por ambas partes consistirán en la realización de campañas de marketing conjuntas en medios de pago, preferentemente online; se podrán utilizar medios de pago off-line cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados. Aparte de las campañas en medios de pago, ambas partes podrán proponer acciones en sus medios propios, o de apoyo a la comercialización, como complemento a las campañas en medios de pago. La creatividad final que se utilice en la campaña tendrá que ser consensuada y aprobada por Turespaña. Las actuaciones a desarrollar se concretarán en un plan de medios, que será elaborado en la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima, de acuerdo con los medios relevantes en el mercado emisor, y que se adjuntará como anexo al correspondiente Convenio. Dicho plan de medios en ningún caso afectará al contenido básico del Convenio, el cual no podrá ser objeto de modificación en la Comisión de Seguimiento. El plan de medios fijará qué indicadores de seguimiento de la campaña se van a utilizar, de tal forma que permitan medir el éxito de la misma como retorno de la inversión. Dichos indicadores serán razonables y objetivamente alcanzables (para el caso de medios online, visualizaciones o clicks, y, para el caso de medios offline, estimaciones de visibilidad del anuncio, impacto, etc.). Todas las partes deberán aprobar las acciones específicas incluidas en este Convenio, incluyendo presupuesto, creatividades, calendarios y planes de medios. Tercera. Obligaciones y compromisos económicos. El presupuesto de las acciones conjuntas de publicidad y marketing en medios de pago asciende a 576.000 euros y será asumido por Turespaña y TUI a partes iguales (288.000 euros cada uno). En caso de proponerse acciones en medios propios, el presupuesto de las mismas no podrá superar el 10 % del presupuesto total de la campaña, es decir 57.600 euros, y será asumido por Turespaña y TUI a partes iguales (28.800 euros cada uno). Todos los presupuestos establecidos son limitativos máximos e incluirán todos los gastos y tributos. Cuarta. Naturaleza de los compromisos económicos. Las aportaciones económicas que se comprometen a realizar las partes estarán orientadas exclusivamente a la promoción turística, quedando en principio excluidas del ámbito de aplicación de la normativa relativa a ayudas de Estado. No obstante, si de la firma del presente Convenio pudiera quedar afectada la competencia en este sentido, se cumplirá con la normativa relativa a ayudas de Estado. Quinta. Distribución temporal por anualidades e imputación del gasto. La campaña por la parte de Turespaña será sufragada con cargo a su presupuesto, aplicación presupuestaria 20.104.432A.640, proyecto de gasto 2018.20.104.0058. La distribución del presupuesto por anualidades se acordará en la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Cláusula séptima, en función de la fecha en que el Convenio resulte eficaz. Sexta. Naturaleza y régimen jurídico. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe al amparo del capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Séptima. Seguimiento. Para garantizar la buena marcha de la ejecución del presente Convenio se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento que se reunirá al menos una vez al mes. Esta Comisión elaborará el plan de medios referido en la cláusula segunda anterior y ejercerá asimismo funciones de resolución de controversias o discrepancias sobre el cumplimiento e interpretación del Convenio. Dicha Comisión será paritaria y estará integrada por un máximo de cuatro miembros que serán nombrados entre profesionales de ambas organizaciones. Las decisiones de la Comisión se tomarán por consenso. A la finalización del presente Convenio, las partes elaborarán un informe de la campaña o campañas llevadas a cabo en virtud del presente Convenio y el resultado obtenido por las mismas. Octava. Consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones. En caso de incumplimiento del Convenio por una de las partes, la otra podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado también a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra y a la Comisión de Seguimiento la concurrencia de la causa de resolución con la determinación de los daños y perjuicios que procedan y entenderá resuelto el Convenio, resultando, por tanto, de aplicación lo previsto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Novena. Orden jurisdiccional. Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento del presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, quedarán sometidas a la decisión del órgano jurisdiccional contencioso-administrativo que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Décima. Eficacia. El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Undécima. Duración. El presente Convenio se extinguirá transcurridos dos años desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, sujeto a disponibilidad presupuestaria, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales, que deberá tramitarse mediante una adenda, comunicarse en tal caso al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Duodécima. Modificación. La modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo de los firmantes de conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Decimotercera. Extinción y resolución. El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: – El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo. – El acuerdo de los firmantes. – El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en la cláusula octava anterior. – Decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. – Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la ley. Y para que así conste y a los efectos oportunos, ambas partes suscriben el presente documento por duplicado, y a un solo efecto.–Por el Instituto de Turismo de España, O.A., el Director General del Instituto de Turismo de España, Miguel Sanz Castedo.–Por TUI UK Limited, Senior Account Manager Group-Tourist Boards & Partnerships, Marie Vandeplassche. ANEXO Plan de medios Se acuerda desarrollar una primera campaña en el diario The Telegraph hasta el 30 de diciembre de 2020, por importe de 21.504 euros. En dicha fecha, se facturará, por parte de TUI UK, a Turespaña el 50 % de la inversión realizada hasta dicho momento (10.752 euros, impuestos incluidos). Durante 2021, se desarrollarán otras dos campañas, según se detalla en el cuadro inferior, por el importe restante que del convenio (554.496, impuestos incluidos, a financiar al 50 %) para completar la inversión total que el mismo contempla (576.000 euros, impuestos incluidos). Actividad Descripción Duración de la inserción Coste total – Euros Contribución de Turespaña – Euros Contribución de TUI UK – Euros Nov-20 Dic-20 En-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ag-21 Inserción en The Telegraph. Inserción en el periódico The Telegraph. 1 al 15 de diciembre 2020. 21.504 10.752 10.752   TBC                 Campaña en medios externos a definir. Se usarán mensajes de una forma táctica y atractiva, con una creatividad que invite al consumidor a reaccionar de forma instantánea. Los medios se seleccionarán según el perfil demográfico y la geografía que en ese momento se considere más adecuada con el presupuesto disponible. A definir entre las partes. 268.800 134.400 134.400     TBC           Campaña en medios externos a definir. Se usarán mensajes de una forma táctica y atractiva, con una creatividad que invite al consumidor a reaccionar de forma instantánea. Los medios se seleccionarán según el perfil demográfico y la geografía que en ese momento se considere más adecuada con el presupuesto disponible. A definir entre las partes. 285.696 142.848 142.848           TBC     576.000 288.000 288.000

Convenio donde Turespaña se alía con la aerolínea Tui para hacer publicidad conjunta para promocionar viajar a España. Algo más de medio millón cada campaña, a pagar a medias entre el Gobierno y las aerolíneas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio entre el Instituto de Turismo de España O.A. (Turespaña) y la Aerolínea Tui Uk para el desarrollo de acciones conjuntas de marketing. Madrid, 11 de diciembre de 2020.–El Director General del Instituto de Turismo de España, Miguel Ángel Sanz Castedo. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA O.A. (TURESPAÑA) Y LA AEROLÍNEA TUI UK PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS DE MARKETING Diciembre de 2020. REUNIDOS De un lado, el Instituto de Turismo de España, O.A. (en adelante, Turespaña), con domicilio en Madrid, calle Poeta Joan Maragall, 41, representada en este acto por don Fernando Valdés Verelst, nombrado Secretario de Estado de Turismo por el Real Decreto 673/2020, de 14 de julio, Presidente del Organismo según lo estipulado en el Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España. Actúa por delegación efectuada mediante Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Presidencia del Instituto de Turismo de España O.A., don Miguel Ángel Sanz Castedo nombrado Director General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) en virtud del Real Decreto 675/2020, de 14 de julio. Y de otro, TUI UK Limited en adelante, TUI, con domicilio social en Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, United Kingdom, LU2 9TN con NIF (VAT number) GB 2830117, representada en este acto por Marie Vandeplassche, Senior Account Manager Group que actúa jurídicamente con las facultades que le otorga para este acto. EXPONEN I. Que Turespaña, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de promoción turística en el exterior en virtud del artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, aspira a desarrollar acciones de marketing que permitan mejorar el posicionamiento de los destinos turísticos españoles en los mercados internacionales y está interesado en colaborar con TUI en la promoción de estos destinos en el Reino Unido en los términos descritos en el presente Convenio. II. Que la aerolínea TUI está interesada en colaborar con Turespaña para llevar a cabo actividades de marketing conjuntas en los términos descritos en el presente Convenio, con motivo de la reapertura y progresivo incremento de capacidad de rutas a España. III. Que ambas partes aprecian la necesidad de realizar conjunta y coordinadamente acciones de marketing respecto de las citadas rutas aéreas en el mercado emisor. De este modo se podrá mejorar la eficacia y rentabilidad de los presupuestos de marketing de ambas organizaciones, así como obtener un retorno cuantificado en turistas de los mismos. IV. Que la planificación de las actuaciones a desarrollar debe ser eficiente y eficaz, pudiendo incluir todo tipo de acciones de marketing y de apoyo a la comercialización. Para garantizar la eficiencia y eficacia de dichas acciones, deberán estar orientadas a resultados, que deberán ser medidos de forma cuantificada en lo posible. Por todo ello, las partes intervinientes acuerdan suscribir este Convenio con sujeción a las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. El objeto de este Convenio es la ejecución conjunta de actividades de publicidad y marketing y de apoyo a la comercialización por parte de Turespaña y TUI. Dichas actividades tendrán siempre como fin la promoción del destino España en el Reino Unido, así como el fortalecimiento del posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas de España. Ambas partes firmantes reconocen que el presente Convenio no excluye la posibilidad de que cada una por separado pueda ejecutar acciones de marketing o firmar otros convenios para el cumplimiento de sus respectivos objetos sociales e institucionales con otras entidades, compañías, instituciones u organismos, nacionales o extranjeros. Segunda. Actuaciones a realizar por las partes. Turespaña acordará con la aerolínea TUI las acciones de marketing y de apoyo a la comercialización a desarrollar en el periodo de vigencia del Convenio. Las actividades a desarrollar por ambas partes consistirán en la realización de campañas de marketing conjuntas en medios de pago, preferentemente online; se podrán utilizar medios de pago off-line cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados. Aparte de las campañas en medios de pago, ambas partes podrán proponer acciones en sus medios propios, o de apoyo a la comercialización, como complemento a las campañas en medios de pago. La creatividad final que se utilice en la campaña tendrá que ser consensuada y aprobada por Turespaña. Las actuaciones a desarrollar se concretarán en un plan de medios, que será elaborado en la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima, de acuerdo con los medios relevantes en el mercado emisor, y que se adjuntará como anexo al correspondiente Convenio. Dicho plan de medios en ningún caso afectará al contenido básico del Convenio, el cual no podrá ser objeto de modificación en la Comisión de Seguimiento. El plan de medios fijará qué indicadores de seguimiento de la campaña se van a utilizar, de tal forma que permitan medir el éxito de la misma como retorno de la inversión. Dichos indicadores serán razonables y objetivamente alcanzables (para el caso de medios online, visualizaciones o clicks, y, para el caso de medios offline, estimaciones de visibilidad del anuncio, impacto, etc.). Todas las partes deberán aprobar las acciones específicas incluidas en este Convenio, incluyendo presupuesto, creatividades, calendar ### RESUMEN: Convenio donde Turespaña se alía con la aerolínea Tui para hacer publicidad conjunta para promocionar viajar a España. Algo más de medio millón cada campaña, a pagar a medias entre el Gobierno y las aerolíneas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno, Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de Cuentas a don Ramón Álvarez de Miranda García. Dado en Madrid, el 24 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Ramón Alvárez de Miranda, reelegido presidente del Tribunal de Cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y a propuesta del mismo Tribunal en Pleno, Vengo en nombrar Presidente del Tribunal de Cuentas a don Ramón Álvarez de Miranda García. Dado en Madrid, el 24 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY ### RESUMEN: Ramón Alvárez de Miranda, reelegido presidente del Tribunal de Cuentas.

Vengo en nombrar a don Juan José Escobar Stemmann como Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano, con efectos de 17 de agosto de 2016. Madrid, 2 de septiembre de 2016.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Juan Manuel García-Margallo Marfil.

Margallo nombra a Juan José Escobar Stemmann vicepresidente en Comité Hispano-Americano.

Vengo en nombrar a don Juan José Escobar Stemmann como Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano, con efectos de 17 de agosto de 2016. Madrid, 2 de septiembre de 2016.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Juan Manuel García-Margallo Marfil. ### RESUMEN: Margallo nombra a Juan José Escobar Stemmann vicepresidente en Comité Hispano-Americano.

Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 28 de abril de 2011 («BOE» de 12 de mayo), se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Asociaciones Judiciales. Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 19 de abril de 2012 («BOE» de 10 de mayo), se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales. Una vez asignadas las subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación en el anexo a esta Resolución, de las subvenciones concedidas en el presente ejercicio 2012 con cargo al capítulo IV, concepto 483, del programa 111M del Presupuesto de gastos del Consejo para el año 2012, destinado específicamente a la subvención a Asociaciones Judiciales. Madrid, 21 de diciembre de 2012.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero. ANEXO Subvenciones concedidas a las Asociaciones Judiciales Profesionales con cargo a los Fondos disponibles para el año 2012 Asociaciones NIF Euros 1. Para gastos de organización y funcionamiento de las Asociaciones Judiciales Acuerdo I. 50º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 28 de junio de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura. G78399656 75.645,00 Asociación Judicial Francisco de Vitoria. G79435442 75.645,00 Jueces para la Democracia. G78102365 75.645,00 Foro Judicial Independiente. G83533281 75.645,00 2. Subvención por actividades de interés para la justicia y la vida asociativa Acuerdo I. 29º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 29 de noviembre de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura. – 36.580,89 Asociación Judicial Francisco de Vitoria. – 28.529,60 Jueces para la Democracia. – 31.767,62 Foro Judicial Independiente. – 24.153,89 3. Por la efectiva implantación en la Carrera Judicial Acuerdo I. 31º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 20 de diciembre de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura – 85.611,81 Asociación Judicial Francisco de Vitoria – 41.632,70 Jueces para la Democracia – 34.124,05 Foro Judicial Independiente – 20.179,44 Total concedido 605.160,00

Subvenciones a las Asociaciones Judiciales.

Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 28 de abril de 2011 («BOE» de 12 de mayo), se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Asociaciones Judiciales. Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 19 de abril de 2012 («BOE» de 10 de mayo), se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales. Una vez asignadas las subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación en el anexo a esta Resolución, de las subvenciones concedidas en el presente ejercicio 2012 con cargo al capítulo IV, concepto 483, del programa 111M del Presupuesto de gastos del Consejo para el año 2012, destinado específicamente a la subvención a Asociaciones Judiciales. Madrid, 21 de diciembre de 2012.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner Tamborero. ANEXO Subvenciones concedidas a las Asociaciones Judiciales Profesionales con cargo a los Fondos disponibles para el año 2012 Asociaciones NIF Euros 1. Para gastos de organización y funcionamiento de las Asociaciones Judiciales Acuerdo I. 50º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 28 de junio de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura. G78399656 75.645,00 Asociación Judicial Francisco de Vitoria. G79435442 75.645,00 Jueces para la Democracia. G78102365 75.645,00 Foro Judicial Independiente. G83533281 75.645,00 2. Subvención por actividades de interés para la justicia y la vida asociativa Acuerdo I. 29º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 29 de noviembre de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura. – 36.580,89 Asociación Judicial Francisco de Vitoria. – 28.529,60 Jueces para la Democracia. – 31.767,62 Foro Judicial Independiente. – 24.153,89 3. Por la efectiva implantación en la Carrera Judicial Acuerdo I. 31º del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 20 de diciembre de 2012 Asociación Profesional de la Magistratura – 85.611,81 Asociación Judicial Francisco de Vitoria – 41.632,70 Jueces para la Democracia – 34.124,05 Foro Judicial Independiente – 20.179,44 Total concedido 605.160,00 ### RESUMEN: Subvenciones a las Asociaciones Judiciales.

EDICTO Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 28 de marzo de 2019, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A25/19 del Ramo de Sector público local (Ayuntamiento de Navalcarnero) con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por importe de 145.625,94 € como consecuencia de las irregularidades detectadas en el pago del contrato de realización de un paso de Semana Santa denominado 'La santa Cena', lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 28 de marzo de 2019.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez.

El Tribunal de Cuentas investiga el caso del paso de Semana Santa desaparecido en Navalcarnero, más de 145K.

