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En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración de las previstas en el apartado número 5 del indicado precepto, se efectúa la misma mediante el presente anuncio:
Resolución del Director de la AECID, de 9 de octubre de 2014, por la que se desestima la solicitud de inscripción en el Registro de ONGD de la entidad FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Antonio Díaz Cañabate, 10 – 28007 Madrid.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta el presente acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de este orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en el Registro de ONGD de la AECID, c/ Beatriz de Bobadilla, 18 - 28040 Madrid.
Madrid, 21 de octubre de 2014.- La Jefe del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Guadalupe Rubio Pinillos. | Desestimada la solicitud de inscripción en el registro de ONGD de la fundación internacional Bartasar Garzón. | En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración de las previstas en el apartado número 5 del indicado precepto, se efectúa la misma mediante el presente anuncio:
Resolución del Director de la AECID, de 9 de octubre de 2014, por la que se desestima la solicitud de inscripción en el Registro de ONGD de la entidad FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Antonio Díaz Cañabate, 10 – 28007 Madrid.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta el presente acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales de este orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en el Registro de ONGD de la AECID, c/ Beatriz de Bobadilla, 18 - 28040 Madrid.
Madrid, 21 de octubre de 2014.- La Jefe del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Guadalupe Rubio Pinillos.
### RESUMEN: Desestimada la solicitud de inscripción en el registro de ONGD de la fundación internacional Bartasar Garzón. |
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes y Serve Athletes, SL, para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento en el marco del Programa de Atención al Deportista (PROAD).
Madrid, 5 de abril de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo.
ANEXO I
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la empresa Serve Athletes, SL, para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento en el marco del Programa de Atención al Deportista (PROAD)
Madrid, 24 de marzo de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Soler Sicilia, Director General de Deportes, nombrado por Real Decreto 318/2021, de 5 de mayo, en nombre y representación del Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD), con domicilio en calle Martín Fierro, 5, 28040 Madrid, en virtud de lo establecido en la letra c) del apartado primero de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se delegan competencias.
Por otra parte, don Marcos Garzo Tusquets en calidad de Administrador único de Serve Athletes, SL, con CIF B42772020 y con sede social en la calle Bonavista, 29, 1-1 de Sant Just Desvern-Barcelona.
Ambos se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente y necesaria para obligar a sus respectivas entidades y manifiestan tener vigentes sus poderes y ser suficientes para obligar a sus representadas, y
EXPONEN
I. Que el apartado 2 del artículo 10 del Real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, permite al Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD) la suscripción de Convenios con empresas y otros entes e instituciones, con el fin de facilitar a los y las deportistas de alto nivel las condiciones para compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.
II. Que para llevar a efecto los dictámenes de la normativa, se crea en el seno del CSD un Programa de Atención al y a la Deportista (en adelante, PROAD), cuyo objetivo es la creación de una estructura que dé soporte a los y las deportistas de alto nivel para facilitar la conciliación de su vida deportiva y su actividad formativa, favoreciendo la transición socio-laboral al finalizar su carrera deportiva.
III. Que Sporttips es una innovadora plataforma tecnológica que conecta a una comunidad inclusiva y diversa de deportistas, con un ecosistema de los mejores especialistas y servicios de confianza, avalados por atletas de élite. Es una plataforma de deportistas para deportistas, con el propósito de ser tu mejor mentor para facilitar, aconsejar y acompañar en todos los diferentes ámbitos de la vida de un deportista, desde el rendimiento deportivo hasta la salud, educación y la gestión.
IV. Que como parte de su política de responsabilidad social corporativa, la empresa Serve Athletes, SL, y su innovadora plataforma tecnológica Sporttips quiere participar y colaborar con el PROAD, potenciando así el traslado de los valores inherentes al mundo del deporte en el marco del mercado del trabajo, y contribuyendo además a la incorporación al mismo de deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como a la mejora de su empleabilidad en el sector privado.
V. En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan formalizar este Convenio, el cual se regirá por los siguientes
ACUERDOS
Primero. Objetivo del Convenio.
El objetivo de este Convenio consiste en sentar, dentro del PROAD, las bases de la colaboración entre el CSD y Serve Athletes, SL, que permitan desarrollar y aprovechar las sinergias que puedan existir entre ambas entidades, posibilitando así la mejora de la empleabilidad y, en su caso, la inserción laboral de los deportistas profesionales vinculados al CSD.
Segundo. Duración.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal (REOICO). Así mismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» permaneciendo vigente durante dos años desde su publicación en el BOE.
Tercero. Compromisos de las partes.
3.1 Compromisos de Serve Athletes, SL.
3.1.1 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar a la inserción laboral de los deportistas mediante la plataforma tecnológica Sporttips y el servicio colaborador del Headhunter «Sportalent» especializado en la industria del deporte.
3.1.2 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar a promocionar y difundir los proyectos profesionales de «deportistas para deportistas» en el Marketplace de servicios de Sporttips (incluidas fundaciones con proyectos vinculados al deporte) con el objetivo de darles visibilidad en la plataforma y facilitar el crecimiento de su negocio en la industria del deporte.
3.1.3 Serve Athletes, SL, se compromete a ofrecer un descuento del 15 % en la contratación de servicios para deportistas en el Marketplace de Sporttips para toda la comunidad del CSD (deportistas de alto nivel y alto rendimiento del PROAD, ex deportistas de alto nivel y personal del CSD).
3.1.4 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar en la búsqueda de patrocinadores mediante las agencias de patrocinio que colaboren con la plataforma tecnológica Sporttips.
3.1.5 Serve Athletes, SL, se compromete a apoyar a la comunidad de deportistas paralímpicos y exparalímpicos mediante la plataforma tecnológica Sporttips.
3.1.6 Asimismo, independientemente de lo anterior, Serve Athletes, SL, se compromete a:
1. Informar al CSD, a la mayor brevedad, de los cambios que puedan alterar sustancialmente su relación con el PROAD.
2. Serve Athletes, SL, se comportará en todo momento con la debida diligencia y respetará en todo momento la imagen del PROAD.
3.2 Compromisos del CSD.
3.2.1 El CSD cederá a Serve Athletes, SL, una vez al año, el uso una sala disponible para llevar a cabo una reunión interna o una actividad del equipo de empresa en la fecha y horario previamente acordado con el PROAD, previo otorgamiento de la correspondiente autorización demanial, y siempre que la situación epidemiológica a causa de la COVID-19 lo permita.
Cualquier otro gasto vinculado a la cesión de este espacio, será a cargo de Serve Athletes, SL.
3.2.2 El CSD se compromete a anunciar en su página web la noticia de colaboración con Serve Athletes, SL, y su innovadora plataforma tecnológica que conecta a una comunidad de deportistas con un ecosistema de servicios de confianza, avalados por deportistas de élite.
3.2.3 El CSD, mediante el PROAD, se compromete a informar de la existencia de la plataforma SPORTTIPS para toda su comunidad de deportistas y exdeportista de alto nivel y alto rendimiento mediante correo informativo en la comunidad CSD, tres veces al año.
3.2.4 El CSD, mediante el PROAD, se compromete a realizar el seguimiento del cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de la empresa adquiridos en virtud del presente Convenio y de mantener informada a la empresa de las actividades que se realicen en el marco del PROAD.
Cuarto. Publicidad.
Serve Athletes, SL, podrá utilizar en sus comunicaciones el logotipo del CSD previa autorización del Centro.
De igual modo, el CSD, mediante el PROAD, podrá incluir en sus comunicaciones el logotipo de Sporttips como plataforma digital colaboradora del CSD, previa autorización de Serve Athletes, SL,
Los derechos de imagen y uso del nombre y logotipo del CSD son propiedad exclusiva del Centro. Serve Athletes, S.L, no podrá utilizar la imagen (nombre y logotipo) para finalidades distintas a las pactadas en el presente Convenio.
En todas las actuaciones que Serve Athletes, SL, lleve a cabo en ejecución de esta colaboración, velará por difundir o mencionar la colaboración con el CSD, identificándolo siempre que sea posible con su logotipo, y con el programa PROAD.
Quinto. Relación entre las partes.
Las partes acuerdan que este Convenio no crea ninguna dependencia, participación o asociación entre las partes y que ninguna de las partes contraerá ninguna obligación en representación de la otra, sin el previo consentimiento por escrito de esta última.
Sexto. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
Ambas partes se obligan al cumplimiento de todo lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y de la legislación complementaria, en todo lo que les sea aplicable en virtud de la presente colaboración.
En este sentido, ambas partes se obligan a guardar estricto secreto de toda aquella información a la que tengan acceso ya dar cumplimiento de todas aquellas medidas técnicas y organizativas que se establezcan para garantizar la confidencialidad e integridad de la información, y velarán por que sus trabajadores y los de las empresas subcontratadas tengan conocimiento y cumplan con estas mismas obligaciones. Estas obligaciones subsistirán incluso después de finalizar y extinguirse este Convenio.
Asimismo, ambas partes se comprometen a utilizar la información obtenida en virtud de este acuerdo únicamente para su cumplimiento, no pudiendo ceder estos datos ni facilitarlos a terceros, salvo autorización expresa y escrita de la otra parte.
Séptimo. Modificación y extinción.
El presente Convenio podrá ser modificado por voluntad de ambas partes, mediante la suscripción del oportuno acuerdo de modificación, siempre y cuando se formalice antes de la finalización del plazo de duración del mismo. En todo caso, las modificaciones pactadas así como los términos en los que éstas tomen cuerpo, se incorporarán como Adenda al presente Convenio y se tramitarán siempre de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público; y siempre sin sobrepasar el límite temporal establecido en la mencionada norma, tal como se recoge en el párrafo anterior.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio por causa justificada o por incumplimiento, comunicándolo a la otra por escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga; existiendo la posibilidad de subsanación por la otra parte firmante de las eventuales deficiencias observadas.
El Convenio se extinguirá por:
1. El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por otra causa debidamente fundamentada por alguna de las partes firmantes.
Octavo. Transparencia y acceso a la información pública.
El Convenio suscrito se pondrá a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de Transparencia en aplicación de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.
Noveno. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución.
Con el fin de coordinar el desarrollo de esta colaboración, cada una de las partes designa a un interlocutor responsable de canalizar toda la información relativa al desarrollo y operatividad de este Convenio, que serán:
– Por parte de Serve Athletes, SL: La persona designada por el responsable de la entidad.
– Por parte del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD): La persona al cargo del citado Programa.
Ambas partes se reunirán, como mínimo, una vez al semestre para supervisar el desarrollo de la colaboración en todos los ámbitos. Para ello, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento con representantes de ambas partes.
La Comisión de Seguimiento deberá evaluar los resultados de la cooperación desarrollada, analizar y aprobar las propuestas para su ejecución, revisar las áreas prioritarias, evaluar otras formas de colaboración, así como proponer acciones específicas que desarrollen el presente Convenio y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. La Comisión elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas instituciones.
Décimo. Resolución de controversias.
Las controversias entre las partes firmantes y el conocimiento de las mismas, en caso de litigio judicial se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad con los términos que anteceden y para que así conste, firman las partes el presente documento en la fecha consignada en la firma digital de la última de las partes en firmar el documento.–El Director General de Deportes, Albert Soler Sicilia.–El Administrador Serve Athletes, SL, Marcos Garzo Tusquets. | El CSD publicitará un servicio privado en su web, y por mail 3 veces al año, a cambio de 15% de descuento para sus miembros y otras cosillas.
| De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes y Serve Athletes, SL, para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento en el marco del Programa de Atención al Deportista (PROAD).
Madrid, 5 de abril de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco Pardo.
ANEXO I
Convenio entre el Consejo Superior de Deportes y la empresa Serve Athletes, SL, para la realización de acciones conjuntas que faciliten la formación e inserción laboral de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento en el marco del Programa de Atención al Deportista (PROAD)
Madrid, 24 de marzo de 2022.
REUNIDOS
De una parte, don Alberto Soler Sicilia, Director General de Deportes, nombrado por Real Decreto 318/2021, de 5 de mayo, en nombre y representación del Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD), con domicilio en calle Martín Fierro, 5, 28040 Madrid, en virtud de lo establecido en la letra c) del apartado primero de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se delegan competencias.
Por otra parte, don Marcos Garzo Tusquets en calidad de Administrador único de Serve Athletes, SL, con CIF B42772020 y con sede social en la calle Bonavista, 29, 1-1 de Sant Just Desvern-Barcelona.
Ambos se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente y necesaria para obligar a sus respectivas entidades y manifiestan tener vigentes sus poderes y ser suficientes para obligar a sus representadas, y
EXPONEN
I. Que el apartado 2 del artículo 10 del Real decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, permite al Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD) la suscripción de Convenios con empresas y otros entes e instituciones, con el fin de facilitar a los y las deportistas de alto nivel las condiciones para compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.
II. Que para llevar a efecto los dictámenes de la normativa, se crea en el seno del CSD un Programa de Atención al y a la Deportista (en adelante, PROAD), cuyo objetivo es la creación de una estructura que dé soporte a los y las deportistas de alto nivel para facilitar la conciliación de su vida deportiva y su actividad formativa, favoreciendo la transición socio-laboral al finalizar su carrera deportiva.
III. Que Sporttips es una innovadora plataforma tecnológica que conecta a una comunidad inclusiva y diversa de deportistas, con un ecosistema de los mejores especialistas y servicios de confianza, avalados por atletas de élite. Es una plataforma de deportistas para deportistas, con el propósito de ser tu mejor mentor para facilitar, aconsejar y acompañar en todos los diferentes ámbitos de la vida de un deportista, desde el rendimiento deportivo hasta la salud, educación y la gestión.
IV. Que como parte de su política de responsabilidad social corporativa, la empresa Serve Athletes, SL, y su innovadora plataforma tecnológica Sporttips quiere participar y colaborar con el PROAD, potenciando así el traslado de los valores inherentes al mundo del deporte en el marco del mercado del trabajo, y contribuyendo además a la incorporación al mismo de deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como a la mejora de su empleabilidad en el sector privado.
V. En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan formalizar este Convenio, el cual se regirá por los siguientes
ACUERDOS
Primero. Objetivo del Convenio.
El objetivo de este Convenio consiste en sentar, dentro del PROAD, las bases de la colaboración entre el CSD y Serve Athletes, SL, que permitan desarrollar y aprovechar las sinergias que puedan existir entre ambas entidades, posibilitando así la mejora de la empleabilidad y, en su caso, la inserción laboral de los deportistas profesionales vinculados al CSD.
Segundo. Duración.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal (REOICO). Así mismo, será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado» permaneciendo vigente durante dos años desde su publicación en el BOE.
Tercero. Compromisos de las partes.
3.1 Compromisos de Serve Athletes, SL.
3.1.1 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar a la inserción laboral de los deportistas mediante la plataforma tecnológica Sporttips y el servicio colaborador del Headhunter «Sportalent» especializado en la industria del deporte.
3.1.2 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar a promocionar y difundir los proyectos profesionales de «deportistas para deportistas» en el Marketplace de servicios de Sporttips (incluidas fundaciones con proyectos vinculados al deporte) con el objetivo de darles visibilidad en la plataforma y facilitar el crecimiento de su negocio en la industria del deporte.
3.1.3 Serve Athletes, SL, se compromete a ofrecer un descuento del 15 % en la contratación de servicios para deportistas en el Marketplace de Sporttips para toda la comunidad del CSD (deportistas de alto nivel y alto rendimiento del PROAD, ex deportistas de alto nivel y personal del CSD).
3.1.4 Serve Athletes, SL, se compromete a ayudar en la búsqueda de patrocinadores mediante las agencias de patrocinio que colaboren con la plataforma tecnológica Sporttips.
3.1.5 Serve Athletes, SL, se compromete a apoyar a la comunidad de deportistas paralímpicos y exparalímpicos mediante la plataforma tecnológica Sport
### RESUMEN: El CSD publicitará un servicio privado en su web, y por mail 3 veces al año, a cambio de 15% de descuento para sus miembros y otras cosillas.
|
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Manuel Núñez Pérez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | La medalla para Manuel Nuñez Pérez | En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Manuel Núñez Pérez, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre de 2013,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
### RESUMEN: La medalla para Manuel Nuñez Pérez |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de marzo de 2022, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Acuerdo por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 4 de marzo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEXO
Acuerdo por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía
I
El artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, reconoce el derecho de todos los consumidores al suministro de productos derivados del petróleo en el territorio nacional, en las condiciones previstas por dicha ley y por sus normas de desarrollo y dispone una serie de medidas para garantizar dicho suministro.
El citado artículo 49, así como el artículo 39 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (CORES), prevén que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, en situación de escasez de suministro de productos petrolíferos, incluida una decisión internacional efectiva de movilización de reservas, podrá adoptar una serie de medidas para garantizar el abastecimiento del mercado petrolífero y ordenar el sometimiento de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las estratégicas, a un régimen de intervención bajo control directo de CORES, entidad central de almacenamiento de España tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con objeto de inducir la más adecuada utilización de los recursos disponibles.
Por otra parte, España, como miembro signatario del Programa Internacional de Energía de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo multilateral de la OCDE, ha de cumplir con la obligación de mantener 90 días de reservas de crudo y productos petrolíferos para que, en caso de una interrupción en el suministro, puedan ser puestas a consumo mediante su liberación en el mercado, previa decisión de los estados miembro de la AIE como parte de una actuación colectiva. Del mismo modo, nuestro país, como miembro de la Unión Europea, está obligado a cumplir la normativa comunitaria en materia de seguridad de suministro que fundamentalmente emana de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos, equivalente a 90 días de importaciones netas o 61 días de consumo (el que sea más alto). La citada directiva, en su artículo 20, apartado 3, establece que, en el caso de una decisión internacional efectiva de movilizar reservas que afecte a uno o más Estados miembros, los Estados miembros interesados podrán utilizar sus reservas de emergencia y sus reservas específicas para cumplir sus obligaciones internacionales en virtud de dicha decisión. Posteriormente, el apartado 6 del citado artículo 20, específica que, en caso de aplicarse lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros estarán autorizados a mantener temporalmente niveles de reservas inferiores a los estipulados por las disposiciones de la meritada directiva.
Estos compromisos internacionales han sido asumidos por España mediante el citado Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, que en su artículo 2 concreta la obligación de los sujetos que intervienen en el sector del petróleo de mantenimiento de existencias mínimas en 92 días de sus ventas o consumos, y en la existencia de un programa nacional de medidas que recoge la posibilidad de aplicación de existencias mínimas de seguridad, restricción de demanda, sustitución de combustibles y aumento de la producción nacional, para hacer frente a eventuales crisis de suministro para las que la AIE o la UE establezcan algún tipo de mecanismo de respuesta coordinada de sus Estados miembros.
II
La situación geopolítica en Europa, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mercado petrolero. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, representando el 12 % del comercio mundial de crudo así como el 15 % del comercio mundial de productos refinados.
La Unión Europea se abastece del mercado ruso por vía terrestre y marítima. Por una parte, el oleoducto de Druzhba, con paso por Ucrania abastece a Hungría, Eslovaquia y República Checa de manera directa. Por otra, la creciente inestabilidad sobre el mar Negro podría derivar en una crisis de suministro dado que, si este quedara aislado del tráfico de buques petroleros, el suministro 2.3 mb/d de crudo estaría en riesgo.
Esta situación de urgencia especial, que implica la posibilidad de una interrupción sustancial del suministro a Europa a causa de los acontecimientos bélicos, ha propiciado la activación por la AIE de un Plan de Respuesta Coordinado. Con fecha 1 de marzo de 2022, en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno a nivel Ministerial de la AIE adoptó la decisión de liberar un volumen de sesenta millones de barriles durante un periodo inicial de treinta días, a razón de dos millones de barriles/día. Esta acción coordinada contribuirá a aliviar la tensión de los mercados y los efectos de un suministro inestable de petróleo crudo y sus derivados procedentes de Rusia.
Del total de esta respuesta conjunta, España contribuirá con 2.000.000 de barriles de petróleo, que serán liberados por los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio. Esta cantidad supone 2,6 días de reservas, según la metodología establecida en el mencionado real decreto, pasando por tanto la obligación de 92 días a 89,4 días.
III
Este Acuerdo articula la contribución de España a dicha decisión internacional efectiva coordinada de la Agencia Internacional de la Energía, activando los mecanismos previstos en nuestra normativa interna mediante la aplicación de las existencias mínimas de seguridad de los sujetos obligados y dando cumplimiento así a nuestros compromisos internacionales.
Atendiendo al carácter extraordinario y urgente de las medidas que se adoptan, el Acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», mediante Orden del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y producirá efectos desde el mismo día de su publicación.
A la vista de lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que el artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el artículo 39 del Real Decreto 1716/2004, 23 de julio, le atribuyen, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su reunión del día 4 de marzo de 2022, acuerda:
Primero.
Reducir, con carácter transitorio, la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos a los sujetos obligados por el artículo 7 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, en 2,6 días, equivalentes a un volumen total de 2.000.000 de barriles de petróleo.
En consecuencia, la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos se reduce temporalmente de 92 a 89,4 días, hasta que, en los términos previstos en el apartado tercero de este Acuerdo, se decida el restablecimiento al nivel previo.
Esta disminución de la obligación de existencias mínimas se computará en las existencias mínimas de seguridad mantenidas por los propios sujetos obligados.
La introducción en el mercado de las existencias mínimas liberadas se realizará durante un periodo de 30 días.
Segundo.
La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) monitorizará la puesta a consumo de las existencias mínimas de seguridad, informando periódicamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico según los cauces establecidos.
CORES, de acuerdo con sus procedimientos internos, podrá solicitar de los sujetos obligados cuanta información considere oportuna, de cara a la adecuada monitorización de la puesta a consumo de las existencias que, por exigencia nacional o internacional, fuere necesaria.
Tercero.
Habilitar a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en este Acuerdo, incluidas las modificaciones de las mismas que se consideren convenientes; así como para ordenar el restablecimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos establecida en la normativa vigente, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y, en su caso, de la Unión Europea.
Cuarto.
Este Acuerdo será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» mediante Orden del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y producirá efectos desde el mismo día de su publicación.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente acuerdo, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, también podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Ministros, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente acuerdo, significándose que, en caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. | Esta orden ministerial permite que España libere dos millones de barriles de crudo en los próximos 30 días (en total, serán 60M en toda Europa) y deja las reservas de 92 días a 89,4. | El Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de marzo de 2022, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un Acuerdo por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 4 de marzo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEXO
Acuerdo por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía
I
El artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, reconoce el derecho de todos los consumidores al suministro de productos derivados del petróleo en el territorio nacional, en las condiciones previstas por dicha ley y por sus normas de desarrollo y dispone una serie de medidas para garantizar dicho suministro.
El citado artículo 49, así como el artículo 39 del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (CORES), prevén que el Consejo de Ministros, mediante acuerdo, en situación de escasez de suministro de productos petrolíferos, incluida una decisión internacional efectiva de movilización de reservas, podrá adoptar una serie de medidas para garantizar el abastecimiento del mercado petrolífero y ordenar el sometimiento de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las estratégicas, a un régimen de intervención bajo control directo de CORES, entidad central de almacenamiento de España tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con objeto de inducir la más adecuada utilización de los recursos disponibles.
Por otra parte, España, como miembro signatario del Programa Internacional de Energía de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo multilateral de la OCDE, ha de cumplir con la obligación de mantener 90 días de reservas de crudo y productos petrolíferos para que, en caso de una interrupción en el suministro, puedan ser puestas a consumo mediante su liberación en el mercado, previa decisión de los estados miembro de la AIE como parte de una actuación colectiva. Del mismo modo, nuestro país, como miembro de la Unión Europea, está obligado a cumplir la normativa comunitaria en materia de seguridad de suministro que fundamentalmente emana de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos, equivalente a 90 días de importaciones netas o 61 días de consumo (el que sea más alto). La citada directiva, en su artículo 20, apartado 3, establece que, en el caso de una decisión internacional efectiva de movilizar reservas que afecte a uno o más Estados miembros, los Estados miembros interesados podrán utilizar sus reservas de emergencia y sus reservas específicas para cumplir sus obligaciones internacionales en virtud de dicha decisión. Posteriormente, el apartado 6 del citado artículo 20, específica que, en caso de aplicarse lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros estarán autorizados a mantener temporalmente niveles de reservas inferiores a los estipulados por las disposiciones de la meritada directiva.
Estos compromisos internacionales han sido asumidos por España mediante el citado Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, que en su artículo 2 concreta la obligación de los sujetos que intervienen en el sector del petróleo de mantenimiento de existencias mínimas en 92 días de sus ventas o consumos, y en la existencia de un programa nacional de medidas que recoge la posibilidad de aplicación de existencias mínimas de seguridad, restricción de demanda, sustitución de combustibles y aumento de la producción nacional, para hacer frente a eventuales crisis de suministro para las que la AIE o la UE establezcan algún tipo de mecanismo de respuesta coordinada de sus Estados miembros.
II
La situación geopolítica en Europa, como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mercado petrolero. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, representando el 12 % del comercio mundial de crudo así como el 15 % del comercio mundial de productos refinados.
La Unión Europea se abastece del mercado ruso por vía terrestre y marítima. Por una parte, el oleoducto de Druzhba, con paso por Ucrania abastece a Hungría, Eslovaquia y República Checa de manera directa. Por otra, la creciente inestabilidad sobre el mar Negro podría derivar en una crisis de suministro dado que, si este quedara aislado del tráfico de buques petroleros, el suministro 2.3 mb/d de crudo estaría en riesgo.
Esta situación de urgencia especial, que implica la posibilidad de una interrupción sustancial del suministro a Europa a causa de los acontecimientos bélicos, ha propiciado la activación por la AIE de un Plan de Respuesta Coordinado. Con fecha 1 de marzo de 2022, en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno a nivel Ministerial de la AIE adoptó la decisión de liberar un volumen de sesenta millones de barriles durante un periodo inicial de treinta días, a razón de dos millones de barriles/día. Esta acción coordinada contribuirá a aliviar la tensión de los mercados y los efectos de un suministro inestable de petróleo crudo y sus derivados procedentes de Rusia.
Del total de esta respuesta conjunta, España contribuirá con 2.000.000
### RESUMEN: Esta orden ministerial permite que España libere dos millones de barriles de crudo en los próximos 30 días (en total, serán 60M en toda Europa) y deja las reservas de 92 días a 89,4. |
El intercambio internacional de información en materia financiera es un valioso instrumento para verificar, por parte de las Administraciones tributarias, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Así se viene reconociendo en los últimos años a escala internacional, tanto por las distintas Administraciones comprometidas en la lucha contra el fraude fiscal, como en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Tomando como punto de partida el modelo de acuerdo intergubernamental para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA), negociado con los Estados Unidos conjuntamente por Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, en 2013 estos cinco países mostraron su intención de extender el intercambio automático de información al mayor número posible de países o jurisdicciones mediante el anuncio de un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal de carácter multilateral, automático y estandarizado. A raíz de esta iniciativa, la OCDE recibió del denominado «G-20» el mandato de basarse en el citado modelo de acuerdo intergubernamental para elaborar una norma única internacional para el intercambio automático de información fiscal sobre cuentas financieras.
Como resultado de ello, a principios de 2014, la OCDE publicó el Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y un Estándar común de comunicación de información, y en julio de 2014, el Consejo de la OCDE publicó los Comentarios al citado Modelo de Acuerdo y al Estándar común de comunicación de información. Sobre estas bases, el 29 de octubre de 2014 un total de 51 países y jurisdicciones firmaron en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del texto consolidado del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, ya contemplaba la obligatoriedad del intercambio automático de información entre los Estados miembros, si bien sobre categorías de renta y de patrimonio de carácter no financiero y sobre la base de que la información estuviera disponible. Con objeto de ampliar a las cuentas financieras el ámbito del intercambio automático de información entre los Estados miembros, de forma compatible y coordinada con el Estándar común de comunicación de información elaborado por la OCDE, se ha aprobado recientemente la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
Además de los Acuerdos Internacionales y de la Directiva anteriormente citados, este real decreto encuentra su fundamento, en el ámbito de interno, en el apartado 2 del artículo 1 y en el artículo 29 bis, ambos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativos a las obligaciones tributarias en el ámbito de la asistencia mutua, y más específicamente en la disposición adicional vigésimo segunda de la citada Ley 58/2003, que establece la obligación de las instituciones financieras de identificar la residencia de los titulares de determinadas cuentas financieras y de suministrar información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, así como la obligación de los titulares de las cuentas de identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras. En esta disposición se establece asimismo que, con carácter previo al referido suministro, las instituciones financieras están obligadas a comunicar a las personas físicas titulares de las cuentas financieras que la información sobre ellas a que se refiere este real decreto será comunicada a la Administración tributaria y transferida al Estado miembro que corresponda con arreglo a la Directiva 2011/16/UE.
Este real decreto incorpora al ordenamiento interno las normas de comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en la obtención de dicha información, para que, a su vez, la Administración tributaria pueda intercambiar la información recibida, de forma automática, con la Administración correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera, todo ello en el marco de la Directiva 2011/16/UE del Consejo modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras.
Asimismo, habida cuenta que la Directiva 2014/107/UE establece un ámbito de aplicación en general más amplio que el establecido por la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, y dispone la prevalencia de la primera sobre la segunda, resulta necesario suprimir los preceptos reglamentarios que trasponen al ordenamiento interno la Directiva 2003/48/CE del Consejo, a fin de evitar la duplicación de las obligaciones sobre comunicación de información, así como para adaptar el intercambio automático de información sobre cuentas financieras a la mencionada norma única internacional.
El real decreto se estructura en cinco artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, cinco disposiciones finales y un anexo.
El artículo 1 establece el objeto del real decreto.
El artículo 2 define el ámbito subjetivo de la obligación de identificación de la residencia e información, sujetándose a dicha obligación las instituciones financieras previstas en el anexo.
En el artículo 3 se regula la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras. Esta obligación de identificación es la pieza clave sobre la que se sustenta el sistema de intercambio de información, por cuanto el país o jurisdicción de residencia fiscal determina si la cuenta está sujeta o no a la obligación de informar. Por tanto, dado que la identificación de la residencia fiscal es un paso previo y necesario para la comunicación de información, y ha de realizarse respecto de la totalidad de las cuentas financieras de la institución financiera, resulta necesaria su regulación como obligación independiente.
La obligación de información se recoge en el artículo 4. A diferencia de la obligación de identificar la residencia fiscal, esta obligación de información se limita a la personas que ostentando la titularidad o el control de cuentas financieras, sean residentes fiscales en alguno de los países o jurisdicciones con los que existe obligación de intercambiar información en el ámbito de la asistencia mutua. Con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las instituciones financieras, se prevé expresamente que la Orden Ministerial que apruebe la declaración informativa correspondiente incluya una lista de los citados países o jurisdicciones.
Por último, por lo que respecta al articulado, en el artículo 5 se detalla el contenido de la información a suministrar.
Este real decreto resultará aplicable desde el 1 de enero de 2016. En consecuencia, las instituciones financieras deberán suministrar por primera vez a la Administración tributaria la información relativa al año 2016. Este primer suministro de información tendrá lugar en el año 2017.
El anexo contiene las normas y procedimientos de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones financieras respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas para identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de aquellas y determinar si tales cuentas están sujetas a la obligación de informar, distinguiéndose a estos efectos entre cuentas preexistentes y cuentas nuevas. A su vez, según su titular, se distingue entre cuentas de personas físicas y cuentas de entidades.
Respecto de las cuentas preexistentes, la identificación de la residencia del titular se basa, fundamentalmente, en información previa de que disponga la entidad, estableciéndose procedimientos de revisión reforzados en caso de cuentas de mayor valor. Las cuentas preexistentes de entidades, en tanto no superen un determinado umbral, no están sujetas a revisión, identificación o comunicación de información.
Por lo que se refiere a las cuentas nuevas, la identificación de la residencia se fundamenta en la propia declaración del titular de la cuenta, debiendo la institución financiera verificar la razonabilidad de dicha declaración con base en la información obtenida con motivo de la apertura de la cuenta.
Asimismo, en el caso de entidades que no sean instituciones financieras y se consideren entidades pasivas, se establecen reglas específicas para determinar la residencia fiscal de las personas que controlan tales entidades.
Finalmente, en aras de una mayor precisión interpretativa, el anexo incorpora una sección específica que contiene una exhaustiva definición de los términos utilizados en el presente real decreto. En particular, se identifican cuentas reguladas en nuestro ordenamiento que quedan excluidas de la obligación de comunicar información por presentar un bajo riesgo de utilización para eludir el impuesto y ser similares a otras definidas con carácter general, entre las que se incluyen las del anexo II del Acuerdo para la implementación de FATCA firmado entre los Estados Unidos y España.
Con la finalidad de que estas normas sean plenamente compatibles con las establecidas por otros Estados miembros y por los restantes países o jurisdicciones que han suscrito el mencionado Acuerdo Multilateral, en la redacción del anexo se ha respetado, en la medida de lo posible, la redacción original de la Directiva una vez realizadas las adecuaciones necesarias. Asimismo, y con esta misma finalidad, las normas contenidas en este real decreto deberán interpretarse conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y al Estándar común de comunicación de información.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 2015,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto la regulación de las obligaciones de las instituciones financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar con arreglo a la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad y al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 bis y en la disposición adicional vigésimo segunda, ambos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 2. Ámbito subjetivo.
Estarán sujetas a las obligaciones de identificación de la residencia e información a que se refiere el presente real decreto, las instituciones financieras definidas en los términos establecidos en el apartado A de la sección VIII del anexo.
Artículo 3. Obligación de identificar la residencia fiscal.
Las instituciones financieras deberán identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras conforme a lo previsto en el anexo.
Artículo 4. Obligación de información.
Conforme al artículo 30.2 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, las instituciones financieras vendrán obligadas a presentar una declaración informativa cuando las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras sean residentes fiscales en alguno de los siguientes países o jurisdicciones:
a) Otro Estado miembro de la Unión Europea, cualquier territorio al que sea de aplicación la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, o cualquier otro país o jurisdicción con el cual la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5 de este real decreto.
b) Otro país o jurisdicción respecto del cual haya surtido efectos el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras con el que exista reciprocidad en el intercambio de información.
c) Cualquier otro país o jurisdicción con el cual España haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5 de este real decreto conforme a lo dispuesto en este real decreto, con el que exista reciprocidad en el intercambio de información.
Esta declaración informativa tendrá carácter anual y se efectuará en la forma, lugar y plazo que se determine por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la cual se incluirá la lista de los países o jurisdicciones a que se refieren las letras a), b) y c) de este artículo así como aquellas que se consideren participantes a efectos de lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 5. Información a suministrar.
1. La información a suministrar correspondiente a cada una de las cuentas sujetas a comunicación de información será la siguiente:
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, el domicilio, el o los países o jurisdicciones de residencia y el NIF de toda persona sujeta a comunicación de información que sea titular de la cuenta. En el caso de cuentas cuya titularidad corresponda a personas físicas, adicionalmente deberá comunicarse el lugar y la fecha de nacimiento.
Tratándose de cuentas cuya titularidad corresponda a una entidad, y que tras la aplicación de los procedimientos de diligencia debida conformes con las secciones V, VI y VII del anexo, sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control y que son personas sujetas a comunicación de información, deberá comunicarse la información referida en el párrafo anterior respecto de la entidad y de cada persona sujeta a comunicación de información.
b) El número de cuenta.
c) Nombre y número de identificación fiscal de la institución financiera obligada a comunicar información.
d) El saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado.
Tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se tomará el valor en efectivo o el valor de rescate.
En el caso de cancelación de la cuenta en dicho año, se comunicará la cancelación de la misma.
e) En el caso de una cuenta de custodia:
1.º El importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otras rentas, generados en relación con los activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en la cuenta o en relación con la misma, durante el año natural.
2.º Los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados en la cuenta durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar información actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad para el titular de la cuenta.
f) En el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año natural.
g) En el caso de una cuenta no descrita en las letras e) y f) anteriores, el importe bruto total pagado o anotado al titular de la cuenta en relación con la misma durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar información sea el obligado o el deudor, incluido el importe total correspondiente a amortizaciones efectuadas al titular de la cuenta durante el año natural.
La información comunicada debe especificar la moneda en la que se denomina cada importe.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán las siguientes excepciones respecto de la información a suministrar:
a) No será obligatorio comunicar el NIF ni la fecha de nacimiento en el caso de cuentas preexistentes si el NIF o la fecha de nacimiento no se encuentran en los registros de la institución financiera y la misma no esté obligada a recopilar estos datos de conformidad con la normativa aplicable.
No obstante, la institución financiera tratará, razonablemente, de obtener el NIF y la fecha de nacimiento a más tardar al final del segundo año natural siguiente al año en el que se hayan identificado cuentas preexistentes como cuentas sujetas a comunicación de información.
b) No será obligatorio comunicar el NIF si el país o jurisdicción de residencia no lo expide.
c) No será obligatorio comunicar el lugar de nacimiento salvo que se cumplan los siguientes requisitos:
1.º La institución financiera tenga la obligación de obtenerlo y comunicarlo, o haya tenido tal obligación en virtud de cualquier instrumento jurídico de la Unión Europea que estuviera en vigor a 5 de enero de 2015.
2.º Esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene dicha institución.
Disposición adicional primera. Transposición de la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
Mediante este real decreto se incorporan al ordenamiento interno las normas de comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en la obtención de dicha información establecidas en la Directiva 2011/16/UE del Consejo modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
Disposición adicional segunda. Interpretación conforme a los Comentarios de la OCDE.
Las normas contenidas en este real decreto relativas a las obligaciones de las instituciones financieras de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar sobre las mismas deberán interpretarse conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y al Estándar común de comunicación de información.
Disposición adicional tercera. Obligación de obtener el número de identificación fiscal en relación al Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.
En relación a las cuentas preexistentes sujetas a comunicación de información en virtud de lo establecido en el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA, las instituciones financieras deberán obtener durante el año 2017 el NIF estadounidense de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera en caso de que no lo hubieran obtenido con anterioridad.
Disposición transitoria única. Obligaciones de información respecto de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados de la Unión Europea.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de la disposición final primera de este real decreto, las obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 45 a 49 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, deberán cumplirse, en todo caso, en relación con la información a suministrar correspondiente al año 2015.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado mediante Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio:
Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2016 se suprime la subsección 5.ª de la sección 2.ª del capítulo V del título II, la disposición adicional décima, la disposición adicional decimotercera y la disposición transitoria segunda.
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2017 se suprime el artículo 76.
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se modifica el artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 45. Límites de la acumulación de las ayudas al sector cinematográfico.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comunitaria, la deducción prevista en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley del Impuesto resultará de aplicación, siempre que se tengan en cuenta los siguientes límites:
a) Las producciones que generen derecho a la referida deducción deberán tener un coste mínimo de 2 millones de euros.
b) La base de la deducción no podrá superar el 80 por ciento del coste total de la producción.»
Disposición final tercera. Modificación del Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, se introduce la siguiente modificación en el Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre:
«Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.
Lo dispuesto en los artículos 2, 9.1 y 19.1 de este Reglamento será de aplicación a los procedimientos pendientes de terminación a 1 de enero de 2016.»
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, salvo la disposición final segunda, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de noviembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
ANEXO
Normas de diligencia debida
Sección I. Obligaciones de diligencia debida
1. Las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o control de las cuentas financieras mediante la aplicación de los procedimientos de diligencia debida de las secciones II a VII.
A estos efectos, las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán contar con procedimientos adecuados para el cumplimiento de las medidas de diligencia debida y conservación de documentos.
2. Las pruebas documentales, las declaraciones del titular y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida podrán conservarse en formato original o mediante copias certificadas o fotocopias, incluyendo medios de almacenamiento electrónico.
Las declaraciones del titular podrán realizarse de cualquier forma, incluyendo los canales electrónicos y telefónicos, que permita a la institución financiera tener y guardar constancia de su contenido y fecha de emisión, y acreditar que ha sido efectuada por el titular de la cuenta o por quien lo represente a estos efectos. El contenido podrá constar en uno o varios documentos y deberá incluir el compromiso del declarante de comunicar cualquier cambio de circunstancias que pueda afectar a la condición del mismo, así como, al menos, la siguiente información:
a) Nombre completo o razón social.
b) Dirección completa del domicilio.
c) País(es)/Jurisdicción(es) de residencia fiscal.
d) Número de identificación fiscal de cada país/jurisdicción de residencia fiscal, si ha sido emitido.
e) Fecha de nacimiento.
Las declaraciones del titular tendrán validez indefinida, salvo que se produzca un cambio de circunstancias que pueda afectar a la condición del mismo.
Sección II. Requisitos generales
A. Se considerará que una cuenta es una cuenta sujeta a comunicación de información a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de las secciones II a VII.
B. El saldo o valor de una cuenta se determinará el último día del año natural.
C. Las instituciones financieras obligadas a comunicar información podrán:
– Recurrir a los servicios de terceros para cumplir con sus obligaciones de comunicación de información y diligencia debida, recayendo la responsabilidad del correcto cumplimiento de las citadas obligaciones sobre aquellas.
– Aplicar a cuentas preexistentes los procedimientos de diligencia debida para cuentas nuevas y a cuentas de menor valor los procedimientos de diligencia debida para cuentas de mayor valor, sin perjuicio de que sigan aplicándose las normas aplicables en general a las cuentas preexistentes.
Sección III. Diligencia debida respecto de cuentas preexistentes de persona física
A. Se aplicarán los siguientes procedimientos a las cuentas preexistentes de persona física a efectos de determinar la residencia fiscal.
B. Cuentas de menor valor.
Respecto a las cuentas de menor valor, las instituciones financieras podrán optar por aplicar el procedimiento previsto en el apartado 1 si se cumplen los requisitos previstos en el mismo o el procedimiento previsto en los apartados 2 y siguientes.
1. Domicilio. Si la institución financiera tiene registrado en sus archivos un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta, basado en pruebas documentales, podrá considerar a dicha persona física como residente fiscal en el país o jurisdicción en el que esté ubicado el domicilio.
2. Búsqueda en archivos electrónicos. Si la institución financiera no aplica lo previsto en el apartado anterior, deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posea respecto de cualquiera de los siguientes indicios y aplicar lo dispuesto en los apartados 3 a 6 siguientes:
a) Identificación del titular de la cuenta como residente en otro país o jurisdicción.
b) Dirección postal o domicilio actual, incluido un apartado de correos, en otro país o jurisdicción.
c) Uno o varios números de teléfono en otro país o jurisdicción y ningún número de teléfono en España.
d) Órdenes permanentes, excepto las relativas a cuentas de depósito, de transferencia de fondos a una cuenta abierta en otro país o jurisdicción.
e) Un poder notarial de representación vigente o una autorización de firma a favor de una persona domiciliada en otro país o jurisdicción, o
f) Instrucciones de retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia en otro país o jurisdicción en caso de que la institución financiera no tenga ninguna otra dirección en sus archivos para el titular de la cuenta.
3. Si en la búsqueda electrónica no se descubre ninguno de los indicios del apartado anterior, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta o hasta que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor.
4. Si en la búsqueda electrónica se descubre alguno de los indicios del apartado 2 anterior, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, se deberá considerar al titular de la cuenta como residente fiscal en cada país o jurisdicción respecto del cual se haya encontrado algún indicio, salvo que se opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.
5. Si en la búsqueda electrónica se descubre una instrucción para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado 2 anterior, letras a) a e), para el titular de la cuenta, se deberá llevar a cabo, en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias, la búsqueda en los archivos en papel que se describe en el apartado C.2 o se intentará obtener del titular de la cuenta una declaración o pruebas documentales para determinar su residencia fiscal. Si con la búsqueda en papel no se consigue establecer ningún indicio y no prospera el intento de obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera deberá comunicar en la declaración informativa que la cuenta no está documentada.
6. A pesar del hallazgo de indicios de otro país o jurisdicción conforme al apartado 2 anterior, la institución financiera no tendrá que tratar al titular de la cuenta como residente fiscal en ese país o jurisdicción si:
a) La información del titular de la cuenta incluye una dirección postal o un domicilio actualizados en ese país o jurisdicción, uno o varios números de teléfono en ese país o jurisdicción (y ningún número de teléfono en España), u órdenes permanentes (relativas a cuentas financieras distintas de cuentas de depósito) de transferencia de fondos a una cuenta abierta en ese país o jurisdicción, y la institución financiera obtiene, o ha revisado previamente y conserva en sus archivos:
i) Una declaración del titular de la cuenta de su país(es) o jurisdicción(es) de residencia fiscal que no incluya ese país o jurisdicción, y
ii) Prueba documental que confirme el o los países o jurisdicciones de residencia fiscal incluidos en dicha declaración.
b) La información del titular de la cuenta incluye un poder notarial de representación o una autorización de firma vigentes a favor de una persona domiciliada en ese país o jurisdicción, y la institución financiera obtiene, o ha revisado previamente y conserva en sus archivos:
i) Una declaración del titular de la cuenta de su país(es) o jurisdicción(es) de residencia fiscal que no incluya ese país o jurisdicción, o
ii) Prueba documental que determine la(s) residencia(s) fiscal del titular de la cuenta que sea (sean) distinta(s) de la de ese país o jurisdicción.
C. Procedimientos de revisión reforzada de las cuentas de mayor valor.
Respecto a las cuentas de mayor valor, las instituciones financieras deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión reforzada.
1. Búsqueda en archivos electrónicos. Respecto de las cuentas de mayor valor, la institución financiera deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantenga para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2.
2. Búsqueda en archivos en papel. Si las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica de la institución financiera contienen campos para la inclusión y captura de toda la información descrita en el apartado C.3, no será necesario proceder a la búsqueda en los archivos en papel. En los casos en los que las bases de datos electrónicas no puedan capturar toda esa información, la institución financiera también deberá revisar, respecto de las cuentas de mayor valor, el fichero maestro actual del cliente y, en la medida en que no estén incluidos en él, los siguientes documentos asociados a la cuenta que dicha institución haya obtenido en los últimos cinco años para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2:
a) Las pruebas documentales más recientes recopiladas en relación con la cuenta.
b) El contrato o la documentación de apertura de cuenta más reciente.
c) La documentación más reciente obtenida por la institución financiera en aplicación de los procedimientos establecidos conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo, o con otro propósito regulador.
d) Todo poder notarial de representación o autorización de firma vigentes, y
e) Toda orden permanente, excepto las relativas a cuentas de depósito, de transferencia de fondos que esté vigente.
3. Excepción en los casos en los que las bases de datos contengan suficiente información. La institución financiera no tendrá que proceder a la búsqueda en los archivos en papel descrita en el apartado C.2 en la medida en que su información susceptible de búsqueda electrónica incluya lo siguiente:
a) La condición del titular de la cuenta respecto de su residencia.
b) El domicilio y la dirección postal del titular de la cuenta que consten en los archivos de la institución financiera.
c) El número o números de teléfono del titular de la cuenta que, en su caso, consten en los archivos de la institución financiera.
d) En el caso de las cuentas financieras distintas de las cuentas de depósito, si existen órdenes permanentes de transferencia de fondos de la cuenta a otra cuenta, incluida una cuenta de otra sucursal de la institución financiera o de otra institución financiera.
e) Si existe una dirección para la recepción de correspondencia o una instrucción para la retención de correspondencia actual para el titular de la cuenta, y
f) Si existe algún poder notarial de representación o una autorización de firma en relación con la cuenta.
4. Consulta al gestor personal sobre su conocimiento de hecho. Además de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, se deberá consultar al gestor personal al que se le haya asignado toda cuenta de mayor valor, incluidas las cuentas financieras agregadas a esa cuenta de mayor valor, sobre su conocimiento de hecho de la residencia fiscal de la persona o personas que ostenten la titularidad de las mismas. Si el gestor personal conoce de hecho que dichas personas son residentes fiscales en otro país o jurisdicción, la institución financiera deberá tenerlo en cuenta a efectos del cumplimiento de las obligaciones de los artículos 3 y 4 de este real decreto.
5. Efectos del hallazgo de indicios.
a) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita anteriormente no se descubre ninguno de los indicios del apartado B.2 y no se determina conforme al apartado 4 anterior que su titular es residente fiscal en otro país o jurisdicción, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias que provoque que se asocien uno o varios indicios con la cuenta.
b) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita anteriormente se descubre alguno de los indicios del apartado B.2, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias posterior a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, la institución financiera deberá tratar al titular de la cuenta como residente fiscal en cada país o jurisdicción en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.
c) Si en la revisión reforzada de las cuentas de mayor valor descrita anteriormente se descubre una instrucción para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado B.2, letras a) a e), para el titular de la cuenta, la institución financiera deberá obtener de dicho titular una declaración o pruebas documentales para determinar su residencia fiscal. Si no puede obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera deberá comunicar en la declaración informativa que la cuenta no está documentada.
6. Si la cuenta preexistente de persona física no es una cuenta de mayor valor a 31 de diciembre de 2015, pero a la conclusión de un año natural posterior ha pasado a serlo, la institución financiera deberá llevar a cabo los procedimientos de revisión reforzada descritos en este apartado C en el año natural siguiente al año en el que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor. Si basándose en esa revisión se identifica la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, se deberá comunicar anualmente la información exigida sobre dicha cuenta relativa al año en el que se identifique como cuenta sujeta a comunicación de información y a los años siguientes, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información.
7. Una vez aplicados los procedimientos de revisión reforzada descritos en este apartado C a una cuenta de mayor valor, la institución financiera no estará obligada a volver a aplicarlos en años posteriores, a excepción de la consulta al gestor personal descrita en el apartado 4 anterior. No obstante, si la cuenta no está documentada, la institución financiera deberá volver a aplicarlos anualmente hasta que la cuenta pase a estar documentada.
8. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta de mayor valor a raíz del cual se asocien con la cuenta uno o varios de los indicios descritos en el apartado B.2, la institución financiera deberá tratar al titular de la cuenta como residente fiscal en cada país o jurisdicción en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.
9. Las instituciones financieras deberán poner en práctica procedimientos para garantizar que los gestores personales identifiquen los cambios de circunstancias de una cuenta. Por ejemplo, si se notifica a un gestor personal que el titular de la cuenta tiene una nueva dirección postal en otro país o jurisdicción, la institución financiera tendrá que considerar la nueva dirección como un cambio de circunstancias y, si opta por aplicar el apartado B.6, tendrá que obtener la documentación pertinente del titular de la cuenta.
D. La revisión de las cuentas preexistentes de mayor valor de persona física deberá finalizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La revisión de las cuentas preexistentes de menor valor de persona física deberá finalizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017.
E. Toda cuenta preexistente de persona física que se haya identificado como cuenta sujeta a comunicación de información de conformidad con la presente sección deberá tratarse como cuenta sujeta a comunicación de información en todos los años siguientes, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información.
Sección IV. Diligencia debida para cuentas nuevas de persona física
Se aplicarán los siguientes procedimientos a las cuentas nuevas de persona física.
A. En relación con las cuentas nuevas de persona física, en el momento de la apertura de la cuenta, la institución financiera deberá obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de la cuenta, que le permita determinar la residencia fiscal del titular de la cuenta. Asimismo deberá verificar la razonabilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la documentación recopilada en aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.
B. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta nueva de persona física a raíz del cual la institución financiera conozca o pueda conocer que la declaración original es incorrecta o no fiable, la institución financiera no podrá confiar en la declaración original y deberá obtener una declaración válida que establezca la residencia fiscal del titular de la cuenta.
Sección V. Diligencia debida para cuentas preexistentes de entidad
Se aplicarán los siguientes procedimientos a las cuentas preexistentes de entidad.
A. Cuentas de entidad no sujetas a revisión, identificación o comunicación de información. A menos que la institución financiera opte por otro criterio, bien respecto de todas las cuentas preexistentes de entidad, bien por separado respecto de cualquier grupo de tales cuentas identificado claramente, las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 no exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses no tendrán que ser objeto de revisión, identificación o comunicación de información hasta que su saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año natural posterior.
B. Cuentas de entidad sujetas a revisión. Deberá someterse a revisión de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D toda cuenta preexistente de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses y toda cuenta preexistente de entidad que a 31 de diciembre de 2015 no exceda de dicha cantidad pero cuyo saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año natural posterior.
C. Cuentas de entidad que pueden estar sujetas a comunicación de información. Respecto de las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B anterior, únicamente se tratarán como cuentas que pueden estar sujetas a comunicación de información las cuentas cuya titularidad corresponda a una o varias entidades que sean residentes fiscales en otro país o jurisdicción, o a entidades que no son instituciones financieras (ENF) que sean pasivas en las que una o varias de las personas que ejercen el control son personas residentes fiscales en otro país o jurisdicción.
D. Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad que pueden estar sujetas a comunicación de información. En relación con las cuentas preexistentes de entidad descritas en el apartado B anterior, las instituciones financieras deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión:
1. Determinación de la residencia fiscal de la entidad.
a) Revisar la información que conserven con fines reguladores o de relación con el cliente (incluida la información recopilada con arreglo a procedimientos aplicados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo) para determinar la residencia fiscal del titular de la cuenta. A estos efectos, la información indicativa de la residencia fiscal del titular de la cuenta incluye el lugar de constitución o un domicilio en otro país o jurisdicción.
b) Si la información indica que el titular de la cuenta es residente fiscal en un país o jurisdicción a que se refiere el artículo 4 de este real decreto, la institución deberá tratar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información a menos que obtenga una declaración del titular de la cuenta o determine razonablemente, basándose en la información de la que disponga o que sea pública, que el titular de la cuenta no es una persona sujeta a comunicación de información.
2. Determinación de la residencia fiscal de las personas que ejercen el control de una entidad que es una ENF pasiva. En relación con el titular de una cuenta preexistente de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva con una o varias personas que ejercen el control y determinar la residencia fiscal de las mismas. En caso de que alguna de las personas que ejercen el control de una ENF pasiva sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta deberá tratarse como cuenta sujeta a comunicación de información. Para llevar a cabo estas determinaciones, la institución deberá seguir las indicaciones de las letras a), b) y c), en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias.
a) Determinación de si el titular de la cuenta es una ENF pasiva. Con el fin de determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva, la institución deberá obtener una declaración del titular de la cuenta para establecer su condición, a menos que tenga información en su poder o que sea pública sobre la base de la cual pueda determinarse razonablemente que el titular de la cuenta es una ENF activa o una institución financiera distinta de la entidad de inversión descrita en el apartado A.6.b) de la sección VIII que no sea una institución financiera de una jurisdicción participante.
b) Determinación de las personas que ejercen el control del titular de una cuenta. Con el fin de determinar las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, la institución podrá basarse en información obtenida y conservada con arreglo a procedimientos aplicados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.
c) Determinación de la residencia fiscal de una persona que ejerce el control de una ENF pasiva. Con el fin de determinar la residencia fiscal de una persona que ejerce el control de una ENF pasiva, la institución podrá basarse en:
i) Información obtenida y conservada con arreglo a procedimientos aplicados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo en el caso de una cuenta preexistente de entidad cuya titularidad corresponda a una o varias ENF cuyo saldo o valor agregado no exceda de un importe en euros que corresponda a 1.000.000 de dólares estadounidenses, o
ii) Una declaración del titular de la cuenta o de esa persona que ejerce el control del o de los países o jurisdicciones en los que la persona que ejerce el control sea residente fiscal.
E. Plazos de revisión y procedimientos adicionales aplicables a las cuentas preexistentes de entidad.
1. La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses, deberá concluirse el 31 de diciembre de 2017 a más tardar.
2. La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 no exceda de un importe en euros que corresponda a 250.000 dólares estadounidenses, pero exceda de dicho importe a 31 de diciembre de un año posterior, deberá concluirse en el año natural siguiente al año en el que el saldo o valor agregado de la cuenta exceda de dicho importe.
3. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta preexistente de entidad a raíz del cual la institución financiera conozca o pueda conocer que la declaración o cualquier otra documentación asociada a una cuenta es incorrecta o no fiable, dicha institución deberá volver a determinar la condición de la cuenta de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D anterior.
Sección VI. Diligencia debida para cuentas nuevas de entidad
Se aplicarán los siguientes procedimientos a las cuentas nuevas de entidad.
Procedimientos de revisión para identificar cuentas de entidad que pueden estar sujetas a comunicación de información. En relación con las cuentas nuevas de entidad, las instituciones financieras deberán aplicar los siguientes procedimientos de revisión:
1. Determinación de la residencia fiscal de la entidad.
a) La institución financiera deberá obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de cuentas, que le permita determinar la(s) residencia(s) fiscal del titular de la cuenta. Asimismo deberá verificar la razonabilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la documentación recopilada con arreglo a procedimientos aplicados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo. Si la entidad certifica que no tiene residencia fiscal, la institución financiera podrá basarse en la dirección de la oficina principal de la entidad para determinar la residencia.
b) Si la declaración indica que el titular de la cuenta es residente fiscal en un país o jurisdicción al que se refiere el artículo 4 de este real decreto, la institución financiera deberá tratar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, a menos que determine razonablemente, basándose en información de que disponga o que sea pública, que el titular de la cuenta no es una persona sujeta a comunicación de información en relación con dicho país o jurisdicción.
2. Determinación de la residencia fiscal de las personas que ejercen el control de una entidad que es una ENF pasiva. En relación con el titular de una cuenta nueva de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva con una o varias personas que ejercen el control y determinar la residencia fiscal de las mismas. En caso de que alguna de las personas que ejercen el control de una ENF pasiva sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta deberá tratarse como una cuenta sujeta a comunicación de información. Para llevar a cabo estas determinaciones, la institución financiera deberá seguir las indicaciones de las letras a), b) y c), en el orden que resulte más apropiado a las circunstancias.
a) Determinación de si el titular de la cuenta es una ENF pasiva. Con el fin de determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva, la institución financiera deberá basarse en una declaración del titular de la cuenta para establecer su condición, a menos que tenga información en su poder o que sea pública, sobre la base de la cual pueda determinarse razonablemente que el titular de la cuenta es una ENF activa o una institución financiera distinta de la entidad de inversión descrita en el apartado A.6.b) de la sección VIII que no sea una institución financiera de una jurisdicción participante.
b) Determinación de las personas que ejercen el control del titular de una cuenta. Con el fin de determinar las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, la institución financiera podrá basarse en información obtenida y conservada con arreglo a procedimientos aplicados conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo.
c) Determinación de la residencia fiscal de una persona que ejerce el control de una ENF pasiva. Con el fin de determinar la residencia fiscal de una persona que ejerce el control de una ENF pasiva, la institución financiera solo podrá basarse en una declaración del titular de la cuenta o de esa persona que ejerce el control.
Sección VII. Normas especiales de diligencia debida
Al aplicar los procedimientos de diligencia debida anteriormente descritos, serán de aplicación las siguientes normas adicionales:
A. Cuando las instituciones financieras obtengan declaraciones del titular o pruebas documentales, respecto de las que conozcan, o puedan llegar a conocer que son incorrectas o no fiables, no podrán basarse en ellas al objeto de determinar la condición del cliente y deberán pedir una nueva declaración del titular o documentación adicional que justifique su condición.
B. Procedimientos alternativos aplicables a las cuentas financieras cuyos titulares sean personas físicas beneficiarias de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades y para contratos colectivos de seguro con valor en efectivo o contratos colectivos de anualidades.
a) La institución financiera podrá presumir que una persona física (distinta del propietario) beneficiaria de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades que reciba un capital por fallecimiento no es una persona sujeta a comunicación de información y podrá considerar que dicha cuenta financiera no es una cuenta sujeta a comunicación de información, salvo que dicha institución tenga conocimiento de hecho, o pueda llegar a conocer, que el beneficiario es una persona sujeta a comunicación de información. Se considera a estos efectos que la institución financiera puede llegar a conocer que un beneficiario de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades es una persona sujeta a comunicación de información si la información obtenida por la misma y relacionada con el beneficiario contiene indicios de residencia fiscal en un país o jurisdicción al que se refiere el artículo 4 de este real decreto descritos en el apartado B de la sección III de este anexo. Si una institución financiera tiene conocimiento de hecho, o puede llegar a conocer, que el beneficiario es una persona sujeta a comunicación de información, dicha institución deberá seguir los procedimientos establecidos en el referido apartado B de la sección III.
b) La institución financiera podrá tratar una cuenta financiera que constituya la participación de un miembro en un contrato colectivo de seguro con valor en efectivo o contrato colectivo de anualidades como una cuenta financiera que no es una cuenta sujeta a comunicación de información hasta la fecha en la que un importe sea pagadero al empleado/titular de certificado o beneficiario, si dicha cuenta financiera cumple los siguientes requisitos:
i) El tomador del seguro es la empresa y dicho seguro cubre a veinticinco o más empleados/titulares de certificados.
ii) Los empleados/titulares de certificados tienen derecho a percibir la prestación correspondiente y a designar beneficiarios en caso de que se produzca la contingencia de fallecimiento, y
iii) El importe total a pagar a cualquier empleado/titular de certificado o beneficiario no excede de un importe en euros que corresponda a 1.000.000 de dólares estadounidenses.
Por «contrato colectivo de seguro con valor en efectivo» se entiende un contrato de seguro con valor en efectivo que: i) ofrece cobertura a personas físicas asociadas a través de un empleador, asociación profesional, sindicato u otra asociación o grupo, y ii) cobra una prima por cada miembro del grupo (o miembro de una categoría del grupo) que se determina sin tener en cuenta las características de salud individuales distintas de la edad, el sexo y el hábito de fumar del miembro (o categoría de miembro) del grupo.
Por «contrato colectivo de anualidades» se entiende un contrato de anualidades en virtud del cual los acreedores son personas físicas asociadas a través de un empleador, asociación profesional, sindicato u otra asociación o grupo.
C. Normas para la agregación del saldo de cuentas y para la conversión de moneda.
1. Agregación de cuentas de personas físicas. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una persona física, la institución financiera deberá agregar todas las cuentas abiertas en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas computarizados de la institución financiera vinculen las cuentas financieras por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. En particular, se entenderá que no se cumplen los requisitos anteriores y por tanto, no deberá efectuarse dicha agregación respecto al correspondiente titular de la cuenta, cuando a la institución financiera no le esté permitido proporcionar al mismo un extracto integrado de todas sus posiciones como consecuencia de restricciones legales derivadas de la normativa de protección de datos.
Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá el saldo o valor íntegro de la cuenta financiera conjunta.
Aquellas cuentas que tengan un saldo negativo deberán computarse con saldo cero.
2. Agregación de cuentas de entidades. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una entidad, la institución financiera deberá considerar todas las cuentas financieras que estén abiertas en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas computarizados de la institución financiera vinculen las cuentas financieras por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. En particular, se entenderá que no se cumplen los requisitos anteriores y por tanto, no deberá efectuarse dicha agregación respecto al correspondiente titular de la cuenta, cuando a la institución financiera no le esté permitido proporcionar al mismo un extracto integrado de todas sus posiciones como consecuencia de restricciones legales derivadas de la normativa de protección de datos.
Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá el saldo o valor íntegro de la cuenta financiera conjunta.
Aquellas cuentas que tengan un saldo negativo deberán computarse con saldo cero.
3. Norma especial de agregación aplicable a los gestores personales. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras que posee una persona a fin de determinar si una cuenta financiera es una cuenta de mayor valor, la institución financiera también deberá agregar aquellas cuentas respecto de las cuales un gestor personal conozca, o pueda llegar a conocer que, directa o indirectamente, son propiedad de dicha persona, están bajo su control o han sido creadas por ella (excepto si esa persona interviene en calidad de fiduciario).
4. Inclusión del equivalente en otras monedas en todos los importes. Se entenderá que todos los importes incluyen los importes equivalentes en otras monedas, según el tipo de cambio publicado correspondiente al día en que se realice la conversión.
Sección VIII. Definiciones de términos
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación:
A. Institución financiera obligada a comunicar información.
1. Por «institución financiera obligada a comunicar información» se entiende toda institución financiera que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información, siempre que:
i) Sea una institución financiera residente en España, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera de España, o
ii) Sea una sucursal de una institución financiera no residente en España, cuando dicha sucursal esté ubicada en España.
2. Por «institución financiera de una jurisdicción participante» se entiende: i) toda institución financiera residente en una jurisdicción participante, con exclusión de las sucursales de dicha institución financiera ubicadas fuera de la jurisdicción participante en cuestión, y ii) toda sucursal de una institución financiera no residente en una jurisdicción participante, si la sucursal está ubicada en la jurisdicción participante en cuestión.
3. Por «institución financiera» se entiende una institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguro específica.
4. Por «institución de custodia» se entiende toda entidad que posee activos financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica. Una entidad posee activos financieros por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica cuando la renta bruta de la entidad atribuible a la tenencia de los activos financieros y a los servicios financieros conexos es igual o superior al 20 por ciento de la renta bruta obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos:
i) El período de tres años concluido el 31 de diciembre (o el último día de un ejercicio contable que no se corresponda con el año natural) anterior al año en el que se realiza la determinación, o
ii) El tiempo de existencia de la entidad.
Se incluyen en esta categoría, en particular, las empresas de servicios de inversión que desarrollen dicha actividad.
5. Por «institución de depósito» se entiende toda entidad que acepta depósitos en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Se incluyen en esta categoría, en particular, las entidades de crédito y las entidades que emitan medios de pago que puedan ser cargados con anterioridad al uso de los mismos.
6. Por «entidad de inversión» se entiende toda entidad:
a) Cuya actividad económica principal consiste en la realización de una o varias de las siguientes actividades u operaciones en nombre o en favor de un cliente:
i) Operaciones con instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.); cambio de divisas, instrumentos de los mercados cambiario y monetario e instrumentos basados en índices; valores negociables, o negociación de futuros de materias primas.
ii) Gestión de inversiones colectivas e individuales, o
iii) Otras formas de inversión, administración o gestión de activos financieros o dinero en nombre de terceros, o bien
b) Cuya renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros, si la entidad es gestionada por otra entidad que es a su vez una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica o una entidad de inversión descrita en el apartado A.6.a).
Se considera que una entidad tiene por actividad económica principal la realización de una o varias de las actividades descritas en el apartado A.6.a), o que su renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros a efectos del apartado A.6.b) si la renta bruta de la entidad atribuible a las actividades en cuestión es igual o superior al 50 por ciento de la renta bruta obtenida por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: i) el período de tres años concluido el 31 de diciembre anterior al año en el que se realiza la determinación; o ii) el tiempo de existencia de la entidad.
Se incluyen en esta categoría, en particular, las Instituciones de inversión colectiva, a excepción de las inmobiliarias a las que les sea de aplicación la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y las entidades de capital-riesgo.
No se incluyen en esta categoría, en particular, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Fondo de Garantía de Inversiones.
La expresión «entidad de inversión» no incluye las entidades que son ENF activas por cumplir cualquiera de los criterios indicados en el apartado D.8, letras d) a g).
El presente apartado se interpretará de forma coherente con la definición de «institución financiera» expresada en términos similares en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
7. Por «activos financieros» se entiende los valores mobiliarios (por ejemplo, las participaciones en el capital de sociedades, las participaciones en el capital o en los beneficios de sociedades de personas que tienen numerosos socios o cotizan en mercados de valores reconocidos; los pagarés, bonos y obligaciones y otros títulos de deuda), las participaciones en sociedades de personas, las materias primas, los swaps (por ejemplo los swaps de tipos de interés, los swaps de divisas, los swaps de base, los acuerdos sobre tipos de interés máximos o mínimos, los swaps de materias primas, los swaps ligados a acciones, los swaps de índices de acciones y los acuerdos similares), los contratos de seguro o los contratos de anualidades, o cualquier instrumento (con inclusión de las opciones y los contratos de futuros o a plazo) ligado a un valor mobiliario, una participación en una sociedad de persona, un producto básico, un swap, un contrato de seguro o un contrato de anualidades. La expresión «activos financieros» no incluye el interés directo, no ligado a una deuda, en bienes inmobiliarios.
8. Por «compañía de seguros específica» se entiende toda entidad que sea una compañía de seguros (o la sociedad de control de una compañía de seguros) que ofrece un contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidades, o que está obligada a efectuar pagos en relación con los mismos.
Se incluyen en esta categoría, en particular, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida, que desarrollen la actividad señalada en el párrafo anterior.
B. Institución financiera no obligada a comunicar información.
1. Por «institución financiera no obligada a comunicar información» se entiende toda institución financiera que es:
a) Una entidad estatal, una organización internacional o un banco central, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito.
b) Un fondo de pensiones de participación amplia, un fondo de pensiones de participación restringida, un fondo de pensiones de una entidad estatal, de una organización internacional o de un banco central, o un emisor autorizado de tarjetas de crédito.
c) Un instrumento de inversión colectiva exento.
d) La entidad descrita en el apartado B.1.e) de la sección VIII del anexo I de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el mismo.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas se podrán determinar otras instituciones financieras no obligadas a comunicar información que cumplan los requisitos previstos en el apartado B.1.c) de la sección VIII del anexo I de la Directiva 2011/16/UE, modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
2. Por «entidad estatal» se entiende la administración de un país o jurisdicción, sus subdivisiones políticas (incluidos los Estados federados, provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o agencia institucional que pertenezca en su totalidad al mismo o a cualquiera de los entes mencionados (constituyendo cada uno de ellos una «entidad estatal»). Están incluidas en esta categoría las partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones políticas de un país o jurisdicción.
Se entiende:
a) Por «parte integrante» de un país o jurisdicción cualquier persona, organización, agencia, departamento, fondo, organismo u otro órgano, cualquiera que sea su denominación, que sea una autoridad estatal del mismo. Los ingresos netos de la autoridad estatal deben abonarse en la cuenta de esta o en otras cuentas del país o jurisdicción, sin que ninguna parte pueda revertir en beneficio de un particular. No se consideran parte integrante las personas físicas que son monarcas, funcionarios o administradores cuando actúan a título personal o privado.
b) Por «entidad controlada» una entidad que es formalmente diferente del país o jurisdicción o que constituye en algún otro sentido una entidad jurídica aparte, siempre que:
i) La entidad esté controlada o sea propiedad, en su totalidad, de una o varias entidades estatales, directamente o a través de una o varias entidades controladas.
ii) Los ingresos netos de la entidad se abonen en la cuenta de esta o en las cuentas de una o varias entidades estatales, sin que ninguna parte de dichos ingresos pueda revertir en beneficio de un particular, y
iii) Los activos de la entidad se atribuyan en el momento de su disolución a una o varias entidades estatales.
No se considera que los ingresos revierten en beneficio de particulares si estos son los beneficiarios de un programa público, y las actividades del programa se llevan a cabo para la población en general y el bienestar común, o bien guardan relación con la gestión de alguna instancia de la administración. No obstante lo anterior, se considera que los ingresos revierten en beneficio de particulares si son fruto de la utilización de una entidad estatal para la realización de una actividad comercial, como una actividad bancaria comercial, que ofrezca servicios financieros a particulares.
Se incluyen en esta categoría, en particular, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas y las entidades controladas por cualquiera de las Administraciones Públicas.
Tienen asimismo dicha consideración el Instituto de Crédito Oficial y las entidades de análogo carácter de las Comunidades Autónomas, el Consorcio de Compensación de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
3. Por «organización internacional» se entiende a estos efectos toda organización internacional u organismo o agencia institucional perteneciente en su totalidad a la organización. Esta categoría comprende todas las organizaciones intergubernamentales, incluidas las supranacionales: i) que están formadas principalmente por gobiernos; ii) que tienen efectivamente un acuerdo de sede o un acuerdo similar en lo esencial con el Reino de España o con otro país o jurisdicción; y iii) cuyos ingresos no revierten en beneficio de particulares.
4. Por «banco central» se entiende una institución que, por ley o normativa estatal, es la principal autoridad, distinta del gobierno del país o jurisdicción, emisora de instrumentos destinados a circular como medios de pago. Dicha institución puede incluir una agencia institucional independiente del gobierno del país o jurisdicción, que puede ser o no propiedad total o parcial del país o jurisdicción. Se incluye en esta categoría, en particular, el Banco de España.
5. Por «fondo de pensiones de participación amplia» se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento, o cualquier combinación de estas, a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a condición de que el fondo:
a) No tenga ningún beneficiario con derecho a más del 5 por ciento de los activos del fondo.
b) Esté sujeto a la normativa estatal y facilite información a la Administración tributaria, y
c) Cumpla al menos uno de los requisitos siguientes:
i) Que el fondo esté globalmente exento de impuestos sobre los rendimientos de la inversión, o que dichos rendimientos estén sujetos a tributación diferida o tributen a un tipo reducido, por su condición de plan de jubilación o de pensiones.
ii) Que el fondo obtenga al menos el 50 por ciento de las aportaciones totales, distintas de las transferencias de activos a partir de otros planes descritos en el apartado B, puntos 5, 6 y 7, o a partir de cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17.a), de los empleadores promotores.
iii) Que la distribución o el reintegro de cantidades a partir del fondo solo esté autorizado en caso de producirse hechos específicos relacionados con la jubilación, la incapacidad o el fallecimiento, con excepción de las rentas distribuidas para su inversión en otros fondos de pensiones descritos en el apartado B, puntos 5, 6 y 7 o cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17.a), o que la distribución o el reintegro de cantidades antes de tales hechos específicos dé lugar a penalizaciones, o
iv) Que las aportaciones de los empleados al fondo (con exclusión de ciertas aportaciones compensatorias autorizadas) estén limitadas en función de los ingresos percibidos por el empleado, o bien que no puedan exceder, anualmente, de un importe en euros que corresponde a 50.000 dólares estadounidenses, aplicando las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII apartado C.
Se incluyen en esta categoría, en particular, los fondos regulados por el texto refundido de la Ley sobre fondos y planes de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y las entidades definidas en el artículo 64 del Texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, cuando en una mutualidad de previsión social todos sus mutualistas sean empleados, sus socios protectores o promotores sean las empresas, instituciones o empresarios individuales en las cuales presten sus servicios y las prestaciones que se otorguen sean únicamente consecuencia de acuerdos de previsión entre estas y aquellos, así como toda otra entidad comparable regulada en el ámbito de las Comunidades Autónomas.
6. Por «fondo de pensiones de participación restringida» se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a condición de que:
a) El fondo tenga menos de 50 partícipes.
b) Los promotores del fondo sean uno o varios empleadores que no sean entidades de inversión ni ENF pasivas.
c) Las aportaciones al fondo de empleados y empleadores, con exclusión de las transferencias de activos a partir de las cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17.a), estén limitadas en función de los ingresos percibidos por el empleado y la remuneración abonada al empleado, respectivamente.
d) Los partícipes que no sean residentes en el país o jurisdicción en el que esté establecido el fondo no tengan derecho a más del 20 por ciento de los activos del fondo, y
e) El fondo esté sujeto a la normativa estatal y facilite información a la Administración tributaria.
7. Por «fondo de pensiones de una entidad estatal, una organización internacional o un banco central» se entiende un fondo establecido por una entidad estatal, una organización internacional o un banco central con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a sus beneficiarios o partícipes que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos), o que no sean ni hayan sido empleados, si las prestaciones ofrecidas a tales beneficiarios o partícipes son la contrapartida de servicios personales prestados a la entidad estatal, la organización internacional o el banco central.
8. Por «emisor autorizado de tarjetas de crédito» se entiende una institución financiera que cumple los siguientes requisitos:
a) La institución financiera tiene condición de institución financiera únicamente porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos solo cuando un cliente hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con la tarjeta y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente, y
b) La institución financiera aplica, a partir del 1 de enero de 2016 o desde antes de esa fecha, medidas y procedimientos destinados bien a impedir que un cliente haga sobrepagos que excedan de un importe en euros correspondiente a 50.000 dólares estadounidenses, o bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. A estos efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías.
9. Por «instrumento de inversión colectiva exento» se entiende una entidad de inversión regulada como instrumento de inversión colectiva, siempre y cuando la titularidad de todos los intereses en el instrumento de inversión colectiva corresponda a las siguientes entidades o se ejerza a través de ellas: i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; ii) una sociedad de capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital descrita en el inciso i); iii) una entidad estatal; iv) una organización internacional; v) un banco central, o vi) una institución financiera, con excepción de las descritas en la sección VIII, apartado D.7 ii).
C. Cuenta financiera.
1. Por «cuenta financiera» se entiende una cuenta abierta en una institución financiera, comprendidas las cuentas de depósito, las cuentas de custodia, y:
a) En el caso de una entidad de inversión, toda participación en capital o en deuda en la institución financiera. No obstante lo anterior, el término «cuenta financiera» no incluye ninguna participación en capital o deuda en una entidad que sea una entidad de inversión exclusivamente por: i) asesorar a un cliente y actuar en nombre de este, o ii) gestionar carteras para un cliente, y actuar en nombre de este, para fines de inversión, gestión o administración de activos financieros depositados en nombre del cliente en una institución financiera distinta de la entidad considerada.
b) En el caso de las instituciones financieras no descritas en el apartado C.1.a), toda participación en capital o deuda en la institución financiera, si el tipo de participación en cuestión se determinó con el objeto de eludir la comunicación de información de conformidad con el artículo 5, y
c) Los contratos de seguro con valor en efectivo y los contratos de anualidades ofrecidos por una institución financiera, o que esta mantenga, distintos de las rentas vitalicias, inmediatas, intransferibles y no ligadas a inversión, emitidas a una persona física, que monetizan una pensión o una prestación por incapacidad vinculadas a una cuenta que sea una cuenta excluida.
El término «cuenta financiera» no incluye las cuentas que sean cuentas excluidas.
2. Por «cuenta de depósito» se entiende toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión o de deuda, o un instrumento similar, abierta en una institución financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las cuentas de depósito comprenden también las cantidades que posea una compañía de seguros con arreglo a un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o anotación en cuenta de los correspondientes intereses.
3. Por «cuenta de custodia» se entiende una cuenta, distinta de un contrato de seguros o un contrato de anualidades, en la que se deposita uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero.
4. Por «participación en el capital» se entiende, en el caso de las sociedades de personas que sean instituciones financieras, tanto una participación en el capital como en los beneficios de la sociedad de personas. En el caso de la entidad a la que se refiere el apartado B.1.d) de la sección VIII del anexo I del presente Real Decreto con naturaleza de institución financiera, se considera que posee una participación en el capital cualquier persona a la que se considere fideicomitente, o beneficiario de la totalidad o de una parte de dicha entidad, o cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre dicha entidad, incluso a través de una cadena de control o propiedad. Las personas tendrán la consideración de beneficiarias de dicha entidad si tienen derecho a percibir, directa o indirectamente (por ejemplo a través de un agente designado) una distribución obligatoria, o pueden percibir, directa o indirectamente, una distribución discrecional con cargo a dicha entidad.
5. Por «contrato de seguro» se entiende un contrato, distinto de los contratos de anualidades, conforme al cual el emisor acuerda pagar un importe en caso de que se materialice una contingencia especificada que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad o riesgo patrimonial.
6. Por «contrato de anualidades» se entiende un contrato en virtud del cual el emisor acuerda efectuar pagos durante un período determinado total o parcialmente por referencia a la expectativa de vida de una o varias personas físicas. Se incluyen en este término, en particular, las rentas temporales o vitalicias ofrecidas por las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
A los efectos de calcular el saldo o valor de la cuenta financiera, la institución financiera obligada a comunicar información podrá utilizar, en su caso, el valor de capitalización al que se refiere la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
7. Por «contrato de seguro con valor en efectivo» se entiende un contrato de seguro (distinto de un contrato de reaseguro entre dos compañías aseguradoras) que tiene un valor en efectivo.
8. Por «valor en efectivo» se entiende la mayor de las cantidades siguientes: i) el importe que tenga derecho a percibir el tomador del seguro como consecuencia del rescate o la resolución del contrato (determinado sin computar la posible reducción en concepto de penalización por rescate o préstamo sobre la póliza), y ii) el importe que el tomador del seguro pueda tomar en préstamo en virtud del contrato o con relación al mismo.
La expresión «valor en efectivo» no comprende los importes pagaderos por razón de un contrato de seguro:
a) Exclusivamente con motivo del fallecimiento de una persona física asegurada en un contrato de seguro de vida.
b) En concepto de prestación por daños personales o enfermedad u otra prestación indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo asegurado.
c) En concepto de devolución de una prima pagada anteriormente (menos el coste de los gastos de seguro, con independencia de que se hayan aplicado o no) por un contrato de seguro (distinto de un contrato de anualidades o de seguro de vida ligado a una inversión) debido a la cancelación o resolución del contrato, a una merma de exposición al riesgo durante la vigencia del contrato, o a un nuevo cálculo de la prima por rectificación de la notificación o error similar.
d) En concepto de dividendos del tomador de la póliza, distintos de los dividendos a la terminación del contrato, siempre y cuando los dividendos guarden relación con un contrato de seguro en el que las únicas prestaciones pagaderas sean las descritas en el apartado C.8.b), o
e) En concepto de devolución de prima anticipada o depósito de prima por un contrato de seguro en el que la prima es pagadera con una periodicidad mínima anual, si el importe de la prima anticipada o el depósito de prima no excede de la siguiente prima anual que haya de abonarse con arreglo al contrato.
A los efectos de calcular el saldo o valor de la cuenta financiera, la institución financiera obligada a comunicar información podrá utilizar, en su caso, el valor de rescate al que se refiere la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
9. Por «cuenta preexistente» se entiende:
a) Una cuenta financiera que se mantenga abierta a 31 de diciembre de 2015 en una institución financiera obligada a comunicar información.
b) Toda cuenta financiera de un titular, sea éste persona física o entidad, con independencia de la fecha de apertura de la cuenta, si:
i) El titular también tiene en la institución financiera obligada a comunicar información en una entidad vinculada a la misma en España, una cuenta financiera que es una cuenta preexistente con arreglo al apartado C.9.a).
ii) La institución financiera obligada a comunicar información y, si ha lugar, la entidad vinculada a la misma en España, trata las dos cuentas financieras antes mencionadas, y cualesquiera otras cuentas financieras del titular que tengan la consideración de cuentas preexistentes con arreglo a la presente letra b), como una sola cuenta financiera a efectos del cumplimiento de los estándares de conocimiento establecidos en la sección VII, apartado A, y de la determinación del saldo o valor de cualquiera de las cuentas financieras cuando aplica los umbrales fijados para las cuentas.
iii) En lo que se refiere a las cuentas financieras sujetas a los procedimientos establecidos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo, la institución financiera obligada a comunicar información está autorizada a dar cumplimiento a dichos procedimientos para la cuenta financiera basándose en los resultados de la aplicación de los mencionados procedimientos a la cuenta preexistente descrita en el apartado C.9.a), y
iv) La apertura de la cuenta financiera no requiere que el titular presente información nueva, adicional o modificada acerca del mismo diferente a la establecida en este anexo.
10. Por «cuenta nueva» se entiende una cuenta financiera abierta en una institución financiera obligada a comunicar información a partir del 1 de enero de 2016, a menos que sea tratada como cuenta preexistente de conformidad con el apartado C.9.b).
11. Por «cuenta preexistente de persona física» se entiende una cuenta preexistente cuyo titular o titulares son una o varias personas físicas.
12. Por «cuenta nueva de persona física» se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares son una o varias personas físicas.
13. Por «cuenta preexistente de entidad» se entiende una cuenta preexistente cuyo titular o titulares son una o varias entidades.
14. Por «cuenta de menor valor» se entiende una cuenta preexistente de persona física con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 que no excede de un importe en euros que corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses.
15. Por «cuenta de mayor valor» se entiende una cuenta preexistente de persona física con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 o de cualquier año posterior que excede de un importe en euros que corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses.
16. Por «cuenta nueva de entidad» se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares son una o varias entidades.