EDICTO Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha 28 de marzo de 2019, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº A25/19 del Ramo de Sector público local (Ayuntamiento de Navalcarnero) con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos por importe de 145.625,94 € como consecuencia de las irregularidades detectadas en el pago del contrato de realización de un paso de Semana Santa denominado 'La santa Cena', lo cual se hace saber con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días. Madrid, 28 de marzo de 2019.- El Letrado Secretario, Carlos Cubillo Rodríguez. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga el caso del paso de Semana Santa desaparecido en Navalcarnero, más de 145K.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el Departamento competente en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información. El despliegue de estas competencias comporta el establecimiento de un amplio conjunto de programas de ayudas públicas que persiguen objetivos que abarcan desde el fomento de la sociedad de la información y de la competitividad empresarial, hasta actuaciones de reindustrialización y de dinamización tecnológica para crear o regenerar el tejido industrial, con una finalidad decidida de apoyo a dichos sectores. En este aspecto es necesario señalar que muchas de las ayudas previstas en la presente orden cuentan con fondos comunitarios en su financiación. Como en años anteriores la presente orden se elabora sobre la base de dos objetivos fundamentales: – Primero, facilitar el acceso a las ayudas de los potenciales beneficiarios propiciando la máxima transparencia a través de una programación global de las principales ayudas del Departamento. – Segundo, la búsqueda de la máxima eficiencia en la asignación de los fondos públicos, y en la adopción de medidas que mejoren la calidad en la tramitación de las ayudas con una clara orientación hacia objetivos y resultados. En esta línea las bases reguladoras y convocatorias de las distintas ayudas irán incorporando paulatinamente medidas dirigidas a la evaluación de los resultados de estas ayudas sobre todo en lo que se refiere a su incidencia en los distintos sectores beneficiados especialmente desde el punto de vista de la inversión y del empleo. También es necesario destacar la repercusión que en la actividad pública tiene la plena entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. A estos objetivos responde claramente la presente orden. Por otro lado, uno de los objetivos estratégicos del Ministerio en este ámbito se centra en potenciar el papel de los ciudadanos y empresas mediante el desarrollo de la participación y la utilización de medios electrónicos, facilitando la reutilización de la información del sector público. De acuerdo con estos objetivos y continuando con la línea de mejora en la tramitación de las ayudas iniciada años atrás, las principales líneas de actuación en este ámbito del Plan Anual Integrado de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2015 serán las siguientes: En primer lugar, continuar con la utilización intensiva de los medios electrónicos en todas las fases de la gestión de las ayudas: presentación, consulta, comunicación, notificación y justificación de las mismas. En este marco, continuará siendo obligatoria la utilización de medios electrónicos en la presentación de determinadas ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. En segundo término, se facilita la utilización del Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) creado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril. En tercer lugar, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo velará por el cumplimiento del principio de mejora de la reglamentación y de reducción de cargas administrativas de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007. En este contexto, se impulsa el cumplimiento de las directrices establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 relativas a la supresión de la exigencia de documentos que obran en poder de la Administración General del Estado. De esta forma a partir del pasado 31 de diciembre de 2012 no puede obligarse ni a los ciudadanos ni a las empresas a aportar documentación que sea accesible por medios electrónicos y que ya esté en poder de la Administración General del Estado. De acuerdo con esta previsión las distintas bases reguladoras y órdenes de convocatoria tendrán en cuenta este hecho, no pudiendo exigirse esta documentación, estableciendo su aportación como voluntaria y previendo la fórmula de consentimiento necesaria para poder acceder a la documentación requerida. Una cuarta directriz se estructura en torno a las medidas que permitan hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres en cumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fomentando la introducción del criterio de igualdad en las bases reguladoras de las ayudas, así como la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de datos desglosados que permitan conocer el grado de inserción de las mujeres en estos ámbitos. De igual forma se promoverá la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en cumplimiento del artículo 68.2 del Texto Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Por último, se procurará la máxima difusión de las convocatorias de ayudas previstas en el anexo I de la presente orden, con la finalidad de lograr un alto nivel de competitividad entre los proyectos presentados. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. Constituye el objeto de la presente orden la aprobación del Plan Anual Integrado de las Ayudas Públicas convocadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sus organismos públicos dependientes para el año 2015, así como el establecimiento de las medidas necesarias para agilizar su tramitación y para facilitar el cumplimiento de los principios generales relativos a la gestión de las subvenciones y ayudas públicas establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 2. Aprobación del Plan Anual Integrado de Ayudas para el año 2015. 1. Se aprueba el Plan Anual Integrado de Ayudas para el año 2015 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de sus organismos públicos dependientes que figura en los Anexos I y II de esta orden. 2. En el Anexo I se recogen las fechas previstas de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, así como las fechas previstas de resolución y pago. Se especifica igualmente el tipo de ayuda, el concepto, la cuantía máxima asignada y el órgano directivo que gestionará la misma, con independencia de la composición del comité de evaluación que procederá a su estudio. 3. En el Anexo II se relacionan y cuantifican otras acciones de apoyo estratégico con contenido económico y otras ayudas de concesión directa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de sus organismos públicos dependientes para el año 2015. Artículo 3. Tramitación electrónica de los procedimientos de ayudas. 1. De acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y con el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior, se tramitarán obligatoriamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo todos los procedimientos de concesión, modificación, justificación y, en su caso, reintegro de ayudas en los que así lo establezcan sus bases reguladoras y en los términos previstos en las mismas. 2. En el caso de que los procedimientos se gestionen por parte de un organismo público o entidad dependiente del Ministerio que cuente con sede electrónica propia, su tramitación se realizará a través de la sede electrónica del organismo. 3. De acuerdo con el artículo 48.1 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. 4. Las comunicaciones a los interesados podrán publicarse en la sede electrónica del Departamento creada por la Orden IET/842/2012, de 18 de abril, o en la del organismo competente con sede electrónica propia. Esta publicación, conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sustituirá a la notificación y surtirá todos sus efectos respecto de los interesados que estén obligados a utilizar la vía electrónica por el apartado 1 de este artículo. 5. Conforme a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las bases reguladoras indicarán la posibilidad o la obligación, según los casos, de presentar por vía electrónica la documentación relativa a la fase de justificación, incluidos los justificantes de los gastos realizados, y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables. 6. En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se podrán realizar bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 7. En los procedimientos en que sea obligatoria la práctica de las notificaciones por medios electrónicos y los interesados sean personas jurídicas, será obligación de estos informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. 8. Los recursos administrativos y las solicitudes de revisión de oficio se podrán realizar ante el Registro Electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo regulado por la Orden IET/1902/2012, de 6 de septiembre. Artículo 4. Inscripción en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 1. En las bases reguladoras de las ayudas gestionadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se establecerá la exención de presentación de determinada documentación para los solicitantes de ayudas inscritos en el Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA), creado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril. 2. De conformidad con lo establecido en la Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, la inscripción en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), podrá tener, en caso de que así se determine en las correspondientes bases, una valoración adicional. El procedimiento para efectuar la inscripción en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo será el regulado en la Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre. 3. De conformidad con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, aquellas entidades inscritas en el RESA que soliciten su inscripción en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, regulado en la Orden ITC/3808/2007, de 19 de diciembre, no estarán obligadas a presentar la documentación que ya figure en el RESA. Artículo 5. Aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las convocatorias de ayudas que afecten a ámbitos en los que exista una situación previa de desigualdad de oportunidades por razón de género, se incorporará progresivamente como criterio de valoración en los proyectos presentados, la valoración de actuaciones y de medidas específicas de las entidades solicitantes que fomenten la igualdad de género, o cualesquiera otros que coincidan con el objetivo final de la ley. En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, a estos efectos podrán valorarse, entre otras, medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, así como la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad previsto en la citada ley orgánica. 2. Con esta finalidad, se impulsará la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de algunos apartados de datos relevantes, como pueden ser los relativos a número de mujeres participantes en el proyecto, nivel de cualificación, estudios o cualquier otro que permita mejorar la información disponible sobre la situación desagregada por sexo en el ámbito de las ayudas. Artículo 6. Aplicación del artículo 68.2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 1. En el ámbito de las ayudas y subvenciones públicas del Ministerio, se tenderá paulatinamente a promover medidas de acción positiva que garanticen la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, y especialmente de aquellas que residen habitualmente en el ámbito rural. 2. Con esta finalidad, se impulsará progresivamente la incorporación, en los cuestionarios de información de los proyectos presentados, de varios apartados de datos relevantes relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad. Artículo 7. Mejora de la reglamentación y reducción de cargas administrativas mediante la eliminación de la exigencia de documentación. 1. Las bases reguladoras y convocatorias de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se redactarán de forma que la documentación solicitada sea la estrictamente indispensable, no pudiendo exigir aquellos datos o documentos que ya obren en poder de la Administración General del Estado, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 para la simplificación documental en los procedimientos administrativos que afectan a la ciudadanía. Por lo tanto, ni en las bases reguladoras ni en las convocatorias de las distintas ayudas podrá exigirse en ningún caso a los ciudadanos y empresas la aportación obligatoria de documentos que sean accesibles por medios electrónicos para el Ministerio y sus organismos y que obren en poder de la Administración ya que con carácter general, serán los centros gestores del Ministerio o de sus organismos los que recaben esa información. En el caso de tratarse de datos de carácter personal habrá de contarse con el consentimiento del interesado para poder acceder a esos datos. Dicho consentimiento puede ser, bien expreso, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal o bien amparado por una norma con rango de ley. Este consentimiento deberá recabarse de forma específica e individualizada para cada procedimiento concreto y podrá solicitarse y emitirse por medios electrónicos. En los casos en que el interesado no consienta en que se acceda a su información, deberá presentar él mismo la documentación. 2. La aportación de certificados, cuando no fuera posible su obtención de oficio por medios electrónicos de interconexión registral, podrá sustituirse por declaraciones responsables en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la referida Ley General de Subvenciones. Artículo 8. Financiación con Fondos comunitarios de la Unión Europea. En el caso de tratarse de ayudas que puedan obtener financiación con cargo a Fondos comunitarios, en particular con el Fondo FEDER, en las normas reguladoras de su concesión deberá hacerse referencia a esa posibilidad en su preámbulo y, según proceda, en las disposiciones relativas a la financiación y justificación de las ayudas, actuaciones de comprobación y control, publicidad y normativa aplicable, de forma que hagan posible dicha financiación. Artículo 9. Limitación de gastos de personal. Las actuaciones derivadas del Plan Anual Integrado de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2015 no podrán suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogada la Orden IET/593/2014, de 9 de abril, por la que se aprueba el Plan Anual Integrado de ayudas para el año 2014 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación e igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden. Disposición final primera. Ejecución y aplicación de la orden. Los órganos del Departamento y de los organismos públicos dependientes del mismo, afectados por los compromisos y mandatos contenidos en la presente orden, adoptarán las medidas necesarias para la ejecución y aplicación de lo dispuesto en ella. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 18 de marzo de 2015.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López. ANEXO I Convocatoria de ayudas públicas 2015 –en concurrencia competitiva– 01. Dirección General de Industria y de la Pyme Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de euros) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Apoyo a redes de «Bussines Angels» (Línea creación nuevas redes). Subvenciones. 350 Abril 2015 Septiembre 2015 Diciembre 2015 Apoyo a redes de «Bussines Angels» (Línea general). Subvenciones. 650 Abril 2015 Septiembre 2015 Diciembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Programa de fomento de la competitividad industrial.(Industria aeroespacial, automoción y manufacturera). Préstamos. 348.460 Orden IET/274/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización (Convocatoria general). Préstamos. 198.746 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Comarca de Lorca (Murcia). Préstamos. 10.580 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Comunidad Autónoma de Extremadura. Préstamos. 12.226 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización isla de El Hierro (Canarias). Préstamos. 3.527 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Comarca de la Bahía de Cádiz. Préstamos. 61.771 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Comarcas del Ferrol, Eume y Ortegal (A Coruña). Préstamos. 45.711 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Comunidad Autónoma de Canarias. Préstamos. 14.844 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Margen izquierda del Nervión. Préstamos. 7.850 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Soria, Teruel y Jaén. Préstamos. 27.183 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de apoyo financiero a la inversión industrial. Reindustrialización Campo de Gibraltar (Cádiz). Préstamos. 26.288 Orden IET/273/2015, BOE 20.02.15 Septiembre 2015 Noviembre 2015 Programa de ayudas compensatorias a la industria por costes indirectos de CO2. Subvenciones. 4.000 Marzo 2015 Junio 2015 Julio 2015 Programa Nacional de Redes Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). Subvenciones. 7.305 Abril 2015 Octubre 2015 Diciembre 2015 Total subvenciones: 12.305 miles de euros. Préstamos: 757.186 miles de euros. 02. Dirección General de Política Energética y Minas Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas. Subvenciones. 2.300 Mayo 2015 Octubre 2015 Noviembre 2015 Total subvenciones: 2.300 miles de euros. 03. Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo Subvenciones. 47.000 1.º Trimestre 2015 2.º Trimestre 2015 3.º Trimestre 2015 Ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales (Clausura de instalaciones y restauración) Subvenciones. 7.500 Res.6.02.15 BOE 11.02.15 2.º Trimestre 2015 3.º Trimestre 2015 Ayudas de explotación destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas previstas artículo 3 .º de la Decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010. ( 2013-2018) Subvenciones. 50.000 1.º Cuatrimestre 2015 2.º Cuatrimestre 2015 Pagos mensuales o acumulados hasta la fecha de concesión Ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo. Subvenciones. 3.000 1.º Trimestre 2015 2.º Trimestre 2015 3.º Trimestre 2015 Total subvenciones: 107.500 miles de euros. 05. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año* (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Acción estratégica economía y Sociedad Digital (AEESD)** (2013-2016). Préstamos. 150.000 2.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 Subvenciones. 50.000 2.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 Programa de Extensión de la banda ancha de Nueva Generación*** Préstamos. 55.000 2 º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 Subvenciones. 8.000 2.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 4.º Trimestre 2015 Total subvenciones: 58.000 miles de euros. Préstamos: 205.000 miles de euros. * Los importes presupuestados podrán incrementarse de acuerdo a lo que se establezca en cada convocatoria y a la vista de las generaciones de crédito que se efectúen en el ejercicio. ** Para estas ayudas se comprometen fondos en el presupuesto 2016. *** El capítulo de préstamos se va a emplear para dar anticipos reembolsables con cargo a fondos FEDER. 07. Red.es Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Ayudas del programa de impulso de la actividad de Centros demostradores de soluciones TIC. Subvenciones. 275 1.º Trimestre 2015 2.º Trimestre 2015 30% 2015 70% 2016 Concesión de apoyo financiero a proyectos de mejora de la eficiencia en el Sistema Nal. de la Salud, a través de la incorporación de las TIC, conforme a las líneas de actuación de la Agenda Digital para España. Préstamos. 10.000 2.º semestre 2015 4.º trimestre 2015 1.º Trimestre 2016 Programa de fomento de la demanda de soluciones Cloud Computing para PYME. Subvenciones. 20.000 4.º Trimestre 2015 2016 2016 Programa de fomento de la oferta de soluciones Cloud Computing para PYME. Subvenciones. 10.000 4.º Trimestre 2015 2016 2016 Programa de impulso de Servicios 2.0 para establecimientos hoteleros. Subvenciones. 10.000 4.º Trimestre 2015 2016 2016 Programa de Impulso del Comercio Electrónico. Subvenciones. 15.000 4.º Trimestre 2015 2016 2016 Programa de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero. Subvenciones. 5.000 4.º Trimestre 2015 2016 2016 Total subvenciones: 60.275 miles de euros. Préstamos: 10.000 miles de euros. 08. Secretaría de Estado de Turismo Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Préstamos del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur. Desarrollo de productos innovadores del Plan Nacional e Integral del Turismo. Préstamos. 80.000 Res. 24.11.14 BOE 01.12.14 Junio 2015 Agosto 2015 Préstamos del programa Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo. Préstamos. Proced. 1: 13.000 Proced. 2: 10.000 Res. 29.12.14 BOE 31.12.14 Proced. 1:Julio 2015 Proced. 2: Sept. 2015 Proced. 1: Sept. 2015 Proced. 2: Nov. 2015 Préstamos del programa Emprendetur Jóvenes. Emprendedores en el marco del Plan Nacional e integral del Turismo. Préstamos. 30.000 Res. 24.11.14 BOE 01.12.14 Junio 2015 Agosto 2015 Total préstamos: 133.000 miles de euros. 09. Turespaña Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Becas Turismo de España. Convocatoria de becas para prestar servicios en Oficinas de Turismo en el exterior 2015 y 2016. Becas. 375 Junio 2015 Septiembre 2015 Diciembre 2015 Total becas: 375 miles de euros. 10. Oficina Española de Patentes y Marcas Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Ayudas en materia de propiedad industrial. Fomento de patentes nacionales. Subvenciones. 231 Marzo 2015 Sept./Nov. 2015 Diciembre 2015 Ayudas en materia de propiedad industrial. Fomento de patentes en el exterior. Subvenciones. 4.015 Marzo 2015 Sept./Nov. 2015 Diciembre 2015 Total subvenciones: 4.246 miles de euros. 11. Subsecretaría Denominación ayuda Ayudas Importe presupuestado para el año (miles de €) Fecha prevista publicación convocatoria BOE Fecha estimada resolución Prov./Definitiva Fecha estimada de pago Subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias. Subvenciones. 3.500 Mayo 2015 Octubre 2015 Noviembre 2015 Total subvenciones: 3.500 miles de euros. Total: Subvenciones: 248.126 miles de euros. Préstamos: 1.105.186 miles de euros. Becas: 375 miles de euros. Total anexo I: 1.353.687 miles de euros. ANEXO II Otras acciones de apoyo con contenido económico 2015 01. Dirección General de Industria y de la PYME Denominación Modalidad Ayudas presupuestadas en el año (miles de €) Anticipos Airbus Operations S.L. y Tier 1 para su participación en el Airbus A350 XWB. Convenios. 36.737 Primas a la construcción naval (ejercicios anteriores) y compensación de intereses de préstamos a la construcción naval. Subvención de concesión directa. 114.493 Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos. Subvención de concesión directa. 7.000 Proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa. Convenios. 563.926 Total 722.156 03. Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras Denominación Modalidad Ayudas presupuestadas en el año (miles de €) Ayudas por costes laborales. Subvención de concesión directa. 17.990 Prejubilaciones (costes sociales). Subvención de concesión directa. 253.010 Ayudas para el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. Subvención de concesión directa (formalización mediante convenios con CC.AA.). 50.000 Total 321.000 04. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía –IDAE– Denominación Modalidad Ayudas presupuestadas en el año (miles de €) Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). Programa PAREER. Préstamos y Subvención de concesión directa. 106.907* Programa para ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios (BIOMCASA II). Préstamos. 848* Programa para proyectos de energía geotérmica en edificios (GEOTCASA). Préstamos. 1.181* Programa para proyectos de energía solar térmica en edificios (SOLCASA). Préstamos. 2.978* Programa para proyectos de energías renovables en edificios de Grandes Instalaciones Térmicas (GIT). Préstamos. 9.815* Programa de incentivos al vehículo eléctrico (Plan MOVELE-2014). Subvención de concesión directa. 235* Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7). Subvención de concesión directa. 175.000 Programa de Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER-CRECE).Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. Préstamos y Subvención de concesión directa. 75.000 Programa de incentivos al vehículo eléctrico (Plan MOVELE 2015). Subvención de concesión directa. 7.000 Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2014. Línea PYME y Gran Empresa. Subvención de concesión directa. 52.000 Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2014. Línea Alumbrado exterior municipal. Préstamo con bonificación de interés, de concesión directa. 38.000 Fondo Nacional de Eficiencia Energética 2014. Línea Transporte. Subvención de concesión directa. 9.400 Proyecto Piloto para instalar estaciones de recarga para vehículos eléctricos(**). Subvención en especie a través de Convenio a suscribir con la CA de Canarias. 300 Proyecto Piloto para instalar estaciones de recarga para vehículos eléctricos(**). Subvención en especie a través de Convenio a suscribir con la CA de Illes Balears. 2.000 Total 480.664 Notas: (*) Importe remanente al inicio del año 2015, de la dotación del programa de años anteriores. Los programas se mantienen vigentes hasta el agotamiento del presupuesto. (**) Los citados proyectos regulados por convenios, establecen una concesión de ayudas directas, que se concreta en la compra centralizada por parte de IDAE de las estaciones de recarga, las cuales se entregan como una ayuda en especie a los beneficiarios seleccionados en convocatoria abierta por la C.A. respectiva (Illes Balears y Canarias). 08. Secretaría de Estado de Turismo Denominación Modalidad Ayudas presupuestadas en el año (miles de €) Fondo financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT) Línea abierta. 10(+240.000 € procedentes de remanentes de ejercicios anteriores) Total 10(+240.000 € procedentes de remanentes de ejercicios anteriores) Total anexo II: 1.523.830 miles de euros. Total Ayudas y Acciones (anexo I + anexo II): 2.877.517 miles de euros.

Todas las subvenciones de industria para 2015.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el Departamento competente en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información. El despliegue de estas competencias comporta el establecimiento de un amplio conjunto de programas de ayudas públicas que persiguen objetivos que abarcan desde el fomento de la sociedad de la información y de la competitividad empresarial, hasta actuaciones de reindustrialización y de dinamización tecnológica para crear o regenerar el tejido industrial, con una finalidad decidida de apoyo a dichos sectores. En este aspecto es necesario señalar que muchas de las ayudas previstas en la presente orden cuentan con fondos comunitarios en su financiación. Como en años anteriores la presente orden se elabora sobre la base de dos objetivos fundamentales: – Primero, facilitar el acceso a las ayudas de los potenciales beneficiarios propiciando la máxima transparencia a través de una programación global de las principales ayudas del Departamento. – Segundo, la búsqueda de la máxima eficiencia en la asignación de los fondos públicos, y en la adopción de medidas que mejoren la calidad en la tramitación de las ayudas con una clara orientación hacia objetivos y resultados. En esta línea las bases reguladoras y convocatorias de las distintas ayudas irán incorporando paulatinamente medidas dirigidas a la evaluación de los resultados de estas ayudas sobre todo en lo que se refiere a su incidencia en los distintos sectores beneficiados especialmente desde el punto de vista de la inversión y del empleo. También es necesario destacar la repercusión que en la actividad pública tiene la plena entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. A estos objetivos responde claramente la presente orden. Por otro lado, uno de los objetivos estratégicos del Ministerio en este ámbito se centra en potenciar el papel de los ciudadanos y empresas mediante el desarrollo de la participación y la utilización de medios electrónicos, facilitando la reutilización de la información del sector público. De acuerdo con estos objetivos y continuando con la línea de mejora en la tramitación de las ayudas iniciada años atrás, las principales líneas de actuación en este ámbito del Plan Anual Integrado de Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2015 serán las siguientes: En primer lugar, continuar con la utilización intensiva de los medios electrónicos en todas las fases de la gestión de las ayudas: presentación, consulta, comunicación, notificación y justificación de las mismas. En este marco, continuará siendo obligatoria la utilización de medios electrónicos en la presentación de determinadas ayudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. En segundo término, se facilita la utilización del Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas (RESA) creado por la Orden ITC/1197/2010, de 29 de abril. En tercer lugar, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo velará por el cumplimiento del principio de mejora de la reglamentación y de reducción de cargas administrativas de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007. En este contexto, se impulsa el cumplimiento de las directrices establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 relativas a la supresión de la exigencia de documentos que obran en poder de la Administración General del Estado. De esta forma a partir del pasado 31 de diciembre de 2012 no puede obligarse ni a los ciudadanos ni a las empresas a aportar documentación que sea accesible por medios electrónicos y que ya esté en poder de la Administración General del Estado. De acuerdo con esta previsión las distintas bases reguladoras y órdenes de convocatoria tendrán en cuenta este hecho, no pudiendo exigirse esta documentación, estableciendo su aportación como voluntaria y previendo la fórmula de consentimiento necesaria para poder acceder a la documentación requerida. Una cuarta directriz se estructura en torno a las medidas que permitan hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres en cumplimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, fomentando la introducción del criterio de igualdad en las bases reguladoras de las ayudas, así como la incorporación en los cuestionarios de información de los proyectos presentados de datos desglosados que permitan conocer el grado de inserción de las mujeres en estos ámbitos. De igual forma se promoverá la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en cumplimiento del artículo 68.2 del Texto Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Por último, se procurará la máxima difusión de las convocatorias de ayudas previstas en el anexo I de la presente orden, con la finalidad de lograr un alto nivel de competitividad entre los proyectos presentados. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto. Constituye el objeto de la presente orden la aprobación del Plan Anual Integrado de las Ayudas Públicas convocadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sus organismos públicos dependientes para el año 2015, así como el establecimiento de las medidas necesarias para agilizar su tramitación y para facilitar el cumplimiento de los principios generales relativos a la gestión de las subvenciones y ayudas públicas establecidos en el artículo ### RESUMEN: Todas las subvenciones de industria para 2015.

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de noviembre de 2016, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo:1,56 €/mes. – Término variable: 69,6103 c€/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 55,1025 c€/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): Propano = 349,2 , butano = 379,1. Fletes ($/Tm): 18,0. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,102605. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 11 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de noviembre de 2016, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de noviembre de 2016. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de noviembre de 2016, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de gases licuados del petróleo por canalización, adoptarán las medidas necesarias para la determinación de los consumos periódicos efectuados por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder a la correcta aplicación de los precios de gases licuados del petróleo por canalización a que se refiere la presente resolución. Séptimo. Contra la presente resolución, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Madrid, 7 de noviembre de 2016.–La Directora General de Política Energética y Minas, Maria Teresa Baquedano Martín.

Establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales

El artículo 94 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá dictar las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Por otra parte, el artículo 12.1 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de Reformas para el Impulso a la Productividad, establece que mediante orden ministerial, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se dictarán las disposiciones necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales, así como los precios de cesión de gas natural y de gases licuados del petróleo para los distribuidores de gases combustibles por canalización, estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las tarifas de venta a los usuarios serán únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades. Ya anteriormente, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo, y se liberalizan determinados suministros, había establecido el sistema de determinación automática de los precios máximos aplicables a los suministros de los gases licuados del petróleo, y en particular al suministro por canalización. El apartado octavo de dicha orden, establece que la Dirección General de Política Energética y Minas efectuará los cálculos para la aplicación del sistema establecido y dictará las resoluciones correspondientes de determinación de los precios máximos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y entrarán en vigor el tercer martes de cada mes. Finalmente, el apartado primero.2 de la Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización, que modificó parcialmente la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, establece que los costes de comercialización se revisarán anualmente en el mes de julio de cada año. De acuerdo con lo anterior y en uso de la competencia que le atribuye el apartado octavo de la referida orden del Ministerio de Industria y Energía de 16 de julio de 1998, esta Dirección General de Política Energética y Minas, resuelve: Primero. Desde las cero horas del día 15 de noviembre de 2016, los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de suministro serán los que se indican a continuación: 1. Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales: – Término fijo:1,56 €/mes. – Término variable: 69,6103 c€/kg. 2. Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización: 55,1025 c€/kg. Segundo. Los precios establecidos en los apartados anteriores no incluyen los siguientes impuestos vigentes: – Península e Islas Baleares: Impuesto sobre Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Añadido. – Archipiélago Canario: Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo e Impuesto General Indirecto Canario. – Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto sobre la producción, los servicios, la importación y el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos. Tercero. En los cálculos de los precios establecidos en el apartado segundo se han tenido en cuenta las siguientes cotizaciones o resultados intermedios: Cotización internacional materia prima ($/Tm): Propano = 349,2 , butano = 379,1. Fletes ($/Tm): 18,0. Media mensual del cambio dólar/euro: 1,102605. Asimismo, se han tenido en cuenta los costes de comercialización que se establecieron en la resolución de 11 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. Cuarto. Los precios para los suministros de los gases licuados del petróleo señalados en la presente resolución se aplicarán a los suministros pendientes de ejecución el día 15 de noviembre de 2016, aunque los pedidos correspondientes tengan fecha anterior. A estos efectos, se entienden por suministros pendientes de ejecución, aquellos que aún no se hayan realizado o se encuentren en fase de realización a las cero horas del día 15 de noviembre de 2016. Quinto. Las facturaciones de los consumos correspondientes a los suministros de gases licuados del petróleo por canalización medidos por contador, relativas al período que incluya la fecha del 15 de noviembre de 2016, o en su caso del día a partir del cual produzcan efectos o entren en vigor otras resoluciones u órdenes anteriores o posteriores relativas al mismo período de facturación, se calcularán repartiendo proporcionalmente el consumo total correspondiente al período facturado a los días anteriores y posteriores a cada una de dichas fechas, aplicando a los consumos resultantes del reparto los precios que correspondan a las distintas resoluciones u órdenes aplicables. Sexto. Las empresas distribuidoras de ### RESUMEN: Establecimiento de las tarifas de venta de los gases licuados del petróleo por canalización para los consumidores finales

A propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2018, Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de Economía, Industria y Competitividad a don Tomás Nasarre Serrano. Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2018. FELIPE R. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, ROMÁN ESCOLANO OLIVARES

El ministro de Economía nombra a su director de gabinete: Tomás Nasarre Serrano.

A propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de marzo de 2018, Vengo en nombrar Director del Gabinete del Ministro de Economía, Industria y Competitividad a don Tomás Nasarre Serrano. Dado en Madrid, el 9 de marzo de 2018. FELIPE R. El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, ROMÁN ESCOLANO OLIVARES ### RESUMEN: El ministro de Economía nombra a su director de gabinete: Tomás Nasarre Serrano.

Visto el expediente de indulto de doña María de los Ángeles Quiñones Fernández, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, condenada por la Audiencia Provincial de León, sección tercera, en sentencia de 2 de abril de 2013, como autora de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de tres años de prisión, seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, e inhabilitación especial para desempeñar funciones como Auxiliar administrativa en la Junta de Castilla y León por tiempo de dos años, por hechos cometidos en el año 2009, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2014, Vengo en conmutar a doña María de los Ángeles Quiñones Fernández la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 11 de julio de 2014. FELIPE R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Indulto para María de los Ángeles Quiñones Fernández, condenada por un delito de falsedad en documento oficial

Visto el expediente de indulto de doña María de los Ángeles Quiñones Fernández, incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido en el artículo 4, apartado tercero, del Código Penal, condenada por la Audiencia Provincial de León, sección tercera, en sentencia de 2 de abril de 2013, como autora de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de tres años de prisión, seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, e inhabilitación especial para desempeñar funciones como Auxiliar administrativa en la Junta de Castilla y León por tiempo de dos años, por hechos cometidos en el año 2009, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2014, Vengo en conmutar a doña María de los Ángeles Quiñones Fernández la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 11 de julio de 2014. FELIPE R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ ### RESUMEN: Indulto para María de los Ángeles Quiñones Fernández, condenada por un delito de falsedad en documento oficial

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior. c) Número de expediente: 2012130037 R. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Mantenimiento general del edificio e intalaciones de la Embajada de España en Berlín. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 498.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 249.000,00 €. Importe total: 296.310,00 €. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31.10.2012. b) Fecha de formalización del contrato: 29.11.2012. c) Contratista: Gegenbauer Services GMBH. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.510,00 €. Importe total: 293.346,90 € ( IVA del 19% incluido). Madrid, 3 de diciembre de 2012.- El Vicepresidente 1.º de la Junta de Contratación, Miguel Aguirre de Cárcer y García del Arenal.

Contrato a Gegenbauer Services GMBH para mantenimiento general del edificio e intalaciones de la Embajada de España en Berlín por importe total de 293.346,90 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Amueblamiento de Inmuebles en el Exterior. c) Número de expediente: 2012130037 R. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Mantenimiento general del edificio e intalaciones de la Embajada de España en Berlín. c) Lote: No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50800000 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 498.000,00 €. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 249.000,00 €. Importe total: 296.310,00 €. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31.10.2012. b) Fecha de formalización del contrato: 29.11.2012. c) Contratista: Gegenbauer Services GMBH. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 246.510,00 €. Importe total: 293.346,90 € ( IVA del 19% incluido). Madrid, 3 de diciembre de 2012.- El Vicepresidente 1.º de la Junta de Contratación, Miguel Aguirre de Cárcer y García del Arenal. ### RESUMEN: Contrato a Gegenbauer Services GMBH para mantenimiento general del edificio e intalaciones de la Embajada de España en Berlín por importe total de 293.346,90 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. c) Número de expediente: 43-0392. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obra. b) Descripción: Reparación de los daños ocasionados por los temporales acaecidos entre los días 23 y 26 de diciembre de 2013 en el término municipal de Cunit (Tarragona). d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4522000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 174.861,59. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 174.861,59 euros. Importe total: 211.582,52 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2014. c) Contratista: Arids i Excavacions Mont-Roig, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.694,24 euros. Importe total: 149.670,03 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más económica. Madrid, 10 de septiembre de 2014.- El Subdirector General para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo.