17. Por «cuenta excluida» se entiende cualquiera de las cuentas siguientes:
a) Una cuenta de jubilación o pensión que cumple los requisitos siguientes:
i) La cuenta está sujeta a la legislación aplicable a las cuentas personales de jubilación o forma parte de un plan de jubilación o de pensiones registrado o regulado que ofrece prestaciones de jubilación o pensión (incluidas prestaciones por incapacidad o fallecimiento).
ii) La cuenta goza de una fiscalidad favorable (es decir, los ingresos en la cuenta, que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos de la renta bruta del titular o tributan a un tipo reducido, o los rendimientos de la inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o tributan a un tipo reducido).
iii) Debe comunicarse información sobre la cuenta a la Administración tributaria.
iv) Los reintegros de la cuenta están supeditados a que se alcance una edad de jubilación especificada, a una incapacidad o al fallecimiento, o están sujetos a penalización si se realizan antes de materializarse esos hechos, y
v) O bien i) las aportaciones anuales no pueden exceder de un importe en euros que corresponde a 50.000 dólares estadounidenses, o bien ii) la aportación máxima a la cuenta a lo largo de toda la vida no puede exceder de un importe en euros que corresponde a 1.000.000 de dólares estadounidenses, aplicándose en cada caso las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda establecidas en la sección VII, apartado C.
Una cuenta financiera que, por lo demás, cumpla el requisito establecido en el apartado C.17.a).v) no dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias cuentas financieras que cumplan lo dispuesto en el apartado C.17, letras a) o b), o transferidos de uno o varios fondos de pensiones que cumplan los requisitos del apartado B.5, B.6 o B.7.
Se entienden incluidas en este concepto, en particular, las cuentas representativas de las aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social a que hacen referencia los artículos 51 y 53 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) Una cuenta que cumple los requisitos siguientes:
i) La cuenta está sujeta a la legislación aplicable a los instrumentos de inversión para fines distintos de la jubilación y se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido, o la cuenta está sujeta a la legislación aplicable a los instrumentos de ahorro para fines distintos de la jubilación.
ii) La cuenta goza de una fiscalidad favorable (es decir, los ingresos en la cuenta, que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos de la renta bruta del titular o tributan a un tipo reducido, o los rendimientos de la inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o tributan a un tipo reducido).
iii) Los reintegros de la cuenta están supeditados al cumplimiento de criterios específicos relacionados con la finalidad de la cuenta de inversión o ahorro (por ejemplo, la oferta de prestaciones educativas o médicas), o están sujetos a penalización si se realizan antes de que se cumplan tales criterios, y
iv) Las aportaciones anuales no pueden exceder de un importe en euros que corresponde a 50.000 dólares estadounidenses, aplicándose a estos efectos las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C.
Una cuenta financiera que, por lo demás, cumpla el requisito establecido en el apartado C.17.b).iv) no dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias cuentas financieras que cumplan lo dispuesto en el apartado C.17, letras a) o b), o transferidos de uno o varios fondos de pensiones que cumplan los requisitos del apartado B.5, B.6 o B.7.
Se entienden incluidas en este concepto, en particular, los planes individuales de ahorro sistemático descritos en la Disposición adicional tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y los planes de ahorro a largo plazo descritos en la disposición adicional vigésima sexta de la citada Ley.
c) Un contrato de seguro de vida cuyo período de cobertura finaliza antes de que el asegurado cumpla 90 años, siempre que el contrato cumpla los siguientes requisitos:
i) Que las primas periódicas, que no son decrecientes con el tiempo, sean pagaderas con una periodicidad anual como mínimo durante el período de vigencia del contrato o bien hasta que el asegurado cumpla 90 años si este segundo período es más corto.
ii) Que el contrato no tenga un valor al que pueda acceder persona alguna (mediante reintegro, préstamo u otro medio) sin resolución del contrato.
iii) Que el importe pagadero con motivo de la cancelación o resolución del contrato (excluida la prestación por fallecimiento) no pueda exceder del importe agregado de las primas abonadas conforme al contrato, menos la suma de los gastos por fallecimiento, enfermedad, accidente u otros motivos (con independencia de que se hayan aplicado o no) por el período o períodos de vigencia del contrato y todos los importes abonados con anterioridad a la cancelación o resolución del contrato, y
iv) Que el cesionario del contrato no mantenga este por razón de su valor.
d) Una cuenta cuya titularidad exclusiva corresponde a un caudal relicto, si la documentación de la cuenta incluye una copia del testamento o certificado de defunción del causante.
e) Una cuenta establecida en conexión con cualquiera de los hechos siguientes:
i) Una sentencia o mandato judicial.
ii) Una venta, intercambio o arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, siempre que la cuenta cumpla los requisitos siguientes:
– Que los fondos de la cuenta procedan exclusivamente del depósito de un pago a cuenta, como garantía de ejecución, de cuantía suficiente para garantizar una obligación directamente relacionada con la operación, o de un pago similar, o procedan de un activo financiero depositado en la cuenta en conexión con la venta, intercambio o arrendamiento de los bienes.
– Que la cuenta se haya abierto y se utilice exclusivamente como garantía de ejecución de la obligación del comprador de pagar el precio de la compra de los bienes, de la obligación del vendedor de pagar cualquier pasivo contingente, o de la obligación del arrendador o del arrendatario de pagar cualquier daño de los bienes arrendados, de conformidad con el contrato de arrendamiento.
– Que los activos de la cuenta, incluidas las rentas generadas por ella, se vayan a pagar o distribuir de otro modo en beneficio del comprador, el vendedor, el arrendador o el arrendatario (si ha lugar, en cumplimiento de la obligación de tal persona) en el momento de la venta, intercambio o cesión de los bienes o de la terminación del arrendamiento.
– Que la cuenta no sea una cuenta de margen o similar abierta en conexión con la venta o intercambio de un activo financiero, y
– Que la cuenta no esté asociada con una cuenta de las descritas en el apartado C.17.f).
iii) La obligación asumida por una institución financiera que gestiona un préstamo garantizado por bienes inmuebles de apartar una porción de un pago para destinarla exclusivamente a facilitar el pago ulterior de impuestos o seguros relacionados con los bienes inmuebles.
iv) La obligación asumida por una institución financiera de facilitar exclusivamente el pago ulterior de impuestos.
f) Una cuenta de depósito que cumple los requisitos siguientes:
i) La cuenta existe exclusivamente porque un cliente hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con una tarjeta de crédito u otras líneas de crédito renovables y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente, y
ii) La institución financiera aplica, a partir del 1 de enero de 2016 o desde antes de esa fecha, medidas y procedimientos destinados bien a impedir que un cliente haga sobrepagos que excedan de un importe en euros correspondiente a 50.000 dólares estadounidenses, o bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando en ambos casos las normas de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. A estos efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías.
g) Las siguientes cuentas:
1. Los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en aplicación de la disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales, o por ley.
2. Una cuenta representativa de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad a que hace referencia el artículo 54 y la disposición adicional decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
3. Una cuenta preexistente (a excepción de un contrato de anualidades) con un saldo anual inferior a un importe en euros correspondiente 1.000 dólares estadounidenses que tenga la consideración de cuenta inactiva.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas se podrán determinar otras cuentas excluidas que cumplan los requisitos previstos en el apartado C.17.g) de la sección VIII del anexo I de la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
D. Cuenta sujeta a comunicación de información.
1. Por «cuenta sujeta a comunicación de información» se entiende una cuenta financiera abierta en una institución financiera obligada a comunicar información, y cuya titularidad corresponda a una o varias personas sujetas a comunicación de información, o a una ENF pasiva en la que una o varias de las personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información, a condición de que haya sido determinada como tal en aplicación de los procedimientos de diligencia debida que se describen en las secciones II a VII.
2. Por «persona sujeta a comunicación de información» se entiende una persona residente fiscal en otro país o jurisdicción al que se refiere el artículo 4 de este real decreto distinta de: i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; ii) una sociedad de capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital descrita en el inciso i); iii) una entidad estatal; iv) una organización internacional; v) un banco central, o vi) una institución financiera.
3. Por «persona residente fiscal en otro país o jurisdicción» se entiende una persona física o entidad que reside en ese país o jurisdicción conforme a su legislación tributaria, o el caudal relicto de un causante residente en ese país o jurisdicción.
A estos efectos, una entidad, ya sea una sociedad de personas, una sociedad de personas de responsabilidad limitada o un instrumento jurídico similar, que carezca de residencia fiscal será tratada como residente en el país o jurisdicción en el que esté situado su lugar de administración efectiva.
4. Por «jurisdicción participante» se entiende:
a) Otro Estado miembro de la Unión Europea, cualquier territorio al que sea de aplicación la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, o cualquier otro país o jurisdicción con el cual la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5.
b) Otro país o jurisdicción respecto del cual haya surtido efectos el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras.
c) Cualquier otro país o jurisdicción con el cual España haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5 conforme a lo dispuesto en este real decreto.
5. Por «personas que ejercen el control» se entiende las personas físicas que controlan una entidad, debiendo interpretarse dicho término de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y los artículos 8 y 9.5 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
6. La abreviatura «ENF» designa a toda entidad que no es una institución financiera.
7. Por «ENF pasiva» se entiende:
i) Una ENF que no es una ENF activa, o
ii) Una entidad de inversión descrita en el apartado A.6.b) que no es una institución financiera de una jurisdicción participante.
8. Por «ENF activa» se entiende cualquier ENF que cumple alguno de los criterios siguientes:
a) Menos del 50 por ciento de la renta bruta obtenida por la ENF durante el año natural precedente es renta pasiva, y menos del 50 por ciento de los activos poseídos por la ENF durante el año natural precedente son activos que generan renta pasiva o cuya tenencia tiene por objeto la generación de renta pasiva.
b) El capital social de la ENF se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido, o bien la ENF es una entidad vinculada a una entidad cuyo capital se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido.
c) La ENF es una entidad estatal, una organización internacional o un banco central o una entidad perteneciente en su totalidad a uno o varios de los anteriores.
d) Las actividades de la ENF consisten sustancialmente en la tenencia (total o parcial) de las acciones en circulación de una o varias filiales que desarrollan una actividad económica distinta de la de una institución financiera, o en la prestación de servicios a dichas filiales y en su financiación, si bien una entidad no será considerada ENF activa si opera (o se presenta) como un fondo de inversión, como en los casos de un fondo de inversión privado, un fondo de capital riesgo, un fondo de compra con financiación ajena o como un instrumento de inversión cuyo objeto sea adquirir o financiar sociedades y mantener después una participación en su activo fijo con fines de inversión.
e) La ENF no tiene aún actividad económica ni la ha tenido anteriormente, pero invierte capital en activos con la intención de llevar a cabo una actividad distinta de la de una institución financiera, siempre y cuando la ENF no pueda acogerse a esta excepción una vez transcurrido un plazo de 24 meses contados a partir de su constitución inicial.
f) La ENF no ha sido una institución financiera en los últimos cinco años y se encuentra en proceso de liquidación de sus activos o de reorganización con vistas a continuar o reiniciar una actividad distinta de la de institución financiera.
g) La actividad principal de la ENF consiste en la financiación y cobertura de las operaciones realizadas con entidades vinculadas que no sean instituciones financieras, o en nombre de tales entidades, y la ENF no presta servicios de financiación o cobertura a ninguna entidad que no sea una entidad vinculada, siempre que la actividad económica principal de cualquier grupo de entidades vinculadas de estas características sea distinta de la de una institución financiera, o
h) La ENF cumple todos los requisitos siguientes:
i) Está establecida y opera en su país o jurisdicción de residencia fiscal exclusivamente con fines religiosos, benéficos, científicos, artísticos, culturales, deportivos o educativos; o está establecida y opera en su país o jurisdicción de residencia fiscal como organización profesional, asociación de promoción de intereses comerciales, cámara de comercio, organización sindical, organización agrícola u hortícola, asociación cívica u organización exclusivamente dedicada a la promoción del bienestar social.
ii) Está exenta del impuesto sobre la renta en su país o jurisdicción de residencia.
iii) No tiene accionistas o socios que sean beneficiarios efectivos o propietarios de su renta o de sus activos.
iv) La legislación aplicable del país o jurisdicción de residencia fiscal de la ENF o sus documentos de constitución impiden la distribución de rentas o activos de la ENF a particulares o entidades no benéficas, o su utilización en beneficio de estos, excepto en el desarrollo de la actividad benéfica de la ENF, o como pago de una contraprestación razonable por servicios recibidos, o como pago de lo que constituiría un precio justo de mercado por las propiedades adquiridas por la Entidad, y
v) La legislación aplicable del país o jurisdicción de residencia fiscal de la ENF, o sus documentos de constitución, exigen que, tras la liquidación o disolución de la ENF, todos sus activos se distribuyan a una entidad estatal u otra organización sin ánimo de lucro, o se reviertan a la administración del país o jurisdicción de residencia fiscal de la ENF o de una subdivisión política del mismo.
E. Disposiciones diversas.
1. Por «titular de la cuenta» se entiende la persona registrada o identificada por la institución financiera en la que está abierta la cuenta como titular de una cuenta financiera. Las personas distintas de una institución financiera que sean titulares de una cuenta financiera en beneficio o por cuenta de otra persona como representante, custodio, agente designado, signatario, asesor de inversiones, o como intermediario, no tendrán el tratamiento de titulares de la cuenta a los efectos de este anexo, que sí tendrá dicha otra persona. En el caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, el titular de la cuenta es cualquier persona con derecho a disponer del valor en efectivo o a modificar el beneficiario del contrato. En caso de que ninguna persona pueda disponer del valor en efectivo ni modificar el beneficiario del contrato, el titular de la cuenta será toda persona designada como propietaria en el contrato y toda persona que adquiera el derecho a la percepción del pago en virtud de los términos del contrato. Al vencimiento de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, se considerará titular de la cuenta a toda persona que tenga derecho a percibir un pago por razón del contrato.
2. Por «entidad» se entiende una persona jurídica o instrumento jurídico, como una sociedad de capital, una sociedad de personas, aquella a la que se refiere el apartado B.1.d) de la sección VIII del anexo del presente Real Decreto o una fundación.
3. Una entidad es una «entidad vinculada» a otra entidad si: i) una de las dos entidades controla a la otra; ii) ambas entidades soportan un control común; o iii) las dos entidades son entidades de inversión contempladas en el apartado A.6.b), están bajo la misma dirección y dicha dirección cumple las obligaciones de diligencia debida aplicables a dichas entidades de inversión. A estos efectos, el control incluye la participación directa o indirecta en más del 50 por ciento del capital de una entidad y la posesión de más del 50 por ciento de los derechos de voto en la misma.
4. Por «NIF» se entiende el número de identificación fiscal de un contribuyente (o su equivalente funcional de no existir número de identificación fiscal).
5. Por «prueba documental» se entiende cualquiera de las siguientes:
a) Un certificado de residencia emitido por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) del país o jurisdicción en el que el beneficiario alega tener su residencia fiscal.
b) Respecto de una persona física, cualquier identificación válida emitida por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la persona y que se utilice habitualmente a efectos de identificación.
c) Respecto de una entidad, toda documentación oficial emitida por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la entidad y el domicilio de su sede en el país o jurisdicción en el que la entidad alegue tener su residencia fiscal o el país o jurisdicción de constitución de la entidad.
A estos efectos, el domicilio de la sede de una entidad es, en general, el del lugar en el que está situado su lugar de administración efectiva, no considerándose domicilio de la sede de una entidad la dirección de la institución financiera en la que la entidad tenga abierta una cuenta, un apartado de correos o una dirección utilizada exclusivamente para la recepción de correspondencia, excepto que tal dirección sea la única utilizada por la entidad y que figure como la dirección del domicilio social de la entidad en los documentos de constitución de esta. Tampoco se considera domicilio de la sede de una entidad una dirección que se facilita con la instrucción de retener toda la correspondencia dirigida a esa dirección.
d) Cualquier estado financiero auditado, informe crediticio de un tercero, declaración de quiebra o informe de un regulador del mercado de valores.
En relación con las cuentas preexistentes de entidad, las instituciones financieras obligadas a comunicar información podrán emplear como prueba documental cualquier clasificación de los archivos de la institución respecto al titular de la cuenta que se haya determinado sobre la base de un sistema de codificación estándar en el sector, que haya sido registrada por la institución con arreglo a sus prácticas comerciales normales para la aplicación de los procedimientos previstos conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo, (excepto para fines tributarios) y que haya sido establecida por la misma antes de la fecha utilizada para clasificar la cuenta financiera como cuenta preexistente, a condición de que la institución financiera no conozca o no pueda llegar a conocer que esa clasificación es incorrecta o no es fiable.
6. Por «número de cuenta» se entiende el número de identificación asignado por la institución financiera para distinguirla de otras cuentas abiertas en la misma, incluyéndose en dicho término un elemento funcional equivalente.
Sección IX. Normas adicionales sobre comunicación de información y diligencia debida para la información sobre cuentas financieras
1. Cambio de circunstancias.
Por «cambio de circunstancias» se entiende, en particular, todo cambio que dé lugar a la inclusión de nueva información relevante sobre la condición de una persona o de información que no concuerde con la condición asignada a dicha persona. Asimismo, se considera cambio de circunstancias toda inclusión de nueva información o modificación de la información existente respecto del titular de una cuenta, incluida la adición de un nuevo titular o la sustitución u otro cambio del titular de la cuenta, y toda inclusión de nueva información o modificación de la información existente respecto de las cuentas asociadas a la cuenta considerada (debiendo aplicarse las normas de agregación de cuentas descritas en el apartado C, puntos 1, 2 y 3, de la sección VII) si tal modificación o inclusión de información afecta a la condición del titular de la cuenta. Si una institución financiera se ha basado en la prueba de domicilio descrita en el apartado B.1 de la sección III de este anexo y se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual dicha institución financiera conozca o pueda llegar a conocer que la prueba documental (u otra documentación equivalente) original es incorrecta o no es fiable, la institución financiera deberá obtener, a más tardar el último día del año natural, o 90 días naturales después de la notificación o descubrimiento de ese cambio de circunstancias, una declaración y nuevas pruebas documentales que le permitan determinar la(s) residencia(s) fiscal del titular de la cuenta. Si la institución no puede obtener la declaración y las nuevas pruebas documentales en ese plazo, deberá aplicar el procedimiento de búsqueda en archivos electrónicos descrito en el apartado B, puntos 2 a 6, de la sección III.
2. Residencia de las instituciones financieras y concepto de sucursal.
La determinación de los conceptos de residencia y sucursal se realizará aplicando la normativa sobre residencia fiscal y establecimientos permanentes recogida en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.
En el caso de la entidad a la que se refiere el apartado B.1.d) de la sección VIII del anexo del presente Real Decreto con naturaleza de institución financiera, con independencia de su residencia fiscal, se considera que está sujeta a las obligaciones establecidas en este real decreto si uno o varios de sus fiduciarios son residentes en España, excepto si dicha entidad comunica a otra jurisdicción participante, por tener en esta su residencia fiscal, toda la información a la que se refiere el artículo 5 de este real decreto respecto de las cuentas sujetas a comunicación de información de dicha entidad.
Asimismo serán de aplicación las siguientes reglas especiales respecto a las instituciones financieras distintas de la mencionada en el párrafo anterior:
a) Si no tienen residencia fiscal (por ejemplo, porque se las considere fiscalmente transparentes), se considerará que están sujetas a las obligaciones establecidas en este real decreto y serán, por tanto, instituciones financieras obligadas a comunicar información si:
– Están constituidas con arreglo a la legislación española.
– Su lugar de administración, incluida su administración efectiva, se encuentra en España, o
– Están sujetas a supervisión financiera en España.
b) Si son residentes en España y en otra u otras jurisdicciones participantes, estarán sujetas a las obligaciones de comunicación de información y diligencia debida del país o jurisdicción en el que tengan abiertas su cuenta o cuentas financieras.
3. Cuentas inactivas y cuentas que no están documentadas.
Se considera que una cuenta preexistente es una cuenta inactiva cuando: (i) el titular de la cuenta no haya efectuado operaciones con esa cuenta o cualquier otra de su titularidad en la institución financiera durante los tres años anteriores; (ii) el titular de la cuenta no haya tenido contacto con la institución financiera por cuestiones relacionadas con esa o cualquier otra cuenta de su titularidad en la misma institución durante los seis años anteriores (iii) la cuenta sea tratada como cuenta inactiva con arreglo a los procedimientos operativos habituales de la institución financiera y, (iv) tratándose de un contrato de seguro con valor en efectivo, la institución financiera no haya contactado con el titular de la cuenta por cuestiones relacionadas con la misma o cualquier otra cuenta de su titularidad abiertas en la citada Institución durante los seis años anteriores.
En cuanto a las cuentas que no estén documentadas, la comunicación de las mismas a la Administración tributaria se realizará en los términos previstos en la correspondiente Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. | Regulación del control de cuentas bancarias, no afecta 100% si tienes menos de 250.000$ | El intercambio internacional de información en materia financiera es un valioso instrumento para verificar, por parte de las Administraciones tributarias, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Así se viene reconociendo en los últimos años a escala internacional, tanto por las distintas Administraciones comprometidas en la lucha contra el fraude fiscal, como en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Tomando como punto de partida el modelo de acuerdo intergubernamental para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA), negociado con los Estados Unidos conjuntamente por Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, en 2013 estos cinco países mostraron su intención de extender el intercambio automático de información al mayor número posible de países o jurisdicciones mediante el anuncio de un proyecto piloto común de intercambio de información fiscal de carácter multilateral, automático y estandarizado. A raíz de esta iniciativa, la OCDE recibió del denominado «G-20» el mandato de basarse en el citado modelo de acuerdo intergubernamental para elaborar una norma única internacional para el intercambio automático de información fiscal sobre cuentas financieras.
Como resultado de ello, a principios de 2014, la OCDE publicó el Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y un Estándar común de comunicación de información, y en julio de 2014, el Consejo de la OCDE publicó los Comentarios al citado Modelo de Acuerdo y al Estándar común de comunicación de información. Sobre estas bases, el 29 de octubre de 2014 un total de 51 países y jurisdicciones firmaron en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del texto consolidado del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, ya contemplaba la obligatoriedad del intercambio automático de información entre los Estados miembros, si bien sobre categorías de renta y de patrimonio de carácter no financiero y sobre la base de que la información estuviera disponible. Con objeto de ampliar a las cuentas financieras el ámbito del intercambio automático de información entre los Estados miembros, de forma compatible y coordinada con el Estándar común de comunicación de información elaborado por la OCDE, se ha aprobado recientemente la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad.
Además de los Acuerdos Internacionales y de la Directiva anteriormente citados, este real decreto encuentra su fundamento, en el ámbito de interno, en el apartado 2 del artículo 1 y en el artículo 29 bis, ambos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativos a las obligaciones tributarias en el ámbito de la asistencia mutua, y más específicamente en la disposición adicional vigésimo segunda de la citada Ley 58/2003, que establece la obligación de las instituciones financieras de identificar la residencia de los titulares de determinadas cuentas financieras y de suministrar información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, así como la obligación de los titulares de las cuentas de identificar su residencia fiscal ante las instituciones financieras. En esta disposición se establece asimismo que, con carácter previo al referido suministro, las instituciones financieras están obligadas a comunicar a las personas físicas titulares de las cuentas financieras que la información sobre ellas a que se refiere este real decreto será comunicada a la Administración tributaria y transferida al Estado miembro que corresponda con arreglo a la Directiva 2011/16/UE.
Este real decreto incorpora al ordenamiento interno las normas de comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en la obtención de dicha información, para que, a su vez, la Administración tributaria pueda intercambiar la información recibida, de forma automática, con la Administración correspondiente del país o jurisdicción de residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de la cuenta financiera, todo ello en el marco de la Directiva 2011/16/UE del Consejo modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras.
Asimismo, habida cuenta que la Directiva 2014/107/UE establece un ámbito de aplicación en general más amplio que el establecido por la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, y dispone la prevalencia de la primera sobre la segunda, resulta necesario suprimir los preceptos reglamentarios que trasponen al ordenamiento interno la Directiva 2003/48/CE del Consejo, a fin de evitar la duplicación de las obligaciones sobre comunicación de información, así como para adaptar el intercambio automático de información sobre cuentas financieras a la mencionada norma única internacional.
El real decreto se estructura en cinco artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, cinco disposiciones finales y un anexo.
El artículo 1 establece el objeto del real decreto.
El artículo 2 define el ámbito subjetivo de la obligación de identificación de la residencia e información, sujetándose a dicha obligación las instituciones financieras previstas en el an
### RESUMEN: Regulación del control de cuentas bancarias, no afecta 100% si tienes menos de 250.000$ |
La Ministra de Hacienda, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Presidente de Farmaindustria, han suscrito, con fecha 28 de diciembre de 2018, un Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Acuerdo de prorroga como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 18 de junio de 2019.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria
En Madrid, a 28 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
Doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, nombrada mediante Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Doña María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, nombrada mediante Real Decreto 1161/2018, de 11 de septiembre, por el que se nombra Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Don Martín Sellés Fort, como Presidente de Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, cuyos estatutos están depositados con el n.º 582 en el Registro de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
Reconociéndose las partes mutuamente capacidad suficiente para suscribir la presente prórroga,
EXPONEN
Primero.
Que con fecha 29 de diciembre de 2016 suscribieron un convenio de colaboración cuyo objeto es el de establecer y articular un espacio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria, para la consecución de objetivos comunes en materia de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mejora de la eficiencia del SNS, racionalización del gasto farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio español y promoviendo la localización industrial de estas actividades en un marco regulatorio predecible.
Segundo.
Que, conforme prevé su cláusula sexta, dicho convenio tiene una vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2017, pudiendo ser expresamente prorrogado por acuerdo de las partes por un año hasta un máximo de 3 años adicionales.
Tercero.
Que dicho convenio ya fue objeto de prórroga por un año adicional mediante acuerdo suscrito el 27 de diciembre de 2017.
Cuarto.
Es voluntad de las partes suscribir una modificación del actual convenio para su entrada en vigor antes de que finalice el nuevo período de prórroga previsto en este Acuerdo.
Quinto.
Que a tal fin Farmaindustria requiere la aprobación por su Asamblea General convocada al efecto de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación, hecho que en atención a los requerimientos procedimentales y los plazos establecidos no puede producirse antes del 15 de enero de 2019.
Sexto.
A efectos de que no expire el Convenio vigente, y en consecuencia con el expositivo anterior, el representante de Farmaindustria declara, y el resto de las partes aceptan, que la firma del presente documento por parte de Farmaindustia se realiza de manera condicionada a la autorización que, en su caso, otorgue la Asamblea General de la Asociación en la sesión extraordinaria que celebre a tal efecto a principios de 2019., En el supuesto de no producirse tal autorización, el presente Acuerdo no producirá ningún efecto.
Séptimo.
Una vez obtenida, en su caso, la aprobación por la Asamblea General de Farmaindustria se dará eficacia al Acuerdo de prórroga del Convenio mediante un documento específico que se incorporará al presente.
De conformidad con las previsiones anteriores, y reconociéndose mutuamente los reunidos competencia y capacidad legal suficiente para ello según lo establecido anteriormente,
ACUERDAN
Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (actualmente Ministerio de Hacienda y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria de 29 de diciembre de 2016 por un período de tres meses, y formalizarlo, aceptando que dicha prórroga se extenderá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019.
Y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste, se firma en triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.–La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo Roces.–El Presidente de Farmaindustria, Martín Sellés Fort. | Prórroga de tres meses del acuerdo que firmó el Gobierno del convenio con Farmaindustria. | La Ministra de Hacienda, la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Presidente de Farmaindustria, han suscrito, con fecha 28 de diciembre de 2018, un Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria.
Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Acuerdo de prorroga como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 18 de junio de 2019.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria
En Madrid, a 28 de diciembre de 2018.
REUNIDOS
Doña María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de Hacienda, nombrada mediante Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Doña María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, nombrada mediante Real Decreto 1161/2018, de 11 de septiembre, por el que se nombra Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, quien actúa en virtud de las facultades conferidas por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Don Martín Sellés Fort, como Presidente de Farmaindustria (Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, cuyos estatutos están depositados con el n.º 582 en el Registro de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
Reconociéndose las partes mutuamente capacidad suficiente para suscribir la presente prórroga,
EXPONEN
Primero.
Que con fecha 29 de diciembre de 2016 suscribieron un convenio de colaboración cuyo objeto es el de establecer y articular un espacio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria, para la consecución de objetivos comunes en materia de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mejora de la eficiencia del SNS, racionalización del gasto farmacéutico público, acceso de los pacientes a la innovación con equidad en todo el territorio español y promoviendo la localización industrial de estas actividades en un marco regulatorio predecible.
Segundo.
Que, conforme prevé su cláusula sexta, dicho convenio tiene una vigencia de un año a partir del 1 de enero de 2017, pudiendo ser expresamente prorrogado por acuerdo de las partes por un año hasta un máximo de 3 años adicionales.
Tercero.
Que dicho convenio ya fue objeto de prórroga por un año adicional mediante acuerdo suscrito el 27 de diciembre de 2017.
Cuarto.
Es voluntad de las partes suscribir una modificación del actual convenio para su entrada en vigor antes de que finalice el nuevo período de prórroga previsto en este Acuerdo.
Quinto.
Que a tal fin Farmaindustria requiere la aprobación por su Asamblea General convocada al efecto de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación, hecho que en atención a los requerimientos procedimentales y los plazos establecidos no puede producirse antes del 15 de enero de 2019.
Sexto.
A efectos de que no expire el Convenio vigente, y en consecuencia con el expositivo anterior, el representante de Farmaindustria declara, y el resto de las partes aceptan, que la firma del presente documento por parte de Farmaindustia se realiza de manera condicionada a la autorización que, en su caso, otorgue la Asamblea General de la Asociación en la sesión extraordinaria que celebre a tal efecto a principios de 2019., En el supuesto de no producirse tal autorización, el presente Acuerdo no producirá ningún efecto.
Séptimo.
Una vez obtenida, en su caso, la aprobación por la Asamblea General de Farmaindustria se dará eficacia al Acuerdo de prórroga del Convenio mediante un documento específico que se incorporará al presente.
De conformidad con las previsiones anteriores, y reconociéndose mutuamente los reunidos competencia y capacidad legal suficiente para ello según lo establecido anteriormente,
ACUERDAN
Prorrogar el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (actualmente Ministerio de Hacienda y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y Farmaindustria de 29 de diciembre de 2016 por un período de tres meses, y formalizarlo, aceptando que dicha prórroga se extenderá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019.
Y estando las partes conformes con el contenido de este documento y para que así conste, se firma en triplicado ejemplar a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.–La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo Roces.–El Presidente de Farmaindustria, Martín Sellés Fort.
### RESUMEN: Prórroga de tres meses del acuerdo que firmó el Gobierno del convenio con Farmaindustria. |
Visto el expediente de indulto de don César García Colmenarejo, condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, sección tercera, en sentencia de 16 de julio de 2012, como autor de un delito de lesiones causantes de deformidad, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena; y una falta de lesiones, a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, por hechos cometidos en el año 2009, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 2015,
Vengo en conmutar a don César García Colmenarejo la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO | Indulto para César García Colmenarejo | Visto el expediente de indulto de don César García Colmenarejo, condenado por la Audiencia Provincial de Madrid, sección tercera, en sentencia de 16 de julio de 2012, como autor de un delito de lesiones causantes de deformidad, a la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena; y una falta de lesiones, a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, por hechos cometidos en el año 2009, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 2015,
Vengo en conmutar a don César García Colmenarejo la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 22 de mayo de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
### RESUMEN: Indulto para César García Colmenarejo |
En el presente año 2013 se inicia un amplio ciclo de conmemoraciones relacionadas con gestas españolas que han definido nuestra impronta en amplios espacios que constituyen ejes prioritarios de nuestra política exterior y que gira esencialmente en torno a nuestras relaciones con Estados Unidos.
Constituye una ventana de treinta meses de vinculación hispana y comprende el Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; el Quinto Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; el 300 Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones de California; el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, por Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del Galeón de Manila.
Estas conmemoraciones tienen el objetivo principal de poner en valor nuestro legado histórico y cultural, y proyectarlo al futuro, para cimentar unas relaciones nuevas e intensas con los Estados Unidos acordes con nuestras respectivas realidades, y reforzar los valores y las fortalezas de la España actual.
Dada la amplitud de dichas conmemoraciones, que abarcan históricamente el espacio geográfico del Virreinato de la Nueva España, se considera necesaria la creación de una Comisión Nacional encargada de la preparación, programación, organización y coordinación de las actividades destinadas a su celebración y de cuantos intervienen en ellas, y que evite duplicidades internas.
Su creación, además, permitirá contar con una contraparte española de la Comisión Federal para la Conmemoración de los 450 años de la fundación de San Agustín, puesta en marcha a iniciativa del Secretario de Interior estadounidense, y bajo cuya tutela desenvuelve sus actividades. La existencia simultánea de las dos instituciones ofrece el cauce para la conclusión de un memorándum de entendimiento entre ambos Estados que articule su cooperación en el desarrollo de las actividades y la convergencia hacia nuevos objetivos comunes, como pudiera ser la declaración de 2015 como el año de las raíces hispanas o del legado hispano en los Estados Unidos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación, adscripción y fines.
1. Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones de la Nueva España como órgano colegiado de los previstos en el artículo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se adscribe al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
2. La Comisión tiene como finalidad la preparación, programación, organización y coordinación de las actividades que se lleven a cabo por las Administraciones públicas, los organismos y entidades públicas y privadas, y los particulares que participen, destinadas a la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; el Quinto Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; el 300 Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones de California; el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, por Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del Galeón de Manila.
Artículo 2. Composición.
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión se estructurará en los siguientes órganos:
a) La Presidencia.
b) Las Vicepresidencias.
c) El Pleno.
d) La Comisión Ejecutiva.
e) El Consejo Asesor.
Artículo 3. La Presidencia y las Vicepresidencias.
1. La Comisión estará presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Compete a la Presidencia de la Comisión:
a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar el Pleno y fijar el orden del día.
c) Designar a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 6.
d) Presidir las sesiones del Pleno y moderar el desarrollo de sus debates.
e) Asegurar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
3. Las Vicepresidencias de la Comisión corresponden a los titulares de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, de las Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, que sustituirán, por este orden, al titular de la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 4. El Pleno.
1. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El titular de la Presidencia, que lo presidirá.
b) Los titulares de las Vicepresidencias.
c) Los Directores de las Reales Academias Española y de la Historia; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España; el Director General de Relaciones Económicas Internacionales; el Director General para América del Norte, Asia y Pacífico; el Director General para Iberoamérica; el Director del Instituto Cervantes; el Director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el Director General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro; el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas; el Director General de Comercio e Inversiones; y un representante de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A.
d) Un representante de los Ministerios de la Presidencia, Defensa y Fomento, con rango al menos de Director General.
e) Los titulares de la Consejería de Presidencia de las Islas Baleares; de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León; de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura; y de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias; y los alcaldes de Santervás de Campos, de Jerez de los Caballeros, de Avilés y de Petra.
f) Los Presidentes de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor de la Comisión.
g) La Secretaría del Pleno será desempeñada por un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por el Presidente de la Comisión, que asistirá con voz pero sin voto.
2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros del Pleno serán sustituidos por las personas que les suplan en el ejercicio de sus cargos.
3. Son competencias del Pleno:
a) Aprobar el programa de actividades de la Comisión y supervisar su ejecución.
b) Promover la participación de órganos, organismos, entidades públicas y privadas y particulares en las actividades de las conmemoraciones y coordinar sus actuaciones.
c) Proponer a la Presidencia de la Comisión la designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor, y de sus respectivos suplentes.
Artículo 5. La Comisión Ejecutiva.
1. La Comisión Ejecutiva contará con una Presidencia, siete vocales y una secretaría. El Pleno de la Comisión podrá acordar, siempre que circunstancias sobrevenidas así lo requieran o aconsejen, la variación en el número de los vocales de la Comisión Ejecutiva, que en ningún caso superará el límite de diez vocales.
2. El titular de la Presidencia de la Comisión Nacional designará al titular de la presidencia y a los vocales de la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Pleno y entre sus miembros. Asimismo, la Presidencia designará a los suplentes de los vocales de la Comisión Ejecutiva para los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad.
3. Actuará como titular de la Secretaría de la Comisión Ejecutiva, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por el Presidente de la Comisión Nacional.
4. Compete a la Comisión Ejecutiva:
a) Proponer al Pleno el programa de actividades de la Comisión.
b) Recabar la colaboración de todos los departamentos ministeriales y de los órganos, organismos, entidades públicas y privadas y particulares, cuya participación resulte necesaria o conveniente para el cumplimiento de los fines de la Comisión.
c) Impulsar y supervisar la ejecución del programa de actividades y evaluar los resultados de la misma.
Artículo 6. El Consejo Asesor.
1. El Consejo Asesor contará con una Presidencia, cinco vocales y una secretaría. El Pleno de la Comisión podrá acordar, siempre que circunstancias sobrevenidas así lo requieran o aconsejen, la variación en el número de sus vocales, que en ningún caso superará el límite de siete vocales.
2. El titular de la Presidencia de la Comisión Nacional designará al titular de la presidencia y a los vocales del Consejo Asesor, a propuesta del Pleno, entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en las materias y ámbitos relacionados con los fines de la Comisión.
De igual manera, la Presidencia designará a los suplentes de los miembros del Consejo Asesor para los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad.
3. Actuará como titular de la Secretaría del Consejo Asesor, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación designado por el Presidente de la Comisión Nacional.
4. Compete al Consejo Asesor asistir al Pleno y a la Comisión Ejecutiva en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en particular, analizar las actuaciones que puedan proponer los órganos, organismos, entidades públicas y privadas y particulares para la celebración de los actos.
Artículo 7. Medios personales, materiales y presupuestarios.
El funcionamiento de la Comisión Nacional será atendido con los medios personales, materiales y presupuestarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y no supondrá incremento de gasto público.
Artículo 8. Funcionamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, el funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Extinción.
La Comisión dejará de desempeñar sus funciones y quedará extinguida una vez cumplidos sus objetivos, celebrados los actos que determinan su creación y realizado el balance de su actividad, no más tarde del 31 de diciembre de 2015.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se habilita al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo de las previsiones de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de junio de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL | Real Decreto del 7 de junio que crea la Comisión de la Nueva España. | En el presente año 2013 se inicia un amplio ciclo de conmemoraciones relacionadas con gestas españolas que han definido nuestra impronta en amplios espacios que constituyen ejes prioritarios de nuestra política exterior y que gira esencialmente en torno a nuestras relaciones con Estados Unidos.
Constituye una ventana de treinta meses de vinculación hispana y comprende el Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; el Quinto Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; el 300 Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones de California; el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, por Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del Galeón de Manila.
Estas conmemoraciones tienen el objetivo principal de poner en valor nuestro legado histórico y cultural, y proyectarlo al futuro, para cimentar unas relaciones nuevas e intensas con los Estados Unidos acordes con nuestras respectivas realidades, y reforzar los valores y las fortalezas de la España actual.
Dada la amplitud de dichas conmemoraciones, que abarcan históricamente el espacio geográfico del Virreinato de la Nueva España, se considera necesaria la creación de una Comisión Nacional encargada de la preparación, programación, organización y coordinación de las actividades destinadas a su celebración y de cuantos intervienen en ellas, y que evite duplicidades internas.
Su creación, además, permitirá contar con una contraparte española de la Comisión Federal para la Conmemoración de los 450 años de la fundación de San Agustín, puesta en marcha a iniciativa del Secretario de Interior estadounidense, y bajo cuya tutela desenvuelve sus actividades. La existencia simultánea de las dos instituciones ofrece el cauce para la conclusión de un memorándum de entendimiento entre ambos Estados que articule su cooperación en el desarrollo de las actividades y la convergencia hacia nuevos objetivos comunes, como pudiera ser la declaración de 2015 como el año de las raíces hispanas o del legado hispano en los Estados Unidos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 2013,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación, adscripción y fines.
1. Se crea la Comisión Nacional para las conmemoraciones de la Nueva España como órgano colegiado de los previstos en el artículo 39 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se adscribe al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
2. La Comisión tiene como finalidad la preparación, programación, organización y coordinación de las actividades que se lleven a cabo por las Administraciones públicas, los organismos y entidades públicas y privadas, y los particulares que participen, destinadas a la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León; el Quinto Centenario del descubrimiento del océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa; el 300 Aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, fundador de las Misiones de California; el 450 Aniversario de la fundación de la primera ciudad de Estados Unidos, San Agustín, por Pedro Menéndez de Avilés; y el 200 Aniversario del cierre de la ruta del Galeón de Manila.
Artículo 2. Composición.
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión se estructurará en los siguientes órganos:
a) La Presidencia.
b) Las Vicepresidencias.
c) El Pleno.
d) La Comisión Ejecutiva.
e) El Consejo Asesor.
Artículo 3. La Presidencia y las Vicepresidencias.
1. La Comisión estará presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Compete a la Presidencia de la Comisión:
a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Convocar el Pleno y fijar el orden del día.
c) Designar a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Asesor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5 y 6.
d) Presidir las sesiones del Pleno y moderar el desarrollo de sus debates.
e) Asegurar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
3. Las Vicepresidencias de la Comisión corresponden a los titulares de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, de las Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, que sustituirán, por este orden, al titular de la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 4. El Pleno.
1. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El titular de la Presidencia, que lo presidirá.
b) Los titulares de las Vicepresidencias.
c) Los Directores de las Reales Academias Española y de la Historia; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España; el Director General de Relaciones Económicas Internacionales; el Director General para América del Norte, Asia y Pacífico; el Director General para Iberoamérica; el Director del Instituto Cervantes; el Director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el Director General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro; el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas; el Director General de Comercio e Inversiones; y un representante de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A.
d) Un representante de los Ministerios de la Presidencia, Defensa y Fomento, con rango al menos de Director General.
e) Los titulares de la Consejería de Presidencia de las Islas Baleares; de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
### RESUMEN: Real Decreto del 7 de junio que crea la Comisión de la Nueva España. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
2) Domicilio:
C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
d) Número de expediente:
2015/ETSAE0905/00003365.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Organización de campamentos juveniles verano de 2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Lote 1: Santoña I, Santoña II y Santoña III. Lote 2: Moraira. Lote 3: Ronda I y Ronda II. Lote 4: Camino de Santiago. Lote 5: Logroño I y Logroño II. Lote 6: Picacho I, Picacho II, Picacho III y Picacho IV. Lote 7: Multiaventura. Lote 8: Nautico. Lote 9: Extranjeros:Rogowo (Polonia)Berlin (Alemania)ICC (Francia)Bedrichov (Rep. Checa).
e) Plazo de ejecución/entrega:
entre el 23 de junio de 2016 y el 16 de agosto de 2016.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
61.818,18 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 18.363,63 (Lote 1), 5.454,54 (Lote 2), 7.272,72 (Lote 3), 1.818,18 (Lote 4), 6.363,63 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.090,90 (Lote 7), 3.090,90 (Lote 8) y 16.363,63 (Lote 9). Importe total: 20.200,00 (Lote 1), 6.000,00 (Lote 2), 8.000,00 (Lote 3), 2.000,00 (Lote 4), 7.000,00 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.400,00 (Lote 7), 3.400,00 (Lote 8) y 18.000,00 (Lote 9).
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los especificados en los pliegos de bases. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
2) Domicilio:
C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004, España.
e) Admisión de variantes:
No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre administrativa y Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2 E 24)] y Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2E24)].
c) Localidad y código postal:
madrid, 28004, España y Madrid, 28004, España.
d) Fecha y hora:
11 de enero de 2016 a las 12:00 (Apertura y revisión de documentación administrativa en la Mesa de Contratación y solicitud de subsanación de deficiencias) y 14 de enero de 2016 a las 10:00 (Apertura de Ofertas en la Mesa de Contratación) .
Madrid, 16 de diciembre de 2015.- JEFE DE LA JEFATURA DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MAPER. | En total, Defensa gastará 61.818,18 euros en subvencionar parte del campamento de verano de hijos de miembros Ejército | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
2) Domicilio:
C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004, España.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
d) Número de expediente:
2015/ETSAE0905/00003365.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Organización de campamentos juveniles verano de 2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
Lote 1: Santoña I, Santoña II y Santoña III. Lote 2: Moraira. Lote 3: Ronda I y Ronda II. Lote 4: Camino de Santiago. Lote 5: Logroño I y Logroño II. Lote 6: Picacho I, Picacho II, Picacho III y Picacho IV. Lote 7: Multiaventura. Lote 8: Nautico. Lote 9: Extranjeros:Rogowo (Polonia)Berlin (Alemania)ICC (Francia)Bedrichov (Rep. Checa).
e) Plazo de ejecución/entrega:
entre el 23 de junio de 2016 y el 16 de agosto de 2016.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
92000000 (Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
61.818,18 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 18.363,63 (Lote 1), 5.454,54 (Lote 2), 7.272,72 (Lote 3), 1.818,18 (Lote 4), 6.363,63 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.090,90 (Lote 7), 3.090,90 (Lote 8) y 16.363,63 (Lote 9). Importe total: 20.200,00 (Lote 1), 6.000,00 (Lote 2), 8.000,00 (Lote 3), 2.000,00 (Lote 4), 7.000,00 (Lote 5), 0,00 (Lote 6), 3.400,00 (Lote 7), 3.400,00 (Lote 8) y 18.000,00 (Lote 9).
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los especificados en los pliegos de bases. Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio. Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
hasta las 12:00 horas del 7 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación:
Manual.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
2) Domicilio:
C/ Prim 6-8 (desp. 2E24).
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28004, España.
e) Admisión de variantes:
No.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Apertura sobre administrativa y Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección:
Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2 E 24)] y Prim 6-8 [Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal (Despacho 2E24)].
c) Localidad y código postal:
madrid, 28004, España y Madrid, 28004, España.
d) Fecha y hora:
11 de enero de 2016 a las 12:00 (Apertura y revisión de documentación administrativa en la Mesa de Contratación y solicitud de subsanación de deficiencias) y 14 de enero de 2016 a las 10:00 (Apertura de Ofertas en la Mesa de Contratación) .
Madrid, 16 de diciembre de 2015.- JEFE DE LA JEFATURA DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MAPER.
### RESUMEN: En total, Defensa gastará 61.818,18 euros en subvencionar parte del campamento de verano de hijos de miembros Ejército |
Por Resolución de 15 de noviembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que figuraban relacionados en el anexo I de dicha Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Secretaría de Estado, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo adjunto, que se hará público en el Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 27 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio. | Boletín de rectificación. | Por Resolución de 15 de noviembre de 2012 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre) se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que figuraban relacionados en el anexo I de dicha Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Secretaría de Estado, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, ha dispuesto resolver la referida convocatoria según se detalla en el anexo adjunto, que se hará público en el Registro General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La toma de posesión de los nuevos destinos se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Madrid, 27 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.
### RESUMEN: Boletín de rectificación. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.Uno.e) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 2016,
Vengo en disponer el cese de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda como Fiscal General del Estado, en cumplimiento de las previsiones establecidas en las leyes, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 4 de noviembre de 2016.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | El cese automático de Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.Uno.e) de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de noviembre de 2016,
Vengo en disponer el cese de doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda como Fiscal General del Estado, en cumplimiento de las previsiones establecidas en las leyes, agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid, el 4 de noviembre de 2016.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: El cese automático de Consuelo Madrigal como Fiscal General del Estado |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Móstoles.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza España, 1.
3) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.mostoles.es.
d) Número de expediente:
C/035/CON/2013-016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro e instalación del alumbrado especial de calles y espacios del municipio de Móstoles, con motivo de las Fiestas de Mayo, Patronales de Septiembre y Navidad.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
31000000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Los señalados en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 89.600,00 euros. Importe total: 108.416,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 %.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza España, 1.
3) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Móstoles, Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
d) Fecha y hora:
Se comunicará por fax o por e-mail.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Móstoles (Madrid), 26 de febrero de 2013.- La Concejal Coordinador-Área de Presidencia Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy. | El Ayuntamiento de Mostoles licita las luces de Navidad, fiestas de mayo y patronales de septiembre por importe total de 108.416 euros | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Móstoles.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza España, 1.
3) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.mostoles.es.
d) Número de expediente:
C/035/CON/2013-016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministro.
b) Descripción:
Suministro e instalación del alumbrado especial de calles y espacios del municipio de Móstoles, con motivo de las Fiestas de Mayo, Patronales de Septiembre y Navidad.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
31000000-6.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Los señalados en la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 89.600,00 euros. Importe total: 108.416,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 %.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Departamento de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza España, 1.
3) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Móstoles, Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal:
Móstoles (Madrid) 28934.
d) Fecha y hora:
Se comunicará por fax o por e-mail.
10. Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario.
Móstoles (Madrid), 26 de febrero de 2013.- La Concejal Coordinador-Área de Presidencia Administración Pública, Vanesa Martínez Monroy.
### RESUMEN: El Ayuntamiento de Mostoles licita las luces de Navidad, fiestas de mayo y patronales de septiembre por importe total de 108.416 euros |
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rollo n.º 10478/2015, en Sentencia número 44, de fecha 6 de julio de 2016, condenó al Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don José Luis Rojas Martín, actualmente jubilado por incapacidad permanente, con documento nacional de identidad número 28.484.104, cuyo último destino lo tuvo en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, como autor de dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio a las penas de 9 meses de multa a razón de 10 euros de cuota y 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de agente de la autoridad o profesión relacionada con la seguridad por cada uno de ellos.
Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia».
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don José Luis Rojas Martín, como consecuencia de haber sido condenado en sentencia firme a las penas de inhabilitación especial por tiempo total de 6 años.
Madrid, 1 de junio de 2017.–El Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros. | José Luis Rojas Martín, pierde su plaza. | La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rollo n.º 10478/2015, en Sentencia número 44, de fecha 6 de julio de 2016, condenó al Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don José Luis Rojas Martín, actualmente jubilado por incapacidad permanente, con documento nacional de identidad número 28.484.104, cuyo último destino lo tuvo en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, como autor de dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio a las penas de 9 meses de multa a razón de 10 euros de cuota y 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de agente de la autoridad o profesión relacionada con la seguridad por cada uno de ellos.
Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia».
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario del Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don José Luis Rojas Martín, como consecuencia de haber sido condenado en sentencia firme a las penas de inhabilitación especial por tiempo total de 6 años.
Madrid, 1 de junio de 2017.–El Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros.
### RESUMEN: José Luis Rojas Martín, pierde su plaza. |
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de julio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3866-2015, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; Catalán de Convergencia i de Unió; de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV); y Mixto contra los siguientes apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Apartado veinticuatro, en la redacción que da al art. 33.2 a); apartado veinticinco, en la redacción que da al art. 35; apartado veintiséis, en la redacción que da al art. 36; apartado treinta y cinco, en la redacción que da al art. 76.1 e); apartado treinta y ocho, en la redacción que da al art. 78 bis; apartado cincuenta y uno, en la redacción que da al art. 92; apartado setenta y ocho, en la redacción que da al art. 140; apartado doscientos treinta y cuatro, en la redacción que da al art. 485.1; apartado doscientos cincuenta y cinco, en la redacción que da al art. 605.1; apartado doscientos cincuenta y seis, en la redacción que da al art. 607.1.1.º y 2.º; y apartado doscientos cincuenta y siete, en la redacción que da al art. 607 bis 2.1.º.
Madrid, 21 de julio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. | El TC admite a trámite el recurso de TODA la oposición contra la prisión permanente revisable | El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 21 de julio actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3866-2015, promovido por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; Catalán de Convergencia i de Unió; de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia; Vasco (EAJ-PNV); y Mixto contra los siguientes apartados del artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Apartado veinticuatro, en la redacción que da al art. 33.2 a); apartado veinticinco, en la redacción que da al art. 35; apartado veintiséis, en la redacción que da al art. 36; apartado treinta y cinco, en la redacción que da al art. 76.1 e); apartado treinta y ocho, en la redacción que da al art. 78 bis; apartado cincuenta y uno, en la redacción que da al art. 92; apartado setenta y ocho, en la redacción que da al art. 140; apartado doscientos treinta y cuatro, en la redacción que da al art. 485.1; apartado doscientos cincuenta y cinco, en la redacción que da al art. 605.1; apartado doscientos cincuenta y seis, en la redacción que da al art. 607.1.1.º y 2.º; y apartado doscientos cincuenta y siete, en la redacción que da al art. 607 bis 2.1.º.
Madrid, 21 de julio de 2015.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.
### RESUMEN: El TC admite a trámite el recurso de TODA la oposición contra la prisión permanente revisable |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente:
CONTR 2012 5483.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.plataformadecontractacio.caib.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio del Plan de Auditorías 2013 del sector público autonómico de las Islas Baleares.
c) Lote:
Lotes A, B, C y D.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79212000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
22 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.087.095,04 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 657.692,50 euros los 4 Lotes.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
2 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
24 de abril de 2013 (Lotes A y D) y 3 de mayo de 2013 (Lotes B y C).
c) Contratista:
Lote A: Fornés, Salas & Asociados. Lotes B y C: Sbert & Asociados Auditores. Lote D: CMS Auditors.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Lote a: 168.578,41 €. lote b: 95.590,00 €. lote c: 48.400,00 €. lote d: 151.250,00 €.
Palma, 8 de mayo de 2013.- Consejero de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí Bosó. | Plan de auditorías 2013 Balears por importe total de 463.818,41 (Lote a: 168.578,41 €. lote b: 95.590,00 €. lote c: 48.400,00 €. lote d: 151.250,00 €. ) | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente:
CONTR 2012 5483.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.plataformadecontractacio.caib.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio del Plan de Auditorías 2013 del sector público autonómico de las Islas Baleares.
c) Lote:
Lotes A, B, C y D.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79212000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
22 de diciembre de 2012.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.087.095,04 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 657.692,50 euros los 4 Lotes.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
2 de abril de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
24 de abril de 2013 (Lotes A y D) y 3 de mayo de 2013 (Lotes B y C).
c) Contratista:
Lote A: Fornés, Salas & Asociados. Lotes B y C: Sbert & Asociados Auditores. Lote D: CMS Auditors.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Lote a: 168.578,41 €. lote b: 95.590,00 €. lote c: 48.400,00 €. lote d: 151.250,00 €.
Palma, 8 de mayo de 2013.- Consejero de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí Bosó.
### RESUMEN: Plan de auditorías 2013 Balears por importe total de 463.818,41 (Lote a: 168.578,41 €. lote b: 95.590,00 €. lote c: 48.400,00 €. lote d: 151.250,00 €. ) |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Parque Móvil del Estado.
c) Número de expediente:
2055/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de combustible de automoción para el Parque Móvil del Estado durante el ejercicio 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09100000 (Combustibles).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 9 de agosto de 2013 y DOUE: 3 de agosto de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.033.057,86 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.016.528,93 euros. Importe total: 1.230.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
20 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Cepsa Card, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.016.528,93 euros. Importe total: 1.230.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por haber resultado la oferta económicamente más favorable para la Administración.
Madrid, 23 de diciembre de 2013.- El Director General. | CEPSA se lleva, por 1.230.000 euros, el contrato de suministro de combustible para el parque móvil del Estado en 2014 | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Parque Móvil del Estado.
c) Número de expediente:
2055/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Suministros.
b) Descripción:
Suministro de combustible de automoción para el Parque Móvil del Estado durante el ejercicio 2014.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
09100000 (Combustibles).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 9 de agosto de 2013 y DOUE: 3 de agosto de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.033.057,86 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.016.528,93 euros. Importe total: 1.230.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
13 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
20 de diciembre de 2013.
c) Contratista:
Cepsa Card, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.016.528,93 euros. Importe total: 1.230.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por haber resultado la oferta económicamente más favorable para la Administración.
Madrid, 23 de diciembre de 2013.- El Director General.
### RESUMEN: CEPSA se lleva, por 1.230.000 euros, el contrato de suministro de combustible para el parque móvil del Estado en 2014 |
Edicto
Actuaciones Previas 157/13, Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.
Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,
Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Ilma. Señora Delegada Instructora la siguiente
'Providencia.- Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.- En Madrid a diecinueve de febrero de dos mil catorce.- En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance por importe de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos(1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de acuerdo con el Acta de Liquidación Provisional practicada el día 21 de enero de 2014, siendo presunta responsable del mismo doña Elisabeth García Busnadiego, con D.N.I. número 48.998.204Q, una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 14 de febrero de 2014, y de acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad de Getafe número 1 de Madrid, mediante Nota Simple con identificador de la solicitud X60IF21, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación: Finca n.º 57478, de naturaleza Urbana, plaza de Garaje número 79, señalada con el número ciento sesenta y cuatro, en plaza de sótano tercero, del edificio sito en Getafe (Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe 1, Tomo 1618, Libro 851, Folio 101, Alta 3, de la que es propietaria de pleno dominio al 100% doña Elisabeth García Busnadiego.-Notifíquese a doña Elisabeth García Busnadiego, al Abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad de Getafe 1.- Dado que doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.- La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado'.
Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988 de Funcionamiento de este Tribunal.
Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabeth García Busnadiego.
Madrid, 19 de febrero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo. | Embargo de un garaje por el Tribunal de Cuentas. | Edicto
Actuaciones Previas 157/13, Ramo: Sociedades Estatales (Correos). Lugar: Madrid.
Doña María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia,
Hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Ilma. Señora Delegada Instructora la siguiente
'Providencia.- Delegada Instructora señora Castellanos Garijo.- En Madrid a diecinueve de febrero de dos mil catorce.- En las Actuaciones Previas anotadas al margen, que se siguen como consecuencia de un presunto alcance por importe de mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos(1.474,59 euros), de los que corresponden 1.392 € a principal y 82,59 € a intereses, de acuerdo con el Acta de Liquidación Provisional practicada el día 21 de enero de 2014, siendo presunta responsable del mismo doña Elisabeth García Busnadiego, con D.N.I. número 48.998.204Q, una vez dictada providencia de embargo de sus bienes y derechos con fecha 14 de febrero de 2014, y de acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad de Getafe número 1 de Madrid, mediante Nota Simple con identificador de la solicitud X60IF21, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letra g), de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, acuerdo el embargo del inmueble que se indica a continuación: Finca n.º 57478, de naturaleza Urbana, plaza de Garaje número 79, señalada con el número ciento sesenta y cuatro, en plaza de sótano tercero, del edificio sito en Getafe (Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad de Getafe 1, Tomo 1618, Libro 851, Folio 101, Alta 3, de la que es propietaria de pleno dominio al 100% doña Elisabeth García Busnadiego.-Notifíquese a doña Elisabeth García Busnadiego, al Abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal, y líbrese el oportuno mandamiento de embargo al Registro de la Propiedad de Getafe 1.- Dado que doña Elisabeth García Busnadiego con D.N.I. número 48.998.204Q, se encuentra en paradero desconocido, notifíquesele mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Delegada Instructora, de lo que doy fe.- La Secretaria de las Actuaciones: María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.-Firmado y rubricado'.
Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la Ley 7/1988 de Funcionamiento de este Tribunal.
Lo que se hace público para que sirva de notificación a doña Elisabeth García Busnadiego.
Madrid, 19 de febrero de 2014.- La Secretaria de las Actuaciones Previas, María de los Ángeles Cunha-Lisboa Penedo.
### RESUMEN: Embargo de un garaje por el Tribunal de Cuentas. |
Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 14.5.h) y 35.3 del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, y modificado por el Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, se anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de la presente resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitados por los/las funcionarios/as públicos/as que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.
Segunda.
Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como anexo II de la presente resolución, y se dirigirán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid.
La presente resolución se podrá consultar asimismo en la sede electrónica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.aecid.gob.es).
Tercera.
Junto con la solicitud, los/las aspirantes acompañarán su currículum vítae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que estimen oportunos poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.
Cuarta.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.i) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 27 de agosto de 2015.–El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P. D. (Resolución de 2 de julio de 2009), la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios Generales, P. S. (Resolución de 23 de julio de 2015), el Jefe Adjunto de Departamento, Jose Antonio Méndez López.
ANEXO I
Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretario/Secretaria Director/Directora. Unidad de Apoyo. Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe. Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel 17. Complemento específico: 7.060,20 euros. Localidad: Madrid. Administración Pública: AE. Grupo/Subgrupo: C1C2. | Convocatoria de libre designación, publicando requisitos y sin dar detalles. | Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 14.5.h) y 35.3 del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, y modificado por el Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, se anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de la presente resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
El puesto de trabajo que se convoca podrá ser solicitados por los/las funcionarios/as públicos/as que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.
Segunda.
Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura como anexo II de la presente resolución, y se dirigirán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», al Sr. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid.
La presente resolución se podrá consultar asimismo en la sede electrónica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.aecid.gob.es).
Tercera.
Junto con la solicitud, los/las aspirantes acompañarán su currículum vítae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que estimen oportunos poner de manifiesto y harán constar detalladamente las características del puesto que vinieran desempeñando.
Cuarta.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 10.1.i) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 27 de agosto de 2015.–El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, P. D. (Resolución de 2 de julio de 2009), la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios Generales, P. S. (Resolución de 23 de julio de 2015), el Jefe Adjunto de Departamento, Jose Antonio Méndez López.
ANEXO I
Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretario/Secretaria Director/Directora. Unidad de Apoyo. Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe. Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nivel 17. Complemento específico: 7.060,20 euros. Localidad: Madrid. Administración Pública: AE. Grupo/Subgrupo: C1C2.
### RESUMEN: Convocatoria de libre designación, publicando requisitos y sin dar detalles. |
Advertidos errores en el horario de cobertura sanitaria del apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas publicado en la plataforma de contratación, se publica de nuevo el pliego rectificado y se amplía el plazo de presentación de ofertas, por lo que en el anuncio del Boletín Oficial del Estado n.º 128, de fecha 27/05/2014, se hacen las siguientes correcciones: En el apartado 8a) Fecha límite de Presentación, donde dice '18 de junio de 2014', debe decir '23 de junio de 2014'.
Madrid, 2 de junio de 2014.- Jefe de la División Ecónomica y Técnica de la Dirección General de la Policía. | Interior corrige los horarios de atención sanitaria en CIES. | Advertidos errores en el horario de cobertura sanitaria del apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas publicado en la plataforma de contratación, se publica de nuevo el pliego rectificado y se amplía el plazo de presentación de ofertas, por lo que en el anuncio del Boletín Oficial del Estado n.º 128, de fecha 27/05/2014, se hacen las siguientes correcciones: En el apartado 8a) Fecha límite de Presentación, donde dice '18 de junio de 2014', debe decir '23 de junio de 2014'.
Madrid, 2 de junio de 2014.- Jefe de la División Ecónomica y Técnica de la Dirección General de la Policía.
### RESUMEN: Interior corrige los horarios de atención sanitaria en CIES. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, he resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre.
Así lo dispongo por el presente Real Decreto.
Dado en Madrid, el 11 de junio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Quitado el título de Duquesa de Palma de Mallorca a la Infanta Cristina | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, he resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca, que le fue conferida mediante Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre.
Así lo dispongo por el presente Real Decreto.
Dado en Madrid, el 11 de junio de 2015.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Quitado el título de Duquesa de Palma de Mallorca a la Infanta Cristina |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
Vengo en nombrar Presidente de la Generalitat de Cataluña a don Joaquim Torra i Pla, elegido por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada los días 12 y 14 de mayo de 2018.
Dado en Madrid, el 15 de mayo de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Joaquim Torra, nombrado presidente de la Generalitat. | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 67 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
Vengo en nombrar Presidente de la Generalitat de Cataluña a don Joaquim Torra i Pla, elegido por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada los días 12 y 14 de mayo de 2018.
Dado en Madrid, el 15 de mayo de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Joaquim Torra, nombrado presidente de la Generalitat. |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de diciembre de 2016, vengo a nombrar a doña Eloísa Contín Trillo-Figueroa, Directora del Gabinete del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, con efectividad de 3 de diciembre de 2016.
Madrid, 9 de diciembre de 2016.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón. | Nombramiento de Eloísa Contín Trillo-Figueroa como jefa de gabinete del Secretario de Estado de AAPP | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y previo conocimiento del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de diciembre de 2016, vengo a nombrar a doña Eloísa Contín Trillo-Figueroa, Directora del Gabinete del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, con efectividad de 3 de diciembre de 2016.
Madrid, 9 de diciembre de 2016.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
### RESUMEN: Nombramiento de Eloísa Contín Trillo-Figueroa como jefa de gabinete del Secretario de Estado de AAPP |
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura, de 25 de mayo de 2012 («Boletín Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio), se convocaron las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al año 2012.
En el apartado segundo de dicha Resolución se indicaba que la distribución de la cuantía total de la convocatoria entre los créditos presupuestarios tenía carácter estimativo.
Vista la propuesta de resolución provisional de estas ayudas, con carácter previo a la resolución de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procede publicar la siguiente distribución definitiva de los créditos, sin que dicha publicación implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver:
a) A empresas privadas: 18.11.333B.471: 750.000 euros.
b) A familias e instituciones sin fines de lucro: 18.11.333B.480: 150.000 euros.
Madrid, 31 de octubre de 2012.–El Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle Ruiz. | Ayudas al arte. 750.000 euros a empresas y 150.000 a instituciones sin ánimo de lucro. El plan inicial era 500.000 euros más otros 400.000 | Por Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura, de 25 de mayo de 2012 («Boletín Oficial del Estado» número 135, de 6 de junio), se convocaron las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al año 2012.
En el apartado segundo de dicha Resolución se indicaba que la distribución de la cuantía total de la convocatoria entre los créditos presupuestarios tenía carácter estimativo.
Vista la propuesta de resolución provisional de estas ayudas, con carácter previo a la resolución de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, procede publicar la siguiente distribución definitiva de los créditos, sin que dicha publicación implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver:
a) A empresas privadas: 18.11.333B.471: 750.000 euros.
b) A familias e instituciones sin fines de lucro: 18.11.333B.480: 150.000 euros.
Madrid, 31 de octubre de 2012.–El Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle Ruiz.
### RESUMEN: Ayudas al arte. 750.000 euros a empresas y 150.000 a instituciones sin ánimo de lucro. El plan inicial era 500.000 euros más otros 400.000 |
El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago.
A tal fin, al citado Real Decreto-Ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control, cuya composición ha sido modificada por el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, estando integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo General del Notariado, Instituto Nacional de Estadística, Asociación Hipotecaria Española, Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones no gubernamentales, estos últimos serán determinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Concretamente, el Real Decreto-Ley establece en su artículo 5 que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado».
Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria.
Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo:
Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto.
Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto.
Madrid, 10 de julio de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.
ANEXO I
Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución
– Banca March, S.A.
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
– Banco Caixa Geral, S.A.
– Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
– Banco Caminos, S.A.
– Banco Cooperativo Español, S.A.
– Banco de Sabadell, S.A.
– Banco Mare Nostrum, S.A.
– Banco Mediolanum, S.A.
– Banco Popular-E, S.A.
– Banco Popular Español, S.A.
– Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima.
– Banco Santander, S.A.
– Bankia, S.A.
– Bankinter, S.A.
– Bankoa, S.A.
– Barclays Bank, S.A.
– CaixaBank, S.A.
– Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V.
– Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit.
– Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
– Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito.
– Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja).
– Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha.
– Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito.
– Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha.
– Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Cajasur Banco, S.A.
– Catalunya Banc, S.A.
– Evo Banco, S.A.
– Ibercaja Banco, S.A.
– ING Bank NV, Sucursal en España.
– Kutxabank, S.A.
– NCG Banco, S.A.
– Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Popular Banca Privada, S.A.
– Targobank, S.A.
– Triodos Bank, N.V., S.E.
– Unicaja Banco, S.A.
ANEXO II
Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en su versión originaria
– Banco de Castilla-La Mancha, S.A.
– Banco Espirito Santo, S.A., Sucursal en España.
– Banco Etcheverría, S.A.
– Banco Grupo Cajatres, S.A.
– Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito.
– Caixa Rural Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crédit Valenciana.
– Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.
– Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural de Callosa D´en Sarrià, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural de L’Alcudia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito.
– Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega.
– Caixa Rural la Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural les Coves de Vinromà, S. Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana.
– Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V.
– Caja de Arquitectos, S. Coop. de Crédito (Arquia).
– Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Novanca).
– Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Albal, Cooperativa Crédito Valenciana.
– Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana.
– Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajalmendralejo).
– Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa de Crédito Andaluza.
– Caja Rural de Cañete de las Torres, Ntra. Sra. del Campo, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.
– Caja Rural de Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Córdoba, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.
– Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V.
– Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito.
– Caja Rural la Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.
– Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S. Coop. Andaluza de Crédito.
– Caja Rural San Isidro de Vilafames, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito. V.
– Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San José de Nules, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San Roque de Almenara, S. Coop. de Crédito V.
– Colonya-Caixa D’estalvis de Pollença.
– Liberbank, S.A.
– Publicredit, S.L.
– UNOE Bank, S.A. | Lista actualizada de entidades adheridas a Código Buenas Prácticas desahucios. | El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago.
A tal fin, al citado Real Decreto-Ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control, cuya composición ha sido modificada por el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, estando integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Consejo General del Notariado, Instituto Nacional de Estadística, Asociación Hipotecaria Española, Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones no gubernamentales, estos últimos serán determinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Concretamente, el Real Decreto-Ley establece en su artículo 5 que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo, dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación de la lista de entidades adheridas, en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado».
Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria.
Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo:
Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, desde la entrada en vigor de esta ley, hasta el día de la presente resolución, según anexo I adjunto.
Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, hasta el día de la presente resolución, según anexo II adjunto.
Madrid, 10 de julio de 2014.–El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.
ANEXO I
Lista de entidades que han comunicado su adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», en la versión prevista por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, desde su entrada en vigor hasta el día de la presente resolución
– Banca March, S.A.
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
– Banco Caixa Geral, S.A.
– Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
– Banco Caminos, S.A.
– Banco Cooperativo Español, S.A.
– Banco de Sabadell, S.A.
– Banco Mare Nostrum, S.A.
– Banco Mediolanum, S.A.
– Banco Popular-E, S.A.
– Banco Popular Español, S.A.
– Banco Popular Pastor, Sociedad Anónima.
– Banco Santander, S.A.
– Bankia, S.A.
– Bankinter, S.A.
– Bankoa, S.A.
– Barclays Bank, S.A.
– CaixaBank, S.A.
– Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V.
– Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit.
– Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
– Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito.
– Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, (Globalcaja).
– Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha.
– Caja Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito.
– Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha.
– Caja Rural Regional San Agust
### RESUMEN: Lista actualizada de entidades adheridas a Código Buenas Prácticas desahucios. |
La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece en su artículo primero que forman parte del patrimonio cultural valenciano las expresiones de las tradiciones del pueblo en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano.
La festividad del Nou d’Octubre (Nueve de octubre) es el día del pueblo valenciano. Se conmemora ese día la conquista de Valencia, en 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Ya en 1338 se instituyó la fiesta conmemorativa y desde el siglo XVII se ha celebrado casi ininterrumpidamente, especialmente en los casos de los centenarios. Siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos. Estas circunstancias se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza por el balcón del Ayuntamiento de la Reial Senyera (Real Señera) y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas valencianas y principales autoridades locales, en un séquito ceremonial. Hasta la actualidad, la procesión cívica se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia ciudadana y de valencianidad del pueblo valenciano.
Visto el informe técnico favorable a la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor de la procesión cívica del Nou d’Octubre a Valencia.
Considerando lo que dispone el artículo 27 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero. Incoación.
Incoar expediente para declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia.
Segundo. Régimen de protección.
De conformidad con los artículos 28 y 45 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, determinar los valores del bien que justifican la declaración, describir los detalles que permiten su precisa identificación, definir el ámbito espacial y temporal en el anexo que se adjunta a la resolución y fijar las normas de protección del bien. Se establece como medida de protección que cualquier cambio en la mencionada procesión cívica que exceda el normal desarrollo de los actos de la festividad anual debe ser propuesto por el Ayuntamiento de Valencia a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su autorización administrativa, en su caso, y consiguiente modificación de la presente declaración.
La gestión de la procesión cívica será ejercida por el Ayuntamiento de Valencia, el cual decidirá sobre aspectos materiales e inmateriales, así como el desarrollo de los actos de la festividad anual.
Tercero. Notificación.
En cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 27.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la presente resolución será notificada al Ayuntamiento de Valencia, y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.
Cuarto. Publicación.
Publicar la presente resolución, con su anexo, en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Valencia, 5 de octubre de 2015.– El Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà Ibáñez.
ANEXO
1. Exposición de motivos: la festividad del Nou d’Octubre muy bien se puede decir que constituye el día del pueblo valenciano. La jornada conmemora la conquista de Valencia, el 9 de octubre de 1238, por parte de las tropas catalanas y aragonesas del rey Jaime I. Aunque fue en 1239 cuando el histórico Reino de Valencia se constituyó como entidad política prácticamente independientemente dentro de la Corona de Aragón, a los ojos de los antepasados medievales la fecha del 9 de octubre de 1238 ya se presentó como símbolo de la recuperación de las tierras valencianas y, con posterioridad, ha sido considerada como fecha de nacimiento del pueblo valenciano.
A partir de 1338, fecha del primer centenario de la conquista, se instituyó la fiesta conmemorativa del Nou d’Octubre, y desde entonces, especialmente desde el siglo XVII, se ha celebrado casi ininterrumpidamente, especialmente en los casos de los centenarios, con diversas reinterpretaciones simbólicas, transformaciones formales e instrumentalizaciones ideológicas, si bien siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos del cap i casal (cabeza y casa común) como capital del Reino. Estas circunstancias, especialmente la segunda, se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre a partir de las 12 horas del mediodía, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza, por el balcón del Ayuntamiento, de la Reial Senyera de Valencia, compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta, culminada por la figura de un murciélago, que durante todo el año se conserva en el Museo del Archivo Histórico de Valencia, y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas valencianas y principales autoridades locales. Se trata de un singular séquito ceremonial que, desde la plaza del Ayuntamiento, recorre las principales calles del centro de la ciudad de Valencia hasta llegar a la plaza de Alfonso el Magnánimo, en que se rinde homenaje a la figura del rey Jaime I, fundador del Reino de Valencia, y desde allí se devuelve nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde la Reial Senyera es izada para que vuelva a ser custodiada en las dependencias del Archivo Histórico Municipal.
La procesión cívica, aunque ha experimentado varias transformaciones y reconfiguraciones en función de los distintos contextos sociohistóricos, se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia ciudadana y de valencianidad de los habitantes del cap i casal. Durante su larga trayectoria, la procesión ha funcionado como prueba irrefutable de una especie de espiritualidad cívica donde se unen la creencia en la comunidad, la memoria colectiva y el deseo de cohesión social e identificación con la urbe, alcanzada mediante todo un ceremonial escrupulosamente codificado. Así, la procesión cívica, que en principio tuvo un origen y significado casi religioso, vinculado al nacimiento providencial del Reino de Valencia, fue transmutándose en un acto de carácter laico en que se afianzan los vínculos culturales, sociales y políticos de los ciudadanos de la ciudad de Valencia, como ciudad con personalidad propia y capital del territorio valenciano, actualmente denominado Comunitat Valenciana.
2. Datos sobre el bien objeto de la declaración.
2.1 Denominación: Procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia.
2.2 Localidad: Ciudad de Valencia.
2.3 Fecha de realización: 9 de octubre.
2.4 Protagonistas principales: Reial Senyera, figura histórica del rey Jaime I, entidades cívico-culturales y políticas, representantes institucionales municipales y autonómicos y ciudadanía en general.
2.5 Antecedentes históricos: la actual procesión cívica tiene sus antecedentes en las celebraciones medievales de la conquista cristiana de Valencia. Estas se sitúan en el contexto de la nueva atmósfera europeista y occidental universalizada a través de la ideología transmitida por la Iglesia católica y por la realeza, las dos grandes instituciones que vertebraron desde el principio el nuevo Reino de Valencia y favorecieron la codificación de las nuevas tradiciones festivas locales. El 9 de octubre de 1238, día de San Dionisio, el rey Jaime I hizo su entrada triunfal, atando desde entonces el destino de Valencia al de la Corona de Aragón. De esta manera, san Dionisio, que no tenía nada que ver con la tradición local y que tan solo representaba una fiesta menor del calendario litúrgico, alcanzaría una popularidad extraordinaria, al solemnizarse su recuerdo junto con la rendición de la plaza y la consagración eclesiástica de la catedral, e identificarse su conmemoración con la inclusión de Valencia en el seno de la cristiandad.
Históricamente en la catedral ha tenido lugar (aunque no siempre con carácter oficial) la celebración del tedeum o canto de acción de gracias a Dios, por esta conmemoración.
Las primeras celebraciones datan de un siglo después de la conquista, por el hecho de que las primeras instituciones de gobierno locales y autónomas estaban ávidas de manifestar públicamente las prerrogativas adquiridas gracias a la pionera política municipalista de la realeza. Con todo, la celebración en 1338 del primer centenario de la conquista tuvo también un talante eminentemente religioso, falto de cualquier motivo lúdico, y pretendió celebrar la incorporación providencial de la ciudad, por las tropas de Jaime I, a la cristiandad. Por lo tanto, la celebración del Nou d’Octubre nacía como una acción de gracias colectiva de los nuevos pobladores ante la conquista providencial a mayor gloria de Dios. Un triunfo cristiano protagonizado por los reyes de la casa de Aragón, cuyos antepasados no olvidaron nunca los orígenes cristianos de Valencia gracias a una tradición transmitida secularmente. Por esta razón, y desde entonces y en el futuro, la fecha y fiesta del Nou d’Octubre deberían servir para acotar los orígenes histórico-políticos del nuevo Reino de Valencia y permitirían profundizar las raíces de los nuevos pobladores, dotándolos de un corpus de referencias que, reelaboradas convenientemente, constituyeron el grueso del patrimonio ideológico de un pueblo que convirtió el acontecimiento en una celebración legitimadora de su existencia.
De esta manera, la celebración del Nou d’Octubre quedó incorporada como una representación sacra al calendario festivo local, en la que la comunidad cívica aparecía ordenada según los esquemas ideológicos del pensamiento político y social medieval. En las primeras celebraciones sobresalía la procesión religiosa, un desfile solemne en el que los magistrados municipales ya llevaban y exhibían la bandera de la ciudad a lo largo del trayecto como símbolo máximo, representativo de su jurisdicción y de su autonomía política. La celebración adquiriría, así, unas connotaciones cívico-políticas que superaban los pretextos religiosos argumentados originalmente. El Nou d’Octubre destacaba como una afirmación de la conciencia ciudadana, y la fiesta enfatizaba la renovación contractual de la fidelidad mutua que juramentaban el monarca y la comunidad urbana. De manera que, desde mediados del siglo XIV, lo que había sido una acción de gracias de carácter eminentemente espiritual empezó a transmutarse en una especie de fiesta patriótica, adaptándose a las cambiantes circunstancias históricas, factor que explica la supervivencia de la celebración durante estos casi ocho siglos.
Los motivos del ritual festivo soberano, asumidos por la población que participaba directamente en la celebración, introdujeron nuevas costumbres, como la tradición de las piuletes y los tronadors para halagar a las enamoradas por San Dionisio, o el disparo de fuegos artificiales, además de los volteos de campanas, luminarias, bailes, fiestas y serenatas de juglares, que acompañaban la celebración del día de los valencianos.
La celebración del tercer centenario, en 1538, ya demostró con claridad la aparición de una genuina conciencia histórica, hecho que coincide con el momento de la hegemonía valenciana en el seno de la Corona de Aragón y con su creciente castellanización política. La recreación de la memoria perduraría en las conmemoraciones sucesivas, e inauguraría una nueva etapa en la evolución secular de la fiesta, que formalizó definitivamente su concreción protocolaria con la fastuosidad y grandilocuencia tan propias de las ceremonias de la España imperial. Después de la fallida revuelta de la Germanía, las instituciones y los oficiales que ejercían delegaciones del poder regio consiguieron mayor rango y posición en el desfile procesional vespertino, al mismo tiempo que cobraba vigor de nuevo el componente religioso y militarista de la celebración. Con todo, el poder intentó que hubiera una mayor implicación popular en los festejos del Nou d’Octubre.
Así, en la conmemoración de 1538 ya hay una clara referencia al traslado de la bandera de la ciudad desde el Consell hasta la catedral, donde se celebró el sermón de la conquista, tras el cual continuó la procesión cívico-religiosa, aunque por la tarde se hizo la gran procesión, en la que también iba la bandera local, símbolo de la potestad urbana, acompañada por las autoridades religiosas y custodiada por los máximos representantes del poder real en el plan político, militar y fiscal. Sin embargo, la imagen simbólica que conformaba la justicia criminal con el asta de la bandera, flanqueada por los abogados del municipio que llevaban sus bordones, subrayaba la antigua autonomía ciudadana, su legalidad y legitimidad bajo la fidelidad a las normas legislativas dictadas por la monarquía. Ya en esta ocasión se hizo el acto protocolario de izar la bandera por encima del portal con una cuerda, tanto a la ida como a la vuelta, mientras los miembros de la milicia hacían disparar sus bombardas y arcabuces.
En plena ofensiva de la Contrarreforma, caracterizada por una gran exaltación religiosa y la intensificación del proceso de castellanización, el centenario de 1638 ya deja una descripción más cercana a lo que hoy es la procesión cívica. Así, a las ocho del mañana del 9 de octubre de 1638, los magistrados, vestidos de gala, llevaron desde la Casa de la Ciudad hasta la catedral la bandera para asistir al oficio y al sermón. La enseña fue sacada por la ventana, y el racional, rector de las finanzas municipales pero agente del rey en la Administración local, la entregó al justicia en la plaza de la catedral. Esta segunda autoridad, junto al resto de magistrados y el Centenar de Sant Jordi, ordenó que antes de iniciar el trayecto se hiciera una descarga de armas a modo de homenaje. Una vez terminada la misa en la catedral, la bandera fue devuelta a la Casa de la Ciudad, y entonces empezaron los festejos populares propiamente dichos.
El Decreto de Nueva Planta de 1707 eliminó el ordenamiento jurídico valenciano, así como las formas de gobierno del antiguo Reino de Valencia, incorporado como una provincia más a la España borbónica, pero pese a ello las nuevas autoridades mantuvieron las celebraciones del Nou d’Octubre, solo que justificándolas en términos de exacerbada religiosidad ligada a la nueva situación política. En este nuevo contexto la fiesta perdió su antiguo sentido político, manteniendo, no obstante, el ritual. Así, en la celebración del centenario de 1738, la Reial Senyera fue bajada por el balcón de la casa consistorial y recogida por el síndico procurador general, y la comitiva fue hasta la catedral y, ya por la tarde, tuvo lugar la tradicional procesión multitudinaria.
Durante el siglo XIX la creciente expansión del liberalismo y las ideas revolucionarias democráticas no solo fueron acabando progresivamente con el Antiguo Régimen, sino que construyeron la nueva idea de la nación española. Así, las instituciones reorganizadas por los liberales intentaron conciliar, no sin dificultades, la celebración de la valencianía tradicional con el ideario liberal nacionalmente español. Así, la conmemoración de 1838 estuvo ya mucho más imbuida de los ideales laicos, al mismo tiempo que se abría paso un romanticismo valenciano claramente precursor de lo que seria la Renaixença. El 9 de octubre de 1838 la Reial Senyera, que en los últimos dos siglos era bajada por el balcón principal del Ayuntamiento y recibida en la puerta sobre una tarima a modo de púlpito, fue bajada por las escaleras del Ayuntamiento, sin inclinarla, y ya en la calle la recibió con honores la milicia nacional.
A mediados del siglo XIX, la fiesta de San Dionisio se limitaba a reflejar su aspecto costumbrista, amoroso, galante y gastronómico, donde sobresalía el pasear de la población delante de las pastelerías de la ciudad que mostraban los exquisitos dulces elaborados con este motivo. Con todo, y en un ambiente marcado por la Renaixença, se produjo el descubrimiento político de la celebración, ligado a un incipiente movimiento valencianista conducido por asociaciones como Lo Rat Penat. A causa de esta influencia, el 20 de julio de 1891 se inauguró la estatua ecuestre de Jaime I al Parterre. Con este motivo, se organizó una manifestación cívica vespertina que partía del ayuntamiento y llegaba hasta el Parterre. Con la participación de la corporación municipal, junto a la Senyera, y la presencia de otras instituciones, sociedades científicas, gremios y representantes de asociaciones cívicas, el acto constituye un precedente de los homenajes que se brindarían posteriormente al monarca con ocasión del Nou d’Octubre.