Contrato a Arids i Excavacions Mont-Roig, S.L. para Reparación de los daños ocasionados por los temporales acaecidos entre los días 23 y 26 de diciembre de 2013 en el término municipal de Cunit (Tarragona) por importe total de 149.670,03 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. c) Número de expediente: 43-0392. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obra. b) Descripción: Reparación de los daños ocasionados por los temporales acaecidos entre los días 23 y 26 de diciembre de 2013 en el término municipal de Cunit (Tarragona). d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 4522000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato: 174.861,59. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 174.861,59 euros. Importe total: 211.582,52 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 29 de julio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2014. c) Contratista: Arids i Excavacions Mont-Roig, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 123.694,24 euros. Importe total: 149.670,03 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más económica. Madrid, 10 de septiembre de 2014.- El Subdirector General para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo. ### RESUMEN: Contrato a Arids i Excavacions Mont-Roig, S.L. para Reparación de los daños ocasionados por los temporales acaecidos entre los días 23 y 26 de diciembre de 2013 en el término municipal de Cunit (Tarragona) por importe total de 149.670,03 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cementerios y de acuerdo con el Reglamento de Sanidad Mortuoria, se procederá a la exhumación de los cadáveres inhumados durante el año dos mil seis (2006), en nichos temporales, del Cementerio Municipal de Carabanchel Sur. En consecuencia, se hace público que, las personas interesadas en la reclamación de los cadáveres inhumados en 2006, que no reciban notificación por escrito, deberán dirigirse a: - Oficina del Cementerio Sur, calle Ildefonso González Valencia, 6, 28054 Madrid, donde podrán solicitar información sobre los trámites y la fecha en que serán exhumados los restos. El hecho de no personarse en los respectivos Cementerios, llevará aparejada la pérdida de todo derecho a posterior solicitud. Asimismo, por vencimiento de la concesión por 99 años de las sepulturas enumeradas en la relación adjunta y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de Reglamento de Cementerios, se procederá a la exhumación de los cadáveres y restos inhumados en ellas. Los titulares de las mencionadas sepulturas o personas interesadas en reclamar los restos de los fallecidos, que no reciban notificación por escrito, deberán dirigirse en el plazo de treinta días, a partir de su publicación, a las oficinas del cementerio Ntra. Señora de la Almudena, sitas en la Avenida de Daroca, n.º 90, donde podrán solicitar toda la información referida a la exhumación. Se establece un plazo de 30 días, a partir de la fecha de vencimiento de la concesión, durante el cual podrán retirar cuantos atributos se encuentren en las unidades de enterramiento que habrán de exhumarse, justificando su titularidad. Transcurrido el plazo señalado, quedará caducado el derecho sobre los mismos. Listado Alfabético de Fallecidos Unidades a exhumar del 15 al 28 de febrero de 2016 Nombre Del Fallecido Fecha Inh. Cuartel Manzana Letra Cuerpo Cementerio Ntra Sra. De La Almudena Albacete Dueñas, Loreto 07/05/1927 72 29 D 4 Albacete Fuster, Eduardo 13/06/1906 72 29 D 1 Albacete Fuster, Joaquin 08/07/1906 72 29 D 2 Albacete Fuster, Pilar 09/12/1916 72 29 D 3 Alcazar Serrano, Micaela 25/01/1900 22 45 D 1 Alonso Navarro, Filiberta 20/02/1913 63 93 B 2 Araez Martinez, Carmen 05/06/1995 63 93 B 6 Araez Martinez, Ma Soledad 06/06/1910 63 93 B 1 Araez Martinez, Ramona 13/07/1926 63 93 B 3 Baro Alvarez, Emilio 30/11/1930 36 14 B 2 Baro Alvarez, Jose 31/03/1948 36 14 B 3 Baro Alvarez, Vicente 11/11/1953 36 14 B 4 Baro Garcia, Patricio 07/07/2002 36 14 B 6 Baro Rodriguez, Domingo 08/05/1909 36 14 B 1 Cordon Campos, Tomasa 20/12/1903 11b 90 B 1 Corral Pardo, Maria 16/11/1907 8b 64 D 2 Corral Pardo, Romualdo 16/12/1895 8b 64 D 1 Corral Pardo, Romualdo 16/11/1907 8b 64 D 3 Cuenca Domingo, Braulia 29/07/1916 89 10 C 1 Fernandez Lahera, Teresa 19/01/2002 40 1 C 5 Fernandez Lopez, Eugenia 15/11/1937 64 21 A 5 Fraguio Eiras, Joaquin 16/10/1980 12 2i C 3 Garcia Yague, Paula 26/02/1938 11b 90 B 3 Gayo Gil, Tomas 05/01/1921 64 21 A 2 Gayo Solares, Arturo 21/04/1980 64 21 A 9 Gayo Solares, Concepcion 04/03/1994 12 2i C 4 Gayo Solares, Elvira 20/02/1922 64 21 A 3 Gayo Solares, Josefa 10/12/1930 64 21 A 4 Gayo Solares, Nieves 04/07/1939 64 21 A 6 Gayo Solares, Tomas 01/04/1979 64 21 A 8 Iriarte Esnaola, Juana 05/12/1920 40 1 C 2 Labrado Escobar, Guillermo 17/02/2005 22 18 A 3 Lahera Iriarte, Teresa 18/09/1939 40 1 C 3 Lahera Lopez, Manuel 13/02/1898 40 1 C 1 Lara Villena, Lorenzo 22/05/1981 22 45 D 4 Leon Cordon, Antonio 02/11/1924 11b 90 B 2 Leon Garcia, Sara 26/08/2002 11b 90 B 5 Lopez Gonzalez, Josefa 30/04/1911 14 91 C 1 Lopez Gonzalez, Julia 03/09/1983 14 91 C 5 Lopez Gonzalez, Pedro 24/10/1927 14 91 C 3 Lopez Gonzalez, Rafaela 11/06/1976 14 91 C 4 Lozano Mora, Josefa 14/05/1915 14 91 C 2 Marti Gonzalez Alvaro, Julio 13/06/1910 22 18 A 2 Marti Montoya, Julio 24/03/1901 22 18 A 1 Martinez Alonso, Filiberto 02/02/1940 63 93 B 4 Martinez Ardura, Vicente 18/03/1986 40 1 C 4 Miguel Madun, Catalina 29/05/1909 6b 4e B 1 Moreno Morales, Josefa 29/06/1892 12 2i C 1 Noguera Martinez, Mercedes 12/06/2005 46 68 A 4 Olalla Cuenca, Carmen 22/03/1979 89 10 C 4 Olalla Cuenca, Casimiro 07/03/1921 89 10 C 2 Olalla Sanz, Jose 04/01/1952 89 10 C 3 Organero Raboso, Matea 02/11/1972 6b 4e B 4 Pacheco Moron, Ramon 23/03/1980 63 93 B 5 Pereda Saiz De Rozas, Patrocinio 14/11/1954 8b 64 D 4 Romero Leon, Delfin 23/05/1929 6b 4e B 2 Romero Moreno, Ma Mercedes 10/08/1957 6b 4e B 3 Romero Organero, Federico 23/09/1989 6b 4e B 5 Sanchez Teixeira, Jose 13/10/1959 11b 90 B 4 Serrano Muñoz, Angel 31/05/1993 8b 64 D 5 Solares Fernandez, Andrea 25/04/1958 64 21 A 7 Solares Ponton, Jose 26/05/1899 12 2i C 2 Solarez Baez, Jose 11/11/1909 64 21 A 1 Torremocha Perez, Josefa 06/08/1988 36 14 B 5 Vassallo Mumbert, Alberto 15/12/1997 46 68 A 3 Vassallo Mumbert, Alfonso 12/05/1969 46 68 A 2 Vassallo Rosello, Matilde 10/08/1905 46 68 A 1 Vizcaino Alcaraz, Francisco De Paula 29/12/1903 22 45 D 2 Vizcaino Alcazar, Matilde 28/04/1904 22 45 D 3 Cementerio Civil Banman Casalduero, Alexandra 18/04/1979 2 15i A 2 Casalduero Conte, Francisco 19/01/1893 2 15i A 1 Casalduero Marti, Joaquin 21/02/1990 2 15i A 3 Cementerio Canillas Aguado Vazquez, Juana 13/04/1890 12 11 A 1 Pascual Gomez, Francisco 10/09/1971 12 11 A 3 Pascual Soler, Vicente 04/02/1927 12 11 A 2 Cementerio Fuencarral Alvarez Lozano, Rafael 12/02/1983 9 237 A 5 Alvarez Santos, Rafael 24/11/1991 9 237 A 6 Gracia Garcia, Roman 28/06/1914 9 237 A 4 Gracia Lopez, Felisa 22/06/1906 9 237 A 3 Gracia Lopez, Monica 04/12/1904 9 237 A 2 Lopez Fernandez, Antonio 06/09/1898 9 237 A 1 Santos Gracia, Josefa 18/02/1993 9 237 A 7 Madrid, 17 de diciembre de 2015.- Juan Antonio Valdivia Gerada - Consejero Gerente.

Cementerios Madrid: se acaba la concesión de 99 años de nicho a unos 80 cadáveres. O se soluciona o serán exhumados

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cementerios y de acuerdo con el Reglamento de Sanidad Mortuoria, se procederá a la exhumación de los cadáveres inhumados durante el año dos mil seis (2006), en nichos temporales, del Cementerio Municipal de Carabanchel Sur. En consecuencia, se hace público que, las personas interesadas en la reclamación de los cadáveres inhumados en 2006, que no reciban notificación por escrito, deberán dirigirse a: - Oficina del Cementerio Sur, calle Ildefonso González Valencia, 6, 28054 Madrid, donde podrán solicitar información sobre los trámites y la fecha en que serán exhumados los restos. El hecho de no personarse en los respectivos Cementerios, llevará aparejada la pérdida de todo derecho a posterior solicitud. Asimismo, por vencimiento de la concesión por 99 años de las sepulturas enumeradas en la relación adjunta y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de Reglamento de Cementerios, se procederá a la exhumación de los cadáveres y restos inhumados en ellas. Los titulares de las mencionadas sepulturas o personas interesadas en reclamar los restos de los fallecidos, que no reciban notificación por escrito, deberán dirigirse en el plazo de treinta días, a partir de su publicación, a las oficinas del cementerio Ntra. Señora de la Almudena, sitas en la Avenida de Daroca, n.º 90, donde podrán solicitar toda la información referida a la exhumación. Se establece un plazo de 30 días, a partir de la fecha de vencimiento de la concesión, durante el cual podrán retirar cuantos atributos se encuentren en las unidades de enterramiento que habrán de exhumarse, justificando su titularidad. Transcurrido el plazo señalado, quedará caducado el derecho sobre los mismos. Listado Alfabético de Fallecidos Unidades a exhumar del 15 al 28 de febrero de 2016 Nombre Del Fallecido Fecha Inh. Cuartel Manzana Letra Cuerpo Cementerio Ntra Sra. De La Almudena Albacete Dueñas, Loreto 07/05/1927 72 29 D 4 Albacete Fuster, Eduardo 13/06/1906 72 29 D 1 Albacete Fuster, Joaquin 08/07/1906 72 29 D 2 Albacete Fuster, Pilar 09/12/1916 72 29 D 3 Alcazar Serrano, Micaela 25/01/1900 22 45 D 1 Alonso Navarro, Filiberta 20/02/1913 63 93 B 2 Araez Martinez, Carmen 05/06/1995 63 93 B 6 Araez Martinez, Ma Soledad 06/06/1910 63 93 B 1 Araez Martinez, Ramona 13/07/1926 63 93 B 3 Baro Alvarez, Emilio 30/11/1930 36 14 B 2 Baro Alvarez, Jose 31/03/1948 36 14 B 3 Baro Alvarez, Vicente 11/11/1953 36 14 B 4 Baro Garcia, Patricio 07/07/2002 36 14 B 6 Baro Rodriguez, Domingo 08/05/1909 36 14 B 1 Cordon Campos, Tomasa 20/12/1903 11b 90 B 1 Corral Pardo, Maria 16/11/1907 8b 64 D 2 Corral Pardo, Romualdo 16/12/1895 8b 64 D 1 Corral Pardo, Romualdo 16/11/1907 8b 64 D 3 Cuenca Domingo, Braulia 29/07/1916 89 10 C 1 Fernandez Lahera, Teresa 19/01/2002 40 1 C 5 Fernandez Lopez, Eugenia 15/11/1937 64 21 A 5 Fraguio Eiras, Joaquin 16/10/1980 12 2i C 3 Garcia Yague, Paula 26/02/1938 11b 90 B 3 Gayo Gil, Tomas 05/01/1921 64 21 A 2 Gayo Solares, Arturo 21/04/1980 64 21 A 9 Gayo Solares, Concepcion 04/03/1994 12 2i C 4 Gayo Solares, Elvira 20/02/1922 64 21 A 3 Gayo Solares, Josefa 10/12/1930 64 21 A 4 Gayo Solares, Nieves 04/07/1939 64 21 A 6 Gayo Solares, Tomas 01/04/1979 64 21 A 8 Iriarte Esnaola, Juana 05/12/1920 40 1 C 2 Labrado Escobar, Guillermo 17/02/2005 22 18 A 3 Lahera Iriarte, Teresa 18/09/1939 40 1 C 3 Lahera Lopez, Manuel 13/02/1898 40 1 C 1 Lara Villena, Lorenzo 22/05/1981 22 45 D 4 Leon Cordon, Antonio 02/11/1924 11b 90 B 2 Leon Garcia, Sara 26/08/2002 11b 90 B 5 Lopez Gonzalez, Josefa 30/04/1911 14 91 C 1 Lopez Gonzalez, Julia 03/09/1983 14 91 C 5 Lopez Gonzalez, Pedro 24/10/1927 14 91 C 3 Lopez Gonzalez, Rafaela 11/06/1976 14 91 C 4 Lozano Mora, Josefa 14/05/1915 14 91 C 2 Marti Gonzalez Alvaro, Julio 13/06/1910 22 18 A 2 Marti Montoya, Julio 24/03/1901 22 18 A 1 Martinez Alonso, Filiberto 02/02/1940 63 93 B 4 Martinez Ardura, Vicente 18/03/1986 40 1 C 4 Miguel Madun, Catalina 29/05/1909 6b 4e B 1 Moreno Morales, Josefa 29/06/1892 12 2i C 1 Noguera Martinez, Mercedes 12/06/2005 46 68 A 4 Olalla Cuenca, Carmen 22/03/1979 89 10 C 4 Olalla Cuenca, Casimiro 07/03/1921 89 10 C 2 Olalla Sanz, Jose 04/01/1952 89 10 C 3 Organero Raboso, Matea 02/11/1972 6b 4e B 4 Pacheco Moron, Ramon 23/03/1980 63 93 B 5 Pereda Saiz De Rozas, Patrocinio 14/11/1954 8b 64 D 4 Romero Leon, Delfin 23/05/1929 6b 4e B 2 Romero Moreno, Ma Mercedes 10 ### RESUMEN: Cementerios Madrid: se acaba la concesión de 99 años de nicho a unos 80 cadáveres. O se soluciona o serán exhumados