A partir de los años veinte, las demandas del nuevo valencianismo cultural y político, con la proliferación de partidos políticos que habían incorporado a su ideario las demandas de autogobierno, llenaron de contenido reivindicativo los actos del Nou d’Octubre, así como la procesión cívica y el valor simbólico aglutinador de la Reial Senyera, especialmente durante los años de la Segunda República, en que la fiesta alcanza su máxima dimensión política. Es en este contexto cuando, el año 1931, el Centre d’Actuació Valencianista propone al Ayuntamiento la participación municipal en el acto de homenaje del Parterre y pide, también, que se invite a todo el pueblo valenciano, todas las entidades y todas las fuerzas vivas de la sociedad a sumarse al acto, de manera que se convertirá en el símbolo máximo de las reivindicaciones valencianistas. De esta manera, el Ayuntamiento, acompañado de la Reial Senyera, empezó a depositar anualmente una corona de flores a los pies de la estatua de Jaime I.
La Guerra Civil impidió que se celebrara con normalidad el centenario de 1938, que se repitió un año después, 1939, de acuerdo con las ideas del nuevo régimen franquista, el cual mantuvo los actos tradicionales, entre ellos la procesión cívica, si bien no se sacó la Reial Senyera en la procesión, porque estaba identificada con la causa republicana. En los años siguientes la conmemoración del Nou d’Octubre quedó reducida a misas en honor de Jaime I y la venta de los dulces característicos de esta celebración. Fue a partir de 1943 cuando se reanudó el acto principal de la procesión cívica, especialmente gracias a la insistencia de la entidad Lo Rat Penat, que volvió a contar con la participación de la Reial Senyera. A partir de 1951 la procesión cívica fue ganando en magnificencia y asistencia de público, y se estableció una estructura integradora que sirvió de base para las ulteriores ediciones de la procesión. En la edición de 1951 abría la marcha la guardia municipal de gala a caballo, detrás de la cual iban, ordenadas en dos hileras, las banderas de los diferentes gremios seguidas de las representaciones sindicales, así como de los centros culturales, la Banda Municipal, timbales y, por el centro del desfile, la señera, escoltada por maceros y un piquete militar. Detrás de la enseña iba la corporación municipal y el alcalde con el resto de autoridades. Cerraba la comitiva una banda y un nuevo piquete militar. En 1953 el séquito se vio completado con la incorporación de varias comisiones falleras, que también homenajearon la estatua de Jaime I en el Parterre. En los años sesenta se consolidó esta estructura de la procesión cívica, y en la década de los setenta esta ya se consideraba plenamente establecida.
Tanto la fiesta del Nou d’Octubre como la procesión cívica tendieron a expresar un valencianismo en expansión, hecho especialmente visible desde los años setenta. La promulgación, en 1982, del Estatuto de Autonomía, en combinación con la recuperación de la democracia y la principal institución de autogobierno, la Generalitat Valenciana, hicieron que el componente de celebración de la valencianidad compartida y de afirmación valencianista se hiciera notar mucho más en las festividades del Nou d’Octubre, que se convirtió en la fiesta oficial de la nueva Comunitat Valenciana, y muy concretamente en la procesión cívica, que vio como se incrementaba su público, su impacto mediático y su eco popular, hasta convertirse en el principal y simbólicamente más relevante acto ritual de la fiesta de los valencianos en el cap i casal.
2.6 Descripción del bien: en la actualidad, la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia empieza a las 11.30 horas con la recepción de la corporación municipal, autoridades y invitados en el Ayuntamiento. A las 11.45 horas tiene lugar la lectura del decreto de la Alcaldía y la entrega de la señera al Museo del Archivo Histórico Municipal. A las 12.00 horas se produce el solemne descenso de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento, mientras se le rinde homenaje con el disparo de salvas de honor. La señera es bajada mediante cuerdas por el balcón de la casa consistorial, ya que desde el año 1365, y por privilegio del rey Pedro III el Ceremonioso, la señera del cap i casal no puede inclinarse delante de nada o de nadie. Como no puede salir por las puertas del Ayuntamiento si no se inclina, es descolgada por el balcón en un acto muy solemne durante el cual el público congregado en la plaza vitorea y aplaude la señera de la ciudad, también oficializada por el Estatuto de Autonomía de 1982 como enseña autonómica de toda la Comunitat Valenciana.
Una vez bajada la señera se forma el séquito y empieza la procesión cívica propiamente dicha, que es contemplada por un numerosísimo público, y que sigue un orden protocolario que ha ido variando con el paso del tiempo y en el que participan autoridades y cargos institucionales diversos, así como representantes de entidades cívicas, culturales, científicas y profesionales, entre otras, que constituyen un reflejo de la pluralidad de la sociedad valenciana.
La procesión sale desde la plaza del Ayuntamiento y recorre las principales calles del centro de la ciudad de Valencia en dirección a la plaza de Alfonso el Magnánimo. En esta plaza tiene lugar el homenaje a la estatua ecuestre del rey Jaime I, con ofrenda floral institucional y coronas de laurel, y el canto del himno de la Comunitat Valenciana, interpretado por la Banda Municipal. Desde esa plaza se vuelve nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde la Reial Senyera es izada al son del himno valenciano y se disparan las salvas de honor, y vuelve a ser custodiada en las dependencias del Archivo Histórico Municipal. Los actos acaban con el disparo de una mascletada en la plaza del Ayuntamiento.
Por lo que respecta a la conducción de la Reial Senyera en la procesión cívica, la costumbre establece que sea portada por diversos concejales del Ayuntamiento, aunque una resolución de la Alcaldía fija quien será el portador inicial o principal.
2.7 Elementos que forman parte: de todos los elementos que conforman la procesión cívica del Nou d’Octubre el más destacado es, sin duda, la Reial Senyera de Valencia, alrededor de la cual adquiere sentido el séquito, dado que simboliza la máxima expresión de la identidad compartida de los valencianos y funciona como condensador de toda una memoria histórica ciudadana.
La señera oficial que actualmente sale en la procesión data de 1928 cuando, a causa del estado de deterioro en que se encontraba la anterior (que se conserva custodiada en una vitrina en el Archivo Histórico Municipal), se decidió hacer una réplica. De la nueva señera se hicieron tres copias: la que sale en la procesión, la que cubrió el ataúd del escritor y político Vicente Blasco Ibáñez cuando sus restos fueron trasladados a Valencia en 1933, que aún se conserva, y otra que se guarda desde 1969 en el Museo del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Estas tres señeras se confeccionaron en la fábrica de tejidos de seda de Eduardo Sanchis Romero, en la calle de Quart de Valencia. En 1994 se hizo una nueva restauración de la señera utilizada en la procesión cívica, coordinada por el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Su peso es de 18 kilogramos, 5 de los cuales corresponden a la cimera. El asta tiene una altura de 3,30 metros, y las dimensiones de la bandera son de 2,50 metros por 1,55 metros. El año 2008 fue de nuevo restaurada y limpiada su cimera, y se le devolvieron el color y brillantez originales.
La Reial Senyera va acompañada por los timbaleros, que ejecutan la Marxa de la Ciutat de València, que ya tocaban en la procesión del Corpus en el siglo XVIII, y que sirvió de inspiración al maestro José Serrano para bastir los primeros compases del Himno de la Exposición Regional de 1909. Este himno fue declarado en 1982 himno oficial de la Comunitat Valenciana, el cual también se toca y canta en el acto de homenaje a la estatua ecuestre de Jaime I, que forma parte destacada de la procesión cívica. En realidad la interrumpe, ya que el séquito procesional se detiene y empieza una concentración de carácter estático. En este homenaje multitudinario se afianzan especialmente los vínculos compartidos con la condensación máxima de todos los símbolos que definen la valencianidad en la procesión cívica: la Reial Senyera, la evocación del rey conquistador Jaime I, fundador del Reino de Valencia, y el himno de la Comunitat Valenciana, además del valenciano, que está presente en la liturgia civil de la procesión como lengua propia y distintiva del pueblo valenciano.
Sin embargo, aparte de los elementos concretos antes destacados, la dimensión inmaterial más exitosa de la procesión cívica es el mismo ritual deambulatorio; que tiene carácter procesional circular, ya que empieza y acaba en el mismo lugar, el Ayuntamiento de Valencia, sede del Archivo del Museo Histórico Municipal, donde se custodia la Reial Senyera durante todo el año, pero también otros símbolos importantes del Nou d’Octubre, como el penó de la conquesta (pendón de la conquista) o las armas (espada y escudo) atribuidas al rey Jaime I, entre otros objetos relevantes. La actual procesión continúa recogiendo en el mismo séquito la representación simbólica de todos los estamentos ciudadanos, como históricamente ha sucedido, con presencia de gremios, entidades civiles, festivas, políticas y culturales, autoridades locales, autonómicas y estatales, instituciones culturales y sociedad civil en general, para afianzar, mediante un ejercicio de civismo, la solidez y perdurabilidad de los vínculos comunitarios y la vocación de proyección hacia el futuro de una comunidad cohesionada por unos símbolos compartidos.
3. Definición del ámbito espacial y temporal.
3.1 Ámbito espacial: el ámbito espacial es, dentro de la ciudad de Valencia, el área del centro urbano que cubre el despliegue iterativo de la procesión cívica. Esta se desarrolla en el área de San Francisco (plaza del Ayuntamiento y calle de San Vicente), la Seu (plaza de la Reina y calle de la Paz) y nuevamente San Francisco (retorno hacia la plaza del Ayuntamiento por las calles de las Barcas y del Pintor Sorolla). Hay que subrayar que también se trata del centro simbólico de la ciudad, donde están los principales edificios de la Administración pública (Ayuntamiento y Generalitat), la religión tradicional cristiana (catedral) y la zona comercial y residencial considerada más distinguida de la Valencia moderna. Por tanto, el entorno arquitectónico, monumental e histórico contribuye a destacar la centralidad simbólica de la procesión y su papel como acción performativa de la valencianidad.
3.2 Ámbito temporal: La celebración de la procesión tiene lugar a las 12.00 de la mañana del día 9 de octubre, en el momento culminante del mediodía, y suele desarrollarse durante dos horas o dos horas y media, si bien la duración convencional puede variar en función de circunstancias diversas, como el desarrollo del acto de homenaje a la estatua ecuestre de Jaime I, el itinerario, las condiciones atmosféricas o la asistencia de público.
Valencia, 26 de octubre de 2015.–Mauro Guillén Grech, Jefe del Servicio de Publicaciones de la Generalitat. | Valencia declara bien de interés cultural la procesión del Nou d'Octubre | La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece en su artículo primero que forman parte del patrimonio cultural valenciano las expresiones de las tradiciones del pueblo en sus manifestaciones musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano.
La festividad del Nou d’Octubre (Nueve de octubre) es el día del pueblo valenciano. Se conmemora ese día la conquista de Valencia, en 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Ya en 1338 se instituyó la fiesta conmemorativa y desde el siglo XVII se ha celebrado casi ininterrumpidamente, especialmente en los casos de los centenarios. Siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos. Estas circunstancias se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza por el balcón del Ayuntamiento de la Reial Senyera (Real Señera) y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas valencianas y principales autoridades locales, en un séquito ceremonial. Hasta la actualidad, la procesión cívica se mantiene como verdadero hilo conductor de una fiesta que expresa la autoconciencia ciudadana y de valencianidad del pueblo valenciano.
Visto el informe técnico favorable a la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor de la procesión cívica del Nou d’Octubre a Valencia.
Considerando lo que dispone el artículo 27 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte resuelve:
Primero. Incoación.
Incoar expediente para declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial la procesión cívica del Nou d’Octubre en Valencia.
Segundo. Régimen de protección.
De conformidad con los artículos 28 y 45 de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, determinar los valores del bien que justifican la declaración, describir los detalles que permiten su precisa identificación, definir el ámbito espacial y temporal en el anexo que se adjunta a la resolución y fijar las normas de protección del bien. Se establece como medida de protección que cualquier cambio en la mencionada procesión cívica que exceda el normal desarrollo de los actos de la festividad anual debe ser propuesto por el Ayuntamiento de Valencia a la Dirección General de Cultura y Patrimonio para su autorización administrativa, en su caso, y consiguiente modificación de la presente declaración.
La gestión de la procesión cívica será ejercida por el Ayuntamiento de Valencia, el cual decidirá sobre aspectos materiales e inmateriales, así como el desarrollo de los actos de la festividad anual.
Tercero. Notificación.
En cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 27.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la presente resolución será notificada al Ayuntamiento de Valencia, y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.
Cuarto. Publicación.
Publicar la presente resolución, con su anexo, en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Valencia, 5 de octubre de 2015.– El Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà Ibáñez.
ANEXO
1. Exposición de motivos: la festividad del Nou d’Octubre muy bien se puede decir que constituye el día del pueblo valenciano. La jornada conmemora la conquista de Valencia, el 9 de octubre de 1238, por parte de las tropas catalanas y aragonesas del rey Jaime I. Aunque fue en 1239 cuando el histórico Reino de Valencia se constituyó como entidad política prácticamente independientemente dentro de la Corona de Aragón, a los ojos de los antepasados medievales la fecha del 9 de octubre de 1238 ya se presentó como símbolo de la recuperación de las tierras valencianas y, con posterioridad, ha sido considerada como fecha de nacimiento del pueblo valenciano.
A partir de 1338, fecha del primer centenario de la conquista, se instituyó la fiesta conmemorativa del Nou d’Octubre, y desde entonces, especialmente desde el siglo XVII, se ha celebrado casi ininterrumpidamente, especialmente en los casos de los centenarios, con diversas reinterpretaciones simbólicas, transformaciones formales e instrumentalizaciones ideológicas, si bien siempre se ha mantenido como trasfondo el hecho de celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano y la exaltación de la identidad colectiva de los valencianos del cap i casal (cabeza y casa común) como capital del Reino. Estas circunstancias, especialmente la segunda, se han hecho patentes en el acto de la procesión cívica que se celebra la mañana del Nou d’Octubre a partir de las 12 horas del mediodía, consistente en el solemne descenso con honores de ordenanza, por el balcón del Ayuntamiento, de la Reial Senyera de Valencia, compuesta por cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta, culminada por la figura de un murciélago, que durante todo el año se conserva en el Museo del Archivo Histórico de Valencia, y su procesión, rodeada y escoltada por las entidades cívicas valencianas y principales autoridades locales. Se trata de un singular séquito ceremonial que, desde la plaza del Ayuntamiento, recorre las principales calles del centro de la ciudad de Valencia hasta llegar a la plaza de Alfonso el Magnánimo, en que se rinde homenaje a la figura del rey Jaime I, fundador del Reino de Valencia, y desde allí se devuelve nuevamente a la plaza del Ayuntamiento, donde la Reial Senyera es izada para que vuelva a ser custodiada en las dependencias del Archivo Histórico Municipal.
La procesión cívica, aunque ha experimentado varias transformaciones y reconfiguraciones en función de los distintos contextos sociohistóricos, se mantiene como verdad
### RESUMEN: Valencia declara bien de interés cultural la procesión del Nou d'Octubre |
El apartado 4 del artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales establece en su primer párrafo lo siguiente: «Será objeto de publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica».
De conformidad con lo establecido en dicho precepto, se procede a la publicación de la información a que hace referencia el anexo que se adjunta.
Madrid, 9 de mayo de 2022.–La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí.
ANEXO I
Nombre del infractor
Infracción cometida
Importe sanción
–
Euros
Vodafone España, SAU.
Artículo 5.1.f) y 5.2 del RGPD.
3.940.000
Google, LLC.
Artículo 6 y artículo 17 del RGPD.
10.000.000 | Multas para Vodafone, por no proteger la seguridad de los datos, de 3.940.000 euros; y para Google de 10.000.000 euros. | El apartado 4 del artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales establece en su primer párrafo lo siguiente: «Será objeto de publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica».
De conformidad con lo establecido en dicho precepto, se procede a la publicación de la información a que hace referencia el anexo que se adjunta.
Madrid, 9 de mayo de 2022.–La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí.
ANEXO I
Nombre del infractor
Infracción cometida
Importe sanción
–
Euros
Vodafone España, SAU.
Artículo 5.1.f) y 5.2 del RGPD.
3.940.000
Google, LLC.
Artículo 6 y artículo 17 del RGPD.
10.000.000
### RESUMEN: Multas para Vodafone, por no proteger la seguridad de los datos, de 3.940.000 euros; y para Google de 10.000.000 euros. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente:
300/2017/00911.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.es/perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Elaboración de informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid.
c) Lote:
Si. Lote 1: Cuidados, protección social básica y género; Lote 2: Políticas de prestación de servicios y financiación; Lote 3: Política territorial, cultural y deportes; Lote 4: Modelo urbano; Lote 5: Política medioambiental.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79.311000-7. Servicios de estudios; 79.311400-1. Servicios de investigación económica; 79.411000-8. Servicios generales de consultoría en gestión.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
5/07/2017, 11/07/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
Lote 1: 70.128,78 euros, IVA excluido; Lote 2: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 3: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 4: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 5: 46.752,52 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Lote 1: 84.855,82 euros, IVA incluido; Lote 2: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 3: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 4: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 5: 56.570,55 euros, IVA incluido..
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
Lote 1: 22 de diciembre de 2017; Lote 2: 28 de diciembre de 2017; Lote 3: 22 de diciembre de 2017; Lote 4: 26 de diciembre de 2017; Lote 5: 22 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato:
Lote 1: 1 de febrero de 2018; Lote 2: 12 de febrero de 2018; Lote 3: 1 de febrero de 2018; Lote 4: 1 de febrero de 2018; Lote 5: 1 de febrero de 2018.
c) Contratista:
Lote 1: Dinamia S. Coop. Mad.; Lote 2: eKona, S.C.C.L.; Lote 3: Grupo Tangente Sociedad Cooperativa Madrileña; Lote 4: Tool Alfa, S.L.; Lote 5: Dinamia S. Coop. Mad.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Lote 1: 75.020,00 euros, IVA incluido; Lote 2: 55.055,00 euros, IVA incluido; Lote 3: 52.925,40 euros, IVA incluido; Lote 4: 50.094,00 euros, IVA incluido; Lote 5: 52.337,34 euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
LOTE 1: Haber realizado la segunda mejor oferta económica, que supone una baja de 16.130,78 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado un programa de trabajo detallado y haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 2: Haber realizado la tercera mejor oferta económica, que supone una baja de 1.253,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber obtenido la segunda mejor puntuación en los compromisos referentes a las mejoras en el equipo de trabajo; haber ofertado, al igual que otro licitador, los compromisos respecto a los criterios sociales; haber presentado un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 3: haber sido el único licitador admitido al procedimiento; ha ofertado una baja de 3.013,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; ha ofertado diversos compromisos en relación con las mejoras del equipo de trabajo y los criterios sociales, ha presentado un programa de trabajo detallado y ha obtenido diez puntos en los criterios sobre la descripción del proyecto; LOTE 4: Haber realizado la segunda mejor oferta económica, que supone una baja de 5.353,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo, obteniendo la puntuación máxima; haber presentado, al igual que otro licitador, un programa de trabajo detallado; haber obtenido la segunda mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 5: Haber realizado la mejor oferta económica, que supone una baja de 3.499,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado, al igual que el otro licitador, un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.
Madrid, 22 de febrero de 2018.- La Jefe del Departamento de Contratación, I. Paloma Burrero Fernández. | Contratos para evaluar las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid con diferentes importes. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente:
300/2017/00911.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.es/perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Elaboración de informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid.
c) Lote:
Si. Lote 1: Cuidados, protección social básica y género; Lote 2: Políticas de prestación de servicios y financiación; Lote 3: Política territorial, cultural y deportes; Lote 4: Modelo urbano; Lote 5: Política medioambiental.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79.311000-7. Servicios de estudios; 79.311400-1. Servicios de investigación económica; 79.411000-8. Servicios generales de consultoría en gestión.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
Diario Oficial de la Unión Europea y Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
5/07/2017, 11/07/2017
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
Lote 1: 70.128,78 euros, IVA excluido; Lote 2: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 3: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 4: 46.752,52 euros, IVA excluido; Lote 5: 46.752,52 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Lote 1: 84.855,82 euros, IVA incluido; Lote 2: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 3: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 4: 56.570,55 euros, IVA incluido; Lote 5: 56.570,55 euros, IVA incluido..
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
Lote 1: 22 de diciembre de 2017; Lote 2: 28 de diciembre de 2017; Lote 3: 22 de diciembre de 2017; Lote 4: 26 de diciembre de 2017; Lote 5: 22 de diciembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato:
Lote 1: 1 de febrero de 2018; Lote 2: 12 de febrero de 2018; Lote 3: 1 de febrero de 2018; Lote 4: 1 de febrero de 2018; Lote 5: 1 de febrero de 2018.
c) Contratista:
Lote 1: Dinamia S. Coop. Mad.; Lote 2: eKona, S.C.C.L.; Lote 3: Grupo Tangente Sociedad Cooperativa Madrileña; Lote 4: Tool Alfa, S.L.; Lote 5: Dinamia S. Coop. Mad.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe total: Lote 1: 75.020,00 euros, IVA incluido; Lote 2: 55.055,00 euros, IVA incluido; Lote 3: 52.925,40 euros, IVA incluido; Lote 4: 50.094,00 euros, IVA incluido; Lote 5: 52.337,34 euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
LOTE 1: Haber realizado la segunda mejor oferta económica, que supone una baja de 16.130,78 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado un programa de trabajo detallado y haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 2: Haber realizado la tercera mejor oferta económica, que supone una baja de 1.253,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber obtenido la segunda mejor puntuación en los compromisos referentes a las mejoras en el equipo de trabajo; haber ofertado, al igual que otro licitador, los compromisos respecto a los criterios sociales; haber presentado un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 3: haber sido el único licitador admitido al procedimiento; ha ofertado una baja de 3.013,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; ha ofertado diversos compromisos en relación con las mejoras del equipo de trabajo y los criterios sociales, ha presentado un programa de trabajo detallado y ha obtenido diez puntos en los criterios sobre la descripción del proyecto; LOTE 4: Haber realizado la segunda mejor oferta económica, que supone una baja de 5.353,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo, obteniendo la puntuación máxima; haber presentado, al igual que otro licitador, un programa de trabajo detallado; haber obtenido la segunda mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación. LOTE 5: Haber realizado la mejor oferta económica, que supone una baja de 3.499,52 €, IVA excluido, sobre el precio de licitación; haber ofertado, al igual que el otro licitador, los compromisos referentes a los criterios sociales y mejoras en el equipo de trabajo; haber presentado, al igual que el otro licitador, un programa de trabajo detallado; haber obtenido la mejor puntuación en la descripción del proyecto, teniendo la mayor puntuación en la suma de la valoración de los criterios de adjudicación.
Madrid, 22 de febrero de 2018.- La Jefe del Departamento de Contratación, I. Paloma Burrero Fernández.
### RESUMEN: Contratos para evaluar las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid con diferentes importes. |
La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, estableció en su Regla 38 la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Estado la información, relativa a las cuentas anuales, que determinase la Intervención General de la Administración del Estado.
Por Resolución de 28 de mayo de 2012 (BOE núm. 134, de 5/05/2012) la IGAE dispuso, en su apartado primero, la información que deberían publicar las entidades cuyo presupuesto de gastos tuviera carácter limitativo, como es el caso de este Organismo Autónomo, Centro de Investigaciones Sociológicas.
Por todo ello, esta Presidencia dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la información referida a la cuenta anual del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 10 de septiembre de 2013.–El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, Félix Requena Santos. | Cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) | La Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, estableció en su Regla 38 la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del Estado la información, relativa a las cuentas anuales, que determinase la Intervención General de la Administración del Estado.
Por Resolución de 28 de mayo de 2012 (BOE núm. 134, de 5/05/2012) la IGAE dispuso, en su apartado primero, la información que deberían publicar las entidades cuyo presupuesto de gastos tuviera carácter limitativo, como es el caso de este Organismo Autónomo, Centro de Investigaciones Sociológicas.
Por todo ello, esta Presidencia dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la información referida a la cuenta anual del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 10 de septiembre de 2013.–El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, Félix Requena Santos.
### RESUMEN: Cuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) |
Visto el texto del anexo II en el que se contiene el acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (código de convenio núm. 99008725011994), que fue suscrito con fecha 3 de marzo de 2017, de una parte por las asociaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de centros de Enseñanza (CECE), Federación Española de centros de Enseñanza y Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español (FESIE), Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO), Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) y CC.OO., en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado anexo II en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ANEXO II
1. Tablas salariales personal docente en pago delegado. Periodo transitorio
Introducción
La aplicación del «RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público» y el «RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad»; y los presupuestos generales de las CCAA que se han aprobado desde entonces han generado una variedad de situaciones en las Comunidades Autónomas y en el territorio MECD que continúan imposibilitando la confección de unas tablas salariales homogéneas para el conjunto del Estado.
Desde el año 2011 a 2015, las distintas Administraciones Educativas han venido revisando y abonando las nóminas del personal docente en pago delegado, bien por vía normativa o por la vía de acuerdos autonómicos, sin tener en cuenta la negociación colectiva, lo que ha provocado diferencias en las cuantías de los conceptos salariales estatales que se regulan en las tablas de este convenio colectivo.
La aplicación del régimen transitorio acordado en el Convenio colectivo no ha sido homogénea en todas las CCAA. Algunas llevan años abonando las retribuciones del personal docente en pago delegado conforme a LPGE, mientras que otras todavía no han procedido a la adecuación.
Por ello, las organizaciones negociadoras del VI Convenio Colectivo, ven necesario suscribir un Acuerdo que consiga dar solución a los problemas expuestos y continuar facilitando el desarrollo de la disposición transitoria 1.ª, conforme a las necesidades o situaciones que se dan en cada una de las CCAA.
El compromiso de las organizaciones firmantes del Convenio es que las cuantías y conceptos salariales básicos del personal en pago delegado (salario base, trienio, complementos por función y plus de residencia) se adecuen a lo publicado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En base a ello y a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, acordamos:
TABLAS SALARIALES DEL PERSONAL DOCENTE EN PAGO DELEGADO AÑO 2016
De conformidad a lo establecido en el artículo 53.3, las tablas salariales para el año 2016 que figuran en el anexo II.2 serán de aplicación en aquellas CCAA y territorios donde las administraciones públicas, en cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria 1.ª del VI Convenio, están abonando actualmente los salarios al personal docente en pago delegado en función de los módulos de conciertos establecidos en los PGE de 2016 y que son: Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla.
La Comisión negociadora del Convenio negociará la actualización anual de dichas tablas salariales, que se hará conforme a las variaciones que experimenten los módulos estatales de conciertos contenidos en la LPGE.
Para el resto de CCAA, los salarios establecidos en el anexo II.2 y los que sucesivamente se vayan aprobando desde este momento para cada año en función de las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, serán las tablas salariales de referencia que serán de aplicación en cada CCAA una vez culmine su proceso de adecuación salarial al que se refiere este anexo.
En las Comunidades Autónomas que, como consecuencia de los recortes salariales practicados por la Administración en los años 2010 y 2011, han mantenido la parte del Salario Base, Trienio, Complemento de Función Directiva, Complemento de Bachillerato y Complemento de equiparación para Licenciados de 1.º y 2.º de la ESO por encima de los módulos del concierto establecidos en la LPGE, por haber aplicado el recorte salarial en la parte que retribuyen las CCAA de sus propios presupuestos y en las que aún no se está aplicando lo establecido en la DT1.ª del VI Convenio, se podrán adoptar acuerdos, que creen nuevos complementos autonómicos compensadores de los distintos conceptos retributivos de la nómina financiados por la LPGE que eviten una minoración salarial o adoptar otras medidas que permitan alcanzar el objetivo de ajustarse a las tablas salariales del convenio colectivo en el plazo de tiempo y forma que se establezcan dichos acuerdos.
La aplicación de esta regulación salarial por parte de las administraciones públicas se hará previo acuerdo de las organizaciones patronales y sindicales en la Comunidad Autónoma concernida. Las organizaciones negociadoras del Convenio se comprometen a iniciar dicho proceso en el ámbito correspondiente, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria 1.ª del Convenio Colectivo y en el presente Acuerdo.
Esta adecuación salarial tendrá que cumplir lo dispuesto en este Acuerdo y tendrá que ser remitidas a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para su control y posterior publicación en el «BOE».
Este proceso no supone en ningún caso superar los límites presupuestarios de las administraciones ni coste adicional para las misma tal y como figura en el artículo 117 de la LOE, por lo que, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 53.3, párrafo segundo del Convenio Colectivo.
Durante el proceso de adecuación salarial de los conceptos mencionados en los párrafos anteriores no podrá producirse merma alguna en el salario global que viniera percibiendo cada uno de los trabajadores.
La retribución en concepto de Paga Extraordinaria por Antigüedad en la empresa regulada en el artículo 62 bis del Convenio Colectivo debe contemplarse en estos acuerdos de adecuación salarial en el caso de que pudiera verse afectada al objeto de garantizar que no disminuya la cuantía que se está percibiendo actualmente, respetando lo establecido en la disposición adicional octava, punto 3 b) del Convenio.
De conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, las organizaciones patronales nacionales son las legitimadas para solicitar el pago a cuenta de los futuros incrementos que se produzcan en la misma. Hasta que se alcancen los acuerdos de adecuación salarial, se recomienda que los incrementos en las sucesivas Leyes de Presupuestos generales del Estado no sean abonados en el concepto Salario Base para evitar aumentar las diferencias en los conceptos salariales básicos.
El periodo transitorio previsto en el artículo 53.2 y al que hace referencia la disposición transitoria primera queda ampliado y modificado por el presente acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2018 para que puedan producirse los acuerdos previstos en los párrafos anteriores. | Convenio educación concertada y privada. | Visto el texto del anexo II en el que se contiene el acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (código de convenio núm. 99008725011994), que fue suscrito con fecha 3 de marzo de 2017, de una parte por las asociaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de centros de Enseñanza (CECE), Federación Española de centros de Enseñanza y Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español (FESIE), Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO), Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) y CC.OO., en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado anexo II en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ANEXO II
1. Tablas salariales personal docente en pago delegado. Periodo transitorio
Introducción
La aplicación del «RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público» y el «RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad»; y los presupuestos generales de las CCAA que se han aprobado desde entonces han generado una variedad de situaciones en las Comunidades Autónomas y en el territorio MECD que continúan imposibilitando la confección de unas tablas salariales homogéneas para el conjunto del Estado.
Desde el año 2011 a 2015, las distintas Administraciones Educativas han venido revisando y abonando las nóminas del personal docente en pago delegado, bien por vía normativa o por la vía de acuerdos autonómicos, sin tener en cuenta la negociación colectiva, lo que ha provocado diferencias en las cuantías de los conceptos salariales estatales que se regulan en las tablas de este convenio colectivo.
La aplicación del régimen transitorio acordado en el Convenio colectivo no ha sido homogénea en todas las CCAA. Algunas llevan años abonando las retribuciones del personal docente en pago delegado conforme a LPGE, mientras que otras todavía no han procedido a la adecuación.
Por ello, las organizaciones negociadoras del VI Convenio Colectivo, ven necesario suscribir un Acuerdo que consiga dar solución a los problemas expuestos y continuar facilitando el desarrollo de la disposición transitoria 1.ª, conforme a las necesidades o situaciones que se dan en cada una de las CCAA.
El compromiso de las organizaciones firmantes del Convenio es que las cuantías y conceptos salariales básicos del personal en pago delegado (salario base, trienio, complementos por función y plus de residencia) se adecuen a lo publicado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En base a ello y a lo dispuesto en el Convenio Colectivo, acordamos:
TABLAS SALARIALES DEL PERSONAL DOCENTE EN PAGO DELEGADO AÑO 2016
De conformidad a lo establecido en el artículo 53.3, las tablas salariales para el año 2016 que figuran en el anexo II.2 serán de aplicación en aquellas CCAA y territorios donde las administraciones públicas, en cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria 1.ª del VI Convenio, están abonando actualmente los salarios al personal docente en pago delegado en función de los módulos de conciertos establecidos en los PGE de 2016 y que son: Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla.
La Comisión negociadora del Convenio negociará la actualización anual de dichas tablas salariales, que se hará conforme a las variaciones que experimenten los módulos estatales de conciertos contenidos en la LPGE.
Para el resto de CCAA, los salarios establecidos en el anexo II.2 y los que sucesivamente se vayan aprobando desde este momento para cada año en función de las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, serán las tablas salariales de referencia que serán de aplicación en cada CCAA una vez culmine su proceso de adecuación salarial al que se refiere este anexo.
En las Comunidades Autónomas que, como consecuencia de los recortes salariales practicados por la Administración en los años 2010 y 2011, han mantenido la parte del Salario Base, Trienio, Complemento de Función Directiva, Complemento de Bachillerato y Complemento de equiparación para Licenciados de 1.º y 2.º de la ESO por encima de los módulos del concierto establecidos en la LPGE, por haber aplicado el recorte salarial en la parte que retribuyen las CCAA de sus propios presupuestos y en las que aún no se está aplicando lo establecido en la DT1.ª del VI Convenio, se podrán adoptar acuerdos, que creen nuevos complementos autonómicos compensadores de los distintos conceptos retributivos de la nómina financiados por la LPGE que eviten una minoración salarial o adoptar otras medidas que permitan alcanzar el objetivo de ajustarse a las tablas salariales del convenio colectivo en el plazo de tiempo y forma que se establezcan dichos acuerdos.
La aplicación de esta regulación salarial por parte de las administraciones públicas se hará previo acuerdo de las organizaciones patronales y sindicales en la Comunidad Autónoma concernida. Las organizaciones negociadoras del Convenio se comprometen a iniciar dicho proces
### RESUMEN: Convenio educación concertada y privada. |
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, comunica la interposición por parte de don Karl Friedrich Schober, del recurso número 128/2013, contra la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 20 de mayo de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez. | Karl Friedrich Schober recurre contra la Orden HAP/72/2013, la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ante la Audiencia Nacional | La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, comunica la interposición por parte de don Karl Friedrich Schober, del recurso número 128/2013, contra la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 20 de mayo de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.
### RESUMEN: Karl Friedrich Schober recurre contra la Orden HAP/72/2013, la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ante la Audiencia Nacional |
Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Vegetal Vigra cápsulas, y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Vegetal Vigra cápsulas. El texto completo del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: [email protected].
Madrid, 5 de septiembre de 2014.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. | Sanidad retira las cápsulas Vegetal Vigra | Ante el desconocimiento de los interesados en este procedimiento, procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 en relación con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acuerda iniciar el procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización del producto Vegetal Vigra cápsulas, y adoptar, de acuerdo con el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como medidas cautelares la prohibición de comercialización y la retirada del mercado del producto Vegetal Vigra cápsulas. El texto completo del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y prohibición de la comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares puede consultarse en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, calle Campezo, 1, edificio 8, 28022 Madrid, teléfono: +34 91 822 52 01, fax: +34 91 822 52 43, correo electrónico: [email protected].
Madrid, 5 de septiembre de 2014.- Francisco Javier Muñoz Aizpuru, Secretario General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
### RESUMEN: Sanidad retira las cápsulas Vegetal Vigra |
Visto el texto del acta, de 28 de abril de 2022, en la que se aprueban acuerdos de modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (código de convenio n.º 99008725011994), publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2021, acta que fue suscrita, de una parte, por las organizaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Federación de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT-Servicios Públicos y FE-CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de mayo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACTA DE ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL VII CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS
ASISTENTES
Patronales:
Por EyG:
Juan Manuel Ruiz.
Iván Hodar.
Carmen Estévez.
Por CECE:
Santiago García.
Por FED-ACES:
Concepción Castarlenas.
José Francisco López.
Por APSEC:
Delega en EyG.
Sindicatos:
Por FSIE:
Jesús Pueyo.
Enrique Ríos.
Juan Manuel Fábrega.
Por USO:
Antonio Amate.
Carlos Quirós.
José Carlos Barba.
Por UGT Servicios Públicos:
Jesús Gualix.
Ana Castaño.
Patricia Gómez.
Por FECCOO:
Pedro Ocaña.
Alejandro Llamas.
Rebeca Castaño.
La Comisión negociadora del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, (en adelante, el VII Convenio), se reúne para adaptar el VII Convenio Colectivo a la reforma laboral introducida por el Real Decreto 32/2021, de 28 diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
La reunión se celebra de forma presencial en la sede de Educación y Gestión (EyG), calle Hacienda de Pavones, núm. 5, 1.ª Planta, y a través de videoconferencia conforme a lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre de 2020, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 2/2021, de 20 de enero de 2021, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
El Secretario de la mesa identifica a las personas presentes y a las que participan a través de videoconferencia, haciendo constar que las mismas están legitimadas para actuar en representación de sus respectivas organizaciones como negociadoras del VII Convenio Colectivo.
La organización APSEC ha excusado su asistencia delegando su representación en EyG.
Preside la reunión la organización empresarial EyG y la Secretaría de Actas la asume el sindicato FSIE.
Abre la reunión la Organización patronal EYG haciendo referencia a la necesidad de adaptación del VII Convenio al Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, en lo que se refiere a las modalidades contractuales recogidas en el Capitulo II «Contratación».
Tras las deliberaciones pertinentes y a los efectos de cumplir con dicho objeto, las organizaciones patronales con mayoría, EyG, CECE, FED-ACES y APSEC y las organizaciones sindicales, con mayoría, FSIE, FEUSO, FeSPS UGT y FE-CC.OO, acuerdan,
Primero.
Aprobar las modificaciones necesarias del Capítulo II «Contratación», en el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, con el siguiente literal:
«CAPÍTULO II
Contratación
Artículo 13. Forma del contrato.
Todo contrato celebrado en el ámbito del presente Convenio deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo previsto en la normativa sobre control de la contratación.
Artículo 14. Presunción de duración indefinida.
El personal afectado por este Convenio se entenderá contratado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las permitidas por la ley y con las limitaciones indicadas en los artículos siguientes.
El personal será contratado por alguna de las modalidades de contratación que en cada momento sea posible, según la legislación vigente.
El personal admitido en la empresa sin pactar modalidad especial alguna en cuanto a la duración de su contrato se considerará fijo una vez transcurrido el período de prueba.
Artículo 15. Contrato de formación en alternancia.
El contrato para la formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
En las condiciones requeridas para la formalización de este contrato se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.
El trabajador sujeto a formación percibirá el Salario Mínimo Interprofesional con independencia del tiempo dedicado a formación.
Artículo 16. Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios.
Podrá concertarse con quienes estuvieran en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, especialistas, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional o título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, dentro de los tres años desde la terminación de los estudios, o de cinco cuando el contrato se concierte con una persona trabajadora con discapacidad.
Los contratos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios y/o sus prórrogas tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año. En el caso del personal docente contratado una vez iniciado el curso escolar para ocupar una vacante, el contrato se prolongará al menos hasta el 31 de agosto de ese curso escolar siempre y cuando esté dentro de la duración mínima y máxima establecida.
En el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. Los trabajadores contratados en esta modalidad, percibirán el 90 % del salario fijado en las Tablas Salariales para su categoría profesional.
Los trabajadores incluidos en pago delegado, podrán devengar hasta el 100 % de su salario desde el inicio de su relación laboral, siempre y cuando no supere el módulo correspondiente.
Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación o certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en los apartados anteriores, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado. A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica profesional la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.
Artículo 17. Limitación a la contratación temporal.
El personal con contrato temporal no superará el 25 % de la plantilla. Si el porcentaje supone decimales, se redondeará por exceso.
No se incluirán en esta limitación el personal con contrato por sustitución y el personal con contrato de relevo.
El personal contratado para actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios complementarios no entran en este cómputo.
En los centros de trabajo de ocho o menos trabajadores no será de aplicación este artículo.
Las empresas adecuarán su plantilla a lo anteriormente previsto en el período de vigencia de este Convenio.
Artículo 18. Contrato fijo-discontinuo.
Se podrá contratar bajo esta modalidad para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
Se podrá concertar bajo esta modalidad contractual tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.
No obstante, no se podrá contratar bajo esta modalidad a personal del Grupo I, personal docente, para impartir actividades curriculares.
Se podrá concertar bajo esta modalidad contractual para el desarrollo de actividades que tengan la naturaleza descrita en el apartado primero de este artículo, con la excepción establecida en el párrafo tercero, que tengan un plazo mínimo de interrupción en el llamamiento de dos meses.
Cuando los trabajos que justifiquen la contratación mediante la modalidad de fijo-discontinuo se prolonguen durante los días previos y posteriores a los periodos sin actividad de Navidad y Semana Santa-Pascua, la empresa mantendrá el alta efectiva de las personas fijas discontinuas durante los expresados periodos con todos los derechos inherentes a la misma.
El contrato se formalizará por escrito conforme a los criterios objetivos y formales exigidos en la legislación vigente. Necesariamente será por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del período de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.
Los criterios objetivos y formales por los que se regirá el llamamiento de las personas en situación de inactividad serán determinados de común acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras de la misma. En caso de falta de acuerdo, se establece que el llamamiento se realizará por orden de mayor a menor antigüedad en el puesto de trabajo.
En todo caso, el llamamiento se podrá realizar mediante correo electrónico o a cualquier otro medio escrito que permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada. La notificación se realizará con una antelación mínima de 7 días al inicio de la actividad. En caso de que el preaviso sea inferior, si la persona trabajadora lo acepta, será válido.
Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o en el presente convenio colectivo.
Siempre y cuando lo establezca la legislación vigente, las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.
La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, en los términos que establece el artículo 24 de este convenio colectivo.
Al inicio del curso escolar, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, con la suficiente antelación, un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.
Artículo 19. Contrato de duración determinada por circunstancias de la producción.
1. Se podrá celebrar este contrato como consecuencia del incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones, que aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda a los supuestos incluidos en el artículo 18 de este convenio colectivo o artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Entre las oscilaciones a las que se refiere se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.
La concertación del contrato por esta causa tendrá una duración máxima de un año.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
2. Asimismo, se podrá concertar bajo esta modalidad para atender situaciones ocasionales, previsibles que tengan una duración reducida y delimitada en el tiempo. Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato.
Se podrá suscribir este contrato para los supuestos de dotación excepcional de horas que estén condicionadas en el tiempo, así como, para programas temporales, y otros supuestos de carácter excepcional y temporal que tengan cabida conforme a la legislación educativa vigente.
Artículo 20. Contrato de duración determinada por sustitución.
Además de en los supuestos regulados legal y reglamentariamente, podrá formalizarse el contrato por sustitución para cubrir la docencia, en caso del personal docente, o tarea encomendada, en el caso del personal no docente, total o parcialmente, de los trabajadores designados para ejercer la función directiva o cualquier otro encargo que conlleve reducción de la docencia, en caso del docente, o la tarea encomendada, en el personal no docente, con carácter temporal, con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertar para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en convenio colectivo y se especifique en contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
La prestación de servicios bajo esta modalidad contractual podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones ambas personas trabajadoras el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como máximo, durante quince días.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que la duración pueda ser en este caso superior a tres meses. Por esta causa, no podrá celebrarse un nuevo contrato una vez superada dicha duración máxima.
Artículo 21. Contrato de relevo.
Las empresas podrán celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial con sus propios trabajadores o trabajadoras que reúnan las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, excepto la edad, que habrá de ser como establezca la legislación vigente.
El contrato de relevo se formalizará a jornada completa o a tiempo parcial. La continuación de la actividad laboral a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la percepción de la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador o trabajadora.
Para poder celebrar este contrato, la empresa contratará, simultáneamente, mediante el contrato de relevo a otro trabajador o trabajadora en las condiciones que establezca la legislación vigente.
Las demás condiciones del contrato de relevo se regirán por la normativa en vigor.
Artículo 22. Conversión en contrato indefinido.
Todos los trabajadores pasarán automáticamente a la condición de fijos, si transcurrido el plazo determinado en el contrato, continúan desarrollando sus actividades sin que haya existido nuevo contrato o prórroga del anterior.
Artículo 23. Período de prueba.
1.º Todo el personal de nuevo ingreso quedará sometido al período de prueba que se establece a continuación:
a) Personal docente (Grupo 1): Cuatro meses.
b) Personal de administración y servicios (Grupos 2 y 3): Un mes.
c) Personal complementario titulado (Grupo 4): Dos meses.
d) Personal con contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios: El período de prueba estará en función del grupo profesional al que esté adscrito la persona trabajadora: Personal docente será de cuatro meses, personal titulado complementario dos meses y personal de administración y servicios un mes.
Para la efectividad de estos períodos de prueba será indispensable que consten por escrito.
2.º En el caso de que se suscriba un contrato indefinido para un docente, el período de prueba será de diez meses, debiendo constar por escrito. En este supuesto, y si la empresa desiste del contrato en fecha posterior a aquella en que se cumpla el cuarto mes desde su incorporación al puesto de trabajo, tendrá derecho a percibir como indemnización, dos días de salario por cada mes completo de servicio desde el inicio del contrato. Para un mismo puesto de trabajo la empresa no podrá hacer uso del desistimiento del contrato en el décimo mes del período de prueba más de dos veces consecutivas.
3.º Quien haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en el centro, bajo cualquier modalidad de contratación, estará exento del período de prueba.
4.º En todos los casos, terminado el período de prueba, el trabajador pasará a formar parte de la plantilla de la empresa, computándose a todos los efectos dicho período.»
Segundo.
Aprobar la inclusión de una nueva disposición adicional undécima en el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, con el siguiente literal:
«Disposición adicional undécima. Adecuación de la contratación.
En caso de ser necesaria la adecuación de la contratación establecida en este convenio colectivo a las novedades o modificaciones que surjan por el devenir de la misma o su aplicación en las empresas, la comisión negociadora del convenio colectivo se reunirá y acordará, en su caso, las modificaciones o adecuaciones que sean necesarias realizar al respecto.»
Tercero.
Aprobar la inclusión de una nueva transitoria quinta en el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, con el siguiente literal:
«Disposición transitoria quinta. Contratos anteriores a la reforma.
Los contratos de obra o servicio y eventuales por circunstancias de la producción celebrados al amparo de lo dispuesto en el VI Convenio Colectivo o VII Convenio Colectivo, que sean anteriores al día 30 de marzo de 2022, continuarán siendo regulados conforme al régimen jurídico por el que se establecieron en su momento, conforme a los términos y condiciones que se establecen el Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral.
En este sentido, los contratos de obra y servicio, así como, los contratos eventuales celebrados al amparo de lo dispuesto en el VI Convenio Colectivo, o en el VII Convenio Colectivo hasta su derogación por el Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, se regirán conforme al régimen anterior siempre y cuando sean celebrados antes del 31 de diciembre de 2021. En estos casos, los contratos celebrados entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de marzo de 2022, se regirán conforme a lo allí establecido, sin que su duración pueda ser superior a seis meses.
En el resto de condiciones se estará a lo dispuesto en las disposiciones transitorias del Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre.»
Cuarto.
Por parte de la mesa negociadora se autoriza y delega con amplitud legal precisa a favor de doña Susana del Caño Moratinos, de la organización sindical FSIE, para que, en nombre de esta comisión, pueda presentar el texto, acta y demás documentación, ante la Autoridad Laboral, al solo efecto de su presentación telemática, registro y depósito, y publicación posterior en el «Boletín Oficial del Estado».
En Madrid, a 28 de abril de 2022.–Por EyG.–Por CECE.–Por FED-ACES.–Por APSEC.–Por FSIE.–Por FE-USO.–Por FeSP-UGT.–Por FE-CC.OO.–El Presidente, Iván Hodar González.–El Secretario, Juan Manuel Fábrega. | Cambios en el convenio de la educación concertada para adaptarlo a la reforma laboral: | Visto el texto del acta, de 28 de abril de 2022, en la que se aprueban acuerdos de modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (código de convenio n.º 99008725011994), publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2021, acta que fue suscrita, de una parte, por las organizaciones empresariales Educación y Gestión (EyG), Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Federación de Centros de Enseñanza de Economía Social (FED-ACES) y Asociació Profesional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FSIE, USO, UGT-Servicios Públicos y FE-CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de modificación en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 30 de mayo de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.
ACTA DE ACUERDO DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL VII CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS
ASISTENTES
Patronales:
Por EyG:
Juan Manuel Ruiz.
Iván Hodar.
Carmen Estévez.
Por CECE:
Santiago García.
Por FED-ACES:
Concepción Castarlenas.
José Francisco López.
Por APSEC:
Delega en EyG.
Sindicatos:
Por FSIE:
Jesús Pueyo.
Enrique Ríos.
Juan Manuel Fábrega.
Por USO:
Antonio Amate.
Carlos Quirós.
José Carlos Barba.
Por UGT Servicios Públicos:
Jesús Gualix.
Ana Castaño.
Patricia Gómez.
Por FECCOO:
Pedro Ocaña.
Alejandro Llamas.
Rebeca Castaño.
La Comisión negociadora del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, (en adelante, el VII Convenio), se reúne para adaptar el VII Convenio Colectivo a la reforma laboral introducida por el Real Decreto 32/2021, de 28 diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
La reunión se celebra de forma presencial en la sede de Educación y Gestión (EyG), calle Hacienda de Pavones, núm. 5, 1.ª Planta, y a través de videoconferencia conforme a lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre de 2020, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 2/2021, de 20 de enero de 2021, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
El Secretario de la mesa identifica a las personas presentes y a las que participan a través de videoconferencia, haciendo constar que las mismas están legitimadas para actuar en representación de sus respectivas organizaciones como negociadoras del VII Convenio Colectivo.
La organización APSEC ha excusado su asistencia delegando su representación en EyG.
Preside la reunión la organización empresarial EyG y la Secretaría de Actas la asume el sindicato FSIE.
Abre la reunión la Organización patronal EYG haciendo referencia a la necesidad de adaptación del VII Convenio al Real Decreto 32/2021, de 28 de diciembre, en lo que se refiere a las modalidades contractuales recogidas en el Capitulo II «Contratación».
Tras las deliberaciones pertinentes y a los efectos de cumplir con dicho objeto, las organizaciones patronales con mayoría, EyG, CECE, FED-ACES y APSEC y las organizaciones sindicales, con mayoría, FSIE, FEUSO, FeSPS UGT y FE-CC.OO, acuerdan,
Primero.
Aprobar las modificaciones necesarias del Capítulo II «Contratación», en el texto del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, con el siguiente literal:
«CAPÍTULO II
Contratación
Artículo 13. Forma del contrato.
Todo contrato celebrado en el ámbito del presente Convenio deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo previsto en la normativa sobre control de la contratación.
Artículo 14. Presunción de duración indefinida.
El personal afectado por este Convenio se entenderá contratado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las permitidas por la ley y con las limitaciones indicadas en los artículos siguientes.
El personal será contratado por alguna de las modalidades de contratación que en cada momento sea posible, según la legislación vigente.
El personal admitido en la empresa sin pactar modalidad especial alguna en cuanto a la duración de su contrato se considerará fijo una vez transcurrido el período de prueba.
Artículo 15. Contrato de formación en alternancia.
El contrato para la formación en alternancia tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
En las condiciones requeridas para la formalización de este contrato se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.
El trabajador sujeto a formación perci
### RESUMEN: Cambios en el convenio de la educación concertada para adaptarlo a la reforma laboral: |
La Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece los países de alto riesgo y las condiciones de la cuarentena a la que deben someterse los pasajeros que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en estos países, a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias.
Las nuevas variantes del SARS-CoV2 ha supuesto un nuevo reto en la lucha contra esta enfermedad, ya que pueden estar asociadas a un incremento de transmisibilidad, virulencia o pueden afectar a la capacidad de respuesta de las vacunas. La aparición de la nueva variante B.1.1.529 de SARS-CoV-2, denominada Ómicron, en varios países del sur de África, supuso la activación del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis- IPCR, del Consejo de la Unión Europea, que concluyó en la necesidad de que los Estados miembros activaran el freno de emergencia de conformidad con lo establecido en la Recomendación 2020/912 del Consejo, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, e imponer urgentemente restricciones temporales a todos los viajeros que lleguen a la Unión europea procedentes de los países de Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. En este sentido, la Presidencia solicitó a los Estados Miembros que realizaran pruebas diagnósticas y pusieran en cuarentena a todos los pasajeros procedentes de dichos países en consonancia con las previsiones contempladas en dicha Recomendación.
Las condiciones que motivaron la adopción de estas medidas se mantienen, por lo que, en línea con las conclusiones adoptadas por el IPCR en aplicación del freno de emergencia de conformidad con lo establecido en la Recomendación 2020/912 del Consejo, se justifica la prórroga Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre por catorce días adicionales.
Por otra parte, la situación epidemiológica y la proximidad con los países afectados inicialmente hace que sea conveniente incluir a la República de Malawi y a la República de Zambia entre los países de alto riesgo, como así lo han realizado otros países de la Unión Europea, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos o Grecia.
Al tratarse de una medida adoptada con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considera urgente y necesaria para la protección de la salud pública y que implica la limitación o restricción de derechos fundamentales, sin que sus destinatarios estén identificados individualmente, es precisa la autorización o ratificación judicial por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En consecuencia, se procederá a solicitar la oportuna ratificación judicial con carácter inmediato.
Por otra parte, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 719/2021, de 24 de mayo, el conjunto de preceptos que se enumeran en el párrafo siguiente y que amparan la presente Resolución, ofrecen suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulación, las cuales, de otro lado, no pueden predeterminarse siempre, ya que no han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas, y no se alejan los términos recién examinados del parámetro admitido por el Tribunal Constitucional para la tipificación de sanciones, por ejemplo en su sentencia n.° 14/2021, de 28 de enero.
En su virtud y al amparo de lo contemplado en los artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y de lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y de acuerdo con la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior prevista en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, resuelvo:
Primero. Modificación de los países de alto riesgo.
Se modifica el apartado segundo de la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado de la siguiente manera:
«En base a su evolución epidemiológica, se consideran como países de alto riesgo los siguientes:
– República de Botsuana.
– Reino de Eswatini.
– Reino de Lesotho.
– República de Malawi.
– República de Mozambique.
– República de Namibia.
– República de Sudáfrica.
– República de Zambia.
– República de Zimbabue.»
Segundo. Prórroga de la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Queda prorrogado lo dispuesto en los apartados primero, tercero y cuarto de la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre.
Tercero. Ratificación judicial.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, confiérase traslado de esta Orden a la Abogacía General del Estado al objeto de solicitar la ratificación judicial.
Cuarto. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde las 00:00 horas del 13 de diciembre de 2021 hasta las 24:00 horas del 26 de diciembre de 2021, pudiendo ser prorrogada de mantenerse las circunstancias que la motivan.
Quinto. Régimen de recursos.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que en el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 9 de diciembre de 2021.–La Ministra de Sanidad, Carolina Darias San Sebastián. | Sanidad amplía a otros dos países africanos, Malawi y Zambia, la cuarentena a la llegada. Va en pack con que solo dejan venir a españoles o andorranos o residentes. Se suman a Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbaue | La Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece los países de alto riesgo y las condiciones de la cuarentena a la que deben someterse los pasajeros que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en estos países, a cualquier aeropuerto situado en el Reino de España, con o sin escalas intermedias.
Las nuevas variantes del SARS-CoV2 ha supuesto un nuevo reto en la lucha contra esta enfermedad, ya que pueden estar asociadas a un incremento de transmisibilidad, virulencia o pueden afectar a la capacidad de respuesta de las vacunas. La aparición de la nueva variante B.1.1.529 de SARS-CoV-2, denominada Ómicron, en varios países del sur de África, supuso la activación del Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis- IPCR, del Consejo de la Unión Europea, que concluyó en la necesidad de que los Estados miembros activaran el freno de emergencia de conformidad con lo establecido en la Recomendación 2020/912 del Consejo, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, e imponer urgentemente restricciones temporales a todos los viajeros que lleguen a la Unión europea procedentes de los países de Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe. En este sentido, la Presidencia solicitó a los Estados Miembros que realizaran pruebas diagnósticas y pusieran en cuarentena a todos los pasajeros procedentes de dichos países en consonancia con las previsiones contempladas en dicha Recomendación.
Las condiciones que motivaron la adopción de estas medidas se mantienen, por lo que, en línea con las conclusiones adoptadas por el IPCR en aplicación del freno de emergencia de conformidad con lo establecido en la Recomendación 2020/912 del Consejo, se justifica la prórroga Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre por catorce días adicionales.
Por otra parte, la situación epidemiológica y la proximidad con los países afectados inicialmente hace que sea conveniente incluir a la República de Malawi y a la República de Zambia entre los países de alto riesgo, como así lo han realizado otros países de la Unión Europea, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos o Grecia.
Al tratarse de una medida adoptada con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considera urgente y necesaria para la protección de la salud pública y que implica la limitación o restricción de derechos fundamentales, sin que sus destinatarios estén identificados individualmente, es precisa la autorización o ratificación judicial por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En consecuencia, se procederá a solicitar la oportuna ratificación judicial con carácter inmediato.
Por otra parte, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 719/2021, de 24 de mayo, el conjunto de preceptos que se enumeran en el párrafo siguiente y que amparan la presente Resolución, ofrecen suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto de la libertad de circulación, las cuales, de otro lado, no pueden predeterminarse siempre, ya que no han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas, y no se alejan los términos recién examinados del parámetro admitido por el Tribunal Constitucional para la tipificación de sanciones, por ejemplo en su sentencia n.° 14/2021, de 28 de enero.
En su virtud y al amparo de lo contemplado en los artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y de lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en lo previsto en el artículo 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y de acuerdo con la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior prevista en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, resuelvo:
Primero. Modificación de los países de alto riesgo.
Se modifica el apartado segundo de la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que queda redactado de la siguiente manera:
«En base a su evolución epidemiológica, se consideran como países de alto riesgo los siguientes:
– República de Botsuana.
– Reino de Eswatini.
– Reino de Lesotho.
– República de Malawi.
– República de Mozambique.
– República de Namibia.
– República de Sudáfrica.
– República de Zambia.
– República de Zimbabue.»
Segundo. Prórroga de la Orden SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Queda prorrogado lo dispuesto en los apartados primero, tercero y cuarto de la Orden SND/130
### RESUMEN: Sanidad amplía a otros dos países africanos, Malawi y Zambia, la cuarentena a la llegada. Va en pack con que solo dejan venir a españoles o andorranos o residentes. Se suman a Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbaue |
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, comunica la interposición por parte de «Préstamo y Javaloyes, S.L.», del recurso número 5/2013, seguido por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de cinco días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de abril de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez. | Préstamo y Javaloyes, S.L. presenta recurso contra la Orden HAP/2662/2012, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos. | La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, comunica la interposición por parte de «Préstamo y Javaloyes, S.L.», del recurso número 5/2013, seguido por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de cinco días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 15 de abril de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.
### RESUMEN: Préstamo y Javaloyes, S.L. presenta recurso contra la Orden HAP/2662/2012, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos. |
Excma. Sra. Esther Monterrubio Villar.
Representante Residente.
Misión Permanente de España ante el OIEA.
2022-02-22.
Excelentísima señora:
Tengo el honor de comunicarle que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene previsto celebrar la Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) del 17 al 22 de julio de 2022.
La finalidad de la reunión es examinar los avances en la ejecución de los proyectos en curso, evaluar propuestas de nuevos proyectos para el plan de trabajo para 2022-2023.
La reunión se celebrará en español.
Está previsto que asistan aproximadamente 20 participantes de los Estados Miembros que se enumeran en el anexo A, así como uno o más representantes del OIEA.
De las conversaciones oficiosas mantenidas con el señor Josep María Serena Sender del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se desprende que podría disponerse de locales y medios adecuados en Madrid.
Tengo el honor de preguntar si el Gobierno de España (denominado en adelante el «Gobierno») desearía dar acogida a esta reunión y, en caso afirmativo, si estaría de acuerdo en adoptar las siguientes disposiciones:
1. En relación con la reunión se aplicará el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 de julio de 1959, que fue aceptado por el Gobierno el 21 de mayo de 1984 y que constituirá la base de este acuerdo administrativo internacional.
2. El Gobierno, con sujeción a sus reglamentos y a la legislación nacional, concederá a los funcionarios y expertos del OIEA, así como a los delegados designados por los Estados Miembros, el derecho a entrar y permanecer en territorio español y a salir de él. Los visados necesarios para los funcionarios y expertos del OIEA, así como para los delegados designados por los Estados Miembros, se expedirán lo más rápidamente posible y, si la legislación española lo permitiese, a título gratuito.
El OIEA informará prontamente al Gobierno sobre todas las personas oficialmente designadas para asistir a la reunión. También comunicará a estas personas que, de ser necesario, deben solicitar el visado con antelación suficiente a la fecha de inicio de la reunión, y se espera del Gobierno que expida prontamente dichos visados y facilite así su participación.
3. El Gobierno facilitará los trámites aduaneros en relación con las personas antes mencionadas a su entrada y salida de España.
4. El Gobierno pondrá a disposición, sin costo alguno para el OIEA y por todo el tiempo que dure la reunión, locales y medios suficientes y apropiados para su celebración, como se indica en el anexo B.
5. El Gobierno actuará con razonable diligencia para garantizar la seguridad en los locales donde se celebre la reunión, así como la seguridad de las personas mencionadas en el párrafo 1 supra mientras se encuentren en dichos locales. El Gobierno adoptará las medidas que sean razonables según las circunstancias para garantizar dicha seguridad, incluida la supervisión de los locales en la medida necesaria.
El señor Gustavo Caruso, de la Oficina de la Directora General Adjunta, Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física, ha sido designado Secretario Científico de la reunión.
En caso de que el Gobierno de su país desee dar acogida a esta reunión, le agradecería que me comunicara por escrito, antes del 25 de marzo de 2022, la conformidad de este con los puntos antes enumerados, de modo que la Secretaría pueda adoptar oportunamente las disposiciones pertinentes.
El presente acuerdo administrativo internacional, concertado por intercambio de cartas, entrará en vigor en la fecha de data de su respuesta.
Le ruego acepte, excelentísima señora, el testimonio de mi distinguida consideración.
Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.
Documentación adjunta:
Anexo A: Lista de Estados Miembros que serán invitados.
Anexo B: Disposiciones propuestas.
ANEXO A
Lista de Estados Miembros que serán invitados
Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
Madrid (España), 17 al 22 de julio de 2022. Ref. n.°: EVT2105330
Argentina.
Brasil.
Chile.
Colombia.
Cuba.
España.
México.
Paraguay.
Perú.
Uruguay.
ANEXO B
Disposiciones propuestas.
Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
Madrid (España), 17 al 22 de julio de 2022. Ref. n.°: EVT2105330
1. Locales.
Sala de reunión, con aforo para 20 personas.
Estos locales estarán totalmente amueblados y equipados y a disposición exclusiva del OIEA desde el sábado 16 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2022, ambos inclusive.
2. Equipo.
a) un proyector de datos para presentaciones en PowerPoint;
b) una pantalla;
c) una computadora personal;
d) un rotafolio;
e) los motivos decorativos y las señales que sean necesarios, y
f) conexión a Internet (alámbrica y, de ser posible, inalámbrica).
3. Personal.
El personal necesario para preparar, instalar y encargarse del funcionamiento de las instalaciones y el equipo técnicos.
El personal antes mencionado deberá estar disponible domingo 17 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2022, ambos inclusive.
Además de las tareas concretas antes mencionadas, todo el personal de servicio deberá estar dispuesto a realizar otras funciones relacionadas con la preparación y el desarrollo de la reunión, y a prestar asistencia para recopilar y distribuir documentos cuando sea necesario.
Viena, 19 de mayo de 2022.
Sra. Directora General Adjunta:
Adjunto remito carta firmada por mí, como Embajadora Representante Residente de España ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, que constituye el Canje de Cartas entre el OIEA y España para la celebración en las instalaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid, de la Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO), del 17 al 22 de julio de 2022.
Ruego se tengan en cuenta las siguientes observaciones en relación con el Canje de Cartas:
a) Deberá guardar los límites de aplicación materiales y personales del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del OIEA de 1959.
b) El Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del OIEA solo se aplicará a las personas y bienes objeto del Acuerdo.
c) La previsión relativa a los visados debe entenderse sin menoscabo de la aplicación de toda la normativa interna comunitaria aplicable, es decir, el Acuerdo que ahora pretende firmarse, no supone la exención de visados a quienes no están eximidos por dicha normativa.
d) La supervisión de los locales de la reunión a la que se refiere el último párrafo del Acuerdo nunca debe entenderse como una autorización del OIEA porque en España no hay locales «acreditados» de ese Organismo.
e) A su llegada, y para la entrada, en España, todos los participantes deberán cumplir los requisitos previstos en la normativa de entrada y de control sanitario, pasar en su caso los controles sanitarios exigidos atendiendo al país de procedencia y respetar las restricciones temporales de movilidad exigidas en aplicación de la normativa sanitaria por el COVID-19.
Aprovecho esta ocasión para reiterarle, Sra. Directora General Adjunta, el testimonio de mi más alta consideración.
Sra. Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física - OIEA.
Viena, 19 de mayo de 2022.
Sra. Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.
Sra. Directora General Adjunta:
Me complace confirmar la recepción de su carta con fecha 22 de febrero de 2022 con el siguiente contenido:
«Excelentísima Señora:
Tengo el honor de comunicarle que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene previsto celebrar la Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) del 17 al 22 de julio de 2022.
La finalidad de la reunión es examinar los avances en la ejecución de los proyectos en curso, evaluar propuestas de nuevos proyectos para el plan de trabajo para 20222023.
La reunión se celebrará en español.
Está previsto que asistan aproximadamente 20 participantes de los Estados Miembros que se enumeran en el anexo A, así como uno o más representantes del 0IEA.
De las conversaciones oficiosas mantenidas con el Sr. Josep María Serena Sender del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se desprende que podría disponerse de locales y medios adecuados en Madrid.
Tengo el honor de preguntar si el Gobierno de España (denominado en adelante el «Gobierno») desearía dar acogida a esta reunión y, en caso afirmativo, si estaría de acuerdo en adoptar las siguientes disposiciones:
1. En relación con la reunión se aplicará el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 de julio de 1959, que fue aceptado por el Gobierno el 21 de mayo de 1984 y que constituirá la base de este acuerdo administrativo internacional.
2. El Gobierno, con sujeción a sus reglamentos y a la legislación nacional, concederá a los funcionarios y expertos del OIEA, así como a los delegados designados por los Estados Miembros, el derecho a entrar y permanecer en territorio español y a salir de él. Los visados necesarios para los funcionarios y expertos del OIEA, así como para los delegados designados por los Estados Miembros, se expedirán lo más rápidamente posible y, si la legislación española lo permitiese, a título gratuito.
El OIEA informará prontamente al Gobierno sobre todas las personas oficialmente designadas para asistir a la reunión. También comunicará a estas personas que, de ser necesario, deben solicitar el visado con antelación suficiente a la fecha de inicio de la reunión, y se espera del Gobierno que expida prontamente dichos visados y facilite así su participación.
3. El Gobierno facilitará los trámites aduaneros en relación con las personas antes mencionadas a su entrada y salida de España.
4. El Gobierno pondrá a disposición, sin costo alguno para el OIEA y por todo el tiempo que dure la reunión, locales y medios suficientes y apropiados para su celebración, como se indica en el anexo B.
5. El Gobierno actuará con razonable diligencia para garantizar la seguridad en los locales donde se celebre la reunión, así como la seguridad de las personas mencionadas en el párrafo 1 supra mientras se encuentren en dichos locales. El Gobierno adoptará las medidas que sean razonables según las circunstancias para garantizar dicha seguridad, incluida la supervisión de los locales en la medida necesaria.
El Sr. Gustavo Caruso, de la Oficina de la Directora General Adjunta, Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física, ha sido designado Secretario Científico de la reunión.
En caso de que el Gobierno de su país desee dar acogida a esta reunión, le agradecería que me comunicara por escrito, antes del 25 de marzo de 2022, la conformidad de este con los puntos antes enumerados, de modo que la Secretaría pueda adoptar oportunamente las disposiciones pertinentes.
El presente acuerdo administrativo internacional, concertado por intercambio de cartas, entrará en vigor en la fecha de data de su respuesta.
Le ruego acepte, Excelentísima Señora, el testimonio de mi distinguida consideración.
Sra. Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.
Documentación adjunta:
Anexo A: Lista de Estados Miembros que serán invitados.
Anexo B: Disposiciones propuestas.
Tengo el honor de confirmarle que las propuestas contenidas en su carta son aceptables para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España y que dicha Carta, conjuntamente con esta Carta de respuesta, constituirán un Acuerdo administrativo Internacional entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se aplicará provisionalmente desde la fecha de esta Carta, y permanecerá en vigor durante la duración de la reunión y por el período adicional que sea necesario para que culminen sus actividades y para resolver toda cuestión que se derive del Acuerdo.
Aprovecho esta ocasión para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración.
La Embajadora Representante Residente, Esther Monterrubio Villar.
El presente Canje de Cartas entró en vigor el 19 de mayo de 2022, fecha de respuesta española, según se establece en su penúltimo párrafo.
Madrid, 1 de junio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez. | Acuerdo para que España acoja el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares del 17 al 22 de julio | Excma. Sra. Esther Monterrubio Villar.
Representante Residente.
Misión Permanente de España ante el OIEA.
2022-02-22.
Excelentísima señora:
Tengo el honor de comunicarle que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene previsto celebrar la Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) del 17 al 22 de julio de 2022.
La finalidad de la reunión es examinar los avances en la ejecución de los proyectos en curso, evaluar propuestas de nuevos proyectos para el plan de trabajo para 2022-2023.
La reunión se celebrará en español.
Está previsto que asistan aproximadamente 20 participantes de los Estados Miembros que se enumeran en el anexo A, así como uno o más representantes del OIEA.
De las conversaciones oficiosas mantenidas con el señor Josep María Serena Sender del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se desprende que podría disponerse de locales y medios adecuados en Madrid.
Tengo el honor de preguntar si el Gobierno de España (denominado en adelante el «Gobierno») desearía dar acogida a esta reunión y, en caso afirmativo, si estaría de acuerdo en adoptar las siguientes disposiciones:
1. En relación con la reunión se aplicará el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 de julio de 1959, que fue aceptado por el Gobierno el 21 de mayo de 1984 y que constituirá la base de este acuerdo administrativo internacional.
2. El Gobierno, con sujeción a sus reglamentos y a la legislación nacional, concederá a los funcionarios y expertos del OIEA, así como a los delegados designados por los Estados Miembros, el derecho a entrar y permanecer en territorio español y a salir de él. Los visados necesarios para los funcionarios y expertos del OIEA, así como para los delegados designados por los Estados Miembros, se expedirán lo más rápidamente posible y, si la legislación española lo permitiese, a título gratuito.
El OIEA informará prontamente al Gobierno sobre todas las personas oficialmente designadas para asistir a la reunión. También comunicará a estas personas que, de ser necesario, deben solicitar el visado con antelación suficiente a la fecha de inicio de la reunión, y se espera del Gobierno que expida prontamente dichos visados y facilite así su participación.
3. El Gobierno facilitará los trámites aduaneros en relación con las personas antes mencionadas a su entrada y salida de España.
4. El Gobierno pondrá a disposición, sin costo alguno para el OIEA y por todo el tiempo que dure la reunión, locales y medios suficientes y apropiados para su celebración, como se indica en el anexo B.
5. El Gobierno actuará con razonable diligencia para garantizar la seguridad en los locales donde se celebre la reunión, así como la seguridad de las personas mencionadas en el párrafo 1 supra mientras se encuentren en dichos locales. El Gobierno adoptará las medidas que sean razonables según las circunstancias para garantizar dicha seguridad, incluida la supervisión de los locales en la medida necesaria.
El señor Gustavo Caruso, de la Oficina de la Directora General Adjunta, Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física, ha sido designado Secretario Científico de la reunión.
En caso de que el Gobierno de su país desee dar acogida a esta reunión, le agradecería que me comunicara por escrito, antes del 25 de marzo de 2022, la conformidad de este con los puntos antes enumerados, de modo que la Secretaría pueda adoptar oportunamente las disposiciones pertinentes.
El presente acuerdo administrativo internacional, concertado por intercambio de cartas, entrará en vigor en la fecha de data de su respuesta.
Le ruego acepte, excelentísima señora, el testimonio de mi distinguida consideración.
Lydie Evrard.
Directora General Adjunta.
Jefa del Departamento de Seguridad Nuclear Tecnológica y Física.
Documentación adjunta:
Anexo A: Lista de Estados Miembros que serán invitados.
Anexo B: Disposiciones propuestas.
ANEXO A
Lista de Estados Miembros que serán invitados
Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
Madrid (España), 17 al 22 de julio de 2022. Ref. n.°: EVT2105330
Argentina.
Brasil.
Chile.
Colombia.
Cuba.
España.
México.
Paraguay.
Perú.
Uruguay.
ANEXO B
Disposiciones propuestas.
Primera Reunión del Comité Técnico Ejecutivo y la Sesión Plenaria del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
Madrid (España), 17 al 22 de julio de 2022. Ref. n.°: EVT2105330
1. Locales.
Sala de reunión, con aforo para 20 personas.
Estos locales estarán totalmente amueblados y equipados y a disposición exclusiva del OIEA desde el sábado 16 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2022, ambos inclusive.
2. Equipo.
a) un proyector de datos para presentaciones en PowerPoint;
b) una pantalla;
c) una computadora personal;
d) un rotafolio;
e) los motivos decorativos y las señales que sean necesarios, y
f) conexión a Internet (alámbrica y, de ser posible, inalámbrica).
3. Personal.
El personal necesario para preparar, instalar y encargarse del funcionamiento de las instalaciones y el equipo técnicos.
El personal antes mencionado deberá estar disponible domingo 17 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2022, ambos inclusive.
Además de las tareas concretas antes mencionadas, todo el personal de servicio deberá estar dispuesto a realizar otras
### RESUMEN: Acuerdo para que España acoja el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares del 17 al 22 de julio |
La Audiencia Provincial de Barcelona, Tribunal del Jurado, en Sentencia firme número 31, de fecha 1 de octubre de 2014, ejecutoria núm. 84/2014, procedimiento 1/2014, condenó al Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don Manuel Álvarez Rodríguez, con DNI número 34.909.038, actualmente en segunda actividad sin destino, destinado en la Comisaría Provincial de Orense, como autor de un delito de malversación de efectos públicos del artículo 432.1 del Código Penal, a las pena, entre otras, de inhabilitación absoluta por tiempo de cinco años.
Como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, «La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere»,
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Manuel Álvarez Rodríguez, por la pena de inhabilitación absoluta a la que ha sido condenado.
Madrid, 3 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. | Manuel Álvarez Rodríguez pierde la condición de funcionario. | La Audiencia Provincial de Barcelona, Tribunal del Jurado, en Sentencia firme número 31, de fecha 1 de octubre de 2014, ejecutoria núm. 84/2014, procedimiento 1/2014, condenó al Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don Manuel Álvarez Rodríguez, con DNI número 34.909.038, actualmente en segunda actividad sin destino, destinado en la Comisaría Provincial de Orense, como autor de un delito de malversación de efectos públicos del artículo 432.1 del Código Penal, a las pena, entre otras, de inhabilitación absoluta por tiempo de cinco años.
Como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, «La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere»,
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Manuel Álvarez Rodríguez, por la pena de inhabilitación absoluta a la que ha sido condenado.
Madrid, 3 de febrero de 2015.–El Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.
### RESUMEN: Manuel Álvarez Rodríguez pierde la condición de funcionario. |
El artículo 7.7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura establece que reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
El artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, afirma que es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Las competencias en materia universitaria, anteriormente atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad corresponden al Ministerio de Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades, según lo establecido en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de los Departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades.
La situación sanitaria provocada por el impacto sobre la población del SARS-CoV-2 y la incidencia de las nuevas variantes del virus, junto con la experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020 y 2021, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de las mismas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente on line de manera simultánea en este año 2022.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Justicia y del Ministro de Universidades, dispongo:
Apartado único.
Se convoca la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2022, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Madrid, 21 de marzo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/61/2021, de 26 de enero), el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEJO
1. Convocatoria
Se convoca la primera prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.e) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, el ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a la profesión de la Abogacía.
2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de la Abogacía que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos
1. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno de los títulos de Grado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por convalidación, al amparo del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, o bien con la homologación del título en España al de Licenciado/a en Derecho.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de la Abogacía, de conformidad con el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en que se realice la prueba.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
2. Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes de inscripción y documentación
De conformidad con lo establecido en la Orden PCI/1255/2019, de 26 de diciembre, por la que se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en las pruebas de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado/a y Procurador/a de los Tribunales, la solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. Los sistemas de identificación y de firma admitidos en Cl@ve son: DNI-e, certificado electrónico, Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.
Si una incidencia técnica, debidamente acreditada, imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas, se podrá determinar una ampliación del plazo de presentación de solicitudes de inscripción o la cumplimentación y presentación sustitutoria.
El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, estos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Asimismo, se podrá autorizar que la información académica se recabe por el Ministerio de Justicia directamente de las universidades. Los datos personales serán tratados conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos, el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en la solicitud de inscripción y deberá presentar la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Grado o Licenciado/a en Derecho, o la credencial de homologación, dentro del plazo de presentación de solicitudes de inscripción, a través del correo electrónico [email protected], salvo en el caso del documento acreditativo de la finalización del máster, que será presentado en un plazo no superior a 10 días hábiles siguientes a la celebración del examen.
Al realizar su solicitud de inscripción, los aspirantes deberán cumplimentar en el formulario los siguientes elementos:
a) Aportar una cuenta de correo electrónico que servirá para la realización de la prueba.
b) Elegir, para las materias específicas, una especialidad jurídica entre las cuatro posibles: Materia civil y mercantil; materia penal; materia administrativa y contencioso-administrativa, y materia laboral. Esta elección no podrá ser modificada con posterioridad.
c) Comprometerse durante la celebración de la prueba a respetar las normas del examen, a no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna, desde el inicio del ejercicio hasta el final del mismo.
d) La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas.
e) Elección sobre la expedición del título profesional conforme a lo señalado en el apartado 16 de esta convocatoria.
Además, los aspirantes deberán adjuntar una foto actualizada tamaño carnet que deberá ser remitida al correo [email protected], poniendo en el asunto la palabra «FOTOGRAFÍA». La imagen irá en un archivo JPG que llevará por nombre el número de DNI, NIE o Pasaporte. La no remisión de esta fotografía será causa de exclusión.
La Administración podrá, en cualquier momento, requerir a los solicitantes la acreditación de la documentación, si así lo considerase necesario.
6. Derechos de examen
La participación en la prueba de evaluación será gratuita.
7. Acceso a personas con discapacidad
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 deberán solicitar, en el momento de realizar su inscripción, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios, a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 2.2 de su Reglamento.
Dentro del plazo de presentación de solicitudes de inscripción y a través del correo electrónico [email protected], se aportará el dictamen técnico facultativo donde se determine la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
8. Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción, el titular de la competencia publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (https://mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados».
En la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se hará constar, en su caso y en los términos previstos en la base 10 de esta convocatoria, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante.
En la lista provisional de aspirantes excluidos se hará constar la causa de la exclusión.
Se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Los aspirantes deberán realizar la subsanación de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve.
Las subsanaciones relativas a la presentación, por parte de los solicitantes que no hubieran autorizado expresamente el acceso a sus datos de identidad y titulación, de la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Grado o Licenciado/a en Derecho, o la credencial de homologación, se realizarán en el mismo plazo de diez días hábiles, a través del correo electrónico [email protected], consignando en el asunto la palabra «Subsanaciones».
A efectos del resto de comunicaciones y actos de mero trámite, todos los aspirantes podrán utilizar el correo electrónico [email protected].
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución del titular de la competencia se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y se fijará la fecha y la hora para la realización del ejercicio. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-administrativo desde su publicación en la página web.
9. Comisiones evaluadoras
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, se constituye una Comisión Evaluadora única que ejercerá las funciones previstas en el artículo 19.1 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, en la forma en que lo requiera la celebración on line de la prueba.
La Comisión Evaluadora será designada conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Universidades, por resolución conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, designarán a los miembros de la Comisión Evaluadora única y a sus suplentes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La composición de la Comisión Evaluadora única será la siguiente:
a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los Cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
b) Un representante del Ministerio de Universidades, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los Cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
c) Un representante de la Administración Autonómica, a propuesta de la Comunidad de Madrid como sede única de la Comisión Evaluadora de la prueba de evaluación.
d) Un profesional de la Abogacía con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.
e) Un profesor universitario de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una Universidad.
f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
Corresponderá a la Comisión Evaluadora la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estime pertinentes y que hará constar en el acta de examen.
La Comisión Evaluadora dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyo representante corresponderá la Presidencia, ostentando la Secretaría el representante del Ministerio de Universidades.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
10. Idioma
La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en la lengua cooficial autonómica.
A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, la persona interesada deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción.
La Dirección General para el Servicio Público de Justicia pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción.
11. Actuaciones previas a la celebración de la prueba
En los días que se determinen, que se anunciarán con la debida antelación en la página web del Ministerio de Justicia, se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través del enlace https://entrada.aulavirtualexamenes.es/ y en una pantalla de bienvenida se les pedirá la dirección de correo electrónico (que será la misma que previamente han facilitado al Ministerio de Justicia) y, tras pulsar el recuadro «Solicitar código» que aparecerá en la misma pantalla, se les remitirá un código de acceso a su cuenta de correo que deberán conservar cuidadosamente, ya que será imprescindible para acceder el día del examen a la plataforma.
El aspirante podrá acceder tantas veces como quiera desde la sala de espera a un examen de prueba, durante esos días, para familiarizarse con la plataforma. Ni las respuestas a ese examen ni las preguntas formuladas en la sala de espera se conservarán durante esta fase y tampoco habrá corrección de dicho examen.
12. Desarrollo de la prueba
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de la Abogacía, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. A tal objeto, esta prueba tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo de la presente convocatoria.
La prueba se celebrará de forma on line de manera simultánea con cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED entrando en el enlace https://entrada.aulavirtualexamenes.es/, y se iniciará a las 9:00 hora peninsular en un único llamamiento.
Los dispositivos estarán dotados de webcam y durante la celebración de la prueba se podrán tomar de modo aleatorio una o más imágenes sin utilizar técnicas de reconocimiento facial. Estas imágenes se emplearán únicamente para comprobar que los aspirantes durante la celebración de la prueba no se valen de medios no permitidos para la realización del examen. La webcam deberá estar activa el día de la celebración de la prueba y durante todo el tiempo que permanezcan conectados a la plataforma para la realización del examen.
El aspirante podrá acceder a la plataforma desde veinte minutos antes de la hora señalada para el comienzo de la prueba de acceso. Una vez allí se le pedirá que introduzca su cuenta de correo y el código obtenido en la fase anterior y que acepte, si no lo ha hecho ya, en cuyo caso se le recordará, el compromiso de respetar las normas del examen, no consultar en ningún momento textos legales, ni manuales jurídicos, ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos, ni servirse del auxilio de persona alguna, desde el inicio del ejercicio y hasta el final del mismo.
La cuenta de correo deberá ser obligatoriamente aquella en la que haya recibido el código de acceso.
Los aspirantes tras acceder a la plataforma pulsarán sobre el texto «primera parte de la prueba», a continuación, deberán esperar a que se habilite a la hora prevista, el botón «aceptar e iniciar examen» y tras pulsar este, se iniciará la primera parte de la prueba o parte común, consistente en 50 preguntas más 6 preguntas de reserva (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la presente convocatoria.
Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para las respuestas de este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de dos horas. Las preguntas de reserva serán las 6 últimas (de la 51 a la 56), y estarán debidamente identificadas. Así, a las 11:00 horas, la primera parte de la prueba finalizará automáticamente, conservándose todas las respuestas introducidas hasta entonces y la primera parte de la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
Los aspirantes podrán terminar la primera parte del examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro «Finalizar examen» y, en su caso, el botón «Terminar».
A continuación, los aspirantes, sin salir de la plataforma, pulsarán sobre el texto «segunda parte de la prueba», y deberán esperar a que se habilite a la hora prevista el botón «aceptar e iniciar examen» y tras pulsar este, se iniciará la segunda parte de la prueba o parte específica. Esta consistirá en 25 preguntas más 2 preguntas de reserva, correspondientes a la especialidad elegida, cada una con 4 respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre las materias que figuran en el apartado B «Materias específicas» del anexo de la presente convocatoria.
Los aspirantes que hayan optado por la materia civil y mercantil deberán seleccionar, entre los exámenes que se les presenten, el que corresponda al derecho foral por ellos elegido. Para estos exámenes la pregunta número 25 será distinta en función de la elección efectuada.
Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una, de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para responder a este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de una hora. Las preguntas de reserva serán las 2 últimas (números 26 y 27), y estarán debidamente identificadas.