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de gratuidad de los libros de texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley: PREÁMBULO El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el artículo 88.2 establece que las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad en las, enseñanzas de carácter gratuito. El artículo 3.10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito, y en la disposición adicional quinta determina que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por ley orgánica 4/1982, del 9-6-1982, en su artículo 16 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. Así mismo, en este mismo artículo se vuelve a establecer el derecho a garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse. Una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Para ello, la comunidad educativa y las diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestra Región están reclamando desde hace tiempo la gratuidad efectiva de la enseñanza obligatoria incluyendo la gratuidad de los libros de texto. Con el objeto de lograr eficiencia, rentabilidad de los recursos públicos y con el objetivo de extender la gratuidad de los libros de texto a la enseñanza obligatoria, se considera conveniente que todas las administraciones públicas y asociaciones de madres y padres de alumnos coordinen y aúnen las actuaciones que están realizando en este aspecto, por cuanto que el sistema de préstamo responde a principios de indudable valor social como el de uso responsable de los bienes o el de respecto a un medio ambiente sostenible y que exige un alto grado de implicación de todos los miembros de la comunidad educativa e instituciones regionales y municipales con el objeto de configurar un fenómeno de compromiso social activo. Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los títulos competenciales en materia educativa recogidos en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, se elabora la presente Ley de Gratuidad de los Libros de Texto para el alumnado de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en centros públicos y concertados de nuestra Región. De igual manera esta ley tiene como finalidad la creación de un banco de libros de texto en los centros escolares de nuestra Región que oferten enseñanzas obligatorias de carácter gratuito, en el que los alumnos, una vez finalizado el curso escolar, entreguen los libros para que puedan ser reutilizados por otro alumnado en cursos sucesivos, fomentando así en el alumnado actitudes de respeto y uso responsable de los libros de textos financiados por medio de fondos públicos. En definitiva, implantando un sistema de alcance universal que sustituya progresivamente el carácter limitado de las políticas de becas públicas desarrolladas hasta la fecha en este ámbito. Asimismo, es objetivo fundamental de esta Ley subrayar la necesidad de impulsar una transición digital y pedagógica, que haga del libro de texto (en ambas versiones: digital y papel) una herramienta más al servicio de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y fomente nuevas metodologías activas, inclusivas y centradas en las necesidades del alumno/a. Por todo ello, se elabora la presente ley con el objeto de establecer la normativa que regule las convocatorias dirigidas a los centros educativos, impulsando la constitución y el mantenimiento de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado mediante sistema de préstamo y reutilización, facilitando su donación, gestión y estableciendo las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, cubriendo las necesidades de la población escolar de la Región de Murcia y posibilitando acciones de innovación metodológica, por parte del profesorado, que incidan en la mejora de la educación. El articulado que compone la presente ley se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I, «Disposiciones Generales», garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza básica y opta, para materializar este derecho, por un sistema de préstamo y reutilización frente al de ayudas económicas directas. Dicha opción se basa, en primer término, en la consideración de que ofrece una mayor eficiencia en términos económicos por cuanto permite atender a un número proporcionalmente mayor de beneficiarios con un coste medio por alumno más reducido. El capítulo II, «De los libros de texto», los define legalmente, respeta su elección por los centros. Fija un período mínimo de vigencia indispensable para la viabilidad del sistema y se ocupa de su régimen de propiedad y uso. El capítulo III, «Voluntariedad, incompatibilidad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo», aparte de configurar la adhesión al sistema como gratuita y la incompatibilidad con otras modalidades de ayuda, establece mecanismos de seguimiento inspirados en el principio de transparencia y atribuye la gestión del sistema a los centros docentes reforzando así su autonomía. El capítulo IV de la ley, bajo la rúbrica «De la financiación del sistema de préstamo», prevé los mecanismos de financiación para garantizar su aplicación efectiva. De la parte final destacar, como elemento fundamental, el calendario y los criterios de implantación, objeto de la disposición final primera. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2. La implantación de un programa de gratuidad que dé cumplimiento a esta ley en las enseñanzas de Educación Obligatoria tendrá un carácter progresivo de máximo 4 años. Artículo 2. Sistema de préstamo y reutilización. Finalidad y principios inspiradores. 1. La gratuidad de los libros de texto y el material curricular garantizada por esta Ley se hará efectiva mediante un sistema en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando. 2. El sistema de préstamo y reutilización de libros de texto tiene como finalidad principal el profundizar en la consecución del objetivo de gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria, y en su aplicación se atenderá al principio de máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos. La propiedad de los libros de textos corresponderá a la Administración educativa que los pondrán a disposición del alumnado para su uso gratuito. 3. Una vez finalizado el curso escolar, el alumno devolverá los libros de texto a su centro, donde estarán sometidos a la guardia y custodia hasta que puedan ser utilizados nuevamente por otros alumnos en años sucesivos. 4. El desarrollo del sistema de préstamo responderá, además, a los siguientes principios inspiradores: a) El fomento en el alumnado de actitudes de respeto, compromiso y corresponsabilidad. b) Refuerzo de la autonomía de los centros docentes. c) Profundización en los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros docentes. d) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y valores de uso responsable de los bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible. e) Reconocimiento del papel activo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y contribución en la creación de entornos de aprendizaje más eficaces. 5. El gobierno de la Región de Murcia financiará, en los términos regulados en el capítulo IV de esta ley, la adquisición de los libros de texto necesarios para el funcionamiento del sistema de préstamo así como las necesidades de su reposición derivadas del vencimiento de vigencia, de su obsolescencia, de la imposibilidad de su reutilización o de su pérdida o deterioro no imputables al alumnado o a terceros, en los términos fijados legal y reglamentariamente. CAPÍTULO II De los libros de texto Artículo 3. Concepto de libro de texto. 1. A los efectos de la presente ley, se entiende por libro de texto el material curricular duradero destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolle de forma completa el currículo establecido en la normativa vigente para cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, tramo o etapa educativa corresponda. Asimismo, se entiende por materiales curriculares reutilizables de uso común aquellos materiales, en cualquier medio o soporte, de uso compartido por el alumnado y, en su caso, por el profesorado. Dichos materiales deberán perseguir la consecución de los objetivos pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación de curso o materia. De conformidad con ello, la ley atiende a la totalidad de las necesidades económicas de las familias para los gastos en libros de texto como materiales curriculares completos y suficientes para el alumnado. Reglamentariamente, podrá ampliarse este concepto para incluir en él los soportes digitales con las particularidades que les sean aplicables. 2. Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o digital y, en ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su uso o acceso a los contenidos que se incluyan. 3. Se podrá financiar las siguientes adquisiciones para configurar los bancos de libros de texto: a) Libros de texto y material curricular en formato impreso, que no podrán contener apartados destinados al trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, excepto en los destinados a los cursos primero y segundo de Educación Primaria y a los alumnos con necesidades educativas especiales para los que se podrá prever reglamentariamente su renovación anual. También reglamentariamente se potenciará Ia existencia de ediciones separadas de las partes reutilizables o no reutilizables de los libros y materiales de primero y segundo de Educación Primaria. b) Libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados. c) Material curricular de propia elaboración, considerando como tal el diseñado por docentes o equipos docentes en formato impreso o digital que desarrollen curricularmente un área, materia, módulo o ámbito de un curso completo de las enseñanzas de educación obligatoria, teniendo en cuenta que no incumplan con las condiciones de copyright. Dichos materiales serán puestos a disposición de la comunidad educativa a través del departamento correspondiente de la Consejería de Educación, el cual lo difundirá por los cauces pertinentes permitiendo su uso y adaptación de forma que puedan ser accesibles en la plataforma virtual de la consejería y difundido por internet para que puedan ser utilizados por otros alumnos. El docente que haya desarrollado, individual o colectivamente este material, no percibirá compensación económica alguna, aunque la administración educativa sí establecerá otro tipo de compensación con el objetivo de difundir buenas práctica entre el profesorado. d) Material curricular: son los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del programa completo de una materia, área o módulo, en todo lo que dispone la normativa vigente sobre el currículo de la Comunidad de la Región de Murcia. En este concepto se incluyen al menos elementos como diccionarios, atlas, libros de lectura, cuadernillos de ejercicios, medios audiovisuales e instrumental científico, prensa, revistas o publicaciones periódicas. e) Libros o materiales específicos destinados al alumnado con necesidades educativas especiales. 4. No están contemplados en el sistema de préstamo regulado en esta ley aquellos materiales didácticos no susceptibles de ser reutilizados en cursos posteriores, salvo las excepciones indicadas para los dos primeros cursos de Educación Primaria y el alumnado con necesidades educativas especiales. Artículo 4. Elección y vigencia de los libros de texto. 1. La elección de los libros de texto o la del libro en soporte digital corresponde a cada centro docente y se realizará con arreglo al procedimiento establecido. 2. Las ediciones elegidas, impresas o digitales, no podrán ser sustituidas durante un período mínimo de cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas y conforme a la normativa aplicable. 3. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil de los libros de texto y materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de racionalizar el gasto público, atendiendo a criterios de corresponsabilidad y sostenibilidad. Artículo 5. Régimen de propiedad y uso. 1. Los centros docentes gestionarán los libros de texto pertenecientes al banco de libros regional, mediante la plataforma informática para facilitar y unificar la gestión de este procedimiento. 2. La propiedad de los libros de texto y material curricular que constituyen el soporte necesario para el funcionamiento del sistema de préstamo regulado en esta ley corresponderá a la Administración educativa, con cesión a los centros docentes, por la adquisición de los mismos, a través del procedimiento reglamentariamente establecido, donaciones de familias u otras entidades o por aportaciones recibidas de terceros. 3. La atribución para la compra de los libros de texto podrá venirle a los centros docentes a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca. 4. El alumnado adherido al sistema de préstamo estará obligado a hacer un uso adecuado y responsable de los libros de texto prestados y a reintegrarlos al centro docente en buen estado de conservación, una vez finalizado el correspondiente curso escolar o en el momento de causar baja en el centro en caso de traslado. 5. El deterioro o extravío de los libros de texto prestados supondrá, sin perjuicio de las medidas correctoras aplicables, la obligación por parte de los representantes legales del alumno, de reponer el libro o libros deteriorados o extraviados. 6. Los centros incorporarán en su reglamento de régimen interno las normas de utilización y conservación de los libros de texto y el material curricular puestos a disposición del alumnado. La pérdida o el deterioro por el alumno de los libros o el material prestado, cuando sea negligente a juicio de la comisión prevista en el artículo 8, dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar, de acuerdo con la normativa reguladora de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el reglamento de régimen interno, quedando obligado el alumno, en todo caso, a la reposición de los mismos. En cualquier caso, el requerimiento que se realice a los padres y madres o representantes legales del alumnado no podrá conllevar la pérdida definitiva del derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular. CAPÍTULO III Voluntariedad, incompatibilidad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo Artículo 6. Voluntariedad e incompatibilidad del sistema de préstamo. 1. Todos los alumnos participarán de forma automática en el sistema de préstamo, salvo renuncia expresa por parte de los representantes legales. En cualquier caso, las familias tutores deberán conocer y aceptar las condiciones de uso. 2. Con carácter previo a la implantación del sistema de préstamo de libros se realizará una campaña de información a los centros educativos y los representantes legales de los alumnos sobre sus aspectos esenciales, en especial, de los derechos y deberes que para el alumnado y para sus representantes legales implique su participación, así como las regulaciones y normas de buen funcionamiento que deberán regir en los centros escolares. 3. La participación en el sistema de préstamo será incompatible con la percepción de cualquier otra ayuda dirigida a la misma finalidad y otorgada por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional. Artículo 7. Seguimiento del sistema de préstamo. 1. Para el seguimiento del sistema de préstamo de libros de texto se constituirá una comisión de seguimiento presidida por el titular del órgano administrativo de la Consejería de Educación que tenga atribuida la competencia en esta materia. El régimen jurídico y la composición de esta comisión se determinarán reglamentariamente, debiendo garantizarse una representación plural de la comunidad educativa. 2. La comisión de seguimiento elaborará e informará de los desarrollos reglamentarios y las modificaciones ulteriores de esta ley. 3. La comisión de seguimiento elaborará, a la conclusión de cada curso escolar, un informe que, como contenido mínimo, deberá reflejar la asignación presupuestaria destinada al sistema de préstamo y una memoria estadística que refleje el número de alumnos adheridos al sistema y los libros de texto adquiridos en cada curso con desglose de los que hayan sido por vencimiento de su plazo de vigencia o por necesidades de reposición. 4. El informe anual de la comisión de seguimiento se hará público para conocimiento de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general por los medios y en los plazos que se determinen reglamentariamente, y será remitido a la Asamblea Regional de Murcia dentro de los tres meses siguientes a la conclusión de cada curso escolar. 5. En el informe anual que hará público la Comisión de Seguimiento aparecerá la diferencia entre la aportación total realizada por la Consejería a cada centro escolar y el gasto total por la adquisición de los libros de texto de cada centro, para garantizar que el fondo de reserva que eventualmente se produzca sea transparente y conocido. Artículo 8. Gestión del sistema de préstamo. 1. Para la gestión del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular se constituirá en cada centro docente y en el seno de su Consejo Escolar, una comisión de gestión del sistema de préstamo presidida por el director o directora o persona en quien delegue y en la que estén representados todos los sectores de la comunidad educativa. Las funciones de dicha comisión se determinarán reglamentariamente. 2. La Administración educativa decidirá, el modelo de gestión del sistema de préstamo de libros de texto que utilizará en cada centro educativo, que podrá ser: a) Entrega de cheque-libros de manera individual y directa a los representantes legales del alumnado beneficiario, con los que comprarán los libros de texto. b) Compra de los libros de texto por el propio centro educativo. 3. Reglamentariamente se establecerán los criterios y características de cada uno de los sistemas del apartado anterior. 4. Los centros que opten por utilizar material de uso común o de elaboración propia serán los encargados de adquirirlos directamente. Se asignará la dotación anual que se determine para la adquisición de dichos materiales. 5. Los centros organizarán la recogida, comprobación, preparación, marcado y distribución de los libros de texto y el material curricular para su reutilización, así como el resto de tareas que se regulen reglamentariamente. La consejería competente en materia de educación proporcionará apoyo administrativo para estas labores. 6. La dirección del centro educativo designará, oído el claustro de profesores, un coordinador del programa para liderar pedagógicamente y supervisar y coordinar su desarrollo. Esta labor figurará como horas lectivas a la persona designada. 7. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán requerir a las familias ningún tipo de contribución económica para la adquisición de libros de texto. CAPÍTULO IV De la financiación del sistema de préstamo Artículo 9. Financiación. 1. la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia incluirá en cada ejercicio presupuestario las partidas económicas necesarias para la financiación progresiva del sistema de préstamo de libros de texto objeto de la presente ley, de acuerdo con las fórmulas que reglamentariamente se establezcan. 2. El importe mínimo a aportar por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cada curso escolar se determinará anualmente por ésta, y consistirá en una cantidad por alumno adherido al sistema de préstamo que se fijará en razón de la etapa de enseñanza en la que se haya de aplicar el sistema y de acuerdo con el coste medio real de los libros de uso más común. 3. El importe de libros de texto se hará efectivo a los centros educativos o mediante la entrega de cheque-libros de manera individual y directa a los representantes legales del alumnado beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8. 4. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como tal, que esté cursando las enseñanzas objeto de esta ley, en centros sostenidos con fondos públicos y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la dotación anual que se determine para la adquisición de dicho material. 5. La Consejería de Educación procederá a transferir a las cuentas autorizadas de gastos de funcionamiento de los centros docentes las cantidades que correspondan, las cuales se consideran afectadas al cumplimiento de la adquisición de libros de textos por parte del centro. Artículo 10. Aplicación de las posibles diferencias entre la aportación de la Administración y el importe de los libros de texto. 1. Cuando la cuantía de la aportación total realizada por la Administración a un centro docente sea superior al importe total de los libros de texto, la diferencia deberá permanecer como fondo de reserva para imprevistos e incidencias relacionados con la adquisición de libros de texto o gastos de material curricular. 2. La Administración educativa comunicará a los centros docentes el importe asignado con tiempo suficiente para que la selección de los libros y el material curricular no supere las cantidades máximas establecidas. Solo podrán seleccionarse libros y material curricular que superen la cantidad asignada si el centro dispone de fondo de reserva suficiente para ello o asume directamente dicho gasto. 3. Cuando las diferencias negativas vengan determinadas por disfunciones en el sistema de financiación, éstas deberán ser objeto de las medidas de corrección necesarias por parte del centro educativo que eviten la reiteración de tales diferencias en el curso siguiente, dando cuenta a la Consejería de Educación de las medidas adoptadas, quien también podrá adoptar otras medidas complementarias. Artículo 11. Consolidación del sistema de préstamo. 1. Los centros escolares incluirán en su proyecto educativo los objetivos, contenidos y actuaciones relativas al sistema de gratuidad de libros de texto y de material curricular, así como las estrategias organizativas para su desarrollo. 2. Las normas de utilización y conservación de los libros de texto y material curricular cedidos al alumnado en régimen de préstamo se incluirán en el reglamento de régimen interno. La Administración educativa elaborará un modelo para las mismas. 3. El centro educativo incorporará al plan de acción tutorial las actividades que promuevan el valor pedagógico del sistema de préstamo de libros y material curricular, de manera que se supervise a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte del alumnado y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes. Desde los centros docentes y las familias se educará al alumnado en su obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado para su uso por otro alumnado en cursos sucesivos. 4. La Consejería de Educación habilitará teléfonos y un sistema de comunicación informático, así como una página web para atender cualquier consulta que pudiera plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere esta ley y los reglamentos que la desarrollen, para difundir toda la información pertinente entre los centros docentes afectados e informará y asesorará a los centros educativos sobre las estrategias para la mejor gestión y supervisión de los libros de textos. Disposición adicional primera. Actuaciones de la Inspección educativa. La inspección educativa supervisará el correcto desarrollo del sistema de préstamo y las medidas previstas en esta ley en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Disposición adicional segunda. Centros públicos de Educación Especial. Reglamentariamente se atenderá a las particularidades que presente la aplicación de la presente ley a los alumnos escolarizados en centros públicos de Educación Especial. Disposición adicional tercera. Centros privados concertados. Los centros privados concertados adecuarán la organización y competencias de sus órganos de gobierno al contenido de la presente Ley y normas de desarrollo, de acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación. Disposición adicional cuarta. Bancos de libros de las AMPAS. Los centros escolares facilitarán que los bancos de libros existentes, puestos en marcha por las AMPAS, se integren en el nuevo modelo, sin que se pierda esa experiencia desarrollada. Disposición derogatoria. Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente ley, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma. Disposición final primera. Calendario y criterios de implantación. La implantación del sistema de préstamo de libros de texto se desarrollará reglamentariamente, con sujeción, en todo caso, a las siguientes normas y plazos: 1.ª Con vigencia para el curso 2017-2018 se adoptarán todas las medidas normativas, organizativas o de cualquier otra índole que se determinen y resulten necesarias para el efectiva aplicación del sistema de préstamo a partir del curso 2018-2019. En particular, se realizarán campañas de comunicación institucional por parte de la Consejería de Educación y Universidades, así como acciones específicas de comunicación y concienciación por parte de los centros docentes con el objetivo de transmitir a la comunidad educativa los aspectos esenciales de funcionamiento del sistema de préstamo, con especial atención a su calendario de implantación. Para los alumnos matriculados en el curso escolar 2017-2018 en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica, será requisito necesario para beneficiarse del sistema de préstamo en el curso siguiente, el haber aportado a los respectivos centros, en un adecuado estado de conservación, en el momento y en el porcentaje mínimo que se fijen reglamentariamente, los libros de texto utilizados durante ese curso. Reglamentariamente, se determinarán los supuestos exceptuados de este requisito entre los que se incluirán necesariamente los alumnos matriculados en los cursos 1.° y 2.° de Educación Primaria y los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación especial. 2.ª La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia financiará la adquisición de los libros de texto necesarios para la puesta en marcha del sistema de préstamo, una vez descontados los ya aportados por los representantes legales de los alumnos. 3.ª El sistema de préstamo comenzará a funcionar de forma efectiva en el curso 2018-2019 en todo el ámbito de aplicación de la ley delimitado en su artículo primero. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir. Murcia, 26 de marzo de 2018.–El Presidente, Fernando López Miras. (Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 73, de 31 de marzo de 2018)

Murcia se suma a Madrid y aprueba una ley de gratuidad de los libros de texto (sobre préstamos y reutilizaciones).

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de gratuidad de los libros de texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley: PREÁMBULO El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo tercero establece que la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación básica. Asimismo, determina en el artículo cuarto que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y en el artículo 88.2 establece que las administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad en las, enseñanzas de carácter gratuito. El artículo 3.10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece que los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter gratuito, y en la disposición adicional quinta determina que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por ley orgánica 4/1982, del 9-6-1982, en su artículo 16 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en todas su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución. Así mismo, en este mismo artículo se vuelve a establecer el derecho a garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades o desequilibrios que puedan producirse. Una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Para ello, la comunidad educativa y las diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos de nuestra Región están reclamando desde hace tiempo la gratuidad efectiva de la enseñanza obligatoria incluyendo la gratuidad de los libros de texto. Con el objeto de lograr eficiencia, rentabilidad de los recursos públicos y con el objetivo de extender la gratuidad de los libros de texto a la enseñanza obligatoria, se considera conveniente que todas las administraciones públicas y asociaciones de madres y padres de alumnos coordinen y aúnen las actuaciones que están realizando en este aspecto, por cuanto que el sistema de préstamo responde a principios de indudable valor social como el de uso responsable de los bienes o el de respecto a un medio ambiente sostenible y que exige un alto grado de implicación de todos los miembros de la comunidad educativa e instituciones regionales y municipales con el objeto de configurar un fenómeno de compromiso social activo. Facultada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los títulos competenciales en materia educativa recogidos en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, se elabora la presente Ley de Gratuidad de los Libros de Texto para el alumnado de Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en centros públicos y concertados de nuestra Región. De igual manera esta ley tiene como finalidad la creación de un banco de libros de texto en los centros escolares de nuestra Región que oferten enseñanzas obligatorias de carácter gratuito, en el que los alumnos, una vez finalizado el curso escolar, entreguen los libros para que puedan ser reutilizados por otro alumnado en cursos sucesivos, fomentando así en el alumnado actitudes de respeto y uso responsable de los libros de textos financiados por medio de fondos públicos. En definitiva, implantando un sistema de alcance universal que sustituya progresivamente el carácter limitado de las políticas de becas públicas desarrolladas hasta la fecha en este ámbito. Asimismo, es objetivo fundamental de esta Ley subrayar la necesidad de impulsar una transición digital y pedagógica, que haga del libro de texto (en ambas versiones: digital y papel) una herramienta más al servicio de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y fomente nuevas metodologías activas, inclusivas y centradas en las necesidades del alumno/a. Por todo ello, se elabora la presente ley con el objeto de establecer la normativa que regule las convocatorias dirigidas a los centros educativos, impulsando la constitución y el mantenimiento de bancos de libros de texto y material curricular para su uso por el alumnado mediante sistema de préstamo y reutilización, facilitando su donación, gestión y estableciendo las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, cubriendo las necesidades de la población escolar de la Región de Murcia y posibilitando acciones de innovación metodológica, por parte del profesorado, que incidan en la mejora de la educación. El articulado que compone la presente ley se estructura en cuatro capítulos. El capítulo I, «Disposiciones Generales», garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza básica y opta, para materializar este derecho, por un sistema de préstamo y reutilización frente al de ayudas económicas directas. Dicha opción se basa, en primer término, en la consideración de que ofrece una mayor eficiencia en términos económicos por cu ### RESUMEN: Murcia se suma a Madrid y aprueba una ley de gratuidad de los libros de texto (sobre préstamos y reutilizaciones).

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de octubre de 2015, DISPONGO: En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Carlo Alberto Mauro Albrizio, fallecido en el atentado terrorista ocurrido el día 12 de julio de 1979, en Zaragoza. Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

Condecoración póstuma a Carlo Alberto Mauro Albrizio, víctima del terrorismo de 1979

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de octubre de 2015, DISPONGO: En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Carlo Alberto Mauro Albrizio, fallecido en el atentado terrorista ocurrido el día 12 de julio de 1979, en Zaragoza. Dado en Madrid, el 2 de octubre de 2015. FELIPE R. El Ministro del Interior, JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ ### RESUMEN: Condecoración póstuma a Carlo Alberto Mauro Albrizio, víctima del terrorismo de 1979

El artículo 7.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto del Museo Nacional del Prado. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados. Estos vocales desempeñarán su mandato durante cinco años, pudiéndose renovar el mismo hasta dos veces por períodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o anticipadamente por renuncia, fallecimiento o incapacidad. Para la elección de los vocales designados, se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Por su parte, el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla en su artículo 5 las previsiones de la Ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato, así como el nombramiento de sus vocales, estableciendo a este respecto que hasta un máximo de 15 vocales serán nombrados libremente por el Ministerio de Cultura y Deporte, entre personas de reconocida competencia en asuntos relacionados con el patrimonio histórico español o que se hayan distinguido por sus servicios a la cultura. En su virtud, dispongo: Nombrar como Vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por un periodo de cinco años a: Doña María Blasco Marhuenda. Doña Estrella de Diego Otero. Don Javier García Fernández. Don José Guirao Cabrera. Don Pablo Isla Álvarez de Tejera. Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Don Carlos Westendorp y Cabeza. Madrid, 25 de junio de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Nuevos patronos en el Prado: los exministros Guirao y Méndez de Vigo; Pablo Isla (por donaciones de Inditex); Javier García (alto cargo); exministro Exteriores PSOE y diplomático Westendorp; la comisaria Estrella de Diego y la científica María Blasco

El artículo 7.2 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, dispone que el Real Patronato del Museo estará integrado por un mínimo de veinte vocales y un máximo de cuarenta, de los cuales tendrán el carácter de natos los que determine el Estatuto del Museo Nacional del Prado. El resto de los vocales tendrán el carácter de designados. Estos vocales desempeñarán su mandato durante cinco años, pudiéndose renovar el mismo hasta dos veces por períodos de igual duración. Su cese se producirá al término de su mandato o anticipadamente por renuncia, fallecimiento o incapacidad. Para la elección de los vocales designados, se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Por su parte, el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional del Prado, desarrolla en su artículo 5 las previsiones de la Ley y regula más detalladamente la composición del Real Patronato, así como el nombramiento de sus vocales, estableciendo a este respecto que hasta un máximo de 15 vocales serán nombrados libremente por el Ministerio de Cultura y Deporte, entre personas de reconocida competencia en asuntos relacionados con el patrimonio histórico español o que se hayan distinguido por sus servicios a la cultura. En su virtud, dispongo: Nombrar como Vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, por un periodo de cinco años a: Doña María Blasco Marhuenda. Doña Estrella de Diego Otero. Don Javier García Fernández. Don José Guirao Cabrera. Don Pablo Isla Álvarez de Tejera. Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. Don Carlos Westendorp y Cabeza. Madrid, 25 de junio de 2020.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. ### RESUMEN: Nuevos patronos en el Prado: los exministros Guirao y Méndez de Vigo; Pablo Isla (por donaciones de Inditex); Javier García (alto cargo); exministro Exteriores PSOE y diplomático Westendorp; la comisaria Estrella de Diego y la científica María Blasco