Los aspirantes podrán terminar la segunda parte del examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro «Finalizar examen» y, en su caso, el botón «Terminar». Una hora después del comienzo de esta segunda parte del examen, se cerrará la plataforma y la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
Finalizada la sesión, la Comisión Evaluadora levantará acta. El original se entregará a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba on line.
13. Problemas de conexión
En el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma, como una caída del sistema o de la red de transmisión de datos, la Comisión Evaluadora, después de escuchar el criterio de los técnicos responsables de la plataforma acerca de la naturaleza de la incidencia y de su alcance, podrá adoptar las decisiones que considere procedentes teniendo en cuenta el interés de los aspirantes, incluyendo las de ampliar el tiempo para la realización de la prueba, repetir la prueba en otro momento o dar la misma por finalizada, en cuyo caso, se puntuará el examen en función de las preguntas contestadas hasta ese momento.
Si el aspirante abandona la plataforma por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo, se guardarán las preguntas contestadas hasta entonces por un tiempo de quince minutos durante el cual podrá retomar el examen, repitiendo los pasos de entrada, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet y dotado de webcam. Transcurrido ese plazo, el acceso al examen quedará cerrado y se calificará con las preguntas respondidas hasta entonces.
14. Resultados y calificación
1. Resultado de la prueba.
A partir del primer día hábil siguiente a la realización de la prueba, el aspirante podrá acceder a la plataforma AVEX de la UNED con su clave de acceso para descargar la plantilla de las preguntas y contenido del examen. Ese mismo día se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados».
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar las impugnaciones que estimen pertinentes, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. Se utilizará el modelo de impugnación que podrá descargarse en el apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados», cumplimentando un único formulario para cada impugnación, y se remitirá a la dirección de correo [email protected], consignando en el asunto la palabra «IMPUGNACIONES». Se darán por no recibidas aquellas impugnaciones que consten de más de un formulario.
La pregunta o preguntas que resulten anuladas serán sustituidas, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por las preguntas de reserva. Una vez resueltas las impugnaciones se publicará en el portal web del Ministerio de (www.mjusticia.gob.es, apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados») la plantilla definitiva de respuestas.
La resolución del titular de la competencia que resuelva las impugnaciones pondrá fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo de reposición o de recurso contencioso-administrativo.
2. Valoración de la prueba. La prueba se valorará, siguiendo la plantilla definitiva de respuestas, de la siguiente forma:
– Se obtendrá un punto por cada respuesta correcta y se descontará una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no serán tomadas en consideración. La calificación de cada apartado se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
– El Apartado A se valorará sobre una escala de 0 a 50 puntos, aportando dos terceras partes de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 50, la calificación del Apartado A se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, a una escala de 50 puntos.
– El Apartado B se valorará sobre una escala de 0 a 25 puntos, aportando una tercera parte de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 25, la calificación del Apartado B se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo, a una escala de 25 puntos.
La calificación final del examen resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en los Apartados A y B.
3. Calificación de la evaluación.
La nota final de la evaluación será de apto o no apto.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30% de la nota obtenida en el máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.
Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50% de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.
Por resolución del titular de la competencia se acordará la publicación de los resultados de la prueba. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso potestativo de reposición, y podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cada aspirante podrá consultar su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es).
La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.
Los aspirantes que no hayan obtenido la calificación de apto podrán presentar una solicitud de revisión, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas. Las solicitudes de revisión deberán presentarse de forma telemática a través del buzón de correo electrónico [email protected], indicando en el asunto «REVISIÓN NOTAS».
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, el titular de la competencia dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada, que pondrá fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo.
Asimismo, el titular de la competencia dictará resolución en la que figurarán los participantes que, presentados a la prueba, hayan sido excluidos por cualquiera de las razones contempladas en esta convocatoria.
15. Aportación de documentación
Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto, que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria, en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en su Reglamento de desarrollo.
La Dirección General para el Servicio Público de Justicia podrá, no obstante, requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por la Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de la Abogacía, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud de inscripción inicial.
16. Expedición de títulos
El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, pondrá a disposición, por medios electrónicos, los títulos profesionales de la Abogacía de todos los aspirantes que, habiendo resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, hayan efectuado esa elección en su solicitud de inscripción.
Los títulos profesionales de la Abogacía de aquellos aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria y hayan solicitado la expedición de su título por las Comunidades Autónomas de Andalucía o Cataluña, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas.
17. Recursos
Contra la presente convocatoria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el titular de este Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
ANEXO
Programa de materias
A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía
a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de la Abogacía:
1. El Estatuto General de la Abogacía Española.
2. Principios rectores de la profesión de la Abogacía.
3. Derechos y deberes de los profesionales de la Abogacía.
4. La organización colegial de la Abogacía.
5. Formas de ejercicio profesional de la Abogacía. Ejercicio individual. Ejercicios en régimen laboral. Ejercicio colectivo y régimen de colaboración multiprofesional.
6. Régimen de previsión social de los profesionales de la Abogacía.
7. Obligaciones del profesional de la Abogacía ante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el blanqueo de capitales.
8. La responsabilidad de los profesionales de la Abogacía y de las sociedades profesionales.
9. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.
10. Los honorarios: fijación, encargo profesional, obligación de emitir factura. Criterios orientativos a efectos de tasación y jura de cuentas.
11. La contabilidad y la fiscalidad del profesional de la Abogacía.
a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso:
12. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.
13. Ley de Demarcación y de Planta Judicial. La organización judicial.
14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.
15. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear.
16. Protección de los derechos fundamentales.
17. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
18. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: el arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.
19. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley.
20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso.
21. Las cuestiones prejudiciales.
22. Asistencia jurídica gratuita.
23. El turno de oficio.
24. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición de costas en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas.
B. Materias específicas
b.1 Materia civil y mercantil:
1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.
2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.
3. La protección de la propiedad.
4. La hipoteca y otras garantías de crédito.
5. Cuestiones matrimoniales. Edad y personas con discapacidad. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.
6. El Registro Civil. Hechos y actos inscribibles. Clases de asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.
7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.
8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.
10. La acumulación de acciones.
11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.
12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
13. La rebeldía.
14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.
15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.
16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales.
17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El profesional de la Abogacía mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.
18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.
19. La defensa de la competencia.
20. Las cuestiones procesales en materia de concurso.
b.2 Materia penal:
1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.
2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad. Supuestos de exclusión de la punibilidad.
3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias.
4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos.
5. La responsabilidad penal de los menores.
6. La incoación del procedimiento.
7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal.
8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. El sumario.
10. El procedimiento abreviado. El procedimiento por delitos leves. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento ante el tribunal del jurado.
11. Los procesos penales especiales.
12. La intervención del profesional de la Abogacía en centros policiales y judiciales.
13. La actuación del profesional de la Abogacía en las distintas fases del proceso penal.
14. La prisión y la libertad provisional.
15. El juicio oral en los distintos procesos penales.
16. La prueba en los procesos penales.
17. Las resoluciones procesales. Recursos.
18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión.
19. El cumplimiento de las condenas.
20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.
b.3 Materia administrativa y contencioso-administrativa:
1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación.
2. Recursos en vía administrativa.
3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos.
4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo.
6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario.
7. Procedimientos contencioso-administrativos especiales.
8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. La actuación del profesional de la Abogacía en las distintas fases del proceso.
10. La prueba.
11. Las medidas cautelares.
12. Las resoluciones procesales: tipos.
13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación.
14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias.
15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.
16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa.
17. La expropiación forzosa.
18. Los contratos del sector público.
19. El régimen jurídico de extranjería.
20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria.
b.4 Materia laboral:
1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
2. Modalidades de contrato de trabajo.
3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo.
4. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas.
6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral.
7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos.
8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones.
9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social.
10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
11. La acumulación de acciones y procedimientos.
12. Las actuaciones procesales. Las resoluciones procesales.
13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales.
14. La reclamación previa a la vía judicial.
15. El proceso ordinario. El proceso monitorio.
16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social.
17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente.
18. Procesos de conflictos colectivos.
19. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. Oposición a la ejecución. | Convocatoria (y materias que entran) para el examen online de acceso a la abogacía: las solicitudes para participar, vía sede electrónica, se presentarán entre mañana 23/3 y el 12/4. Y se manda una foto por email | El artículo 7.7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura establece que reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
El artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, afirma que es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Las competencias en materia universitaria, anteriormente atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad corresponden al Ministerio de Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades, según lo establecido en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de los Departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades.
La situación sanitaria provocada por el impacto sobre la población del SARS-CoV-2 y la incidencia de las nuevas variantes del virus, junto con la experiencia adquirida con respecto a la planificación e implantación de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el acceso a la Abogacía on line en las convocatorias de los años 2020 y 2021, así como el alto grado de satisfacción obtenido en cuanto a la ejecución y desarrollo de las mismas, aconsejan que las pruebas de acceso a la profesión de la Abogacía se realicen nuevamente on line de manera simultánea en este año 2022.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de Justicia y del Ministro de Universidades, dispongo:
Apartado único.
Se convoca la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2022, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Madrid, 21 de marzo de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/61/2021, de 26 de enero), el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.
ANEJO
1. Convocatoria
Se convoca la primera prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.e) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, el ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a la profesión de la Abogacía.
2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de la Abogacía que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos
1. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Grado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno de los títulos de Grado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por convalidación, al amparo del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto
### RESUMEN: Convocatoria (y materias que entran) para el examen online de acceso a la abogacía: las solicitudes para participar, vía sede electrónica, se presentarán entre mañana 23/3 y el 12/4. Y se manda una foto por email |
El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y artículos 52 a 54 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecen que la creación, modificación o supresión de ficheros automatizados de las administraciones públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.
Mediante la Orden de 27 de julio de 1994 se regularon los ficheros de datos personales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conteniendo en dos anexos la relación y descripción de los distintos ficheros automatizados; dicha Orden fue parcialmente modificada por la Orden de 4 de agosto de 1995.
Con posterioridad, la Orden de 21 de diciembre de 1999 vino a sustituir los anexos de la Orden de 27 de julio de 1994, siendo, a su vez, modificada por la Orden HAC/2632/2002, de 16 de octubre, por la que se modifican y aprueban nuevos ficheros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, introduce en su artículo único, apartado dieciocho, un nuevo artículo 95 bis en la Ley General Tributaria en el que se dispone el dar publicidad a las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. En dicho artículo 95 bis se establece que el tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
La Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, establece que corresponde al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobar, mediante resolución, la modificación del fichero informático de deudores que da soporte a los datos objeto de publicación y sus características principales, en los términos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Además, dada la íntima conexión que existe entre el fichero de deudores y de deudas, resulta procedente, en coherencia, extender la modificación al fichero de deudas.
En virtud de la previsión contenida en la disposición adicional única de la Orden HAC/2632/2002, de 16 de octubre, en la que se autoriza al Director General de la Agencia Tributaria a crear, modificar o suprimir ficheros de titularidad de la misma, dispongo:
Primero.
Se modifican los ficheros del anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la relación de ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, números 38 «SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDA» y 40 «SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDORES», con las características que se recogen en anexo a esta resolución.
Segundo.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de noviembre de 2015.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
ANEXO
Anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 1999
Número 38. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDA
a) Finalidad del fichero: gestión recaudatoria, control fiscal y elaboración de los datos de deudores para su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
b) Persona o colectivos obligados a suministrar los datos: deudores, Organismos y Entidades con convenio con la AEAT
c) Personas a que se refieren los datos: personas físicas y entidades jurídicas con deudas con la AEAT u otros organismos y Entidades con convenio con la AEAT.
d) Procedimiento de recogida de los datos: generación por el sistema informático y envíos de Organismos y Entidades. Sistema de tratamiento de la información: automatizado.
e) Estructura básica del fichero: identificación de los titulares de las deudas y datos de su gestión.
f) Cesiones específicas de datos: no se prevén específicas cesiones de los datos contenidos en este fichero, salvo los destinados a su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
g) Responsable del fichero: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Instrucción 6/2000, de 4 de diciembre, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Nivel de seguridad: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel medio.
Número 40. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDORES
a) Finalidad del fichero: gestión recaudatoria, control fiscal y elaboración de los datos de deudores para su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
b) Persona o colectivos obligados a suministrar los datos: deudores, Organismos y Entidades con convenio con la AEAT
c) Personas a que se refieren los datos: personas físicas y entidades jurídicas con deudas con la AEAT u otros Organismos y Entidades con convenio con la AEAT.
d) Procedimiento de recogida de los datos: generación por el sistema informático y envíos de organismos y entidades. Sistema de tratamiento de la información: automatizado
e) Estructura básica del fichero: identificación del deudor y de las deudas que le corresponden.
f) Cesiones específicas de datos: Intervención General de la Administración del Estado para control de Pagos del Tesoro y cesión destinada a su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
g) Responsable del fichero: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Instrucción 6/2000, de 4 de diciembre, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Nivel de seguridad: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel medio. | Hacienda modifica el fichero de deudas para poder publicar la lista de grandes deudores este mes. | El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y artículos 52 a 54 de su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecen que la creación, modificación o supresión de ficheros automatizados de las administraciones públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.
Mediante la Orden de 27 de julio de 1994 se regularon los ficheros de datos personales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conteniendo en dos anexos la relación y descripción de los distintos ficheros automatizados; dicha Orden fue parcialmente modificada por la Orden de 4 de agosto de 1995.
Con posterioridad, la Orden de 21 de diciembre de 1999 vino a sustituir los anexos de la Orden de 27 de julio de 1994, siendo, a su vez, modificada por la Orden HAC/2632/2002, de 16 de octubre, por la que se modifican y aprueban nuevos ficheros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, introduce en su artículo único, apartado dieciocho, un nuevo artículo 95 bis en la Ley General Tributaria en el que se dispone el dar publicidad a las situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. En dicho artículo 95 bis se establece que el tratamiento de datos necesarios para la publicación se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
La Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, establece que corresponde al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobar, mediante resolución, la modificación del fichero informático de deudores que da soporte a los datos objeto de publicación y sus características principales, en los términos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Además, dada la íntima conexión que existe entre el fichero de deudores y de deudas, resulta procedente, en coherencia, extender la modificación al fichero de deudas.
En virtud de la previsión contenida en la disposición adicional única de la Orden HAC/2632/2002, de 16 de octubre, en la que se autoriza al Director General de la Agencia Tributaria a crear, modificar o suprimir ficheros de titularidad de la misma, dispongo:
Primero.
Se modifican los ficheros del anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la relación de ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, números 38 «SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDA» y 40 «SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDORES», con las características que se recogen en anexo a esta resolución.
Segundo.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de noviembre de 2015.–El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
ANEXO
Anexo I de la Orden de 21 de diciembre de 1999
Número 38. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDA
a) Finalidad del fichero: gestión recaudatoria, control fiscal y elaboración de los datos de deudores para su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
b) Persona o colectivos obligados a suministrar los datos: deudores, Organismos y Entidades con convenio con la AEAT
c) Personas a que se refieren los datos: personas físicas y entidades jurídicas con deudas con la AEAT u otros organismos y Entidades con convenio con la AEAT.
d) Procedimiento de recogida de los datos: generación por el sistema informático y envíos de Organismos y Entidades. Sistema de tratamiento de la información: automatizado.
e) Estructura básica del fichero: identificación de los titulares de las deudas y datos de su gestión.
f) Cesiones específicas de datos: no se prevén específicas cesiones de los datos contenidos en este fichero, salvo los destinados a su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
g) Responsable del fichero: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Instrucción 6/2000, de 4 de diciembre, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
i) Nivel de seguridad: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel medio.
Número 40. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN. DEUDORES
a) Finalidad del fichero: gestión recaudatoria, control fiscal y elaboración de los datos de deudores para su publicación en la forma determinada en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003 General Tributaria.
b) Persona o colectivos obligados a suministrar los datos: deudores, Organismos y Entidades con convenio con la AEAT
c) Personas a que se refieren los datos: personas físicas y entidades jurídicas con deudas con la AEAT u otros Organismos y Entidades con convenio con la AEAT.
d) Procedimiento de recogida de los datos: generación por el sistema informático y envíos de organismos y entidades. Sistema de tratamiento de la información: automatizado
e) Estructura básica del fichero: identificación del deudor y de las deudas que le corresponden.
f) Cesione
### RESUMEN: Hacienda modifica el fichero de deudas para poder publicar la lista de grandes deudores este mes. |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en nombrar Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a doña María Luisa Carcedo Roces.
Dado en Madrid, el 11 de septiembre de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | María Luisa Carcedo Roces, nombrada como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62.e) y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno,
Vengo en nombrar Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a doña María Luisa Carcedo Roces.
Dado en Madrid, el 11 de septiembre de 2018.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
### RESUMEN: María Luisa Carcedo Roces, nombrada como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. |
Tras la proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España, se ha planteado la necesidad de modificar la estructura de Su Casa para adaptar la organización de la misma a la actual composición de la Familia Real y garantizar su eficaz funcionamiento.
Dada la minoría de edad de la Princesa de Asturias, Su Alteza Real Doña Leonor, ha desaparecido la necesidad de mantener la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Al mismo tiempo, se ha considerado que Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía dispongan de un órgano de apoyo y asistencia inmediata para el ejercicio de las funciones representativas que desarrollen.
Sin perjuicio de que la Administración del Estado es la que presta a la Casa de Su Majestad el Rey los debidos asesoramientos y apoyos para el ejercicio de las actividades representativas del Jefe del Estado en las relaciones internacionales, se ha estimado conveniente que la Casa de Su Majestad el Rey cuente en su seno con un Consejero Diplomático.
Por último, se recoge la modificación de la denominación de la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación, que pasó a denominarse Comunicación mediante resolución interna del Jefe de la Casa de 28 de febrero de 2012.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Se crea, en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que también prestará los apoyos necesarios a Su Majestad la Reina Doña Sofía.
Artículo 2. Modificación del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey:
Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 3, con la siguiente redacción:
«4. También dependerá directamente del Jefe de la Casa un Consejero Diplomático, que prestará asistencia a la Casa de Su Majestad el Rey en el ámbito de las relaciones internacionales. Las funciones del Consejero Diplomático podrán ser asumidas por el responsable de cualquiera de las unidades integradas en la Secretaría General, o por otra persona designada al efecto en los términos establecidos en este real decreto.»
Dos. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«3. La Secretaría General se estructura en las siguientes Unidades:
Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Gabinete de Planificación y Coordinación.
Secretaría de Su Majestad la Reina.
Servicio de Seguridad.
Comunicación.
Protocolo.
Administración, Infraestructura y Servicios.»
Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Tendrán la consideración de personal de dirección el Consejero Diplomático, los Jefes titulares de las Unidades relacionadas en el artículo 4.3, así como el Interventor de la Casa de Su Majestad el Rey.»
Disposición adicional única. Supresión de órganos.
Se suprime la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 27 de junio de 2014.
FELIPE R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Decreto que crea la Secretaría del rey Juan Carlos I en Zarzuela. | Tras la proclamación de Su Majestad Don Felipe VI como Rey de España, se ha planteado la necesidad de modificar la estructura de Su Casa para adaptar la organización de la misma a la actual composición de la Familia Real y garantizar su eficaz funcionamiento.
Dada la minoría de edad de la Princesa de Asturias, Su Alteza Real Doña Leonor, ha desaparecido la necesidad de mantener la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Al mismo tiempo, se ha considerado que Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía dispongan de un órgano de apoyo y asistencia inmediata para el ejercicio de las funciones representativas que desarrollen.
Sin perjuicio de que la Administración del Estado es la que presta a la Casa de Su Majestad el Rey los debidos asesoramientos y apoyos para el ejercicio de las actividades representativas del Jefe del Estado en las relaciones internacionales, se ha estimado conveniente que la Casa de Su Majestad el Rey cuente en su seno con un Consejero Diplomático.
Por último, se recoge la modificación de la denominación de la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación, que pasó a denominarse Comunicación mediante resolución interna del Jefe de la Casa de 28 de febrero de 2012.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de junio de 2014,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación de la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Se crea, en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, la Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que también prestará los apoyos necesarios a Su Majestad la Reina Doña Sofía.
Artículo 2. Modificación del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
Se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey:
Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 3, con la siguiente redacción:
«4. También dependerá directamente del Jefe de la Casa un Consejero Diplomático, que prestará asistencia a la Casa de Su Majestad el Rey en el ámbito de las relaciones internacionales. Las funciones del Consejero Diplomático podrán ser asumidas por el responsable de cualquiera de las unidades integradas en la Secretaría General, o por otra persona designada al efecto en los términos establecidos en este real decreto.»
Dos. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:
«3. La Secretaría General se estructura en las siguientes Unidades:
Secretaría de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
Gabinete de Planificación y Coordinación.
Secretaría de Su Majestad la Reina.
Servicio de Seguridad.
Comunicación.
Protocolo.
Administración, Infraestructura y Servicios.»
Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Tendrán la consideración de personal de dirección el Consejero Diplomático, los Jefes titulares de las Unidades relacionadas en el artículo 4.3, así como el Interventor de la Casa de Su Majestad el Rey.»
Disposición adicional única. Supresión de órganos.
Se suprime la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 27 de junio de 2014.
FELIPE R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
### RESUMEN: Decreto que crea la Secretaría del rey Juan Carlos I en Zarzuela. |
Visto el texto del acta donde se contiene el Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional (código de convenio n.º 99002305010989), que fue suscrito con fecha 17 de junio de 2013, de una parte, por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) en representación de las empresas del sector y, de otra, por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de julio de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
En Madrid, a 17 de junio de 2013.
REUNIDOS
La Asociación de Futbolistas Españoles (en adelante AFE) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante LNFP), en el domicilio social de la LNFP, sito en la calle Hernández de Tejada, 10, 280027 Madrid, estando representadas cada una de las partes por:
Por AFE:
• Don Luis Manuel Rubiales Béjar (Presidente de AFE).
• Don Luis Gil Torres.
• Don Santiago Nebot Rodrigo.
• Don José María Borreguero Gómez.
Por la LNFP:
• Don Javier Tebas Medrano (Presidente de la LNFP).
• Don Clemente Villaverde Huelga.
• Don Antonio J. Sánchez Pino.
• Don Josep de Senespleda.
• Don Juan José Bonillo.
• Don Carlos del Campo Colás.
• Don Miguel María García Caba.
EXPONEN
I. Que es intención de la AFE y la LNFP, constituir, con esta misma fecha, una Comisión Negociadora del Convenio colectivo para la Actividad del Futbol Profesional, integrada por las representaciones arriba mencionadas.
II. Que, ambas partes, reconocen, mutuamente, tener la capacidad legal necesaria para la firma del presente documento, que suscriben los Presidentes de la AFE y la LNFP, como manifestación de buena voluntad en el proceso, que ahora se inicia, de negociación del Convenio colectivo para la Actividad del Fútbol Profesional, y a tal fin
ACUERDAN
Primero.
Mantener, hasta el día ocho de julio de dos mil catorce, la ultra-actividad del Convenio colectivo para la Actividad del Futbol Profesional, suscrito entre la LNFP y la AFE, el 31 de julio de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del mencionado Convenio. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos de desconvocatoria de huelga adoptados por ambas partes el veinticinco de agosto de dos mil once, que permanecerán en vigor a los efectos allí previstos.
Segundo.
A tal efecto, el artículo 5.3 del mencionado Convenio colectivo queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5. Denuncia y prórroga.
3. Queda prorrogada la ultra-actividad y por consiguiente la aplicación del Convenio colectivo hasta el día 8 de julio de 2014, excepto lo previsto en el artículo 18, el artículo 43, el anexo III, el anexo V, el anexo VI y el anexo VII que quedó sin efecto desde el día 31 de mayo de 2011. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos de desconvocatoria de huelga adoptados por ambas partes el veinticinco de agosto de dos mil once, que se mantendrán en vigor a los efectos allí previstos.»
Tercero.
Igualmente se acuerda autorizar a los asesores jurídicos de la AFE para que procedan a remitirlo a la autoridad laboral para su registro y archivo en la Subdirección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, así como para solicitar su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En prueba de conformidad con lo anteriormente manifestado, firman el presente documento, en el lugar y la fecha que figuran en su encabezamiento.–Por AFE, Luis Manuel Rubiales Béjar (Presidente de la AFE).–Por la LNFP, Javier Tebas Medrano (Presidente de la LNFP). | Acuerdo por el que se prorroga el convenio de los futbolistas profesionales hasta julio de 2014 | Visto el texto del acta donde se contiene el Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional (código de convenio n.º 99002305010989), que fue suscrito con fecha 17 de junio de 2013, de una parte, por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) en representación de las empresas del sector y, de otra, por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de julio de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
En Madrid, a 17 de junio de 2013.
REUNIDOS
La Asociación de Futbolistas Españoles (en adelante AFE) y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante LNFP), en el domicilio social de la LNFP, sito en la calle Hernández de Tejada, 10, 280027 Madrid, estando representadas cada una de las partes por:
Por AFE:
• Don Luis Manuel Rubiales Béjar (Presidente de AFE).
• Don Luis Gil Torres.
• Don Santiago Nebot Rodrigo.
• Don José María Borreguero Gómez.
Por la LNFP:
• Don Javier Tebas Medrano (Presidente de la LNFP).
• Don Clemente Villaverde Huelga.
• Don Antonio J. Sánchez Pino.
• Don Josep de Senespleda.
• Don Juan José Bonillo.
• Don Carlos del Campo Colás.
• Don Miguel María García Caba.
EXPONEN
I. Que es intención de la AFE y la LNFP, constituir, con esta misma fecha, una Comisión Negociadora del Convenio colectivo para la Actividad del Futbol Profesional, integrada por las representaciones arriba mencionadas.
II. Que, ambas partes, reconocen, mutuamente, tener la capacidad legal necesaria para la firma del presente documento, que suscriben los Presidentes de la AFE y la LNFP, como manifestación de buena voluntad en el proceso, que ahora se inicia, de negociación del Convenio colectivo para la Actividad del Fútbol Profesional, y a tal fin
ACUERDAN
Primero.
Mantener, hasta el día ocho de julio de dos mil catorce, la ultra-actividad del Convenio colectivo para la Actividad del Futbol Profesional, suscrito entre la LNFP y la AFE, el 31 de julio de 2008, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del mencionado Convenio. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos de desconvocatoria de huelga adoptados por ambas partes el veinticinco de agosto de dos mil once, que permanecerán en vigor a los efectos allí previstos.
Segundo.
A tal efecto, el artículo 5.3 del mencionado Convenio colectivo queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 5. Denuncia y prórroga.
3. Queda prorrogada la ultra-actividad y por consiguiente la aplicación del Convenio colectivo hasta el día 8 de julio de 2014, excepto lo previsto en el artículo 18, el artículo 43, el anexo III, el anexo V, el anexo VI y el anexo VII que quedó sin efecto desde el día 31 de mayo de 2011. Todo ello sin perjuicio de los acuerdos de desconvocatoria de huelga adoptados por ambas partes el veinticinco de agosto de dos mil once, que se mantendrán en vigor a los efectos allí previstos.»
Tercero.
Igualmente se acuerda autorizar a los asesores jurídicos de la AFE para que procedan a remitirlo a la autoridad laboral para su registro y archivo en la Subdirección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, así como para solicitar su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En prueba de conformidad con lo anteriormente manifestado, firman el presente documento, en el lugar y la fecha que figuran en su encabezamiento.–Por AFE, Luis Manuel Rubiales Béjar (Presidente de la AFE).–Por la LNFP, Javier Tebas Medrano (Presidente de la LNFP).
### RESUMEN: Acuerdo por el que se prorroga el convenio de los futbolistas profesionales hasta julio de 2014 |
Visto el expediente de indulto de don Daniel García López, condenado por la Audiencia Provincial de Segovia, sección primera, en sentencia de 29 de noviembre de 2012, como autor de un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de lesiones causadas por imprudencia grave, a las penas de nueve meses de prisión por el primer delito, y un año y tres meses de prisión por el segundo delito, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, por hechos cometidos en el año 2006, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
Vengo en conmutar a don Daniel García López ambas penas privativas de libertad impuestas por otra única de un año de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO | Indulto a Daniel García López, autor de un delito de lesiones. | Visto el expediente de indulto de don Daniel García López, condenado por la Audiencia Provincial de Segovia, sección primera, en sentencia de 29 de noviembre de 2012, como autor de un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de lesiones causadas por imprudencia grave, a las penas de nueve meses de prisión por el primer delito, y un año y tres meses de prisión por el segundo delito, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, por hechos cometidos en el año 2006, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 2015,
Vengo en conmutar a don Daniel García López ambas penas privativas de libertad impuestas por otra única de un año de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 16 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
### RESUMEN: Indulto a Daniel García López, autor de un delito de lesiones. |
La Ley 4/2020, de 15 de octubre del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ha abordado la necesidad de la revisión de la fiscalidad de las nuevas maneras de hacer negocios surgidas del proceso de digitalización de la economía, basadas en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan.
La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprueba un nuevo impuesto cuyo objeto son las prestaciones de determinados servicios digitales. En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.
Las normas contenidas en este real decreto encuentran habilitación tanto en las remisiones específicas que la propia ley efectúa, como en la habilitación general contenida en la disposición final segunda de la Ley 4/2020, y se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Este real decreto se estructura en cinco artículos y tres disposiciones finales.
El artículo 1 desarrolla el artículo 7 de la ley, relativo al lugar de realización del hecho imponible, en el que se dispone que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar, el de su localización. En el apartado 4 de dicho artículo 7 se señala que se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización. Pues bien, con la finalidad de concretar dicho lugar, se establece en el artículo 1 del real decreto que el lugar de localización del dispositivo vendrá dado por todos los detalles de la dirección que use la tecnología de geolocalización empleada. Asimismo, se enumeran algunos de los medios de prueba que podrán utilizarse para demostrar que el lugar de localización es diferente al que indica la dirección IP.
En los artículos 2 a 4 del real decreto se desarrollan las obligaciones formales previstas en la Ley 4/2020, en virtud de las cuales los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a llevar, conservar y poner a disposición de la Administración Tributaria, por cada período de liquidación, un registro de operaciones sujetas al impuesto, así como una memoria descriptiva.
En la memoria se deberán describir los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al Impuesto de los servicios digitales prestados, localizar la prestación de cada servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, calcular los ingresos de las operaciones sujetas e identificar los ficheros, aplicaciones y programas empleados en tales procesos.
En el artículo 5 se detalla el alcance de la obligación formal de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, prevista en el artículo 13.1.h) de la Ley 4/2020. La finalidad es dar una orientación al contribuyente, pero a su vez permitir que utilicen los sistemas, mecanismos o acuerdos que estén a su disposición o los que la tecnología les permita utilizar en el futuro.
En la disposición final primera del real decreto se efectúan las modificaciones pertinentes en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Así, se modifican diversos preceptos del citado Reglamento General, por cuanto que la obligación formal del artículo 13.1.a) de la Ley 4/2020 debe cumplirse a través de las declaraciones de alta, modificación y cese del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, a la que estaría obligado en todo caso el contribuyente por su condición de empresario. Además, se considera necesario que el Censo identifique a los contribuyentes de este impuesto, y, por tanto, que se recoja de manera expresa, dentro de los datos a comunicar, la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o los cambios que se produzcan en la situación tributaria relacionada con el impuesto.
En la disposición final segunda del real decreto se hace referencia al título competencial en virtud del cual se dicta.
En la disposición final tercera del real decreto se establece su entrada en vigor el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Este real decreto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha elaborado con adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, por cuanto la regulación de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales contenida en el real decreto es de carácter imprescindible y precisa de su incorporación al ordenamiento jurídico a través de una norma de rango reglamentario.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria para la consecución de los objetivos que se pretenden con el real decreto.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del proyecto normativo con el resto del ordenamiento jurídico nacional y específicamente con la propia Ley del impuesto, generando un marco normativo integrado y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados, sin introducción de cargas administrativas innecesarias. Fundamentalmente, con la aprobación del real decreto se pretende asegurar una aplicación correcta de la ley por los sujetos obligados, incrementando la seguridad jurídica.
Por lo que se refiere a la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se cumple también con los principios de necesidad y eficacia por cuanto la citada norma, al tener rango reglamentario, precisa para su modificación una norma de igual rango, así como con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación necesaria y limitada a la consecución de los objetivos que se pretenden. Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, se garantiza en todo caso un marco normativo claro, cierto y congruente para los sujetos afectados.
En cuanto al principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado la publicación del proyecto, así como de su Memoria del Análisis de Impacto Normativo en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.
Por último, en relación con el principio de eficiencia se ha intentado que la norma genere las menores cargas administrativas y costes indirectos posibles, fomentando el uso racional de los recursos públicos. En este sentido, las obligaciones formales que se requieren de los contribuyentes son las estrictamente imprescindibles para garantizar un mínimo control de su actividad por parte de la Administración tributaria.
El proyecto de real decreto ha sido comunicado a la Comisión Europea a los efectos de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Localización de los dispositivos de los usuarios.
1. A los efectos del artículo 7 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el lugar de localización del dispositivo viene dado por todos los detalles de la dirección que proporcione la tecnología de geolocalización empleada, entre ellos, en su caso, las coordenadas de latitud y longitud.
El lugar se obtendrá mediante tecnologías de geolocalización que analizan la información obtenida del dispositivo, de la red de conexión a internet en que se encuentre el dispositivo o de una combinación de ambos.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 de la mencionada ley, se presumirá que el dispositivo se encuentra en el lugar que se determine conforme a la geolocalización basada en la dirección IP del mismo o del equipo a través del cual el dispositivo del usuario accede al servicio cuando se encuentra en una determinada red, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba.
A tales efectos, se podrá utilizar la geolocalización basada en la identificación de redes (WiFi, Ethernet u otras), la geolocalización física por satélite (con sistemas tales como GPS-Sistema de Posicionamiento Global, GLONASS, Galileo o Beidou) o por medio de información proporcionada por sistemas de comunicaciones inalámbricas terrestres (como las del GSM-Sistema Global de Comunicaciones Móviles- o las de LPWAN), o por balizas (WiFi o Bluetooth), o cualquier otra combinación de tecnologías existentes o futuras.
Artículo 2. Registros y memoria descriptiva del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
1. Por cada período de liquidación trimestral, los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a la llevanza, conservación y puesta a disposición de la Administración tributaria de registros diferenciados por cada tipo de servicio y de una memoria descriptiva. La llevanza de los registros y la memoria descriptiva no está sujeta a un formato determinado.
2. Los contribuyentes deberán aportar a la Administración tributaria los registros y la memoria cuando les sean requeridos.
Artículo 3. Contenido de los registros del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
1. En los registros a los que se refiere el artículo 2 se harán constar, por cada operación sujeta, los siguientes parámetros:
a) En el caso de servicios de publicidad en línea:
1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de publicidad en línea, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
2.º El número de veces que aparece la publicidad en dispositivos que se encuentran en el territorio de aplicación del impuesto.
3.º El número total de veces que aparece dicha publicidad en cualquier dispositivo, cualquiera que sea el lugar en que estos se encuentren.
b) En el caso de servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios:
1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de intermediación en línea, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
2.º El número de usuarios cuyos dispositivos se encuentren situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de la conclusión de la operación subyacente.
3.º El número total de usuarios que intervengan en ese servicio, cualquiera que sea el lugar en que estén situados.
c) En el caso de los demás servicios de intermediación en línea:
1.º Los ingresos totales derivados directamente de los usuarios cuyas cuentas de acceso a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto utilizando un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto, con identificación del cliente.
2.º El número de cuentas abiertas durante el periodo de liquidación por usuarios cuyos dispositivos estuvieran situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de su apertura.
d) En el caso de servicios de transmisión de datos:
1.º Los ingresos totales derivados de los servicios de transmisión de datos, cualquiera que sea el lugar en que se hayan obtenido, con identificación del cliente.
2.º El número de usuarios que hayan generado dichos datos cuyos dispositivos estuvieran situados en el territorio de aplicación del impuesto en el momento de la generación de los mismos.
3.º El número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en que estuvieran situados en el momento de la recopilación de dichos datos.
2. Los clientes se identificarán por nombre y apellidos, razón social o denominación completa y, si está disponible, el número de identificación a efectos del IVA o el número nacional de identificación fiscal.
3. Las operaciones que hayan de ser objeto de registro conforme al apartado 1 de este artículo deberán hallarse anotadas en el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.
4. Los libros o registros que, en cumplimiento de otras obligaciones fiscales o contables, deban llevar los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales podrán ser utilizados a efectos del cumplimiento de la obligación registral a la que se refiere el presente artículo, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este real decreto.
Artículo 4. Contenido de la memoria descriptiva del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
La memoria descriptiva contendrá los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para:
a) Analizar la sujeción al impuesto de los servicios digitales sujetos a que se refiere el artículo 4.5 de la Ley del Impuesto, así como la no sujeción de los servicios recogidos en el artículo 6 de dicha ley.
b) Localizar la realización de la prestación de cada tipo de servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, teniendo en cuenta que la localización para cada prestación será la que se corresponda con la del dispositivo en el que:
1.º Aparezca la publicidad cuando se presta el servicio de publicidad en línea.
2.º Se concluya la operación subyacente cuando se prestan servicios de intermediación en línea con facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios.
3.º Se haya abierto la cuenta con la que se accede al interfaz digital en los demás servicios de intermediación en línea.
4.º Se haya generado el dato transmitido, en el caso de servicios de transmisión de datos.
c) Calcular los ingresos correspondientes a cada prestación de servicio sujeta al impuesto.
d) Identificar los ficheros, programas y aplicaciones empleados en los procesos anteriores para cada periodo de liquidación.
Artículo 5. Sistemas, mecanismos o acuerdos para la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.
1. Los contribuyentes deberán establecer sistemas o mecanismos internos que les permitan localizar los dispositivos de los usuarios en territorio español.
2. Asimismo, los contribuyentes podrán acordar con terceros la prestación del servicio de localización de los dispositivos de los usuarios en territorio español, en cuyo caso serán estos terceros quienes dispondrán de los sistemas o mecanismos de localización.
3. Los sistemas y mecanismos de localización deberán captar la dirección IP de los dispositivos. No obstante, en aquellos casos en los que la localización del usuario no se lleve a cabo a través de la dirección IP del dispositivo o en los que dicho dato se utilice junto con otros, los sistemas o mecanismos deberán captar todos los datos utilizados para la localización.
4. La información obtenida por los sistemas y mecanismos de localización deberá conservarse durante el plazo de prescripción del impuesto.
Disposición final primera. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
El Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores estará formado por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español alguna de las actividades u operaciones que se mencionan a continuación:
a) Actividades empresariales o profesionales. Se entenderá por tales aquellas cuya realización confiera la condición de empresario o profesional, incluidas las agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.
No se incluirán en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores quienes efectúen exclusivamente arrendamientos de inmuebles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme al artículo 20.uno.23.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que su realización no constituya el desarrollo de una actividad empresarial de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco se incluirán en este censo quienes efectúen entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.uno y dos de su ley reguladora, y adquisiciones intracomunitarias de bienes exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.tres de la misma ley.
b) Abono de rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
c) Adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido efectuadas por quienes no actúen como empresarios o profesionales.
También se integrarán en este censo las personas o entidades no residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o satisfagan en dicho territorio rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, y las entidades a las que se refiere el párrafo c) del artículo 5 de la citada ley.
De igual forma, quedarán integradas en este censo las personas o entidades no establecidas en territorio español cuando sean contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, así como las personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando sean sujetos pasivos de dicho impuesto.
Asimismo, formarán parte de este censo las personas o entidades que no cumplan ninguno de los requisitos previstos en este apartado pero sean socios, herederos, comuneros o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o profesionales y tengan obligaciones tributarias derivadas de su condición de miembros de tales entidades.
El Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores formará parte del Censo de Obligados Tributarios.»
Dos. Se modifica la letra k) y se introduce una nueva letra u) en el apartado 3 del artículo 9, con la siguiente redacción:
«k) Optar por la determinación del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
«u) Comunicar la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
Tres. Se introduce una nueva letra i) y se modifican las letras m) y s) del apartado 2 del artículo 10, que quedan redactadas de la siguiente forma:
«i) Comunicar la adquisición o pérdida de la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales a que se refiere el artículo 8 de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
«m) Optar o renunciar a la opción para determinar el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»
«s) Comunicar otros hechos y circunstancias de carácter censal previstos en las normas tributarias o que determine la persona titular del Ministerio de Hacienda.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. La presentación de las declaraciones a que se refiere esta subsección producirá los efectos propios de la presentación de las declaraciones relativas al comienzo, modificación o cese en el ejercicio de las actividades económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
FELIPE R.
La Ministra de Hacienda,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO | Decreto donde se aprueba el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. | La Ley 4/2020, de 15 de octubre del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ha abordado la necesidad de la revisión de la fiscalidad de las nuevas maneras de hacer negocios surgidas del proceso de digitalización de la economía, basadas en gran medida en la capacidad para llevar a cabo actividades a distancia, incluso transfronterizas, con escasa o nula presencia física, en la importancia de los activos intangibles, y en el valor de los datos y las contribuciones de los usuarios finales a la creación de valor. Todo ello provoca una desconexión entre el lugar donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan.
La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprueba un nuevo impuesto cuyo objeto son las prestaciones de determinados servicios digitales. En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.
Las normas contenidas en este real decreto encuentran habilitación tanto en las remisiones específicas que la propia ley efectúa, como en la habilitación general contenida en la disposición final segunda de la Ley 4/2020, y se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de Hacienda general.
Este real decreto se estructura en cinco artículos y tres disposiciones finales.
El artículo 1 desarrolla el artículo 7 de la ley, relativo al lugar de realización del hecho imponible, en el que se dispone que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar, el de su localización. En el apartado 4 de dicho artículo 7 se señala que se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización. Pues bien, con la finalidad de concretar dicho lugar, se establece en el artículo 1 del real decreto que el lugar de localización del dispositivo vendrá dado por todos los detalles de la dirección que use la tecnología de geolocalización empleada. Asimismo, se enumeran algunos de los medios de prueba que podrán utilizarse para demostrar que el lugar de localización es diferente al que indica la dirección IP.
En los artículos 2 a 4 del real decreto se desarrollan las obligaciones formales previstas en la Ley 4/2020, en virtud de las cuales los contribuyentes del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales estarán obligados a llevar, conservar y poner a disposición de la Administración Tributaria, por cada período de liquidación, un registro de operaciones sujetas al impuesto, así como una memoria descriptiva.
En la memoria se deberán describir los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al Impuesto de los servicios digitales prestados, localizar la prestación de cada servicio y su atribución al territorio de aplicación del impuesto, calcular los ingresos de las operaciones sujetas e identificar los ficheros, aplicaciones y programas empleados en tales procesos.
En el artículo 5 se detalla el alcance de la obligación formal de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, prevista en el artículo 13.1.h) de la Ley 4/2020. La finalidad es dar una orientación al contribuyente, pero a su vez permitir que utilicen los sistemas, mecanismos o acuerdos que estén a su disposición o los que la tecnología les permita utilizar en el futuro.
En la disposición final primera del real decreto se efectúan las modificaciones pertinentes en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Así, se modifican diversos preceptos del citado Reglamento General, por cuanto que la obligación formal del artículo 13.1.a) de la Ley 4/2020 debe cumplirse a través de las declaraciones de alta, modificación y cese del Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, a la que estaría obligado en todo caso el contribuyente por su condición de empresario. Además, se considera necesario que el Censo identifique a los contribuyentes de este impuesto, y, por tanto, que se recoja de manera expresa, dentro de los datos a comunicar, la condición de contribuyente del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o los cambios que se produzcan en la situación tributaria relacionada con el impuesto.
En la disposición final segunda del real decreto se hace referencia al título competencial en virtud del cual se dicta.
En la disposición final tercera del real decreto se establece su entrada en vigor el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Este real decreto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha elaborado con adecuación a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, por cuanto la regulación de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales contenida en el real decreto es de carácter imprescindible y precisa de su incorporación al ordenamiento jurídico a través de una norma de rango reglamentario.
Se cumple también el princip
### RESUMEN: Decreto donde se aprueba el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. |
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicado mediante Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre («BOE» núm. 224, de 16 de septiembre de 2017), ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicación de dicho Acuerdo, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015.
Habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo, y de conformidad con lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, procede adoptar dicho acuerdo por el Ministro de Hacienda y Función Pública que lo comunicará al Presidente de la Comunidad Autónoma y su Interventor General.
En virtud de lo anterior, dispongo:
Primero.
Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo no recogidos como anexo I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, conforme a los criterios de clasificación recogidos en los certificados emitidos por la Interventora General de la Comunidad Autonómica de Cataluña, en cumplimiento de dicho Acuerdo.
El acuerdo de no disponibilidad afectará al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto. El acuerdo de no disponibilidad supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.
Segundo.
El Acuerdo de no disponibilidad alcanzará a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público administrativo, y que tengan por destino otras entidades integrantes del sector público administrativo, por el importe de los créditos declarados no disponibles en estas últimas.
Tercero.
Excepcionalmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del presente Acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.
Madrid, 20 de septiembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero. | Orden HFP/878/2017, donde ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015. | La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicado mediante Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre («BOE» núm. 224, de 16 de septiembre de 2017), ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicación de dicho Acuerdo, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015.
Habiendo transcurrido el mencionado plazo sin que se haya dado cumplimiento a dicho acuerdo, y de conformidad con lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, procede adoptar dicho acuerdo por el Ministro de Hacienda y Función Pública que lo comunicará al Presidente de la Comunidad Autónoma y su Interventor General.
En virtud de lo anterior, dispongo:
Primero.
Se declara la no disponibilidad de créditos en todas las aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cataluña del ejercicio 2017 correspondientes al sector público administrativo no recogidos como anexo I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, conforme a los criterios de clasificación recogidos en los certificados emitidos por la Interventora General de la Comunidad Autonómica de Cataluña, en cumplimiento de dicho Acuerdo.
El acuerdo de no disponibilidad afectará al saldo de los créditos no comprometidos en las aplicaciones referidas a la fecha de comunicación de este acto. El acuerdo de no disponibilidad supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo.
Segundo.
El Acuerdo de no disponibilidad alcanzará a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Administración General de la Comunidad Autónoma o de otras entidades del sector público administrativo, y que tengan por destino otras entidades integrantes del sector público administrativo, por el importe de los créditos declarados no disponibles en estas últimas.
Tercero.
Excepcionalmente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial del presente Acuerdo de no disponibilidad, autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.
Madrid, 20 de septiembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.
### RESUMEN: Orden HFP/878/2017, donde ha acordado requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas, se adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública todos los créditos presupuestarios distintos de los señalados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación.
c) Número de expediente:
3.15/24610.0028.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.adif.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras arriba indicadas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45.45.00.00-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
26/06/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinario.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.296.166,07 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.296.166,07 euros. Importe total: 2.778.360,94 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
26 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
16 de noviembre de 2015.
c) Contratista:
Construcciones Glesa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.370.351,91 euros. Importe total: 1.658.125,81 euros.
Madrid, 19 de noviembre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF. | Contrato a Construcciones Glesa por importe total de 1.658.125,81 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación.
c) Número de expediente:
3.15/24610.0028.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.adif.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Obras.
b) Descripción:
Obras arriba indicadas.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
45.45.00.00-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
26/06/2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinario.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
2.296.166,07 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 2.296.166,07 euros. Importe total: 2.778.360,94 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
26 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
16 de noviembre de 2015.
c) Contratista:
Construcciones Glesa, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.370.351,91 euros. Importe total: 1.658.125,81 euros.
Madrid, 19 de noviembre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la Dirección General Financiera y Corporativa de ADIF.
### RESUMEN: Contrato a Construcciones Glesa por importe total de 1.658.125,81 euros. |
La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, incorpora una disposición adicional quinta con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Para ello, en función de las existencias conjuntas y las aportaciones entrantes en los embalses de Entrepeñas y Buendía acumuladas a comienzos de cada mes se establecen cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se organizan los potenciales envíos.
Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
Así, para este caso de nivel 3, el artículo 1 del citado Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y, asimismo, establece que en esta situación el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes.
El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este Departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
1. Situación en los embalses de cabecera del Tajo
En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 21 de noviembre de 2019, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación de las existencias en Entrepeñas-Buendía y su posible evolución en los próximos meses. Para ello, se ha tomado en consideración un informe de situación elaborado, para el mes de noviembre de 2019, por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Según se recoge en dicho informe, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de octubre de 2019 ascienden a 456,8 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar (en tal fecha) de 19,2 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 437,6 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 609 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el Real Decreto 773/2014 para el mes de noviembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata que se mantiene la situación hidrológica excepcional, nivel 3, que se inició en el mes de mayo.
2. Aplicación de la regla de explotación
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de fecha 6 de marzo de 2019, tuvo conocimiento de una serie de trabajos realizados por el CEDEX para la formulación de un método de aplicación directa de la regla de explotación en situación hidrológica excepcional, es decir, en nivel 3. El CEDEX, para esta situación hidrológica, propone como método más adecuado el que denomina «lineal 1/3» que calcula el trasvase mensual (TM), en función de la disponibilidad trimestral (DT), obtenida por aplicación a tres meses de la regla de explotación y de la disponibilidad mensual (DM), con la siguiente formulación:
TM = DT, si DT < 7,5
TM= 7,5; si 7,5 ≤ DT ≤ 22,5
TM = DT/3; si 22,5 < DT ≤ 60
En todo caso, TM ≤ DM
La aplicación de este método al mes de noviembre de 2019 da como resultado un trasvase mensual de 14,7 hm3, tal y como refleja el informe de situación del CEDEX. Este informe incluye un apartado específico de aplicación trimestral de la regla de explotación que tiene en cuenta, además de la formulación del método «líneal 1/3», las existencias conjuntas efectivas en Entrepeñas y Buendía, las aportaciones calculadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2 del Real Decreto 773/2014 y los parámetros incluidos en la tabla A3 del anejo de dicho Real Decreto, los desembalses para atender las demandas propias de la cuenca del Tajo, y las evaporaciones previstas según la tabla A4 del anejo.
El informe del CEDEX prevé que el sistema se encuentre en situación hidrológica excepcional durante todo el trimestre de noviembre de 2019 a enero de 2020, siendo previsible que desde el principio del mes de diciembre el sistema presente unas reservas inferiores a los 410 hm3.
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de 21 de noviembre de 2019 y a la vista de la información disponible, decide la elevación de una propuesta de trasvase de 14,7 hm3 para el mes de noviembre de 2019.
3. Situación meteorológica
Los datos disponibles a 1 de noviembre indican inexistencia de sequía prolongada en el global de la cuenca del Segura. El índice de escasez coyuntural en el subsistema cuenca es de prealerta y en el subsistema del trasvase de emergencia, como no puede ser menos, pues refleja las bajas reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el próximo trimestre, en la cabecera del Tajo, una acumulación máxima de lluvias que se sitúa en el rango de la normalidad climática.
Considerando todo lo expuesto anteriormente:
1. Se constata que a fecha 1 de noviembre de 2019 la situación del sistema es la correspondiente al nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales.
2. Se toma nota de la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 21 de noviembre de 2019 que, en aplicación al mes de noviembre de 2019 del método «lineal 1/3», propuesto por el CEDEX para una situación de nivel 3, da lugar a un trasvase mensual de 14,7 hm3.
3. Se toma nota de que, a 21 de noviembre de 2019, aun no se ha comenzado a trasvasar el volumen de 19,2 hm3 que se aprobó para el mes de octubre.
4. Se toma nota de la previsión para el trimestre que indica que, desde el principio del mes de diciembre, el sistema presentará unas reservas inferiores a los 410 hm3 y cercano por tanto a la entrada en nivel 4, en el que no se puede realizar trasvase alguno.
5. Se toma nota de que la Agencia Estatal de Meteorología prevé una acumulación máxima de lluvias para el próximo trimestre que se sitúa en el rango de la normalidad climática, lo que se traduciría en un régimen de aportaciones por debajo del de extracciones.
6. En cualquier caso, y según se contempla en la disposición adicional quinta, punto 1, de la Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes, debe asegurarse siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.
Por todo ello, autorizo un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm3 para el mes de noviembre de 2019.
La presente orden ministerial entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 21 de noviembre de 2019.–La Ministra para la Transición Ecológica, P.D. (Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre), el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández. | El Gobierno aprueba un trasvase de 7,5 hm3 Tajo-Segura. | La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, incorpora una disposición adicional quinta con la que se fijan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Para ello, en función de las existencias conjuntas y las aportaciones entrantes en los embalses de Entrepeñas y Buendía acumuladas a comienzos de cada mes se establecen cuatro niveles, numerados del 1 al 4, para los que se organizan los potenciales envíos.
Para los niveles 1 y 2 la determinación de los volúmenes a trasvasar queda establecida de forma automática. En situación de nivel 4 no se podrá realizar trasvase alguno. Para el caso de nivel 3, denominado «de situaciones hidrológicas excepcionales» se invoca una regulación reglamentaria que fue establecida mediante el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
Así, para este caso de nivel 3, el artículo 1 del citado Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, indica los valores umbral mensuales de reservas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía que definen el nivel 3 y, asimismo, establece que en esta situación el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes.
El órgano competente se define en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio. Así, cuando concurran las condiciones del nivel 3, autorizará los trasvases el Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, creada por Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, modificada, en cuanto a su composición por Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre.
De acuerdo con el artículo 14.2 del Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política del agua como bien público esencial. Por tanto, corresponde a la titular de este Departamento autorizar los trasvases por el acueducto Tajo-Segura en situación de nivel 3. Por otra parte, y tal y como establece el artículo 6 de la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegación de competencias en el Ministerio para la Transición Ecológica, la Ministra delega en el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente la autorización de los trasvases a través del acueducto Tajo-Segura, cuando concurran las condiciones hidrológicas del nivel 3, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
1. Situación en los embalses de cabecera del Tajo
En reunión de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, celebrada el 21 de noviembre de 2019, se ha constatado una situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se ha realizado una valoración técnica de la situación de las existencias en Entrepeñas-Buendía y su posible evolución en los próximos meses. Para ello, se ha tomado en consideración un informe de situación elaborado, para el mes de noviembre de 2019, por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
Según se recoge en dicho informe, conforme a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, las existencias en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía el día 1 de octubre de 2019 ascienden a 456,8 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar (en tal fecha) de 19,2 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 437,6 hm3, siendo este valor inferior al de referencia de 609 hm3 de paso entre los niveles 2 y 3 fijado en el Real Decreto 773/2014 para el mes de noviembre y superior al umbral de 400 hm3 de reservas no trasvasables, por lo que se constata que se mantiene la situación hidrológica excepcional, nivel 3, que se inició en el mes de mayo.
2. Aplicación de la regla de explotación
La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión de fecha 6 de marzo de 2019, tuvo conocimiento de una serie de trabajos realizados por el CEDEX para la formulación de un método de aplicación directa de la regla de explotación en situación hidrológica excepcional, es decir, en nivel 3. El CEDEX, para esta situación hidrológica, propone como método más adecuado el que denomina «lineal 1/3» que calcula el trasvase mensual (TM), en función de la disponibilidad trimestral (DT), obtenida por aplicación a tres meses de la regla de explotación y de la disponibilidad mensual (DM), con la siguiente formulación:
TM = DT, si DT < 7,5
TM= 7,5; si 7,5 ≤ DT ≤ 22,5
TM = DT/3; si 22,5 < DT ≤ 60
En todo caso, TM ≤ DM
La aplicación de este método al mes de noviembre de 2019 da como resultado un trasvase mensual de 14,7 hm3, tal y como refleja el informe de situación del CEDEX. Este informe incluye un apartado específico de aplicación trimestral de la regla de explotación que tiene en cuenta, además de la formulación del método «líneal 1/3», las existencias conjuntas efectivas en Entrepeñas y Buendía, las aportaciones calculadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2 del Real Decreto 773/2014 y los parámetros incluidos en la tabla A3 del anejo de dicho Real Decreto, los desembalses para atender las demandas propias de la cuenca del Tajo, y las evaporaciones previstas según la tabla A4 del anejo.
### RESUMEN: El Gobierno aprueba un trasvase de 7,5 hm3 Tajo-Segura. |
I
La apuesta por reforzar la sostenibilidad de las empresas de transporte ha constituido desde su creación uno de los ejes de actuación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
No obstante, son diversos los factores que han urgido a plantear medidas específicas de sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera en la presente legislatura, muy especialmente, desde el comienzo de la pandemia motivada por el SARS-CoV-2. La estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido tamaño, el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo, agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que representa en torno al 2 por ciento del PIB.
En este sentido, fruto de la tramitación de un proyecto de ley por urgencia, en octubre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, que incluye una infracción por el incumplimiento de los plazos máximos de pago en el ámbito de los contratos de transporte de mercancías por carretera, con objeto de penalizar aquellos incumplimientos de la morosidad que ponen en verdadero riesgo la viabilidad de muchas de las empresas que prestan este servicio.
Además, se está trabajando en la aprobación el denominado Plan Impulsa, que contempla la sostenibilidad de dicho sector desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
La actual coyuntura exige, sin embargo, acelerar algunas de las medidas previstas en el Plan Impulsa, para revertir la situación de penosidad que viven muchos transportistas de mercancías y sus trabajadores, y que amenaza con crear tensiones en la prestación de los servicios y en el adecuado funcionamiento de la cadena logística, con los perjuicios que para toda la economía podrían derivarse.
Se calcula que en España faltan del orden de 15.000 conductores profesionales, situación que se acentuará en la próxima década dada la edad media de los profesionales en activo, siendo una problemática que afecta, asimismo, a los países de nuestro entorno. Es un hecho, contrastado por encuestas realizadas, entre otros actores, por la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), asociación mundial de los profesionales de transporte por carretera, que uno de los motivos que no hacen atractiva la profesión de conductor es el relacionado con las duras condiciones de trabajo aparejadas, entre las que se encuentra la participación activa de dichos profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías. Este elemento dificulta, por otra parte, la incorporación de las mujeres en mayor proporción a la existente a la profesión de conductor profesional.
Asimismo, ha de considerarse que el precio del gasóleo (sin IVA) ha sufrido un incremento, desde octubre de 2020 a octubre de 2021, de un 32,0 por ciento. Este incremento del coste de combustible es el responsable del 87,5 por ciento del incremento de los costes interanuales, que ha sido de un 10,3 por ciento en el supuesto de un vehículo articulado de carga general, representando el combustible en estos casos el 31 por ciento de la estructura de costes de un vehículo articulado de carga general, con las consecuencias que ello genera para la viabilidad de pequeños empresarios, sin margen de maniobra.
Otro elemento a tener en cuenta es que la estructura empresarial del sector condiciona enormemente su capacidad de negociación con sus clientes, introduciendo en el mercado prácticas indeseables que tensan las relaciones en la cadena de actores intervinientes, lo que mina la eficiencia, la transparencia y la competencia justa, situación que es necesario corregir.
Por último, la competencia leal en el mercado se pone también en entredicho por las denominadas «empresas buzón», que operan de facto fuera de sus Estados de establecimiento beneficiándose, sin embargo, de costes fiscales y laborales más bajos. Con el fin de combatir estas prácticas empresariales, se aprobó, en el marco del denominado Paquete de Movilidad I, la Directiva (UE) 2020/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2024/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012, cuyo plazo de transposición venció el 2 de febrero de 2022 y urge transponer para luchar contra estas prácticas.
II
Las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos del sector público. Tras el descenso experimentado en 2020, los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021 en el contexto de la recuperación económica. El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra, ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras.
Todo ello ha tenido como consecuencia que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, permite en su artículo 103 la revisión periódica y predeterminada para los contratos de obra del sector público a través del mecanismo de la revisión de precios, aplicable cuando el contrato se haya ejecutado al menos en un 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización. Sin embargo, la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de un número limitado de materias primas indispensables para la realización de determinadas obras no es posible afrontarla con dicho mecanismo en aquellos contratos cuyos pliegos no incorporan revisión de precios, así como en aquellos que, incorporándola, no hubieran transcurrido dos años desde su formalización o no se hubiera ejecutado el 20 por ciento de su importe.
Ante esta circunstancia, notablemente perjudicial para el interés público subyacente en cualquier contrato del sector público y que también afecta severamente a los operadores económicos del sector de la obra civil, se ha considerado oportuno adoptar medidas urgentes y de carácter excepcional para, únicamente en estos supuestos, permitir una revisión excepcional de los precios del contrato.
Adicionalmente, resulta necesario prever un conjunto de medidas específicas y concretas que permitan resolver situaciones existentes, tales como:
– La celebración en España del «Global Mobility Call-GMC», concebido como un Foro mundial en el que se pretende reflexionar de forma global y multidisciplinar sobre la realidad actual y futura de la movilidad sostenible.
– La celebración en España de la final de la «UEFA Europa League 2022».
– En la lucha contra la pandemia de COVID 19, la aparición de medicamentos ha resultado crítica en la protección de la población, en especial las vacunas, pero también otros medicamentos destinados a prevenir o tratar la infección. El desarrollo y acceso a estos medicamentos tiene que responder a una demanda global, mientras que la capacidad de producción de las compañías farmacéuticas es limitada. Disponer de una cadena de suministro sólida y suficiente requiere un tiempo y, mientras tanto, las compañías farmacéuticas multinacionales ofrecen sus medicamentos en acuerdos bilaterales con los Estados.
Esto ha generado una situación extraordinaria en el acceso a medicamentos, dado que, por una parte es necesario disponer de manera urgente de estos medicamentos que han sido autorizados por las distintas modalidades que la regulación europea y española admiten, para disminuir el riesgo de enfermedad grave por COVID 19 y fallecimiento, o para prevenir la enfermedad en aquellas personas que no pueden ser vacunadas o en las que las vacunas no producen una respuesta inmunológica por sus condiciones médicas subyacentes. Por otra parte, para disponer de estos medicamentos, es preciso celebrar acuerdos de adquisición, frecuentemente sujetos a una legislación y jurisdicción extranjeras, que las compañías farmacéuticas exigen para dar un trato igual a todos los Estados contratantes. Esta situación excepcional será indudablemente temporal, pero debe de afrontarse de forma inmediata, para poder así evitar una pérdida de oportunidad para los pacientes.
En este sentido, la situación de la pandemia en nuestro país no permite cesar en las acciones para combatir la enfermedad y disminuir sus efectos, protegiendo a los más vulnerables, procurando la mejor y rápida recuperación de los enfermos y evitando los riesgos más extremos de las consecuencias de esta enfermedad.
La situación actual confirma esta necesidad. Más del 50% (5.827.486) de todos los casos COVID-19 notificados se han producido durante la sexta onda, que alcanzó su pico durante la tercera semana de 2022 con una incidencia acumulada a 14 días superior a los 3.850 casos/100.000 habitantes, según datos consolidados en la última semana de febrero. Actualmente, la incidencia acumulada en los últimos 14 días se encuentra en valores próximos a 900 casos por 100.000 habitantes.
Asimismo, los porcentajes de ocupación de las camas de hospitalización de agudos por casos COVID-19, de un 7,3% y de las camas de UCI, de un 13,8% a fecha 18 de febrero de 2022, reflejan que un importante número de personas todavía permanecen ingresadas, más de 9.700, o en UCI, casi 1.300.
Del total de casos confirmados en la sexta onda, han sido hospitalizados más de 66.000 e ingresados en UCI más de 5.100.
Es, por tanto, esencial conseguir disminuir los casos más graves, reflejados en los citados datos de ingresos en UCI.
Por todo ello, es urgente y necesario disponer de los instrumentos de acceso a medicamentos esenciales y de reciente entrada en el mercado, para seguir afrontando los retos de salud generados por la COVID-19 en nuestra población.
– Se contempla un conjunto de medidas sociales que tienen por objeto, de un lado, contribuir a garantizar las medidas de reducción de la temporalidad, especialmente en relación con colectivos que pueden resultar más vulnerables y evitar coyunturas de desprotección.
En primer lugar, se introducen sendas disposiciones transitorias cuyo objetivo no es otro que establecer un régimen transitorio que permita garantizar la continuidad, el cumplimiento y la integra ejecución de los programas de activación para el empleo, ya aprobados o en fase de ejecución, dirigidos a la mejora de la empleabilidad, especialmente de colectivos vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos.
Por otro lado, se introduce a través de la disposición final sexta una modificación necesaria en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con la protección de nivel asistencial por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas, con el fin de garantizar el acceso de este colectivo a los subsidios por desempleo en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidas por la contingencia de desempleo, lo que supone el cumplimiento de la disposición final sexta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
Con ello, se pretende subsanar la contradicción evidente entre el impulso de las relaciones laborales de carácter indefinido y, en particular, del contrato fijo-discontinuo, que es uno de los objetivos prioritarios de la recientemente aprobada reforma laboral, y el actual déficit de protección asistencial por desempleo que, con la legislación vigente, padece dicho colectivo. Circunstancia que se haría aún más evidente en el caso de los actuales beneficiarios del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años, quienes verían extinguidos sus subsidios en cuanto accediesen a una relación laboral de carácter fijo discontinuo.
III
Las circunstancias descritas obligan a los poderes públicos a adoptar sin demora medidas que garanticen la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, del adecuado funcionamiento de la cadena logística y que permitan una actuación de la Administración más eficaz frente a las empresas buzón. Asimismo, resulta necesario adoptar medidas que permitan la revisión excepcional de precios en contratos de obra en determinados casos.
Para ello, el presente real decreto-ley incorpora, en primer lugar, un conjunto sistemático de medidas concretas y con efectos tangibles que permitan eliminar los factores que inducen un estrés perjudicial en la prestación del servicio de transporte de mercancías por carretera, hasta el punto de situar a muchas de sus empresas cerca del cierre, tales como los riesgos para la seguridad de los conductores, un incremento elevado y sostenido del precio del combustible, una peor posición negociadora frente a sus clientes y la creciente competencia desleal en la prestación del transporte.
La previsión de dichas medidas regulatorias implica la necesidad de modificar diversas disposiciones de carácter general.
En primer lugar, en el Título I, se modifican algunos preceptos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). La principal novedad es la introducción de la limitación de la participación activa de los conductores profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías y de sus soportes y envases, salvo en aquellos supuestos en los que, por razones de eficiencia de la operación, pero fundamentalmente de la seguridad del conductor, como consecuencia del específico tipo de transporte o las condiciones concretas en que dicha actividad se desempeña, está justificado que sea él el que lleve a cabo dichas tareas.
Este planteamiento respeta íntegramente los pactos entre las partes del contrato sobre a quién corresponde asumir la responsabilidad de llevar a cabo las operaciones de carga y descarga, ya sea el cargador y destinatario o el porteador. Pretende proteger, sin embargo, a la parte más vulnerable del proceso y que sufre los eventuales efectos de la imposibilidad de las empresas transportistas de negociar en otro sentido, así como de una prevención de la seguridad del conductor más formal que material derivada de la dinámica específica del mercado de transporte.
La restricción planteada se ciñe exclusivamente a aquellos casos en los que es necesaria la intervención de los poderes públicos en la medida en que se generan riesgos importantes que deben evitarse, a saber, los servicios de transporte en entornos que implican peligros potenciales para la seguridad del conductor. Por ello, considerando la razón de ser de esta medida, es necesaria su configuración como una regla de aplicación en todos los supuestos de carga y descarga que se lleven a cabo en territorio español.
En consonancia con la gravedad de su incumplimiento, se introduce una nueva infracción en la Ley 16/1987, de 30 de julio, en la que también se incluye una modificación destinada al refuerzo de los medios de Inspección con objeto de hacer viable el necesario papel que han de desempeñar para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa destinada a corregir algunos de los problemas urgentes de las empresas, así como una actualización del régimen de infracciones y sanciones para hacer posible sancionar el incumplimiento de algunas nuevas obligaciones del Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera que entraron en vigor en agosto de 2020.
Por otra parte, se modifica la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías para avanzar en el fin de equilibrar y dotar de mayor transparencia a la relación contractual asimétrica entre las partes del contrato. En esta línea, se refuerza la posición del porteador para deshacer la presunción legal de que la responsabilidad de la carga y descarga corresponde, con carácter general, al cargador y destinatario, se prevé expresamente que esta actividad debe remunerarse con carácter independiente del precio del transporte y se exige la especificación de esta contraprestación en la factura, cuando se lleve a cabo por el porteador.
Además, se rebaja a una hora el plazo a partir del cual se considera paralización el tiempo que el transportista ha de esperar para que concluya la carga y descarga del vehículo desde su puesta a disposición para este fin.
Las paralizaciones tienen un impacto muy significativo en el funcionamiento de la cadena logística, por lo que deben penalizarse aún más para incentivar su reducción, lo que inducirá a una reducción de los tiempos del transporte, de las horas no productivas de los trabajadores y, en definitiva, de los costes para las empresas y para la sociedad en general.
Por otra parte, se establece como obligatoria la revisión del precio del transporte como consecuencia de la variación del precio del combustible entre el momento de la contratación y el de la efectiva realización del transporte, para evitar que la variación coyuntural de una partida esencial en la estructura de costes de las empresas transportistas pueda ser objeto de negociaciones no siempre compensadas. Se trata de una medida especialmente necesaria es el escenario actual de incrementos sostenidos del precio del gasóleo. Se amplía la posibilidad de que se aplique esta medida también en los casos de utilización de otros combustibles, desde el momento en que se prevean las correspondientes fórmulas por parte de la Administración.
En relación con esta cuestión se ajustan, asimismo, otros requisitos de aplicación, como el umbral a partir del cual es exigible la revisión, que puede ser del 5 por ciento salvo que las partes hubieran pactado uno menor, se exige la aplicación exclusiva para el cálculo de las fórmulas aprobadas por la Administración en las condiciones generales de contratación y se establece una periodicidad trimestral máxima en la revisión del precio en los contratos de transporte continuados.
Por último, se regula el alcance de la aplicación de estas nuevas reglas a los contratos de transporte continuado ya vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley.
En tercer lugar, la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012, ha establecido normas especiales en relación con el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera, que tratan de evitar situaciones de competencia desigual entre empresas comunitarias.
Ha previsto unas excepciones al régimen general de desplazamiento de conductores que sean trabajadores por cuenta ajena y estén implicados en operaciones de transporte bilateral, tanto de mercancías como de viajeros. No tendrán la consideración de trabajadores desplazados al realizar estos servicios en las condiciones que se concretan en la Directiva. También enumera las actividades de carga y/o descarga que pueden realizarse en los Estados miembros en el marco de un transporte internacional no bilateral, así como los casos en que puede recoger y dejar viajeros en otro Estado sin que el conductor se considere desplazado a efectos del cumplimiento de la legislación laboral del Estado miembro de acogida.
Asimismo, determina los documentos que pueden exigirse por las autoridades del Estado miembro de acogida para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Este real decreto-ley incorpora al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva (UE) 2020/1057, que afectan a la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, incluyendo un capítulo nuevo sobre normas específicas aplicables a los conductores de transporte por carretera que afecta a los supuestos en que las operaciones o actividades se realizan en España y, consecuentemente, se determina la documentación exigible y las obligaciones de las empresas.
Para hacer efectivos los principios de lucha contra el fraude previstos las Directivas citadas, resulta necesario actualizar el cuadro de infracciones y sanciones en el orden social dirigido a combatir el fraude de las empresas buzón recogido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), aprobada mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con preceptos dirigidos a combatir los abusos que sufren las personas desplazadas. Este fraude tiene una vertiente laboral que afecta al incumplimiento de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional y de las Directivas 96/71, 2014/67 y 2018/957 que esa Ley transpone y una vertiente de seguridad social, que afecta al incumplimiento de los Reglamentos de Coordinación de Sistemas de Seguridad Social 883/2004 y 987/2009 en lo que se refiere a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable a las situaciones de movilidad laboral intra europea.
También se procede a la modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de regular la colaboración entre las autoridades de transporte terrestre y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, con la entrada en vigor de esta norma de transposición, las modificaciones de textos legales en materia laboral contenidas en los artículos undécimo a decimocuarto del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, serán de aplicación al sector del transporte por carretera, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta. Lo cual tendrá lugar, lógicamente, de acuerdo con las normas especiales previstas en el capítulo V de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, añadido por esta norma.
Por otro lado, este real decreto-ley viene a establecer, en su Título II, una serie de medidas urgentes y de carácter excepcional que deben tomarse para, únicamente en los supuestos que se contemplan en este real decreto-ley, permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos de obras del sector público.
Estas disposiciones complementan las ya adoptadas para amortiguar el impacto de la subida de los precios mayoristas de la electricidad en la tarifa de los hogares y empresas, medidas que se han ido concretando en normas como el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua; el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad; el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural; y el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Todas estas medidas tienen un impacto fiscal importante y han permitido amortiguar el impacto del alza de la energía en los contratos del sector público, con lo que no procede una doble revisión injustificada de este componente que redundase en un impacto doble sobre los presupuestos públicos.
La revisión excepcional de los precios de los contratos del sector público que se recoge en esta norma, resulta de aplicación incluso en aquellos supuestos en que no procediese conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, bien por no haberse pactado en el contrato, bien por no haber transcurrido el periodo mínimo establecido en la ley o no haberse ejecutado la parte de la obra necesaria para la aplicación de la revisión. Su aplicación podrá alcanzar al ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales existentes en su territorio mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
La utilización de este instrumento de la revisión excepcional de precios tiene la ventaja de su conocimiento por parte de los órganos de contratación, lo que facilita la aplicación urgente e inmediata de la medida, al tiempo que permite una modulación en sus componentes para que únicamente influyan en la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula aquellos costes que se consideren procedentes.
Adicionalmente, se incluye una serie de umbrales que limitan la aplicación de esta revisión únicamente a los supuestos de incrementos excepcionales, así como la cuantía máxima de la cantidad a abonar al contratista permitiendo acotar el impacto presupuestario de la medida.
Finalmente, se regula un sencillo procedimiento que culminaría, si se cumplen las condiciones establecidas, con el reconocimiento de la aplicación de la revisión excepcional de precios. Se añade también una regla sobre el pago de la cuantía resultante de la aplicación de la revisión y varias normas para asegurar la protección de los subcontratistas y para garantizar la ejecución tempestiva de la obra pública.
De acuerdo con ello, se introducen 5 artículos referidos a los casos en los que será posible una revisión excepcional de precios en los contratos de obras y los criterios que se van a seguir para el reconocimiento de dicha revisión excepcional de precios. A continuación, se recogen los criterios para el cálculo de la revisión excepcional de precios, así como el procedimiento a seguir y la forma de pago de la cuantía.
En las disposiciones de la parte final se incorporan algunas medidas adicionales o complementarias a las señaladas.
En las disposiciones adicionales se incluyen una serie de medidas que refuerzan la consecución de los objetivos que se persiguen, así como algunas que necesitan de aprobación también con urgencia.
Se establece el mandato de acordar un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación del Transporte de Mercancías, un Registro de las entidades adheridas y un estándar para certificar las zonas de carga y descarga para impulsar a través de esta intervención la creación de entornos eficientes, seguros y con las infraestructuras que ofrezcan los servicios imprescindibles a sus usuarios, en especial a los conductores profesionales, mejorando las condiciones de desempeño de su profesión.
En el marco de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Gobierno de España, con el fin de asegurar la eficiencia en la organización y celebración del «Global Mobility Call-GMC», concebido como un Foro mundial en el que se pretende reflexionar de forma global y multidisciplinar sobre la realidad actual y futura de la movilidad sostenible, permitiendo así alcanzar conclusiones útiles para la mejora de la vida de las personas y el desarrollo sostenible, la disposición adicional quinta de este real decreto-ley declara el programa «Global Mobility Call-GMC» acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece la duración del programa de apoyo, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022; remite al órgano competente el desarrollo y concreción de las actuaciones a realizar; establece que los beneficios fiscales del programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; y remite a la citada ley por lo que atañe a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.
Se incluye una disposición adicional sexta que regula el régimen fiscal que será de aplicación a la final de la «UEFA Europa League 2022».
También se incluye una disposición adicional séptima, relativa a los acuerdos para el suministro de productos farmacéuticos autorizados bajo cualquiera de las modalidades recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para los que exista una necesidad médica no cubierta en la lucha contra la COVID-19.
Por último, el texto contiene cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales.
Las disposiciones transitorias segunda y tercera tienen como objetivo establecer un régimen transitorio que permita garantizar la continuidad, el cumplimiento y la integra ejecución de los programas de activación para el empleo y de los programas de colaboración social, ya aprobados o en fase de ejecución, dirigidos a la mejora de la empleabilidad, especialmente de colectivos vulnerables, que de otra manera se verían comprometidos.
La disposición transitoria cuarta establece el régimen transitorio aplicable a la reforma de los artículos 277 y 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las disposiciones finales primera, segunda y octava van referidas al título competencial en virtud del cual se dicta este real decreto-ley, la habilitación normativa que se confiere tanto al Gobierno como a las personas titulares del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a la entrada en vigor prevista para el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Merecen mención específica las disposiciones finales que se citan a continuación.
En la disposición final cuarta se complementan las medidas relativas al transporte de mercancías por carretera. No puede obviarse el factor de sostenibilidad ambiental en el desarrollo del transporte de mercancías por carretera, aspecto clave para su modernización e integración en una economía competitiva. Con el fin de llevar a cabo un salto cualitativo para avanzar en este fin, se insta a la modificación del Anexo IX del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, de conformidad con una serie de criterios que hagan posible el incremento ordenado de las masas y dimensiones de los vehículos.
A través de la disposición final quinta de este real decreto-ley se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, ya que, tras la última modificación del citado texto refundido por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, se ha advertido que una misma conducta, consistente en arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, se encuentra tipificada como infracción grave y muy grave, respectivamente, en los artículos 76 n) y 77 x) del referido texto refundido. En la tramitación parlamentaria se introdujo un nuevo artículo 77 x) que castiga esta conducta como infracción muy grave, pero sin modificar el artículo 76 n), que ya contemplaba parcialmente la misma infracción, pero tipificándola como grave.
Por este motivo, se modifica el artículo 76 n) para suprimir del tipo infractor grave la acción consistente en arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, al objeto de eliminar esa duplicidad y solventar el error cometido, de manera que quede únicamente tipificada como infracción muy grave en el artículo 77 x) del texto refundido. Se mantiene en el artículo 76 n) aquella infracción grave la conducta consistente en arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan obstaculizar la libre circulación, que no tiene correlato en el artículo 77 x).
Por otro lado, se introduce a través de la disposición final sexta una modificación necesaria en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en relación con la protección de nivel asistencial por desempleo de las personas trabajadoras fijas discontinuas, con el fin de garantizar el acceso de este colectivo a los subsidios por desempleo en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de personas trabajadoras por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidas por la contingencia de desempleo.
Por último se incluye una nueva disposición final en la que se añade un nuevo párrafo c) a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, dado que en la actualidad hay ciudadanos españoles que forman parte de distintas misiones internacionales en territorios donde potencialmente se registran situaciones de grave riesgo que no están cubiertos por la actual redacción del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, se procede a incluirlos en la cobertura de dicha norma.
IV
Como viene reiteradamente declarando el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018, de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al real decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, se debe considerar que el fin que justifica la legislación de urgencia no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Finalmente, ha de advertirse que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por sí sola, la utilización de la figura del real decreto-ley, pues, y esto es particularmente pertinente en el supuesto que se analiza, el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un real decreto-ley, lo que deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3).
Debe señalarse también que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
En este sentido, y en relación con la prohibición de afectación a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, la consolidada doctrina constitucional, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6), «1.º) (…) este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de dicho límite que supondría el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haciéndolo «inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la Constitución»; 2.º) La cláusula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores); 3.º) El Tribunal no debe fijarse únicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien ha de examinar si ha existido ‘afectación’ por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I CE, lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (…)».
Teniendo en cuenta lo anterior, las circunstancias ya señaladas justifican el recurso a este instrumento normativo.
Así, en primer lugar, resulta absolutamente necesario acometer con carácter urgente una serie de reformas que garanticen la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores.
La extraordinaria urgencia en el desarrollo de estas cuestiones viene motivada por la importancia para el funcionamiento general de la economía de la actividad del transporte de mercancías por carretera, resultando completamente imperativo dotar a la misma de un marco que asegure su funcionamiento equilibrado, además de garantizarse la seguridad jurídica necesaria a los operadores económicos del sector.
El transporte por carretera se ha visto especialmente afectado durante la pandemia porque las medidas tomadas para hacerle frente tuvieron como resultado una reducción la actividad del sector que, si bien se ha recuperado en el año 2021, no se ha traducido en el incremento del precio del transporte, de conformidad con los datos del observatorio de precios elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que no ha permitido una recuperación de la rentabilidad empresarial.
Además, el incremento de los precios de los carburantes ha afectado intensamente a un sector caracterizado por el exceso de oferta y, consecuentemente, por la dificultad de repercutir los incrementos de los costes a sus clientes.
En este escenario de precios estancados con incremento de costes se acentúa más, si cabe, la precarización de los conductores profesionales, que han sufrido un empeoramiento de las condiciones de trabajo en los últimos meses, en el que es imprescindible intervenir para evitar los supuestos de abuso.
Urge, asimismo, recoger un mandato al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Comité Nacional del Transporte por Carretera y asociaciones de empresas cargadoras para aprobar lo antes posible un marco seguro, transparente y cuantificable de compromisos en el ámbito de las relaciones comerciales en dicho mercado, así como del establecimiento de un estándar de zonas de carga y descarga que garantice los servicios necesarios para el desarrollo de su actividad.
En este contexto, ya de por sí problemático para el sector, teniendo en cuenta la creciente internacionalización del transporte, es forzoso y urgente garantizar condiciones de competencia leal, así como la igualdad de condiciones para los trabajadores y las empresas de otros países, siendo apremiante avanzar hacia un control eficaz del cumplimiento de las reglas del juego para evitar que empresas de otros países entren en el mercado interno con costes laborales inferiores.
En esta vía es indispensable incorporar al ordenamiento interno la reciente normativa comunitaria sobre el desplazamiento de conductores, concretamente, la Directiva (UE) 2020/1057, cuyo plazo de transposición terminó el 2 de febrero de 2022, así como actualizar el régimen de infracciones de la LOTT al contenido de la última modificación del Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en vigor desde agosto de 2020.
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea es un objetivo fundamental del Consejo Europeo. A este fin, la Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se le da un alto valor político por su función de medición de la eficacia y credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta del todo prioritario, habida cuenta del escenario diseñado por el Tratado de Lisboa de 2007 por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–).
España viene cumpliendo consistentemente con los objetivos de transposición en los plazos comprometidos desde que resultan fijados los mismos. No obstante, en los últimos años, hechos como el estallido de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, explican la acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas, que requieren de una norma con rango de ley para su incorporación al ordenamiento jurídico interno.
Tal es el caso de la Directiva cuya transposición constituye el objeto del presente real decreto-ley, dado que se encuentra en riesgo de multa con base a lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE. En este sentido, deben considerarse en riesgo de multa aquellas directivas para las que queda menos de 3 meses para que se cumpla su plazo límite de transposición y que necesitan, al menos, una norma con rango de ley para su transposición sin que dicha ley haya empezado su tramitación parlamentaria; así como todas aquellas directivas que tienen ya un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por haberse cumplido su plazo límite de transposición.
Por otro lado, y en lo que se refiere a las medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, tal y como se ha señalado, se cumplen también los presupuestos habilitantes que la citada jurisprudencia viene exigiendo. Las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 han repercutido de una manera directa e imprevisible en la ejecución de determinados contratos públicos, sobre todo los de obras, debido al alza extraordinaria e inesperada del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas obras.
Dicha circunstancia extraordinaria, excepcional e imprevisible ha generado que la ejecución de un número significativo de contratos públicos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente y de forma imprevista la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público.
Esta circunstancia extraordinaria genera una situación económica que resulta urgente atender, ya que en caso contrario las consecuencias económicas y sociales serían mucho más graves. Lo que requiere adopción de medidas normativas inmediatas que permitan paliar de forma urgente esta situación económica inesperada que la pandemia ha originado.
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse relativos a la situación económica generada por la pandemia en el ámbito de los precios de determinados bienes y que requieren medidas inmediatas y urgentes para evitar la gravedad de las consecuencias económicas y sociales, demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Por otra parte, la convocatoria de la primera edición del «Global Mobility Call» para el mes de junio de 2022, como primer gran congreso global de movilidad de personas y mercancías con presencia de los principales sectores industriales relacionados con la movilidad, para atraer inversiones para el desarrollo de la movilidad integrada, hace que su declaración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público a efectos de la aplicación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, revista carácter de extraordinaria urgencia.
Cabe señalar también que la celebración el 18 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla de la final de la «UEFA Europa League 2022» requiere la regulación de un régimen fiscal específico. La proximidad de la fecha de dicho evento, que hace inviable que dicha regulación, sujeta al principio de reserva de ley por mor de lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se tramite mediante una ley ordinaria, unido a la necesidad de que con una antelación suficiente se disponga del marco tributario que resultará de aplicación, en aras del principio de seguridad jurídica, justifican su incorporación al Derecho positivo mediante este real decreto-ley, de suerte que concurre la extraordinaria y urgente necesidad que, como presupuesto habilitante de la figura del real decreto-ley, establece la Constitución Española.
En relación con la medida relacionada con la autorización para celebrar acuerdos para el suministro de productos farmacéuticos autorizados bajo cualquiera de las modalidades recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para los que exista una necesidad médica no cubierta en la lucha contra la COVID-19, las razones que justifican la urgencia derivan de que se trata de una medida necesaria para permitir el suministro de productos que permitan avanzar en la lucha contra la COVID-19 y evitar los contagios, la afección al sistema sanitario y los fallecimientos que dicha enfermedad pueda ocasionar.
En cuanto a la urgente y extraordinaria necesidad que requiere el artículo 86.1 de la Constitución Española, respecto de las medidas que establecen un régimen transitorio para garantizar la plena ejecución de los programas de activación de empleo, nos encontramos con sendas disposiciones que deben adoptarse con carácter inmediato para evitar perjuicios graves y directos a las personas desempleadas beneficiarias de aquellos, perjuicios que se seguirían de su incumplimiento o el cumplimento parcial de los citados programas.
Tal es el caso del Programa Garantía +52 años, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dirigido a la mejora de la empleabilidad de personas mayores de 52 años, perceptoras del subsidio para mayores de 52 años, y dirigidas a colectivos de especial vulnerabilidad y graves problemas de acceso al mercado de trabajo.
Respecto de las modificaciones que se llevan a efecto en el nivel asistencial de las personas trabajadoras fijas discontinuas resulta imprescindible para el cumplimiento efectivo de los objetivos esenciales pretendidos con la reciente reforma abordada a través del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el sentido de evitar situaciones que puedan desincentivar la puesta en marcha de las medidas que la norma incorpora para la regulación del mercado de trabajo y que pueda desplegar plenamente sus efectos, como la reducción al máximo de la tasa de temporalidad.
Lo anterior exige que se resuelva y entre en vigor con carácter inmediato una medida que evite el desequilibrio existente y una diferencia de trato- ahora injustificada- en la protección por desempleo de las personas trabajadoras a las que les es de aplicación el contrato fijo-discontinuo respecto de los trabajadores temporales.
Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.
V
Esta norma se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, habiéndose identificado los fines perseguidos y entendiéndose que es el real decreto-ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habiéndose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garantía del principio de seguridad jurídica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, y especialmente con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas afectadas.
Con esta norma, de igual manera, se observa el principio de transparencia, al definir claramente la situación que la motiva y sus objetivos, descritos en la parte expositiva del texto y en el apartado correspondiente de la memoria del análisis de impacto normativo, sin que se hayan realizado los trámites de participación pública que se establecen en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, al amparo de la excepción que, para los reales decretos-leyes, regula el apartado 11 del aludido precepto, salvo en el supuesto de los preceptos de transposición de la Directiva (UE) 2020/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, que han sido objeto de información pública y se han sometido a informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, del Comité Nacional del Transporte por Carretera y de las comunidades autónomas.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos y empresas, de forma que la norma no incorpora ninguna carga administrativa adicional que no sean imprescindibles por el cumplimiento de la normativa comunitaria.
VI
Los artículos 1, 2, 4 y 5, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria cuarta y las disposiciones finales quinta y sexta se dictan al amparo de las competencias expresadas en la norma objeto de modificación.
El artículo 3 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral.
Los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil.
La disposición adicional tercera se dicta al amparo de la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La disposición adicional quinta se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.10 y 149.1.14 que atribuyen, respectivamente, al Estado competencia exclusiva sobre Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior y sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
La disposición adicional sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
La disposición adicional séptima se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de las Ministras de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Hacienda y Función Pública, de Trabajo y Economía Social, de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Asuntos Económicos y Transformación Digital y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2022,
DISPONGO:
TÍTULO I
Medidas en materia de transporte de mercancías por carretera
Artículo 1. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se añade un apartado 6 en el artículo 33 con la siguiente redacción:
«6. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podrá encargar a organismos públicos y a sociedades mercantiles estatales que tengan la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho público, la ejecución de actuaciones propias de la Inspección en cuanto a la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos o especializados que afecten a la ordenación del transporte terrestre.»
Dos. Se añaden cinco nuevos apartados al artículo 140.37 con la siguiente redacción:
«37.7 Tomar en un vehículo los periodos de descanso semanal normal o cualquier periodo de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como compensación de periodos de descanso semanal reducidos.
37.8 Cuando el conductor se encuentre fuera de su domicilio, tomar el descanso semanal normal o cualquier periodo de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como compensación de periodos de descanso semanal reducidos previos en alojamientos que no sean apropiados y adaptados para ambos sexos que no dispongan de instalaciones para dormir y sanitarias adecuadas.
37.9 La no organización del trabajo por parte de la empresa de transporte, de tal manera que el conductor no pueda regresar al centro operativo del empleador o a su lugar de residencia cada cuatro semanas consecutivas, siempre que no resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente.
37.10 La no organización, por parte de la empresa de transporte, del trabajo del conductor, de tal manera que éste pueda regresar antes de finalizar la tercera semana al centro operativo del empleador o a su lugar de residencia, después de haber tomado dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos, en el marco de un transporte internacional de mercancías, antes del inicio del período de descanso semanal normal de más de 45 horas que tome como compensación.
37.11 No realizar el conductor la compensación de los dos descansos semanales reducidos consecutivos, en el marco de un transporte internacional de mercancías, precediendo al siguiente período de descanso semanal normal y unido a este.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 41 al artículo 140 con la siguiente redacción:
«41. La realización de las operaciones de carga o descarga por el propio conductor del vehículo contraviniendo las limitaciones que resulten de aplicación de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Se presume que la responsabilidad por dicha infracción corresponde tanto a la empresa bajo cuya dirección actúe el conductor del vehículo, como al cargador, expedidor, intermediario y destinatario que hubieran intervenido en el transporte.»
Cuatro. Se modifica el artículo 141.17, como sigue:
«17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria.
Incurrirán en esta infracción aquellas empresas que no velen debidamente porque los conductores dispongan en formato papel o electrónico de la documentación que resulte obligatoria en los controles en carretera.
Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de conservación de dicha documentación, así como su falta de comunicación a la Administración o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo que al efecto se determine reglamentariamente.
En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten su contenido o retrasen injustificadamente su comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre que en cada caso resulten competentes.
No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 12, 21, 22 ó 35 del artículo 140 o calificarse conforme a lo señalado en los puntos 9 ó 10 de este artículo.»
Cinco. Se añade un nuevo apartado al artículo 141.24 con la siguiente redacción:
«24.6 Cuando el conductor se encuentre fuera de su domicilio, no hacerse cargo el empresario de todos los gastos de alojamiento realizados fuera del vehículo en los descansos semanales normales y en los periodos de descanso de más 45 horas tomados como compensación.»
Seis. Se añade un nuevo apartado 27 al artículo 141 con la siguiente redacción:
«27. El no incorporar en el tacógrafo los símbolos de los países cuyas fronteras se cruzaron por el conductor durante el período de trabajo diario.»
Siete. Se modifica el artículo 143.1.f) como sigue:
«f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 27 del artículo 141 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 1.501 a 3.000 euros, la infracción prevista en el punto 26 del artículo 141.»
Ocho. Se modifica el artículo 143.1.g) como sigue:
«g) Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.3 a 37.9, 38 y 39 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 3.001 a 4.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.»
Nueve. Se modifica el artículo 143.1.h) como sigue:
«h) Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37.10 y 37.11 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 4.001 a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.»
Diez. Se modifica el artículo 143.1.i) como sigue:
«i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37.1, 37.2 y 41 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte sea superior a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.»
Once. Se introduce una nueva disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera.
1. Los conductores de vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada no podrán participar en las operaciones de carga o descarga de las mercancías ni de sus soportes, envases, contenedores o jaulas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Transporte de mudanzas y guardamuebles.
b) Transporte en vehículos cisterna.
c) Transporte de áridos o el efectuado en vehículos basculantes o provistos de grúa u otros dispositivos inherentes al vehículo destinados a realizar las operaciones de carga y descarga.
d) Transporte en portavehículos y grúas de auxilio en carretera.
e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta según lo que se determine reglamentariamente, servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona.
A efectos de esta letra, se entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en el que resulten necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, clasificación, u otras similares.
f) Transporte de animales vivos, en los puestos de control aprobados de conformidad con la normativa comunitaria, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la normativa sobre la protección de los animales durante su transporte.
g) Supuestos en los que la normativa reguladora de determinados tipos de transporte establezca específicamente otra cosa en relación con la participación del conductor.
h) Los supuestos que reglamentariamente se establezcan, siempre que se garantice la seguridad del conductor.
2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación a todas las operaciones de carga y descarga que se efectúen en territorio español.»
Artículo 2. Modificación de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga se haya pactado por escrito que corresponden al porteador contra el pago de un suplemento respecto del precio del transporte. En ausencia de formalización por escrito de dicho pacto, se presumirá no acordado.
Cuando se realicen por el porteador las operaciones de carga y descarga, la contraprestación pactada deberá reflejarse en la factura de manera diferenciada respecto del precio del transporte.
Las operaciones de estiba y desestiba de las mercancías a bordo de los vehículos serán por cuenta, respectivamente del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se asuman por el porteador.»
Dos. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Artículo 22. Paralizaciones.
1. Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a una hora hasta que se concluya su carga o descarga, el porteador podrá exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización.
2. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga o descarga en los términos requeridos por el contrato.
3. Salvo que se haya pactado expresamente una indemnización superior para este supuesto, la paralización del vehículo por causas no imputables al porteador, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una indemnización en cuantía equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día multiplicado por 2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se tenga en cuenta la primera hora ni se computen más de diez horas diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 25 por ciento. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para el primer día incrementada en un 50 por ciento.»
Tres. El artículo 38 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 38. Revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible.
1. En los transportes por carretera, cuando el precio del combustible hubiese variado entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte, el porteador, así como el obligado al pago incrementarán o reducirán, en su caso, el precio inicialmente pactado en la cuantía que resulte de aplicar los criterios o fórmulas que, en cada momento, tenga establecidos la Administración en las correspondientes condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera.
La variación respecto del precio inicialmente pactado se reflejará en la factura de manera desglosada, salvo que expresamente se hubiera recogido en el contrato otra forma de reflejar este ajuste.
Dichos criterios o fórmulas deberán basarse en la repercusión que la partida de combustible tenga sobre la estructura de costes de los vehículos de transporte de mercancías.
2. La previsión del apartado anterior estará condicionada a que el precio del combustible hubiera experimentado una variación igual o superior al 5 por ciento, salvo que, expresamente y por escrito, se hubiera pactado un umbral menor previa o simultáneamente a la celebración del contrato.
En los contratos de transporte continuado se aplicarán de forma automática los incrementos o reducciones determinados por la aplicación de los anteriores criterios o fórmulas con carácter trimestral en relación con el precio inicialmente pactado, salvo que se pacte otra periodicidad menor.
3. El pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.»
Cuatro. Se añade una disposición adicional séptima, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional séptima. Indemnización por paralización del vehículo durante el viaje.
Cuando fuese necesario valorar el perjuicio que ocasiona a un porteador tener paralizado el vehículo con el que se dedica a la realización profesional de transportes por carretera, como consecuencia de cualquier circunstancia que no le sea imputable, se utilizará como un criterio de referencia el establecido en el artículo 22.3 de esta ley.»
Artículo 3. Modificación de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
La Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo capítulo V redactado en los siguientes términos:
«CAPÍTULO V
Normas especiales para los conductores en el transporte por carretera
Artículo 18. Ámbito de aplicación de las normas especiales.
1. Las normas especiales para el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera establecidas en este capítulo solo serán de aplicación cuando se trate de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el artículo 2.1.1.ºa).
El resto de disposiciones de la presente ley serán de aplicación en lo no previsto en este capítulo y en tanto no se opongan al mismo.
Se exceptúa de lo anterior lo dispuesto en el artículo 3.3, de manera que las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario serán de aplicación en los desplazamientos de conductores en el transporte por carretera, cualquiera que sea su duración.
2. Se entiende por Estado de establecimiento aquél en que esté establecida la empresa transportista.
3. Este capítulo será de aplicación a las empresas establecidas en terceros países cuando realicen operaciones de transporte con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales que den acceso al mercado de la Unión Europea.
Artículo 19. Exclusiones en el transporte internacional de mercancías.
1. Un conductor no se considerará trabajador desplazado a efectos de esta ley cuando realice operaciones de transporte bilateral de mercancías basado en un contrato de transporte desde el Estado miembro de establecimiento hasta España o bien desde España al Estado miembro de establecimiento.
No se considerará desplazado un conductor cuando esté realizando el trayecto por carretera inicial o final de una operación de transporte combinado tal como se define en la Directiva 92/106/CEE, si dicho trayecto por carretera, considerado aisladamente, es una operación de transporte bilateral, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior.
2. Tampoco se considerará trabajador desplazado al conductor cuando, además de realizar una operación de transporte bilateral desde el Estado miembro de establecimiento hasta otro Estado miembro o tercer país o desde otro Estado miembro o tercer país al Estado miembro de establecimiento, realice una actividad de carga y/o descarga en los Estados miembros o terceros países que atraviese, siempre que no cargue y descargue mercancías en el mismo Estado miembro, es decir, siempre que no realice transporte interno o de cabotaje.
Cuando durante la operación de transporte bilateral que comience en el Estado miembro de establecimiento no se realice otra actividad adicional de carga y/o descarga y vaya seguida de una operación de transporte bilateral hacia el Estado miembro de establecimiento, la exclusión con respecto a las actividades adicionales se aplicará como máximo a dos actividades adicionales de carga y/o descarga, en las condiciones establecidas en el párrafo anterior.
Las exclusiones respecto a actividades adicionales de carga y/o descarga establecidas en los dos párrafos anteriores se aplicarán siempre que los conductores registren manualmente los datos de cruce de fronteras de acuerdo con el artículo 34.7 del Reglamento (UE) 165/2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, hasta la fecha en que los tacógrafos inteligentes que cumplen el requisito de registro de los cruces de fronteras y otras actividades adicionales a que se refiere el artículo 8.1, párrafo primero, del citado Reglamento (UE) 165/2014 deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez con arreglo al artículo 8.1, párrafo cuarto, de dicho Reglamento. A partir de tal fecha, las citadas exclusiones respecto a actividades adicionales se aplicarán únicamente a los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento (UE) 165/2014.
3. En ningún caso se considerará trabajador desplazado al conductor que transite por España sin cargar ni descargar mercancías en su territorio.
Artículo 20. Exclusiones en el transporte internacional de viajeros.
1. Un conductor no se considerará trabajador desplazado a efectos de esta ley cuando realice operaciones de transporte bilateral de viajeros a que se refiere el Reglamento (CE) 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) 561/2006, recogiendo viajeros en el Estado miembro de establecimiento y dejándolos en España, o bien recogiéndolos en España y dejándolos en el Estado miembro de establecimiento, o recogiéndolos y dejándolos en el Estado miembro de establecimiento con el fin de realizar excursiones locales en España, de conformidad con el citado reglamento.
2. Esta exclusión con respecto a las operaciones de transporte bilateral de viajeros también se aplicará cuando, además de realizar una operación de transporte bilateral desde el Estado miembro de establecimiento hasta otro Estado miembro o tercer país o desde otro Estado miembro o tercer país al Estado miembro de establecimiento, el conductor recoja viajeros una vez y/o deje viajeros una vez en Estados miembros o terceros países que atraviese, siempre y cuando no ofrezca servicios de transporte de viajeros entre dos lugares situados dentro del Estado miembro que atraviese. Lo anterior también será de aplicación al viaje de vuelta.
La exclusión respecto a actividades adicionales establecida en el párrafo anterior se aplicará, siempre que los conductores registren manualmente los datos de cruce de fronteras, de acuerdo con el artículo 34.7 del Reglamento (UE) 165/2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, hasta la fecha a partir de la cual los tacógrafos inteligentes que cumplan el requisito de registro de los cruces de fronteras y otras actividades adicionales a que se refiere el artículo 8.1, párrafo primero, del Reglamento (UE) 165/2014 deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez con arreglo al artículo 8.1, párrafo cuarto, del citado Reglamento. A partir de esa fecha, la exclusión respecto a actividades adicionales establecida en el párrafo anterior se aplicará únicamente a los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, de acuerdo con los artículos 8, 9 y 10 de dicho Reglamento.
3. En ningún caso se considerará trabajador desplazado al conductor que transite por España sin recoger ni dejar viajeros en su territorio.
Artículo 21. Transporte de cabotaje y otros supuestos de desplazamiento.
1. El conductor que realice transporte de cabotaje, tal como se define en los Reglamentos (CE) 1072/2009 y 1073/2009, se considerará en todo caso trabajador desplazado.
2. Las operaciones de transporte internacional no bilateral que se realicen entre un Estado distinto al de establecimiento y España, serán consideradas desplazamiento cuando se reúnan las condiciones previstas en esta ley.
3. Cuando en las operaciones de transporte internacional bilateral las actividades adicionales excedan de las previstas por los artículos 19 y 20 se considerará que la empresa de transporte realiza un desplazamiento.
Artículo 22. Comunicaciones sobre el desplazamiento de conductores.
1. En el caso de los desplazamientos de conductores a los que se refiere este capítulo no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5. En todo caso, la empresa transportista deberá realizar una comunicación de desplazamiento, antes de su inicio, utilizando un formulario multilingüe estándar de la interfaz pública conectada al Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), establecido por el Reglamento (UE) 1024/2012. Dicha comunicación de desplazamiento incluirá la siguiente información:
a) La identidad de la empresa transportista, como mínimo en forma de número de licencia comunitaria, cuando se disponga de este número,
b) Los datos de contacto de un gestor de transporte o de otra persona de contacto que se halle en el Estado miembro de establecimiento para el enlace con las autoridades laborales competentes y para el envío y la recepción de documentos o notificaciones,
c) La identidad, el domicilio y el número de permiso de conducción del conductor,
d) La fecha de inicio del contrato de trabajo del conductor y la legislación aplicable a dicho contrato,
e) Las fechas previstas del inicio y de la finalización del desplazamiento,
f) Las matrículas de los vehículos a motor,
g) El tipo de servicio de transporte prestado: transporte de mercancías, transporte de viajeros, transporte internacional o transportes de cabotaje.
2. A efectos de control, la empresa transportista mantendrá actualizadas en la interfaz pública conectada al IMI las comunicaciones de desplazamiento a que se refiere el apartado 1.
3. La información de las comunicaciones de desplazamiento se guardará en el repositorio del IMI a efectos de verificación durante un periodo de veinticuatro meses.
4. Los cargadores que, en el marco de una actividad empresarial, contraten la realización de transportes de forma habitual, los transportistas, los operadores de transporte y los intermediarios del transporte de viajeros, deberán comprobar el cumplimiento por el transportista efectivo, con el que contraten, de la obligación prevista en el apartado 1.
Artículo 23. Obligaciones documentales de la empresa transportista en caso de desplazamiento de conductores.
1. La empresa transportista deberá garantizar que el conductor tenga a su disposición, en papel o en formato electrónico, debiendo conservar y facilitar, cuando se le solicite en un control en carretera:
a) Una copia de la comunicación de desplazamiento presentada a través del IMI.
b) Prueba de las operaciones de transporte que se efectúen en el Estado miembro de acogida, como la carta de porte electrónica (e-CMR) o las pruebas a que se refiere el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) 1072/2009.
c) Los datos registrados por el tacógrafo y, en particular, los símbolos de país de los Estados miembros en que el conductor estuvo presente al realizar operaciones de transporte internacional por carretera o transportes de cabotaje, de conformidad con los requisitos de registro y archivo de datos establecidos en los Reglamentos (CE) 561/2006 y (UE) 165/2014.
2. Después del periodo de desplazamiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Inspección de Transporte Terrestre, en el marco de sus respectivas competencias, podrán requerir a la empresa transportista para que envíe a través de la interfaz pública conectada al IMI copia de los documentos enumerados en las letras b) y c) del apartado anterior, así como la documentación relativa a la remuneración del conductor correspondiente al período de desplazamiento, el contrato de trabajo o un documento equivalente y las fichas con los horarios del conductor y la prueba de los pagos.
La empresa transportista enviará la documentación a través de la interfaz pública conectada al IMI en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de la solicitud. Si la empresa transportista no presenta la documentación solicitada en dicho plazo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Inspección de Transporte Terrestre podrá solicitar, a través del IMI, la asistencia de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento.
Recíprocamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española y la Inspección del Transporte Terrestre, en el caso de empresas transportistas establecidas en España cuyos conductores se hayan desplazado, garantizarán que se proporcionen a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que haya tenido lugar el desplazamiento la documentación solicitada a través del IMI, en un plazo de veinticinco días hábiles a partir de la fecha de la solicitud de asistencia mutua.
Artículo 24. Control de las exclusiones de los artículos 19 y 20.
A efectos de control, en los supuestos enumerados en los artículos 19 y 20 únicamente se podrá requerir a los conductores que conserven y faciliten, cuando así se les solicite en el control en carretera, la prueba en papel o en formato electrónico de los transportes internacionales pertinentes, como la carta de porte electrónica (e-CMR) o las pruebas a que se refiere el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) 1072/2009, y los datos registrados por el tacógrafo a que se refiere la letra c) del artículo 23 de esta ley.
Artículo 25. Cómputo del periodo de desplazamiento.
A efectos de determinar la duración del desplazamiento conforme al artículo 3.8, se considerará que un desplazamiento finaliza cuando el conductor deja el Estado miembro de acogida como parte de su actividad de transporte internacional de mercancías o de pasajeros. Dicho período de desplazamiento no se acumulará a períodos de desplazamiento previos en el contexto de tales operaciones internacionales realizadas por el mismo conductor o por otro conductor al que haya sustituido.»
Dos. Los apartados 1 y 3 de la disposición adicional primera quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Las empresas establecidas en España que desplacen temporalmente a sus trabajadores al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el marco de una prestación de servicios transnacional deberán garantizar a éstos las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012, sin perjuicio de la aplicación a los mismos de condiciones de trabajo más favorables derivadas de lo dispuesto en la legislación aplicable a su contrato de trabajo, en los convenios colectivos o en los contratos individuales.»
«3. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones de los empresarios a que se refiere el apartado 1 por las que se incumplan las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020.»
Tres. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional undécima. Comunicación de desplazamiento de las empresas establecidas en terceros países.
Cuando las empresas establecidas en terceros países a que se refiere el artículo 18.3 no tengan permitido utilizar el formulario multilingüe estándar de la interfaz pública conectada al Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para la realización de la comunicación de desplazamiento prevista en el artículo 22.1, tales empresas realizarán esta comunicación por medios electrónicos ante la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se inicie o finalice el servicio en España. En el caso de un transporte de cabotaje, la comunicación se realizará ante la autoridad laboral española competente por razón del territorio donde se inicie el servicio.»
Artículo 4. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 10.3 queda redactado en los siguientes términos:
«3. Son infracciones muy graves:
a) La ausencia de comunicación de desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos contenidos en la misma.
b) El desplazamiento fraudulento de personas trabajadoras por empresas que no desarrollan actividades sustantivas en su Estado de establecimiento, así como el desplazamiento fraudulento de personas trabajadoras que no desempeñen normalmente su trabajo en el Estado Miembro de origen según lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.»
Dos. Se añaden dos nuevas letras al artículo 23.1 con el siguiente contenido:
«l) Incumplir lo dispuesto en los Reglamentos de la Unión Europea sobre Coordinación de Sistemas de Seguridad Social, respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable, cuando dicho incumplimiento dé lugar a la inscripción o alta en el sistema de seguridad social español de empresas, trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.
m) Incumplir lo dispuesto en los Reglamentos de la Unión Europea sobre Coordinación de Sistemas de Seguridad Social, respecto a la determinación de la legislación de seguridad social aplicable, cuando dicho incumplimiento dé lugar a la falta de alta y cotización en el sistema de seguridad social español de personas desplazadas a España desde otro Estado Miembro de la Unión Europea, ya se trate de una empresa que desplace trabajadores para prestar servicios por cuenta ajena o de personas que se desplacen para prestar servicios por cuenta propia.»
Tres. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 42 redactado en los siguientes términos, reenumerándose los apartados 4 y 5 como 5 y 6 respectivamente:
«4. Los sujetos a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional responderán solidariamente con la empresa transportista de las infracciones previstas en el artículo 10 en lo que se refiere a la obligación de comunicar el desplazamiento en la forma prevista por el artículo 22.1 de dicha Ley.»
Artículo 5. Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 16 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes términos, renumerándose los actuales apartados 7, 8, 9, 10 y 11 como apartados 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente:
«7. Las autoridades competentes en materia de transporte terrestre facilitarán a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información de que dispongan con trascendencia en el ejercicio de la función inspectora y, en particular, la necesaria para la vigilancia, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de lo previsto en el capítulo V de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.»
TÍTULO II
Medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público
Artículo 6. Casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos de obras.
1. Excepcionalmente, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida en este real decreto-ley.
Dicha revisión excepcional se reconocerá con independencia del régimen jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato.
Esta previsión será también aplicable a los contratos privados de obras a que alude el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. La posibilidad de revisión excepcional de precios a la que alude este real decreto-ley será igualmente aplicable, en las mismas condiciones establecidas en este real decreto-ley, a los contratos públicos de obras que se sometan a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
3. Lo dispuesto en este Título también será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden.
Artículo 7. Reconocimiento de la revisión excepcional de precios.
1. La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
A estos efectos se considerará que existe tal impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el ejercicio 2021 su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5 por ciento del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021. El cálculo de dicho incremento se efectuará suprimiendo de la fórmula aplicable al contrato los términos que representan los elementos de coste distintos de los antes citados, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor de los coeficientes de los términos suprimidos, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad.
2. La cuantía de la revisión excepcional a la que se refiere este artículo no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Dicha cuantía no se tomará en consideración a los efectos del límite del 50 por ciento previsto en el artículo 205.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en el artículo 111.2 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero; ni a los efectos de otros límites sobre modificaciones previstos en la normativa anterior que fuese de aplicación al contrato.
Artículo 8. Criterios de cálculo de la revisión excepcional de precios.
La cuantía resultante de la revisión excepcional se calculará de la siguiente manera:
a) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras establezca una fórmula de revisión de precios, dicha cuantía será el incremento que resulte de la aplicación de dicha fórmula modificada suprimiendo el término que represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término suprimido, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad, a las certificaciones de lo ejecutado durante el periodo desde el 1 de enero de 2021 hasta el momento en el que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 103 de la Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pueda ser efectiva la revisión prevista en la cláusula. Transcurrido este periodo, el contrato se regirá por lo establecido en el pliego.
b) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares no establezca la fórmula de revisión de precios, dicha cuantía se determinará como la diferencia entre el importe certificado por la ejecución de la obra cada año desde 1 de enero de 2021 hasta la conclusión del contrato y el que se habría certificado si dicha ejecución hubiera tenido derecho a revisión de precios, aplicando la fórmula que hubiera correspondido al contrato de entre las mencionadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, modificada suprimiendo el término que represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término suprimido, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad. Esta regla se aplicará aunque todavía no se hubiera ejecutado el 20 por ciento del importe del contrato o no hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.
En ambos casos, la fecha a considerar como referencia para los índices de precios representados con subíndice 0 en las fórmulas de revisión será la fecha de formalización del contrato, salvo que ésta sea anterior al 1 de enero 2021, en cuyo caso se tomará como referencia el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 9. Procedimiento para la revisión excepcional de precios.
1. La revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa solicitud del contratista, que deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley o bien desde la publicación de los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre del año 2021, si dicha publicación fuera posterior.
2. La solicitud irá acompañada de la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de la circunstancia de excepcionalidad establecida en este real decreto-ley.
El órgano de contratación deberá apreciar el cumplimiento de la mencionada circunstancia. Para ello, y siempre que sea posible, el órgano de contratación utilizará datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística. En caso de no aportarse debidamente la citada documentación el órgano de contratación concederá un plazo improrrogable de siete días hábiles para subsanar tal defecto. En caso de que en dicho plazo no se subsanase la deficiencia, denegará la solicitud.
3. Una vez recibida la documentación, el órgano de contratación dictará una propuesta provisional indicando en ella si procede reconocer la revisión excepcional de precios y, de ser así, la fórmula aplicable al contrato. De esta propuesta se dará traslado al contratista por un plazo de 10 días hábiles para que presente sus alegaciones.
Transcurrido el citado plazo, el órgano de contratación resolverá motivadamente lo que proceda en el plazo de un mes a contar desde la recepción de las alegaciones o desde la finalización del plazo para su presentación. La concesión de la revisión excepcional de precios no requerirá el reajuste de la garantía definitiva.
La finalización del plazo máximo para resolver sin haber tenido resolución expresa, faculta al solicitante para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 10. Pago de la cuantía resultante de la revisión excepcional de precios.
1. El pago de la cuantía resultante de la revisión excepcional de precios quedará condicionado, en caso de que el contratista hubiera interpuesto cualesquiera reclamaciones o recursos en vía administrativa o ejercitado cualquier tipo de acción judicial por causa del incremento del coste de los materiales en ese contrato, a que acredite fehacientemente que ha desistido de aquéllos.
2. La cuantía resultante de esta revisión excepcional se aplicará en la certificación final de la obra como partida adicional con pleno respeto a la legislación presupuestaria. El órgano de contratación estará facultado, siempre que cumpla con los requisitos exigidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para realizar pagos a cuenta por el importe de la revisión calculada a la fecha de pago de cada certificación de obra.
El importe se corregirá, en su caso, al alza o a la baja, en la liquidación del contrato, con los índices oficiales definitivos correspondientes al período en que se haya aplicado la revisión.
3. El contratista que perciba la cuantía resultante de esta revisión excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte de la misma que corresponda a la porción de la obra subcontratada. El subcontratista tendrá acción contra el contratista para reclamarle dicha parte. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
4. En los casos en que se haya reconocido al contratista el derecho a la revisión excepcional de precios, el órgano de contratación, previa audiencia del contratista, deberá aprobar un nuevo programa de trabajo adaptado a las circunstancias actuales de la obra. El contratista estará obligado a cumplir el citado programa.
El incumplimiento del programa de trabajo por causa imputable al contratista, una vez percibida la cuantía resultante de la revisión excepcional en todo o en parte, producirá los siguientes efectos:
a) Si el retraso fuera superior a un mes, el órgano de contratación podrá imponer al contratista multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa será proporcional al daño causado al interés público, con un límite máximo de 10.000 euros al día.
b) Si el retraso fuera superior a dos meses, el órgano de contratación podrá imponer además al contratista una penalidad del diez por ciento del precio de adjudicación del contrato.
c) Si el retraso fuera superior a tres meses, sin perjuicio de las multas y penalidades ya impuestas, el contratista perderá el derecho a la revisión excepcional de precios y estará obligado a devolver todas las cantidades que en tal concepto hubiera recibido. En este caso, el órgano de contratación podrá, previa audiencia al contratista, declarar resuelto el contrato por culpa del contratista a los efectos previstos en el artículo 71.2 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
5. Los acuerdos que se adopten en aplicación de lo previsto en este artículo serán inmediatamente ejecutivos. Todas las deudas que de ellos deriven podrán hacerse efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir estas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación aplicables.
Disposición adicional primera. Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías.
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá acordar un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte de mercancías por carretera con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera y con las asociaciones más representativas de cargadores.
2. El Código establecerá unos compromisos sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena de contratación, con objeto de facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales, así como la observancia de las mejores prácticas en dichas relaciones.
3. El Código podrá contener acuerdos específicos de ámbito sectorial, con objeto de poder contemplar con mayor precisión los aspectos propios de aquellos sectores que lo requieran.
4. La adhesión al Código de buenas prácticas mercantiles será voluntaria, si bien desde su adhesión los operadores estarán obligados a que sus relaciones comerciales se ajusten a los compromisos que en el mismo se contengan. El incumplimiento reiterado de tales compromisos supondrá la anulación de la adhesión, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente, en virtud del procedimiento que reglamentariamente se determine.
5. Con objeto de mantener actualizado el contenido del Código, se contemplará en el mismo la constitución de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y representantes del Comité y de las asociaciones de empresas cargadoras, que analizará anualmente los resultados obtenidos en la aplicación del Código y propondrá, en su caso, las modificaciones a introducir para su adaptación a la realidad del momento o la introducción de nuevos compromisos no contemplados anteriormente. Asimismo, la Comisión de Seguimiento podrá proponer la anulación de la adhesión del empresario y la cancelación de la correspondiente adhesión en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Servicios de Transporte Terrestre, de aquellos operadores de los que se tenga conocimiento que incumplen reiteradamente los términos de su compromiso de adhesión.
6. El contenido del Código respetará, en todo caso, la normativa de defensa de la competencia y será objeto de una publicidad suficiente para su debido conocimiento por el conjunto de operadores implicados.
Disposición adicional segunda. Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías.
1. Se crea en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Servicios de Transporte Terrestre, como instrumento público que agrupará a todas aquellas entidades que se adhieran voluntariamente al Código al que hace referencia la disposición adicional primera. Los operadores que cumplan con lo previsto en el apartado anterior deberán comunicarlo a la Dirección General de Transporte Terrestre, que procederá a su inscripción en el Registro.
Una vez inscritos, podrán utilizar la mención de «Acogido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Servicios de Transporte Terrestre».
2. Se dará publicidad de los operadores que figuren inscritos en el Registro en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, dicho Ministerio participará en la promoción del Código entre la ciudadanía.
3. El incumplimiento reiterado del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación de Servicios de Transporte determinará la anulación de la adhesión del empresario y la cancelación de la correspondiente adhesión.
4. La inscripción de los operadores en el Registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que se promuevan por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
5. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro y, específicamente, el procedimiento para la anulación de la adhesión y cancelación de la inscripción en el mismo.
Disposición adicional tercera. Estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga.
1. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elaborará un estándar para la certificación de las zonas de carga y descarga en relación con las instalaciones y los servicios disponibles, tanto físicos como digitales, que fijará tanto los aspectos relativos al tratamiento de la mercancía como la calidad de los servicios disponibles para el personal de la instalación y los transportistas de mercancías por carretera.
2. El estándar será sometido a informe de las Comunidades Autónomas, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo Nacional del Transporte Terrestre y de las asociaciones más representativas de cargadores.
3. Los titulares y/o explotadores de las zonas de carga y descarga podrán voluntariamente certificar el cumplimiento de dicho estándar en relación con sus instalaciones y servicios disponibles, dentro del sistema de gestión de calidad que tuvieran implantado.
Disposición adicional cuarta. Aplicación al sector del transporte por carretera de las modificaciones del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.
De conformidad con la disposición transitoria sexta del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, en materia de desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, las modificaciones de textos legales en materia laboral contenidas en los artículos undécimo a decimocuarto de dicho Real Decreto-ley serán, a partir de la entrada en vigor de esta norma, de aplicación íntegra al sector del transporte por carretera, de acuerdo con las normas especiales previstas en el capítulo V de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, añadido por este real decreto-ley.
Disposición adicional quinta. Beneficios fiscales aplicables al «Global Mobility Call».
1. La celebración del «Global Mobility Call» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2022.
3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional sexta. Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Europa League 2022».
1. El régimen fiscal de la entidad organizadora de la final de la «UEFA Europa League 2022» y de los equipos participantes será el siguiente:
Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo de la final de la «UEFA Europa League 2022» por la entidad organizadora o por los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en él.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará igualmente en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora de la final de la «UEFA Europa League 2022» o los equipos participantes constituyan en España con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su celebración y en la medida que estén directamente relacionadas con su participación en él.
Estarán exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Europa League 2022» o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Europa League 2022» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.
2. Régimen fiscal de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes será el siguiente:
a) No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Europa League 2022» y en la medida en que estén directamente relacionadas con su participación en aquella.
b) Las personas físicas que adquieran la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo de la final de la «UEFA Europa League 2022» podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los términos y condiciones previstos en el artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
3. El régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de la final de la «UEFA Europa League 2022» será el siguiente:
a) Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la final de la «UEFA Europa League 2022» será el que resulte de las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, y demás legislación aduanera de aplicación.
b) Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 251 del código aduanero de la Unión y al artículo 7 del Convenio relativo a la Importación Temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el número 1 de este apartado que se vinculen al régimen aduanero de importación temporal podrán permanecer al amparo de dicho régimen por un plazo máximo de 24 meses desde su vinculación al mismo, que, en todo caso, expirará, a más tardar, el 31 de diciembre del año siguiente al de la finalización de la final de la «UEFA Europa League 2022».
c) Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este apartado tres.
4. La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido será la siguiente:
a) Por excepción a lo dispuesto en el número 2.º del apartado uno del artículo 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se exigirá el requisito de reciprocidad en la devolución a empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que soporten o satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la celebración de la final de la «UEFA Europa League 2022».
b) Por excepción de lo establecido en el número 7.º del apartado uno del artículo 164 de la Ley 37/1992, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad, no será necesario que nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en dicha Ley.
c) Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto que tengan la condición de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas como consecuencia de la realización de operaciones relacionadas con la final de la «UEFA Europa League 2022» tendrán derecho a la devolución de dichas cuotas al término de cada periodo de liquidación.
Para dichos empresarios o profesionales, el período de liquidación coincidirá con el mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación. Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones correspondientes al último período del año deberán presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.
Lo establecido en el párrafo anterior no determinará la obligación para dichos empresarios o profesionales de la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a que se refiere el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a la entidad organizadora del acontecimiento, a los equipos participantes y a las personas jurídicas a que se refiere esta disposición.
No obstante, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran los requisitos previstos en los artículos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, la devolución de las cuotas soportadas se efectuará conforme al procedimiento establecido en dichos artículos y en los artículos 31 y 31 bis del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.
d) Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen de importación temporal con exención total de derechos, a que se alude en el apartado tres anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto.
e) El plazo a que se refiere el párrafo g) del apartado 3 del artículo 9 de la Ley del Impuesto será, en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebración y desarrollo de la final de la «UEFA Europa League 2022», el previsto en esta disposición.
f) La regla establecida en el apartado dos del artículo 70 de la Ley del Impuesto no resultará aplicable a los servicios del número 1 de este apartado cuando sean prestados por las personas jurídicas residentes en España constituidas con motivo del acontecimiento por la entidad organizadora de la final de la «UEFA Europa League 2022» por los equipos participantes y estén en relación con la organización, la promoción o el apoyo de dicho acontecimiento.
Disposición adicional séptima. Acuerdos para el suministro de productos farmacéuticos autorizados bajo cualquiera de las modalidades recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para los que exista una necesidad médica no cubierta en la lucha contra la COVID-19.
Con efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, podrán celebrarse en el ámbito de la Administración General del Estado, previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, acuerdos para el suministro de productos farmacéuticos autorizados bajo cualquiera de las modalidades recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para los que exista una necesidad médica no cubierta en la lucha contra la COVID-19, sujetos a legislación y jurisdicción extranjeras, a los que no serán de aplicación las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ni tampoco las de la Ley 47/2003,de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en cuanto al régimen de pagos anticipados. Asimismo podrán establecerse, en los citados acuerdos, cláusulas de responsabilidad con un régimen distinto al regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición transitoria primera. Aplicación de la revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible en los contratos de transporte continuado vigentes.
1. Los contratos de transporte continuado vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley que incluyan criterios o fórmulas de revisión del precio del transporte por variación del precio del gasóleo distintos de los establecidos por la Administración en las condiciones generales de contratación del transporte de mercancías por carretera, o una periodicidad superior a trimestral en la revisión del precio, deberán incorporar los criterios o fórmulas fijados por la Administración y sujetarse a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en su redacción dada por el presente real decreto-ley, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto-ley.
2. En los contratos de transporte continuado vigentes a la entrada en vigor del real decreto-ley que no tuvieran prevista una cláusula de revisión del precio por variación del precio del gasóleo, será obligatoria la revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo en los transportes realizados con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto ley, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en su redacción dada por el presente real decreto-ley.
En la actualización del precio del transporte que proceda llevar a cabo, la variable G de la fórmula de revisión de precios fijada por la Administración en las condiciones generales de contratación, se computará desde los doce meses anteriores a la entrada en vigor de este real decreto-ley cuando el inicio del contrato fuera anterior a dicha fecha.
3. La aplicación del artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, en su redacción dada por el presente real decreto-ley a los contratos de transporte que utilicen vehículos propulsados por combustibles distintos del gasóleo, se llevará a cabo desde el momento en el que entren en vigor para estos supuestos los criterios o fórmulas de la Administración aplicables para su cálculo.
Disposición transitoria segunda. Régimen de ejecución de los programas de políticas activas de empleo regulados por bases reguladoras, convocatorias e instrumentos jurídicos aprobados antes de 31 de diciembre de 2021.
Durante el año 2022, los contratos temporales vinculados a programas de políticas activas de empleo que respondan a bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos del correspondiente programa, aprobados antes de 31 de diciembre de 2021, podrán concertarse con el plazo previsto en las bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos correspondientes.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio aplicable a los programas de colaboración social pendientes de ejecución.
Las convocatorias de los programas de colaboración social previstas en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, e incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo para 2021 pendientes de ejecución, se seguirán realizando en el modelo establecido al efecto (modelo de código 904). Las Administraciones Públicas completarán la prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora utilizada para el cálculo de la prestación contributiva que hubiese agotado antes de percibir el subsidio. En todo caso, se garantizará el 100 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Asimismo, dichas administraciones públicas deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable a la reforma de los artículos 277 y 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
1. La derogación del apartado 4 del artículo 277 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, prevista en este real decreto-ley, será de aplicación a los subsidios cuyo hecho causante tenga lugar a partir de la entrada en vigor de esta norma.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 4 del artículo 277 y los apartados 2 y 3 del artículo 280 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción vigente antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, mantendrán su aplicación para los subsidios de los trabajadores fijos discontinuos cuyo hecho causante haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
3. A los efectos previstos en esta disposición, se considerará como fecha del hecho causante del subsidio aquella en que se cumpla el plazo de espera de un mes o se produzca la situación legal de desempleo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el apartado Uno de la Disposición final tercera de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
Disposición final primera. Título competencial.
1. Los artículos 1, 2, 4 y 5, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria cuarta y las disposiciones finales quinta y sexta se dictan al amparo de las competencias expresadas en la norma objeto de modificación.
2. El artículo 3 y las disposiciones transitorias segunda y tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral.
3. Los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, con excepción de aquellos aspectos que conforme a la Disposición final primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, hayan sido declarado no básicos.
4. Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo de la regla 6.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil.
5. La disposición adicional tercera se dicta al amparo de la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
6. La disposición adicional quinta se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.10.ª y 149.1.14.ª que atribuyen, respectivamente, al Estado competencia exclusiva sobre Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior y sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
7. La disposición adicional sexta se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Hacienda General y Deuda del Estado.
8. La disposición adicional séptima se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª, que atribuye al Estado competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley.
2. Se habilita al titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para adaptar las condiciones generales de contratación de los trasportes de mercancías por carretera a lo dispuesto en este real decreto-ley.
Disposición final tercera. Transposición de Directiva.
Este real decreto-ley incorpora al ordenamiento interno disposiciones de la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012.
Disposición final cuarta. Mandado de modificación del Reglamento General de Vehículos para la mejora de la sostenibilidad ambiental.
En el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, se modificará el anexo IX del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, de conformidad con los siguientes criterios:
a) Simplificar el uso y autorización de los conjuntos Euro modulares (incluyendo los Eco Combi o Duo Tráiler).
b) Ampliar para determinados tipos de transporte la altura máxima permitida a 4,5 metros: transporte de paja, transporte de animales vivos y suministro de proveedores a industrias en distancias inferiores a 50 kilómetros.
c) Aumentar los ámbitos en los que se pueden utilizar las 44 toneladas para el transporte de mercancías por carretera, mediante el establecimiento de un calendario progresivo de implantación, con la participación del Comité Nacional del Transporte por Carretera, de acuerdo con las características del parque de vehículos y las masas técnicas máximas admisibles de sus ejes.
Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
El párrafo n) del artículo 76 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, queda redactado del siguiente modo:
«n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan obstaculizar la libre circulación.»
Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda modificado en los términos siguientes:
Uno. Se suprime el apartado 4 del artículo 277 y el actual apartado 5 pasará a ser el apartado 4.
Dos. Se da una nueva redacción al artículo 280, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.
1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años, tomándose como base de cotización el 125 por ciento del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada.
En ningún caso dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido en el artículo 205.1.b), que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4 ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años.
2. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo dispuesto en el apartado 1.»
Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.
El Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un apartado c) a la disposición adicional primera, que quedará redactada de la siguiente manera:
«Los españoles que, integrados en un programa o acción desarrollada por organizaciones internacionales u organismos de seguridad regional, sean autorizados individual y específicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para desplazarse y participar en el ámbito de las operaciones a que se refiere el artículo 1.»
Disposición final octava. Entrada en vigor.
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.
2. El artículo 1 apartado once entrará en vigor a los seis meses de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 1 de marzo de 2022.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN | Decreto ley de transporte de mercancías (con, por ejemplo, prohibir carga y descarga a conductores). Pero también exenciones fiscales para la UEFA y compra de medicamentos covid sin reglas de ley de contratos, entre otras cosas. | I
La apuesta por reforzar la sostenibilidad de las empresas de transporte ha constituido desde su creación uno de los ejes de actuación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
No obstante, son diversos los factores que han urgido a plantear medidas específicas de sostenibilidad del sector de transporte de mercancías por carretera en la presente legislatura, muy especialmente, desde el comienzo de la pandemia motivada por el SARS-CoV-2. La estructural atomización del sector, integrado por empresas de reducido tamaño, el 53 por ciento de las empresas con vehículos pesados tienen un solo vehículo, agrava las dificultades para adaptarse a los escenarios desfavorables, lo que exige una mayor intervención de los poderes públicos para garantizar el adecuado funcionamiento de una actividad que representa en torno al 2 por ciento del PIB.
En este sentido, fruto de la tramitación de un proyecto de ley por urgencia, en octubre del año pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras, que incluye una infracción por el incumplimiento de los plazos máximos de pago en el ámbito de los contratos de transporte de mercancías por carretera, con objeto de penalizar aquellos incumplimientos de la morosidad que ponen en verdadero riesgo la viabilidad de muchas de las empresas que prestan este servicio.
Además, se está trabajando en la aprobación el denominado Plan Impulsa, que contempla la sostenibilidad de dicho sector desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
La actual coyuntura exige, sin embargo, acelerar algunas de las medidas previstas en el Plan Impulsa, para revertir la situación de penosidad que viven muchos transportistas de mercancías y sus trabajadores, y que amenaza con crear tensiones en la prestación de los servicios y en el adecuado funcionamiento de la cadena logística, con los perjuicios que para toda la economía podrían derivarse.
Se calcula que en España faltan del orden de 15.000 conductores profesionales, situación que se acentuará en la próxima década dada la edad media de los profesionales en activo, siendo una problemática que afecta, asimismo, a los países de nuestro entorno. Es un hecho, contrastado por encuestas realizadas, entre otros actores, por la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), asociación mundial de los profesionales de transporte por carretera, que uno de los motivos que no hacen atractiva la profesión de conductor es el relacionado con las duras condiciones de trabajo aparejadas, entre las que se encuentra la participación activa de dichos profesionales en las operaciones de carga y descarga de las mercancías. Este elemento dificulta, por otra parte, la incorporación de las mujeres en mayor proporción a la existente a la profesión de conductor profesional.
Asimismo, ha de considerarse que el precio del gasóleo (sin IVA) ha sufrido un incremento, desde octubre de 2020 a octubre de 2021, de un 32,0 por ciento. Este incremento del coste de combustible es el responsable del 87,5 por ciento del incremento de los costes interanuales, que ha sido de un 10,3 por ciento en el supuesto de un vehículo articulado de carga general, representando el combustible en estos casos el 31 por ciento de la estructura de costes de un vehículo articulado de carga general, con las consecuencias que ello genera para la viabilidad de pequeños empresarios, sin margen de maniobra.
Otro elemento a tener en cuenta es que la estructura empresarial del sector condiciona enormemente su capacidad de negociación con sus clientes, introduciendo en el mercado prácticas indeseables que tensan las relaciones en la cadena de actores intervinientes, lo que mina la eficiencia, la transparencia y la competencia justa, situación que es necesario corregir.
Por último, la competencia leal en el mercado se pone también en entredicho por las denominadas «empresas buzón», que operan de facto fuera de sus Estados de establecimiento beneficiándose, sin embargo, de costes fiscales y laborales más bajos. Con el fin de combatir estas prácticas empresariales, se aprobó, en el marco del denominado Paquete de Movilidad I, la Directiva (UE) 2020/1057, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2024/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) 1024/2012, cuyo plazo de transposición venció el 2 de febrero de 2022 y urge transponer para luchar contra estas prácticas.
II
Las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos del sector público. Tras el descenso experimentado en 2020, los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021 en el contexto de la recuperación económica. El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra, ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras.
Todo ello ha tenido como consecuencia que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incl
### RESUMEN: Decreto ley de transporte de mercancías (con, por ejemplo, prohibir carga y descarga a conductores). Pero también exenciones fiscales para la UEFA y compra de medicamentos covid sin reglas de ley de contratos, entre otras cosas. |
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Consejo España-Colombia resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Gas Natural SDG, S.A. y Broseta Abogados, S.L.P. en Madrid el 15 de septiembre de 2015, según consta en la escritura pública número 2889, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Jaime Recarte Casanova, que fue subsanada en virtud de una acta complementaria autorizada por el mismo notario el 20 de octubre de 2015.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, en la calle Serrano Galvache, número 26, y su ámbito de actuación se extiende principalmente a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial asciende a treinta mil un euros (30.001 euros). La dotación es dineraria y se ha desembolsado en su totalidad. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública número 2889 a que se refiere el antecedente de hecho primero, figura como fin de la Fundación el fomento y fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, mediante el impulso de la cooperación entre España y Colombia en el ámbito cultural, el fomento económico, comercial y empresarial, la cooperación científica, académica, la investigación y la defensa del medio ambiente, de tal forma que se mejoren el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Colombia en España y de España en Colombia.
Quinto. Patronato.
Presidente: la Sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, representada por doña Esther Alcocer Koplowitz.
Vocales: la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, representado por doña Eva Piera Rojo y don Óscar Díaz-Canel Alemán.
Vocal: la entidad Gas Natural SDG, S.A, representada por don Jordi García Tabernero.
Vocal: la entidad Broseta Abogados, S.L.P, representada por don Manuel Broseta Dupré.
Secretario patrono: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representado por don Pablo Gómez de Olea y Bustinza.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Consejo España-Colombia y su Patronato.
Madrid, 26 de octubre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. | Fundación Consejo España-Colombia, impulsada por Exteriores pero presidida por FCC. Y con BBVA, Gas Natural… | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Consejo España-Colombia resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Gas Natural SDG, S.A. y Broseta Abogados, S.L.P. en Madrid el 15 de septiembre de 2015, según consta en la escritura pública número 2889, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Jaime Recarte Casanova, que fue subsanada en virtud de una acta complementaria autorizada por el mismo notario el 20 de octubre de 2015.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, en la calle Serrano Galvache, número 26, y su ámbito de actuación se extiende principalmente a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial asciende a treinta mil un euros (30.001 euros). La dotación es dineraria y se ha desembolsado en su totalidad. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública número 2889 a que se refiere el antecedente de hecho primero, figura como fin de la Fundación el fomento y fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, mediante el impulso de la cooperación entre España y Colombia en el ámbito cultural, el fomento económico, comercial y empresarial, la cooperación científica, académica, la investigación y la defensa del medio ambiente, de tal forma que se mejoren el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Colombia en España y de España en Colombia.
Quinto. Patronato.
Presidente: la Sociedad Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, representada por doña Esther Alcocer Koplowitz.
Vocales: la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, representado por doña Eva Piera Rojo y don Óscar Díaz-Canel Alemán.
Vocal: la entidad Gas Natural SDG, S.A, representada por don Jordi García Tabernero.
Vocal: la entidad Broseta Abogados, S.L.P, representada por don Manuel Broseta Dupré.
Secretario patrono: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representado por don Pablo Gómez de Olea y Bustinza.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo: Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Consejo España-Colombia y su Patronato.
Madrid, 26 de octubre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
### RESUMEN: Fundación Consejo España-Colombia, impulsada por Exteriores pero presidida por FCC. Y con BBVA, Gas Natural… |
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Las competencias en materia universitaria, anteriormente atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad corresponden al Ministerio de Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades, según lo establecido en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de los Departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades.
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, hasta las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. No obstante, aunque la prórroga introduce nuevos aspectos en relación a la movilidad de personas y la permanencia de grupos de estas en espacios públicos, en estos momentos, la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma justifican que se considere aconsejable que las pruebas de acceso a la profesión de Abogado/a se realicen nuevamente on line de manera síncrona para este año 2021.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Universidades, dispongo:
Apartado único.
Se convoca la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Abogado/a para el año 2021, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Madrid, 2 de marzo de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/61/2021, de 26 de enero), el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
1. Convocatoria
Se convoca la primera prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra e), del artículo 4 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, el ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a la profesión de Abogado/a.
2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de la Abogacía que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos
1. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno de los títulos de Graduado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por convalidación, al amparo del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, o bien con la homologación del título en España al de Licenciado en Derecho, al amparo del derogado Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Abogado/a, de conformidad con el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en que se realice la prueba.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
2. Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes de inscripción y documentación
De conformidad con lo establecido en la Orden PCI 1255/2019, de 26 de diciembre, por la que se establece la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos en las pruebas de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de las profesiones de Abogado/a y Procurador/a de los Tribunales, la solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. Los sistemas de identificación y de firma admitidos en Cl@ve son: DNI-e, certificado electrónico, Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.
El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, estos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Asimismo, se podrá autorizar que la información académica se recabe por el Ministerio de Justicia directamente de las universidades. Los datos personales serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos, el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en la solicitud de inscripción y deberá presentar la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho, o la credencial de homologación, dentro del plazo de presentación de solicitudes de inscripción, a través del correo electrónico [email protected], salvo en el caso del documento acreditativo de la finalización del máster, que será presentado en un plazo no superior a diez días hábiles siguientes a la celebración del examen.
Al realizar su solicitud de inscripción, los aspirantes deberán cumplimentar en el formulario los siguientes elementos:
a) Aportar una cuenta de correo electrónico que servirá para la realización de la prueba.
b) Elegir, para las materias específicas, una especialidad jurídica entre las cuatro posibles: Materia civil y mercantil; materia penal; materia administrativa y contencioso-administrativa, y materia laboral. Esta elección no podrá ser modificada con posteridad.
c) Comprometerse durante la celebración de la prueba a respetar las normas del examen, a no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna, desde el inicio del ejercicio hasta el final del mismo.
d) La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas.
e) Elección sobre la expedición del título profesional conforme a lo señalado en el apartado 16 de esta convocatoria.
Además, los aspirantes deberán adjuntar una foto tamaño carnet que deberá ser remitida al correo [email protected], poniendo en el asunto la palabra «FOTOGRAFÍA». La imagen irá en un archivo JPG que llevará por nombre el número de DNI, NIE o pasaporte. La no remisión de esta fotografía será causa de exclusión.
La Administración podrá, en cualquier momento, solicitar la acreditación de la documentación de los solicitantes, si así lo considerase necesario.
6. Derechos de examen
La participación en la prueba de evaluación será gratuita.
7. Acceso a personas con discapacidad
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 deberán solicitar, en el momento de realizar su inscripción, las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios, a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en el artículo 2.2 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Dentro del plazo de presentación de solicitudes de inscripción y a través del correo electrónico [email protected], se aportará el dictamen técnico facultativo donde se determine la procedencia de dicha adaptación, emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en el caso de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia resolver la procedencia y concreción de la adaptación. Para la adaptación de tiempos adicionales, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
8. Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (https://mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados».
En la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se hará constar, en su caso y en los términos previstos en la base 10 de esta convocatoria, el idioma de realización de la prueba solicitado por el aspirante.
En la lista provisional de aspirantes excluidos se hará constar la causa de la exclusión.
Se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la lista provisional en el citado portal web del Ministerio de Justicia, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Los aspirantes deberán realizar la subsanación de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve.
Las subsanaciones relativas a la presentación, por parte de los solicitantes que no hubieran autorizado expresamente el acceso a sus datos de identidad y titulación, de la documentación acreditativa de la identificación y de estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en Derecho, o la credencial de homologación, se realizarán en el mismo plazo de diez días hábiles, a través del correo electrónico [email protected], consignando en el asunto la palabra «SUBSANACIONES».
A efectos del resto de comunicaciones y actos de mero trámite, todos los aspirantes podrán utilizar el correo electrónico [email protected].
Finalizado el plazo de subsanación, por resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en virtud de la delegación contenida en el artículo 10 de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia y se fijará la fecha y la hora para la realización del ejercicio. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de reposición potestativo o de recurso contencioso-administrativo desde su publicación en la citada página web.
9. Comisiones Evaluadoras
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, se constituye una Comisión Evaluadora única que ejercerá las funciones previstas en el artículo 19.1 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, en la forma en que lo requiera la celebración on line de la prueba.
La Comisión Evaluadora será designada conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
A tal efecto, los Ministerios de Justicia y de Universidades, por resolución conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, designarán a los miembros de la Comisión Evaluadora única y a sus suplentes, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La composición de la Comisión Evaluadora única será la siguiente:
a) Un representante del Ministerio de Justicia, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los Cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1, de la Administración General del Estado.
b) Un representante del Ministerio de Universidades, funcionario de carrera de especialidad jurídica perteneciente a alguno de los Cuerpos integrados en el grupo A, subgrupo A1, de la Administración General del Estado.
c) Un representante de la Administración Autonómica, a propuesta de la Comunidad de Madrid como sede única de la comisión evaluadora de la prueba de evaluación.
d) Un/a Abogado/a con más de cinco años de ejercicio profesional, propuesto por el Consejo General de la Abogacía Española.
e) Un/a Profesor/a universitario/a de alguna de las distintas disciplinas jurídicas, designado por el Consejo de Universidades, entre el personal docente con vinculación permanente con una Universidad.
f) Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
Corresponderá a la Comisión Evaluadora la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la prueba, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes y que harán constar en el acta de examen.
La Comisión Evaluadora dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia, a cuyo representante corresponderá la Presidencia, ostentando la Secretaría el representante del Ministerio de Universidades.
El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
10. Idioma
La prueba de aptitud podrá realizarse, a libre elección del aspirante, en castellano o en una lengua cooficial autonómica.
A efectos de facilitar la realización de la prueba en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas, el interesado deberá señalar el idioma en el que desea realizar la misma en el apartado correspondiente de su solicitud de inscripción.
La Dirección General para el Servicio Público de Justicia pondrá a disposición de los aspirantes la realización de la prueba en la lengua cooficial correspondiente, de acuerdo con lo señalado en su solicitud de inscripción.
11. Fase demo y obtención del código de acceso
En los días que se determinen, que se anunciarán con la debida antelación en la página web del Ministerio de Justicia, se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través del enlace https://entrada.aulavirtualexamenes.es/ y en una pantalla de bienvenida se les pedirá la dirección de correo electrónico (que será la misma que previamente han facilitado al Ministerio de Justicia) y, tras pulsar el recuadro «Solicitar código» que aparecerá en la misma pantalla, se les remitirá un código de acceso a su cuenta de correo que deberán conservar cuidadosamente ya que será imprescindible para acceder el día del examen a la plataforma.
El aspirante podrá acceder tantas veces como quiera desde la sala de espera a un examen de prueba, durante esos días, para familiarizarse con la plataforma. Ni las respuestas a ese examen ni las preguntas formuladas en la sala de espera se conservarán durante esta fase y tampoco habrá corrección de dicho examen.
12. Desarrollo de la prueba
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de la Abogacía, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. A tal objeto, esta prueba tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo de la presente convocatoria.
La prueba se celebrará de forma on line de manera síncrona con cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED entrando en el enlace https://entrada.aulavirtualexamenes.es/, y se iniciará a las 9:00 hora peninsular en un único llamamiento.
Los dispositivos estarán dotados de webcam y, durante la celebración de la prueba se podrán tomar de modo aleatorio una o más imágenes sin utilizar técnicas de reconocimiento facial. Estas imágenes se emplearán únicamente para comprobar que los aspirantes durante la celebración de la prueba no se valen de medios no permitidos para la realización del examen. La webcam deberá estar activa el día de la celebración de la prueba y durante todo el tiempo que permanezcan conectados a la plataforma para la realización del examen.
El aspirante podrá acceder a la plataforma desde veinte minutos antes de la hora señalada para el comienzo de la prueba de acceso. Una vez allí se le pedirá que introduzca su cuenta de correo y el código obtenido en la fase anterior y que acepte, si no lo ha hecho ya, en cuyo caso se le recordará, el compromiso de respetar las normas del examen, no consultar en ningún momento textos legales, ni manuales jurídicos, ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos, ni servirse del auxilio de persona alguna, desde el inicio del ejercicio y hasta el final del mismo.
La cuenta de correo deberá ser obligatoriamente aquella en la que haya recibido el código de acceso.
Los aspirantes tras acceder a la plataforma pulsarán sobre el texto «primera parte de la prueba», a continuación, deberán esperar a que se habilite a la hora prevista, el botón «aceptar e iniciar examen» y tras pulsar este, se iniciará la primera parte de la prueba o parte común, consistente en cincuenta preguntas más seis preguntas de reserva (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía».
Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para las respuestas de este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de dos horas. Las preguntas de reserva serán las seis últimas (de la 51 a la 56), y estarán debidamente identificadas. Así, a las 11:00 horas, la primera parte de la prueba finalizará automáticamente, conservándose todas las respuestas introducidas hasta entonces y la primera parte de la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
Los aspirantes podrán terminar la primera parte del examen, en cualquier momento, antes de las 11:00, pulsando el recuadro «Finalizar examen» y, en su caso, el botón «Terminar».
A continuación, los aspirantes, sin salir de la plataforma, pulsarán sobre el texto «segunda parte de la prueba», y deberán esperar a que se habilite a la hora prevista el botón «aceptar e iniciar examen» y tras pulsar este, se iniciará la segunda parte de la prueba o materia específica. Esta consistirá en veinticinco preguntas más dos preguntas de reserva, correspondientes a la especialidad elegida, cada una con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre las materias que figuran en el apartado B «Materias específicas» del anexo de la presente convocatoria.
Los aspirantes que hayan optado por la materia civil y mercantil deberán seleccionar, entre los exámenes que se les presenten, el que corresponda al derecho foral por ellos elegido. Para estos exámenes la pregunta número 25 será distinta en función de la elección efectuada.
Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una, de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para responder a este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de una hora. Las preguntas de reserva serán las dos últimas (números 26 y 27), y estarán debidamente identificadas.
Los aspirantes podrán terminar la segunda parte del examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro «Finalizar examen» y, en su caso, el botón «Terminar». Una hora después del comienzo de esta segunda parte del examen, se cerrará la plataforma y la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
Finalizada la sesión, la comisión evaluadora levantará acta. Una vez aprobada, el original se entregará a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, y en ella se hará sucinta referencia al desarrollo de la prueba on line.
13. Problemas de conexión
En el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma, como una caída del sistema o de la red de transmisión de datos, la comisión evaluadora, después de escuchar el criterio de los técnicos responsables de la plataforma acerca de la naturaleza de la incidencia y de su alcance, podrá adoptar las decisiones que considere procedentes teniendo en cuenta el interés de los aspirantes, incluyendo las de ampliar el tiempo para la realización de la prueba, repetir la prueba en otro momento o dar la misma por finalizada, en cuyo caso, se puntuará el examen en función de las preguntas contestadas hasta ese momento.
Si el aspirante abandona la plataforma por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo, se guardarán las preguntas contestadas hasta entonces por un tiempo de quince minutos durante el cual podrá retomar el examen, repitiendo los pasos de entrada, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet y dotado de webcam. Transcurrido ese plazo, el acceso al examen quedará cerrado y se calificará con las preguntas respondidas hasta entonces.
14. Resultados y calificación
1. Resultado de la prueba. A partir del primer día hábil siguiente a la realización de la prueba, el aspirante podrá acceder a la plataforma AVEX de la UNED con su clave de acceso para descargar la plantilla de las preguntas y contenido del examen. Ese mismo día se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados».
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar la/s impugnación/es que estimen pertinentes, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. Se utilizará el modelo de impugnación que podrá descargarse en el apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados», cumplimentando un único formulario para cada impugnación, y su remisión a la dirección de correo [email protected], consignando en el asunto la palabra «IMPUGNACIONES». Se darán por no recibidas aquellas impugnaciones que consten de más de un formulario.
La pregunta o preguntas que resulten anuladas serán sustituidas, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por la/s pregunta/s de reserva. Una vez resueltas las impugnaciones se publicará en el portal web del Ministerio de (www.mjusticia.gob.es, apartado «Empleo Público y acceso a profesiones – Acceso a la profesión de Abogados») la plantilla definitiva de respuestas.
La resolución dictada por la Directora General para el Servicio Público de Justicia, en virtud de la delegación contenida en el artículo 10 de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, resolverá las impugnaciones y pondrá fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso de reposición potestativo o de recurso contencioso-administrativo.
2. Valoración de la prueba. La prueba se valorará, siguiendo la plantilla definitiva de respuestas, de la siguiente forma:
– Se obtendrá un punto por cada respuesta correcta y se descontará una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no serán tomadas en consideración. La calificación de cada apartado se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
– El apartado A se valorará sobre una escala de 0 a 50 puntos, aportando dos terceras partes de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a cincuenta, la calificación del apartado A se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, a una escala de 50 puntos.
– El apartado B se valorará sobre una escala de 0 a 25 puntos, aportando una tercera parte de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a veinticinco, la calificación del Apartado B se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo a una escala de 25 puntos.
La calificación final del examen, resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en los apartados A y B.
3. Calificación de la evaluación. La nota final de la evaluación será de apto o no apto.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el Máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada.
Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.
Por resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en virtud de la delegación contenida en el artículo 10 de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, se acordará la publicación de los resultados de la prueba. Dicha resolución es susceptible de recurso administrativo de reposición y podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cada aspirante podrá consultar su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es).
La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.
Los aspirantes que no hayan obtenido la calificación de apto podrán presentar una solicitud de revisión, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas. Las solicitudes de revisión deberán presentarse de forma telemática a través del buzón de correo electrónico [email protected], indicando en el asunto «REVISIÓN NOTAS».
Una vez efectuada la revisión de los posibles errores materiales en la corrección, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, en virtud de la delegación contenida en el artículo 10 de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias, dictará la correspondiente resolución sobre la reclamación presentada que pondrá fin a la vía administrativa, siendo susceptible de recurso potestativo de reposición o contencioso-administrativo.
Asimismo, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, dictará resolución en la que figurarán los participantes que, presentados a la prueba, hayan sido excluidos por cualquiera de las razones contempladas en esta convocatoria.
15. Aportación de documentación
Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto, que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la presente convocatoria, en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y en su Reglamento de desarrollo.
La Dirección General para el Servicio Público de Justicia podrá, no obstante, requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por la Universidad o Escuela de práctica jurídica. Quienes, dentro del plazo que se fije al respecto y, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no presenten la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán obtener el título profesional de Abogado/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud de inscripción inicial.
16. Expedición de títulos
El Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, pondrá a disposición, por medios electrónicos, los títulos profesionales de Abogado/a de todos los aspirantes que, habiendo resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, hayan efectuado esa elección en su solicitud de inscripción.
Los títulos profesionales de Abogado/a de aquellos aspirantes que, hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria y hayan solicitado la expedición de su título por las Comunidades Autónomas de Andalucía o Cataluña, serán expedidos por los órganos competentes de dichas Comunidades Autónomas.
17. Recursos
Contra la presente convocatoria se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el titular de este Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
ANEXO
Programa de materias
A. Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía
a.1 Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Abogado/a
1. Principios esenciales de la profesión de Abogado/a.
2. Derechos y deberes de los Abogados/as.
3. El Estatuto General de la Abogacía Española.
4. Los colegios profesionales de Abogados/as. La organización colegial.
5. Las formas de ejercicio de la profesión: Individual y colectiva. Relación laboral especial.
6. Régimen de previsión social de los Abogados/as.
7. Obligaciones del Abogado/a ante la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el blanqueo de capitales.
8. La responsabilidad del Abogado/a en el ejercicio de su profesión: Civil, penal y disciplinaria.
9. El seguro de responsabilidad civil. La cobertura de la responsabilidad civil profesional.
10. Los honorarios: determinación y procedimientos de reclamación e impugnación.
11. La contabilidad y la fiscalidad del Abogado/a.
a.2 Cuestiones generales de la asistencia letrada y del proceso
12. Tutela judicial efectiva. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.
13. Ley de Demarcación y de Planta Judicial. La organización judicial.
14. Los órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción y competencia. Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional.
15. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Competencias de los Tribunales europeos e internacionales y asuntos que se pueden plantear.
16. Protección de los derechos fundamentales.
17. Mecanismos jurídicos de defensa. Estrategias para la defensa de los derechos de los clientes.
18. La defensa en los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos: El arbitraje, la mediación, la transacción, la negociación y otros.
19. La buena fe, el abuso de derecho y el fraude de ley.
20. Hechos y actos procesales. Actos preparatorios de los juicios. Cuestiones incidentales. La aclaración del proceso. La pretensión como objeto del proceso.
21. Las cuestiones prejudiciales.
22. Asistencia jurídica gratuita.
23. El turno de oficio.
24. Los efectos económicos del proceso; costas y tasas judiciales. Supuestos de devengo de tasas. Criterios para la imposición en los distintos órdenes jurisdiccionales. La tasación de costas.
B. Materias específicas
b.1 Materia civil y mercantil
1. Contratos tendentes a la transmisión de la propiedad. Contratos de uso y disfrute.
2. Representación en el negocio jurídico. Representación directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder.
3. La protección de la propiedad.
4. La hipoteca y otras garantías de crédito.
5. Cuestiones matrimoniales. Edad e incapacitación. Testamento, legítimas y sucesión intestada. Partición de la herencia.
6. El Registro Civil. Eficacia de los asientos. Publicidad y rectificación de los asientos.
7. Jurisdicción y competencia en el orden civil y mercantil.
8. Las partes en el procedimiento civil. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. Los plazos procesales, caducidad y prescripción.
10. La acumulación de acciones.
11. Procedimientos: ordinario, verbal general, sobre la capacidad de las personas, matrimoniales y de menores, monitorio y concursales.
12. Las resoluciones procesales: tipos y medios de impugnación.
13. La rebeldía.
14. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales y no judiciales. Oposición a la ejecución.
15. Los derechos civiles forales y especiales. El derecho interregional en España.
16. Cooperación judicial civil internacional. Las relaciones jurídico-privadas internacionales.
17. Las sociedades mercantiles y su régimen fiscal. Los contratos y operaciones mercantiles. El registro mercantil. El Abogado/a mercantil: asesoramiento y representación de las sociedades mercantiles.
18. La protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.
19. La defensa de la competencia.
20. Las cuestiones procesales en materia de concurso.
b.2 Materia penal
1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.
2. Causas de exención o atenuación de la imputabilidad. Circunstancias de exención o atenuación de la culpabilidad. Supuestos de exclusión de la punibilidad.
3. Las penas y las medidas de seguridad. Su aplicación. Las consecuencias accesorias.
4. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada de los delitos.
5. La responsabilidad penal de los menores.
6. La incoación del procedimiento.
7. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional penal.
8. Las partes en el procedimiento penal. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. El sumario.
10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento ante el tribunal del jurado.
11. Los procesos penales especiales.
12. La intervención del Abogado/a en centros policiales y judiciales.
13. La actuación del Abogado/a en las distintas fases del proceso penal.
14. La prisión y la libertad provisional.
15. El juicio oral en los distintos procesos penales.
16. La prueba en los procesos penales.
17. Las resoluciones procesales. Recursos.
18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión.
19. El cumplimiento de las condenas.
20. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil.
b.3 Materia administrativa y contencioso-administrativa
1. Procedimiento administrativo: fases, plazos y formas de terminación.
2. Recursos en vía administrativa.
3. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Procedimientos.
4. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
5. Jurisdicción y competencia en el orden contencioso-administrativo.
6. Procedimiento contencioso-administrativo ordinario.
7. Procedimientos contencioso-administrativos especiales.
8. Las partes en el procedimiento contencioso-administrativo. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
9. La actuación del Abogado/a en las distintas fases del proceso.
10. La prueba.
11. Las medidas cautelares.
12. Las resoluciones procesales: tipos.
13. Recursos contra las resoluciones procesales. Especial referencia al recurso de casación.
14. Ejecución de sentencia. Extensión de efectos de las sentencias.
15. La ejecución provisional y definitiva en procesos contencioso-administrativos de títulos judiciales. Oposición a la ejecución.
16. Técnicas de intervención administrativa: autorizaciones, concesiones, declaración responsable y comunicación previa.
17. La expropiación forzosa.
18. Los contratos del sector público.
19. El régimen jurídico de extranjería.
20. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa: la revisión de los actos administrativos en materia tributaria.
b.4 Materia laboral
1. Elementos y eficacia del contrato de trabajo.
2. Modalidades de contrato de trabajo.
3. Contenido del contrato de trabajo. Duración. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. Promoción profesional. Salarios. Tiempo del contrato de trabajo.
4. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
5. Faltas y sanciones. Prescripción de infracciones y faltas.
6. Derechos de representación colectiva. Reclamaciones en materia electoral.
7. La negociación colectiva. La huelga, los conflictos colectivos.
8. El accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Incapacidad temporal y permanente. Invalidez. Recargo de prestaciones.
9. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional social.
10. Las partes en el procedimiento laboral. Capacidad, legitimación, representación y defensa.
11. La acumulación de acciones y procedimientos.
12. Las actuaciones procesales. Las resoluciones procesales.
13. La evitación del proceso. La conciliación o mediación previas. Laudos arbitrales.
14. La reclamación previa a la vía judicial.
15. El proceso ordinario. El proceso monitorio.
16. El proceso de despido y de impugnación de sanciones. El procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia de Seguridad Social.
17. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo y derechos reconocidos legal o convencionalmente.
18. Procesos de conflictos colectivos.
19. Las resoluciones procesales: Tipos y medios de impugnación.
20. La ejecución provisional y definitiva de títulos judiciales. | Convocatoria de la prueba para ejercer de abogado, que será online. 15 días para presentar solicitud. Luego quejas, lista final y entonces ya ponen fecha. | De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, y en el artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
Las competencias en materia universitaria, anteriormente atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la actualidad corresponden al Ministerio de Universidades, a través de la Secretaría General de Universidades, según lo establecido en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de los Departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades.
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, hasta las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorroga el estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021. No obstante, aunque la prórroga introduce nuevos aspectos en relación a la movilidad de personas y la permanencia de grupos de estas en espacios públicos, en estos momentos, la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma justifican que se considere aconsejable que las pruebas de acceso a la profesión de Abogado/a se realicen nuevamente on line de manera síncrona para este año 2021.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Universidades, dispongo:
Apartado único.
Se convoca la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de Abogado/a para el año 2021, que se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria que figura como anejo a esta orden.
Madrid, 2 de marzo de 2021.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, P. D. (Orden PCM/61/2021, de 26 de enero), el Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEJO
1. Convocatoria
Se convoca la primera prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Abogacía, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de Abogados», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.
De conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra e), del artículo 4 del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, el ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de acceso a la profesión de Abogado/a.
2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de la Abogacía que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos
1. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero necesitarán contar con alguno de los títulos de Graduado mencionados al comienzo de este apartado obtenidos por convalidación, al amparo del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado, o bien con la homologación del título en España al de Licenciado en Derecho, al amp
### RESUMEN: Convocatoria de la prueba para ejercer de abogado, que será online. 15 días para presentar solicitud. Luego quejas, lista final y entonces ya ponen fecha. |
La ciudad de Incheon es la tercera más importante de la República de Corea, con el segundo puerto marítimo y el primero de la costa occidental, además de su principal punto de entrada y salida al albergar los dos principales aeropuertos internacionales, razón por la que se instalan las oficinas y sedes principales empresas del país. Por ello la creación de una Oficina Consular Honoraria de España en esa ciudad supondría un apoyo importante en el desarrollo de las relaciones tecnológicas y económicas con España.
Con este objetivo, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Seúl (República de Corea), con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria en la ciudad de Incheon (República de Corea), con jurisdicción en la Ciudad Metropolitana de Incheon, con categoría de Consulado Honorario y dependiente de la Embajada de España en Seúl (República de Corea).
Segundo.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en la ciudad de Incheon (República de Corea) tendrá, de conformidad con el Artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 26 marzo de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil. | Exteriores crea una Oficina Consular Honoraria en Incheon (Corea del Sur) para relaciones económicas. | La ciudad de Incheon es la tercera más importante de la República de Corea, con el segundo puerto marítimo y el primero de la costa occidental, además de su principal punto de entrada y salida al albergar los dos principales aeropuertos internacionales, razón por la que se instalan las oficinas y sedes principales empresas del país. Por ello la creación de una Oficina Consular Honoraria de España en esa ciudad supondría un apoyo importante en el desarrollo de las relaciones tecnológicas y económicas con España.
Con este objetivo, a iniciativa de la Dirección General del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta formulada por la Embajada de España en Seúl (República de Corea), con el informe favorable de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General para América del Norte, Asia y Pacífico, he tenido a bien disponer:
Primero.
Se crea una Oficina Consular Honoraria en la ciudad de Incheon (República de Corea), con jurisdicción en la Ciudad Metropolitana de Incheon, con categoría de Consulado Honorario y dependiente de la Embajada de España en Seúl (República de Corea).
Segundo.
El Jefe de la Oficina Consular Honoraria de España en la ciudad de Incheon (República de Corea) tendrá, de conformidad con el Artículo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, categoría de Cónsul Honorario.
Madrid, 26 marzo de 2013.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y Marfil.
### RESUMEN: Exteriores crea una Oficina Consular Honoraria en Incheon (Corea del Sur) para relaciones económicas. |
'Diligencia. La extiendo yo, Letrado-Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario. No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de 18 y 28 de marzo de 2014 recaídas en el expediente 44/13 al Ilmo. Sr. don Manuel Arce Lana a pesar de su repetido intento en su domicilio y teléfonos, y de la búsqueda de otros distintos en los que poder practicarse, conforme establece el art. 59.5 en relación con el art. 61 de la LRJAPyPAC, efectúese su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, mediante la indicación que dichas resoluciones se adoptaron en el mencionado procedimiento. Doy Fe. En Madrid a 4 de abril de 2014.'
Al objeto de que sirva de notificación en legal forma y conforme a lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/1992, con indicación expresa de que podrá comparecer en el plazo de dos días ante la Sección de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Madrid, 10 de abril de 2014.- El Secretario General. | Noptificación al juez Manuel Arce Lana, al no poder practicar la notificación de las resoluciones. | 'Diligencia. La extiendo yo, Letrado-Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario. No habiéndose podido practicar la notificación de las resoluciones de 18 y 28 de marzo de 2014 recaídas en el expediente 44/13 al Ilmo. Sr. don Manuel Arce Lana a pesar de su repetido intento en su domicilio y teléfonos, y de la búsqueda de otros distintos en los que poder practicarse, conforme establece el art. 59.5 en relación con el art. 61 de la LRJAPyPAC, efectúese su notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, mediante la indicación que dichas resoluciones se adoptaron en el mencionado procedimiento. Doy Fe. En Madrid a 4 de abril de 2014.'
Al objeto de que sirva de notificación en legal forma y conforme a lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/1992, con indicación expresa de que podrá comparecer en el plazo de dos días ante la Sección de Régimen Disciplinario del Consejo General del Poder Judicial para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Madrid, 10 de abril de 2014.- El Secretario General.
### RESUMEN: Noptificación al juez Manuel Arce Lana, al no poder practicar la notificación de las resoluciones. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente:
0100DGT25619.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la Seguridad Vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
75120000 (Servicios administrativos de agencias).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE, y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 14 de febrero de 2015, y DOUE: 17 de febrero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
30 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
22 de mayo de 2015.
c) Contratista:
OGILVY&MATHER PUBLICIDAD.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por haber efectuado la oferta más ventajosa para el interés general y de este organismo.
Madrid, 26 de mayo de 2015.- La Directora General de Tráfico. | Contrato para OGILVY&MATHER para realizar el servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la Seguridad Vial en el año 2015 por importe total de 1.452.000,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente:
0100DGT25619.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la Seguridad Vial en el año 2015 (hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y producción de piezas publicitarias.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
75120000 (Servicios administrativos de agencias).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
BOE, y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOE: 14 de febrero de 2015, y DOUE: 17 de febrero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
1.200.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
30 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato:
22 de mayo de 2015.
c) Contratista:
OGILVY&MATHER PUBLICIDAD.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.200.000,00 euros. Importe total: 1.452.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por haber efectuado la oferta más ventajosa para el interés general y de este organismo.
Madrid, 26 de mayo de 2015.- La Directora General de Tráfico.
### RESUMEN: Contrato para OGILVY&MATHER para realizar el servicio para la realización del plan de campañas de divulgación de la Seguridad Vial en el año 2015 por importe total de 1.452.000,00 euros. |
De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio.
Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 6 de septiembre de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 2013) (LD 10/2013).
Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez. | Publicación de la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo. | De conformidad con los artículos 20.1,c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio.
Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente disposición, que fueron convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 6 de septiembre de 2013 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 2013) (LD 10/2013).
Madrid, 21 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
### RESUMEN: Publicación de la adjudicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo. |
Dado que en los pliegos no se ha fijado un precio cierto para el servicio en el contrato y de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se acuerda desistir del procedimiento de contratación.
Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. | Patrimonio Nacional desiste de un contrato porque en los pliegos no publicó el "precio cierto" del servicio | Dado que en los pliegos no se ha fijado un precio cierto para el servicio en el contrato y de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se acuerda desistir del procedimiento de contratación.
Madrid, 23 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
### RESUMEN: Patrimonio Nacional desiste de un contrato porque en los pliegos no publicó el "precio cierto" del servicio |
La Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atribuyó el número corto 024 del Plan nacional de numeración telefónica al servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida», siendo la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad la entidad prestataria de este servicio de atención telefónica gratuito y accesible desde todo el territorio nacional dirigido a aquellas personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida.
El apartado Sexto de la citada Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determina que la entidad prestataria dará a conocer, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», el nombre del operador del servicio telefónico disponible al público designado para la terminación de tales llamadas, la fecha de inicio del servicio y la ubicación geográfica del centro o centros de atención de llamadas, una vez haya designado al operador del servicio telefónico disponible al público que se encargará de terminar las llamadas dirigidas al número 024.
La citada Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, establece, además, que el operador designado proporcionará a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales una memoria técnica descriptiva de las funcionalidades del servicio de terminación a prestar y los recursos técnicos empleados, con antelación a la fecha de inicio del servicio. Igualmente, transcurridos tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, las llamadas al 024 se cursarán por todos los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público en las condiciones establecidas y entregarán las llamadas telefónicas al número 024 al operador designado para su terminación, en los puntos de interconexión determinados por éste.
En su virtud, resuelvo:
Primero.
El operador designado para la terminación de las llamadas al servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida» prestado por el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, es Evolutio Cloud Enabler, SA.
Segundo.