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. PREÁMBULO I La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, además de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratégico para la actividad económica de un país y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurídica y, en paralelo, a la reducción de la litigiosidad. En esta línea, la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español. A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses. II En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdicción Militar en el Poder Judicial y la eliminación del privilegio de presentación de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designación de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Se incluye, también, una previsión respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, estableciéndose que serán motivo suficiente para la interposición del recurso de revisión exclusivamente de la sentencia firme recaída en el proceso «a quo». Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jurídica en un sector tan sensible como el de la protección de los derechos fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social, como proclama el artículo 10.1 de nuestra Constitución. También con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, se aborda un tema, como es la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta hoy de una regulación completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el órgano jurisdiccional y éstos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposición–. La autoridad de control de tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual está un Letrado de la Administración de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirán por la normativa existente en materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos. III Se incluye también un conjunto de medidas para lograr una mayor agilización y especialización en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos órganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organización judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resolución especializada de aquéllos que por su volumen exijan de respuestas específicas y una agilización de la instrucción de aquellas causas que por su complejidad así lo requieran. En primer lugar, se adoptan medidas en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció estos Juzgados como órganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carácter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulación inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, además, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales; esto permitirá asegurar la especialización que se pretendía en este ámbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. En segundo lugar, junto al clásico motivo relativo a que la buena administración de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos órganos de ámbito provincial. Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos. En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en poco tiempo una enorme litigiosidad, dificultando sobremanera que nuestros Juzgados den una respuesta ágil y única, además de ocasionar retrasos en la tramitación del resto de procesos. Así, junto con la especialización de Juzgados que ya permitía el artículo 98 de la Ley Orgánica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitirá al órgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios órganos judiciales, de modo temporal y con carácter exclusivo si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma específica, facilitando la unificación de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podrán tener ámbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de ámbito inferior podría ocasionar. En definitiva, se posibilita la resolución de tales asuntos por uno o varios órganos especializados y se liberará de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicación al despacho de los asuntos ordinarios. La norma excluye que por esta vía se pueda atribuir a los órganos que se especialicen asuntos que versen sobre materias que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase, aún dentro del mismo orden jurisdiccional. Igualmente se excluye a los Juzgados de Instrucción a fin de evitar cualquier injerencia en su régimen competencial, más cuando podrán ser objeto del resto de medidas de refuerzo que prevé esta reforma. Por último, con el propósito de facilitar la instrucción de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al órgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con o sin relevación de funciones para que, sin el desempeño compartido de funciones jurisdiccionales –sin posibilidad por tanto de actuar en la causa– y bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboración y propuesta. Esta medida de apoyo se ajustará a las previsiones reglamentarias actualmente en vigor, requiriendo la conformidad del Ministerio de Justicia. La reforma incorpora, además, una serie de modificaciones a la regulación de los jueces de adscripción territorial, a través de las cuales se pretenden introducir elementos de mayor flexibilidad en la organización judicial. Así, en primer lugar, se resalta que los jueces de adscripción territorial están a disposición del Tribunal Superior de Justicia para funciones de sustitución y refuerzo, y que su designación compete directamente al Presidente, sin perjuicio de que deba dar cuenta a la Sala de Gobierno. Esta previsión se ve acompañada de la obligación de la Sala de Gobierno de informar al Consejo General del Poder Judicial sobre la situación y los destinos que en cada momento desempeñen los jueces de adscripción. En segundo lugar, se aclara que la labor del juez de adscripción, cuando actúe en funciones de sustitución, se realiza con plenitud de jurisdicción, de tal forma que también podrá acudir, en tal condición, a las Juntas de Jueces y desempeñar cualesquiera otros actos de representación del órgano judicial, en defecto de su titular. Y, en tercer lugar, se atribuye a la Sala de Gobierno la fijación de los objetivos del refuerzo y el reparto de asuntos en caso de que el juez de adscripción territorial realice tareas de refuerzo, garantizando ser oído en ese proceso. Finalmente, se incide también, en el marco de la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y dentro de los límites establecidos en las leyes, en el ámbito de la publicidad de las actuaciones judiciales, regulándose la obligación de publicar la agenda de señalamientos de los órganos judiciales, de tal forma que con antelación pueda conocerse la fecha y hora de celebración de un procedimiento. IV Los ciudadanos siguen percibiendo como un síntoma de falta de seguridad jurídica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en último término, se proyecta sobre el grado de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulación de los Plenos Jurisdiccionales para unificación de criterio previendo, por un lado, que formen parte de éstos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos. V También se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el Juez o Magistrado si éste ha incurrido en dolo o culpa grave. Asimismo, se regula la prolongación de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en consonancia con la supresión de la figura del Magistrado emérito. VI La progresiva internacionalización de las relaciones personales y empresariales de los ciudadanos de nuestro país exige una actualización de los criterios de atribución de jurisdicción a los Tribunales españoles del orden civil. La necesidad de esta actualización se hace evidente si se tiene en consideración que el momento en el que fue redactado el vigente artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proceso de internacionalización de España se encontraba en un momento muy inicial. De hecho, ni siquiera se había culminado la incorporación plena al ámbito de la Unión Europea. Por esta misma razón, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculación de los Jueces y Tribunales españoles al Derecho de la Unión, en la interpretación que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de diálogo entre el Juez español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la cuestión prejudicial. Con ello, se profundiza en la búsqueda de mayores garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos. VII La lucha contra la violencia de género sigue demandando medidas en todos los ámbitos, con la finalidad de erradicar esta lacra social. A ello no puede sustraerse la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incorpora una batería de medidas destinadas a incrementar la firme y continua lucha desde el ámbito legislativo contra la violencia de género. En este sentido, se amplían las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer, en primer lugar, a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, conocerá de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los que también se viene manifestando la violencia de género; en concreto, los delitos de revelación de secretos y los delitos de injurias. En segundo lugar, también conocerá del delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. Al atribuir la competencia para el conocimiento de la instrucción de este delito al Juez de Violencia sobre la Mujer se obtendrá una mayor eficacia a la hora de proteger a la víctima, porque éste tendrá muchos más datos que cualquier otro Juez para valorar la situación de riesgo. Las características específicas de esta forma de violencia sobre las mujeres hacen también necesaria la formación especializada de todos los operadores jurídicos para desarrollar con eficacia las respectivas funciones que tienen encomendadas, lo que se ve reflejado en las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la Carrera Judicial, pues deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. Asimismo, se asegura una asistencia técnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administración de Justicia, en especial, en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podrán estar integrados por psicólogos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género. Por último, se garantiza que la Estadística Judicial tenga también en cuenta la variable de sexo. VIII Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del régimen del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un año de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del número de miembros de la Comisión Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicación por un número importante de Vocales. En el ámbito del Tribunal Supremo se introduce una nueva regulación más detallada de su Gabinete Técnico, como órgano de asistencia a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión y en la elaboración de informes y estudios. IX También se introducen modificaciones en el libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda histórica del mismo, que considera que la denominación de secretarios judiciales conduce a equívocos sobre la función realmente desempeñada. En este sentido de adaptación a las actuales funciones desarrolladas por dicho Cuerpo, se incluye una referencia expresa a que sus miembros ostentan la dirección de la Oficina judicial; se añaden nuevas competencias como la mediación y la tramitación y, en su caso, la resolución de procedimientos monitorios, todo ello en el marco de lo que prevean las normas procesales; se incluyen los decretos como tipo de resolución propia de estos funcionarios y se prevé que el Ministerio de Justicia apruebe anualmente su escalafón. Asimismo, se establece el régimen de derechos y deberes de los Letrados de la Administración de Justicia, aclarando así su estatus funcionarial, incluyendo una cláusula remisoria con carácter general al libro VI y supletoriamente al Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de la función pública, todo ello sin perjuicio de las necesarias especialidades, propias de la naturaleza y funciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Se mantienen, asimismo, las actuales tres categorías existentes en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y se introducen mejoras técnicas aclarando la regulación de esta materia. Por otra parte, se prevé un sistema de sustituciones inspirado en los principios de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la finalidad de fomentar y primar las sustituciones entre Letrados de la Administración de Justicia, quedando el llamamiento a Letrados sustitutos como algo excepcional. Se trata de profesionalizar la Justicia en todos sus ámbitos y buscar una reducción importante en el coste económico que viene suponiendo el actual sistema. Finalmente, en la vigente Ley el régimen disciplinario de los Secretarios judiciales es el previsto por remisión en el libro VI (resto de personal al servicio de la Administración de Justicia), lo que venía impidiendo una adaptación a las peculiaridades propias de la actuación de éstos. Por ello, se incorpora en el Libro de Letrados de la Administración de Justicia un régimen disciplinario propio en el que, entre otros aspectos, se incluye la sanción de multa para facilitar así la graduación de las sanciones a imponer y se realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. La reforma incide también en el ámbito del expurgo de documentos judiciales ya tramitados y resueltos y cuya conservación resulta innecesaria y genera un coste para la Administración. Si bien el expurgo de archivos judiciales es una cuestión ya contemplada en la Ley Orgánica, se dota de mayor eficacia al procedimiento, de tal forma que la Administración pueda proceder a la destrucción de los autos y expedientes judiciales cuando hayan transcurrido seis años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva haya puesto término al procedimiento. De la regla general quedan excluidos, por una parte, los expedientes de la jurisdicción penal, sometidos con carácter general a plazos más largos de prescripción y, por otra, los expedientes que se determinen reglamentariamente en atención a su valor cultural, social o histórico. En todo caso, la destrucción se acordará previa concesión de audiencia a las partes por si estuviesen interesadas en el desglose de documentos originales que hubiesen aportado o quieran ejercer los derechos que, en esta materia, les otorga la ley. X En relación a las modificaciones que se operan en el libro VI cabe destacar la incorporación de la exigencia de la especialidad en Medicina Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, que se hará efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formación las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a través de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el régimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, y que tienen la misión de auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica. También como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de los que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podrán integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuación. Igualmente importante es la atribución de la condición de agente de la autoridad a los miembros del Cuerpo de Gestión Procesal cuando realicen funciones de documentación en embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera. Dentro del mismo Libro VI se introducen determinadas modificaciones adicionales en el régimen estatutario del resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. XI En cuanto al libro VII, se incluye a los Graduados Sociales como profesionales que, al prestar la representación técnica en el ámbito social, pueden actuar como colaboradores de la Administración de Justicia. XII Como complemento al articulado se introducen seis disposiciones adicionales, nueve transitorias y diez finales. Entre las disposiciones finales, destacan la disposición final cuarta, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la información sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposición final tercera, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casación en este orden jurisdiccional. En este ámbito, y con la finalidad de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho. De esta forma, el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Con la finalidad de que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés casacional objetivo. Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada como sigue: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado como sigue: «2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares.» Dos. Se añade un nuevo artículo 4 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 4 bis. 1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.» Tres. Se añade un nuevo artículo 5 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 5 bis. Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.» Cuatro. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue: «Artículo 21. 1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. 2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con las normas del Derecho Internacional Público.» Cinco. Se modifica el artículo 22, que queda redactado como sigue: «Artículo 22. Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado. b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos. c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro. e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.» Seis. Se añade un nuevo artículo 22 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 bis. 1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales españoles ni las estipulaciones similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quáter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los órganos judiciales españoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en el artículo 22, en cuyo caso se estará a lo establecido en dichos preceptos. La sumisión a los Tribunales españoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artículo 22 quinquies sólo será válida si se fundamenta en un acuerdo de sumisión posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro. 2. Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a los Tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. La competencia establecida por sumisión expresa se extenderá a la propia validez del acuerdo de sumisión. El acuerdo de sumisión expresa deberá constar por escrito, en una cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con confirmación escrita, así como en alguna forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entenderá que media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero. Se considerará igualmente que hay acuerdo escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación dentro del proceso iniciado en España, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada por la otra. 3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras disposiciones, serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia.» Siete. Se añade un nuevo artículo 22 ter, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 ter. 1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies. 2. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual. Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. 3. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los Tribunales españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación. 4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo podrá ser excluida mediante un acuerdo de elección de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspenderán el procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia. 5. No tendrá efecto la exclusión de la competencia de los Tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos.» Ocho. Se añade un nuevo artículo 22 quáter, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 quáter. En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán competentes: a) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera nacionalidad española. b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de protección de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su residencia habitual en España. c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española. d) En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda. e) En materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su residencia habitual en España o, si la pretensión de alimentos se formula como accesoria a una cuestión sobre el estado civil o de una acción de responsabilidad parental, cuando los Tribunales españoles fuesen competentes para conocer de esta última acción. g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España.» Nueve. Se añade un nuevo artículo 22 quinquies, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 quinquies. Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España. b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. c) En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar en España si tienen su residencia habitual en territorio español o si lo tuviera la otra parte contratante; esta última solo podrá litigar en España si el consumidor tiene su residencia habitual en territorio español. e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del seguro tuviera su domicilio en España; también podrá el asegurador ser demandado ante los Tribunales españoles si el hecho dañoso se produjere en territorio español y se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artículo. f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda. Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) también serán competentes los Tribunales españoles cuando el consumidor, asegurado o tomador del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisión a los Tribunales españoles después de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su domicilio en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro.» Diez. Se añade un nuevo artículo 22 sexies, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 sexies. Los Tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal.» Once. Se añade un nuevo artículo 22 septies, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 septies. En materia concursal y demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que disponga su legislación reguladora.» Doce. Se añade un nuevo artículo 22 octies, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 octies. 1. No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha competencia. 2. Los Tribunales españoles apreciarán, de oficio o a instancia de parte, su competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la demanda, y el proceso se sustanciará hasta su conclusión aunque dichas normas o circunstancias hayan sido modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario. 3. Los Tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los Tribunales extranjeros.» Trece. Se añade un nuevo artículo 22 nonies, que queda redactado como sigue: «Artículo 22 nonies. Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y tramitarán con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales.» Catorce. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue: «Artículo 35. 1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. 2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. 3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. 4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo. 5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. 6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.» Quince. Se añade un nuevo artículo 61 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 61 bis. 1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico, que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. 2. El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados del Gabinete Técnico. 3. A los efectos anteriores, en el Gabinete Técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro de cada área podrá existir una sección de Admisión y otra sección de Estudios e Informes. En la Sala Quinta de lo Militar podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico. Los Letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. 4. En cada una de las áreas habrá uno o varios Letrados del Gabinete Técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el Presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los Letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial, y deberán tener una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su respectiva profesión. 5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico. Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico.» Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 61 ter, que queda redactado como sigue: «Artículo 61 ter. La superior dirección del Gabinete Técnico será ejercida por el Presidente del Tribunal Supremo o, en caso de delegación de éste, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo.» Diecisiete. Se añade un nuevo artículo 61 quáter, que queda redactado como sigue: «Artículo 61 quáter. 1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al Director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar los requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración, a efectos representativos, mientras desempeñe el cargo. 2. Los Letrados que hayan de prestar servicio en el Gabinete Técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los Letrados que no pertenezcan a la Carrera Judicial o Fiscal deberán ser funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las Administraciones Públicas u órganos constitucionales, con titulación en Derecho, pertenecientes a Cuerpos del Subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente, a los efectos de fijar los criterios de selección, a la Sala de Gobierno de dicho Tribunal. 3. El Presidente del Tribunal Supremo, oídos los Presidentes de Sala y el Director del Gabinete Técnico, someterá a la Sala de Gobierno, para su aprobación, la propuesta de candidatos a cubrir las plazas de Letrado del Gabinete Técnico. 4. El Presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, para que proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de Letrado del Gabinete Técnico.» Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 61 quinquies, que queda redactado como sigue: «Artículo 61 quinquies. 1. Los Letrados que fueren seleccionados serán nombrados por un año. Una vez cumplido ese plazo, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala respectivo y el Director del Gabinete Técnico, propondrá, en su caso, la prórroga en la plaza, de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los Letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de tres años. Sin perjuicio de lo anterior, los Letrados podrán ser cesados por el Presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. 2. El Director del Gabinete Técnico y los Letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera o Cuerpo de procedencia. 3. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la Carrera Judicial, a los Jueces o Magistrados que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del Gabinete Técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el Cuerpo a los Letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de Letrado en el Gabinete Técnico.» Diecinueve. Se añade un nuevo artículo 61 sexies, que queda redactado como sigue: «Artículo 61 sexies. La Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del Gabinete Técnico.» Veinte. Se modifica el apartado 6 del artículo 73, que queda redactado como sigue: «6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia. Los nombramientos para Magistrados de estas Secciones o Salas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos Magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de éstos, recaerá en aquellos Magistrados que habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante diez años dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto, se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón.» Veintiuno. Se modifica el número 2.º del apartado 2 del artículo 82, que queda redactado como sigue: «2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley Orgánica. Estas Secciones especializadas conocerán también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de primera instancia en los procedimientos relativos a concursos de personas físicas y a acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación.» Veintidós. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 85, que queda redactado como sigue: «6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora.» Veintitrés. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 86 ter, que quedan redactados como sigue: «1. Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. 3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado. 4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral. 5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita. 6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. 2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional. c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo. d) Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios. e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento. f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.» Veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 87 bis, que queda redactado como sigue: «2. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.» Veinticinco. Se modifican las letras a) y d) y se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 87 ter, que quedan redactadas como sigue: «a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.» «d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.» «g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.» Veintiséis. Se modifica el artículo 98, que queda redactado como sigue: «Artículo 98. 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan. 2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan. En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio. 3. Este acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopte, salvo que razonadamente se justifique otro momento anterior por razones de urgencia. 4. Los Juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos pendientes ante los mismos hasta su conclusión.» Veintisiete. Se suprime el artículo 163. Veintiocho. Se modifica el artículo 167, que queda redactado como sigue: «Artículo 167. 1. Donde hubiere dos o más Juzgados del mismo orden jurisdiccional, los asuntos se distribuirán entre ellos conforme a normas de reparto prefijadas. Las normas de reparto se aprobarán por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces del respectivo orden jurisdiccional. A solicitud del interesado, la Junta de Jueces podrá proponer que se libere, total o parcialmente, a un Juez del reparto de asuntos, por tiempo limitado, cuando la buena administración de justicia lo haga necesario. El acuerdo se trasladará a la Sala de Gobierno para que ésta, si lo entiende pertinente, proceda a su aprobación. Las modificaciones que se adopten en las normas de reparto no podrán afectar a los procedimientos en trámite. 2. La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos según su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposición legal o por acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripción de ámbito inferior a la provincia. 3. El reparto se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia bajo la supervisión del Juez Decano, al cual corresponderá resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.» Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 199, que queda redactado como sigue: «2. En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en número suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal, con arreglo a un turno en el que serán preferidos los que se hallaren libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos. En su defecto, se llamará a un Magistrado suplente de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo siguiente.» Treinta. Se suprimen los apartados 4 y 5 y se modifica el apartado 2 del artículo 200, que queda redactado como sigue: «2. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior podrá haber en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales una relación de Magistrados suplentes no integrantes de la Carrera judicial, que serán llamados a formar Sala según la prelación que se establezca dentro de cada orden u órdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados. Para su llamamiento habrá de respetarse la disponibilidad presupuestaria y la prioridad establecida en el artículo anterior, sin que nunca pueda concurrir a formar Sala más de un Magistrado suplente.» Treinta y uno. Se añade un apartado 4 al artículo 216 bis.3, con la siguiente redacción: «4. Excepcionalmente, cuando las peculiaridades del refuerzo impidan que la comisión de servicio pueda ser atendida por un único Juez durante toda su extensión temporal, el Consejo General del Poder Judicial podrá autorizar que su desempeño se realice por quienes participen voluntariamente en los planes de sustitución del órgano judicial que haya de ser reforzado, con sujeción a la secuencia de llamamiento entre ellos que el propio Consejo General del Poder Judicial establezca.» Treinta y dos. Se modifica el artículo 230, que queda redactado como sigue: «1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establecen el Capítulo I bis de este Título, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las demás leyes que resulten de aplicación. Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías que el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado dirijan a los Jueces y Magistrados o a los Fiscales, respectivamente, determinando su utilización, serán de obligado cumplimiento. 2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 3. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse. 4. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley. 5. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate. 6. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente informados por el Consejo General del Poder Judicial. Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica.» Treinta y tres. Se modifica el apartado 2 y se añade un apartado 3 al artículo 232, que quedarán redactados como sigue: «2. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. 3. Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.» Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 234, que queda redactado como sigue: «Artículo 234. 1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley. 2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las leyes procesales.» Treinta y cinco. Se añade un nuevo artículo 235 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 235 bis. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies y de las restricciones que, en su caso, pudieran establecerse en las leyes procesales, el acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para evitar que las sentencias y el resto de resoluciones dictadas en el seno del proceso puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.» Treinta y seis. Se añade un nuevo capítulo I bis en el título III del libro III, que comprende los artículos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue: «CAPÍTULO I BIS Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia Artículo 236 bis. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo. Artículo 236 ter. 1. Los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 2. Los Tribunales mantendrán, con pleno respeto a las garantías y derechos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal, los ficheros que resulten necesarios para la tramitación de los procesos que en ellos se siguen, así como los que se precisen para su adecuada gestión. Dichos ficheros se clasificarán en jurisdiccionales y no jurisdiccionales atendiendo a la naturaleza del tratamiento de los datos que los integran. Artículo 236 quáter. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, no será necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba. Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Artículo 236 quinquies. 1. Los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administración de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Del mismo modo procederán respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás supuestos de lo establecido en el artículo 235 bis. 2. En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal al tratamiento que las partes lleven a cabo de los datos que les hubieran sido revelados en el desarrollo del proceso. 3. Podrán cederse al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, en lo que proceda, los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspección y control establecidas en esta Ley. 4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrán cederse entre los órganos jurisdiccionales o por éstos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello esté justificado por la interposición de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas. Artículo 236 sexies. 1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano. Igualmente, será responsable de los ficheros no jurisdiccionales la Oficina judicial correspondiente al órgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisión de una infracción en materia de protección de datos de carácter personal, a la que se refiere el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 3. En todo caso corresponderá al Letrado de la Administración de Justicia que se indique en el acuerdo de creación velar por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aquél la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Artículo 236 septies. 1. Los ficheros de datos de carácter personal de los Tribunales serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia u órgano de la Administración competente en materia de Justicia correspondiente. El acuerdo de creación, de modificación o de supresión de los ficheros se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas. 2. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dará traslado del mismo para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 236 octies. 1. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con los datos tratados con fines jurisdiccionales se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que los datos fueron recabados, no siendo de aplicación las disposiciones establecidas al efecto por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En todo caso se denegará el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias judiciales en que se haya recabado la información hayan sido declaradas secretas o reservadas. 2. Tratándose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiendo su solicitud ante el funcionario competente para decidir conforme a la normativa vigente que sea responsable del fichero al que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 sexies. Artículo 236 nonies. 1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial. 2. Los tratamientos de datos llevados a cabo con fines no jurisdiccionales y sus correspondientes ficheros quedarán sometidos a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, prestando el Consejo General del Poder Judicial a la misma la colaboración que al efecto precise. El Consejo General del Poder Judicial podrá adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento, en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales, de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 3. Cuando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento. Artículo 236 decies. 1. Los tratamientos de datos llevados a cabo por el Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias quedarán sometidos a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Dichos tratamientos no serán considerados en ningún caso realizados con fines jurisdiccionales. 2. Los ficheros de datos de carácter personal del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos integrantes del mismo serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Secretaría General, que ostentará la condición de responsable del tratamiento respecto de los mismos. Una vez publicado el acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial dará traslado del mismo para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.» Treinta y siete. Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue: «Artículo 264. 1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio. 2. Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto. 3. En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado.» Treinta y ocho. Se modifica el artículo 269, que queda redactado como sigue: «Artículo 269. 1. Los Juzgados y Tribunales sólo podrán celebrar juicios o vistas de asuntos fuera de la población de su sede cuando así lo autorice la ley. 2. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio de la administración de justicia lo aconsejen, y a petición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial comprendido en la circunscripción de aquéllos. 3. Igualmente, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, previa determinación del número de causas que justifican los traslados de los Tribunales fuera de su sede y siempre que su desplazamiento venga justificado por una mejor administración de justicia, dispondrán que los Jueces de lo Penal, asistidos del Letrado de la Administración de Justicia, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan sede los Juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Los Juzgados de Instrucción y los funcionarios que en ellos sirvieren prestarán en estos casos cuanta colaboración sea precisa.» Treinta y nueve. Se modifica el artículo 276, que queda redactado como sigue: «Artículo 276. Las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación.» Cuarenta. Se modifica el artículo 277 que queda redactado como sigue: «Artículo 277. Los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que les soliciten para el desempeño de su función jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre esta materia.» Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 278, que queda redactado como sigue: «Artículo 278. La prestación de cooperación internacional sólo será denegada por los Juzgados y Tribunales españoles: 1.º Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente contrario al orden público. 2.º Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española. 3.º Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En tal caso, ésta remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente. 4.º Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación.» Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 296, que queda redactado como sigue: «Artículo 296. 1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos. 2. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podrá reconocer en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido y la existencia o no de intencionalidad.» Cuarenta y tres. Se suprime el artículo 297. Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 8 del artículo 301, que queda redactado como sigue: «8. También se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso de las personas con discapacidad en las Carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en los procesos selectivos. Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad.» Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 329, que queda redactado como sigue: «3. Los concursos para la provisión de los Juzgados de Menores se resolverán en favor de quienes, ostentando la categoría de Magistrado y acreditando la correspondiente especialización en materia de menores en la Escuela Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. En su defecto, se cubrirán por magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio, dentro de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria, en la jurisdicción de menores. A falta de éstos se cubrirán por el orden de antigüedad establecido en el apartado 1. Los que obtuvieran plaza, así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial.» Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 339, que queda redactado como sigue: «Artículo 339. El Presidente de la Audiencia Nacional y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando cesen en el cargo, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer período para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los tres años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.» Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 340, que queda redactado como sigue: «Artículo 340. Los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los Presidentes de las Audiencias Provinciales que cesaren en su cargo quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o Audiencia en que cesen o a aquél del que provinieran en su último destino, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que hubieren elegido. Si hubieren agotado la totalidad del primer período para el que fueron nombrados, tendrán preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese, a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por concurso voluntario y para las que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista.» Cuarenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 344 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 344 bis. 1. Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados para ocupar plazas en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por real decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales Auditores con aptitud para el ascenso en situación de servicio activo. 2. A efectos de motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de sus méritos en los términos de esta Ley, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso considere necesaria.» Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 347 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 347 bis. 1 En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crearán las plazas de Jueces de adscripción territorial que determine la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. 2. Los Jueces de adscripción territorial ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular esté ausente por cualquier circunstancia. La designación para estas funciones corresponderá al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del que dependan, que posteriormente dará cuenta a la respectiva Sala de Gobierno. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia informará al Consejo General del Poder Judicial de la situación y destinos de los Jueces de adscripción territorial de su respectivo territorio. 3. En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y cuando las razones del servicio lo requieran, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia podrá realizar llamamientos para órganos judiciales de otra provincia perteneciente al ámbito territorial de dicho Tribunal. 4. Cuando el Juez de adscripción territorial desempeñe funciones de sustitución, lo hará con plenitud de jurisdicción en el órgano correspondiente. También le corresponderá asistir a las Juntas de Jueces y demás actos de representación del órgano judicial en el que sustituya, en ausencia de su titular. 5. Cuando el Juez de adscripción territorial ejerza funciones de refuerzo, corresponderá a la Sala de Gobierno fijar los objetivos de dicho refuerzo y el adecuado reparto de asuntos, previa audiencia del Juez de adscripción y del titular o titulares del órgano judicial reforzado. 6. Los desplazamientos del Juez de adscripción territorial darán lugar a las indemnizaciones que por razón del servicio se determinen reglamentariamente. 7. En las Comunidades Autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan Derecho civil propio se aplicarán, para la provisión de estas plazas, las previsiones establecidas a tal efecto en la presente Ley.» Cincuenta. Se modifica el apartado 1 y se añade un apartado 3 al artículo 386, que quedan redactados como sigue: «1. La jubilación por edad de los Jueces y Magistrados es forzosa y se decretará con la antelación suficiente para que el cese en la función se produzca efectivamente al cumplir la edad de setenta años. No obstante, podrán solicitar con dos meses de antelación a dicho momento la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan como máximo setenta y dos años de edad. Dicha solicitud vinculará al Consejo General del Poder Judicial quien solo podrá denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado.» «3. Los Jueces y Magistrados conservarán los honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación.» Cincuenta y uno. Se suprimen los artículos 411, 412 y 413. Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 416, que queda redactado como sigue: «2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia o de la resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.» Cincuenta y tres. Se modifica el número 5 del artículo 417, que queda redactado como sigue: «5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia firme o en resolución firme dictada por el Consejo General del Poder Judicial, a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al apartado 2 del artículo 296.» Cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 420, que queda redactado como sigue: «2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.» Cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 438, que queda redactado como sigue: «3. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrán solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades. Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.» Cincuenta y seis. Se modifica el artículo 440, que queda redactado como sigue: «Artículo 440. Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.» Cincuenta y siete. Se modifica el artículo 441, que queda redactado como sigue: «Artículo 441. 1. Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, se clasifican en tres categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría. 2. Todo Letrado de la Administración de Justicia poseerá una categoría personal. La consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos durante cinco años continuados o siete con interrupción. 3. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeño de un puesto de categoría superior será computable a efectos de la consolidación de la inferior. 4. No será posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categorías diferentes. 5. En ningún caso un Letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera. 6. La categoría consolidada solo opera como garantía de la percepción del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categoría. 7. El Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los Letrados de la Administración de Justicia.» Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 442, que queda redactado como sigue: «2. Se reservará el treinta por ciento de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven, al menos, dos años de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos se computarán los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia del que, en su caso, procedan. Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promoción interna, si las hubiere, se cubrirán en turno libre mediante oposición o, en su caso, concurso-oposición, siempre con sujeción a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo público. De no existir oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar un proceso de promoción interna específico cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen. El número de plazas convocadas por este sistema no podrá ser superior al quince por ciento de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrán ofertarse para que lo sean por turno libre.» Cincuenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 443, que queda redactado como sigue: «1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria. b) Superación de los procesos selectivos. c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el «Boletín Oficial del Estado». d) Juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental. e) Toma de posesión dentro del plazo establecido.» Sesenta. Se añade un nuevo artículo 443 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 443 bis. El Ministerio de Justicia aprobará cada año el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.» Sesenta y uno. Se modifica el artículo 444, que queda redactado como sigue: «Artículo 444. 1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con carácter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de la normativa estatal sobre función pública. 2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreción en el reglamento orgánico, se reconocen los siguientes derechos profesionales: a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos que se determinen reglamentariamente. b) Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que reglamentariamente se determinen. c) Libre asociación profesional. d) A que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgánico. 3. El régimen establecido en los apartados anteriores será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.» Sesenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 445, que queda redactado como sigue: «1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administración de Justicia, así como su jubilación, serán iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley Orgánica para Jueces y Magistrados. No obstante, los Letrados de la Administración de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales, podrán ser dispensados, previa solicitud, de la prestación del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duración de la campaña electoral. Este permiso podrá ser concedido por el Secretario General de la Administración de Justicia. Asimismo, podrán hallarse en situación de servicios especiales los Letrados de la Administración de Justicia que sean designados Encargados del Registro Civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo.» Sesenta y tres. Se modifica el artículo 446, que queda redactado como sigue: «Artículo 446. 1. Los Letrados de la Administración de Justicia deberán abstenerse en los casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podrán ser recusados. 2. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, quien decidirá la cuestión. En caso de confirmarse la abstención, el Letrado de la Administración de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deberá aquél continuar actuando en el asunto. 3. Serán aplicables a la recusación de los Letrados de la Administración de Justicia las prescripciones que establece esta Ley para Jueces y Magistrados en el artículo 223, con las siguientes excepciones: a) Los Letrados de la Administración de Justicia no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados. b) La pieza de recusación se resolverá por el Secretario de Gobierno. c) Presentado el escrito de recusación, el Letrado de la Administración de Justicia recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada. d) Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el Secretario de Gobierno le tendrá por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarará no haber lugar a la recusación. Contra el decreto sobre recusación no se dará recurso alguno. e) Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, el instructor, si admitiere a trámite la recusación propuesta, ordenará la práctica, en el plazo de diez días, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, dándose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres días. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidirá la recusación dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. f) El Letrado de la Administración de Justicia recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal.» Sesenta y cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del artículo 447, que queda redactado como sigue: «5. Los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.» Sesenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 450, que queda redactado como sigue: «1. La provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por el procedimiento de concurso, que será el sistema ordinario de provisión. Cuando se trate de puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación. Los puestos de trabajo de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos veinte años en una de ellas o entre ambas y quince años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. El nombramiento de Letrados de la Administración de Justicia para puestos de trabajo radicados en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerirá el informe previo del órgano competente de dicha Comunidad. En todo caso, el sistema de provisión deberá estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.» Sesenta y seis. Se modifica el artículo 451, que queda redactado como sigue: «Artículo 451. 1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de Letrados de la Administración de Justicia serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico. 2. Esta designación deberá recaer en otro Letrado de la Administración de Justicia, que se denominará Letrado suplente. A tal efecto los Secretarios de Gobierno elaborarán una relación de los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designará, con carácter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el número anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto serán retribuidos en los casos y cuantía que se determinen reglamentariamente. 3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente número de Letrados de la Administración de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en sustitución del Letrado de la Administración de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios y levantar la correspondiente acta. 4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podrá procederse al nombramiento de un Letrado de la Administración de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulación exigidos para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 5. A los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos se les aplicará el mismo régimen jurídico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. 6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, serán llamados como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusión obligatoria tanto en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.» Sesenta y siete. Se modifica el artículo 455, que queda redactado como sigue: «Artículo 455. Será responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia organizar la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las leyes procesales.» Sesenta y ocho. Se modifica el artículo 456, que queda redactado como sigue: «Artículo 456. 1. El Letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen las leyes procesales. 2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución. 3. Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. 4. Las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales. 5. Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos. 6. Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias: a) Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados. b) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. c) Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia. d) Tramitación y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios. e) Mediación. f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.» Sesenta y nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 458, que queda redactado como sigue: «2. Por real decreto se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales. Con carácter general se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales transcurridos seis años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al procedimiento que dio lugar a la formación de aquéllos. Se exceptúan de lo anterior aquéllos formados para la instrucción de causas penales seguidas por delito, así como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atención al valor cultural, social o histórico de lo archivado. Previamente, el Letrado de la Administración de Justicia concederá audiencia por un tiempo no inferior a quince días a las partes que estuvieron personadas para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta Ley les reconoce en los artículos 234 y 235.» Setenta. Se modifica el apartado 3 del artículo 461, que queda redactado como sigue: «3. La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español. La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia permitirán en todo caso la extracción automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos.» Setenta y uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 463, que queda redactado como sigue: «2. Los órganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico, los siguientes: a) El Secretario General de la Administración de Justicia. b) Los Secretarios de Gobierno. c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.» Setenta y dos. Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 464, que quedan redactados como sigue: «3. Será nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizará a propuesta del órgano competente de las Comunidades Autónomas cuando éstas tuvieren competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, que también podrán proponer su cese. En todo caso para su nombramiento se recabará informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo así como del Consejo del Secretariado. Para el de las Ciudades de Ceuta y Melilla el informe será emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario de Gobierno.» «5. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento. Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios.» Setenta y tres. Se modifican los apartados 9 y 10 y se añaden los apartados 11 y 12 al artículo 465, que quedan redactados como sigue: «9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador. 10. Conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la Administración de Justicia. 11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 12. Las demás previstas en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.» Setenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 466, que quedan redactados como sigue: «1. En cada provincia existirá un Secretario Coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Secretario de Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, de entre todos aquellos que se presenten a la convocatoria pública. Antes del nombramiento se oirá al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia. Además, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears habrá un Secretario Coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autónoma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las funciones del Secretario Coordinador serán asumidas por el Secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia. No se podrá ocupar más de diez años el mismo puesto de Secretario Coordinador.» «4. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento. Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios.» Setenta y cinco. Se modifican los apartados 7 y 8 y se añaden nuevos apartados 9 y 10 al artículo 467, quedando redactados como sigue: «7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito. 8. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 9. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio. 10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico.» Setenta y seis. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 468, que quedan redactados como sigue: «1. Los Letrados de la Administración de Justicia estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro. 2. No podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley. Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado. Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. 3. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas podrán poner en conocimiento de los superiores jerárquicos de los Letrados de la Administración de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboración establecido en esta Ley Orgánica con las Comunidades Autónomas. La autoridad competente para la incoación y tramitación de los expedientes disciplinarios dará cuenta a aquéllas de las decisiones que se adopten.» Setenta y siete. Se añade un nuevo artículo 468 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 468 bis. Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves. 1. Se consideran faltas muy graves: a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública. b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. c) El abandono del servicio. d) La adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos. e) La revelación o utilización por el Letrado de la Administración de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona. f) La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. g) La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebido. h) El retraso, la desatención o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. i) La utilización de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. j) El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas. k) La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. l) La utilización de la condición de Letrado de la Administración de Justicia para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero. m) La realización de actividades declaradas incompatibles por ley. n) La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. o) Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales. p) El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga. q) El acoso sexual. r)  La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones. s) La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio. t) Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave. u) La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes. 2. Se consideran faltas graves: a) La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. b) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave. c) La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave. d) La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave. e) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses. f) La negligencia, la desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave. g) El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados. h) La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos. i) Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio. j) La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos. k) Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. l) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan. m) Obstaculizar las labores de inspección. n) Promover su abstención de forma claramente injustificada. o) El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada. p) La comisión de una falta de carácter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones. 3. Se consideran faltas leves: a) La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave. b) El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave. c) La desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave. d) La ausencia injustificada por un día. e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.» Setenta y ocho. Se añade un nuevo artículo 468 ter, que queda redactado como sigue: «Artículo 468 ter. 1 En la imposición de sanciones por los órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) Intencionalidad. b) Perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos. c) Grado de participación en la comisión de la falta. d) Reiteración o reincidencia.» Setenta y nueve. Se añade un nuevo artículo 468 quáter, que queda redactado como sigue: «Artículo 468 quáter. 1. Las sanciones que se pueden imponer a los Letrados de la Administración de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son: a) Apercibimiento. b) Multa de hasta 3.000 euros. c) Suspensión de empleo y sueldo. d) Traslado forzoso fuera del municipio de destino. e) Separación del servicio. f) Cese en el puesto de trabajo. 2. Las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. La sanción de separación de servicio sólo podrá imponerse por faltas muy graves. La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá ser superior a tres años ni inferior a un año. Si se impone por falta grave, no excederá de un año. Los Letrados de la Administración de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave. La sanción de cese en el puesto de trabajo sólo será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia suplentes por comisión de faltas graves o muy graves. La sanción de multa solo podrá imponerse por la comisión de faltas graves. La sanción de apercibimiento sólo podrá imponerse por la comisión de faltas leves.» Ochenta. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 3 del artículo 469 que pasa a ser apartado 2 y queda redactado como sigue: «2. Para la imposición de las sanciones serán competentes: a) El Secretario General de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanción de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos. b) El Secretario General de la Administración de Justicia, para la sanción de multa. c) El Ministro de Justicia, para la sanción de suspensión, traslado forzoso, separación del servicio y cese en el puesto de trabajo.» Ochenta y uno. Se añade un nuevo artículo 469 bis, que queda redactado como sigue: «Artículo 469 bis. 1. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se haya cometido. En los casos en los que un mismo hecho dé lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripción de la falta disciplinaria no comenzarán a computarse sino desde la conclusión de la causa penal. 3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento de notificación del acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de dos meses por causas no imputables al expedientado. 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción.» Ochenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 470, que queda redactado como sigue: «1. Este Libro tiene por objeto la determinación del estatuto jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.» Ochenta y tres. Se modifica el tercer párrafo del apartado b) del artículo 475, que queda redactado como sigue: «El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado o Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Forense.» Ochenta y cuatro. Se modifica el artículo 476, que queda redactado como sigue: «Artículo 476. 1. Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias. Con carácter general y bajo el principio de jerarquía, y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, le corresponde: a) Gestionar la tramitación de los procedimientos, de la que dará cuenta al Letrado de la Administración de Justicia, en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de ley o de normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fuera requerido para ello. b) Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto a las cuales tendrá capacidad de certificación. c) Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia considere necesaria su intervención, ostentando en dichos actos la consideración de agente de la autoridad. d) Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación, dando cuenta de ello, a tal efecto, a la autoridad superior, así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite a que se refieran. e) Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales. f) Expedir, con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. g) Ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales, en las que, sin perjuicio de realizar las funciones asignadas al puesto concreto, gestionarán la distribución de las tareas del personal, respondiendo del desarrollo de las mismas. h) Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en que se presten los servicios, siempre que dichas funciones estén contempladas expresamente en la descripción que la relación de puestos de trabajo efectúe del puesto de trabajo. i) Desempeñar la Secretaría de la Oficina judicial de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y de Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo justifique su establecimiento, así como los restantes puestos de trabajo de los citados centros de destino adscritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, todo ello de conformidad con lo que se determine en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como desempeñar puestos de las unidades administrativas, cuando las relaciones de puestos de trabajo de las citadas unidades así lo establezcan, siempre que se reúnan los requisitos de conocimiento y preparación exigidos para su desempeño. j) Realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal. k) Realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias. 2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, siempre que se reúnan los requisitos de titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribución que reglamentariamente se establezca.» Ochenta y cinco. Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el artículo 477, que quedan redactadas como sigue: «g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal. h) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.» Ochenta y seis. Se modifica el artículo 479, que queda redactado como sigue: «Artículo 479. 1. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, o en su caso a aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica. 2. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia. No obstante, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la Comunidad Autónoma de que se trate, cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, el Gobierno podrá autorizar, previa petición, en su caso, de una Comunidad Autónoma con competencia en la materia, el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine. Con sede en Madrid existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que prestará servicio a los diversos órganos de jurisdicción estatal. 3. Mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas que han recibido los traspasos de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos, pudiendo el Ministerio de Justicia o el órgano competente de la Comunidad Autónoma dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones pertinentes para su desarrollo y aplicación. En todo caso los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de las que podrán formar parte los psicólogos y trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y el diseño de protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Asimismo dentro de los Institutos podrán integrarse el resto de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Su formación será orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. 4. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia. 5. Son funciones de los médicos forenses: a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten. b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes. c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica. d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente. e) La realización de funciones de docencia, periciales o de investigación, por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, en el marco de posibles acuerdos o convenios. f) La realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función, en los términos contemplados reglamentariamente. 6. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos. 7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.» Ochenta y siete. Se modifica el artículo 480, que queda redactado como sigue: «Artículo 480. 1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. Además, desarrollará las siguientes funciones: a) Emitir los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal. b) Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los médicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el Ministerio Fiscal. c) Realizar igualmente los análisis e investigaciones interesados por organismos o empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general, en los supuestos que se prevean según instrucciones del Ministerio de Justicia o en los términos de los acuerdos o convenios realizados al efecto. d) Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales, o incluso al margen de éstos en las condiciones que se determinen. e) Difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se le formulen sobre las mismas. f) Actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con los Institutos de Medicina Legal, así como con otros organismos nacionales y extranjeros. g) Efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. h) Podrán colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología y las ciencias forenses, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Justicia o los acuerdos o convenios realizados al efecto. 2. La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Su estructura orgánica se determinará mediante real decreto. En el mismo prestarán servicios funcionarios de los Cuerpos Especiales a que se refieren los apartados siguientes de este artículo. Además, podrán prestar servicios funcionarios de los restantes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, así como de otras Administraciones, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, así como, en su caso, profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeño de sus funciones u otro personal para la realización de actividades propias de oficios o de carácter instrumental, contratados en régimen laboral. 3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades. Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones. Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de auxilio especializado al servicio de la Administración de Justicia. Son funciones del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses aquellas de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los supuestos y condiciones que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 5. Los Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional al servicio de la Administración de Justicia, para la realización de funciones de apoyo propias de su formación, en las actividades científicas y de investigación de este Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la forma y con los requisitos y condiciones que se establezcan en las relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos. 6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.» Ochenta y ocho. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 481, que queda redactado como sigue: «5. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalafón por orden de ingreso en el Cuerpo con mención de, al menos, los siguientes datos: a) Documento nacional de identidad. b) Nombre y apellidos. c) Tiempo de servicios en el Cuerpo.» Ochenta y nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 482, que queda redactado como sigue: «5. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente.» Noventa. Se modifica el apartado 1 del artículo 485, que queda redactado como sigue: «1. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico-práctico o de un periodo de prácticas, que podrán tener carácter selectivo. La calificación obtenida servirá para fijar el orden de prelación. No obstante, si tuviesen carácter selectivo, los aspirantes que no superen el mismo podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción. Si tampoco superaren este curso perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.» Noventa y uno. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 6 al artículo 490, que quedan redactados como sigue: «2. Además de las plazas que se incluyan para la incorporación de nuevo personal en la Oferta de Empleo Público de conformidad con lo previsto en el artículo 482, el Ministerio de Justicia convocará anualmente procesos de promoción interna para la cobertura de un número de plazas equivalente al treinta por ciento de las vacantes que, para cada Cuerpo, sean objeto de dicha oferta de empleo público. Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen. En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoción interna que no resulten cubiertas, no podrán en ningún caso acrecer a las convocadas por turno libre ni incorporarse a la Oferta de Empleo Público.» «6. Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses podrán acceder mediante promoción interna al Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, siempre que reúnan los requisitos para ello.» Noventa y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 495, que queda redactado como sigue: «1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales: a) Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente. b) A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas en la normativa vigente. c) A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional que se establezcan de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. d) A recibir por parte de la Administración la formación necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y más pronta adaptación a sus puestos de trabajo y les posibilite su promoción profesional. Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas Administraciones públicas competentes en materia de gestión de personal no representen obstáculos en la promoción y en la movilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia en el territorio del Estado, se adoptarán medidas de coordinación y homologación en materia de formación continua. e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios. f) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. g) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. h) A vacaciones, permisos y licencias. i) A recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones competentes adoptarán aquellas medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de la normativa vigente sobre prevención de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluación de los riesgos iniciales y al establecimiento de planes de emergencia, así como a la creación de servicios de prevención y de un Comité Central de Seguridad y Salud. j) A la jubilación. k) A un régimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas estará integrado por el Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de la fecha en la que hayan adquirido tal condición, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, y disposiciones de desarrollo. l) A los derechos previstos en el artículo 444.2 de esta Ley.» Noventa y tres. Se modifica la letra l) del artículo 497, que queda redactada como sigue: «l) Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, así como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.» Noventa y cuatro. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 498, que queda redactada como sigue: «b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales: 1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales. 2.º El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no. 3.º La condición de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compañía de seguros. 4.º El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos. 5.º El desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas. 6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.» Noventa y cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 500, que queda redactado como sigue: «4. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, se aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número de horas anuales de trabajo efectivo. Podrán establecerse flexibilidades horarias a la entrada y salida del trabajo, garantizándose en todo caso un número de horas de obligada concurrencia continuada. Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia pública.» Noventa y seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 502, que queda redactado como sigue: «1. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administración General del Estado en su normativa.» Noventa y siete. Se modifican los párrafos segundo y último del apartado 5 del artículo 504, que quedan redactados como sigue: «Sin perjuicio de la obligación de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razón de enfermedad durante la jornada laboral del día en que ésta se produzca, los funcionarios deberán solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.» «La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, comportará la aplicación del descuento en nómina en los términos y condiciones que se establezcan por la normativa específica que al efecto se dicte.» Noventa y ocho. Se modifica el párrafo tercero del apartado 3 del artículo 509, que queda redactado como sigue: «El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto desempeñado se reservará al menos dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.» Noventa y nueve. Se modifica la letra A) del apartado 3 del artículo 521, que queda redactada como sigue: «A) Centro Gestor. Centro de destino. A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal funcionario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos competentes del Ministerio de Justicia o el órgano competente de las Comunidades Autónomas para la gestión del personal, a quienes corresponderá la formulación de la relación de puestos de trabajo en sus respectivos ámbitos territoriales. Se entenderá por centro de destino: Cada uno de los servicios comunes procesales. El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio. El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese. Cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías. En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales. En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de creación establezca como tales. La Mutualidad General Judicial. Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo. El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Las Secretarías de Gobierno.» Cien. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 527, que queda redactado como sigue: «Con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante sustitución los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular esté ausente.» Ciento uno. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 531, que queda redactado como sigue: «5. Con carácter excepcional, se podrán convocar con antelación suficiente concursos de traslados sin resultas para los órganos judiciales de nueva creación al objeto de que a su entrada en funcionamiento estén dotados de personal.» Ciento dos. Se modifica el artículo 536, que queda redactado como sigue: «Artículo 536. Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves. a) Se consideran faltas muy graves: 1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública. 2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 3. El abandono del servicio. 4. La emisión de informes o adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos. 5. La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 6. La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos. 7. El incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 8. La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 9. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas. 10. La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. 11. La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero. 12. La realización de actividades declaradas incompatibles por ley. 13. La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. 14. Los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales. 15. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 16. El acoso sexual. 17. La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones. 18. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio. 19. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave. 20. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes. b) Se consideran faltas graves: 1. La desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. 2. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave. 3. El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya falta muy grave. 4. La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave. 5. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses. 6. La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de las mismas. 7. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados. 8. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos. 9. Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio. 10. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos. 11. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. 12. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan. 13. Obstaculizar las labores de inspección. 14. Promover su abstención de forma claramente injustificada. 15. El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada. 16. La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones. c) Se consideran faltas leves: 1. La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave. 2. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave. 3. El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave. 4. La ausencia injustificada por un día. 5. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.» Ciento tres. Se modifica el párrafo primero del artículo 538, que queda redactado como sigue: «Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son: a) Apercibimiento. b) Suspensión de empleo y sueldo. c) Traslado forzoso fuera del municipio de destino. d) Separación del servicio. e) Cese en el puesto de trabajo. Las sanciones de los párrafos b) y c) podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. La sanción de separación de servicio sólo podrá imponerse por faltas muy graves. La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá ser superior a tres años ni inferior a un año. Si se impone por falta grave, no excederá de un año. Los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave. La sanción de cese en el puesto de trabajo, sólo será aplicable a los funcionarios interinos por comisión de faltas graves o muy graves. Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.» Ciento cuatro. Se modifica la rúbrica del título II del libro VII, que queda redactada como sigue: «TÍTULO II De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales» Ciento cinco. Se modifica el artículo 544, que queda redactado como sigue: «Artículo 544. 1. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. La colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.» Ciento seis. Se modifica el artículo 545, que queda redactado como sigue: «Artículo 545. 1. Salvo que la ley disponga otra cosa, las partes podrán designar libremente a sus representantes y defensores entre los Procuradores y Abogados que reúnan los requisitos exigidos por las leyes. 2. En los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica podrá ser ostentada por un Graduado Social, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional, en este título y especialmente en los artículos 187, 542.3 y 546. 3. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa o representación de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley.» Ciento siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 546, que quedan redactados como sigue: «1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes. 2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.» Ciento ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 551, que queda redactado como sigue: «1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo. La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.» Ciento nueve. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 561 y se incluye un nuevo apartado 4, con la siguiente redacción: «2. El Consejo General del Poder Judicial emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días. Excepcionalmente el órgano remitente podrá conceder la prórroga del plazo atendiendo a las circunstancias del caso. La duración de la prórroga será de quince días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días. 3. Cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos en el apartado anterior, se tendrá por cumplido dicho trámite. 4. El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.» Ciento diez. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 567, que queda redactado como sigue: «6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.» Ciento once. Se modifica el apartado 1 del artículo 577, que queda redactado como sigue: «1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos.» Ciento doce. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 579, redactado como sigue: «5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.» Ciento trece. Se modifica el apartado 2 del artículo 601, que queda redactado como sigue: «2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará, previa propuesta del Presidente, la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión Permanente.» Ciento catorce. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 609, que quedan redactados como sigue: «2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por tres Vocales. 3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.» Ciento quince. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 610, que quedan redactados como sigue: «1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, y atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su Presidente. 2. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales.» Ciento dieciséis. Se añade una nueva disposición adicional vigésima primera, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional vigésima primera. Apoyo judicial en la instrucción de causas complejas. Además de lo dispuesto en el capítulo IV bis del título II del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, para la mejor instrucción de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripción a un órgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular de aquél, realicen exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento. Para idéntico fin e iguales condiciones, podrá interesarse la adscripción de uno o varios Letrados de la Administración de Justicia. A tal efecto el Consejo General del Poder Judicial propondrá un programa concreto de actuación especificando, en todo caso, su objeto, ámbito de aplicación, duración y el tipo de comisiones en cuanto a la relevación de funciones. La aprobación del mismo precisará la autorización del Ministerio de Justicia. En el caso de que se interese la adscripción de Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigirá su petición al Ministerio para la aprobación de las correspondientes comisiones.» Disposición adicional primera. Referencias en las normas de fecha anterior. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas, a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Disposición adicional segunda. Elaboración del escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Justicia deberá elaborar el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Disposición adicional tercera. Pruebas de especialización. El Consejo General del Poder Judicial podrá convocar, además de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especialización entre miembros de Carrera judicial en las que se valoren conocimientos específicos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superación será considerada como mérito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antigüedad. Reglamentariamente se determinará el número, contenido y desarrollo de estas pruebas que podrá comprender el reconocimiento y valoración de las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Si de esta especialización se derivara algún incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente para soportar dicho gasto. Disposición adicional cuarta. Uso obligatorio de las nuevas tecnologías. 1. La utilización de los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia será de uso obligatorio para Jueces y Magistrados. 2. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar instrucciones de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la adecuada utilización de los recursos materiales que las Administraciones pongan a disposición de Juzgados y Tribunales para el desempeño de sus funciones. 3. No podrá exigirse a ciudadanos, profesionales o Administraciones que aporten la documentación que les sea requerida o de la que pretendan valerse en soporte papel, salvo que ello sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal o reglamentariamente se autorice de forma expresa. Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación. A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco años de edad cumplidos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. En estos supuestos se reconocerá a los interesados un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el párrafo anterior. Disposición adicional sexta. Prórroga de servicio activo de Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia. La referencia realizada en el artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial deberá entenderse efectuada al Ministerio de Justicia cuando sean Fiscales o Letrados de la Administración de Justicia los que soliciten la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Disposición transitoria primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados. 1. Los procedimientos que se rijan por normas de competencia judicial internacional en el orden civil iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su incoación. 2. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que con anterioridad eran competencia de los Juzgados de Instrucción y con arreglo a la misma son competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, continuarán sustanciándose conforme a las normas que regían a la fecha de su incoación. 3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de su incoación. Disposición transitoria segunda. Régimen del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 1. El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicará a partir del momento de entrada en vigor de la misma. 2. Los miembros de la plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo pasarán a la situación administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 3. Las plazas de Letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo se crearán por transformación de las plazas actualmente existentes de Magistrados en dicho Gabinete, a la entrada en vigor de esta Ley. Cualquier modificación de la plantilla de Letrados coordinadores deberá ajustarse al procedimiento previsto en el primer párrafo del apartado 5 del artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Quienes actualmente desempeñen las funciones de Magistrado del Gabinete Técnico pasarán a tener la consideración de Letrados coordinadores por el tiempo por el que fueron nombrados. 4. Los Letrados del Gabinete Técnico que no pertenezcan a la Carrera judicial estarán sometidos al régimen estatutario de los Letrados de la Administración de Justicia, en cuanto fuere aplicable, hasta la entrada en vigor de la ley que regule el estatuto básico de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Disposición transitoria tercera. Magistrados y Fiscales eméritos. 1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley estuvieran prestando servicios como Magistrados eméritos o Magistrados eméritos del Tribunal Supremo, podrán continuar prestando sus servicios como tales durante un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta Ley, conservando su actual régimen retributivo. No obstante lo anterior, en ningún caso podrán permanecer en esta situación cumplidos los setenta y cinco años. El mismo régimen será de aplicación a quienes a la entrada en vigor de esta Ley reúnan los requisitos previstos para poder ser nombrados como Magistrados eméritos o Magistrados eméritos del Tribunal Supremo y así lo hubieran solicitado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior regirá para los Fiscales que se encuentren en las mismas situaciones en él descritas. Disposición transitoria cuarta. Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores. 1. A la entrada en vigor de esta Ley los Secretarios de Gobierno o Coordinadores nombrados podrán concursar para obtener plaza e incorporarse así al régimen que establece la presente Ley; para ello tendrán preferencia absoluta en los dos primeros concursos que se realicen en los que se oferten plazas en su ciudad de procedencia o en la de su actual destino. Una vez obtenida plaza se les aplicará el régimen general. 2. A los que no hubieren concursado conforme al apartado anterior les será aplicable el siguiente régimen transitorio: a) Los que cesaren en su cargo o no renovaren, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aquélla en la que cesen. b) Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese o no renovación, podrán optar con carácter preferente a cualquier plaza de cualquier categoría que tengan consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin así a la situación de adscripción provisional que se regula en el apartado anterior. c) De no haber concursado dentro de dicho plazo en la forma indicada, pese a la oferta de puestos de trabajo en la ciudad de adscripción que se hubieren incluido en estos concursos, y una vez transcurridos los dos años de adscripción, se les adjudicará con carácter definitivo el primer puesto de trabajo vacante en esa ciudad. El cómputo de los dos años comenzará a contar desde el primer concurso que se realice con posterioridad a su cese o no renovación. En sucesivos concursos, de tener consolidada la primera categoría, el tiempo prestado en esta se les computará a efectos de traslados conforme se indique en las normas de desarrollo o en las mismas convocatorias. 3. Los Secretarios de Gobierno y Coordinadores que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran desempeñando su segundo o posterior mandato, no podrán optar a la renovación para el mismo puesto. Disposición transitoria quinta. Planes anuales de suplencias y sustituciones. Tras la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto no se aprueben los siguientes planes anuales de suplencias y sustituciones de Letrados de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno velará para que las sustituciones y llamamientos que fuesen necesarios realizar se ajusten a los criterios establecidos en esta Ley, en cuanto sea posible. Disposición transitoria sexta. Institutos de Medicina Legal. En aquellas Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas en las que no estén constituidos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hasta el momento en que se constituyan, la regulación del artículo 479 se entenderá aplicable a las agrupaciones de forensías. Disposición transitoria séptima. Dilación del requisito de especialidad en Medicina Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses. La especialidad en Medicina Forense, exigida en el artículo 475 de esta Ley para acceder al Cuerpo de Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía transitoria de acceso a dicho título para quienes acrediten una experiencia profesional, como funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, no inferior a la duración del programa formativo oficial, según el procedimiento regulado en la disposición transitoria quinta del Real Decreto 639/2014, de 25 de julio. Disposición transitoria octava. Pensión de jubilación. Los reconocimientos de pensiones de jubilación, causadas a partir de 1 de enero de 2015, en los que el beneficiario cumpla los requisitos establecidos en la disposición adicional quinta de esta Ley, se revisarán de oficio para adecuarlos a lo establecido en dicha disposición, con efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al hecho causante. Disposición transitoria novena. Plazo de solicitud para la prolongación de la permanencia en el servicio activo. El plazo de dos meses previsto en el artículo 386 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo no será exigible a quienes se jubilen entre la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y el 1 de diciembre de 2015. Disposición final primera. Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda redactado como sigue: «2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia, tienen su sede en la capital del partido que se señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio en que aquélla esté situada.» Dos. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue: «Artículo 23. Las retribuciones de los Letrados al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo serán las correspondientes a un Letrado de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo. No obstante, los Letrados que desarrollen labores de coordinación conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que además pertenezcan a la Carrera judicial, percibirán las previstas en el Anexo II.2 de la Ley 15/2003 para los Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.» Tres. Se modifica el anexo III, que queda redactado como sigue: «ANEXO III Audiencia Nacional Presidente Audiencia Nacional. Sala de lo Penal: 1 Presidente de Sala. 4 Secciones: Compuesta por 16 Magistrados. Sala de Apelación: 1 Presidente de Sala. 2 Magistrados. Sala de lo Contencioso-administrativo: 1 Presidente de Sala. 8 Secciones: Compuesta por 39 Magistrados. Sala de lo Social: 1 Presidente de Sala. 2 Magistrados. Total: 64 Magistrados. 4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideración de Presidente de Sala.» Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 328, que queda redactado como sigue: «Artículo 328. 1. Habrá lugar al recurso de revisión contra sentencias firmes en los siguientes casos: 1.º Cuando hayan sido condenadas dos o más personas en virtud de sentencias contradictorias por un mismo hecho que no haya podido ser cometido más que por una sola. 2.º Cuando haya sido condenado alguno como responsable de la muerte de una persona cuya existencia se acredite después de la fecha de la sentencia condenatoria. 3.º Cuando haya sido condenada una persona en sentencia cuyo fundamento fuera: un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada con violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en procedimiento seguido al efecto. A estos fines podrán practicarse cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el procedimiento, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme base de la revisión. 4.º Cuando haya sido penada una persona en sentencia dictada por el Tribunal y alguno de sus miembros fuere condenado por prevaricación cometida en aquella sentencia, o cuando en la tramitación de la causa se hubiere prevaricado en resolución o trámite esencial de influencia notoria a los efectos del fallo. 5.º Cuando sobre los propios hechos hayan recaído dos sentencias firmes y dispares dictadas por la misma o por distintas jurisdicciones. 6.º Cuando después de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas. 2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. En estos casos, los procesos de revisión se sustanciarán conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no será de aplicación lo previsto en los artículos 329 a 333, 335 y 336. Se aplicarán las reglas sobre legitimación previstas en dicha Ley para ese tipo de procesos. Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendrán los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.» Dos. Se modifica el artículo 336, que queda redactado como sigue: «Artículo 336. El proceso de revisión se sustanciará, con citación de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 328.2.» Tres. Se modifica el artículo 504, que queda redactado como sigue: «Artículo 504. 1. Las sentencias firmes dictadas en recurso contencioso-disciplinario militar por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, así como los autos también firmes, a los que se refiere el artículo 478, dictados por dicha Sala, podrán ser objeto de recurso de revisión en los siguientes casos: a) Si la parte dispositiva de la sentencia contuviere contradicciones en sus decisiones. b) Si se hubieran dictado resoluciones contrarias entre sí respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, donde en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se llegue a pronunciamientos distintos. c) Si después de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. d) Si hubiere recaído la sentencia en virtud de documentos que al tiempo de dictarse aquélla ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después. e) Si, habiéndose dictado la sentencia en virtud de prueba testifical, fuesen los testigos condenados por falso testimonio en las declaraciones constitutivas de aquélla. f) Si la sentencia se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. g) Si la sentencia se hubiere dictado con infracción de lo dispuesto en el artículo 490 o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contestación. 2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. 3. En lo referente a legitimación, términos y procedimientos respecto a este recurso, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Exceptúanse los casos previstos en los apartados a), b) y g) de este artículo, en los cuales el recurso de revisión deberá formularse en el plazo de un mes, contado desde la notificación de la firmeza de la sentencia. El recurso se interpondrá ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.» Cuatro. Se modifica el artículo 505, que queda redactado como sigue: «Artículo 505. Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podrá interponer recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales trámites que los señalados en el apartado 3 del artículo anterior. Este recurso podrá fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior, salvo los contemplados en las letras a), b) y g) del apartado 1.» Disposición final tercera. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, queda modificada en los siguientes términos: Uno. La sección 3.ª del capítulo III del título IV, integrada por los artículos 86 a 93, queda redactada de la siguiente forma, y se suprimen los artículos 94 y 95: «Sección 3.ª Recurso de casación Artículo 86. 1. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos. 2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales. 3. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros. Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen más de una Sección, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas. 4. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento. Artículo 87. 1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual límite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior: a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación. b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares. c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta. d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91. e) Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111. 2. Para que pueda prepararse el recurso de casación en los casos previstos en el apartado anterior, es requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica. Artículo 87 bis. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho. 2. Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia o auto impugnado y, en su caso, la devolución de los autos al Tribunal de instancia o la resolución del litigio por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dentro de los términos en que apareciese planteado el debate. 3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación. Artículo 88. 1. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna: a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido. b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional. f)  Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial. g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general. h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas. i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. 3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo: a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente. d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Artículo 89. 1. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido. 2. El escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan: a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna. b) Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas. c) Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello. d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir. e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea. f) Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedará firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabrá el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley. 4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 5. Si se cumplieran los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo Y, si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de remisión. 6. Contra el auto en que se tenga por preparado el recurso de casación, la parte recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero podrá oponerse a su admisión al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hiciere dentro del término del emplazamiento. Artículo 90. 1. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar, excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de treinta días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Con excepción del Presidente de la Sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial. 3. La resolución sobre la admisión o inadmisión del recurso adoptará la siguiente forma: a) En los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado. b) En los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquél se establecen. 4. Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias: a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada; b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación; c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabrá recurso alguno. 6. El Letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones procesales y el expediente administrativo recibidos. 7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-administrativo hará público, en la mencionada página web y en el «Boletín Oficial del Estado», el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución. 8. La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima. Artículo 91. 1. La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos. 2. La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 133.2 de esta Ley. 3. El Tribunal de instancia denegará la ejecución provisional cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. 4. Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Letrado de la Administración de Justicia dejara testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos previstos en este artículo. Artículo 92. 1. Admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia de la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dictará diligencia de ordenación en la que dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de treinta días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la Secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. Durante este plazo, las actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la Oficina judicial. 2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia declarará desierto el recurso, ordenando la devolución de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieran. Contra tal declaración sólo podrán interponerse los recursos que prevé el artículo 102 bis de esta Ley. 3. El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan: a) Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse a otra u otras no consideradas entonces, debiendo analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y b) Precisar el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita. 4. Si el escrito de interposición no cumpliera lo exigido en el apartado anterior, la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo competente para la resolución del recurso acordará oír a la parte recurrente sobre el incumplimiento detectado y, sin más trámites, dictará sentencia inadmitiéndolo si entendiera tras la audiencia que el incumplimiento fue cierto. En ella, impondrá a dicha parte las costas causadas, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima. 5. En otro caso, acordará dar traslado del escrito de interposición a la parte o partes recurridas y personadas para que puedan oponerse al recurso en el plazo común de treinta días. Durante este plazo estarán de manifiesto las actuaciones procesales y el expediente administrativo en la Oficina judicial. En el escrito de oposición no podrá pretenderse la inadmisión del recurso. 6. Transcurrido dicho plazo, háyanse presentado o no los escritos de oposición, la Sección competente para la decisión del recurso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes formulada por otrosí en los escritos de interposición u oposición, acordará la celebración de vista pública salvo que entendiera que la índole del asunto la hace innecesaria, en cuyo caso declarará que el recurso queda concluso y pendiente de votación y fallo. El señalamiento del día en que haya de celebrarse la vista o en que haya de tener lugar el acto de votación y fallo respetará la programación que, atendiendo prioritariamente al criterio de mayor antigüedad del recurso, se haya podido establecer. 7. Cuando la índole del asunto lo aconsejara, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de oficio o a petición de la mayoría de los Magistrados de la Sección antes indicada, podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y fallo tengan lugar ante el Pleno de la Sala. 8. La Sección competente, o el Pleno de la Sala en el caso previsto en el apartado anterior, dictará sentencia en el plazo de diez días desde que termine la deliberación para votación y fallo. Artículo 93. 1. La sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y, con arreglo a ella y a las restantes normas que fueran aplicables, resolverá las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá asimismo, cuando justifique su necesidad, ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación. 2. Si apreciara que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para el conocimiento de aquellas pretensiones, o que no lo era el órgano judicial de instancia, anulará la resolución recurrida e indicará, en el primer caso, el concreto orden jurisdiccional que se estima competente, con los efectos que prevé el artículo 5.3 de esta Ley, o remitirá, en el segundo, las actuaciones al órgano judicial que hubiera debido conocer de ellas. 3. En la resolución de la concreta controversia jurídica que es objeto del proceso, el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder. 4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.» Dos. Se suprimen las secciones 4.ª y 5.ª del capítulo III del título IV, integradas por los artículos 96 a 101. Tres. Se modifica el artículo 102, que queda redactado como sigue: «Artículo 102. 1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: a) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. b) Si hubiere recaído en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aquélla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después. c) Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. 2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. 3. En lo referente a legitimación, plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este procedimiento de revisión, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, sólo habrá lugar a la celebración de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario. 4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.» Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 108, con la siguiente redacción: «3. El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.» Cinco. Se modifica el artículo 139, que queda redactado como sigue: «Artículo 139. 1 En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. 2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. 3. En el recurso de casación se impondrán las costas de conformidad con lo previsto en el artículo 93.4. 4. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima. 5. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario. 6. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal. 7. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.» Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue: «Artículo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia. 1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. 2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados: a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.» Dos. Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue: «Artículo 115. Recusación. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusación. 1. Serán aplicables a la recusación de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades: a) Los Secretarios Judiciales no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados. b) La pieza de recusación se resolverá por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instrucción del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aquél designe.» Tres. Se modifica el artículo 116, que queda redactado como sigue: «Artículo 116. Informe del recusado. Presentado el escrito de recusación, el Secretario Judicial recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que éste dé cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusación.» Cuatro. Se modifica el artículo 117, que queda redactado como sigue: «Artículo 117. Aceptación de la recusación por el recusado. 1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el Secretario de Gobierno dictará decreto, sin más trámites y sin ulterior recurso, teniéndolo por recusado, si estima que la causa es legal. 2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarará no haber lugar a la recusación. Contra este decreto no se dará recurso alguno.» Cinco. Se modifica el artículo 118, que queda redactado como sigue: «Artículo 118. Oposición del recusado y sustanciación de la recusación. Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, si el instructor admitiere a trámite la recusación propuesta, el Secretario Coordinador ordenará la práctica, en el plazo de diez días, de la prueba solicitada que estime pertinente y útil, dándose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres días. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitirá al Secretario de Gobierno quien decidirá el incidente dentro de los cinco días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno.» Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 138, que queda redactado como sigue: «4. La relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Secretarios Judiciales velarán porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público, el primer día hábil de cada semana, la relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial, con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y número de procedimiento.» Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 140, que quedan redactados como sigue: «1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados. 2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Letrado de la Administración de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresión de su destinatario.» Ocho. Se modifica el artículo 147, que queda redactado como sigue: «Artículo 147. Documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido. Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario Judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el artículo anterior. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley así lo determine. El Secretario Judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.» Nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 212, que queda redactado como sigue: «2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.» Diez. Se modifica el artículo 266, que queda redactado como sigue: «Artículo 266. Documentos exigidos en casos especiales. Se habrán de acompañar a la demanda: 1.º Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda. 2.º Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere. 3.º El documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el Tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión. 4.º Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de la demanda.» Once. Se modifica el artículo 403, que queda redactado como sigue: «Artículo 403. Admisión y casos excepcionales de inadmisión de la demanda. 1. Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley. 2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.» Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 483, que queda redactado como sigue: «2. Procederá la inadmisión del recurso de casación: 1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable. 2.º Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley. 3.º Si el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar. Asimismo se inadmitirá el recurso en los casos del segundo párrafo del artículo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar. 4.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.» Trece. Se modifica el artículo 510, que queda redactado como sigue: «Artículo 510. Motivos. 1. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: 1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente. 3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. 4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. 2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.» Catorce. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue: «Artículo 511. Legitimación activa. Podrá solicitar la revisión quien hubiere sido parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.» Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 512, que queda redactado como sigue: «1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.» Disposición final quinta. Disposiciones con carácter de ley ordinaria y título competencial. 1. Tienen carácter de ley ordinaria las disposiciones adicionales segunda y quinta, y las disposiciones finales primera, tercera y cuarta. 2. La presente Ley Orgánica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administración de Justicia por el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, salvo las disposiciones finales primera, tercera y cuarta, que se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación procesal. Disposición final sexta. Normativa militar. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley. Disposición final séptima. Normativa procesal. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley de modificación de las leyes procesales que resulten necesarios para la adaptación a lo dispuesto en ella y aprobará las normas reglamentarias precisas para su desarrollo. Disposición final octava. Estatuto básico de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el Estatuto de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. En todo caso, y en lo que se refiere al régimen retributivo de estos Letrados, se estará a lo previsto al respecto en el artículo 23 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. Disposición final novena. Desarrollo reglamentario. El Consejo General del Poder Judicial procederá a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Disposición final décima. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán al año de su publicación. Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 21 de julio de 2015. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Los jueces podrán ampliar jubilación hasta los 72 años (ahora eran 70) y se suprimen los eméritos (hasta 75 años)

FELIPE VI REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. PREÁMBULO I La sociedad actual exige un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse que una Justicia eficaz, además de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratégico para la actividad económica de un país y contribuye de forma directa a un reforzamiento de la seguridad jurídica y, en paralelo, a la reducción de la litigiosidad. En esta línea, la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español. A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ciento dieciséis apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses. II En primer lugar, se introducen medidas como el encaje definitivo de la Jurisdicción Militar en el Poder Judicial y la eliminación del privilegio de presentación de ternas de que goza el Ministerio de Defensa para la designación de los Magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Se incluye, también, una previsión respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, estableciéndose que serán motivo suficiente para la interposición del recurso de revisión exclusivamente de la sentencia firme recaída en el proceso «a quo». Con ello se incrementa, sin lugar a dudas, la seguridad jurídica en un sector tan sensible como el de la protección de los derechos fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social, como proclama el artículo 10.1 de nuestra Constitución. También con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, se aborda un tema, como es la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta hoy de una regulación completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el órgano jurisdiccional y éstos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposición–. La autoridad de control de tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual está un Letrado de la Administración de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirán por la normativa existente en materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos. III Se incluye también un conjunto de medidas para lograr una mayor agilización y especialización en las respuestas judiciales, cuyo objetivo es doble: de un lado, acabar con los problemas de retraso que existen en algunos órganos jurisdiccionales y, de otro lado, incrementar la calidad de la respuesta ofrecida al ciudadano. De este modo, para conseguir una mayor flexibilidad en la organización judicial se introducen distintas medidas con las que se pretende alcanzar un mejor reparto de asuntos entre Juzgados, una resolución especializada de aquéllos que por su volumen exijan de respuestas específicas y una agilización de la instrucción de aquellas causas que por su complejidad así lo requieran. En primer lugar, se adoptan medidas en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció estos Juzgados como órganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carácter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulación inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, además, tramitan y resuelven otros procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales; esto permitirá asegurar la especialización que se pretendía en este ámbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. En segundo lugar, junto al clásico motivo relativo a que la buena administración de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos órganos de ámbito provincial. Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos. En tercer lugar, se introduce un recurso organizativo dirigido a dar respuesta a todas aquellas causas que, por distintas circunstancias, generan en ### RESUMEN: Los jueces podrán ampliar jubilación hasta los 72 años (ahora eran 70) y se suprimen los eméritos (hasta 75 años)