El centro o centros de atención de llamadas estarán ubicados geográficamente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Tercero.
El servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida» se iniciará transcurridos tres meses desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de forma que el inicio del servicio coincidirá con la fecha en que todos los operadores de telefonía tendrán obligación de encaminar las llamadas al operador designado, según se indica en la Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Madrid, 4 de febrero de 2022.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga. | Designado Evolutio Cloud Enabler, SA para poner en marcha el número de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida creado en diciembre, el 024. | La Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, atribuyó el número corto 024 del Plan nacional de numeración telefónica al servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida», siendo la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad la entidad prestataria de este servicio de atención telefónica gratuito y accesible desde todo el territorio nacional dirigido a aquellas personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida.
El apartado Sexto de la citada Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determina que la entidad prestataria dará a conocer, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado», el nombre del operador del servicio telefónico disponible al público designado para la terminación de tales llamadas, la fecha de inicio del servicio y la ubicación geográfica del centro o centros de atención de llamadas, una vez haya designado al operador del servicio telefónico disponible al público que se encargará de terminar las llamadas dirigidas al número 024.
La citada Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, establece, además, que el operador designado proporcionará a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales una memoria técnica descriptiva de las funcionalidades del servicio de terminación a prestar y los recursos técnicos empleados, con antelación a la fecha de inicio del servicio. Igualmente, transcurridos tres meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, las llamadas al 024 se cursarán por todos los operadores que presten el servicio telefónico disponible al público en las condiciones establecidas y entregarán las llamadas telefónicas al número 024 al operador designado para su terminación, en los puntos de interconexión determinados por éste.
En su virtud, resuelvo:
Primero.
El operador designado para la terminación de las llamadas al servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida» prestado por el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, es Evolutio Cloud Enabler, SA.
Segundo.
El centro o centros de atención de llamadas estarán ubicados geográficamente en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Tercero.
El servicio de atención telefónica «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida» se iniciará transcurridos tres meses desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de forma que el inicio del servicio coincidirá con la fecha en que todos los operadores de telefonía tendrán obligación de encaminar las llamadas al operador designado, según se indica en la Resolución, de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Madrid, 4 de febrero de 2022.–La Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga.
### RESUMEN: Designado Evolutio Cloud Enabler, SA para poner en marcha el número de ayuda a personas con riesgo de conducta suicida creado en diciembre, el 024. |
Visto el expediente de indulto de doña María Salmerón Parrilla, condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla, sección primera, en sentencia de 11 de marzo de 2009, resolutoria del recurso de apelación interpuesto contra otra del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, como autora de un delito de desobediencia a la pena de seis meses de prisión, así como accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2003, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de febrero de 2016,
Vengo en conmutar a doña María Salmerón Parrilla la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 5 de febrero de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO | Indulto aprobado el viernes a la mujer maltratada María Salmerón Parrilla, que incumplió el régimen de visitas | Visto el expediente de indulto de doña María Salmerón Parrilla, condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla, sección primera, en sentencia de 11 de marzo de 2009, resolutoria del recurso de apelación interpuesto contra otra del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, como autora de un delito de desobediencia a la pena de seis meses de prisión, así como accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2003, en el que se han considerado los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, estimando que, atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de febrero de 2016,
Vengo en conmutar a doña María Salmerón Parrilla la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.
Dado en Madrid, el 5 de febrero de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
### RESUMEN: Indulto aprobado el viernes a la mujer maltratada María Salmerón Parrilla, que incumplió el régimen de visitas |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
Calle Alcalá, 32.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28014.
4) Teléfono:
917200446
5) Telefax:
917200146
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
30 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
C-504/001-13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Acuerdo marco de adopción de tipo.
b) Descripción:
Acuerdo marco de adopción de tipo para el suministro de menus escolares a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Tendrá una vigencia inicial de los cursos escolares 2013/2014 y 2014/2015.
f) Admisión de prórroga:
Sí. Plazo, hasta un máximo de cuatro cursos escolares, prórrogas incluidas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
55322000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Varios criterios.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 0 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 600 € por cada contrato derivado que se formalice.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos:
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
6 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
Calle Gran Vía, 20.
3) Localidad y código postal:
28013 Madrid.
4) Dirección electrónica:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
2 meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Documentación técnica relativa a los aspectos de ejecución del servicio de comedor.
b) Dirección:
Sala de Juntas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Alcalá, 32, planta baja.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28014.
d) Fecha y hora:
A las 10:00 horas del día 22 de mayo de 2013.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
El número de sobres a presentar y su contenido se indica en la Cláusula 14 y en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará en el Perfil del Cont.
Madrid, 26 de marzo de 2013.- Secretario General Técnico. | Licitación para el acuerdo marco de adopción de tipo para el suministro de menus escolares a los centros docentes público. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
Calle Alcalá, 32.
3) Localidad y código postal:
Madrid, 28014.
4) Teléfono:
917200446
5) Telefax:
917200146
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
30 de abril de 2013.
d) Número de expediente:
C-504/001-13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Acuerdo marco de adopción de tipo.
b) Descripción:
Acuerdo marco de adopción de tipo para el suministro de menus escolares a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Tendrá una vigencia inicial de los cursos escolares 2013/2014 y 2014/2015.
f) Admisión de prórroga:
Sí. Plazo, hasta un máximo de cuatro cursos escolares, prórrogas incluidas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco:
Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
55322000-3.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
c) Subasta electrónica:
No.
d) Criterios de adjudicación:
Varios criterios.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe total: 0 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 600 € por cada contrato derivado que se formalice.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos:
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
6 de mayo de 2013.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
2) Domicilio:
Calle Gran Vía, 20.
3) Localidad y código postal:
28013 Madrid.
4) Dirección electrónica:
http://www.madrid.org/contratospublicos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
2 meses.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Documentación técnica relativa a los aspectos de ejecución del servicio de comedor.
b) Dirección:
Sala de Juntas de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, calle Alcalá, 32, planta baja.
c) Localidad y código postal:
Madrid 28014.
d) Fecha y hora:
A las 10:00 horas del día 22 de mayo de 2013.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
El número de sobres a presentar y su contenido se indica en la Cláusula 14 y en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará en el Perfil del Cont.
Madrid, 26 de marzo de 2013.- Secretario General Técnico.
### RESUMEN: Licitación para el acuerdo marco de adopción de tipo para el suministro de menus escolares a los centros docentes público. |
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 15.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo, elegido por el Parlamento de Galicia en la sesión celebrada los días 8 y 10 de noviembre de 2016.
Dado en Madrid, el 11 de noviembre de 2016.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Alberto Núñez Feijóo, nombrado Presidente de la Junta de Galicia. | De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 15.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo, elegido por el Parlamento de Galicia en la sesión celebrada los días 8 y 10 de noviembre de 2016.
Dado en Madrid, el 11 de noviembre de 2016.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
### RESUMEN: Alberto Núñez Feijóo, nombrado Presidente de la Junta de Galicia. |
La Conferencia de Presidentes celebró el día 13 de marzo de 2022 su vigesimosexta reunión desde su constitución en el año 2004. En dicha reunión se aprobó por unanimidad su nuevo Reglamento.
Por tanto, para su general conocimiento, se procede a la publicación del mismo, que figura como anexo a la presente Orden.
Madrid, 29 de marzo de 2022.–La Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García.
ANEXO
Reglamento de la Conferencia de Presidentes
PREÁMBULO
I
La Conferencia de Presidentes nació en octubre del año 2004 como un intento de normalizar el diálogo entre los máximos responsables de los Gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas. El objetivo era institucionalizar un espacio de encuentro que había demostrado una inmensa utilidad en países con modelos descentralizados de toma de decisiones. La Conferencia de Presidentes se convirtió desde el principio en una pieza clave en el éxito del modelo autonómico, consiguiendo logros que han beneficiado a toda la ciudadanía española en campos como la financiación sanitaria, la lucha contra la violencia de género, la creación de empleo y el reforzamiento del estado del bienestar. Asimismo, ha introducido en el debate político nacional cuestiones de indudable importancia estratégica como los desafíos demográficos y la lucha contra la despoblación.
Sin embargo, en los diecisiete años que han transcurrido, España ha atravesado por distintas crisis que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar nuestra arquitectura institucional. En ámbitos como la justicia social, la economía, la cohesión territorial o la salud pública, nuestro país ha sufrido desafíos sin precedentes que sólo han podido ser afrontados gracias a la solidez de nuestro modelo constitucional de convivencia. Entre los pilares que han hecho posible que hayamos hecho frente a estas crisis está sin duda el trabajo compartido entre las instituciones del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales.
Estos desafíos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación institucional entre los poderes públicos. Aunque se han producido avances, como el desarrollo legislativo de las técnicas de cooperación entre Administraciones públicas, es evidente que los instrumentos vigentes resultan insuficientes para canalizar todo el diálogo y la colaboración que deben existir en un Estado de las autonomías plural y democrático como el español.
La Conferencia de Presidentes debe ser la clave de bóveda de este sistema reforzado de cooperación entre Administraciones públicas. Al agrupar a los máximos representantes del Estado, de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, este órgano ha de ser el referente de la colaboración entre instituciones. Como se ha puesto de manifiesto con la gestión de la pandemia de la COVID-19, el impulso que se logra a través de los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia de Presidentes resulta fundamental para facilitar un ejercicio eficaz y leal de las competencias dentro de nuestro sistema constitucional.
II
El nuevo Reglamento de la Conferencia de Presidentes pretende actualizar este espacio de diálogo adaptándolo a las nuevas necesidades con el objetivo de dotar a este órgano de más agilidad, pluralismo y continuidad en la toma de decisiones. El fin último, por supuesto, es el de reconocer a la Conferencia de Presidentes el perfil que le corresponde como pieza clave del sistema de cooperación entre Administraciones públicas.
El nuevo Reglamento facilita que la Conferencia de Presidentes pueda operar de manera más ágil gracias a la introducción del formato electrónico como forma de participar en sus reuniones. Se reconoce, con carácter general, la posibilidad de asistir mediante videoconferencia en las sesiones del Comité preparatorio, un hecho coherente con la naturaleza instrumental de este órgano, que requiere del mayor nivel posible de inmediatez en su funcionamiento. Aunque en la Conferencia de Presidentes se sigue manteniendo el formato presencial, se admite que excepcionalmente se pueda autorizar la participación telemática, una posibilidad que ha demostrado ser de gran utilidad en la gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. En ambos casos, la participación mediante medios electrónicos queda condicionada al cumplimiento de las garantías que aseguren la identidad de los participantes y el carácter reservado de las deliberaciones.
III
Uno de los objetivos que se persiguen con el nuevo Reglamento es que todas las Administraciones que están representadas en la Conferencia vean incrementada su capacidad de incidir en la toma de decisiones. Es una decisión que se adopta en consonancia con el reconocimiento que la Constitución realiza al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico.
El nuevo Reglamento regula por vez primera el procedimiento de elaboración del orden del día de la Conferencia de Presidentes. Éste corresponderá al Comité preparatorio, que podrá introducir los asuntos que acuerde en su seno además de los propuestos a iniciativa del Presidente del Gobierno, el Senado, en los términos que establezca su Reglamento, la mayoría de las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía o las Conferencias Sectoriales, por unanimidad de sus miembros.
Se mantiene el sistema de adopción de acuerdos y recomendaciones vigente hasta el momento. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos tercios de los Presidentes Autonómicos, mientras que las recomendaciones se adoptarán por el Presidente del Gobierno y dos tercios de los Presidentes Autonómicos presentes y comprometen a los miembros que las han adoptado.
IV
Otro elemento que se refuerza en el presente Reglamento es el de la continuidad de la Conferencia de Presidentes. Se incrementan a dos las reuniones que, como mínimo, deberá celebrar a lo largo del año, frente a la reunión anual que prevé el Reglamento vigente. El Comité preparatorio, por su parte, deberá reunirse cada seis meses, de manera que se convierta en un órgano de diálogo permanente entre los representantes de las distintas Administraciones públicas.
Otra herramienta para dotar de mayor continuidad a la Conferencia de Presidentes es la creación de una Oficina que prestará el apoyo técnico y administrativo a la acción de la Conferencia, el Comité preparatorio y las Comisiones y grupos de trabajo que se constituyan. Ejercerá las labores de secretaría administrativa y cualesquiera otras que se le encomienden por acuerdo de los órganos de la Conferencia.
La Oficina de la Conferencia de Presidentes estará encabezada por un Secretario General, nombrado y cesado por acuerdo del Comité preparatorio a propuesta de la persona titular del Ministerio competente en materia de cooperación territorial. Este órgano estará adscrito al Ministerio competente en materia de cooperación territorial, que pondrá a su disposición los medios necesarios para su funcionamiento, sin que su constitución pueda suponer incremento de gasto público. La Oficina podrá contar con la colaboración del personal del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales con experiencia en el ámbito de la cooperación interadministrativa.
V
Una cuestión que se encontraba pendiente en el sistema de cooperación interterritorial es el de la imbricación de la Conferencia de Presidentes con las Conferencias Sectoriales que están funcionando en la actualidad. Aunque es evidente que los dos instrumentos cumplen un papel similar en distintos niveles, pues los sujetos que participan forman parte de las mismas Administraciones, no se ha desarrollado el formato a través del cual la Conferencia de Presidentes puede impulsar el trabajo de las Conferencias Sectoriales y éstas pueden elevar cuestiones para que sean tomadas en consideración por la Conferencia de Presidentes.
Se introduce, entre las funciones de la Conferencia de Presidentes, la facultad de acordar directrices de funcionamiento para las Conferencias Sectoriales. Se trata de una potestad reconocida en términos amplios que pretende que exista margen de maniobra para que los máximos representantes de los Ejecutivos puedan orientar el trabajo de los órganos sectoriales. De forma simétrica, las Conferencias Sectoriales podrán, por unanimidad, solicitar la inclusión de un asunto en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, siendo éste un mecanismo que permite elevar algún tema de la máxima trascendencia cuando exista el suficiente consenso en la materia.
Otro pilar esencial en el desarrollo del sistema de cooperación territorial es el reconocimiento al Senado de un papel más protagonista en el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes. Además de servir de sede a las reuniones, el Senado podrá, en los términos que establezca su Reglamento, introducir nuevos asuntos en el orden del día. Esta facultad refuerza su condición de Cámara de representación territorial y crea el embrión de una mayor relación entre la Cámara Alta y los mecanismos de cooperación interadministrativa.
Los integrantes de la Conferencia de Presidentes, reunidos en la isla de La Palma el día 13 de marzo de 2022, comprometidos con el desarrollo del Estado autonómico reconocido en la Constitución Española, acuerdan el siguiente
REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Artículo 1. Naturaleza.
1. La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los Gobiernos de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. La Conferencia de Presidentes y sus miembros actuarán según el principio de lealtad institucional.
Artículo 2. Funciones.
La Conferencia tendrá por objeto:
1. Debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal o que afecten a los intereses o al ámbito competencial de diversas comunidades autónomas, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y autonómico.
2. Potenciar las relaciones de cooperación del Estado con las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
3. Impulsar y orientar los trabajos de las Conferencias Sectoriales y de otros órganos multilaterales de cooperación.
4. Acordar su Reglamento y las normas internas de funcionamiento.
5. Adoptar, mediante acuerdo, directrices de funcionamiento para las Conferencias Sectoriales.
6. Las demás funciones que se le atribuyan por ley o que, de acuerdo con ésta, se incorporen en su Reglamento.
7. Encomendar a las Conferencias Sectoriales la realización de los Acuerdos adoptados en la Conferencia, así como evaluar el grado de cumplimiento de las encomiendas anteriores.
Artículo 3. Composición.
1. La Conferencia de Presidentes estará compuesta por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Participará también, con voz pero sin voto, la persona titular del Ministerio competente en materia de cooperación territorial.
2. La asistencia a las reuniones de la Conferencia es indelegable y no cabe la sustitución, salvo en los casos en los que, de acuerdo con lo previsto en las respectivas normativas autonómicas, un Consejero ejerza temporalmente las funciones de Presidente Autonómico.
3. Cuando el orden del día lo aconseje, los Presidentes podrán acudir acompañados, en calidad de asesor, por un miembro de su respectivo Gobierno.
También podrán ser convocados, con la condición de invitados, representantes de asociaciones e instituciones directamente afectadas por algún punto del orden del día.
4. Asistirá a las reuniones, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Conferencia de Presidentes.
Artículo 4. Reuniones y sede.
1. La Conferencia de Presidentes se reunirá al menos dos veces al año.
2. La Conferencia será convocada por el Presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o diez Presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
3. La convocatoria de la Conferencia incluirá el orden del día, la documentación, la fecha y el lugar de la reunión y deberá remitirse con al menos veinte días naturales de antelación. Por razones de urgencia debidamente motivadas este plazo podrá reducirse.
4. La sede de la Conferencia es el Senado, sin perjuicio de que sea posible que celebre sus reuniones en el territorio de cualquier comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía. Corresponderá al Comité preparatorio determinar la sede de la reunión.
5. Será posible, por razones excepcionales y previa autorización del Comité preparatorio, participar por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter reservado de sus deliberaciones.
Artículo 5. Orden del día.
1. El orden del día de la Conferencia de Presidentes será fijado por el Comité preparatorio con la conformidad de su Presidente y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. Además de las cuestiones acordadas en el seno del Comité preparatorio, se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Senado, en los términos que establezca su Reglamento.
c) La mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
d) Las Conferencias Sectoriales, por acuerdo unánime de todos los miembros con derecho a voto.
Los sujetos legitimados para solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día podrán remitir la documentación que estimen oportuna, que se acompañará al orden del día.
3. Corresponderá al Comité preparatorio el examen previo de los asuntos a incluir en el orden del día de las sesiones de la Conferencia y la preparación de la documentación necesaria para su debate.
4. El Presidente del Gobierno o un tercio de los Presidentes Autonómicos podrán solicitar en cualquier momento la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día por razones de urgencia. La aceptación de la inclusión de los nuevos asuntos en el orden del día requerirá el voto afirmativo del Presidente del Gobierno y diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía.
Artículo 6. Funcionamiento.
1. Las reuniones de la Conferencia serán a puerta cerrada.
2. El sistema que fije el orden de intervención de los Presidentes Autonómicos será acordado por las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité preparatorio.
3. De cada sesión de la Conferencia de Presidentes y del Comité preparatorio se levantará acta por el Secretario General.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La propuesta de acta será remitida a través de medios electrónicos a los miembros de la Conferencia, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.
4. Al término de cada reunión se hará pública una relación de los acuerdos y las recomendaciones adoptados.
Artículo 7. Acuerdos y recomendaciones.
1. La Conferencia podrá adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán la consideración de compromisos políticos.
2. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos tercios de los Presidentes Autonómicos.
3. Las recomendaciones se adoptarán por el Presidente del Gobierno y dos tercios de los Presidentes Autonómicos presentes y comprometen a los miembros que las han adoptado.
4. Los acuerdos y las recomendaciones serán públicos. Los miembros de la Conferencia comunicarán los acuerdos y las recomendaciones, cuando corresponda, a los órganos competentes de sus respectivas instituciones.
Artículo 8. Comisiones y grupos de trabajo.
La Conferencia podrá acordar la creación de comisiones o grupos de trabajo para el estudio de asuntos de interés común.
Artículo 9. Comité preparatorio.
1. El Comité preparatorio estará formado por la persona titular del Ministerio competente en materia de cooperación territorial, que lo presidirá, y un miembro de cada Consejo de Gobierno autonómico, designado por los respectivos Presidentes, sin perjuicio de la asistencia de otros Ministros, Consejeros o asesores cuando el orden del día lo aconseje.
2. El Comité preparatorio se reunirá una vez al menos cada seis meses.
3. Corresponden al Comité preparatorio las siguientes funciones:
a) Elaborar el Orden del Día de las sesiones en los términos establecidos por el presente Reglamento.
b) El examen previo de los asuntos que puedan incluirse en el orden del día de las sesiones de la Conferencia y la preparación de la documentación necesaria.
c) La adopción de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados por la Conferencia de Presidentes.
d) La coordinación de las actuaciones de las diferentes Conferencias Sectoriales.
e) La elevación a la Conferencia de un informe anual sobre el estado de cumplimiento de sus acuerdos y recomendaciones.
f) Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización interna del trabajo y el régimen administrativo y presupuestario de la Conferencia.
g) El nombramiento, en los términos previstos en el artículo siguiente, de la persona que ostente la Secretaría General de la Conferencia de Presidentes.
h) Cuantas le encomiende la Conferencia o el Reglamento de la misma.
4. La convocatoria se realizará por el Presidente del Comité con una antelación mínima de siete días naturales, si bien por razones de emergencia debidamente motivadas se podrá reducir este plazo.
5. Las reuniones del Comité preparatorio se celebrarán en la sede del Ministerio que ejerza las competencias en materia de cooperación territorial, si bien los asistentes podrán participar a través de medios electrónicos, siendo también de aplicación a tal efecto las garantías previstas en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento.
6. Los acuerdos del Comité preparatorio se adoptarán con el voto favorable de la persona titular del Ministerio competente en materia de cooperación territorial y de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía presentes.
7. La Conferencia de Presidentes podrá encomendar también al Consejo de Política Fiscal y Financiera el seguimiento de los asuntos y acuerdos de naturaleza económica por ella adoptados.
Artículo 10. Oficina de la Conferencia de Presidentes.
1. La Oficina de la Conferencia de Presidentes prestará el apoyo técnico y administrativo a la acción de la Conferencia, el Comité preparatorio y las Comisiones y grupos de trabajo que se constituyan. Ejercerá las labores de secretaría administrativa y cualesquiera otras que se le encomienden por acuerdo de la Conferencia de Presidentes y sus órganos.
2. La Oficina estará dirigida por el Secretario General. Éste podrá participar en las reuniones de todos los órganos de la Conferencia de Presidentes con voz pero sin voto y será el responsable de elaborar las actas de las sesiones.
3. El nombramiento y cese del Secretario General tendrá lugar por acuerdo del Comité preparatorio a propuesta de la persona titular del Ministerio competente en materia de cooperación territorial.
4. La Oficina de la Conferencia de Presidentes estará adscrita al Ministerio competente en materia de cooperación territorial, que pondrá a su disposición los medios necesarios para su funcionamiento, sin que su constitución suponga incremento de gasto público. Además, la Oficina podrá contar con la colaboración de personal del Estado, de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía con experiencia en el ámbito de la cooperación interadministrativa.
5. El Secretario General podrá designar a una persona de la Oficina de la Conferencia de Presidentes para que asista a las reuniones de las Conferencias Sectoriales a efectos de realizar el oportuno seguimiento de las mismas.
Artículo 11. Reforma del Reglamento.
Este Reglamento se podrá modificar por acuerdo unánime de los miembros de la Conferencia. | Cambios en el reglamento de la conferencia de presidentes, entre otras, pasan de una vez al año a dos, y se permitirá, de forma excepcional, hacerlas mediante videoconferencia. | La Conferencia de Presidentes celebró el día 13 de marzo de 2022 su vigesimosexta reunión desde su constitución en el año 2004. En dicha reunión se aprobó por unanimidad su nuevo Reglamento.
Por tanto, para su general conocimiento, se procede a la publicación del mismo, que figura como anexo a la presente Orden.
Madrid, 29 de marzo de 2022.–La Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García.
ANEXO
Reglamento de la Conferencia de Presidentes
PREÁMBULO
I
La Conferencia de Presidentes nació en octubre del año 2004 como un intento de normalizar el diálogo entre los máximos responsables de los Gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas. El objetivo era institucionalizar un espacio de encuentro que había demostrado una inmensa utilidad en países con modelos descentralizados de toma de decisiones. La Conferencia de Presidentes se convirtió desde el principio en una pieza clave en el éxito del modelo autonómico, consiguiendo logros que han beneficiado a toda la ciudadanía española en campos como la financiación sanitaria, la lucha contra la violencia de género, la creación de empleo y el reforzamiento del estado del bienestar. Asimismo, ha introducido en el debate político nacional cuestiones de indudable importancia estratégica como los desafíos demográficos y la lucha contra la despoblación.
Sin embargo, en los diecisiete años que han transcurrido, España ha atravesado por distintas crisis que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar nuestra arquitectura institucional. En ámbitos como la justicia social, la economía, la cohesión territorial o la salud pública, nuestro país ha sufrido desafíos sin precedentes que sólo han podido ser afrontados gracias a la solidez de nuestro modelo constitucional de convivencia. Entre los pilares que han hecho posible que hayamos hecho frente a estas crisis está sin duda el trabajo compartido entre las instituciones del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales.
Estos desafíos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación institucional entre los poderes públicos. Aunque se han producido avances, como el desarrollo legislativo de las técnicas de cooperación entre Administraciones públicas, es evidente que los instrumentos vigentes resultan insuficientes para canalizar todo el diálogo y la colaboración que deben existir en un Estado de las autonomías plural y democrático como el español.
La Conferencia de Presidentes debe ser la clave de bóveda de este sistema reforzado de cooperación entre Administraciones públicas. Al agrupar a los máximos representantes del Estado, de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, este órgano ha de ser el referente de la colaboración entre instituciones. Como se ha puesto de manifiesto con la gestión de la pandemia de la COVID-19, el impulso que se logra a través de los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia de Presidentes resulta fundamental para facilitar un ejercicio eficaz y leal de las competencias dentro de nuestro sistema constitucional.
II
El nuevo Reglamento de la Conferencia de Presidentes pretende actualizar este espacio de diálogo adaptándolo a las nuevas necesidades con el objetivo de dotar a este órgano de más agilidad, pluralismo y continuidad en la toma de decisiones. El fin último, por supuesto, es el de reconocer a la Conferencia de Presidentes el perfil que le corresponde como pieza clave del sistema de cooperación entre Administraciones públicas.
El nuevo Reglamento facilita que la Conferencia de Presidentes pueda operar de manera más ágil gracias a la introducción del formato electrónico como forma de participar en sus reuniones. Se reconoce, con carácter general, la posibilidad de asistir mediante videoconferencia en las sesiones del Comité preparatorio, un hecho coherente con la naturaleza instrumental de este órgano, que requiere del mayor nivel posible de inmediatez en su funcionamiento. Aunque en la Conferencia de Presidentes se sigue manteniendo el formato presencial, se admite que excepcionalmente se pueda autorizar la participación telemática, una posibilidad que ha demostrado ser de gran utilidad en la gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. En ambos casos, la participación mediante medios electrónicos queda condicionada al cumplimiento de las garantías que aseguren la identidad de los participantes y el carácter reservado de las deliberaciones.
III
Uno de los objetivos que se persiguen con el nuevo Reglamento es que todas las Administraciones que están representadas en la Conferencia vean incrementada su capacidad de incidir en la toma de decisiones. Es una decisión que se adopta en consonancia con el reconocimiento que la Constitución realiza al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico.
El nuevo Reglamento regula por vez primera el procedimiento de elaboración del orden del día de la Conferencia de Presidentes. Éste corresponderá al Comité preparatorio, que podrá introducir los asuntos que acuerde en su seno además de los propuestos a iniciativa del Presidente del Gobierno, el Senado, en los términos que establezca su Reglamento, la mayoría de las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía o las Conferencias Sectoriales, por unanimidad de sus miembros.
Se mantiene el sistema de adopción de acuerdos y recomendaciones vigente hasta el momento. Los acuerdos se adoptarán por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos tercios de los Presidentes Autonómicos, mientras que las recomendaciones se adoptarán por el Presidente del Gobierno y dos tercios de los Presidentes Autonómicos presentes y comprometen a los miembros que las han adoptado.
IV
Otro elemento que se refuerza en el presente Reglamento es el de la continuidad de la Conferencia de Presidentes. Se incrementan a dos las reuniones que, como mínimo, deberá celebrar a lo largo del año, frente a la reunión anual que prevé el Reglamento
### RESUMEN: Cambios en el reglamento de la conferencia de presidentes, entre otras, pasan de una vez al año a dos, y se permitirá, de forma excepcional, hacerlas mediante videoconferencia. |
ECLI:ES:TC:2017:106
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4129-2016, promovido por doña Ramona San Emeterio Pérez, representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Argos Linares y asistido por el Abogado don Manuel Félix Pardo Fernández, contra el Auto de 15 de junio de 2016, dictado por Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario (Las Palmas), por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 14 de julio de 2016, don Ignacio Argos Linares, Procurador de los Tribunales y de doña Ramona San Emeterio Pérez, interpuso recurso de amparo contra el Auto referido en el encabezamiento.
2. Los hechos relevantes para resolver el recurso de amparo interpuesto, son los siguientes:
a) Por la entidad bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Caixabank, S.A.), se concedió un préstamo con garantía hipotecaria que se formalizó en escritura pública de fecha 10 de febrero de 2006, hipotecando la finca sita en la Urbanización Balcón del Cotillo de La Oliva (Las Palmas).
b) Ante la falta de pago del préstamo, Caixabank, S.A., el 29 de octubre de 2014, presentó demanda de ejecución hipotecaria contra la recurrente en amparo, doña Ramona San Emeterio Pérez y otras dos personas más. Las tres figuran como adquirentes de la finca a título hereditario. En la demanda se hizo constar como domicilio, en el que se debía citar a los tres ejecutados, el de la finca hipotecada, que ya figuraba como tal en la escritura de constitución sin que se hubiera formulado objeción alguna al respecto en el plazo legal establecido.
c) Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario se procedió a la incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014, dictándose Auto de 19 de marzo de 2014 despachando ejecución y requiriendo a los ejecutados del pago de las cantidades reclamadas por la entidad bancaria.
d) El citado Auto se intentó notificar por medio de exhorto dirigido al Juzgado de paz de La Oliva, en el domicilio que constaba como de ubicación de la finca. Ante el resultado negativo, el agente judicial hizo constar en el acta, cumplimentada el día 4 de septiembre de 2014 a las 8:57 horas, lo siguiente: «El Presidente de la Comunidad de la Urbanización Balcón del Cotillo, me informa que los ejecutados no están en el domicilio indicado desde hace tiempo, que la casa tampoco está ocupada por otras personas, no sabe la dirección en la que están ahora los ejecutados. Para mi información me facilita el teléfono del Administrador...», tanto fijo como móvil, así como su nombre.
e) El 3 de octubre de 2014, tras el frustrado intento de citación, se interesa por Caixabank que se proceda a citar a los ejecutados por edictos, lo que se acuerda por diligencia de ordenación de 17 de noviembre de 2014. Asimismo, por diligencia de 23 de febrero de 2015 se señala subasta para la venta de la vivienda, que se celebró por vía telemática. La misma quedó concluida el 28 de marzo de 2016.
f) El 28 de marzo de 2016, la recurrente presentó escrito en el que, tras poner de manifiesto el conocimiento extraoficial de la existencia del procedimiento de ejecución referido, solicitó su personación en la causa. Asimismo, en escrito posterior, presentado el 25 de abril de 2016, formuló incidente de nulidad de actuaciones por entender que todo el procedimiento ejecutivo se había llevado sin su conocimiento, a pesar de que la entidad ejecutante conocía el domicilio real de los ejecutados, y sin que el órgano judicial realizara actividad alguna para la averiguación de su domicilio tras el resultado negativo de la notificación y requerimiento en el domicilio comunicado, con vulneración de la jurisprudencia constitucional, en concreto lo dispuesto en la STC 131/2014, de 21 de julio. Por lo expuesto, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE.
g) Por Auto de 15 de junio de 2016, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario acordó desestimar la nulidad solicitada por considerar que la notificación se hizo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 686 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) vigente en aquel momento, no siendo exigible que la oficina judicial realizara averiguaciones. El órgano judicial considera que si bien es cierto que el citado artículo se modificó por Ley 19/2015, dicha modificación no se contempla en la fecha en que se intentó la notificación, esto es, antes de noviembre de 2014.
3. La demanda se fundamenta en la vulneración del derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE), al haberse seguido la ejecución del procedimiento de ejecución contra la recurrente sin que ésta tuviera conocimiento de su existencia y contraviniendo la doctrina del Tribunal Constitucional que cita y transcribe en su escrito. La recurrente denuncia que el órgano judicial acudió al emplazamiento por edictos, sin agotar previamente los mecanismos previstos legalmente para intentar su localización personal, y ello por llevar a cabo una interpretación «estricta y literal», como afirma el propio órgano judicial en el Auto impugnado, del artículo 686 LEC en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Finaliza el escrito interesando que se declare la nulidad del auto impugnado y se retrotraigan las actuaciones al momento inicial para que se proceda a la notificación en legal forma.
4. Mediante providencia de 20 de diciembre de 2016, la Sección Tercera de este Tribunal admitió a trámite el recurso de amparo, «apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, f)]». Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ordenó requerir atentamente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario a fin de que, en el plazo de diez días, emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo, excepto a la parte recurrente en amparo.
5. Por escrito registrado en este Tribunal el día 20 de febrero de 2017, compareció don Miguel Ángel Montero Reiter, Procurador de los Tribunales y de la mercantil Caixabank, S.A., solicitando se la tuviera por personada y parte en el presente recurso de amparo.
6. Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de marzo de 2017, la representación procesal de doña Ramona San Emeterio Pérez, presentó escrito en el que se ponía en conocimiento que los demandados habían sido correctamente emplazados en el procedimiento de ejecución; lo que demostraba que una mínima labor investigadora hubiera permitido su personación y defensa en el procedimiento.
7. Mediante diligencia de ordenación de la Secretario de Justicia de la Sala Segunda de 22 de mayo de 2017, se tiene por recibido el escrito de don Miguel Ángel Montero Reiter, Procurador de los Tribunales y de la mercantil Caixabank, S.A., a quien se le tiene por personada y parte, si bien condicionado a la presentación de la escritura original de poder. Se llevó a cabo el 7 de junio de 2017. Asimismo se procedió, conforme a lo establecido en el artículo 52.1 LOTC, a dar vista de las actuaciones, por plazo común de 20 días, al Ministerio Fiscal y las partes personadas, para presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 20 de junio de 2017, la representación procesal de doña Ramona San Emeterio Pérez, formuló alegaciones dando por reproducidas las ya expuestas en su escrito de demanda, así como el contenido del escrito previamente presentado ante este Tribunal el 13 de marzo de 2017, en el que se ponía en conocimiento que los demandados habían sido correctamente emplazados en el procedimiento de ejecución.
9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de junio de 2017, la representación procesal de Caixabank, S.A., formuló alegaciones solicitando la desestimación de la pretensión. Se expone que puesto que la demanda se interpuso en diciembre de 2013, las notificaciones en la finca hipotecada se llevaron a cabo conforme a legalidad vigente y sin que se produjera indefensión alguna. En este sentido, se alega que el artículo 686 LEC fue modificado a raíz de la Ley 19/2015, mientras que dicho trámite se realizó entre marzo de 2014 y noviembre de 2014, por lo que se considera que el Juzgado actuó correctamente y en aplicación estricta de lo regulado en la norma procesal vigente en aquel momento.
10. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó, el 28 de junio de 2017, su escrito de alegaciones.
Tras exponer los hechos y reproducir la doctrina al respecto, el Ministerio Fiscal concluye que procede la estimación de la demanda de amparo, pues el órgano judicial acudió a la citación edictal de manera inmediata, optando, por tanto, de forma explícita por la aplicación automática del art. 686.3 LEC con «palmario automatismo» y «desoyendo la doctrina constitucional» que no podía desconocer porque el propio incidente de nulidad planteado recogía cita jurisprudencial en ese sentido. Concretamente la STC de 21 de julio de 2014, en la que se impone la obligación de averiguación del domicilio antes de optar por la comunicación por edictos por derivar de la propia Constitución.
Advierte, además, que, en este caso, al contrario de otros que se le han sometido a este alto Tribunal, no se le exigía al órgano judicial una actividad de averiguación ni siquiera relativamente compleja, pues a la constatación del Juzgado de paz de La Oliva de que en el domicilio no residían ninguno de los ejecutados se acompañó una vía de posible averiguación de los domicilios de los ejecutados, al darse datos personales y número de teléfono del administrador de la comunidad de propietarios. Dicha vía no fue explorada. Para el Fiscal la inactividad del órgano judicial llega al extremo de que una vez frustrada la citación personal, se limita a dictar la providencia acordando la vía de los edictos, sin acordar ni tan siquiera oficiar a la propia entidad bancaria para que señalaran otro domicilio si les constaba o haber acudido al domicilio que se había consensuado por las partes para el caso de controversia o litigio de la que disponía inicialmente.
Por los motivos expuestos, el Fiscal interesa el otorgamiento del amparo, por haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la recurrente en amparo, y, en consecuencia, se acuerde la nulidad del Auto de 15 de junio de 2016 y se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento de pago a la demandante de amparo para que se le comunique el despacho de ejecución en forma legal.
11. Por providencia de 14 de septiembre de 2017 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si el Auto de 15 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Puerto del Rosario (Las Palmas), por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haberse seguido el proceso de ejecución sin haberse emplazado personalmente a la ejecutada, acudiendo el órgano judicial al emplazamiento por edictos sin haber agotado, previamente, los mecanismos previstos en el artículo 686.3 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) para intentar su localización personal, tal y como así exige la jurisprudencia constitucional.
El Fiscal considera que procede estimar el recurso y declarar que el citado derecho fundamental ha sido vulnerado.
2. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, la Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 20 de diciembre de 2016, admitió a trámite el presente recurso de amparo al apreciar «que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, f)]». Una negativa que «se ha sostenido por este Tribunal desde el ATC 26/2012, de 31 de enero, FJ 3, no puede ser identificada con ‘la errónea interpretación o aplicación de la jurisprudencia, incluso si fuera objetivable y verificable’ en el caso concreto. Para el Tribunal se trata de algo radicalmente distinto como lo es la voluntad manifiesta de no proceder a su aplicación; o dicho en otras palabras, a una decisión consciente de soslayarla (en este sentido, STC 133/2011, de 18 de julio, FJ 3, y 155/2015, de 8 de junio, FJ 2)» (STC 5/2017, de 16 de enero, FJ 2. Y es que es precisamente «el ‘elemento intencional o volitivo’ el que caracteriza este concreto supuesto de especial trascendencia constitucional» (STC 5/2017, FJ 2) y el que lo distingue de un supuesto subjetivo, que no objetivo, de vulneración por inaplicación de la jurisprudencia constitucional. En otras palabras, el incumplimiento por sí solo de la doctrina dictada por este Tribunal, no puede ser considerado como un supuesto de especial trascendencia constitucional, pero una vez advertida la cualidad que hace del mismo un supuesto de trascendencia constitucional –es decir, la existencia de una negativa manifiesta– este Tribunal debe conocer del recurso y aplicar su doctrina al caso concreto.
Dicho esto, se ha de poner de relieve que en las SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero, FJ 2, tanto la Sala Primera como la Sala Segunda, apreciaron la concurrencia de dicho elemento intencional de incumplir la doctrina constitucional en supuestos en los que el órgano judicial, aun conociéndola, dado que había sido citada y extractada en lo fundamental en el escrito por el que se promovió el incidente de nulidad de actuaciones, lo resolvió sin hacer consideración alguna. Hay que advertir al respecto, que en estos casos, al igual que en el presente, en la jurisprudencia alegada se ponía de manifiesto la doctrina elaborada por este Tribunal sobre la interpretación que debía darse del artículo 686.3 LEC, en redacción producida con la Ley 13/2009, para no incurrir en la vulneración del artículo 24.1 CE. Y es que, aparte del elemento volitivo o intencional de incumplimiento, es necesario que este lo sea referido a una doctrina concreta y precisa del Tribunal, no siendo suficiente cualquier pronunciamiento jurisprudencial que se entienda incumplido.
3. En el presente caso concurre la especial transcendencia antes indicada, puesto que la demandante cita la doctrina consignada en la STC 131/2014, de 21 de julio, para justificar la obligación de practicar razonables diligencias de averiguación de domicilio antes de acudir a la citación edictal y, no obstante ello, el órgano judicial dispensa una respuesta que elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional puesta de relieve, lo que denota una voluntad implícita de no aplicar la referida doctrina al caso.
4. Advertido lo anterior, procede entrar a conocer del fondo del asunto.
Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la comunicación del procedimiento de ejecución hipotecaria en el caso de que sea negativa la notificación y el requerimiento de pago en el domicilio que consta en el Registro de la Propiedad, y, más concretamente, sobre la necesidad de que el órgano jurisdiccional agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la comunicación edictal.
En concreto, la STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3, ha afirmado que «cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)». Incluso, cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, habría que realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real (por todas, STC 19/2004, de 23 de febrero, FJ 4, y 126/2006 de 24 de abril, FJ 4), siempre que ello no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora sobre la efectividad del acto de comunicación (STTC 126/1999, de 28 de junio, FJ 4; 82/2000, de 27 de marzo, FJ 6; 113/2001, de 7 de mayo, FJ 5 y STC 131/2014, de 21 de julio, FJ 2, entre otras). Para el Tribunal, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una interpretación secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando su contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013, FJ 5).
La aplicación de la doctrina transcrita de la STC 122/2013, reiterada en una pluralidad de Sentencias posteriores (SSTC 30/2014, 24 de febrero FJ 3; 131/2014, de 21 de julio, FJ 4; 137/2014, de 8 de septiembre, FJ 3, 89/2015, de 11 de mayo, FJ 3; 169/2014, 22 de octubre, FJ 3, 151/2016, de 19 de septiembre, FJ 2, y 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero, FJ 2), llevan a apreciar, en este caso, la vulneración del art. 24.1 CE, pues, como pone de manifiesto el Fiscal en su escrito de alegaciones, ni siquiera se le exigía al órgano judicial una actividad de averiguación relativamente compleja.
En efecto, tras intentar la notificación de la demanda en la finca hipotecada mediante exhorto librado al Juzgado de Paz correspondiente, y constatarse que en la vivienda no residían ninguno de los ejecutados, en el acta quedaba reflejada una posible vía de averiguación de los domicilios de los ejecutados facilitada por el presidente de la comunidad; que se comunicó el nombre y teléfono fijo y móvil del administrador de la comunidad. Sin embargo, no hay constancia de que el órgano judicial realizara ningún intento de averiguación del domicilio de los ejecutados y procedió de forma automática a la comunicación edictal. Circunstancia que se ratifica en virtud de la respuesta ofrecida por el órgano judicial en el Auto resolutorio del incidente de nulidad, al argumentar que no se había provocado indefensión alguna por cuanto se había realizado una interpretación literal del artículo 686.3 LEC, que no obligaba al órgano jurisdiccional agotar las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la comunicación edictal. Interpretación que, como se ha puesto de manifiesto, había quedado proscrita por este Tribunal y, posteriormente, acogida por el legislador.
5. Por lo expuesto, procede la estimación del recurso de amparo con nulidad del Auto de 15 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Puerto del Rosario, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014.
Asimismo, como medida de restablecimiento del derecho, debe acordarse la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente siguiente al de dictarse el Auto despachando ejecución, a fin de que se provea por el órgano judicial a la notificación de la demanda ejecutiva y el requerimiento de pago a la recurrente en términos respetuosos con su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar la presente demanda de amparo y en su virtud:
1.º Reconocer el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Declarar la nulidad del Auto de 15 de junio de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Puerto del Rosario, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al requerimiento de pago a la demandante, para que se le comunique el despacho de ejecución en legal forma.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. | Sentencia del Tribunal Cconstitucional donde exige Caixabank a buscar al demandado antes de avisarle por edictos. | ECLI:ES:TC:2017:106
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 4129-2016, promovido por doña Ramona San Emeterio Pérez, representada por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Argos Linares y asistido por el Abogado don Manuel Félix Pardo Fernández, contra el Auto de 15 de junio de 2016, dictado por Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario (Las Palmas), por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la recurrente, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 14 de julio de 2016, don Ignacio Argos Linares, Procurador de los Tribunales y de doña Ramona San Emeterio Pérez, interpuso recurso de amparo contra el Auto referido en el encabezamiento.
2. Los hechos relevantes para resolver el recurso de amparo interpuesto, son los siguientes:
a) Por la entidad bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (Caixabank, S.A.), se concedió un préstamo con garantía hipotecaria que se formalizó en escritura pública de fecha 10 de febrero de 2006, hipotecando la finca sita en la Urbanización Balcón del Cotillo de La Oliva (Las Palmas).
b) Ante la falta de pago del préstamo, Caixabank, S.A., el 29 de octubre de 2014, presentó demanda de ejecución hipotecaria contra la recurrente en amparo, doña Ramona San Emeterio Pérez y otras dos personas más. Las tres figuran como adquirentes de la finca a título hereditario. En la demanda se hizo constar como domicilio, en el que se debía citar a los tres ejecutados, el de la finca hipotecada, que ya figuraba como tal en la escritura de constitución sin que se hubiera formulado objeción alguna al respecto en el plazo legal establecido.
c) Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario se procedió a la incoación del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 15-2014, dictándose Auto de 19 de marzo de 2014 despachando ejecución y requiriendo a los ejecutados del pago de las cantidades reclamadas por la entidad bancaria.
d) El citado Auto se intentó notificar por medio de exhorto dirigido al Juzgado de paz de La Oliva, en el domicilio que constaba como de ubicación de la finca. Ante el resultado negativo, el agente judicial hizo constar en el acta, cumplimentada el día 4 de septiembre de 2014 a las 8:57 horas, lo siguiente: «El Presidente de la Comunidad de la Urbanización Balcón del Cotillo, me informa que los ejecutados no están en el domicilio indicado desde hace tiempo, que la casa tampoco está ocupada por otras personas, no sabe la dirección en la que están ahora los ejecutados. Para mi información me facilita el teléfono del Administrador...», tanto fijo como móvil, así como su nombre.
e) El 3 de octubre de 2014, tras el frustrado intento de citación, se interesa por Caixabank que se proceda a citar a los ejecutados por edictos, lo que se acuerda por diligencia de ordenación de 17 de noviembre de 2014. Asimismo, por diligencia de 23 de febrero de 2015 se señala subasta para la venta de la vivienda, que se celebró por vía telemática. La misma quedó concluida el 28 de marzo de 2016.
f) El 28 de marzo de 2016, la recurrente presentó escrito en el que, tras poner de manifiesto el conocimiento extraoficial de la existencia del procedimiento de ejecución referido, solicitó su personación en la causa. Asimismo, en escrito posterior, presentado el 25 de abril de 2016, formuló incidente de nulidad de actuaciones por entender que todo el procedimiento ejecutivo se había llevado sin su conocimiento, a pesar de que la entidad ejecutante conocía el domicilio real de los ejecutados, y sin que el órgano judicial realizara actividad alguna para la averiguación de su domicilio tras el resultado negativo de la notificación y requerimiento en el domicilio comunicado, con vulneración de la jurisprudencia constitucional, en concreto lo dispuesto en la STC 131/2014, de 21 de julio. Por lo expuesto, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE.
g) Por Auto de 15 de junio de 2016, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Puerto del Rosario acordó desestimar la nulidad solicitada por considerar que la notificación se hizo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 686 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) vigente en aquel momento, no siendo exigible que la oficina judicial realizara averiguaciones. El órgano judicial considera que si bien es cierto que el citado artículo se modificó por Ley 19/2015, dicha modificación no se contempla en la fecha en que se intentó la notificación, esto es, antes de noviembre de 2014.
3. La demanda se fundamenta en la vulneración del derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE), al haberse seguido la ejecución del procedimiento de ejecución contra la recurrente sin que ésta tuviera conocimiento de su existencia y contraviniendo la doctrina del Tribunal Constitucional que cita y transcribe en su escrito. La recurrente denuncia que el órgano judicial acudió al emplazamiento por edictos, sin agotar previamente los mecanismos previstos legalmente para intentar su localización personal, y ello por llevar a cabo una interpretación «estricta y literal», como afirma el propio órgano judicial en el Auto impugnado, del artículo 686 LEC en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administ
### RESUMEN: Sentencia del Tribunal Cconstitucional donde exige Caixabank a buscar al demandado antes de avisarle por edictos. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223.
4) Teléfono:
91 452 27 09 - 91 452 27 60.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.pozuelodealarcon.org.
d) Número de expediente:
2015/PA/000031.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Administrativo especial.
b) Descripción:
Organización de feria taurina.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Del 7 al 12 de septiembre de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Precio.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 123.000,00 euros. Importe total: 148.830,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Cláusula 24.ª del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón, 28223.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha y hora:
Se anunciará en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario, importe máximo 545 euros.
Pozuelo de Alarcón, 3 de junio de 2015.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio en funciones, Isabel Pita Cañas. | Licitación para la organización de la feria taurina en Pozuelo de Alarcón por importe total de 148.830,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223.
4) Teléfono:
91 452 27 09 - 91 452 27 60.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.pozuelodealarcon.org.
d) Número de expediente:
2015/PA/000031.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Administrativo especial.
b) Descripción:
Organización de feria taurina.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Del 7 al 12 de septiembre de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto.
d) Criterios de adjudicación:
Precio.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 123.000,00 euros. Importe total: 148.830,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Cláusula 24.ª del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
Quince días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Unidad de Contratación.
2) Domicilio:
Plaza Mayor, n.º 1.
3) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón, 28223.
9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección:
Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal:
Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha y hora:
Se anunciará en el perfil de contratante.
10. Gastos de publicidad:
Por cuenta del adjudicatario, importe máximo 545 euros.
Pozuelo de Alarcón, 3 de junio de 2015.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio en funciones, Isabel Pita Cañas.
### RESUMEN: Licitación para la organización de la feria taurina en Pozuelo de Alarcón por importe total de 148.830,00 euros. |
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, en primera votación y por mayoría de dos tercios de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17 /2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, ha elegido a los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:
– Don José Manuel Pérez Tornero.
– Doña Elena Sánchez Caballero.
– Don José Manuel Martín Medem.
– Doña María Carmen Sastre Bellas.
– Don Jenaro Castro Muiña.
– Don Juan José Baños Loinaz.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2021.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña. | Nombrado seis miembros del Consejo de administración de RTVE; José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña y Juan José Baños Loinaz. | El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, en primera votación y por mayoría de dos tercios de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17 /2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, ha elegido a los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:
– Don José Manuel Pérez Tornero.
– Doña Elena Sánchez Caballero.
– Don José Manuel Martín Medem.
– Doña María Carmen Sastre Bellas.
– Don Jenaro Castro Muiña.
– Don Juan José Baños Loinaz.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2021.–La Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña.
### RESUMEN: Nombrado seis miembros del Consejo de administración de RTVE; José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña y Juan José Baños Loinaz. |
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Domicilio:
Calle Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª, ala B.
3) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
4) Teléfono:
91 568 85 08.
5) Telefax:
91 561 10 51.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, de 10 a 13 horas.
d) Número de expediente:
60/VC-41/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios relativos a la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el año 2013.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No se establecieron.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79310000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, con la concurrencia de varios criterios.
d) Criterios de adjudicación:
Varios criterios, con al menos uno dependiente de un juicio de valor.
4. Valor estimado del contrato:
129.231 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 129.231 euros. Importe total: 156.369,51 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará según lo previsto en la claúsula 6.6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
19 de diciembre de 2012, dentro del horario de Registro de la entidad y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Registro General).
2) Domicilio:
Calle Padre Damián, 4 y 6.
3) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
e) Admisión de variantes:
No se autoriza.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, a contar desde la apertura pública de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Dos actos públicos.
b) Dirección:
Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
d) Fecha y hora:
El acto público de apertura de los sobres que contienen la documentación susceptible de valoración a través de un juicio de valor se celebrará el 16 de enero de 2013, a las 10 horas.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicidad de este anuncio y cuantos otros origine este expediente serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
El segundo acto público a celebrar para la apertura de la documentación susceptible de valoración automática, tendrá lugar en las mismas dependencias descritas, el día 5 de febrero de 2013, a las 10 horas.
Madrid, 8 de noviembre de 2012.- El Secretario General, Eleazar M.ª Ortiz Herranz. | Licitación para el servicios relativos a la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social por importe total de 156.369,51 euros. | 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Domicilio:
Calle Padre Damián, 4 y 6, planta 3.ª, ala B.
3) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
4) Teléfono:
91 568 85 08.
5) Telefax:
91 561 10 51.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.seg-social.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, de 10 a 13 horas.
d) Número de expediente:
60/VC-41/13.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Servicios relativos a la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el año 2013.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
No se establecieron.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega:
Conforme a lo previsto en la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas.
f) Admisión de prórroga:
No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
79310000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Ordinaria.
b) Procedimiento:
Abierto, con la concurrencia de varios criterios.
d) Criterios de adjudicación:
Varios criterios, con al menos uno dependiente de un juicio de valor.
4. Valor estimado del contrato:
129.231 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a)
Importe neto: 129.231 euros. Importe total: 156.369,51 euros.
6. Garantías exigidas.
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se acreditará según lo previsto en la claúsula 6.6.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación:
19 de diciembre de 2012, dentro del horario de Registro de la entidad y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia:
Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Registro General).
2) Domicilio:
Calle Padre Damián, 4 y 6.
3) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
e) Admisión de variantes:
No se autoriza.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Dos meses, a contar desde la apertura pública de proposiciones.
9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción:
Dos actos públicos.
b) Dirección:
Calle Padre Damián, 4 y 6.
c) Localidad y código postal:
28036 Madrid.
d) Fecha y hora:
El acto público de apertura de los sobres que contienen la documentación susceptible de valoración a través de un juicio de valor se celebrará el 16 de enero de 2013, a las 10 horas.
10. Gastos de publicidad:
Los gastos de publicidad de este anuncio y cuantos otros origine este expediente serán por cuenta del adjudicatario.
12. Otras informaciones:
El segundo acto público a celebrar para la apertura de la documentación susceptible de valoración automática, tendrá lugar en las mismas dependencias descritas, el día 5 de febrero de 2013, a las 10 horas.
Madrid, 8 de noviembre de 2012.- El Secretario General, Eleazar M.ª Ortiz Herranz.
### RESUMEN: Licitación para el servicios relativos a la realización de estudios de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social por importe total de 156.369,51 euros. |
I
La Constitución obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Garantizar este principio es fundamental para generar confianza en la economía española, consolidar el crecimiento económico y generar empleo.
En un entorno presupuestario más favorable para potenciar la reposición de efectivos de la Administración Pública, es prioritario reforzar la incorporación de recursos humanos destinados a la lucha contra el fraude, y para realizar las actuaciones de inspección y control necesarias en este ámbito.
La estabilidad presupuestaria y financiera requiere de una eficiente planificación de los recursos públicos y su asignación al cumplimiento de los intereses generales.
En este sentido se considera urgente favorecer la política de reducción tanto del fraude fiscal, como del laboral y en la Seguridad Social, así como de una política de mayor eficacia en la recaudación de ingresos públicos. Se trata, en definitiva, de contribuir a la mejora en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos y satisfacer con mayor calidad los intereses generales. Para ello es especialmente necesario garantizar el adecuado cumplimiento del régimen jurídico de los ingresos públicos y, por ende, la reducción del fraude fiscal.
En la consecución de estas políticas también resulta necesario reforzar con urgencia la atención y prestación de determinados servicios a los ciudadanos con más medios personales, en especial los referentes a la expedición del documento nacional de identidad y a las pruebas conducentes a la obtención de permisos de conducción.
Todo ello justifica la incorporación de un total de 4282 plazas adicionales en este real decreto-ley. De ellas, 3832 plazas son de turno libre, de las cuales 2026 reforzarán la tasa de reposición prevista en el artículo 19.Uno.2. E), P) y S) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en los sectores que se recogen en este real decreto-ley y concretamente en los cuerpos y escalas que tienen como cometido estas importantes funciones. A ellas se añaden 450 plazas de promoción interna. Por su parte, las 1806 plazas restantes se prevén para el año 2018 por los motivos que se detallan a continuación, aunque se computarán en la tasa de reposición de dicho ejercicio.
Efectivamente, estas políticas públicas requieren de un marco de planificación estable que se extiende más allá de la anualidad presupuestaria. Precisamente una de las necesidades más urgentes y extraordinarias que satisface esta norma es la de establecer un marco bienal de planificación que permita reforzar el efecto disuasorio en relación con el fraude. Y también es urgente dotar de estabilidad y certidumbre al ingreso de nuevos efectivos en estos sectores, en una perspectiva de jubilación significativa de sus actuales plantillas a medio plazo. De ahí que como instrumento para dicha planificación, este real decreto-ley, dentro de las posibilidades que ofrece el marco estatutario de la función pública, prevé que la ejecución se lleve a efecto en el menor plazo temporal, dada la extraordinaria y urgente necesidad de que se produzca la incorporación de este personal a los sectores de actividad que recoge, con la mayor celeridad posible. Por todo ello, también se autoriza la convocatoria durante 2017 de las plazas previstas para el ejercicio 2018.
Por otra parte, este real decreto-ley incluye la autorización para convocar las correspondientes plazas para personas con discapacidad general, equivalentes al cinco por ciento de las plazas cuya convocatoria se autoriza. Las plazas correspondientes a la reserva que se destina a personas con discapacidad intelectual, equivalentes al dos por ciento de las contempladas en este real decreto-ley, se convocarán con ocasión de la oferta de empleo público ordinaria.
II
El papel que desempeña el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude, en su vertiente laboral y de Seguridad Social, es pieza imprescindible en el conjunto de la actividad que despliega el Estado en este campo.
Para ello cuenta con ámbitos muy definidos de actuación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vela por el correcto cumplimiento de la normativa laboral y al que la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, le dota con la creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como organismo autónomo con personalidad jurídica y dentro del que se crea una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
Por su parte, el Sistema de Seguridad Social, realiza sus actuaciones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, con competencias en materia de afiliación y recaudación, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsable del conjunto de prestaciones del Sistema. Dentro del sistema se encuentra el Servicio Público de Empleo Estatal, órgano gestor de las prestaciones por desempleo.
En este sentido se añade a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017 una oferta extraordinaria para dotar adecuadamente este conjunto de organismos, que como se ha expuesto son clave en la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social, dada la prioridad que ello supone, y ante el progresivo envejecimiento y el aumento de la jubilación de las actuales plantillas.
Todo ello requiere además una actuación urgente mediante un plan de choque a corto plazo que pueda dotarse de los medios humanos necesarios para contribuir a una mayor eficiencia en los recursos y una mayor eficacia en los resultados.
Por todo ello, es necesario disponer a la mayor brevedad posible de los medios personales que, oportunamente dotados, permitan seguir avanzando en la lucha contra el fraude y, por tanto, conseguir que los recursos públicos se destinen allí donde son necesarios.
Por último, el artículo 5 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, regula el ingreso en los cuerpos nacionales del personal con funciones inspectoras, estableciendo que las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público, que se efectuarán por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, contendrán las plazas que para cada cuerpo o escala se autoricen por el Consejo de Ministros en el real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración General del Estado y las que propongan las comunidades autónomas que hayan recibido la transferencia orgánica de personal inspector y subinspector. Las convocatorias de las plazas de los citados cuerpos que se recogen en este real decreto-ley se ajustarán a lo dispuesto en dicho precepto.
El refuerzo de los servicios de prestaciones a los demandantes de empleo y de atención a los mismos, así como del seguimiento y control de los diferentes instrumentos prestacionales, aconsejan por una parte una convocatoria de plazas adicionales a las que prevé la Oferta de Empleo Público para 2017, para el Cuerpo General de Gestión de la Administración Civil del Estado y, por otra, una reorganización imperativa de la especialización de los funcionarios que realizan dichas funciones. De este modo, este real decreto-ley crea dentro de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos del subgrupo de clasificación A1, una nueva especialidad de empleo.
III
El control de la ejecución del gasto público de la Administración del Estado, que ha de intensificarse en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por España ante la Comisión Europea, exige el refuerzo de las plazas de los cuerpos que tienen asignadas estas funciones, particularmente en las labores de fiscalización y control que ejerce la Intervención General de la Administración del Estado.
Por otra parte, el derecho de los ciudadanos a obtener la identificación prevista por la legislación sobre seguridad ciudadana, debe prestarse con las mayores garantías de eficacia. En la coyuntura actual se han adoptado diversas medidas organizativas, tecnológicas y de equipamientos para reducir el tiempo de espera para la cita, agilizar la liquidación de pago de tasas, reforzar las labores de asignación telemática de citas a través del portal 060, planificar a más largo plazo mediante la extensión del período de renovación del documento nacional de identidad a los seis meses previos a su caducidad y la reasignación de efectivos hacia oficinas de DNI más necesitadas. Estas medidas requieren completarse urgentemente con el refuerzo de las plantillas actuales de las oficinas de expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes de la Dirección General de la Policía, para atender adecuadamente la tramitación más ágil de esta documentación.
Las plazas que van a cubrir esta necesidad urgente son adicionales a las que se convocarán para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado mediante la Oferta de Empleo Público para 2017.
IV
Por su parte, las pruebas de obtención de permisos de conducción se han visto sometidas a un considerable aumento de la demanda en los servicios de la Dirección General de Tráfico encargados de las mismas. Por ello, dicho organismo autónomo necesita reorganizar con carácter inaplazable su actual plantilla mediante la creación de la especialidad de tráfico en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado del subgrupo de clasificación C1.
Acompañando estas reorganizaciones con nuevas especialidades, este real decreto-ley aprueba la oferta de las correspondientes plazas para la incorporación inmediata del personal a dichas especialidades, lo que ha de suponer una rápida mejora en las prestaciones de estos servicios a los ciudadanos.
V
Este real decreto-ley cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. De este modo, la norma persigue un interés general al permitir asegurar el correcto funcionamiento de sectores de actividad pública esenciales como son la Administración tributaria, el sistema de la Seguridad Social, las prestaciones en el ámbito del empleo, la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, la expedición de la documentación para la identificación ciudadana, la realización de pruebas para la obtención de permisos de conducción y el control de la actividad administrativa en materia de gasto de la Administración del Estado. La norma no conlleva la restricción de derechos de los particulares, establece las medidas imprescindibles para cumplir su objetivo, no genera nuevas cargas administrativas y quedan justificados suficientemente los objetivos que persigue.
VI
Como ha señalado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, corresponde al Gobierno apreciar cuál es el momento o la coyuntura económica más apropiada para adoptar medidas de política económica general, pudiendo adoptarse las mismas, cuando así sea preciso, mediante la aprobación de disposiciones legislativas provisionales y de eficacia inmediata como las contenidas en un real decreto-ley.
Todos los argumentos expuestos justifican de manera adecuada y suficiente la urgente y extraordinaria necesidad de la adopción del presente real decreto-ley.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, del Ministro del Interior y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2017,
DISPONGO:
Artículo 1. Refuerzo del empleo público en la lucha contra el fraude fiscal.
A fin de mejorar el empleo público en el ámbito de la Administración tributaria, en materia de refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, se autoriza la convocatoria en los cuerpos de funcionarios del ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 2150 plazas de acceso por turno libre, de las que 1075 corresponden al ejercicio 2017 y 1075 al ejercicio 2018:
2017
2018
Cupo general
Cupo
discapacidad general
Total
plazas
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total
plazas
0011
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado
85
5
90
85
5
90
0007I
Superior de Vigilancia Aduanera, esp. de Investigación
7
0
7
7
0
7
0007J
Superior de Vigilancia Aduanera, esp. de Navegación
5
0
5
5
0
5
0007K
Superior de Vigilancia Aduanera, esp. de Propulsión
5
0
5
5
0
5
0009L
Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Comunicaciones
7
0
7
7
0
7
0009I
Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Investigación
18
0
18
18
0
18
0009J
Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Navegación
15
0
15
15
0
15
0009K
Ejecutivo del S.V.A., especialidad de Propulsión
15
0
15
15
0
15
0014
Técnico de Hacienda
340
18
358
340
18
358
0010I
Agentes del S.V.A., especialidad Investigación
60
0
60
60
0
60
0010J
Agentes del S.V.A., especialidad Marítima
95
0
95
95
0
95
1135T
General Administrativo Admón. Est., esp. Agentes Hacienda Pública
375
25
400
375
25
400
La Agencia Estatal de Administración Tributaria diseñará nuevos instrumentos de ordenación de recursos humanos con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y funcional, potenciando con ello la lucha contra el fraude fiscal.
Artículo 2. Refuerzo del empleo público en la lucha contra el fraude en los ámbitos laboral y de la Seguridad Social.
A fin de mejorar el empleo público en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, en materia de refuerzo de la lucha contra el fraude en dichos ámbitos, se autoriza la convocatoria de 884 plazas de acceso por turno libre, de las que 442 corresponden al ejercicio 2017 y 442 al ejercicio 2018:
2017
2018
Cupo
general
Cupo
discapacidad
general
Total
plazas
Cupo
general
Cupo
discapacidad
general
Total
plazas
1502
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
43
2
45
43
2
45
1503
Subinspectores Laborales - Escala de Empleo y Seguridad Social
52
3
55
52
3
55
1504
Subinspectores Laborales - Escala de Seguridad y Salud Laboral
57
3
60
57
3
60
1604
Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
95
5
100
95
5
100
6449
Médicos-Inspectores C. Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social
30
2
32
30
2
32
1610
Gestión de la Administración de la Seguridad Social
142
8
150
142
8
150
Artículo 3. Refuerzo del empleo público en el control del gasto público.
A fin de mejorar el empleo público en el ámbito de la Intervención General de la Administración del Estado, en materia de refuerzo del control del gasto público, se autoriza la convocatoria de 178 plazas de acceso por turno libre, de las que 89 corresponden al ejercicio 2017 y 89 al ejercicio 2018:
Turno libre
2017
2018
Cupo
general
Cupo
discapacidad
general
Total
plazas
Cupo
general
Cupo
discapacidad
general
Total
plazas
0012
Superior de Interventores y Auditores del Estado
24
1
25
24
1
25
0015
Técnico de Auditoría y Contabilidad
61
3
64
61
3
64
Artículo 4. Refuerzo del empleo público en los servicios de expedición de documentación e identificación personal.
A fin de mejorar el empleo público en el ámbito de la Dirección General de Policía, para prestar servicios en el ámbito de las Oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad, se autoriza la convocatoria de 150 plazas correspondientes al ejercicio 2017 que figuran a continuación:
Turno libre
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
1146
General Auxiliar de la Administración del Estado (Oficinas DNI)
142
8
150
Artículo 5. Refuerzo del empleo público en las oficinas de prestaciones y atención a demandantes de empleo.
A fin de mejorar el empleo público en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (O.A.), para prestar servicios en las oficinas de prestaciones, así como del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (O.A.), se autoriza la convocatoria de 360 plazas de acceso por turno libre, de las que 180 corresponden al ejercicio 2017 y 180 al ejercicio 2018:
Turno libre
2017
2018
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
1122
Gestión de la Administración Civil del Estado (ámbitos SEPE y FOGASA)
171
9
180
171
9
180
Artículo 6. Creación de la Especialidad de Empleo en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos y su oferta de empleo público.
1. Se crea la Especialidad de Empleo en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Dicha especialidad queda adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
2. Los funcionarios de la Especialidad de Empleo de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, estarán incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
3. El ámbito de actuación funcional de los integrantes de la nueva especialidad será el correspondiente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (O.A.) y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (O.A.). No obstante, los funcionarios de esta especialidad podrán desempeñar de forma excepcional otros puestos de trabajo en los términos en que así lo establezca la correspondiente relación de puestos de trabajo.
4. Se autoriza la convocatoria de 40 plazas en turno libre para los ejercicios de 2017 y 2018 y de 15 plazas de promoción interna para el ejercicio 2017, de la nueva especialidad que figuran a continuación:
Turno libre
2017
2018
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
6000E
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Esp. Empleo)
19
1
20
19
1
20
Promoción interna
2017
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
6000E
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Esp. Empleo)
15
0
15
Artículo 7. Creación de la Especialidad de Tráfico en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y su oferta de empleo público.
1. Se crea la Especialidad de Tráfico en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Dicha especialidad queda adscrita al Ministerio del Interior.
2. El ámbito de actuación funcional de los integrantes de la nueva especialidad será el correspondiente a la Dirección General de Tráfico, incluidas las funciones de gestión del propio organismo autónomo y la celebración de exámenes para la obtención de permisos de conducción. No obstante, los funcionarios de esta especialidad podrán desempeñar de forma excepcional otros puestos de trabajo en los términos en que así lo establezca la correspondiente relación de puestos de trabajo.
3. Se autoriza la convocatoria de 505 plazas de turno libre y de promoción interna, de la nueva especialidad correspondientes al ejercicio 2017 que figuran a continuación:
Turno libre
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
1135T
General Administrativo Admón. Est., esp. Tráfico
65
5
70
Promoción interna
Cupo general
Cupo discapacidad general
Total plazas
1135T
General Administrativo Admón. Est., esp. Tráfico
413
22
435
Disposición adicional primera. Criterios de reposición de efectivos.
1. Las plazas correspondientes al ejercicio de 2017 previstas en este real decreto-ley, son adicionales a las que se refiere el artículo 19.Uno.2.E), P) y S) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y que se prevén en la Oferta de Empleo Público para el año 2017.
2. Las plazas correspondientes al ejercicio de 2018, se computarán en la tasa de reposición de la Administración General del Estado que prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Disposición adicional segunda. Normas por las que se desarrollarán los procesos selectivos de este real decreto-ley.
Los procesos selectivos que se convoquen en 2017 para la cobertura de las plazas autorizadas para los ejercicios 2017 y 2018 en virtud de este real decreto-ley, se efectuarán conforme a las previsiones del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017.
A las convocatorias que se efectúen en 2018, se les aplicarán las previsiones del real decreto de oferta de empleo público vigente en el momento en el que se aprueben.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de julio de 2017.
FELIPE R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN | Oferta de Empleo Público para 2017. | I
La Constitución obliga a todas las Administraciones Públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Garantizar este principio es fundamental para generar confianza en la economía española, consolidar el crecimiento económico y generar empleo.
En un entorno presupuestario más favorable para potenciar la reposición de efectivos de la Administración Pública, es prioritario reforzar la incorporación de recursos humanos destinados a la lucha contra el fraude, y para realizar las actuaciones de inspección y control necesarias en este ámbito.
La estabilidad presupuestaria y financiera requiere de una eficiente planificación de los recursos públicos y su asignación al cumplimiento de los intereses generales.
En este sentido se considera urgente favorecer la política de reducción tanto del fraude fiscal, como del laboral y en la Seguridad Social, así como de una política de mayor eficacia en la recaudación de ingresos públicos. Se trata, en definitiva, de contribuir a la mejora en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos y satisfacer con mayor calidad los intereses generales. Para ello es especialmente necesario garantizar el adecuado cumplimiento del régimen jurídico de los ingresos públicos y, por ende, la reducción del fraude fiscal.
En la consecución de estas políticas también resulta necesario reforzar con urgencia la atención y prestación de determinados servicios a los ciudadanos con más medios personales, en especial los referentes a la expedición del documento nacional de identidad y a las pruebas conducentes a la obtención de permisos de conducción.
Todo ello justifica la incorporación de un total de 4282 plazas adicionales en este real decreto-ley. De ellas, 3832 plazas son de turno libre, de las cuales 2026 reforzarán la tasa de reposición prevista en el artículo 19.Uno.2. E), P) y S) de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en los sectores que se recogen en este real decreto-ley y concretamente en los cuerpos y escalas que tienen como cometido estas importantes funciones. A ellas se añaden 450 plazas de promoción interna. Por su parte, las 1806 plazas restantes se prevén para el año 2018 por los motivos que se detallan a continuación, aunque se computarán en la tasa de reposición de dicho ejercicio.
Efectivamente, estas políticas públicas requieren de un marco de planificación estable que se extiende más allá de la anualidad presupuestaria. Precisamente una de las necesidades más urgentes y extraordinarias que satisface esta norma es la de establecer un marco bienal de planificación que permita reforzar el efecto disuasorio en relación con el fraude. Y también es urgente dotar de estabilidad y certidumbre al ingreso de nuevos efectivos en estos sectores, en una perspectiva de jubilación significativa de sus actuales plantillas a medio plazo. De ahí que como instrumento para dicha planificación, este real decreto-ley, dentro de las posibilidades que ofrece el marco estatutario de la función pública, prevé que la ejecución se lleve a efecto en el menor plazo temporal, dada la extraordinaria y urgente necesidad de que se produzca la incorporación de este personal a los sectores de actividad que recoge, con la mayor celeridad posible. Por todo ello, también se autoriza la convocatoria durante 2017 de las plazas previstas para el ejercicio 2018.
Por otra parte, este real decreto-ley incluye la autorización para convocar las correspondientes plazas para personas con discapacidad general, equivalentes al cinco por ciento de las plazas cuya convocatoria se autoriza. Las plazas correspondientes a la reserva que se destina a personas con discapacidad intelectual, equivalentes al dos por ciento de las contempladas en este real decreto-ley, se convocarán con ocasión de la oferta de empleo público ordinaria.
II
El papel que desempeña el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude, en su vertiente laboral y de Seguridad Social, es pieza imprescindible en el conjunto de la actividad que despliega el Estado en este campo.
Para ello cuenta con ámbitos muy definidos de actuación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vela por el correcto cumplimiento de la normativa laboral y al que la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, le dota con la creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social como organismo autónomo con personalidad jurídica y dentro del que se crea una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
Por su parte, el Sistema de Seguridad Social, realiza sus actuaciones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, con competencias en materia de afiliación y recaudación, y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsable del conjunto de prestaciones del Sistema. Dentro del sistema se encuentra el Servicio Público de Empleo Estatal, órgano gestor de las prestaciones por desempleo.
En este sentido se añade a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017 una oferta extraordinaria para dotar adecuadamente este conjunto de organismos, que como se ha expuesto son clave en la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social, dada la prioridad que ello supone, y ante el progresivo envejecimiento y el aumento de la jubilación de las actuales plantillas.
Todo ello requiere además una actuación urgente mediante un plan de choque a corto plazo que pueda dotarse de los medios humanos necesarios para contribuir a una mayor eficiencia en los recursos y una mayor eficacia en los resultados.
Por todo ello, es necesario disponer a la mayor brevedad posible de los medios personales que, oportunamente dotados, permitan seguir avanzando en la lucha contra el fraude y, por tanto, conseguir que los recursos públicos se destinen allí donde son necesarios.
Por último, el artículo 5 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, regula el ingreso en los cuerpos nacionales del personal con funciones inspectoras, estableciendo que las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público, que se efectuarán por el titular
### RESUMEN: Oferta de Empleo Público para 2017. |
La disposición final única del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, autoriza al Gobierno a dictar las normas para el desarrollo reglamentario de dicha ley.
Por su parte, el artículo 157.1.b) del citado texto legal, en su redacción dada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica dicho texto refundido y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, obliga, a las entidades de gestión de los derechos reconocidos en dicho texto refundido, a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización del repertorio gestionado por aquéllas, siendo necesario que el importe de dichas tarifas sea establecido en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta al menos los criterios enumerados en el citado artículo 157.1.b).
El mismo precepto establece que la metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
La Disposición transitoria segunda de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, establece asimismo la obligación, de las entidades de gestión, de aprobar nuevas tarifas generales, adecuadas a los criterios enumerados en el referido artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas tarifas.
Según lo antes indicado, en el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por todo lo anterior, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente orden ministerial tiene por objeto desarrollar la metodología para la determinación de las tarifas generales que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deben establecer, por la utilización del repertorio que gestionan, en cumplimiento de la obligación y de los criterios dispuestos en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Artículo 2. Establecimiento, revisión y difusión de las tarifas generales.
1. Las entidades de gestión deberán establecer un catálogo de tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario y buscando el justo equilibrio entre éste y la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondiente.
2. A los efectos de la presente orden se entenderán por tarifas simples y claras las que resulten comprensibles para el usuario permitiéndole identificar, en cada caso, el derecho respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad de gestión, la modalidad de explotación a que se aplican y los componentes en los que se desglosa la tarifa, de conformidad con lo desarrollado en los capítulos III y IV.
3. Se considerará que el importe de las tarifas generales se ha establecido en condiciones razonables cuando la entidad de gestión de derechos atienda en su establecimiento al valor económico de la utilización en la actividad del usuario de los derechos sobre la obra o prestación protegida, teniendo en cuenta, al menos, los criterios legalmente previstos en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos desarrollados en el capítulo siguiente.
Asimismo, se entenderá que se busca el justo equilibrio en la determinación del importe de las tarifas generales cuando se tengan en cuenta por las entidades de gestión como parámetros de comparación, las tarifas generales preexistentes y las tarifas aceptadas por los usuarios por la utilización del repertorio hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
4. La actualización o revisión de las tarifas generales que lleven a cabo las entidades de gestión no podrá realizarse en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan. En todo caso, las revisiones tarifarias deberán atender a los criterios expuestos en esta orden y ajustarse a lo dispuesto en el artículo 17.
Artículo 3. Tarifas negociadas.
La metodología de esta orden se entiende sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre las entidades de gestión y los usuarios para la aplicación de tarifas distintas de las generales en el marco de las negociaciones a las que hace referencia el artículo 157.1.a) y c) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO II
Desarrollo de criterios para la determinación del valor económico de la utilización de los derechos en el establecimiento de tarifas generales
Artículo 4. Criterios en la determinación de las tarifas generales.
1. Para la determinación del importe de las tarifas generales se aplicarán, al menos, los siguientes criterios enumerados en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en los términos desarrollados en el presente capítulo:
a) Grado de uso efectivo del repertorio en el conjunto de la actividad económica del usuario.
b) Intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad económica del usuario.
c) Amplitud del repertorio de la entidad de gestión.
d) Ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.
e) El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas.
f) Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma modalidad de explotación.
g) Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases homogéneas de comparación.
2. El importe de la tarifa será mayor cuanto mayor sea el grado, la intensidad y relevancia del uso del repertorio, y la amplitud del mismo, así como cuanto mayores sean los ingresos económicos obtenidos por la explotación comercial y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión.
3. Las tarifas con otros usuarios para la misma modalidad de explotación, así como las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso se utilizarán a efectos de garantizar que las tarifas son equitativas y no discriminatorias y que su importe se ha establecido en condiciones razonables.
Artículo 5. El grado de uso efectivo, la intensidad del uso, la relevancia del uso del repertorio y la amplitud del mismo.
1. Se entiende por repertorio las obras y prestaciones cuyos derechos gestiona una entidad de gestión.
2. El grado de uso efectivo del repertorio se referirá a la utilización, por el usuario, en el conjunto de su actividad, del repertorio protegido, gestionado por la entidad correspondiente. La determinación del grado de uso efectivo se realizará a través de la identificación individualizada de la utilización de las obras o prestaciones que formen parte del repertorio de la entidad de gestión correspondiente en los términos indicados, atendiendo a criterios mesurables y objetivos.
3. La intensidad del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario se identificará con el mayor o menor grado de uso cuantitativo de las obras o prestaciones que formen parte del repertorio representado por la entidad de gestión, de modo que una mayor utilización de las obras o prestaciones protegidas en la actividad del usuario indica un uso más intensivo del repertorio. A efectos de la aplicación de este criterio, cada utilización repetida de una obra o prestación equivaldrá a la utilización adicional de una obra o prestación por primera vez.
4. La relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad del usuario se identificará con la mayor o menor importancia del uso del repertorio de las entidades de gestión en su actividad. A los efectos de esta orden es posible diferenciar entre los siguientes niveles de relevancia del uso del repertorio:
a) El uso del repertorio tendrá carácter principal y por tanto máxima relevancia cuando la utilización del mismo sea imprescindible para el desarrollo de la actividad del usuario.
b) El uso del repertorio tendrá carácter significativo y por tanto una relevancia importante cuando la utilización del mismo altere el desarrollo de la actividad del usuario.
c) El uso del repertorio tendrá carácter secundario y por tanto una relevancia menor cuando la utilización del mismo no altere el desarrollo de la actividad del usuario.
5. La amplitud del repertorio estará referida al número de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos son gestionados por una entidad de gestión.
Artículo 6. Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.
1. Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio se identificarán con el valor que dentro del conjunto total de ingresos de explotación del propio usuario tengan aquellos ingresos que se encuentren vinculados a la explotación del repertorio.
2. El mayor o menor porcentaje de los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio respecto de su total de ingresos de explotación deberá responder a la relevancia del uso de dicho repertorio en la actividad, según lo señalado en el apartado 4 del artículo anterior.
Artículo 7. El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas.
1. El valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas se corresponde con el ahorro de los costes que le supone al usuario la utilización de dicho servicio.
2. A los efectos de su cálculo, el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión podrá incluir los costes de licencia, los costes de establecimiento de la tarifa y los costes de control de la utilización efectiva de los derechos respecto de las obras y prestaciones de su repertorio por el usuario, debiendo ser éstos, en todo caso, razonables y documentados, y establecerse de acuerdo con criterios objetivos. En la determinación del valor económico del servicio prestado se atenderá, en todo caso, a los principios de eficiencia y buena gestión.
Los costes incluidos en el valor económico del servicio se identificarán y justificarán en la memoria económica prevista en el artículo 17.
En relación a los costes de licencia, éstos comprenderán el coste asociado a la obtención del repertorio y agregación del mismo a través de la concertación de acuerdos de representación suscritos con organizaciones de gestión colectiva extranjeras, de igual o similar categoría o mediante los correspondientes contratos de gestión con titulares de derechos de propiedad intelectual, para la posterior concesión de autorización de utilización de éste o para el cobro de los correspondientes derechos de remuneración, y el coste inherente a la propia concesión de autorización para la utilización del repertorio.
Por lo que respecta a los costes de establecimiento de la tarifa, éstos se identificarán con los costes asociados a la determinación y cálculo de los componentes en los que se desglosan los precios reflejados en las modalidades tarifarias contempladas en el artículo 13.
Se entenderán por costes de control aquellos costes en los que incurre la entidad de gestión para la verificación de la utilización efectiva de los derechos respecto las obras y prestaciones de su repertorio por el usuario.
Artículo 8. Tarifas establecidas por la entidad de gestión para otros usuarios respecto de la misma modalidad de utilización.
1. Las tarifas vigentes para los distintos usuarios serán equitativas y no discriminatorias, sin que puedan derivarse diferencias entre usuarios para prestaciones y usos equivalentes. Las tarifas son equitativas y no discriminatorias cuando las diferencias tarifarias entre usuarios responden a diferencias objetivas en el valor económico de la utilización de los derechos en aplicación de los criterios establecidos en esta orden y de otros posibles criterios adicionales tenidos en cuenta en el establecimiento de las tarifas, siempre que dichos criterios tengan como objeto la determinación del valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario.
2. La utilización de diferentes tecnologías para la explotación de los derechos sobre obras y prestaciones protegidas no podrá dar lugar, por sí sola, a diferencias en las tarifas generales, salvo que éstas introduzcan un valor añadido a la explotación de la obra o de la prestación, lo que deberá justificarse en la memoria económica prevista en el artículo 17.
3. En el supuesto de que de la comparativa prevista en este artículo se deduzca que se aplican tarifas diferentes a distintas categorías de usuarios para el mismo derecho y modalidad de explotación, que utilicen el repertorio de un modo equivalente, se deberá fijar para ambas categorías de usuarios la tarifa más baja.
Artículo 9. Tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad de uso.
1. Cuando existan bases homogéneas de comparación o estudios que evidencien la inexistencia de divergencias objetivas entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual que desarrolla la entidad de gestión y la que se lleva a cabo en otros Estados miembros por entidades de igual o similar categoría, las diferencias tarifarias para el mismo derecho y modalidad de uso y para la misma o similar categoría de usuario que deriven en mayores tarifas en España deberán justificarse atendiendo a motivos objetivos en aplicación de los criterios establecidos en esta orden y de otros posibles criterios adicionales tenidos en cuenta en la determinación de las tarifas en los términos del artículo 8.1.
2. El mayor coste incurrido por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas conforme al artículo 7.2 no se considerará un motivo objetivo para aplicar mayores tarifas. Tampoco se considerará un motivo objetivo para aplicar mayores tarifas el mayor grado de concentración de la oferta de derechos sobre obras y prestaciones en España.
3. Se entenderá que existen bases homogéneas de comparación entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual que desarrolla la entidad de gestión y la que se lleva a cabo en otros Estados miembros por entidades de igual o similar categoría cuando haya coincidencia en elementos tales como el derecho objeto de la tarifa gestionado por la entidad de gestión, la modalidad de explotación de la obra o prestación protegida, o la estructura del sector del mercado a la que pertenece el usuario.