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2534-2012, promovido por doña Rosario Margarita Sanz Alonso, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Inés Leal Mora y bajo la dirección del Letrado don José Luis Romero Gómez, contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de 14 de febrero de 2012, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra dos acuerdos de 31 de enero de 2012, sobre solicitudes de comparecencia ante una comisión permanente. Ha comparecido la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Gloria Inés Leal Mora, en nombre y representación de doña Rosario Margarita Sanz Alonso, y bajo la dirección del Letrado don José Luis Romero Gómez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones parlamentarias que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de abril de 2012. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La recurrente, en su condición de Síndic del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, de conformidad con lo establecido en el art. 44 del Reglamento de las Cortes Valencianas, solicitó a la Mesa de las Cortes Valencianas, mediante escrito registrado el 2 de enero de 2012 con el núm. 12.577, la reunión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para que estudiara la comparecencia de dos exdirectores de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., con el fin de que explicaran su gestión al frente de la misma en lo que hacía referencia a su relación con el Instituto Nóos. El 4 de enero de 2012 formuló una segunda solicitud, registrada con el núm. 12.701, para que comparecieran el ex Presidente y el ex Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana con el fin de que explicaran el funcionamiento de las relaciones entre la Generalitat y el Instituto Nóos. La Mesa de la Cámara, mediante sendos acuerdos de 31 de enero de 2012, decidió no admitir a trámite dichas solicitudes, argumentando que ninguna de las personas cuya comparecencia se solicitaba ostentaba en ese momento responsabilidades que les hiciera competentes en la materia objeto de la misma ni en los extremos contenidos en la petición, poniendo de manifiesto que podía reformularse la solicitud dirigiéndola a las personas que en ese momento cuentan con competencia en la materia. b) La demandante de amparo, mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2012, interpuso recurso de reposición, argumentado que el apartado tercero de art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas permite solicitar la presencia de cualquier persona para informar sobre los aspectos consultados, sin limitarla a aquellas que ostentaran responsabilidades políticas en ese momento. La Mesa de las Cortes Valencianas, mediante resolución de 14 de febrero de 2012, ratificó los acuerdos impugnados, insistiendo en que el art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas debe interpretarse en el sentido de que es necesario que las personas públicas o privadas cuya comparecencia se solicita sean competentes por razón de la materia para atender el requerimiento en el momento en el que se produce, tal como se había venido interpretando en legislaturas anteriores. Igualmente, se reitera el ofrecimiento de reformular las peticiones de comparecencia dirigiéndolas a las personas que en ese momento tienen competencia en la materia. 3. La recurrente denuncia que se han vulnerado los derechos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE) y acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación (art. 14 CE). La recurrente argumenta que las solicitudes de comparecencia estaban dentro de la labor de control de la acción de gobierno, que forma parte del núcleo esencial del derecho a la participación en los asuntos públicos. También destaca que el razonamiento utilizado para rechazarlas es contrario al contenido del art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, ya que este precepto establece la posibilidad de requerir tanto «la presencia de los miembros del Consell, de las autoridades y los funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueron consultados» (apartado segundo) como «la presencia de otras personas con la misma finalidad» (apartado tercero). La recurrente pone de manifiesto que, además, se ha impedido a un órgano de la Cámara, la comisión a la que se dirigían las solicitudes, decidir sobre estas comparecencias, destacando que el objeto de las solicitudes era que la comisión se reuniera a los efectos de determinar si procedían dichas comparecencias. Concluye, por tanto, que la Mesa ha impedido a la comisión deliberar y votar sobre la solicitud realizada. La recurrente justifica que el recurso tiene especial transcendencia constitucional porque la decisión impugnada incumple la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sobre el derecho al ejercicio del cargo público con una interpretación reglamentaria contraria a la propia norma. Igualmente, incide en la relevancia social de la materia sobre la que versaba la iniciativa parlamentaria, como son las relaciones de la Generalitat y de una empresa pública con el Instituto Nóos que comportaron, sin seguir procedimientos legales regulares y transparentes, importantes pagos de fondos que supuestamente se desviaron para fines particulares. 4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir al Presidente de las Cortes Valencianas la remisión del testimonio de las actuaciones, acompañándose copia de la demanda a los efectos de su personación en el presente proceso. 5. La Secretaría de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 26 de abril de 2013, acordó tener por personado y parte a los servicios jurídicos de las Cortes Valencianas, y dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52 LOTC. 6. El Letrado de las Cortes Valencianas, mediante escrito registrado el 17 de junio de 2013, formuló sus alegaciones, solicitando la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, la denegación del amparo. Considera que el recurso debería ser inadmitido por carencia manifiesta de contenido constitucional, argumentando que la decisión impugnada no ha lesionado ningún derecho fundamental de la recurrente, y por falta de especial trascendencia constitucional, pues la Mesa de la Cámara no esté incumpliendo de forma reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional, como se acredita por el elevado número de iniciativas de distinta naturaleza que se han tramitado en relación con el objeto al que se referían las presentadas por la recurrente. En cuanto al fondo del derecho invocado, pone de manifiesto que la recurrente no ha realizado una lectura correcta del art. 44 del Reglamento de las Cortes Valencianas, pues de su apartado tercero se deduce que ha de existir una relación de adecuación entre la persona cuya comparecencia se pretende y su competencia por razón de la materia objeto del debate e información realizada, por lo que es ajustado a derecho inadmitir una solicitud de comparecencia referida a personas que no ostentan ningún cargo público en el momento de efectuar dicha solicitud. Igualmente, destaca que es un criterio que se viene siguiendo desde antiguo el considerar que las solicitudes de comparecencia de quienes fueran altos cargos o responsables políticos únicamente pueden tramitarse si se sustancian ante comisiones de estudio e investigación, pero no ante comisiones permanentes. El Letrado de las Cortes Valencianas también argumenta que la Mesa de las Cortes Valencianas ha tomado esta decisión dentro de sus atribuciones de ordenar y racionalizar el trabajo parlamentario, destacando que se han tramitado durante la presente legislatura más de 1.200 iniciativas en relación con el objeto de las solicitudes de comparecencia. Recuerda, además, que la doctrina constitucional confiere a los órganos rectores parlamentarios un margen de apreciación discrecional si las distintas iniciativas que se presentan cumplen con los requisitos formales previstos en los Reglamentos parlamentarios, señalando que los eventuales riesgos derivados de utilizar un criterio excesivamente amplio en relación con las comparecencias ante las comisiones justifican que sea la Mesa y no las comisiones respectivas la que resuelvan sobre este tipo de iniciativas con un criterio unitario. 7. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 7 de junio de 2013, interesa que se otorgue el amparo por la vulneración del derecho de la recurrente a ejercer sus funciones representativas (art. 23.2 CE) y que se anulen las resoluciones impugnadas con retroacción de las actuaciones para que se dicte otra más respetuosa con el derecho fundamental reconocido. Señala que, de conformidad con doctrina constitucional reiterada, las solicitudes de comparecencia, en cuanto estén reconocidas por el correspondiente Reglamento parlamentario, forman parte del ius in officium de los representantes y, por tanto, las eventuales decisiones de inadmisión deberán estar material y formalmente motivadas a fin de que no encubran un juicio de mera oportunidad política contrario al art. 23 CE. A ese respecto, el Ministerio Fiscal incide en que el art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas establece la posibilidad de que comparezcan autoridades y cargos públicos competentes por razón de la materia para que informen sobre lo que fueran consultados (apartado segundo) y, además, la de cualquier otra persona con la misma finalidad (apartado tercero), por lo que en las solicitudes de comparecencia de estos últimos no cabe exigir el requisito de ser competentes por razón de la materia, que queda reservado para las autoridades o cargos públicos. A partir de ello, concluye que la decisión de la Mesa de las Cortes Valencianas de negar la comparecencia de determinadas personas que ya no ostentan ningún cargo público evidencia que en el fondo subyace un sometimiento del ejercicio de las facultades de control otorgada por el Reglamento a razones de oportunidad política, lesionando el art. 23 CE. 8. La recurrente, en escrito registrado el 27 de mayo de 2013, presentó sus alegaciones, dando por reproducido su escrito de demanda. 9. Por providencia de 14 de noviembre de 2013, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si la decisión de la Mesa de las Cortes Valencianas por la que no se admitieron dos solicitudes para que se reuniera la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de la Cámara con el fin decidir sobre la comparecencias de determinadas personas que habían ejercido cargos públicos con anterioridad ha vulnerado el derecho de la recurrente al ejercicio de su función parlamentaria (art. 23.2 CE). La circunstancia de que se haya invocado el derecho a la igualdad (art. 14 CE), en relación con el art. 23.2 CE, no impide que el único parámetro de control sea, según el último artículo citado, el del derecho al ejercicio de la función parlamentaria, pues el derecho reconocido en el art. 14 CE debe entenderse subsumido en él (STC 44/2010, de 26 de julio, FJ 3). 2. Las causas de inadmisión aducidas por el Letrado de las Cortes Valencianas deben ser rechazadas. La manifiesta falta de contenido constitucional del recurso, al fundamentarse en la inexistencia de la lesión constitucional aducida por la recurrente, es una cuestión de fondo que en este momento procesal solo podría determinar, si se estimara que concurre, la denegación del amparo (STC 27/2011, de 14 de marzo, FJ 3). La alegación de la carencia de especial transcendencia constitucional tampoco puede ser aceptada. Al ser un requisito material de admisibilidad, el momento procesal idóneo para el análisis de su cumplimiento es el trámite de admisión de la demanda de amparo (STC 126/2013, de 3 de junio, FJ 2). En cualquier caso, este Tribunal afirmó en la STC 155/2009, de 25 de junio, que entre el elenco de supuestos en que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional están aquellos en que se «plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios» (FJ 2). Este recurso de amparo parlamentario tiene especial transcendencia constitucional al verse afectado, en los términos en que se desarrollará a continuación, una manifestación del derecho de representación política (art. 23.2 CE), como es el control de la acción de gobierno a través de solicitudes de comparecencias parlamentarias, cuyo contenido precisa ser perfilado. 3. Este Tribunal tiene declarado que el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) incorpora el derecho de los parlamentarios y de los grupos en que se integran a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad dentro de la legalidad parlamentaria. Este ius in officium [derecho al cargo] es definido como un derecho de configuración legal, en el sentido de que compete básicamente a los Reglamentos de las Cámaras fijar y ordenar los derechos y atribuciones que corresponden a los parlamentarios, de modo que, una vez reconocidos y configurados aquellos derechos y facultades, se integran en su estatus representativo. Igualmente, este Tribunal tiene declarado que cualquier infracción del estatuto del parlamentario no representa, por sí sola, una lesión del derecho fundamental, sino que para que se produzca una lesión con relevancia constitucional es necesario que queden afectados derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de la función representativa parlamentaria. Asimismo, se concluye que solo cabe apreciar vulneración del art. 23.2 CE si los órganos de las Asambleas impiden o coartan ilegítimamente el núcleo esencial de la función representativa o adoptan decisiones jurídicamente reprobables que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes (STC 119/2011, de 5 de julio, FJ 3). Este Tribunal, al analizar la relación entre las decisiones que pueden adoptar las Mesas de las Cámaras en el ejercicio de su potestad de calificación y de admisión a trámite de escritos, por una parte, y el ius in officium, por otra, declara que las Cámaras son el instrumento que sirve para el ejercicio del derecho de participación del ciudadano en los asuntos públicos por medio de representantes, no sus Mesas, que cumplen una función jurídico-técnica de ordenar y racionalizar el funcionamiento de las Cámaras para su mayor eficiencia como foro de debate y participación. De ese modo, afirma que es acorde con la Constitución atribuir a la Mesa de las Cámaras la función de controlar la regularidad legal de los escritos parlamentarios, siempre que ese examen, realizado en contraste con la regulación parlamentaria, no encubra un juicio sobre la oportunidad de la iniciativa en los casos en que este juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria. En este contexto, este Tribunal tiene declarado que el Reglamento parlamentario puede permitir que la Mesa extienda su examen de las iniciativas más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre que se refieran a iniciativas que vengan limitadas materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente; pero que si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal (STC 88/2012, de 7 de mayo, FJ 2). Finalmente, en estos casos «ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal, en concreto, en relación con el art. 23 CE … y que conlleva que al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental los actores jurídicos opten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de tales derechos» (STC 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3). El Tribunal Constitucional, al proyectar esta doctrina constitucional sobre las solicitudes de comparecencia ante el Pleno o las comisiones, declara que estas iniciativas, cuando aparecen previstas en el Reglamento de la Cámara, se integran en el ius in officium del representante y, además, en cuanto su finalidad sea el control del Gobierno, han de entenderse incluidas dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el art. 23.2 CE. Finalmente, se afirma que la Mesa de la Cámara, al decidir sobre la admisión de la iniciativa de comparecencias para controlar la labor de gobierno, no puede desconocer que aquella es una manifestación del ejercicio del derecho del parlamentario que la formula y que, por ello, cualquier rechazo arbitrario o no motivado conlleva una lesión de este derecho (STC 33/2010, de 19 de julio, FJ 5). 4. Los hechos que han dado lugar al presente recurso de amparo, tal como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, consisten en que la recurrente, en su condición de Síndic de un grupo parlamentario solicitó a la Mesa de las Cortes Valencianas que acordara la reunión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda con el objeto de estudiar y pronunciarse sobre las comparecencias de determinadas personas que ocupaban o habían ocupado cargos públicos para que dieran explicaciones acerca de las relaciones de una empresa pública y de la Generalitat Valenciana con el Instituto Nóos. La Mesa de la Cortes no admitió las solicitudes relativas a las personas que ya no ejercían los correspondientes cargos en el momento de la solicitud argumentando que, de acuerdo con una interpretación del art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas que venía siendo aplicada de antiguo, era preciso que las personas cuya comparecencia se interesaba ostentaran en el momento actual responsabilidades que las hicieran competentes en la materia objeto de la solicitud, y que las posibilidades de comparecencia de quienes ya habían cesado en sus responsabilidades políticas quedaban limitadas a las comisiones de estudio e investigación. En todo caso, se ofrecía la facultad de volver a formular las propuestas de comparecencia dirigiéndola a las personas que en ese momento ostentaran las responsabilidades del cargo. 5. El art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, en la parte que afecta a este recurso de amparo, dice lo siguiente: «Las comisiones, por medio del Presidente o Presidenta de Les Corts, podrán: … Segundo: Requerir la presencia ante ellas de los miembros del Consell, altos cargos de la administración de la Generalitat, así como autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueran consultados. Tercero: Solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad.» La interpretación efectuada por la Mesa de las Cortes Valencianas de este precepto no puede considerarse, de acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal, respetuosa con el contenido esencial del art. 23.2 CE. Se funda en una comprensión restrictiva de las posibilidades de solicitud de comparecencia ante las comisiones permanentes que no respeta adecuadamente el núcleo esencial del derecho de representación política, por cuanto supone formular un juicio sobre la improcedencia de la comparecencia que no puede admitirse que tenga amparo en el texto del Reglamento de la Cámara ni, en consecuencia, que responda a una interpretación más favorable de la eficacia del derecho fundamental en juego. En efecto, la interpretación del art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas sostenida en las resoluciones impugnadas se funda en la existencia de una prohibición general de que puedan comparecer ante las comisiones permanentes de las Cortes Valencianas autoridades o cargos públicos que hayan cesado en sus funciones cuando sean consultados sobre materias respecto de las que ejercieron funciones públicas en el pasado. Esta prohibición genérica aplicada por la Mesa comporta una restricción carente de cobertura en el Reglamento de la Cámara o, cuando menos, ajena a una interpretación del mismo más favorable a la eficacia del derecho fundamental del art. 23.2 CE, de las posibilidades de control de la acción de gobierno por medio de la comparecencia de personas que, aun no ocupando en ese momento el cargo correspondiente, puedan ser consultadas sobre decisiones que adoptaron o ejecutaron en el ejercicio de una función pública. Esta restricción no puede verse compensada, como se defiende en las resoluciones impugnadas, con la posibilidad de que comparezcan aquellas autoridades o cargos públicos a las que en ese momento corresponda la responsabilidad en la materia, toda vez que pueden no estar en mejor condición para informar sobre lo que sean consultadas que aquellas otras personas que tuvieron una relación directa con los hechos o asuntos objeto de consulta. La expresada restricción no puede basarse en la existencia de un uso parlamentario consolidado, pues (a) ese uso no ha sido demostrado en el recurso, ya que solo se cita por el Letrado de las Cortes Valencianas una resolución de la misma legislatura en que se sigue ese criterio, y otra de la legislatura anterior en que la razón fundamental de la no-admisión de la solicitud de comparecencia fue que los cargos a que se refería no eran competentes en la materia; y (b) este Tribunal tiene declarado que los usos parlamentarios no pueden esgrimirse en contra de lo dispuesto por los Reglamentos de las Cámaras (entre otras, STC 90/2005, de 18 de abril, FJ 6). Por otra parte, no hay razón para entender que, cuando el Reglamento de las Cortes Valencianas prevé la facultad de solicitar la presencia de otras personas –distintas de los cargos públicos con competencias en la materia– «con la misma finalidad», impida la comparecencia de personas que no tengan competencias actuales en la materia, pero las hayan ejercido por haber ostentado con anterioridad el cargo público correspondiente. Este Tribunal, en la STC 177/2002, FJ 6, ha interpretado el art. 44.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados (de redacción muy similar al art. 44.1, segundo, del Reglamento de las Cortes Valencianas, sobre la comparecencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la comisión) en el sentido de que impide a la Mesa excluir la comparecencia del presidente de una empresa privada en relación con hechos sucedidos con anterioridad cuando la empresa era pública. Por tanto, la interpretación del art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas efectuada por la Mesa no puede considerarse respetuosa con el derecho que confiere el art. 23.2 CE a la recurrente, puesto que supone una restricción contraria a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara o, cuando menos, a una interpretación del mismo más favorable a la eficacia del ius in officium de la Diputada recurrente de las facultades de control de la acción de gobierno por imposibilitar con carácter general y sin excepción la comparecencia ante las comisiones permanentes de cualquier autoridad o cargo público que ya hubiera cesado en su cargo para ser consultado sobre cualquier aspecto relacionado con su ejercicio. En resolución, la decisión de no-admisión impugnada, al efectuar una interpretación inadecuada de los preceptos reglamentarios aplicables, ha imposibilitado, lesionando con ello el art. 23.2 CE, que la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, como órgano que debía estudiar la solicitud de comparecencia, cumpliera las funciones que le encomienda el Reglamento de decidir de acuerdo con su criterio sobre la iniciativa planteada. 6. El otorgamiento del amparo tiene lugar durante la misma legislatura en la que ha acontecido la vulneración denunciada. Por tanto, el restablecimiento del derecho de la recurrente impone la anulación de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones para que la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de su función de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias, adopte una nueva decisión respetuosa con el derecho fundamental vulnerado sobre la calificación y admisión o no a trámite de las solicitudes de comparecencia presentadas por la demandante de amparo, correspondiendo a la comisión competente por razón de la materia, en caso de admitirse las referidas iniciativas parlamentarias, decidir si recaba o no dichas solicitudes de comparecencia. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por doña Rosario Margarita Sanz Alonso y, en consecuencia: 1.º Reconocer su derecho a la participación política (art. 23.2 CE). 2.º Declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa de las Cortes Valencianas de 31 de enero de 2012, por el que se inadmiten las iniciativas sobre comparecencias registradas con los núm. 12.577 y 12.701, y de la resolución de 14 de febrero de 2012, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra esos acuerdos. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento anterior a los acuerdos de 31 de enero de 2012, para que la Mesa de las Cortes Valencianas adopte nuevas resoluciones respetuosas con el derecho fundamental reconocido. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara respecto a la Sentencia de la Sala Primera de fecha 18 de noviembre de 2013 dictada en el recurso de amparo núm. 2534-2012 En el ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la propuesta de la mayoría dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta ya de manifiesto durante la deliberación de la Sentencia, tanto respecto de la fundamentación jurídica como del fallo. 1. Considero de particular importancia que este Tribunal respete su obligada autocontención respecto a la legítima actividad de los poderes sometidos a su control de constitucionalidad. Suscribo, como es lógico, el reconocimiento del «derecho de los parlamentarios y de los grupos en que se integran a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad dentro de la legalidad parlamentaria», al que se alude en el fundamento jurídico 3, y la afirmación de que «compete básicamente a los Reglamentos de las Cámaras fijar y ordenar» su ejercicio. Igualmente comparto que «para que se produzca una lesión con relevancia constitucional es necesario que queden afectados derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de la función representativa parlamentaria» y «que solo cabe apreciar vulneración del art. 23.2 CE si los órganos de las Asambleas impiden o coartan ilegítimamente el núcleo esencial de la función representativa»; ninguna de estas circunstancias estimo que se haya producido en modo alguno en el presente caso. Entiendo que la Mesa de las Cortes Valencianas ha cumplido correctamente su función al llevar a cabo la interpretación de su Reglamento, que le compete; este Tribunal no puede, sin extralimitarse, asumirla. 2. Pertenece a esa función de la Mesa, sin implicar por ello vulneración del contenido esencial del art. 23.2 CE, la interpretación del artículo 44.1 del Reglamento de la Cámara, «que venía siendo aplicada de antiguo» según se constata en el fundamento jurídico 4. Admitiendo la posibilidad de comparecencia de «autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueran consultados», ha venido rechazando las solicitudes de comparecencia para ejercer control parlamentario en comisión dirigidas a «personas que ya no ejercían los correspondientes cargos en el momento de la solicitud», limitando dicha posibilidad –con toda lógica, a mi modo de ver– «a las comisiones de estudio e investigación»; a la vez dejaba abierta la posibilidad de «volver a formular las propuestas de comparecencia dirigiéndola a las personas que en ese momento ostentaran las responsabilidades del cargo». La interpretación de la referencia en el epígrafe tercero de dicho artículo a la posibilidad de «solicitar la presencia de otras personas con la misma finalidad», en el sentido de considerarla aplicable también a quienes desempeñaron cargos en aquellos casos en los que el actual titular no se muestre en condiciones de satisfacer algún concreto requerimiento informativo, no puede pues en rigor estimarse como «una prohibición general de que puedan comparecer ante las comisiones permanentes de las Cortes Valencianas autoridades o cargos públicos que hayan cesado en sus funciones cuando sean consultados sobre materias respecto de las que ejercieron funciones públicas en el pasado». Podrá sin duda considerarse más o menos generosa la forma de llevarla a la práctica, pero en modo alguno implica –a mi juicio– vulneración de un derecho fundamental; no existe ninguno que obligue a que la ordinaria actividad de control parlamentario tenga necesariamente alcance idéntico a la prevista para específicas comisiones de estudio o de investigación. No es función de este Tribunal organizar como considere más adecuado el trabajo de las Cámaras parlamentarias. 3. No puedo estar, en consecuencia, de acuerdo tampoco con la afirmación del fundamento jurídico 5 de que dicha interpretación suponga «formular un juicio sobre la improcedencia de la comparecencia que no puede admitirse que tenga amparo en el texto del Reglamento de la Cámara»; ni, menos aún, con que la legítima interpretación de una norma pueda equipararse a «usos parlamentarios», que –como es lógico– no podrían «esgrimirse en contra de lo dispuesto por los Reglamentos de las Cámaras». 4. Un adecuado entendimiento de la función de control que a este Tribunal corresponde debería haber conducido en este caso a denegar el amparo solicitado por la demandante. Por todo ello me veo obligado a emitir mi Voto particular. Madrid, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.–Andrés Ollero Tassara.–Firmado y rubricado.

La sentencia del TC que dio la razón a EUPV para que Camps de explicaciones sobre Ciudad de las artes y las ciencias

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; don Luis Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares y don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2534-2012, promovido por doña Rosario Margarita Sanz Alonso, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Gloria Inés Leal Mora y bajo la dirección del Letrado don José Luis Romero Gómez, contra la resolución de la Mesa de las Cortes Valencianas de 14 de febrero de 2012, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra dos acuerdos de 31 de enero de 2012, sobre solicitudes de comparecencia ante una comisión permanente. Ha comparecido la Mesa de las Cortes Valencianas, representada por su Letrado Mayor. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Gloria Inés Leal Mora, en nombre y representación de doña Rosario Margarita Sanz Alonso, y bajo la dirección del Letrado don José Luis Romero Gómez, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones parlamentarias que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia, mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de abril de 2012. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) La recurrente, en su condición de Síndic del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, de conformidad con lo establecido en el art. 44 del Reglamento de las Cortes Valencianas, solicitó a la Mesa de las Cortes Valencianas, mediante escrito registrado el 2 de enero de 2012 con el núm. 12.577, la reunión de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para que estudiara la comparecencia de dos exdirectores de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., con el fin de que explicaran su gestión al frente de la misma en lo que hacía referencia a su relación con el Instituto Nóos. El 4 de enero de 2012 formuló una segunda solicitud, registrada con el núm. 12.701, para que comparecieran el ex Presidente y el ex Conseller de Economía de la Generalitat Valenciana con el fin de que explicaran el funcionamiento de las relaciones entre la Generalitat y el Instituto Nóos. La Mesa de la Cámara, mediante sendos acuerdos de 31 de enero de 2012, decidió no admitir a trámite dichas solicitudes, argumentando que ninguna de las personas cuya comparecencia se solicitaba ostentaba en ese momento responsabilidades que les hiciera competentes en la materia objeto de la misma ni en los extremos contenidos en la petición, poniendo de manifiesto que podía reformularse la solicitud dirigiéndola a las personas que en ese momento cuentan con competencia en la materia. b) La demandante de amparo, mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2012, interpuso recurso de reposición, argumentado que el apartado tercero de art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas permite solicitar la presencia de cualquier persona para informar sobre los aspectos consultados, sin limitarla a aquellas que ostentaran responsabilidades políticas en ese momento. La Mesa de las Cortes Valencianas, mediante resolución de 14 de febrero de 2012, ratificó los acuerdos impugnados, insistiendo en que el art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas debe interpretarse en el sentido de que es necesario que las personas públicas o privadas cuya comparecencia se solicita sean competentes por razón de la materia para atender el requerimiento en el momento en el que se produce, tal como se había venido interpretando en legislaturas anteriores. Igualmente, se reitera el ofrecimiento de reformular las peticiones de comparecencia dirigiéndolas a las personas que en ese momento tienen competencia en la materia. 3. La recurrente denuncia que se han vulnerado los derechos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE) y acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2 CE), en relación con el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación (art. 14 CE). La recurrente argumenta que las solicitudes de comparecencia estaban dentro de la labor de control de la acción de gobierno, que forma parte del núcleo esencial del derecho a la participación en los asuntos públicos. También destaca que el razonamiento utilizado para rechazarlas es contrario al contenido del art. 44.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas, ya que este precepto establece la posibilidad de requerir tanto «la presencia de los miembros del Consell, de las autoridades y los funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueron consultados» (apartado segundo) como «la presencia de otras personas con la misma finalidad» (apartado tercero). La recurrente pone de manifiesto que, además, se ha impedido a un órgano de la Cámara, la comisión a la que se dirigían las solicitudes, decidir sobre estas comparecencias, destacando que el objeto de las solicitudes era que la comisión se reuniera a los efectos de determinar si procedían dichas comparecencias. Concluye, por tanto, que la Mesa ha impedido a la comisión deliberar y votar sobre la solicitud realizada. La recurrente justifica que el recurso tiene especial transcendencia constitucional porque la decisión impugnada incumple la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sobre el derecho al ejercicio del cargo público con una interpretación reglamentaria contraria a la propia norma. Igualmente, incide en la relevancia social de la materia sobre la que versaba la iniciativa parlamentaria, como son las relaciones de la Generalitat y de una empresa pública con el Instituto Nóos que comportaron, sin seguir procedimientos legales regulares y transparentes, importantes pagos de fondos que supuestamente se desviaron para fines particulares. 4. La Sala Primera de este Tribunal, por providencia de 8 de abril de 2013, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), requerir al Presidente de las Cortes Valencianas la remisión del testimonio de ### RESUMEN: La sentencia del TC que dio la razón a EUPV para que Camps de explicaciones sobre Ciudad de las artes y las ciencias

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de febrero de 2014. Madrid, 3 de abril de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

Ejecución presupuestaria para el mes de febrero de 2014

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de febrero de 2014. Madrid, 3 de abril de 2014.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. ### RESUMEN: Ejecución presupuestaria para el mes de febrero de 2014

Visto el expediente de indulto de doña María Pilar Marcos Rubio, condenada por la Audiencia Provincial de Navarra, sección segunda, en sentencia de 2 de marzo de 2012, como autora de un delito de homicidio, a la pena de tres años de prisión, accesorias de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, por hechos cometidos en el año 2009, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2012, Vengo en conmutar a doña María Pilar Marcos Rubio la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Ministro de Justicia, ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Indulto a María Pilar Marcos Rubio, mujer navarra maltratada que mató a su marido

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