CAPÍTULO III
Ordenación de tarifas y estructura tarifaria general
Artículo 10. Esquema del catálogo de tarifas generales.
El catálogo de las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión se ordenará atendiendo al siguiente esquema:
a) derecho y modalidad de explotación prevista,
b) categorías de usuarios según su actividad económica.
CAPÍTULO IV
Estructura tarifaria
Sección primera. Parte descriptiva
Artículo 11. Definiciones.
Las tarifas generales de las entidades de gestión contendrán un listado de definiciones de aquellos conceptos que sean de utilización a lo largo de las mismas, para lo que utilizarán una terminología de uso comúnmente admitida o legalmente establecida.
Artículo 12. Objeto de las tarifas generales.
Las tarifas establecidas por las entidades de gestión en relación con cada categoría de usuario deberán contener el objeto de las mismas, especificándose los derechos respecto de las obras y prestaciones de su repertorio y las modalidades de explotación a las que se aplican dichas tarifas. Asimismo, deberá especificarse si se está ante una tarifa de uso efectivo, de uso por disponibilidad promediada o de uso puntual, si se refiere al pago de un derecho de remuneración, a un derecho exclusivo, o a ambos, en aquellos supuestos en los que el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, así lo prevea, y si tarifica una utilización principal, significativa o secundaria del repertorio en la actividad del usuario.
Sección segunda. Parte económica
Artículo 13. Estructuras de tarifa a disposición de los usuarios.
1. Para cada categoría de usuarios, se pondrán a disposición tres tipos de tarifas generales, en los términos previstos en el presente artículo, entre las que los usuarios podrán elegir:
a) Tarifa general de uso efectivo, que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 14.
b) Tarifa general de uso por disponibilidad promediada, que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 15.
c) Tarifa de uso puntual, que se determinará conforme a lo establecido en el artículo 16.
2. Las tarifas incluirán un componente que refleje el precio por el uso de los derechos, respecto de las obras y prestaciones del repertorio en la actividad del usuario, y otro que refleje el precio del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de tarifas.
El precio por el uso de los derechos reflejará, al menos, el grado de uso efectivo, la intensidad y relevancia del uso del repertorio en el conjunto de la actividad económica del usuario, la amplitud del repertorio de la entidad de gestión y los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio.
El precio que deberá pagar el usuario por el servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de las tarifas generales reflejará los costes a los que se refiere el artículo 7.2, sin que en ningún caso este precio pueda superar el precio por el uso de los derechos.
3. Las tarifas con otros usuarios para la misma modalidad de explotación, así como las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la misma modalidad, se utilizarán en la determinación de la correspondiente tarifa general a los efectos de garantizar que ésta se ha establecido en condiciones razonables.
Asimismo, las tarifas incluirán los descuentos que sobre éstas puedan aplicarse basados en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
4. Excepcionalmente las entidades de gestión no estarán obligadas a establecer tarifas de uso efectivo en aquellos supuestos en los que de manera acumulativa no sea posible reflejar en el precio por el uso de los derechos, el grado real de uso efectivo, la intensidad real de uso y los ingresos económicos reales obtenidos por el usuario vinculados a la explotación comercial del repertorio en el conjunto de su actividad, por la dificultad y coste de delimitar o verificar éstos o porque el coste en la obtención y verificación de la información precisa en la determinación del grado de uso efectivo del repertorio y de su intensidad sea muy elevado, para la entidad de gestión o para el usuario, en relación con el precio que resultaría de aplicarse dicha variable. Las entidades de gestión no estarán obligadas a establecer tarifas de uso puntual respecto de aquellas modalidades de explotación ajenas a este tipo de uso. Ambas excepciones deberán motivarse, en caso de aplicación por las entidades de gestión, en la memoria económica a la que se refiere el artículo 17.
Artículo 14. Tarifa general de uso efectivo.
1. En la tarifa general de uso efectivo, el precio por el uso de los derechos respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad se establecerá de acuerdo con el grado real de uso efectivo, la intensidad real del uso y los ingresos económicos reales vinculados por la explotación comercial del repertorio.
2. A efectos de la determinación del precio por el uso de los derechos se seguirán las siguientes reglas:
a) Se aplicará un tipo tarifario a una base de cálculo, debiéndose reflejar en los anteriores elementos el empleo de los criterios para la determinación del valor económico de la utilización de los derechos, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6, pudiendo utilizarse correctores de manera justificada.
b) El criterio de los ingresos económicos obtenidos por el usuario vinculados a la explotación del repertorio de la entidad se utilizará en la base de cálculo para la obtención del precio.
c) En el supuesto de que no sea posible determinar el grado real de uso efectivo del repertorio, la intensidad real de uso del mismo o los ingresos económicos reales vinculados a la explotación comercial del repertorio, podrán utilizarse para su cálculo técnicas estimativas. En dicho caso, las variables empleadas en el cálculo estimativo guardarán una relación lo más directa posible con el parámetro estimado y se utilizarán preferentemente aquellas vinculadas al uso efectivo frente al uso potencial. La elección de estas variables se realizará de forma equitativa y no discriminatoria.
En la memoria económica se justificará la imposibilidad de determinación de los parámetros, la técnica estimativa y las variables en su caso elegidas.
3. El precio por el servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de las tarifas generales se calculará teniendo en cuenta los costes a los que se refiere el artículo 7.2.
4. La tarifa general de uso efectivo se obtendrá de la suma de los precios resultantes en los apartados 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 15. Tarifa general de uso por disponibilidad promediada.
1. La tarifa general de uso por disponibilidad promediada se caracterizará por que el precio de uso de los derechos respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad se establecerá con independencia del grado real de uso efectivo, de la intensidad real del uso y de los ingresos económicos reales vinculados a la explotación comercial del repertorio.
2. A efectos de determinar el precio por el uso de los derechos se aplicarán, al menos, las siguientes reglas:
a) En todo caso se tendrán en cuenta la relevancia del uso y la amplitud del repertorio.
b) Como criterios sustitutivos del grado de uso efectivo, de la intensidad del uso y de los ingresos económicos vinculados obtenidos por la explotación comercial del repertorio se utilizarán las medias de cada uno de estos criterios en la misma categoría de usuario respecto a idéntico derecho y modalidad de explotación.
3. El precio que deberá pagar el usuario por el servicio prestado por la entidad de gestión tendrá en consideración que en este tipo de tarifa no es preciso controlar ni el grado de uso efectivo, ni la intensidad efectiva, ni verificar los ingresos económicos reales obtenidos por el usuario.
4. Las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 se justificarán de manera específica en la memoria económica contemplada en el artículo 17.
5. La suma de los precios indicados en los apartados 2 y 3 constituirá la cuantía de la tarifa general de uso por disponibilidad promediada.
Artículo 16. Tarifa de uso puntual.
1. En la tarifa de uso puntual, a efectos de determinar el precio por el uso de los derechos, se aplicarán, al menos, las siguientes reglas:
a) En todo caso se tendrán en cuenta la relevancia del uso y la amplitud del repertorio en relación con el carácter puntual de la utilización de éste por parte del usuario.
b) El grado de uso del repertorio será puntual.
c) La intensidad vendrá determinada por la utilización de una o varias obras o prestaciones del repertorio en la actividad puntual por parte del usuario.
d) Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio se tendrán en cuenta en las categorías de usuarios que hagan un uso principal del repertorio.
e) Cuando no sea posible determinar, en el precio por el uso de los derechos, los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio, el grado de uso efectivo o la intensidad de uso, por la dificultad y coste de delimitar los ingresos directamente vinculados a la explotación del repertorio en el conjunto de su actividad o porque el coste en la obtención y verificación de la información precisa en la determinación directa del grado de uso efectivo del repertorio y de su intensidad sea muy elevado para la entidad de gestión o para el usuario, en relación con el precio que resultaría de aplicarse dicha variable, las entidades de gestión podrán utilizar las medias de dichos criterios en las diferentes categorías de usuarios, a los efectos de determinar dicho precio.
2. El precio que deberá pagar el usuario por el servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de las tarifas generales tendrá en consideración los menores costes de control del uso del repertorio y de los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial fuera de los supuestos del apartado 1.d).
3. La suma de los precios indicados en los apartados 1 y 2 constituirá la tarifa general final por uso puntual.
Artículo 17. Memoria económica justificativa.
Las tarifas generales irán acompañadas de una memoria económica que se hará pública junto con éstas y que contendrá una explicación pormenorizada por modalidad tarifaria para cada categoría de usuario con el siguiente contenido mínimo:
a) Desglose del precio por el uso de los derechos y del precio por el valor económico del servicio prestado, y justificación de la aplicación de los criterios empleados para la determinación de la tarifa, en los términos de esta orden.
b) Comparativa de las tarifas fijadas con las establecidas para el resto de categorías de usuarios respecto al mismo derecho y modalidad de explotación, siempre que lleven a cabo un uso equivalente del repertorio. Se justificarán las diferencias tarifarias existentes entre las distintas categorías de usuarios respecto al mismo derecho y modalidad de explotación en los términos previstos en el artículo 8.1.
c) Comparativa con las tarifas establecidas por entidades de gestión de igual o similar categoría en otros Estados miembros de la Unión Europea, aplicadas a igual categoría de usuario para el mismo derecho y modalidad de explotación, cuando existan bases homogéneas de comparación. Se justificarán las diferencias tarifarias para el mismo derecho y modalidad de uso y para la misma categoría de usuario que conlleven la aplicación de mayores tarifas en España respecto de las existentes en otros Estados miembros en los términos del artículo 9.
d) Justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios de los descuentos o bonificaciones aplicables.
Disposición adicional única. Nuevas modalidades de explotación.
A las nuevas modalidades de explotación en línea, les será de aplicación el principio de neutralidad tecnológica, que las entidades de gestión deberán considerar en el establecimiento de las diferentes modalidades de tarifas generales, en los términos establecidos en el artículo 8.2.
Disposición transitoria única. Aprobación de nuevas tarifas.
Las entidades de gestión deberán aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los criterios establecidos en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden.
Disposición final primera. Facultad de actualización y desarrollo.
La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá actualizar o desarrollar mediante Resolución la presente orden, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Dicha Resolución se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Cultura.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de diciembre de 2015.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. | Orden que establece qué deben tener en cuenta las entidades de gestión para justificar las tarifas que cobran | La disposición final única del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, autoriza al Gobierno a dictar las normas para el desarrollo reglamentario de dicha ley.
Por su parte, el artículo 157.1.b) del citado texto legal, en su redacción dada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica dicho texto refundido y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, obliga, a las entidades de gestión de los derechos reconocidos en dicho texto refundido, a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización del repertorio gestionado por aquéllas, siendo necesario que el importe de dichas tarifas sea establecido en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, para lo cual se tendrán en cuenta al menos los criterios enumerados en el citado artículo 157.1.b).
El mismo precepto establece que la metodología para la determinación de las tarifas generales se aprobará mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
La Disposición transitoria segunda de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, establece asimismo la obligación, de las entidades de gestión, de aprobar nuevas tarifas generales, adecuadas a los criterios enumerados en el referido artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas tarifas.
Según lo antes indicado, en el proceso de elaboración de esta orden ha emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por todo lo anterior, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente orden ministerial tiene por objeto desarrollar la metodología para la determinación de las tarifas generales que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deben establecer, por la utilización del repertorio que gestionan, en cumplimiento de la obligación y de los criterios dispuestos en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Artículo 2. Establecimiento, revisión y difusión de las tarifas generales.
1. Las entidades de gestión deberán establecer un catálogo de tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario y buscando el justo equilibrio entre éste y la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondiente.
2. A los efectos de la presente orden se entenderán por tarifas simples y claras las que resulten comprensibles para el usuario permitiéndole identificar, en cada caso, el derecho respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad de gestión, la modalidad de explotación a que se aplican y los componentes en los que se desglosa la tarifa, de conformidad con lo desarrollado en los capítulos III y IV.
3. Se considerará que el importe de las tarifas generales se ha establecido en condiciones razonables cuando la entidad de gestión de derechos atienda en su establecimiento al valor económico de la utilización en la actividad del usuario de los derechos sobre la obra o prestación protegida, teniendo en cuenta, al menos, los criterios legalmente previstos en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en los términos desarrollados en el capítulo siguiente.
Asimismo, se entenderá que se busca el justo equilibrio en la determinación del importe de las tarifas generales cuando se tengan en cuenta por las entidades de gestión como parámetros de comparación, las tarifas generales preexistentes y las tarifas aceptadas por los usuarios por la utilización del repertorio hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
4. La actualización o revisión de las tarifas generales que lleven a cabo las entidades de gestión no podrá realizarse en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan. En todo caso, las revisiones tarifarias deberán atender a los criterios expuestos en esta orden y ajustarse a lo dispuesto en el artículo 17.
Artículo 3. Tarifas negociadas.
La metodología de esta orden se entiende sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre las entidades de gestión y los usuarios para la aplicación de tarifas distintas de las generales en el marco de las negociaciones a las que hace referencia el artículo 157.1.a) y c) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
CAPÍTULO II
Desarrollo de criterios para la determinación del valor económico de la utilización de los derechos en el establecimiento de tarifas generales
Artículo 4. Criterios en la determinación de las tarifas generales.
1. Para la determinación del importe de las tarifas generales se aplicarán, al menos, los siguientes criterios enumerados en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en los términos desarrollados en el presente capítulo:
a) Grado de uso efectivo del repertorio en el conj
### RESUMEN: Orden que establece qué deben tener en cuenta las entidades de gestión para justificar las tarifas que cobran |
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Pacha resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por entidad mercantil «Universo Pachá, S.A.», en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Santa Eulalia del Río don Fernando Ramos Gil, como sustituto de don Javier Cuevas Pereda y para su protocolo el 11 de octubre de 2018, con el número 2.905 de protocolo
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en la avenida Ocho de Agosto, n.º 27, 07800 Ibiza (Balears) y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: Treinta mil euros (30.000,00 euros). La dotación es dineraria y ha sido desembolsada íntegramente tal y como consta en certificación bancaria.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
Defensa del patrimonio artístico, histórico, socio-cultural y medioambiental de Ibiza y Formentera, así como de aquellas comunidades o países en los que la Fundación este presente, directa o indirectamente.
Fomento del conocimiento, la formación y el estudio, principalmente en el ámbito de la cultura y las bellas artes, incluyendo la música en particular.
Protección e integración de grupos desfavorecidos, incluyendo aquellos con problemas de salud o de integración social.
Fomento del turismo nacional e internacional.
Quinto. Patronato.
Don Manuel Garí Eguillor, doña Alba Pau Costa y don Javier Fernando Olascoaga Palacio
Cargos:
Presidente: Don Manuel Garí Eguillor.
Vicepresidente: Doña Alba Pau Costa.
Secretario: Don Javier Fernando Olascoaga Palacio.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes.
El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 1 de marzo de 2019
Tercero.
Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Pacha, su Patronato y cargos dentro del mismo.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121, 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 14 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Pedro José Garrido Chamorro. | Nace la Fundación Pachá. | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Pacha resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por entidad mercantil «Universo Pachá, S.A.», en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Santa Eulalia del Río don Fernando Ramos Gil, como sustituto de don Javier Cuevas Pereda y para su protocolo el 11 de octubre de 2018, con el número 2.905 de protocolo
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en la avenida Ocho de Agosto, n.º 27, 07800 Ibiza (Balears) y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Reino de España.
Tercero. Dotación.
Dotación inicial: Treinta mil euros (30.000,00 euros). La dotación es dineraria y ha sido desembolsada íntegramente tal y como consta en certificación bancaria.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
Defensa del patrimonio artístico, histórico, socio-cultural y medioambiental de Ibiza y Formentera, así como de aquellas comunidades o países en los que la Fundación este presente, directa o indirectamente.
Fomento del conocimiento, la formación y el estudio, principalmente en el ámbito de la cultura y las bellas artes, incluyendo la música en particular.
Protección e integración de grupos desfavorecidos, incluyendo aquellos con problemas de salud o de integración social.
Fomento del turismo nacional e internacional.
Quinto. Patronato.
Don Manuel Garí Eguillor, doña Alba Pau Costa y don Javier Fernando Olascoaga Palacio
Cargos:
Presidente: Don Manuel Garí Eguillor.
Vicepresidente: Doña Alba Pau Costa.
Secretario: Don Javier Fernando Olascoaga Palacio.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Fundamentos de Derecho
Primero.
Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal y demás disposiciones concordantes.
El Real Decreto 1066/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se crea el Protectorado de las Fundaciones de competencia estatal.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones, el 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal y el 31.3 del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, constando en el expediente informe favorable del Protectorado de Fundaciones de fecha 1 de marzo de 2019
Tercero.
Según la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispuso la entrada en funcionamiento y la sede del registro de Fundaciones de Competencia Estatal se procede a la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Pacha, su Patronato y cargos dentro del mismo.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la presente notificación, ante la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121, 122 y concordantes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 14 de junio de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Pedro José Garrido Chamorro.
### RESUMEN: Nace la Fundación Pachá. |
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).
c) Número de expediente:
068/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación de los servicios de una agencia de viaje para la Misión Empresarial de la Autoridad Portuaria de Barcelona a Colombia, octubre de 2013. RSC: 68/2013.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63000000 (Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
225.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 225.000,00 euros. Importe total: 272.250,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
5 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
11 de julio de 2013.
c) Contratista:
Viajes Barceló, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta más ventajosa, no sólo por precio.
Barcelona, 27 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. | Contrato para la contratación de los servicios de una agencia de viaje para la Misión Empresarial de la Autoridad Portuaria de Barcelona a Colombia, octubre de 2013 por importe total de 272.250,00 euros. | 1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo:
Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).
c) Número de expediente:
068/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://contrataciondelestado.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo:
Servicios.
b) Descripción:
Contratación de los servicios de una agencia de viaje para la Misión Empresarial de la Autoridad Portuaria de Barcelona a Colombia, octubre de 2013. RSC: 68/2013.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):
63000000 (Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación:
Urgente.
b) Procedimiento:
Abierto.
4. Valor estimado del contrato:
225.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 225.000,00 euros. Importe total: 272.250,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación:
5 de julio de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato:
11 de julio de 2013.
c) Contratista:
Viajes Barceló, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
Por ser la oferta más ventajosa, no sólo por precio.
Barcelona, 27 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
### RESUMEN: Contrato para la contratación de los servicios de una agencia de viaje para la Misión Empresarial de la Autoridad Portuaria de Barcelona a Colombia, octubre de 2013 por importe total de 272.250,00 euros. |
Visto el texto del Acta en la que se contiene el acuerdo de revisión salarial para el año 2018 del III Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U., (código de convenio número nº 90018062012010), que fue suscrito, con fecha 11 de septiembre de 2018, por la Comisión Mixta de Interpretación y Control de dicho convenio en la que están integrados, de una parte, los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra los sindicatos CC.OO. y FETICO, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE» del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Mixta.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 31 de octubre de 2018.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN Y CONTROL DEL III CONVENIO COLECTIVO DE PRIMARK TIENDAS, S.L.U.
En Madrid a 11 de septiembre de 2018, se reúne previa convocatoria la Comisión Mixta del III Convenio Colectivo, por los asistentes al margen relacionados en representación de las Organizaciones Sindicales CCOO, y FETICO y los representantes de los trabajadores; con la dirección de Primark Tiendas S.L.U. con el objeto de tratar orden del día propuesto.
REUNIDOS
Por la Dirección legal de la empresa:
Don José Ignacio Ullastres.
Doña Raquel Sánchez Ballesteros.
Doña Leticia Andeyro.
Por la representación legal de los trabajadores:
En representación de CC.OO.
Doña Paloma Camacho Sánchez.
Don Jorge Martínez Pareja.
Don Javier García Pérez.
Doña Inmaculada Martínez Manuera.
Doña Rosario Carmona Jiménez.
En representación de FETICO:
Doña Sara López Moya.
Doña Rebeca Ampuero Recalde.
Doña Leticia Fernández (Asesora).
ORDEN DEL DÍA
Único. Aplicación artículo 27 del III Convenio Colectivo de Primark Tiendas, S.L.U. Tablas Salariales 1.10.2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del III Convenio Colectivo de Primark Tiendas SLU («BOE» 22.08.2017), se acuerda por unanimidad de la Comisión Mixta, la aplicación del incremento salarial para el año 2018, que establece «Los salarios base de grupo contemplados en el presente convenio colectivo y el complemento personal de salario base (CPSB) se incrementarán con fecha de efectos del 1 de octubre de cada año: Año 2018: 1,5 %.».
A tales efectos, la Comisión Mixta procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 del Convenio, a aplicar el incremento fijado para el año 2018: 1,5% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base (CPSB), con efectos del día 1 de octubre de 2018, aprobando las nuevas tablas resultantes:
Tablas 2018. A partir 01.10.2018
Grupo profesional
Salario base año
–
Euros
Salario base hora
–
Euros
Grupo 0
14.075,08
7,95
Grupo I
16.249,28
9,18
Grupo II
18.309,05
10,34
Grupo III.
20.597,68
11,64
Finaliza la reunión procediendo a la habilitación de doña Eva Marín Oliaga para que, en nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos trámites sean precisos en orden al depósito, registro y posterior publicación de la presente acta en el «Boletín Oficial del Estado».
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y, de ella, la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, se firma por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados. | Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U. Incremento de 1,5% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base. | Visto el texto del Acta en la que se contiene el acuerdo de revisión salarial para el año 2018 del III Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U., (código de convenio número nº 90018062012010), que fue suscrito, con fecha 11 de septiembre de 2018, por la Comisión Mixta de Interpretación y Control de dicho convenio en la que están integrados, de una parte, los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra los sindicatos CC.OO. y FETICO, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE» del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Mixta.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 31 de octubre de 2018.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN Y CONTROL DEL III CONVENIO COLECTIVO DE PRIMARK TIENDAS, S.L.U.
En Madrid a 11 de septiembre de 2018, se reúne previa convocatoria la Comisión Mixta del III Convenio Colectivo, por los asistentes al margen relacionados en representación de las Organizaciones Sindicales CCOO, y FETICO y los representantes de los trabajadores; con la dirección de Primark Tiendas S.L.U. con el objeto de tratar orden del día propuesto.
REUNIDOS
Por la Dirección legal de la empresa:
Don José Ignacio Ullastres.
Doña Raquel Sánchez Ballesteros.
Doña Leticia Andeyro.
Por la representación legal de los trabajadores:
En representación de CC.OO.
Doña Paloma Camacho Sánchez.
Don Jorge Martínez Pareja.
Don Javier García Pérez.
Doña Inmaculada Martínez Manuera.
Doña Rosario Carmona Jiménez.
En representación de FETICO:
Doña Sara López Moya.
Doña Rebeca Ampuero Recalde.
Doña Leticia Fernández (Asesora).
ORDEN DEL DÍA
Único. Aplicación artículo 27 del III Convenio Colectivo de Primark Tiendas, S.L.U. Tablas Salariales 1.10.2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del III Convenio Colectivo de Primark Tiendas SLU («BOE» 22.08.2017), se acuerda por unanimidad de la Comisión Mixta, la aplicación del incremento salarial para el año 2018, que establece «Los salarios base de grupo contemplados en el presente convenio colectivo y el complemento personal de salario base (CPSB) se incrementarán con fecha de efectos del 1 de octubre de cada año: Año 2018: 1,5 %.».
A tales efectos, la Comisión Mixta procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 del Convenio, a aplicar el incremento fijado para el año 2018: 1,5% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base (CPSB), con efectos del día 1 de octubre de 2018, aprobando las nuevas tablas resultantes:
Tablas 2018. A partir 01.10.2018
Grupo profesional
Salario base año
–
Euros
Salario base hora
–
Euros
Grupo 0
14.075,08
7,95
Grupo I
16.249,28
9,18
Grupo II
18.309,05
10,34
Grupo III.
20.597,68
11,64
Finaliza la reunión procediendo a la habilitación de doña Eva Marín Oliaga para que, en nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos trámites sean precisos en orden al depósito, registro y posterior publicación de la presente acta en el «Boletín Oficial del Estado».
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y, de ella, la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, se firma por los asistentes en el lugar y fecha arriba indicados.
### RESUMEN: Convenio colectivo de la empresa Primark Tiendas, S.L.U. Incremento de 1,5% sobre los salarios base de grupo y el complemento personal de salario base. |
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La evolución que se está experimentando en España con una elevación prevista de la esperanza de vida y bajas tasas de natalidad son riesgos a los que se enfrenta nuestro sistema de pensiones. Además, concurre una circunstancia excepcional, en los próximos años, y es que accederá a la jubilación la generación denominada del «baby boom» con lo que eso supone de incidencia en el aumento en el número de pensiones durante un periodo dilatado de tiempo (2025-2060). A la desfavorable evolución demográfica se le une una intensa crisis económica que ha anticipado varios años la aparición de déficits en las cuentas de la Seguridad Social, lo que ha supuesto tensiones económicas añadidas en el corto plazo a pesar del importantísimo esfuerzo de financiación derivado de la decisión del Gobierno de que el Presupuesto del Estado asuma el cien por cien del gasto de las prestaciones no contributivas. Todo esto hace necesario que, si se quiere mantener un sistema de pensiones público, de reparto y solidario, se incorporen medidas adicionales a las previstas en las leyes en vigor, pero circunscritas a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se aceleren aquellas que ya habían sido introducidas en nuestra normativa de Seguridad Social, como es el caso del factor de sostenibilidad.
Por medio de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se introdujeron en nuestro Sistema de Seguridad Social diversas reformas de los parámetros configuradores de las prestaciones del mismo, afectando de modo especial al ámbito de la pensión de jubilación, a la vista de los recientes desafíos de índole demográfica y económica que se vienen observando en el entorno de los países de la Unión Europea.
De este modo se modificaron, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la pensión de jubilación en lo que respecta a la edad de acceso a la misma, el cálculo de la base reguladora y la escala que determina el número de años cotizados necesarios para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación anticipada y parcial.
Esta norma es coherente con las diversas recomendaciones contenidas en diversos instrumentos y documentos de las instituciones de la Unión Europea, como el «Libro Blanco 2012: Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», completado con otros documentos como el «Informe de envejecimiento 2012» o «Adecuación de las Pensiones en la UE 2010-2050», todos ellos enmarcados dentro de la Estrategia Europa 2020, que constituye el referente para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros y el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección social.
El artículo 8 de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade una nueva disposición adicional quincuagésima novena al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que introduce en nuestro sistema la figura del factor de sostenibilidad, y, según la cual, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.
Por su parte, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revise el mismo aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
II
Las reformas llevadas a cabo por numerosos países de la Unión Europea en relación con la implantación del factor de sostenibilidad, a efectos de garantizar la viabilidad del correspondiente sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo, se han realizado de diferentes maneras, afectando a parámetros como la edad de jubilación, los años cotizados o el importe de la pensión inicial, de modo exclusivo o, en algunos supuestos, combinando algunos de ellos.
En la regulación efectuada por esta ley, el factor de sostenibilidad ajusta la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos.
Su finalidad es mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes, conforme al mandato del artículo 50 de la Constitución Española.
Este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad intergeneracional, si bien sólo respecto de las pensiones de jubilación.
De entre las diferentes fórmulas matemáticas para su aplicación, y a los efectos de conseguir una mayor estabilidad frente a posibles fluctuaciones anuales de la esperanza de vida a una determinada edad, se ha optado por utilizar períodos quinquenales para determinar la evolución de dicha esperanza de vida, tal y como prevé la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
El primer año para su aplicación será el ejercicio 2019, permitiendo un período suficientemente amplio como para que hasta entonces los potenciales pensionistas de jubilación puedan ser informados de las consecuencias de la puesta en práctica del factor y tomar medidas, en caso de considerarlo necesario.
La introducción del factor de sostenibilidad constituye una medida cualitativamente distinta a las medidas reformadoras llevadas a cabo con anterioridad, por cuanto lo que se implanta no es un cambio concreto en el régimen jurídico de las pensiones, sino un instrumento de reequilibrio o de ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la esperanza de vida, hasta ahora inexistente.
[ignorar]Por tanto, el factor de sostenibilidad es un parámetro adicional a los ya existentes para el cálculo de la pensión de jubilación inicial, que ayuda a conseguir una cuantía media de las pensiones compatible con el nivel de gasto total destinado a esas pensiones y a mantener el equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo.
III
Por otro lado, entre los retos a los que se vienen enfrentando los sistemas de pensiones de los países de la Unión Europea basados, como en el caso concreto de España, en sistemas de reparto, tiene especial influencia la sensibilidad de los mismos a la «tasa de dependencia», es decir, el número de personas que están percibiendo pensiones por cada persona ocupada, y por otra parte a los riesgos económicos de carácter estructural que inciden en el montante de los recursos del sistema de la Seguridad Social.
Esa necesidad de garantizar a medio y largo plazo el equilibrio económico financiero del sistema de la Seguridad Social viene exigida de manera imperiosa, a la luz de los siguientes datos: en 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es de 19 años, previéndose que continuará aumentando en el futuro, fenómeno que hace que el peso de la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas décadas hasta el 17 por ciento actual, estando previsto que alcance el 37 por ciento en el año 2052. En cifras absolutas, el número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones.
Si bien desde el año 1997 el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social concreta la revalorización periódica de las pensiones mandatada en el artículo 50 de la Constitución Española mediante su actualización de acuerdo con el índice de precios de consumo previsto, tal vinculación ha venido siendo cuestionada como consecuencia de los problemas de índole demográfica y económica reseñados.
En este sentido, y al hilo de similares consideraciones en el ámbito europeo, la recomendación segunda contenida en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 25 de enero de 2011, planteaba la conveniencia de estudiar, para su posterior análisis y valoración por la Comisión de dicho Pacto, la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el cómputo de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo aconsejable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de los países de nuestro entorno.
Haciéndose eco de la citada recomendación del Pacto de Toledo, el capítulo II de esta ley regula el índice de revalorización, que vendría a sustituir, a partir del día 1 de enero de 2014, el índice de referencia que se aplicaba desde 1997.
En consecuencia, el índice de revalorización de las pensiones tiene como objetivo la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, garantizando, además, la suficiencia de las mismas tal y como se exige en el artículo 50 de la Constitución Española.
IV
Esta ley se estructura en dos capítulos, desglosados en un total de siete artículos, a los que hay que añadir cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
En el capítulo I se incluyen los artículos 1 a 6, en los que se regulan las cuestiones generales que afectan al factor de sostenibilidad en cuanto tal para una mejor delimitación del alcance del mismo (definición, fórmula y elementos de cálculo, ámbito de aplicación y revisión).
En el capítulo II, se recoge el artículo 7, que da nueva redacción al artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando el régimen de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.
En la disposición adicional primera se determina la aplicación transparente del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización, incidiendo en la información que se deberá proporcionar a los pensionistas.
En la disposición adicional segunda se determina el valor de α durante el primer quinquenio.
La disposición adicional tercera establece la presentación por parte del Gobierno con carácter quinquenal de un informe sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones.
La disposición adicional cuarta va dirigida a prever la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en relación con los valores calculados para la determinación del índice de revalorización de las pensiones aplicable y del factor de sostenibilidad.
La disposición derogatoria única se refiere a la derogación de las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo establecido en la ley.
Por último, en las disposiciones finales se concreta el título competencial para la aprobación de esta ley, se modifica el artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social al objeto de introducir la aplicación del factor de sostenibilidad para el cálculo de la pensión inicial de jubilación, y el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, al objeto de incluir la aplicación del índice de revalorización en la determinación de la cuantía de las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas, se faculta al Gobierno y a los Ministros de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas para su desarrollo reglamentario, fijándose en último lugar la fecha de entrada en vigor, que será, con carácter general, el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien también se dispone que el factor de sostenibilidad será de aplicación a las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019.
CAPÍTULO I
Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación
Artículo 1. Definición.
El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El factor de sostenibilidad se aplicará, en los términos establecidos en esta ley, por una sola vez para la determinación del importe inicial de las nuevas pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social.
Artículo 3. Elementos de cálculo.
Para el cálculo del factor de sostenibilidad se tendrán en cuenta:
a) Las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social elaboradas por la propia Seguridad Social.
b) La edad de 67 años como edad de referencia.
Artículo 4. Fórmula de cálculo.
La formulación matemática del factor de sostenibilidad, es la siguiente:
FSt = FSt-1 * e*67
Siendo:
FS = Factor de sostenibilidad.
FS2018 = 1.
t = Año de aplicación del factor, que tomará valores desde el año 2019 en adelante.
e*67 = Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación interanual, en un periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los 67 años, obtenida esta según las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social.
La fórmula de cálculo de e*67 es la siguiente para cada uno de los periodos quinquenales:
Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2019 a 2023, ambos inclusive, e*67 tomará el valor
siendo el numerador la esperanza de vida a los 67 años en el año 2012 y el denominador la esperanza de vida a los 67 años en el año 2017.
Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2024 a 2028, ambos inclusive, e*67 tomará el valor
siendo el numerador la esperanza de vida a los 67 años en el año 2017 y el denominador la esperanza de vida a los 67 años en el año 2022.
Y así sucesivamente.
Para la aplicación del factor de sostenibilidad, se utilizarán los cuatro primeros decimales.
Artículo 5. Revisión del factor de sostenibilidad.
Con periodicidad quinquenal, se revisará la variación interanual de la esperanza de vida a tener en cuenta para calcular el valor del factor de sostenibilidad.
Artículo 6. Derecho a percepción de complementos por mínimos.
El factor de sostenibilidad se aplicará sin perjuicio del derecho que en su caso tenga el interesado al percibo del complemento por mínimos, conforme a lo que al respecto se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
CAPÍTULO II
[ignorar]Índice de revalorización
Artículo 7. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 48. Revalorización.
1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de cada año en función del índice de revalorización previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. A tal efecto, el índice de revalorización de pensiones se determinará según la siguiente expresión matemática:
Siendo:
IR = Índice de revalorización de pensiones expresado en tanto por uno con cuatro decimales.
t+1= Año para el que se calcula la revalorización.
ḡI,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.
ḡp,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno del número de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.
ḡs,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores del efecto sustitución expresado en tanto por uno. El efecto sustitución se define como la variación interanual de la pensión media del sistema en un año en ausencia de revalorización en dicho año.
I*t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.
G*t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los gastos del sistema de la Seguridad Social.
α = Parámetro que tomará un valor situado entre 0,25 y 0,33. El valor del parámetro se revisará cada cinco años.
En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento.
3. Para el cálculo de la expresión matemática se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social) sin tener en cuenta los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. A los efectos de su utilización en el cálculo del índice de revalorización, y respecto de las cuentas liquidadas, la Intervención General de la Seguridad Social deducirá de los capítulos anteriores aquellas partidas que no tengan carácter periódico.
No obstante, no se incluirán como ingresos y gastos del sistema los siguientes conceptos:
a) De los ingresos, las cotizaciones sociales por cese de actividad de trabajadores autónomos y las transferencias del Estado para la financiación de las prestaciones no contributivas, excepto la financiación de los complementos a mínimos de pensión.
b) De los gastos, las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos y las prestaciones no contributivas, salvo los complementos a mínimos de pensión.
4. A efectos de proceder a la estimación de los ingresos y gastos de los años t+1 a t+6, a utilizar en el apartado 2, el Ministerio de Economía y Competitividad facilitará a la Administración de la Seguridad Social las previsiones de las variables macroeconómicas necesarias para la estimación de los mismos.»
Disposición adicional primera. Aplicación transparente del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización.
El factor de sostenibilidad se aplicará con absoluta transparencia, publicándose el seguimiento sistemático de la esperanza de vida. De igual manera, y con ocasión del reconocimiento de su pensión inicial, se informará a los pensionistas sobre el efecto del factor de sostenibilidad en el cálculo de la misma.
En relación con el índice de revalorización, anualmente se publicará el valor de las variables que intervienen en su cálculo.
Disposición adicional segunda. Valor de α.
Durante el primer quinquenio el valor del parámetro α será 0,25.
Disposición adicional tercera. Informe sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.
El Gobierno elaborará quinquenalmente desde la aprobación de esta Ley un estudio, para su presentación en el Congreso de los Diputados y en el ámbito del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, sobre los efectos de las medidas adoptadas en esta norma en la suficiencia y adecuación de las pensiones de la Seguridad Social.
Disposición adicional cuarta. Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto de los valores calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del índice de revalorización de las pensiones aplicable en cada ejercicio y del factor de sostenibilidad.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Disposición final segunda. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El apartado 1 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado en los siguientes términos:
«1. La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes:
1.º Por los primeros 15 años cotizados: el 50 por 100.
2.º A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente.
A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad que corresponda en cada momento.»
Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
El apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 27. Revalorización de pensiones, complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas.
1. Las pensiones de clases pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas serán incrementados al comienzo de cada año, en función del índice de revalorización previsto para las pensiones en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.»
Disposición final cuarta. Facultades de aplicación y desarrollo.
Se autoriza al Gobierno y a los Ministros de Empleo y Seguridad Social y de Hacienda y Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones y adopten las medidas que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. El factor de sostenibilidad se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que se causen a partir del 1 de enero de 2019.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
[ignorar]Madrid, 23 de diciembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY | Ley reguladora del factor de sostenibilidad de las pensiones. | JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La evolución que se está experimentando en España con una elevación prevista de la esperanza de vida y bajas tasas de natalidad son riesgos a los que se enfrenta nuestro sistema de pensiones. Además, concurre una circunstancia excepcional, en los próximos años, y es que accederá a la jubilación la generación denominada del «baby boom» con lo que eso supone de incidencia en el aumento en el número de pensiones durante un periodo dilatado de tiempo (2025-2060). A la desfavorable evolución demográfica se le une una intensa crisis económica que ha anticipado varios años la aparición de déficits en las cuentas de la Seguridad Social, lo que ha supuesto tensiones económicas añadidas en el corto plazo a pesar del importantísimo esfuerzo de financiación derivado de la decisión del Gobierno de que el Presupuesto del Estado asuma el cien por cien del gasto de las prestaciones no contributivas. Todo esto hace necesario que, si se quiere mantener un sistema de pensiones público, de reparto y solidario, se incorporen medidas adicionales a las previstas en las leyes en vigor, pero circunscritas a las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se aceleren aquellas que ya habían sido introducidas en nuestra normativa de Seguridad Social, como es el caso del factor de sostenibilidad.
Por medio de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se introdujeron en nuestro Sistema de Seguridad Social diversas reformas de los parámetros configuradores de las prestaciones del mismo, afectando de modo especial al ámbito de la pensión de jubilación, a la vista de los recientes desafíos de índole demográfica y económica que se vienen observando en el entorno de los países de la Unión Europea.
De este modo se modificaron, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la pensión de jubilación en lo que respecta a la edad de acceso a la misma, el cálculo de la base reguladora y la escala que determina el número de años cotizados necesarios para alcanzar el cien por cien de la base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación anticipada y parcial.
Esta norma es coherente con las diversas recomendaciones contenidas en diversos instrumentos y documentos de las instituciones de la Unión Europea, como el «Libro Blanco 2012: Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles», completado con otros documentos como el «Informe de envejecimiento 2012» o «Adecuación de las Pensiones en la UE 2010-2050», todos ellos enmarcados dentro de la Estrategia Europa 2020, que constituye el referente para la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros y el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los sistemas de protección social.
El artículo 8 de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade una nueva disposición adicional quincuagésima novena al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que introduce en nuestro sistema la figura del factor de sostenibilidad, y, según la cual, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.
Por su parte, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, prevé que el Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revise el mismo aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
II
Las reformas llevadas a cabo por numerosos países de la Unión Europea en relación con la implantación del factor de sostenibilidad, a efectos de garantizar la viabilidad del correspondiente sistema de Seguridad Social a medio y largo plazo, se han realizado de diferentes maneras, afectando a parámetros como la edad de jubilación, los años cotizados o el importe de la pensión inicial, de modo exclusivo o, en algunos supuestos, combinando algunos de ellos.
En la regulación efectuada por esta ley, el factor de sostenibilidad ajusta la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos.
Su finalidad es mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y suficientes, conforme al mandato del artículo 50 de la Constitución Española.
Este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad intergeneracional, si bien sólo respecto de las pensiones de jubilación.
De entre las diferentes fórmulas matemáticas para su aplicación, y a los efectos de conseguir una mayor estabilidad frente a posibles fluctuaciones anuales de la esperanza de vida a una determinada edad, se ha optado por utilizar períodos quinquenales para determinar la evolución de dicha esperanza
### RESUMEN: Ley reguladora del factor de sostenibilidad de las pensiones. |
El 24 de noviembre de 2014 se recibió en esta Dirección General escrito de Iberdrola Generación, S.A., en el cual se solicita autorización administrativa para el cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón.
La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió el 23 de diciembre de 2014 informe relativo al cierre de la instalación mencionada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el 10 de diciembre de 2014 se solicitó a Red Eléctrica de España, en su calidad de Operador del Sistema, informe previo relativo a dicho cierre.
Red Eléctrica de España, S.A., emitió informe, de fecha 15 de diciembre de 2014, en el que se concluye que:
«El cierre de la central térmica de ciclo combinado Castellón 3 no tendría incidencia ni en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro del sistema eléctrico español.»
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC) en su sesión celebrada el día 17 de marzo de 2015 informó favorablemente la propuesta objeto de esta resolución.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 53 «Autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas», apartados 5 y 7, que:
«5. La transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, así como el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario.
En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.
La administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la administración no se hubiese pronunciado y simultáneamente se hubieran cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma. Lo anterior se realizará sin perjuicio de las obligaciones de desmantelamiento que posteriormente pudieran imponerse por parte de la administración competente para la autorización.
7. La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.»
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dispone en su artículo 138.1, que «El área o, en su caso, Dependencia de Industria y Energía de las Delegaciones Subdelegaciones del Gobierno correspondientes, elevará el expediente de solicitud de cierre junto con su informe a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien deberá resolver, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, sobre la autorización de cierre de la instalación en un plazo de tres meses».
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Primero.
Autorizar a Iberdrola Generación, S.A., el cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, ubicada en el término municipal de Castellón de la Plana (Castellón), que deberá realizarse en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la presente resolución.
Segundo.
Cancelar la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, en el momento en que el cierre de la central se haga efectivo de acuerdo con lo previsto en la presente resolución.
Tercero.
En el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la presente resolución, el grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón quedará declarado indisponible y, en su caso, Iberdrola Generación, S.A., perderá cualquier derecho de cobro en aplicación de la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.
Cuarto.
El plazo máximo en el que Iberdrola Generación, S.A., deberá proceder al desmantelamiento parcial del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, es de cuatro años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en especial la licencia de obras de carácter municipal y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
1. Si Iberdrola Generación, S.A., no hubiera procedido al cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón en el plazo establecido en el apartado primero de la presente resolución, se producirá la caducidad de la autorización.
A estos efectos, el Jefe de Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón levantará Acta de Cierre cuando éste se haga efectivo, remitiendo la misma a esta Dirección General de Política Energética y Minas.
2. El Jefe de Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón levantará Acta de Desmantelamiento cuando éste se haga efectivo dentro del plazo establecido en el apartado cuarto de la presente resolución, remitiendo la misma a esta Dirección General de Política Energética y Minas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 17 de abril de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín. | El Gobierno aprueba el cierre de una de las centrales térmicas de Iberdrola en Castellón | El 24 de noviembre de 2014 se recibió en esta Dirección General escrito de Iberdrola Generación, S.A., en el cual se solicita autorización administrativa para el cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón.
La Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón emitió el 23 de diciembre de 2014 informe relativo al cierre de la instalación mencionada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el 10 de diciembre de 2014 se solicitó a Red Eléctrica de España, en su calidad de Operador del Sistema, informe previo relativo a dicho cierre.
Red Eléctrica de España, S.A., emitió informe, de fecha 15 de diciembre de 2014, en el que se concluye que:
«El cierre de la central térmica de ciclo combinado Castellón 3 no tendría incidencia ni en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro del sistema eléctrico español.»
La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC) en su sesión celebrada el día 17 de marzo de 2015 informó favorablemente la propuesta objeto de esta resolución.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 53 «Autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas», apartados 5 y 7, que:
«5. La transmisión y cierre definitivo de las instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas, así como el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo. El titular de la instalación tendrá la obligación de proceder al desmantelamiento de la misma tras el cierre definitivo, salvo que la autorización administrativa de cierre definitivo permita lo contrario.
En todo caso, el cierre definitivo de instalaciones de generación requerirá el informe del operador del sistema en el que se consignarán las posibles afecciones del cierre a la seguridad de suministro y en el que se deberá pronunciar motivadamente si éste resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.
La administración autorizante deberá dictar y notificar la resolución sobre las solicitudes de autorización en el plazo de seis meses. Si transcurrido este plazo la administración no se hubiese pronunciado y simultáneamente se hubieran cumplido al menos tres meses desde la emisión por parte del operador del sistema de informe favorable al cierre de la instalación, el solicitante podrá proceder al cierre de la misma. Lo anterior se realizará sin perjuicio de las obligaciones de desmantelamiento que posteriormente pudieran imponerse por parte de la administración competente para la autorización.
7. La Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.»
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dispone en su artículo 138.1, que «El área o, en su caso, Dependencia de Industria y Energía de las Delegaciones Subdelegaciones del Gobierno correspondientes, elevará el expediente de solicitud de cierre junto con su informe a la Dirección General de Política Energética y Minas, quien deberá resolver, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, sobre la autorización de cierre de la instalación en un plazo de tres meses».
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Primero.
Autorizar a Iberdrola Generación, S.A., el cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, ubicada en el término municipal de Castellón de la Plana (Castellón), que deberá realizarse en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de la presente resolución.
Segundo.
Cancelar la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, en el momento en que el cierre de la central se haga efectivo de acuerdo con lo previsto en la presente resolución.
Tercero.
En el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la presente resolución, el grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón quedará declarado indisponible y, en su caso, Iberdrola Generación, S.A., perderá cualquier derecho de cobro en aplicación de la Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.
Cuarto.
El plazo máximo en el que Iberdrola Generación, S.A., deberá proceder al desmantelamiento parcial del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón, es de cuatro años contados a partir de la fecha de la presente resolución.
Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en especial la licencia de obras de carácter municipal y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
1. Si Iberdrola Generación, S.A., no hubiera procedido al cierre del grupo 3 de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Castellón en el plazo establecido en el apartado primero de la presente resolución, se producirá la caducidad de la autorización.
A estos efectos, el Jefe de Dependencia del Área de Industria y
### RESUMEN: El Gobierno aprueba el cierre de una de las centrales térmicas de Iberdrola en Castellón |
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.1 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y el resumen de la información a publicar en el Boletín Oficial del Estado, y cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada Intervención General de fecha 5 de julio de 2016, esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2015, que figura como anexo a esta Resolución.
Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).
Madrid, 2 de enero de 2017.–La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Carmen Balfagón Lloreda. | Cuentas anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2015. | En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.1 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y el resumen de la información a publicar en el Boletín Oficial del Estado, y cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada Intervención General de fecha 5 de julio de 2016, esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2015, que figura como anexo a esta Resolución.
Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).
Madrid, 2 de enero de 2017.–La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Carmen Balfagón Lloreda.
### RESUMEN: Cuentas anuales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2015. |
ECLI:ES:TC:2018:139.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente; don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 729-2018, promovido por doña Margarita Robles Fernández, como portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, y los diputados de dicho Grupo Parlamentario Socialista, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura y defendidos por el Letrado don Alberto Cachinero Capitán, contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de octubre de 2017 que, con aceptación del criterio del Gobierno de la Nación, resolvió la no procedencia de someter la proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que dicho grupo parlamentario había presentado, para su toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, así como contra el acuerdo de la misma Mesa de 21 de noviembre de 2017, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el anterior. Ha sido parte la Letrada de las Cortes Generales, en la representación que ostenta, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 2018, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación de doña Margarita Robles Fernández, portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, y de los diputados de dicho Grupo don José Luis Ábalos Meco, doña Miriam Alconchel Gonzaga, doña Ángeles Álvarez Álvarez, don Javier Antón Cacho, don José María Barreda Fontes, doña Meritxell Batet Lamaña, don Pablo Bellido Acevedo, doña Patricia Blanquer Alcaraz, doña Ana María Botella Gómez, don José Miguel Camacho Sánchez, don Gregorio Cámara Villar, don Juan Carlos Campo Moreno, doña Pilar Cancela Rodríguez, doña Zaida Cantera de Castro, don Ciprià Císcar Casabán, don Ricardo Cortés Lastra, don Manuel Cruz Rodríguez, doña Carmen Rocío Cuello Pérez, doña María del Rocío de Frutos Madrazo, don Salvador de La Encina Ortega, don José Juan Díaz Trillo, don Odón Elorza González, don Jesús María Fernández Díaz, doña Sonia Ferrer Tesoro, doña María Aurora Flórez Rodríguez, don Sebastián Franquis Vera, don Óscar Galeano Gracia, don Ricardo Antonio García Mira, doña Josefa Inmaculada González Bayo, doña Natalia González Peláez, don Manuel Gabriel González Ramos, doña María González Veracruz, don Juan Luis Gordo Pérez, doña Lídia Guinart Moreno, don Antonio Gutiérrez Limones, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don Antonio Hernando Vera, doña Sofía Hernanz Costa, don Antonio Hurtado Zurera, don Juan Jiménez Tortosa, don Marc Lamuà Estañol, don José Javier Lasarte Iribarren, doña Adriana Lastra Fernández, don Patxi López Álvarez, doña María Pilar Lucio Carrasco, don César Luena López, doña María Guadalupe Martín González, doña María Luz Martínez Seijo, don Guillermo Antonio Meijón Couselo, doña Carlota Merchán Mesón, don Pedro José Muñoz González, doña Micaela Navarro Garzón, don Gonzalo Palacín Guarné, doña Esther Peña Camarero, doña María Mercè Perea i Conillas, doña María Soledad Pérez Domínguez, doña Margarita Pérez Herráiz, don Pere Joan Pons Sampietro, don Antonio Francisco Pradas Torres, don Artemi Vicent Rallo Lombarte, doña Elvira Ramón Utrabo, don César Joaquín Ramos Esteban, doña María Tamara Raya Rodríguez, doña Isabel Rodríguez García, doña Juana Amalia Rodríguez Hernández, doña María Soraya Rodríguez Ramos, doña María del Mar Rominguera Salazar, don Joan Ruiz i Carbonell, don Luis Carlos Sahuquillo García, don José Ignacio Sánchez Amor, don Pedro Saura García, don David Serrada Pariente, doña María Jesús Serrano Jiménez, don José Enrique Serrano Martínez, don Felipe Jesús Sicilia Alférez, don Rafael Simancas Simancas, doña Susana Sumelzo Jordán, don José Andrés Torres Mora, doña Victoria Begoña Tundidor Moreno, don Ignacio Urquizu Sancho y don José Zaragoza Alonso, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos referidos en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) En fecha 7 de septiembre de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentó una «Proposición de Ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva».
La Mesa del Congreso, en su reunión de 12 de septiembre del mismo año, calificó la iniciativa con núm. de expediente 122/000124, admitiéndose a trámite, dando traslado al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Cámara y ordenando su publicación en «el Boletín Oficial de las Cortes Generales», lo que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017.
La proposición de Ley comprendía un único artículo, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
(i) En su exposición de motivos, tras hacerse varias consideraciones sobre las pensiones no contributivas, se indicaba que la iniciativa legislativa iba dirigida a remediar los efectos que se pueden derivar de la consideración jurídica actual de la unidad económica de convivencia, en los supuestos de que la misma se produzca entre familiares directos y dentro de un mismo centro residencial. A modo de ejemplo, se decía, «recientemente, se ha tenido conocimiento de la exclusión como beneficiaria de una pensión no contributiva de una mujer de avanzada edad por el hecho de que una hermana ha sido internada en la misma residencia de mayores, al estimar que en este caso también nos encontramos en una unidad de convivencia. Efectivamente, la Administración gestora consideró que, por el hecho de convivir en un mismo lugar, ambas personas formarían parte de la misma unidad familiar y, por tanto, se computaban las rentas de las dos hermanas, superando el límite de rentas de la unidad familiar establecido en la Ley general de la Seguridad Social, con el efecto de la extinción de la pensión no contributiva que venía percibiendo la pensionista. Este hecho supuso una doble consecuencia: la primera, tener que abandonar la residencia de mayores, al no poder sufragar los gastos derivados de la misma. Y, segunda, dejar de convivir con su hermana en unos momentos de la vida en que resultan tan necesarios los lazos familiares y de ayuda mutua».
(ii) Su artículo único recogía la modificación del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre, a los efectos de añadir un segundo párrafo al apartado 4 del artículo 363, que define la unidad económica de convivencia, en los siguientes términos:
«No se considerará que existe unidad económica en los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores.»
(iii) En la disposición transitoria de la proposición de ley se contemplaba la revisión de los supuestos de extinción de la pensión no contributiva que se hubieran producido al considerar unidad económica la convivencia de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad, en un centro asistido o residencia para mayores.
(iv) Finalmente, comprendía dos disposiciones finales destinadas, respectivamente, a recoger el título competencial y a disponer su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) El 21 de octubre de 2017, el Gobierno, a través del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, comunicó a la Mesa del Congreso su no conformidad con la tramitación de la proposición de ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 134.6 de la CE y 126.2 del Reglamento, por suponer la misma un aumento de los créditos presupuestarios. A tal efecto, acompañaba a aquel escrito un informe del gabinete del Ministro de Hacienda y Función Pública, en el que, en síntesis, se destacaban los siguientes aspectos:
(i) Una vez que, precedido con el título «contenido», se describe la iniciativa legislativa, bajo la rúbrica «informe», se explica que el objetivo principal de las prestaciones no contributivas a las que se refiere el artículo 363 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social es el de atender a situaciones de necesidad no suficientemente cubiertas por los mecanismos sociales existentes. Condicionar el acceso a estas prestaciones en base a un cómputo de rentas, tiene como finalidad garantizar una seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a la determinación del derecho y cuantía de las pensiones no contributivas, y condicionarlas a los recursos familiares intenta acabar con los casos de sobreprotección social. El requisito de insuficiencia de recursos se objetiva en un límite de ingresos equivalente a la cuantía de la pensión. Si el beneficiario está integrado en una unidad de convivencia, se computan los ingresos de todos los miembros de la misma, y dicho límite se eleva en un setenta por ciento por cada uno de los demás integrantes de la unidad económica.
(ii) A continuación, bajo la rúbrica «valoración presupuestaria», el informe contiene un cuadro sobre la evolución del importe de gasto por las pensiones no contributivas desde el año 2010 a septiembre de 2017. En dicho cuadro se expresan desglosados los importes brutos por cada tipo de pensiones, los totales, así como el número de pensiones, también desglosado por años y tipos.
(iii) Finalmente, en el apartado «conclusión», se afirma que «la modificación del régimen aplicable a las pensiones no contributivas en los términos planteados por la proposición de ley comportaría un incremento de gasto público que, dado el actual marco de consolidación fiscal, podría no ajustarse a los escenarios de los próximos ejercicios».
Considera, además, que dado que la iniciativa comprende una disposición transitoria que otorga carácter retroactivo a la modificación, «a la vista de los importes abonados desde el año 2012 (5 años de retroactividad) y, suponiendo que las denegaciones por el motivo que se intenta regular pudieran suponer como mínimo un 0,1 por 100 del total (unas 400 personas), la aplicación de esta proposición de Ley supondría un incremento presupuestario de como mínimo 13,5 millones de euros (13.411.882 €)».
c) En fecha 24 de octubre de 2017 la Mesa del Congreso acordó que, expresada por el Gobierno su disconformidad con la proposición de ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo134.6 de la CE, y 126.2 del Reglamento de la Cámara, no procedía la toma en consideración por el Pleno de la citada proposición de ley, disponiendo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa legislativa.
d) Por el Grupo Parlamentario Socialista se presentó solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de fecha 24 de octubre de 2017, pidiendo que se acordara por la Mesa que la motivación del Gobierno para oponerse a la tramitación de la proposición de ley no cumplía los requisitos de razonabilidad y suficiencia, por no afectar su contenido a los créditos presupuestarios del presupuesto vigente y, en consecuencia, se solicitaba la admisión a trámite para su toma en consideración por el Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento.
e) La Mesa del Congreso, en su reunión de fecha 21 de noviembre de 2017, acordó desestimar la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, comunicando dicho acuerdo a su portavoz. Dicho acuerdo argumenta, en síntesis, lo siguiente:
(i) Los artículos 134.6 CE y 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados establecen que la tramitación de las proposiciones de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno, en lo que viene a ser el reconocimiento en favor de éste de una facultad para asegurarle un ámbito de acción propia, en los términos señalados por el ATS 1472/2010 en relación con la STC 99/1987.
(ii) El Gobierno ha entendido que la aprobación de la proposición de ley de referencia tendría un impacto presupuestario directo, sin que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, la Mesa haya realizado una valoración contraria a aquél. Según ha señalado el Tribunal Constitucional, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la disconformidad del Gobierno es garantizar la ejecución del programa económico aprobado con la ley de presupuestos (STC 242/2006), así como que la actuación de la Mesa en este ámbito se enmarca dentro del ejercicio de una facultad del Gobierno, siendo ésta una facultad que debe entenderse como una manifestación más del llamado «parlamentarismo racionalizado».
(iii) La disconformidad a la tramitación de la proposición de ley se ha llevado a cabo por el órgano legitimado para hacerlo, dentro del plazo establecido al efecto y adjuntando motivación que la Mesa considera expresa, suficiente y no arbitraria. En tales circunstancias, no puede la Mesa sustituir al Gobierno en el ejercicio de la facultad constitucionalmente atribuida y reglamentariamente reconocida. No puede considerarse arbitrario el ejercicio de tal prerrogativa dado que, en los términos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad» (SSTC 215/2006 y 30/2017), lo que no ocurre en este caso, en el que el Gobierno, a juicio de la Mesa, ha fundamentado suficientemente su disconformidad.
3. La parte recurrente aduce en su demanda de amparo que se ha producido una vulneración de su derecho a ejercer las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes, reconocido en el artículo 23.2 CE.
a) Entienden los recurrentes que el veto del Gobierno excede las previsiones del artículo 134.6 CE, pues el ejercicio por el Gobierno de esta facultad debe estar suficientemente razonado y no puede, en ningún caso, resultar arbitrario. Esta prohibición de arbitrariedad, argumentan, es aún más exigible cuando de la actuación del poder público, en este caso del Gobierno, se deriva la afectación de las facultades constitucionalmente atribuidas a las Cortes Generales, como sucede con la capacidad de iniciativa legislativa constitucionalmente reconocida en el artículo 87.1 CE, y del derecho fundamental de participación política del artículo 23.2 CE y del ius in officium de los parlamentarios. En este sentido, con carácter general y en sede teórica, la aplicación de las previsiones del artículo 134.6 CE a un ámbito temporal más amplio del que deriva de los presupuestos generales aprobados, supone una limitación de la facultad de iniciativa legislativa que no cuenta con base constitucional, ni legal, toda vez que el artículo 134.6 CE se refiere, literalmente, al carácter «presupuestario» de los ingresos y gastos afectados, siendo necesario identificar un parámetro de valoración objetivo de las consecuencias de la iniciativa parlamentaria y ese parámetro sólo puede encontrarse en el ejercicio presupuestario en vigor en el momento de presentarse la iniciativa, a falta de la cual la conformidad gubernamental se reduce a un puro ejercicio de discrecionalidad cuando no de arbitrariedad.
b) En el caso planteado y a la vista del informe del Gobierno, a juicio de la parte recurrente, la oposición del mismo a la tramitación de la proposición de ley pretende justificarse en una mera posibilidad («podría no ajustarse») referida a ejercicios presupuestarios futuros, atendiendo al actual marco de consolidación fiscal, lo que quedaría fuera de la facultad prevista en el artículo 134.6 CE. Por otro lado, el coste presupuestario alegado de 13,5 millones de euros se fundamenta en una mera conjetura. La gravedad de la afectación de las facultades del Parlamento exige al Gobierno que, al ejercer su prerrogativa, argumente debidamente el aumento de gastos de forma concreta y determinable cuantitativamente en los créditos que se verían específicamente afectados.
A continuación se refiere la demanda a una serie de datos y porcentajes relativos a las pensiones de invalidez, a las pensiones de jubilación no contributivas etc., para argumentar que no existe una afectación del presupuesto en vigor, como pretende el Gobierno, concluyendo que «los datos de ejecución presupuestaria de los que el Gobierno disponía en el momento de oponerse a la tramitación parlamentaria de la proposición no avalaban su afirmación de que la aprobación y aplicación de la iniciativa hubiera implicado un incremento del gasto presupuestario». Añade que «la falta de justificación de la oposición del Gobierno deviene de la incorrecta atribución de coste presupuestario a la iniciativa cuya tramitación se pretende impedir. No es la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista la que viene a modificar la normativa existente en el momento de la aprobación del presupuesto, con un hipotético y subsiguiente aumento de gasto presupuestario, sino que es la Administración gestora de las prestaciones la que, modificando el criterio de interpretación de la norma seguido hasta entonces, viene a producir una innovación en su aplicación cuyos efectos la iniciativa parlamentaria de referencia pretende subsanar».
A juicio de la parte recurrente, la aplicación del artículo 363 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que se corresponde con el artículo 144 del anterior texto refundido (del año 1994), no permitía la exclusión del derecho a causar pensión no contributiva por la mera convivencia en la misma residencia. A tal fin se refiere a la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2005, trascribiendo parte de su contenido. Por tanto, no puede afirmarse que la proposición de ley del Grupo Socialista venga a producir un incremento de gasto presupuestario respecto del presupuesto en vigor, sino que, al contrario, el informe del Gobierno manifestando su disconformidad con la tramitación de la proposición de Ley no identifica correcta y adecuadamente los créditos presupuestarios que pudieran haberse visto afectados por la aprobación y aplicación de la iniciativa legislativa, ni tiene en cuenta la posibilidad, prevista en la propia ley de presupuestos de ese año, de aplicación de otros créditos provenientes de remanentes de tesorería.
c) Acto seguido razona la demanda sobre la vulneración del derecho fundamental del artículo 23.2 CE producida por la Mesa del Congreso de los Diputados.
Se refiere al informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados de 28 de noviembre de 2016 sobre las facultades de la Mesa respecto de la calificación de los escritos de disconformidad del Gobierno a la tramitación de proposiciones de ley, al Auto núm. 14724/2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la doctrina de este Tribunal declarada en sus SSTC 222/2006, de 6 de julio, y 242/2006, de 24 de julio, de las que cita determinados pasajes, para concluir que la Mesa no ha llevado a cabo un examen del contenido de la motivación aportada por el Gobierno para expresar su disconformidad con la tramitación de la iniciativa. Según la demanda, los acuerdos impugnados vulneraron el derecho fundamental de los recurrentes a ejercer sus cargos con los requisitos previstos en las leyes, reconocido en el artículo 23.2 CE, al aceptar el criterio de disconformidad del Gobierno con la tramitación de la proposición de ley, sin llevar a cabo un examen de la suficiencia de la justificación del mismo desde la perspectiva de la razonabilidad y de la ausencia de arbitrariedad.
La demanda termina suplicando que se reconozca el derecho de los recurrentes a ejercer las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes, reconocido en el artículo 23.2 CE, que se declare la nulidad de los acuerdos impugnados y se restablezca a los Diputados recurrentes en la integridad de su derecho «mediante la declaración de que procede la toma en consideración de la proposición de Ley, presentada por el Grupo Socialista, sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Cámara».
4. Mediante providencia de 16 de julio de 2018, la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada, «apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)].», y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Presidenta del Congreso de los Diputados a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo que dio lugar al referido acuerdo, acompañándose a la mencionada comunicación copia de la demanda para conocimiento de la Mesa del Congreso de los Diputados, a los efectos de su personación en el presente proceso constitucional.
5. Por medio de escrito presentado el día 19 de julio de 2018, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara del 17 de julio anterior, que ordenó dar traslado al Tribunal de fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, al tiempo que decidía personarse en el procedimiento por medio de la Letrada jefe de la asesoría jurídica de la Secretaría general de la Cámara.
6. Por diligencia de ordenación del secretario de justicia de la Sección Primera de este Tribunal de fecha 18 de septiembre de 2018, se acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Congreso de los Diputados, y el escrito de la Letrada de las Cortes Generales, teniéndola por personada y parte en nombre y representación de la Mesa de la Cámara, y, con arreglo al artículo 52 LOTC, conceder a tal parte y al Ministerio Fiscal el plazo común de veinte días para que, con vista de las actuaciones, formulasen alegaciones.
7. En fecha 22 de octubre de 2018 la Letrada de las Cortes Generales, en representación del Congreso de los Diputados, presentó su escrito de alegaciones en que solicita la desestimación íntegra del recurso de amparo.
a) Comienza su expositivo haciendo una referencia pormenorizada a la financiación de las pensiones no contributivas a través de la Ley de presupuestos generales del Estado. Tras referirse a las diversas clases de pensiones, a su finalidad y a su regulación, argumenta que «no nos corresponde aquí entrar a analizar si realmente se ha producido un cambio de criterio de la administración competente que motivó el triste caso que los recurrentes citan en la exposición de motivos de la iniciativa». Las cuestiones relativas a la errada denegación de la pensión no contributiva y el cambio de criterio interpretativo «son claramente cuestiones de legalidad que pueden intentar resolverse por los interesados ante la jurisdicción ordinaria o incluso por la propia Administración como, de hecho, así ocurrió pues justo antes de presentarse este recurso el 8 de febrero de 2018, el problema que da origen a la iniciativa fue resuelto mediante una instrucción del Imserso [instituto de mayores y servicios sociales] de fecha 13 de febrero, que remitió a las Comunidades Autónomas, en la cual se da una nueva interpretación de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), para que no se considerara como una misma unidad familiar a los hermanos que convivan en la misma residencia de mayores, a efectos del cobro de una pensión no contributiva, como se pudo conocer por los medios públicos».
A los efectos de este recurso, lo único que resulta relevante es que el gasto correspondiente al pago de estas pensiones se financia a través de un crédito previsto en los presupuestos generales del Estado. Las pensiones no contributivas se financian a través de aportaciones del presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto de gastos y dotaciones del Imserso, abonándose a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco.
En el caso que nos ocupa, podemos encontrar las asignaciones destinadas a estas pensiones en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017 (LPGE 2017). Así, el artículo 12.3, dispone:
«El presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en el ejercicio del año 2017 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un importe de 3.997.833,94 miles de euros y para operaciones de capital por un importe de 6.125,00 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 37.209,97 miles de euros.»
En cumplimiento del deber de actualización (art. 62 LGSS), el artículo 35 establece: «Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley».
Aplicando dicho porcentaje, el artículo 44. Uno, señala: «Para el año 2017, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 5.164,60 euros íntegros anuales».
Todo este conjunto normativo no hace más que evidenciar que estamos ante un gasto de naturaleza presupuestaria que forma parte del contenido necesario de la Ley de presupuestos generales del Estado. No estamos ante un hipotético programa del fondo social europeo o de un remoto impacto en créditos de personal, sino ante prestaciones de la Seguridad Social que como tales se integran en el presupuesto de la Seguridad Social y por lo tanto en la Ley de presupuestos generales del Estado (arts. 2 y 3 de la Ley general presupuestaria), Sección 60, lo que ya diferencia radicalmente este caso de otros resueltos recientemente por este Tribunal sobre vetos del Gobierno, en los cuales el Gobierno no identificó la partida presupuestaria concreta que recogía las correspondientes asignaciones (STC 34/2018, de 12 de abril, sobre la reforma de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa; STC 44/2018, de 26 de abril, sobre la reforma del Estatuto de los trabajadores; y STC 94/2018, de 17 de septiembre, sobre las centrales nucleares).
b) A continuación se refiere la Letrada de las Cortes Generales a la existencia de un incremento de un crédito presupuestario. Argumenta que parece razonable asumir un incremento de gasto si se amplía el ámbito subjetivo de los beneficiarios al reinterpretar el concepto de unidad económica familiar mediante la modificación del artículo 363.4 LGSS en los términos propuestos. Si bien es cierto que el informe del Gobierno hace referencia a que el incremento de gasto público podría no ajustarse para próximos ejercicios al marco de consolidación fiscal, motivación que no se ajustaría a los criterios jurisprudenciales según los cuales la observación del Gobierno tiene que referirse al ejercicio presupuestario actual, este no es el único argumento sino que va seguido de otros dos de enorme importancia: la aplicación retroactiva prevista por la iniciativa y la estimación del Gobierno para 2017 a la vista de importes pagados desde el año 2012.
De la disposición transitoria, en relación con la disposición final segunda, que prevé la entrada en vigor «de la presente Ley» al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se desprende que de tramitarse con éxito la proposición de ley y entrar en vigor durante el año 2018 (sic), habría que abonar, además de los casos que pudieran surgir ex novo, aquellos previstos en la mencionada disposición transitoria, lo cual sí que incidiría en el ejercicio presupuestario vigente en el momento en que el Gobierno formula su oposición. No se puede sostener que el cálculo efectuado en el informe del gobierno [13,5 millones de euros, equivalente al 0,1 por 100 del total (unas 400 personas)] esté basado en una mera conjetura pues son de acceso público las revisiones anuales y las revisiones de oficio y a instancia de parte de cada año, que se pueden consultar en el informe del Imserso que recoge un exhaustivo análisis sobre las revisiones en el periodo 2012-2017, con indicación de si han dado lugar o no a modificación de la cuantía y las causas de extinción de las pensiones. La afirmación que realizan los recurrentes de que el saldo no ejecutado en el mes de diciembre de 2017 será superior al del mismo mes de diciembre de 2016, carece de cualquier sustento y no deja de ser un mero cálculo hipotético, pues no se puede vaticinar en el mes de octubre de 2017, cuál será la ejecución final en el mes de diciembre de 2017. Además, supone la introducción de un nuevo requisito no previsto, que es la existencia de un saldo positivo o suficiente de la partida afectada para hacer frente al coste que supone la iniciativa, lo que va mucho más allá de lo establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional. El artículo 134.6 CE habla de incremento del «crédito» presupuestario, es decir de la cifra autorizada, y no del «gasto», cuya cuantía exacta depende de la ejecución. Es obvio, que la apreciación del «incremento» del artículo134.6 solo puede tener como referencia una cifra estable y fija, como el crédito, y no una variable, como es el gasto. En este caso, hay un evidente incremento del crédito presupuestario inicialmente previsto porque estos 13,5 millones derivados de una ampliación del ámbito subjetivo de los beneficiarios de las pensiones no contributivas, no estaban contabilizados dentro del crédito autorizado en el momento en que se confeccionó y aprobó el presupuesto. Por esto, sin más, hay incremento, siendo indiferente si luego el Gobierno, a través de cualquier medio, puede asumir ese incremento, bien porque la partida tenga exceso de saldo, bien a través de los remanentes de tesorería, como proponen los recurrentes, o incluso por la vía que no citan del crédito extraordinario o suplemento de crédito que aparece contemplada en el artículo 57 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria.
c) A la vista de la disconformidad expresada por el Gobierno, la Mesa del Congreso de los Diputados actuó correctamente en el ejercicio de sus facultades de calificación de las iniciativas parlamentarias, al acordar que no procedía la toma en consideración de la proposición de ley.
Sobre la motivación exteriorizada en los acuerdos impugnados la Mesa efectivamente realizó el análisis técnico-jurídico de comprobar si la justificación del Gobierno era suficiente y razonable, y no hizo dejación de sus funciones. Tomando como referencia la STC 34/2018, de 12 de abril, cuyos fundamentos jurídicos se reiteran en lo sustancial en la STC 44/2018, de 26 de abril, la correcta interpretación del artículo 134.6 CE exige tener presentes dos importantes consideraciones respecto a los límites de la Mesa:
(i) La función calificadora de la Mesa es técnico-jurídica, lo que quiere decir que, sin perjuicio de su deber de calificar la respuesta del Gobierno comprobando que concurren los presupuestos materiales y de motivación que una interpretación conforme al artículo 134.6 CE exige, lo que la Mesa no puede es «sustituir la apreciación del Gobierno, sin que tampoco deba, como regla general, obstaculizar el ejercicio de la facultad del Gobierno» (STC 34/2018, FJ 7).
(ii) El control de la Mesa debe ajustarse a la intensidad que exige su función calificadora, que es un control de menos intensidad tendente a comprobar que la respuesta del Gobierno no es manifiestamente infundada.
Al hilo de lo anterior analiza con exhaustividad la Letrada de las Cortes Generales el procedimiento que condujo a los acuerdos impugnados, concluyendo que la Mesa debatió sobre la iniciativa en cuestión de forma individualizada y adoptó los acuerdos que ahora se impugnan con plena conformidad a los requisitos procedimentales y, en especial, a los de motivación formal y material exigidos por las normas aplicables y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Finalmente, considera la razonabilidad de los acuerdos impugnados con base en lo alegado anteriormente sobre la financiación de las pensiones no contributivas mediante los presupuestos generales del Estado y el incremento presupuestario que suponía la iniciativa legislativa, sin que estimara necesario recabar información complementaria de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales, lo que, en todo caso, es potestativo y no puede constituir una limitación de la facultad de calificación de la Mesa.
En conclusión, a diferencia de lo ocurrido en otros casos resueltos en contra del Gobierno o del Congreso por asumir el criterio del Gobierno, en este caso el Gobierno respondió conforme a los parámetros establecidos por este Tribunal, cuantificando en una determinada cantidad el impacto que la proposición de ley tenía en el presupuesto en vigor de 2017. Al ser razonable y estar suficientemente fundado el criterio del Gobierno, la Mesa, en ejercicio de su control de menor intensidad, no podía ir más allá del mismo, debiéndolo aceptar, por lo que no cabe más que concluir que la Mesa ejerció debidamente las facultades de calificación que le atribuye el Reglamento, en el marco de la doctrina constitucional expuesta y que, por consiguiente, su actuación no ha supuesto vulneración del derecho de los recurrentes reconocido en el artículo 23.2 CE.
8. En fecha 31 de octubre de 2018, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en el que termina solicitando que se otorgue el amparo, se reconozca vulnerado el derecho al ejercicio en condiciones de igualdad del cargo público parlamentario de los recurrentes del artículo23.2 CE, así como el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes del artículo23.1 CE, se declare la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso de fechas 24 de octubre y 21 de noviembre de 2017 y se ordene retrotraer las actuaciones para que por la Mesa del Congreso se dicte un nuevo acuerdo relativo a la comunicación de disconformidad expresada por el Gobierno, que sea respetuoso con la facultad legislativa parlamentaria y el derecho del Grupo Parlamentario proponente de la iniciativa legislativa.
Tras relatar los antecedentes fácticos y resumir las alegaciones formuladas por los recurrentes, argumenta el Fiscal ante el Tribunal Constitucional lo que se sintetiza a continuación:
a) Las razones ofrecidas por el Gobierno en su informe para justificar la concurrencia del presupuesto material habilitante del ejercicio de la facultad de veto presupuestario fundada en un incremento de los gastos presupuestarios, no pueden ser consideradas como suficientes y objetivas por lo siguiente:
(i) Por lo que se refiere a la razón del impacto de la proposición de ley en el escenario de los próximos ejercicios presupuestarios, no puede ser admitida, pues supone una clara extralimitación del alcance temporal de la facultad otorgada en el artículo134.6 de la CE.
(ii) Por lo que respecta a la motivación que sustenta el incremento de los créditos presupuestarios en la retroactividad que la proposición de ley rechazada atribuye a su nueva regulación y que se estima supondría un incremento de 13,5 millones de euros, cabe considerar que es un cálculo basado en una estimación del 0,1 por 100 de pensiones afectadas por la revisión, pero no se aporta ningún dato objetivo que permita conocer cómo ha sido calculada esta estimación. De otro lado, no se indica en el informe cual sería el presupuesto a cuyo cargo se produciría el impacto de los 13,5 millones de euros que causaría la retroactividad de la nueva regulación, pues solo podría ser habilitante un impacto en los créditos presupuestarios del presupuesto de 2017 en vigor. En este sentido, es dudoso que pudiera estar determinado en este año el impacto de la retroactividad correspondiente a los últimos cinco años, al ser necesaria una revisión de los expedientes afectados por la nueva regulación.
El informe del Gobierno ha omitido cualquier valoración sobre el impacto real que tendría el supuesto incremento de los créditos en 13,5 millones de euros, respecto de los créditos presupuestados en el ejercicio 2017 para pensiones no contributivas, si se tiene cuenta que en el ejercicio presupuestario de 2016 y en el ejercicio de 2017 a fecha de octubre, la ejecución de los créditos de las pensiones no contributivas era inferior a la cuantía presupuestada. Tampoco el informe ha contemplado la posibilidad que otorgaba el artículo16 de la Ley de presupuestos generales para 2017, de aplicar el remanente de tesorería de 2016 a financiar las insuficiencias financieras de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas.
b) En la STC 94/2018, [FJ 5 b)], con reiteración de lo ya declarado en las anteriores SSTC 34/2018 y 44/2018, se pone de manifiesto:
«En definitiva, la Mesa debe verificar la motivación aportada por el Gobierno, pero sin que le corresponda sustituir al mismo en el enjuiciamiento del impacto, sino tan solo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis. En suma, el objeto de este examen no es otro que constatar que se ha justificado por el Gobierno el cumplimiento de los requisitos, ya expuestos, del artículo 134.6 CE, en cuanto al objeto y el alcance temporal, y que por tanto concurre el requisito material contenido en la norma constitucional, esto es, la disminución de los ingresos o el aumento de los créditos presupuestarios [STC 34/2018, FJ 7 d)].»
Los acuerdos de la Mesa del Congreso impugnados y, en particular, el acuerdo de fecha 21 noviembre de 2017, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada por los recurrentes, estimaron que, ejercitada por el Gobierno la facultad de disconformidad prevista en los artículos 134.6 CE y 126.2 del Reglamento de la Cámara, respecto de la «Proposición de Ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva», no procedía su toma en consideración por el Pleno.
El anexo II del acta de la reunión de la Mesa del Congreso de fecha 21 de noviembre recoge la motivación del acuerdo de desestimación de la solicitud de reconsideración formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, (folios 34 a 36 del expediente remitido al Tribunal por la Mesa del Congreso). La referida motivación se limita a poner de manifiesto que el Gobierno ha ejercido la facultad de disconformidad en el plazo establecido en el artículo126.3 del Reglamento, por entender que la aprobación de la referida proposición supondría un aumento de los créditos presupuestarios y que la disconformidad del Gobierno está motivada de manera suficiente y no arbitraria.
No se recoge en el citado acuerdo de la Mesa ninguna referencia a las concretas razones dadas por el Gobierno, ni se hace ninguna consideración sobre si las mismas cumplen con el alcance temporal de la facultad de disconformidad, estando estrictamente referidas al impacto de la iniciativa a los presupuestos en vigor, ni tampoco se hace consideración alguna sobre si el Gobierno ha justificado de manera suficiente y objetiva la conexión real y efectiva de los efectos de la proposición de ley rechazada con las partidas presupuestarias de los presupuestos en vigor.
c) A juicio del Ministerio público, la motivación de los acuerdos impugnados, abstracta y formalista, no permite considerar que la Mesa haya cumplido con la función de control de la facultad de disconformidad con las iniciativas legislativas que se le atribuye y, en concreto, con la comprobación del presupuesto material habilitante del ejercicio de esa facultad, teniendo en cuenta que si bien la Mesa no puede reemplazar la apreciación del Gobierno sobre el impacto de las iniciativas legislativas, ni obstaculizar el ejercicio de esta facultad de veto constitucionalmente atribuida al Gobierno, también debe velar por el ius in officium de los parlamentarios.
Previa trascripción de la STC 94/2018, FJ 5 b) iii, termina la Fiscal ante el Tribunal Constitucional señalando que la falta de una verdadera motivación material en los acuerdos de la Mesa del Congreso ahora enjuiciados, sobre el cumplimiento del presupuesto material habilitante del ejercicio de la facultad de veto presupuestario ejercida por el Gobierno, determina que deba considerarse que los citados acuerdos han vulnerado el derecho al ejercicio del cargo parlamentario del Grupo Parlamentario Socialista autor de la iniciativa legislativa que se acordó no someter a la consideración del Pleno, y consiguientemente, el derecho de los ciudadanos de participación política a través de sus legítimos representantes.
9. Por providencia de 13 de diciembre de 2018 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Objeto de impugnación. Como se ha destacado en los antecedentes, el recurrente impugna en esta sede de amparo y por la vía del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) los acuerdos de 24 de octubre y de 21 de noviembre de 2017 de la Mesa del Congreso de los Diputados que, inicialmente y en el posterior trámite de reconsideración, decidieron que no procedía tomar en consideración por el Pleno de la Cámara la proposición de ley «sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva», presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En consecuencia, el objeto sobre el que habrá de versar el enjuiciamiento de este Tribunal se ha de referir de modo exclusivo a examinar el alcance, contenido de la fundamentación y la decisión final adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados, por ser únicamente sus acuerdos los que han sido impugnados y a los que se circunscribe la demanda. No obstante lo expuesto, también habrá de abordarse el análisis de la previa resolución del Gobierno de la Nación que, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 134.6 CE, expresó su disconformidad a la tramitación de la proposición de ley presentada, en la medida en que los acuerdos de la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 126.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD), tomaron, como presupuesto de su labor revisora, el contenido y razonamientos de la resolución del Gobierno.
2. Pretensiones de las partes. El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados impugna en amparo, por la vía del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los acuerdos de 24 de octubre y de 21 de noviembre de 2017 de la Mesa del Congreso de los Diputados que, respectivamente y en trámites inicial y de reconsideración, desestimaron la solicitud de toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados de la «Proposición de Ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva», que el citado grupo parlamentario había presentado ante aquel órgano parlamentario.
Como con más detalle se ha indicado en el apartado de antecedentes, la demanda de amparo plantea la eventual vulneración del derecho de participación política de los diputados recurrentes reconocido en el artículo 23.2 CE, porque entiende que los acuerdos impugnados han dado la conformidad de la Mesa del Congreso a la aplicación, por parte del Gobierno, de la facultad de veto a las iniciativas legislativas parlamentarias que el artículo 134.6 CE le reconoce a este, sin llevar a cabo un examen de la suficiencia de la justificación del mismo desde la perspectiva de la razonabilidad y de la ausencia de arbitrariedad. A su juicio, el veto del Gobierno pretende justificarse en una mera posibilidad referida a ejercicios presupuestarios futuros, atendiendo al actual marco de consolidación fiscal, lo que quedaría fuera del ámbito definido en el artículo 134.6 CE; siendo que la fijación del coste presupuestario de 13,5 millones de euros se funda en una mera conjetura, y, en definitiva, no identifica correcta y adecuadamente los créditos presupuestarios que pudieran haberse visto afectados por la aprobación y aplicación de la iniciativa legislativa.
En el mismo sentido, el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, con sustento en los argumentos que detalladamente se han expuesto en los antecedentes, solicita la estimación del recurso de amparo al entender que ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes al ejercicio del cargo público parlamentario y de participación política del artículo 23.2 CE, así como del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, reconocido en el artículo 23.1 CE.
Por último, la representación letrada de las Cortes Generales solicita la desestimación del recurso porque, a su juicio, a diferencia de lo ocurrido en otros casos resueltos en contra del Gobierno o del Congreso por asumir el criterio del Gobierno por este Tribunal, en este caso, el Gobierno respondió conforme a los parámetros establecidos por la doctrina constitucional, cuantificando en una determinada cantidad el impacto que la proposición de ley tenía en el presupuesto en vigor de 2017. Al ser razonable y estar suficientemente fundado el veto del Gobierno, la Mesa, en ejercicio de su función de control «de menor intensidad», debió aceptarlo, como, de hecho, hizo.
3. Especial trascendencia constitucional. Aunque ninguna de las partes comparecidas ha puesto en duda la especial trascendencia constitucional de este recurso, que es requisito para su admisión de conformidad con los artículos 49.1 y 50.1 b) de nuestra Ley Orgánica reguladora y, por consiguiente, de orden público procesal (entre otras, STC 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y las allí citadas), exigencias de certeza y buena administración de justicia (STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón contra España, § 46) obligan a explicitar el cumplimiento del mismo a fin de hacer así recognoscibles los criterios empleados al efecto por este Tribunal.
En el presente caso, este Tribunal decidió admitir el recurso de amparo al apreciar que concurría en el mismo especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) «porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2, a)]», atendiendo al criterio de que la apreciación de este requisito material de admisibilidad se proyecta sobre toda la serie de recursos que planteen este mismo problema o faceta, siempre que la sentencia recaída del primer recurso sea de fecha posterior a las resoluciones impugnadas en los restantes [SSTC 12/2016, de 1 de febrero, FJ 2; 148/2015, de 6 de julio, FJ 3, y 56/2013, de 11 de marzo, FJ 1 b)].
La STC 34/2018, de 12 de abril, seguida de la STC 44/2018, de 26 de abril, han resuelto sendos conflictos entre órganos constitucionales promovidos por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que rechazaron la disconformidad expresada por el Gobierno, en uso de la prerrogativa del artículo 134.6 CE, a la tramitación por el Pleno de proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista sobre suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y sobre modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
4. Análisis de la vulneración del derecho fundamental denunciada. Si bien el derecho fundamental que cita la demanda como únicamente vulnerado es el de participación política, reconocido en el artículo 23.2 CE, en cuanto que como parlamentarios elegidos por los ciudadanos ejercen un cargo público y la Constitución ampara su derecho a desempeñarlo libremente y con independencia, dentro de los límites que establezca el legislador, no ha de olvidarse que la titularidad y el ejercicio de este derecho guarda íntima conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes legítimos, que reconoce el artículo 23.1 CE, toda vez que el ejercicio de su derecho se actúa por medio de aquellos representantes. Así lo ha declarado este Tribunal cuando ha tenido ocasión de destacar que existe «una conexión directa entre el derecho de los parlamentarios (art. 23.2 CE) y el que la Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE), pues puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del artículo 23.2 CE, así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio» (SSTC 202/2014, de 15 de diciembre, FJ 3, y 1/2015, de 19 de enero, FJ 3, por todas). En consecuencia, ambos derechos, el del ejercicio del cargo público representativo y el de participación en asuntos públicos de los ciudadanos, deben ser tenidos en cuenta a la hora de enjuiciar la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia en el presente recurso de amparo.
Asimismo, como se desprende del inciso final del propio artículo 23.2 CE, se trata de un derecho de configuración legal, que corresponde establecer a los Reglamentos parlamentarios, «a los que compete fijar y ordenar los derechos y atribuciones propios de los parlamentarios que, una vez creados, quedan integrados en el estatus propio de su cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares, al amparo del artículo 23.2 CE, reclamar su protección cuando los consideren ilegítimamente constreñidos o ignorados por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se integren [STC 36/2014, de 27 de febrero, FJ 5, y las allí citadas, así como las SSTC 107/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a), y 108/2016, de 7 de junio, FJ 4 B) a)].
Ahora bien, este Tribunal ha venido insistiendo en que «no cualquier acto del órgano parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, pues solo poseen relevancia constitucional, a estos efectos, los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa parlamentaria, siendo vulnerado el artículo 23.2 CE si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan su práctica o adoptan decisiones que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes. Tales circunstancias imponen a los órganos parlamentarios una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de su aplicación, bajo pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (art. 23.2 CE), sino también de infringir el de estos a participar en los asuntos públicos ex artículo 23.1 CE (SSTC 38/1999, FJ 2; 107/2001, FJ 3; 40/2003, FJ 2; 1/2015, FJ 3; 23/2015, de 16 de febrero, FJ 3, y 10/2018, de 5 de febrero, FJ 3).
Por último, y ya en relación con el tipo de acto parlamentario que se cuestiona en este caso, este Tribunal ha venido afirmando que «las proposiciones de Ley promovidas por los grupos parlamentarios no sólo son una forma –sin duda, la más señalada y expresiva– de participación de los parlamentarios en la potestad legislativa de las Cámaras parlamentarias. Son también un cauce instrumental al servicio de la función representativa característica de todo Parlamento, operando como un instrumento eficaz en manos de los distintos grupos políticos que integran el Pleno de la Cámara, y que les permite obligar a que este se pronuncie acerca de la oportunidad de la iniciativa presentada, forzando a las distintas fuerzas político-parlamentarias a manifestar públicamente su postura y las razones políticas o de otra índole (incluida la eventual inconstitucionalidad de la misma), por las que han decidido apoyar o rechazar la propuesta legislativa sometida a su consideración» (STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 3). El ejercicio de la función legislativa por los representantes de los ciudadanos constituye, pues, «la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático. Puesto que la participación en el ejercicio de dicha función y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan… constituyen una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante» (SSTC 10/2016, de 1 de febrero, FJ 4, y 10/2018, FJ 3).
Así pues, la presentación de una proposición de ley a la mesa de la cámara legislativa por parte de un grupo parlamentario forma parte del núcleo esencial del ius in officium de los representantes elegidos que lo integren y la inadmisión de esa iniciativa legislativa por parte del órgano parlamentario de referencia incide de modo esencial y directo en el ejercicio de la función parlamentaria.
En el caso de autos, la demanda de amparo denuncia la vulneración del ius in officium de los recurrentes, diputados del Grupo Parlamentario Socialista, por haber acordado la Mesa del Congreso de los Diputados la inadmisión a trámite, como paso previo a su toma en consideración por el Pleno de la Cámara Baja, de la proposición de ley sobre «modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva», presentada por el referido grupo parlamentario, por lo que esta decisión incide sobre el núcleo esencial del ejercicio de la función parlamentaria del recurrente y debe llevar, en consecuencia, al enjuiciamiento y toma de decisión sobre la cuestión de fondo que, más adelante, será objeto de atención por este Tribunal.
5. Las funciones de la Mesa del Congreso y la facultad del Gobierno. Los artículos 134.6 CE y 126.2 RCD son las normas que, en materia procedimental, rigen el marco de relación entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, en orden al desempeño de sus respectivas atribuciones respecto de las proposiciones de ley que presenten los grupos parlamentarios presentes en la Cámara Baja.
La cronología que ambos preceptos han dispuesto en el orden de intervenciones del Gobierno y de la Mesa del Congreso de los Diputados impone que, primeramente, sea analizado el alcance y contenido de la facultad que el artículo 134.6 CE atribuye al Gobierno para mostrar su conformidad o disconformidad a las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios, toda vez que, conforme determina el artículo 126.2 RCD, una vez ejercitada la iniciativa legislativa, la Mesa del Congreso debe publicarla en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y remitir la proposición de ley al Gobierno para que éste, en el plazo de treinta días, «manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios».
a) La facultad de «veto» del Gobierno. El artículo 134.6 CE atribuye al Gobierno dicha facultad y, este Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en sus recientes SSTC 34/2018, de 12 de abril, FFJJ 6 y 7, y 44/2018, de 26 de abril, FJ 5, sobre dicha materia.
La doctrina establecida permite que podamos ahora hacer una remisión en su integridad a los criterios allí establecidos, para evitar reiteraciones innecesarias y, además, en la consideración de que no es la facultad del Gobierno del artículo 134.6 CE la que ahora es el objeto central de nuestro enjuiciamiento, sino las atribuciones de revisión de que dispone la Mesa del Congreso respecto de aquella.
En este sentido, en relación con el artículo 134 CE, se destacan los siguientes aspectos en los fundamentos jurídicos 6 y 7 de la STC 34/2018 y 4 y 5 de la STC 44/2018:
(i) Corresponde en exclusiva al Gobierno la iniciativa parlamentaria en materia presupuestaria mediante el proyecto de ley anual de presupuestos. Este Tribunal ha declarado de modo reiterado que «la Ley de presupuestos es una norma singular por su vinculación inmediata con la propia función del Gobierno, a quien corresponde la dirección y orientación de la política económica» (por todas, SSTC 34/2018, FJ 6, y 44/2018, FJ 4). Si bien, posteriormente corresponderá a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (art. 134.1 CE).
(ii) La Ley de presupuestos tiene el carácter de ley temporal; «la autorización del Parlamento tiene un plazo de vigencia constitucionalmente limitado, de acuerdo con el denominado principio de anualidad, que recoge el artículo 134.2 CE… y sin perjuicio de la posibilidad de que esa vigencia resulte temporalmente prorrogada en el supuesto de que ‘la Ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente’ (art. 134.4 CE)». (SSTC 34/2018, FJ 6, y 44/2018, FJ 4).
(iii) «Una vez aprobados los presupuestos, el Gobierno puede incidir de forma directa sobre el volumen del gasto público autorizado e ingresos estimados, bien de forma positiva, presentando proyectos de ley con incidencia en el mismo (art. 134.5 CE), bien de forma negativa, no prestando su conformidad a proposiciones o enmiendas que supongan una alteración del mismo (art. 134.6 CE)» (SSTC 34/2018, FJ 6, y 44/2018, FJ 4). La ejecución del presupuesto aprobado y las posibles modificaciones posteriores al mismo, corresponden en exclusiva al Gobierno.
(iv) En lo que, de modo específico, se refiere a la facultad de «veto» que el artículo 134.6 CE atribuye al Gobierno, son de destacar los siguientes aspectos:
(1) La propia literalidad del precepto constitucional «ciñe dicha potestad del Gobierno a los ingresos y gastos que estén efectivamente reflejados en el mismo presupuesto» [SSTC 34/2018, FJ 7 a), y 44/2018, FJ 5 a)]. «La prerrogativa del Ejecutivo a que se refiere el artículo 134.6 CE, cuyo efecto limitador de la actividad misma del Legislativo es evidente, se ciñe a aquellas medidas cuya incidencia sobre el presupuesto del Estado sea real y efectiva. Lo contrario supondría una interpretación extensiva de los límites contenidos en el artículo 134 CE, que hemos reiterado que se refieren sólo al presupuesto (por todas, STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 11)» [STC 34/2018, FJ 7 a)].
(2) En lo que se refiere al alcance temporal del veto presupuestario, «la conformidad del Gobierno ha de referirse siempre al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el propio principio de anualidad contenido en el mismo artículo, entendiendo por tal tanto el autorizado expresamente como incluso el que ha sido objeto de prórroga presupuestaria (art. 134.4 CE), pues no por ello deja de cumplir la función esencial de vehículo de dirección y orientación de la política económica del Gobierno» [SSTC 34/2018, FJ 7 b), y 44/2018, FJ 5 b)]. También ha señalado la doctrina de este Tribunal que «consecuencia de lo anterior es que el veto presupuestario no podrá ejercerse por relación a presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno ni sometidos por tanto al proceso de aprobación regulado en el artículo 134 CE» [SSTC 34/2018, FJ 7 b), y 44/2018, FJ 5 b)]. En lo que se refiere a los denominados «ejercicios plurianuales», después de reconocer este Tribunal que «todo presupuesto está lógica y temporalmente conectado con las cuentas públicas aprobadas en ejercicios anteriores, y con las que se prevé elaborar para los ejercicios futuros», afirma de modo tajante que «sin embargo, tal conexión plurianual no desnaturaliza el carácter anual del presupuesto, por lo que el ejercicio de la potestad del artículo 134.6 CE se restringe, igualmente, a la afectación de una medida al presupuesto del ejercicio en curso» [SSTC 34/2018, FJ 7 b), y 44/2018, FJ 5 b)].
(3) Respecto de la motivación que debe contener la resolución del Gobierno cuando haga uso de la facultad de «veto» del artículo 134.6 CE, la doctrina de este Tribunal ha declarado que «el Gobierno podrá oponerse solo en aquellos casos en los cuales la medida propuesta, enmienda o proposición, incida directamente en el citado presupuesto. La motivación del Gobierno debe expresar tal incidencia, precisando las concretas partidas presupuestarias que se verían afectadas, y teniendo en cuenta que su eventual no conformidad, esto es, el veto presupuestario, tiene una incidencia directa sobre la propia función del Legislativo» [SSTC 34/2018, FJ 7 c), y 44/2018, FJ 5 c)]. Dispondrá el Gobierno de un amplio margen de apreciación para hacer uso de esta facultad, pero deberá «precisar adecuadamente los concretos créditos que se verían directamente afectados, de entre los contenidos en el presupuesto en vigor, habida cuenta que es éste el que cumple en cada momento su función instrumental a la propia acción de Gobierno (art. 97 CE)» [SSTC 34/2018, FJ 7 c), y 44/2018, FJ 5 c)]. Asimismo, esta potestad del Gobierno «se vincula y ciñe a los casos en los cuales una proposición de ley tenga incidencia directa e inmediata en el plan presupuestario en vigor, lo que significa, como deriva de la propia literalidad del artículo 134.6 CE, que implique razonablemente un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos en el mismo ejercicio presupuestario» [SSTC 34/2018, FJ 7 c), y 44/2018, FJ 5 c)].
b) Las funciones de la Mesa del Congreso.
En lo que atañe a las atribuciones de la Mesa del Congreso de los Diputados, respecto del ejercicio de la facultad que el artículo 134.6 CE reconoce al Gobierno, también las reiteradas SSTC 34/2018 y 44/2018 han establecido la doctrina de este Tribunal que, a modo de síntesis, hemos de destacar a continuación:
(i) La Mesa del Congreso de los Diputados asume, en estos casos, una doble responsabilidad, pues tiene atribuida la función de revisión del ejercicio por el Gobierno de la facultad de veto, ex artículo 134.6 CE, sobre las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Pero la decisión que pueda adoptar, particularmente en los supuestos como el de autos, es que inadmita la proposición de ley presentada por un grupo parlamentario, lo que implica una limitación del ius in officium protegido constitucionalmente, por tratarse de una iniciativa legislativa que constituye una manifestación genuina de la actividad parlamentaria.
(ii) En lo que se refiere a la primera de las responsabilidades, incumbe a las mesas parlamentarias en general, pero en particular y en relación con este caso a la Mesa del Congreso, llevar a cabo un control reglado sobre el ejercicio de la facultad del Gobierno, de carácter técnico-jurídico, si bien no puede responder en ningún caso a criterios de oportunidad política. Por otra parte, se trata de un doble control, formal y material. En lo que respecta al primero de ellos, bastará con verificar que el Gobierno haya dado respuesta expresa y motivada a la remisión de la proposición de ley, a los efectos de mostrar su conformidad o disconformidad, en este último caso a la concurrencia del presupuesto de hecho habilitante (aumento de los créditos o disminución de los ingresos) y que lo haya hecho dentro de plazo, o alternativamente, que dicha respuesta no se haya producido, debiendo obrar entonces en la forma prevista en el artículo 126.3 RCD.
En lo que se refiere al control material, este Tribunal le ha reconocido a las mesas parlamentarias «un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria» [SSTC 242/2006, FJ 4; 34/2018, FJ 4 b), y 44/2018, FJ 3], que se puede llevar a efecto mediante un pronunciamiento de la Mesa sobre el carácter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno, siempre y cuando resulte evidente, a la luz de la propia motivación aportada por este, que no se ha justificado la afectación de la iniciativa a los ingresos y gastos contenidos en el propio presupuesto que, en cada ejercicio, cumple la función instrumental a la propia acción de Gobierno.
En suma, con independencia del tipo de iniciativa o proceso parlamentario, corresponde a este órgano de la Cámara ejercer una limitada función de calificación del criterio del Gobierno, como parte de su función genérica de calificación en relación con los documentos de índole parlamentaria que le remita el Gobierno [SSTC 34/2018, FJ 7 d), y 44/2018, FJ 3]. A partir de esta función de control del trabajo parlamentario, la Mesa podrá rechazar la falta de conformidad del Ejecutivo en aquellos casos en los cuales el Gobierno no haya concretado la afectación al presupuesto. En dicho examen, la Mesa no puede sustituir la apreciación del Gobierno, sin que tampoco deba, como regla general, obstaculizar el ejercicio de la facultad del Gobierno (STC 242/2006, FJ 6), pues en este caso su actuación debe salvaguardar, además y al mismo tiempo, la competencia que, en exclusiva, atribuye el artículo 134.6 CE al Gobierno, de acuerdo con el principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales [STC 34/2018, FJ 7 d)].
(iii) Por lo que se refiere a la segunda de las responsabilidades, la Mesa debe velar por los derechos fundamentales de los parlamentarios, derivados del artículo 23 CE, de tal manera que, en los supuestos como el de autos, en que decida mostrar su conformidad al ejercicio de la facultad de veto por parte del Gobierno a la iniciativa legislativa de un grupo parlamentario, y, en consecuencia inadmitirla, su respuesta «puede[n] implicar una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria y, con él, del derecho de participación ciudadana», por lo que la respuesta debe estar formal y materialmente motivada, «a fin de que tras ellas no se esconda un juicio sobre la oportunidad política, en los casos en que ese juicio esté atribuido a la Cámara parlamentaria en el correspondiente trámite de toma en consideración o en el debate plenario» [STC 34/2018, FJ 4 b), y todas las que allí se citan].
6. Enjuiciamiento de la cuestión de fondo.
La aplicación de la doctrina de este Tribunal, recogida en los fundamentos jurídicos anteriores, servirá de sustento al análisis de la queja denunciada por los recurrentes.
a) Debemos iniciar este análisis dejando sentado que tanto la defectuosa aplicación, a juicio de la parte recurrente, del artículo 363.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), al supuesto de hecho descrito más arriba, como la solución que, por vía interpretativa y mediante la instrucción de la que se hace eco la Letrada de las Cortes Generales, haya podido disminuir el problema que la proposición de ley pretendía remediar, son cuestiones ajenas a este proceso constitucional de amparo.
En efecto, el problema relativo a si, a los efectos de computar los límites de acumulación de recursos económicos para generar derecho a pensión no contributiva [art. 363.1 d), 2 y 3 LGSS], deben integrarse en el concepto de «unidad económica» los supuestos en que parientes en un determinado grado comparten centro residencial, es una cuestión de legalidad ordinaria que compete resolver, en primer término, a la Administración de la Seguridad Social y, finalmente, a la jurisdicción encargada de verificar el control de la actuación de dicha Administración en materia de prestaciones.
Nuestro enjuiciamiento se circunscribe a la verificación del correcto ejercicio de la función de calificación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados en relación con la discrepancia manifestada por el Gobierno, al amparo del artículo 134.6 CE, respecto de la tramitación de la proposición de ley de que se trata.
b) La parte recurrente no formula queja alguna respecto del ejercicio de las funciones de control de los elementos formales por parte de la Mesa, sino que su objeción se localiza en el necesario control material que, a su juicio, no ha llevado a efecto el órgano parlamentario cuando el Gobierno no ha razonado suficientemente el cumplimiento del presupuesto de hecho que habilita para el ejercicio de aquella facultad de veto; esto es, que la proposición de ley pudiera afectar al presupuesto en vigor, significando un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos.
En este punto, interesa subrayar que, «la Mesa debe verificar la motivación aportada por el Gobierno, pero sin que le corresponda sustituir al mismo en el enjuiciamiento del impacto, sino tan sólo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis. En suma, el objeto de este examen no es otro que constatar que se ha justificado por el Gobierno el cumplimiento de los requisitos, ya expuestos, del artículo 134.6 CE, en cuanto al objeto y el alcance temporal, y que por tanto concurre el requisito material contenido en la norma constitucional, esto es, la disminución de los ingresos o el aumento de los créditos presupuestarios» [STC 34/2018, FJ 7 d)].
En la posterior STC 94/2018, de 17 de septiembre, al resolver el recurso de amparo dirigido contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que, con aceptación del criterio del Gobierno, resolvieron la no procedencia de someter la proposición de ley para el cierre de las centrales nucleares instaladas en España, rechazamos, por reputar contraria al sentido y alcance del artículo 134.6 CE, la argumentación empleada para la aplicación de la facultad de veto «en cuanto que ha considerado que el presupuesto habilitante de la misma (aumento de los créditos o disminución de los ingresos) debía extenderse a escenarios presupuestarios plurianuales» (FJ 7).
En el supuesto objeto de análisis, el informe del Gobierno hace referencia a que el incremento de gasto público podría no ajustarse para próximos ejercicios al actual marco de consolidación fiscal y así, según se ha dejado escrito en el apartado de antecedentes de esta sentencia, la referencia a «podría no ajustarse a los escenarios para próximos ejercicios» se contiene en el primer párrafo del apartado denominado «conclusión» del informe del Gobierno.
c) En la STC 44/2018, de 26 de abril, se resolvió un conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que rechazaron el veto, formulado al amparo del artículo 134.6 CE, a la tramitación de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
En aquel caso, el Tribunal estimó que la motivación del Gobierno no cumplía la exigencia de precisar adecuadamente las concretas partidas presupuestarias del presupuesto en vigor que se verían directamente afectadas por esa iniciativa legislativa, limitándose a aportar una estimación de impacto económico en términos de hipótesis, sin referencia a partidas concretas. Se argumentaba que la medida legislativa tenía por objeto garantizar a los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas las mismas condiciones laborales de que disfrutan los trabajadores de la empresa principal y que el incremento de costes para aquellas empresas podrá repercutir o no en el precio de la contrata o subcontrata, presentándose, por tanto, la relación de causalidad que aducía el Gobierno entre la aprobación de la proposición de ley y su impacto en las empresas públicas como un mero juicio hipotético.
En el caso que estamos examinando la afectación al presupuesto de gastos de la iniciativa legislativa, se presenta, en la motivación exteriorizada por el Gobierno, pero no se concreta como real y efectiva.
Así, en el apartado de antecedentes hemos dejado constancia detallada del contenido del informe que acompaña a la comunicación efectuada por el Gobierno en ejercicio de su facultad de oposición a la tramitación de la proposición de ley. De él cabe destacar ahora la conclusión de que la innovación legislativa comportaría un incremento de gasto público tanto por su eficacia para el futuro, una vez que se produzca su entrada en vigor, como por su aplicación retroactiva, lo que se efectúa en términos de mera hipótesis.
Puede calificarse de infundado, por ausencia de motivación, el argumento según el cual la ampliación del ámbito subjetivo de los beneficiarios, efecto pretendido por la iniciativa legislativa al delimitar el concepto de unidad económica familiar mediante la modificación del artículo 363.4 LGSS en los términos propuestos, provocaría en términos potenciales un incremento del número de pensiones y, por ende, un aumento de gasto que habría de autorizarse mediante la ampliación del crédito presupuestario correspondiente. Y eso mismo es predicable del razonamiento según el cual la revisión de los supuestos en que tales pensiones no contributivas se hubieran extinguido a causa del obstáculo que la iniciativa legislativa pretende remover, prevista en la disposición transitoria de la proposición de ley, provocaría un inmediato aumento del gasto con la consiguiente repercusión en el crédito incluido en la Ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Tales circunstancias no se justifican con la valoración exigible en las precedentes sentencias de este Tribunal.
d) Por tanto, la causalidad entre la aprobación de la proposición de ley y su impacto presupuestario está fundada en un mero juicio hipotético; en una mera posibilidad o conjetura y en este punto hemos de reiterar que no corresponde ni a la Mesa del Congreso, en ejercicio de su función de calificación, ni a este Tribunal, en el de la suya de control de constitucionalidad, sustituir al Gobierno en el enjuiciamiento del impacto presupuestario, sino tan sólo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis (STC 34/2018, FJ 7), lo que sucede en la cuestión planteada.
7. Conclusión.
En el caso examinado, la función de calificación que tiene atribuida la Mesa del Congreso de los Diputados, que se circunscribe a constatar si se ha justificado por el mismo el cumplimiento de los requisitos del artículo 134.6 CE, no se ha verificado adecuadamente, al tomar en consideración que la iniciativa legislativa promovida por el Grupo Parlamentario Socialista tenía un impacto real y efectivo sobre el presupuesto en vigor, siendo así que estaba basada en apreciaciones hipotéticas.
Por consiguiente, la demanda de amparo debe ser estimada al apreciarse vulneración del derecho garantizado por el artículo 23.2 CE, en relación con el artículo 23.1 CE, del que son titulares los diputados recurrentes.
8. Alcance.
Procede la declaración de vulneración del artículo 23.2 en conexión con artículo 23.1, la anulación de los acuerdos recurridos y respetando la autonomía de las Cortes Generales, ordenar la retroacción de actuaciones para que se dicte nuevo acuerdo respetuoso con el artículo 23 CE.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Margarita Robles Fernández, portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, y los diputados de dicho Grupo Parlamentario contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de octubre de 2017 que, con aceptación del criterio del Gobierno de la Nación, resolvió la no procedencia de someter la proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que dicho grupo parlamentario había presentado, para su toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, así como contra el acuerdo de la misma Mesa de 21 de noviembre de 2017, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el anterior, y en su virtud procede hacer los siguientes pronunciamientos:
1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE) que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a través de sus representantes (art. 23.1 CE).
2.º Restablecer a la parte recurrente en su derecho y a tal fin declarar la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de octubre y 21 de noviembre de 2017 que resolvieron en los términos previstos en el encabezamiento de esta parte dispositiva.
3.º Retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa del Congreso dicte nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada que sea respetuosa con el derecho de participación política del artículo 23 CE.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. | Nueva sentencia del Tribunal Constitucional que insiste en que para inadmitir una propuesta legislativa hay que justificarlo y bien. En este caso, proposición ley sobre pensiones del PSOE que la Mesa del congreso no admitió. | ECLI:ES:TC:2018:139.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente; don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 729-2018, promovido por doña Margarita Robles Fernández, como portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, y los diputados de dicho Grupo Parlamentario Socialista, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura y defendidos por el Letrado don Alberto Cachinero Capitán, contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de octubre de 2017 que, con aceptación del criterio del Gobierno de la Nación, resolvió la no procedencia de someter la proposición de ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, que dicho grupo parlamentario había presentado, para su toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados, así como contra el acuerdo de la misma Mesa de 21 de noviembre de 2017, que desestimó la solicitud de reconsideración formulada contra el anterior. Ha sido parte la Letrada de las Cortes Generales, en la representación que ostenta, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de febrero de 2018, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Aragón Segura, en nombre y representación de doña Margarita Robles Fernández, portavoz entonces del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, y de los diputados de dicho Grupo don José Luis Ábalos Meco, doña Miriam Alconchel Gonzaga, doña Ángeles Álvarez Álvarez, don Javier Antón Cacho, don José María Barreda Fontes, doña Meritxell Batet Lamaña, don Pablo Bellido Acevedo, doña Patricia Blanquer Alcaraz, doña Ana María Botella Gómez, don José Miguel Camacho Sánchez, don Gregorio Cámara Villar, don Juan Carlos Campo Moreno, doña Pilar Cancela Rodríguez, doña Zaida Cantera de Castro, don Ciprià Císcar Casabán, don Ricardo Cortés Lastra, don Manuel Cruz Rodríguez, doña Carmen Rocío Cuello Pérez, doña María del Rocío de Frutos Madrazo, don Salvador de La Encina Ortega, don José Juan Díaz Trillo, don Odón Elorza González, don Jesús María Fernández Díaz, doña Sonia Ferrer Tesoro, doña María Aurora Flórez Rodríguez, don Sebastián Franquis Vera, don Óscar Galeano Gracia, don Ricardo Antonio García Mira, doña Josefa Inmaculada González Bayo, doña Natalia González Peláez, don Manuel Gabriel González Ramos, doña María González Veracruz, don Juan Luis Gordo Pérez, doña Lídia Guinart Moreno, don Antonio Gutiérrez Limones, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don Antonio Hernando Vera, doña Sofía Hernanz Costa, don Antonio Hurtado Zurera, don Juan Jiménez Tortosa, don Marc Lamuà Estañol, don José Javier Lasarte Iribarren, doña Adriana Lastra Fernández, don Patxi López Álvarez, doña María Pilar Lucio Carrasco, don César Luena López, doña María Guadalupe Martín González, doña María Luz Martínez Seijo, don Guillermo Antonio Meijón Couselo, doña Carlota Merchán Mesón, don Pedro José Muñoz González, doña Micaela Navarro Garzón, don Gonzalo Palacín Guarné, doña Esther Peña Camarero, doña María Mercè Perea i Conillas, doña María Soledad Pérez Domínguez, doña Margarita Pérez Herráiz, don Pere Joan Pons Sampietro, don Antonio Francisco Pradas Torres, don Artemi Vicent Rallo Lombarte, doña Elvira Ramón Utrabo, don César Joaquín Ramos Esteban, doña María Tamara Raya Rodríguez, doña Isabel Rodríguez García, doña Juana Amalia Rodríguez Hernández, doña María Soraya Rodríguez Ramos, doña María del Mar Rominguera Salazar, don Joan Ruiz i Carbonell, don Luis Carlos Sahuquillo García, don José Ignacio Sánchez Amor, don Pedro Saura García, don David Serrada Pariente, doña María Jesús Serrano Jiménez, don José Enrique Serrano Martínez, don Felipe Jesús Sicilia Alférez, don Rafael Simancas Simancas, doña Susana Sumelzo Jordán, don José Andrés Torres Mora, doña Victoria Begoña Tundidor Moreno, don Ignacio Urquizu Sancho y don José Zaragoza Alonso, interpuso recurso de amparo contra los acuerdos referidos en el encabezamiento.
2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:
a) En fecha 7 de septiembre de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentó una «Proposición de Ley sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva».
La Mesa del Congreso, en su reunión de 12 de septiembre del mismo año, calificó la iniciativa con núm. de expediente 122/000124, admitiéndose a trámite, dando traslado al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Cámara y ordenando su publicación en «el Boletín Oficial de las Cortes Generales», lo que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017.
La proposición de Ley comprendía un único artículo, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
(i) En su exposición de motivos, tras hacerse varias consideraciones sobre las pensiones no contributivas, se indicaba que la iniciativa legislativa iba dirigida a remediar los efectos que se pueden derivar de la consideración jurídica actual de la unidad económica de convivencia, en los supuestos de que la misma se produzca entre familiares directos y dentro de un mismo centro residencia
### RESUMEN: Nueva sentencia del Tribunal Constitucional que insiste en que para inadmitir una propuesta legislativa hay que justificarlo y bien. En este caso, proposición ley sobre pensiones del PSOE que la Mesa del congreso no admitió. |
El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y la Directora General de Cooperación Autonómica y Local, han firmado una Resolución de 2 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal.
Para general conocimiento, dispongo su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal
El objeto de la presente Resolución es la modificación de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal, con el fin de atender la Recomendación del Defensor del Pueblo para que se contemple un supuesto específico de empadronamiento en el caso de las víctimas de violencia de género que, viviendo de hecho en el municipio, no puedan facilitar el domicilio real por razones de seguridad.
La institución del Defensor del Pueblo trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la problemática originada con el empadronamiento de mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias, pisos tutelados o casas de acogida, competencia de las Comunidades Autónomas. Al priorizar las Comunidades Autónomas la seguridad de las víctimas, en ocasiones no les permiten revelar el domicilio de las casas o pisos de acogida, lo que impide su empadronamiento en los municipios donde efectivamente residen, y con ello el acceso a los servicios municipales, lo que se agrava cuando hay menores en edad de escolarización. Por ello, a fin de solventar esta situación, el Defensor del Pueblo efectúa la Recomendación de que se inicien las actuaciones oportunas con el Consejo de Empadronamiento para la modificación del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Con el fin de dar una respuesta rápida y efectiva al problema planteado, y dada la sensibilidad del asunto en el que debe primar sobre todo garantizar a la mayor brevedad la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género junto con el debido acceso a los servicios municipales derivados de la inscripción padronal, se ha considerado que la solución adecuada es la modificación de la Resolución de 17 de febrero de 2020, para incluir en la misma un nuevo caso específico, dentro del apartado 3. Casos especiales de empadronamiento, relativo a las víctimas de violencia de género (tanto las mujeres como sus hijos e hijas menores de edad, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
En consecuencia, se ha considerado procedente introducir un nuevo apartado 3.5. Empadronamiento de víctimas de violencia de género para que, en aquellos supuestos en los que, por motivos de seguridad, no sea posible el empadronamiento en el domicilio real se contemple que se les podrá empadronar en el domicilio que indiquen los Servicios Sociales, siempre dentro del municipio en el que efectivamente residen.
Por otra parte, dado que las tres condiciones que se recogen en el nuevo apartado 3.5 relativas al empadronamiento en el domicilio indicado por los Servicios Sociales son muy similares a las del actual apartado 3.3 (Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio) se ha considerado procedente introducir una modificación en la tercera condición de este último, para así unificar ambas redacciones en el sentido de que los Servicios Sociales indiquen una dirección «con referencia en el callejero municipal.»
Por todo lo anterior, a propuesta del Consejo de Empadronamiento, la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, han resuelto modificar la Resolución de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal en los términos siguientes:
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3.5, relativo al empadronamiento de víctimas de violencia de género, con la redacción siguiente:
«3.5 Empadronamiento de víctimas de violencia de género.
En el caso de personas víctimas de violencia de género a las que hace referencia el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que residan o se encuentren bajo el amparo de la red de recursos de asistencia social integral, como pisos tutelados, casas de acogida u otros recursos de la citada red, y cuando no sea posible el empadronamiento en el domicilio real por razones de seguridad, este podrá llevarse a cabo en el lugar que determinen los Servicios Sociales del municipio en el que efectivamente residan (que podrá ser la sede de una institución social o de los Servicios Sociales de cualquier Administración Pública domiciliada en su término municipal, o cualquier otra dirección que estos indiquen, siempre dentro del citado municipio) tras la correspondiente valoración técnica, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:
– Que los Servicios Sociales y la institución social de referencia estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión.
– Que los responsables de estos Servicios Sociales informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio de las personas que se pretenden empadronar.
– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero municipal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública.»
Dos. El séptimo párrafo del apartado 3.3, relativo al empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio, queda redactado de la siguiente manera:
«Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero municipal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública.»
El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Juan Manuel Rodríguez Poo.–La Directora General de Cooperación Autonómica y Local, Carmen Cuesta Gil. | Modificaciones de las reglas del padrón, tras petición del Defensor del Pueblo, para poder empadronar en un lugar distinto del que viven, por su seguridad y siempre dentro del municipio, a las víctimas de violencia machista y sus hijos. | El Presidente del Instituto Nacional de Estadística y la Directora General de Cooperación Autonómica y Local, han firmado una Resolución de 2 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal.
Para general conocimiento, dispongo su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio J. Hidalgo López.
ANEXO
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal
El objeto de la presente Resolución es la modificación de la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal, con el fin de atender la Recomendación del Defensor del Pueblo para que se contemple un supuesto específico de empadronamiento en el caso de las víctimas de violencia de género que, viviendo de hecho en el municipio, no puedan facilitar el domicilio real por razones de seguridad.
La institución del Defensor del Pueblo trasladó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la problemática originada con el empadronamiento de mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en residencias, pisos tutelados o casas de acogida, competencia de las Comunidades Autónomas. Al priorizar las Comunidades Autónomas la seguridad de las víctimas, en ocasiones no les permiten revelar el domicilio de las casas o pisos de acogida, lo que impide su empadronamiento en los municipios donde efectivamente residen, y con ello el acceso a los servicios municipales, lo que se agrava cuando hay menores en edad de escolarización. Por ello, a fin de solventar esta situación, el Defensor del Pueblo efectúa la Recomendación de que se inicien las actuaciones oportunas con el Consejo de Empadronamiento para la modificación del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Con el fin de dar una respuesta rápida y efectiva al problema planteado, y dada la sensibilidad del asunto en el que debe primar sobre todo garantizar a la mayor brevedad la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género junto con el debido acceso a los servicios municipales derivados de la inscripción padronal, se ha considerado que la solución adecuada es la modificación de la Resolución de 17 de febrero de 2020, para incluir en la misma un nuevo caso específico, dentro del apartado 3. Casos especiales de empadronamiento, relativo a las víctimas de violencia de género (tanto las mujeres como sus hijos e hijas menores de edad, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
En consecuencia, se ha considerado procedente introducir un nuevo apartado 3.5. Empadronamiento de víctimas de violencia de género para que, en aquellos supuestos en los que, por motivos de seguridad, no sea posible el empadronamiento en el domicilio real se contemple que se les podrá empadronar en el domicilio que indiquen los Servicios Sociales, siempre dentro del municipio en el que efectivamente residen.
Por otra parte, dado que las tres condiciones que se recogen en el nuevo apartado 3.5 relativas al empadronamiento en el domicilio indicado por los Servicios Sociales son muy similares a las del actual apartado 3.3 (Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio) se ha considerado procedente introducir una modificación en la tercera condición de este último, para así unificar ambas redacciones en el sentido de que los Servicios Sociales indiquen una dirección «con referencia en el callejero municipal.»
Por todo lo anterior, a propuesta del Consejo de Empadronamiento, la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, han resuelto modificar la Resolución de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal en los términos siguientes:
Uno. Se introduce un nuevo apartado 3.5, relativo al empadronamiento de víctimas de violencia de género, con la redacción siguiente:
«3.5 Empadronamiento de víctimas de violencia de género.
En el caso de personas víctimas de violencia de género a las que hace referencia el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que residan o se encuentren bajo el amparo de la red de recursos de asistencia social integral, como pisos tutelados, casas de acogida u otros recursos de la citada red, y cuando no sea posible el empadronamiento en el domicilio real por razones de seguridad, este podrá llevarse a cabo en el lugar que determinen los Servicios Sociales del municipio en el que efectivamente residan (que podrá ser la sede de una institución social o de los Servicios Sociales de cualquier Administración Pública domiciliada en su término municipal,
### RESUMEN: Modificaciones de las reglas del padrón, tras petición del Defensor del Pueblo, para poder empadronar en un lugar distinto del que viven, por su seguridad y siempre dentro del municipio, a las víctimas de violencia machista y sus hijos. |
Visto lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por la Diputación de la Grandeza de España y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Santa María de Loreto, a favor de doña María de la Concepción de Monteverde y Cuervo, por fallecimiento de doña María de las Mercedes de la Torre y Alcoz.
Madrid, 18 de diciembre de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. | Titulo de Conde de Santa María de Loreto a María de la Concepción de Monteverde y Cuervo. | Visto lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por la Diputación de la Grandeza de España y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Santa María de Loreto, a favor de doña María de la Concepción de Monteverde y Cuervo, por fallecimiento de doña María de las Mercedes de la Torre y Alcoz.
Madrid, 18 de diciembre de 2013.–El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.
### RESUMEN: Titulo de Conde de Santa María de Loreto a María de la Concepción de Monteverde y Cuervo. |
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, después de su reforma por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite ahora que los médicos forenses que prestan sus servicios en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan realizar además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los particulares en los casos que se determinen reglamentariamente. Con ello se pretendió que estos profesionales pudiesen intervenir, también, en la resolución extrajudicial de conflictos, mediante fórmulas que propiciaran soluciones rápidas, seguras y efectivas, especialmente cuando una de las partes hubiese sido víctima de un suceso dañoso del que surgiese su derecho a ser indemnizada.
Esta posibilidad se recoge en la recién aprobada Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, donde se da regulación a una nueva vía extrajudicial de resolución de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras contemplada ya en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Esta reforma prevé la posibilidad de que las partes, perjudicados y aseguradoras, puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que aportan los médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial, considerando su posible participación a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando, bien de mutuo acuerdo, bien por solicitud del perjudicado, se considere oportuna su intervención. Con ello, se busca ofrecer un cauce más de resolución sobre la base de una valoración del daño personal y una reducción importante de los costes y tiempos de tramitación, que ayuden a minorar los sufrimientos padecidos por las víctimas de los accidentes de circulación.
El nuevo artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que reglamentariamente puedan precisarse las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente, además de que por esta vía se garantice la especialización de los médicos forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.
Este real decreto aborda dicho procedimiento. De este modo, se sientan las bases de actuación que garanticen no sólo la calidad de la pericia, sino también un procedimiento que determine el Instituto competente para la emisión del dictamen cuando le sea solicitado, así como aquellas reglas que deban seguirse para asegurar la máxima objetividad y calidad en los resultados de la peritación. Además, para mayor garantía de calidad y de igualdad de trato en cualquier parte del territorio del Estado, es necesario establecer una normativa común que regule la petición pericial y el procedimiento para la realización de las pruebas e informes de manera que se apliquen unas normas mínimas a todos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con independencia de su comunidad autónoma.
Por último cabe señalar que, en aplicación del principio de competencia, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas que han recibido el traspaso en materia de justicia les corresponderá la determinación y regulación del precio público que se fije como contraprestación de la pericia en sus respectivos ámbitos territoriales.
El presente real decreto se ha elaborado teniendo en consideración el informe emitido al efecto por el Consejo Médico Forense y han sido consultadas las comunidades autónomas afectadas, así como las asociaciones de víctimas más representativas y el sector asegurador, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), las asociaciones más representativas del colectivo médico forense y el Consorcio de Compensación de Seguros.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto:
a) Regular el procedimiento para solicitar informes periciales a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) en los términos previstos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
b) Establecer un procedimiento común para la elaboración de los informes periciales por los IMLCF.
c) Fijar un precio público como contraprestación de la pericia.
Artículo 2. Ámbito subjetivo y objetivo.
1. Quedan bajo el ámbito subjetivo de aplicación de este real decreto:
a) Los sujetos perjudicados definidos en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, cuando soliciten la emisión de informe pericial a los IMLCF en los términos establecidos en el artículo 7.5 de dicha ley.
b) Las entidades aseguradoras afectadas, incluyendo al Consorcio de Compensación de Seguros que se entenderá comprendido en el concepto de entidad aseguradora de este real decreto, siempre que la solicitud se formule al amparo de lo previsto en el artículo 7.5 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
c) Los IMLCF de todo el territorio nacional.
2. El ámbito objetivo de aplicación se circunscribe a la emisión del informe pericial de valoración del daño corporal sufrido con ocasión de un accidente de circulación, en el marco de la reclamación extrajudicial prevista en el artículo 7 del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en caso de disconformidad con la oferta motivada, para lo que se emitirá un informe ajustado a las reglas del sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Artículo 3. Ámbito territorial.
Este real decreto será de aplicación en todo el ámbito nacional sin perjuicio de las competencias propias de las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia y en materia de precio público.
CAPÍTULO II
Procedimiento de solicitud, elaboración y emisión de informes periciales
Artículo 4. Solicitud.
1. La solicitud se podrá formular de común acuerdo por la entidad aseguradora y el sujeto perjudicado, pudiendo ser presentada por cualquiera de ellos. También la podrá formular y presentar el sujeto perjudicado a su sola instancia, en cuyo caso, el IMLCF lo comunicará de inmediato a la entidad aseguradora.
2. Será competente para la tramitación de la solicitud y la emisión del informe pericial el IMLCF del lugar del domicilio de la víctima lesionada o el del lugar donde ocurrió el accidente, a su elección.
La solicitud se presentará en la sede del IMLCF o en la subdirección territorialmente competente del mismo, en los lugares que se prevean en la legislación del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas o, en su caso, por medios electrónicos, utilizando el modelo establecido al efecto en el anexo I, que podrá ser modificado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se publicará en el Portal de Internet de la Administración de Justicia. No obstante, cada comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, podrá elaborar y modificar su propio modelo, siempre que contenga como mínimo toda la información relativa a la víctima lesionada, a la entidad aseguradora y a las circunstancias del accidente. Cualquiera de las partes podrá designar un representante para notificaciones, lo que deberá hacer constar en el referido anexo.
3. Para cada víctima lesionada y accidente se solicitará una pericia que podrá dar lugar a uno o varios informes. Cualquiera de las partes podrá solicitar que se incluya algún aspecto concreto en el informe, lo que deberá hacerse constar expresamente en la solicitud.
4. A la solicitud se tendrá que acompañar, para darle curso, la oferta motivada que la entidad aseguradora haya emitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Artículo 5. Consentimiento y colaboración activa.
1. Deberá recabarse el consentimiento informado de la víctima lesionada, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para la exploración, para autorizar el acceso a la documentación de su historial clínico que sea de exclusivo interés en relación al accidente sufrido y para la realización de exámenes o pruebas complementarias cuando el médico forense los considere necesarios, así como para la cesión a la entidad aseguradora de los datos resultantes de dichos exámenes y pruebas.
En el caso de que la solicitud se haga de mutuo acuerdo y sea presentada por la entidad aseguradora, el IMLCF antes de realizar la pericia, se asegurará de la existencia de consentimiento por parte de la víctima lesionada, según los términos previstos en el párrafo anterior.
2. Tanto el sujeto perjudicado como la entidad aseguradora deberán colaborar activamente con el IMLCF, aportando la documentación necesaria y facilitando la realización de la pericia.
Artículo 6. Información complementaria.
Las partes presentarán junto con la solicitud y la oferta motivada, toda la documentación médica que sea de interés en el caso y quieran hacer valer. El sujeto perjudicado y las entidades aseguradoras informarán al IMLCF de los centros sanitarios que dispongan de la historia clínica de la víctima, antecedentes médicos relacionados con las lesiones sufridas en el accidente o cualquier tipo de informe que pueda ser relevante para el caso.
Artículo 7. Admisión y recursos contra la denegación de la pericia.
1. Una vez recibida la solicitud, el IMLCF procederá a su registro y entregará al solicitante el correspondiente recibo acreditativo de su presentación.
2. Cuando el IMLCF reciba una solicitud de la que se desprenda que no es competente por razón del territorio, el Director, Subdirector o persona en que deleguen, la inadmitirá motivadamente y lo notificará al sujeto perjudicado y a la entidad aseguradora. De interesarlo aquél, remitirá la solicitud al Instituto competente por el que haya optado, conforme a lo previsto en el artículo 4.
El IMLCF que admita una solicitud lo comunicará de forma inmediata a cualquier otro que pudiese ser también competente según lo previsto en dicho artículo. De haberse recibido en otro IMLCF solicitud en relación a la misma víctima lesionada y accidente, será competente el Instituto que la hubiese recibido en primer lugar, debiendo proceder el otro al archivo de la solicitud presentada ante él.
3. Si el IMLCF advirtiere cualquier defecto u omisión documental en la solicitud, requerirá a la parte que la hubiera formulado para que proceda a la subsanación en el plazo de 10 días hábiles, con el apercibimiento de tenerla por desistida si no lo hiciera. En caso de que, transcurrido el plazo indicado el interesado no aportare la oferta motivada o la documentación preceptiva, o no subsanase los defectos detectados, se considerará que desiste de la pericia por resolución motivada del Director, Subdirector o persona en que deleguen.
4. El IMLCF, tras verificar que es competente y que están cumplimentados los datos de la víctima lesionada, de la entidad aseguradora y del accidente y que se aporta la oferta motivada, dará curso a la solicitud para la realización de la pericia, comunicando a las partes su admisión.
En dicha comunicación el IMLCF podrá notificar a la víctima lesionada y a la entidad aseguradora, la fecha, hora y lugar para la realización de la exploración.
5. Contra la resolución que inadmita o tenga por desistida la solicitud, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia o ante el órgano competente de la respectiva comunidad autónoma.
A la presentación, tramitación y resolución de dicho recurso le será de aplicación la normativa reguladora del procedimiento administrativo común para las Administraciones Públicas, en lo relativo a los recursos administrativos, vigente al momento de su interposición.
Artículo 8. Criterios de reparto.
1. El reparto interno entre los peritos de las solicitudes admitidas en el IMLCF se realizará por el Director o el Subdirector del IMLCF que podrá pedir la colaboración de los jefes de servicio o de sección competentes.
2. Las normas de reparto aplicarán criterios que garanticen la objetividad y la imparcialidad.
En concreto, se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio de las que establezca a estos efectos cada comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia:
1.ª Se fijarán criterios objetivos que procuren la mayor participación de los profesionales del servicio o la sección competentes por razón de la materia, o de todo el IMLCF, según sea la estructura organizativa del Instituto, preferentemente por rotación y especialización o cualificación del personal forense.
2.ª En ningún caso, se asignará sistemática o preferentemente al mismo perito los asuntos de una entidad aseguradora concreta. Ni la entidad aseguradora, ni el sujeto perjudicado podrán elegir un perito concreto.
3.ª Los casos de especial dificultad se podrán asignar a un equipo de dos o más peritos.
Artículo 9. Citación y realización de la pericia.
1. El IMLCF procederá a realizar la citación si no lo hubiere hecho previamente.
2. Cada IMLCF establecerá los lugares adecuados para llevar a cabo las pericias teniendo en cuenta criterios de proximidad y centralización.
3. Previamente a la exploración se informará a la víctima lesionada sobre la naturaleza y consecuencias de la misma y se recabará y registrará el consentimiento expreso del artículo 5.1. La exploración abarcará los aspectos físicos y psíquicos de la víctima lesionada. En este acto, se podrá recabar también la documentación del historial clínico que pudiera ser de interés en relación al accidente sufrido, o los informes que consten en otras instituciones sanitarias, o solicitar la realización de pruebas complementarias, para lo cual la víctima lesionada deberá firmar el consentimiento informado expreso que será individual respecto a cada prueba que se acuerde.
Dichas pruebas complementarias serán a cargo de la entidad aseguradora siempre que la misma preste su consentimiento para su realización, debiendo ser efectuadas en el centro sanitario concertado comprendido dentro de los Convenios Sanitarios que se suscriban con la Sanidad Pública o Privada.
No obstante, si el lesionado hubiese realizado el tratamiento en centro sanitario no adherido a los Convenios de Asistencia Sanitaria, las pruebas complementarias podrán realizarse en dicho centro, siempre que ambas partes presten su previo consentimiento y el coste se distribuirá a partes iguales entre la víctima lesionada y la entidad aseguradora.
4. En caso de que la víctima lesionada no prestare su consentimiento a la exploración, no acudiera a su realización sin causa justificada, o no aportara la documentación o la información requerida que resulte imprescindible para la realización del informe, se considerará que desiste de la pericia. El IMLCF, en este caso, deberá notificarlo a las partes mediante resolución motivada del Director, Subdirector o persona en que delegue, que será recurrible en los términos del artículo 7.5.
Artículo 10. El informe pericial.
El informe pericial es un informe que se emite por el IMLCF, con todas las garantías de este organismo público, con carácter oficial y sometido al control de calidad establecido en este real decreto.
Por cada accidente y víctima lesionada se emitirá un informe definitivo, cuando las lesiones se hayan consolidado y no existan secuelas o aquéllas se hayan estabilizado y convertido en secuelas. Todo ello sin perjuicio de que puedan emitirse informes iniciales o de evolución.
Artículo 11. Contenido del informe.
1. El informe se ajustará a las reglas y sistema recogido en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
2. Dicho informe contendrá como mínimo:
a) La identificación de la víctima lesionada, la entidad aseguradora y el perito o los peritos del IMLCF responsables;
b) La información relevante del accidente;
c) La información médica de la víctima lesionada en la que se basa el informe, con indicación precisa, en su caso, de las fuentes, documentos y pruebas realizadas.
d) La determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales con todos sus perjuicios indemnizables que requieran valoración médica, de acuerdo con la solicitud realizada.
e) Lugar, fecha y hora de la exploración.
3. El informe utilizará el modelo establecido al efecto en el anexo II que podrá ser modificado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se publicará en el Portal de Internet de la Administración de Justicia. No obstante, cada comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia podrá elaborar y modificar su propio modelo, siempre que contenga como mínimo la información establecida en el apartado anterior, debiendo publicarse en los sitios web que determinen.
Artículo 12. Control de calidad y remisión a los interesados.
1. El informe debe ir firmado por los peritos del IMLCF que lo elaboraron, o por los peritos que participaron en la exploración de la víctima lesionada o en el estudio del caso. Además deberá ir visado por el jefe de servicio o sección correspondiente, o el perito que se designe, que comprobará que se han seguido las normas científico-técnicas adecuadas.
2. Si se detecta error material o falta de adecuación a los criterios del baremo vigente, el jefe de servicio o sección o el perito que lo haya revisado, así como el Director o el Subdirector, promoverán su corrección y si existe discrepancia se buscará el acuerdo mediante debate en las sesiones clínicas en las que participará el conjunto del servicio o sección y la dirección o subdirección, o se procederá de acuerdo con las normas de funcionamiento del propio IMLCF. El informe definitivo no podrá contener opiniones discrepantes.
No obstante lo anterior, las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia podrán establecer sus propias normas para garantizar el control de calidad de los informes.
3. El informe, junto con los resultados de las pruebas que en su caso se hubieran realizado, se entregará al sujeto perjudicado dentro del mes siguiente a la realización de la exploración, salvo que la complejidad del caso, que deberá ser motivada, requiera una ampliación del plazo. Asimismo, se remitirá una copia a la entidad aseguradora. La entrega se realizará aun en el supuesto de falta de pago del precio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.
En el plazo máximo de siete días hábiles desde la fecha de la recepción del informe pericial el sujeto perjudicado y la entidad aseguradora podrán solicitar una aclaración del informe sobre algún aspecto que se hubiera pedido y que no hubiera sido resuelto con claridad al emitirse el informe pericial.
Artículo 13. Confidencialidad y responsabilidad.
1. El IMLCF mantendrá la confidencialidad de los datos para aquellos aspectos que no sean estrictamente necesarios para la elaboración del informe, de acuerdo con los principios que regulan la actuación sanitaria y con las normas de protección de datos de carácter personal.
2. Por su parte los sujetos perjudicados y las entidades aseguradoras actuarán en todo el procedimiento de acuerdo a los criterios de buena fe y máxima colaboración, debiendo responder de la veracidad de los datos aportados al IMLCF para la elaboración de la pericia y evitando dilaciones indebidas en su intervención.
CAPÍTULO III
Contraprestación de la pericia
Artículo 14. Contraprestación de la pericia.
1. Se exigirá un precio público como contraprestación a la realización de la pericia por los IMLCF regulada en el presente real decreto, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre tasas y precios públicos, y especialmente en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. El precio público será único para cada pericia, e incluirá todos los informes del IMLCF que sean necesarios para la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales. No incluirá las pruebas complementarias que deban realizarse en centros médicos u hospitalarios.
Artículo 15. Obligados al pago.
La entidad aseguradora que haya emitido la oferta motivada será la obligada al pago del precio público derivado de la realización de los informes periciales a que se refiere este real decreto.
Artículo 16. Justificación del pago.
1. En caso de solicitud formulada de mutuo acuerdo, la entidad aseguradora deberá presentar la documentación acreditativa del pago del precio público directamente ante el IMLCF o facilitarla al sujeto perjudicado para que éste la acompañe a su solicitud.
Si es el sujeto perjudicado quien solicita a su sola instancia la pericia, y no constara el pago del precio público, el IMLCF reclamará a la entidad aseguradora el justificante del mismo.
2. El IMLCF deberá entregar el informe pericial al sujeto perjudicado en todo caso, sin perjuicio de que en el supuesto de impago del precio público, lo comunique a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia o a la unidad de la comunidad autónoma competente para que inicie el procedimiento de reclamación en vía de apremio.
3. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas establecerán los mecanismos necesarios para posibilitar la liquidación y pago telemático.
Disposición adicional primera. Aplicación de medios electrónicos.
1. Las Administraciones Públicas implementarán los recursos tecnológicos suficientes para la gestión de este procedimiento por medios electrónicos.
2. Además establecerán sistemas seguros de comunicación electrónica para la recepción y envío de solicitudes, informes y actos de comunicación.
3. Los procedimientos informáticos para realizar el pago del precio público a través de medios electrónicos se publicarán en el Portal de Internet de la Administración de Justicia o sitios web que determinen las comunidades autónomas competentes.
4. En tanto no se establezcan los medios tecnológicos necesarios, se podrán utilizar los medios y procedimientos establecidos en la normativa administrativa vigente.
Disposición adicional segunda. Formación de los médicos forenses.
El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia incluirán en los programas de formación continua de los médicos forenses las propuestas adecuadas para la formación en valoración del daño corporal, entre ellas, la realización de encuentros nacionales, ejercicios prácticos de intercomparación, talleres y sesiones clínicas. En su desarrollo se podrá contar con la colaboración tanto de las asociaciones de víctimas como las de entidades aseguradoras.
El Ministerio de Justicia y las referidas comunidades autónomas podrán establecer los oportunos convenios con el Centro de Estudios Jurídicos para llevar a cabo esta formación, sin perjuicio de la colaboración con universidades y otros organismos y entidades públicos y privados.
Disposición adicional tercera. Creación de un grupo de garantía de calidad.
El Consejo Médico Forense podrá crear un grupo de trabajo, conformado por un número reducido de los miembros del Comité Científico Técnico, en el seno del propio Consejo y conforme a lo establecido en el Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Médico Forense, que tendrá la función de estudiar y evaluar la calidad de los informes de valoración de los IMLCF que lo soliciten. El funcionamiento de este grupo de trabajo será atendido con los medios propios del Ministerio de Justicia en los términos regulados por el citado real decreto. Como resultado el grupo emitirá un informe en el que se recogerán tanto las valoraciones positivas como las negativas, así como las propuestas de medidas correctivas, en su caso.
Asimismo, revisará y elaborará las propuestas de actividades formativas y los protocolos de actuación interna de los IMLCF, que serán publicados en el sitio web del Consejo Médico Forense, a disposición de los Institutos que deseen aplicarlos.
Disposición adicional cuarta. No incremento de gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Disposición transitoria primera. Régimen aplicable en los territorios en los que no se haya constituido un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Dado su carácter de informe emitido por un órgano oficial, la realización de informes periciales a solicitud de las partes, en aquellos lugares donde no se haya constituido o puesto en funcionamiento un IMLCF, se efectuará del modo y forma que determine la Administración competente, garantizándose en todo caso el cumplimiento de las disposiciones que contiene este real decreto en cuanto a plazos, tramitación de la solicitud, entrega de documentación, estructura de los informes y control de calidad.
Esto será de aplicación mientras no se constituya o ponga en funcionamiento el correspondiente IMLCF.
Disposición transitoria segunda. Aplicación temporal.
Las disposiciones que establece el presente real decreto se aplicarán únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada en vigor.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de justicia y de legislación procesal.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Dado en Madrid, el 18 de diciembre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Justicia,
RAFAEL CATALÁ POLO
ANEXO I
Solicitud informe forense
ANEXO II
Informe forense
Previsión / valoración de daños personales | Decreto que regula que aseguradoras pidan -pagando- informes periciales a forenses en accidentes de tráfico | Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, después de su reforma por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite ahora que los médicos forenses que prestan sus servicios en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan realizar además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los particulares en los casos que se determinen reglamentariamente. Con ello se pretendió que estos profesionales pudiesen intervenir, también, en la resolución extrajudicial de conflictos, mediante fórmulas que propiciaran soluciones rápidas, seguras y efectivas, especialmente cuando una de las partes hubiese sido víctima de un suceso dañoso del que surgiese su derecho a ser indemnizada.
Esta posibilidad se recoge en la recién aprobada Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, donde se da regulación a una nueva vía extrajudicial de resolución de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras contemplada ya en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Esta reforma prevé la posibilidad de que las partes, perjudicados y aseguradoras, puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que aportan los médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial, considerando su posible participación a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando, bien de mutuo acuerdo, bien por solicitud del perjudicado, se considere oportuna su intervención. Con ello, se busca ofrecer un cauce más de resolución sobre la base de una valoración del daño personal y una reducción importante de los costes y tiempos de tramitación, que ayuden a minorar los sufrimientos padecidos por las víctimas de los accidentes de circulación.
El nuevo artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece que reglamentariamente puedan precisarse las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente, además de que por esta vía se garantice la especialización de los médicos forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.
Este real decreto aborda dicho procedimiento. De este modo, se sientan las bases de actuación que garanticen no sólo la calidad de la pericia, sino también un procedimiento que determine el Instituto competente para la emisión del dictamen cuando le sea solicitado, así como aquellas reglas que deban seguirse para asegurar la máxima objetividad y calidad en los resultados de la peritación. Además, para mayor garantía de calidad y de igualdad de trato en cualquier parte del territorio del Estado, es necesario establecer una normativa común que regule la petición pericial y el procedimiento para la realización de las pruebas e informes de manera que se apliquen unas normas mínimas a todos los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con independencia de su comunidad autónoma.
Por último cabe señalar que, en aplicación del principio de competencia, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas que han recibido el traspaso en materia de justicia les corresponderá la determinación y regulación del precio público que se fije como contraprestación de la pericia en sus respectivos ámbitos territoriales.
El presente real decreto se ha elaborado teniendo en consideración el informe emitido al efecto por el Consejo Médico Forense y han sido consultadas las comunidades autónomas afectadas, así como las asociaciones de víctimas más representativas y el sector asegurador, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), las asociaciones más representativas del colectivo médico forense y el Consorcio de Compensación de Seguros.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto:
a) Regular el procedimiento para solicitar informes periciales a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLCF) en los términos previstos en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
b) Establecer un procedimiento común para la elaboración de los informes periciales por los IMLCF.
c) Fijar un precio público como contraprestación de la pericia.
Artículo 2. Ámbito subjetivo y objetivo.
1. Quedan bajo el ámbito subjetivo de aplicación de este real decreto:
a) Los sujetos perjudicados definidos en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, cuando soliciten la emisión de informe pericial a los IMLCF en los términos establecidos en el artículo 7.5 de dicha ley.
b) Las entidades aseguradoras afectadas, incluyendo al Consorcio de Compensación de Seguros que se entenderá comprendido en el concepto de entidad aseguradora de este real decreto, siempre que la solicitud se formule al amparo de lo previsto en el artículo
### RESUMEN: Decreto que regula que aseguradoras pidan -pagando- informes periciales a forenses en accidentes de tráfico |
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el «Boletín Oficial del Estado».
El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, mediante Decreto 314/2019, de 30 de agosto, ha dispuesto el nombramiento de don Luis Ángel Ibarra Bentancort como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Dicho nombramiento ha sido comunicado debidamente al Ministro de Fomento.
En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo:
Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al Decreto 314/2019, de 30 de agosto, del Gobierno de Canarias, por el que se acuerda el nombramiento de don Luis Ángel Ibarra Betancort como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Madrid, 16 de septiembre de 2019.–El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco. | Nombramiento de Luis Ángel Ibarra como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. | De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria será designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. La designación o separación, una vez haya sido comunicada al Ministro de Fomento, será publicada en el correspondiente Diario Oficial y en el «Boletín Oficial del Estado».
El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, mediante Decreto 314/2019, de 30 de agosto, ha dispuesto el nombramiento de don Luis Ángel Ibarra Bentancort como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Dicho nombramiento ha sido comunicado debidamente al Ministro de Fomento.
En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dispongo:
Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al Decreto 314/2019, de 30 de agosto, del Gobierno de Canarias, por el que se acuerda el nombramiento de don Luis Ángel Ibarra Betancort como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Madrid, 16 de septiembre de 2019.–El Ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco.
### RESUMEN: Nombramiento de Luis Ángel Ibarra como Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. |
Visto el texto del acuerdo parcial alcanzado en la negociación del Convenio colectivo de la empresa La Voz de Galicia, S. A. para el período 2015-2016 (código de convenio n.º 90016652012007), que fue suscrito, con fecha 29 de diciembre de 2014, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 20 de enero de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACUERDO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA LA VOZ DE GALICIA S. A. 2015-2016
Primero. Vigencia.
El presente acuerdo tendrá una vigencia de dos años, por lo que extenderá sus efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Segundo. Tablas salariales e IPC positivo.
Se mantienen las tablas salariales para cada grupo profesional y sus correspondientes niveles, según lo establecido en el articulo 25 del Convenio Colectivo 2012-2014 (BOE 12 de marzo de 2012).
Con efectos de 1 de enero de 2016 se procederá a aplicar el porcentaje de IPC de 2015 sobre los salarios de tablas. Esta aplicación solo surtirá sus efectos si el IPC resultase positivo.
Tercero. Minoración Salarial.
Establecimiento desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2016 sobre el total de las retribuciones brutas devengadas de un concepto salarial negativo para cada ejercicio anual, que se aplicará según los porcentajes que se detallan a continuación:
Retribución anual por todos los conceptos
% de aplicación
Para trabajadores/as con retribuciones iguales o inferiores a 17.500 € y jubilados parciales
0,00
Para trabajadores/as con retribuciones comprendidas entre 17.501 € y 45.000 €
10,50
Para trabajadores/as con retribuciones superiores a 45.000 €
12,50
Con el objeto de evitar que el ajuste se produzca sobre el total de las pagas, se propone un ajuste salarial negativo en cada una de ellas, que se acompañaría de un anticipo en el mes que compensase esa disminución y que se devolvería en el momento del pago de la paga extra. Para aquellos trabajadores que tuviesen las pagas extras prorrateadas, el descuento se efectuará en cada una de las pagas a abonar durante la vigencia del acuerdo.
Cuarto. Paga de Beneficios del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016. Con cargo a los resultados de los ejercicios de 2015 y 2016, respectivamente.
El porcentaje de minoración salarial aplicado en cada ejercicio podrá ser recuperable en parte o en su totalidad mediante una paga de beneficios en función de los resultados anuales antes de impuestos obtenidos por la sociedad, al cierre de cada uno de los respectivos ejercicios. No se computarán los dividendos percibidos de empresas del grupo, los beneficios por enajenación de inmovilizado, los gastos por indemnizaciones por despido en los que eventualmente se pudiera incurrir y tampoco resultados de la cartera de sociedades participadas.
La paga de beneficios se distribuirá proporcionalmente entre el personal, según lo detraído a cada empleado en cada ejercicio anual. El importe de la paga de beneficios de cada ejercicio será la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de beneficios correspondiente a los importes devengados por cada tramo y de acuerdo con el escalado que a continuación se detalla:
Escalado en función de beneficios
Beneficio de 0 a 600.000 €
66,00 %
Beneficio de 600.001 a 1.200.000 €
50,00 %
Beneficio de más de 1.200.000 €
33,00 %
Como se desprende de lo señalado en el párrafo anterior, la cantidad total a distribuir en cada ejercicio anual será la suma de los importes obtenidos al aplicar los porcentajes de beneficios de cada uno de los tramos.
El pago de las cantidades resultantes se realizará en concepto de «Paga de Beneficios», en dos plazos. El primero (50% a cuenta de los resultados previstos) antes del 7 de enero y el segundo antes del 7 de abril del ejercicio siguiente a su devengo.
Los importes percibidos como paga de beneficios no estarán sujetos a la minoración salarial contemplada en el punto tercero.
Quinto. Recuperación del 2014 con cargo a resultados del ejercicio 2014.
En función del pacto de recuperación del Acuerdo 2013/2014 y para compensar el esfuerzo soportado por la plantilla, La Voz de Galicia S.A. abonará al personal en alta al inicio de la vigencia del presente acuerdo el 50 % de la minoración salarial aplicada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Este abono se hará con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2014.
El pago de dichas cantidades se realizará con cargo al resultado del ejercicio 2014, y se abonará de la forma que a continuación se detalla:
– El 50 % del importe total resultante en la primera semana de enero 2015.
– El otro 50 % restante en la primera semana de abril 2015.
En el supuesto de que los beneficios antes de impuestos obtenidos al cierre del ejercicio anual 2014 fuesen superiores a la previsión de 1.150.000 €, se procederá a distribuir entre los trabajadores el 32,5 % de la diferencia entre el resultado final y el estimado de 1.150.000 euros. El abono al personal se realizaría en enero de 2016.
Las cantidades percibidas por los conceptos señalados en el presente apartado computarán a efectos de lo establecido en el punto «Segundo» del Acuerdo 1 de agosto de 2013 de modificación del Convenio Colectivo de La Voz de Galicia, S.A. 2012-2014 (BOE de 9 de octubre del 2013).
Si resultase alguna diferencia pendiente a favor de la plantilla derivada del citado punto «Segundo» del Acuerdo 2013-2014, ésta se liquidará con anterioridad a determinar el importe a distribuir entre la plantilla por el concepto de Paga de Beneficios del presente acuerdo 2015-2016. Será por tanto prioritaria la aplicación del 32,5 % sobre los beneficios del 2015 y 2016, y así proceder a la cancelación de las cantidades que pudieran quedar pendientes derivadas del acuerdo anterior.
Sexto. Mantenimiento de empleo.
La Voz de Galicia S.A. viene a renovar el compromiso de estabilidad laboral, mediante el establecimiento de una garantía de mantenimiento de empleo, salvo que la caída de ingresos durante la vigencia del acuerdo arrastre a la sociedad a una situación de inviabilidad. Se entiende a todos los efectos que se produciría dicha situación y que, por consiguiente, La Voz de Galicia S.A. quedaría liberada de su compromiso de mantenimiento de empleo, si durante dos trimestres consecutivos se incumplen los límites de referencia que a continuación se señalan en el cuadro. Se consideran ingresos computables los de la publicidad (prensa y digital), y los ingresos por ventas ejemplares (impresos y digitales).
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2016
30/06/2016
30/09/2016
31/12/2016
Importes de referencia 2014 en euros (4.º trimestre estimado)
34.180.930
47.537.793
10.741.018
22.523.474
34.180.930
47.537.793
Límite de referencia sin variación de empleo (en euros)
33.053.930
45.970.793
10.241.018
21.773.474
33.053.930
45.970.793
No se computará en ningún caso los dos primeros trimestres de 2015.
En el supuesto en el que hubiese que recurrir a medidas de variación de empleo, se establece como criterio de proporcionalidad un puesto por cada 62.500 € de caída sobre los límites señalados. Los despidos efectuados no podrán exceder del 8 % de la plantilla indefinida a 31 de diciembre de 2014. Si a lo largo de la vigencia del acuerdo se produjese una segunda ruptura de los límites expuestos en el cuadro y fuese necesaria una variación en el empleo, se tendrán en cuenta las desvinculaciones que se hayan producido con anterioridad.
En la hipótesis de que la caída de los ingresos provocase que el porcentaje resultante de puestos de trabajo a suprimir fuese superior al 8 %, se seguirán los trámites previstos en la legislación vigente para las medidas de carácter colectivo.
Se contempla expresamente que no computarán a efectos de mantenimiento de empleo las bajas que se produzcan sin iniciativa empresarial tales como: jubilación, invalidez, excedencia, finalización de contrato temporal, cualquier tipo de baja a instancia del trabajador, o que cuente con su conformidad, con independencia de la modalidad por la que se articulase esta; tampoco se computarán los despidos disciplinarios, ni la subrogación contractual de trabajadores a otras empresas de la Corporación.
Séptimo. Indemnizaciones.
En el supuesto de que decaiga la garantía de empleo según lo establecido en el apartado sexto del presente acuerdo, las resoluciones contractuales que se produzcan se llevarán a cabo mediante la modalidad de despido objetivo con derecho a percibir una indemnización de 30 días por año de servicio con el tope de 21 mensualidades, no pudiendo superar en ningún caso la suma de 110.000 €. Se tomaría como base, a los efectos del cálculo de la indemnización correspondiente, el salario sin la minoración aquí pactada, sin que procediese la devolución de las cantidades detraídas.
Octavo. Comisión Paritaria.
En beneficio del acuerdo suscrito, la comisión paritaria del convenio se ocupará del seguimiento del mismo a fin de resolver las eventuales discrepancias que se pudieran producir en la ejecución del presente acuerdo.
Noveno.
Quedará prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016 el Convenio Colectivo de La Voz de Galicia S. A. 2012-2014 (BOE de 12 de marzo de 2013), su corrección de errores y el acuerdo modificativo (BOE de 9 de octubre de 2013) en todas aquellas cuestiones que no contravengan a lo aquí pactado.
Décimo.
Ambas partes se comprometen a continuar periódicamente las reuniones de trabajo al objeto de tratar los temas que hayan podido quedar pendientes de concreción tales como la retribución Flexible y las medidas relacionadas con el Plan de Igualdad. | Convenio de La Voz de Galicia. Reducción de sueldos y compromiso a mantener empleo si se cumplen unos mínimos | Visto el texto del acuerdo parcial alcanzado en la negociación del Convenio colectivo de la empresa La Voz de Galicia, S. A. para el período 2015-2016 (código de convenio n.º 90016652012007), que fue suscrito, con fecha 29 de diciembre de 2014, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado acuerdo colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 20 de enero de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACUERDO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA LA VOZ DE GALICIA S. A. 2015-2016
Primero. Vigencia.
El presente acuerdo tendrá una vigencia de dos años, por lo que extenderá sus efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Segundo. Tablas salariales e IPC positivo.
Se mantienen las tablas salariales para cada grupo profesional y sus correspondientes niveles, según lo establecido en el articulo 25 del Convenio Colectivo 2012-2014 (BOE 12 de marzo de 2012).
Con efectos de 1 de enero de 2016 se procederá a aplicar el porcentaje de IPC de 2015 sobre los salarios de tablas. Esta aplicación solo surtirá sus efectos si el IPC resultase positivo.
Tercero. Minoración Salarial.
Establecimiento desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2016 sobre el total de las retribuciones brutas devengadas de un concepto salarial negativo para cada ejercicio anual, que se aplicará según los porcentajes que se detallan a continuación:
Retribución anual por todos los conceptos
% de aplicación
Para trabajadores/as con retribuciones iguales o inferiores a 17.500 € y jubilados parciales
0,00
Para trabajadores/as con retribuciones comprendidas entre 17.501 € y 45.000 €
10,50
Para trabajadores/as con retribuciones superiores a 45.000 €
12,50
Con el objeto de evitar que el ajuste se produzca sobre el total de las pagas, se propone un ajuste salarial negativo en cada una de ellas, que se acompañaría de un anticipo en el mes que compensase esa disminución y que se devolvería en el momento del pago de la paga extra. Para aquellos trabajadores que tuviesen las pagas extras prorrateadas, el descuento se efectuará en cada una de las pagas a abonar durante la vigencia del acuerdo.
Cuarto. Paga de Beneficios del ejercicio 2015 y del ejercicio 2016. Con cargo a los resultados de los ejercicios de 2015 y 2016, respectivamente.
El porcentaje de minoración salarial aplicado en cada ejercicio podrá ser recuperable en parte o en su totalidad mediante una paga de beneficios en función de los resultados anuales antes de impuestos obtenidos por la sociedad, al cierre de cada uno de los respectivos ejercicios. No se computarán los dividendos percibidos de empresas del grupo, los beneficios por enajenación de inmovilizado, los gastos por indemnizaciones por despido en los que eventualmente se pudiera incurrir y tampoco resultados de la cartera de sociedades participadas.
La paga de beneficios se distribuirá proporcionalmente entre el personal, según lo detraído a cada empleado en cada ejercicio anual. El importe de la paga de beneficios de cada ejercicio será la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de beneficios correspondiente a los importes devengados por cada tramo y de acuerdo con el escalado que a continuación se detalla:
Escalado en función de beneficios
Beneficio de 0 a 600.000 €
66,00 %
Beneficio de 600.001 a 1.200.000 €
50,00 %
Beneficio de más de 1.200.000 €
33,00 %
Como se desprende de lo señalado en el párrafo anterior, la cantidad total a distribuir en cada ejercicio anual será la suma de los importes obtenidos al aplicar los porcentajes de beneficios de cada uno de los tramos.
El pago de las cantidades resultantes se realizará en concepto de «Paga de Beneficios», en dos plazos. El primero (50% a cuenta de los resultados previstos) antes del 7 de enero y el segundo antes del 7 de abril del ejercicio siguiente a su devengo.
Los importes percibidos como paga de beneficios no estarán sujetos a la minoración salarial contemplada en el punto tercero.
Quinto. Recuperación del 2014 con cargo a resultados del ejercicio 2014.
En función del pacto de recuperación del Acuerdo 2013/2014 y para compensar el esfuerzo soportado por la plantilla, La Voz de Galicia S.A. abonará al personal en alta al inicio de la vigencia del presente acuerdo el 50 % de la minoración salarial aplicada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Este abono se hará con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2014.
El pago de dichas cantidades se realizará con cargo al resultado del ejercicio 2014, y se abonará de la forma que a continuación se detalla:
– El 50 % del importe total resultante en la primera semana de enero 2015.
– El otro 50 % restante en la primera semana de abril 2015.
En el supuesto de que los beneficios antes de impuestos obtenidos al cierre del ejercicio anual 2014 fuesen superiores a la previsión de 1.150.000 €, se procederá a distribuir entre los trabajadores el 32,5 % de la diferencia entre el resultado final y el estimado de 1.150.000 euros. El abono al personal se realizaría en enero de 2016.
Las cantidades percibidas por los
### RESUMEN: Convenio de La Voz de Galicia. Reducción de sueldos y compromiso a mantener empleo si se cumplen unos mínimos |
Por Ecologistas en Acción de Guadalajara se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga a Frontera Energy Corporation, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 'Cronos' publicado en el B.O.E. el 14 de mayo de 2013, y, que figura registrado con el numero 1/372/13.
Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada
Madrid, 7 de marzo de 2014.- La Secretaria Judicial. | Recurso de Ecologistas en Acción Guadalajara contra el permiso 'Cronos' para fracking en la zona | Por Ecologistas en Acción de Guadalajara se ha interpuesto ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga a Frontera Energy Corporation, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado 'Cronos' publicado en el B.O.E. el 14 de mayo de 2013, y, que figura registrado con el numero 1/372/13.
Lo que se hace público a los efectos de conceder un plazo de nueve días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición impugnada
Madrid, 7 de marzo de 2014.- La Secretaria Judicial.
### RESUMEN: Recurso de Ecologistas en Acción Guadalajara contra el permiso 'Cronos' para fracking en la zona |
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y en los términos previstos en el mismo, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con delegación de la propia Junta acordada en sesión de 21 de mayo de 2019, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados generales y por circunscripciones de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, y celebradas el 28 de abril de 2019, a tenor de las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla y recogiendo, estrictamente, los datos que constan en dichas actas, haciendo constar en la columna relativa al censo electoral los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral.
La publicación se ordena en relación con el Congreso de los Diputados del modo siguiente:
Cuadro I. Resumen general. Censo electoral (total de electores: residentes en España, residentes ausentes que viven en el extranjero y certificaciones censales específicas de alta), votantes, votos a candidaturas, votos en blanco, votos válidos (votos a candidaturas más los en blanco) y votos nulos.
Cuadro II. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han obtenido escaño y número de estos.
Cuadro III. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que no han obtenido escaño.
A continuación se inserta la relación de Diputados proclamados electos con indicación de la formación política a la que pertenecen y de la circunscripción por la que han sido elegidos, ordenando las mismas alfabéticamente.
Finalmente se incluye la relación de Senadores proclamados electos en cada circunscripción, así como la de los candidatos a dicha Cámara que no han obtenido escaño, con indicación en cada caso de la formación política a la que pertenecen y número de votos obtenidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2019.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez Pérez.
CUADRO I
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Congreso de los Diputados
Resumen General
Electores
Votantes
Votos válidos
Votos a candidaturas
Votos en blanco
Votos nulos
Albacete.
310.207
237.382
234.404
232.699
1.705
2.978
Alicante/Alacant.
1.272.928
927.652
917.498
911.276
6.222
10.154
Almería.
500.563
331.015
328.097
325.814
2.283
2.918
Araba/Álava.
257.797
179.186
177.366
176.291
1.075
1.820
Asturias.
974.491
633.601
626.661
619.803
6.858
6.940
Ávila.
137.119
103.501
102.079
101.357
722
1.422
Badajoz.
555.447
414.940
408.393
404.969
3.424
6.547
Balears (Illes).
801.721
524.101
518.507
513.860
4.647
5.594
Barcelona.
4.178.927
3.134.881
3.120.441
3.103.694
16.747
14.440
Bizkaia.
949.442
691.702
686.960
682.403
4.557
4.742
Burgos.
299.337
222.580
219.553
217.278
2.275
3.027
Cáceres.
345.155
253.058
248.732
246.962
1.770
4.326
Cádiz.
1.000.037
675.912
667.562
659.356
8.206
8.350
Cantabria.
501.411
362.910
359.104
356.801
2.303
3.806
Castellón/Castelló.
419.714
317.302
313.393
311.092
2.301
3.909
Ciudad Real.
396.510
298.148
293.907
291.443
2.464
4.241
Córdoba.
648.790
480.773
473.716
468.961
4.755
7.057
Coruña (A).
1.087.856
686.409
677.342
669.441
7.901
9.067
Cuenca.
155.014
121.127
119.530
118.515
1.015
1.597
Gipuzkoa.
583.745
414.600
412.126
409.704
2.422
2.474
Girona.
522.860
384.473
382.275
380.421
1.854
2.198
Granada.
752.991
531.552
523.843
520.115
3.728
7.709
Guadalajara.
186.507
144.611
142.707
141.711
996
1.904
Huelva.
397.592
268.999
264.569
261.660
2.909
4.430
Huesca.
172.644
126.720
125.314
124.043
1.271
1.406
Jaén.
526.911
392.085
386.916
384.392
2.524
5.169
León.
433.575
295.778
291.600
288.701
2.899
4.178
Lleida.
314.558
227.046
225.655
224.176
1.479
1.391
Lugo.
345.038
203.751
199.998
197.678
2.320
3.753
Madrid.
5.054.955
3.814.359
3.782.247
3.757.616
24.631
32.112
Málaga.
1.191.841
826.474
816.868
809.580
7.288
9.606
Murcia.
1.057.296
777.423
769.084
764.313
4.771
8.339
Navarra.
511.085
370.706
366.998
363.231
3.767
3.708
Ourense.
361.188
194.913
192.523
190.719
1.804
2.390
Palencia.
141.714
107.416
106.043
105.033
1.010
1.373
Palmas (Las).
868.186
552.491
545.052
540.791
4.261
7.439
Pontevedra.
905.041
584.796
576.187
570.930
5.257
8.609
Rioja (La).
249.839
183.344
180.832
179.372
1.460
2.512
Salamanca.
306.075
213.213
210.646
208.812
1.834
2.567
S/C Tenerife.
851.896
521.882
516.484
513.132
3.352
5.398
Segovia.
119.616
93.986
92.508
91.729
779
1.478
Sevilla.
1.544.180
1.138.563
1.122.507
1.111.116
11.391
16.056
Soria.
76.861
52.892
52.077
51.435
642
815
Tarragona.
571.800
420.772
418.192
415.990
2.202
2.580
Teruel.
107.734
79.427
78.083
77.260
823
1.344
Toledo.
524.326
402.886
396.910
394.427
2.483
5.976
Valencia/València.
1.964.556
1.471.825
1.456.527
1.447.371
9.156
15.298
Valladolid.
432.563
340.286
336.554
333.753
2.801
3.732
Zamora.
169.200
112.305
110.645
109.575
1.070
1.660
Zaragoza.
738.231
559.859
554.407
549.546
4.861
5.452
Ceuta.
62.580
38.450
37.991
37.667
324
459
Melilla.
59.233
34.077
33.758
33.521
237
319
Total estatal.
36.898.883
26.478.140
26.201.371
26.001.535
199.836
276.769
CUADRO II
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Congreso de los Diputados
Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que han obtenido escaño
Total escaños
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO POPULAR
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
UNIDAS PODEMOS
VOX
PSOE
PP
Cs
PODEMOS-IU-EQUO
VOX
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Albacete.
4
75.005
2
51.817
1
43.835
1
24.855
0
33.948
0
Alicante/Alacant.
12
259.404
4
179.056
3
177.691
2
127.615
2
115.249
1
Almería.
6
98.924
2
73.952
2
56.268
1
28.934
0
62.648
1
Araba/Álava.
4
39.722
1
24.385
0
7.082
0
31.469
1
5.608
0
Asturias.
7
207.586
3
104.688
1
107.426
1
72.018
1
Ávila.
3
26.503
1
32.001
1
19.102
1
7.730
0
14.623
0
Badajoz.
6
157.164
3
83.278
1
75.583
1
38.252
0
44.890
1
Balears (Illes).
8
136.698
3
87.352
1
90.340
1
92.477
2
58.567
1
Barcelona.
32
155.935
1
373.820
4
112.019
1
Bizkaia.
8
136.547
2
49.859
0
21.392
0
121.740
2
15.839
0
Burgos.
4
64.287
2
53.926
1
43.533
1
27.436
0
24.382
0
Cáceres.
4
93.016
2
57.195
1
42.452
1
24.292
0
25.903
0
Cádiz.
9
210.131
3
99.394
1
131.567
2
110.807
2
87.438
1
Cantabria.
5
90.534
2
77.902
1
54.361
1
36.784
0
40.139
0
Castellón/Castelló.
5
92.379
2
63.756
1
51.017
1
43.656
1
37.551
0
Ciudad Real.
5
100.720
2
69.559
1
50.733
1
26.952
0
40.313
1
Córdoba.
6
163.000
2
89.203
1
79.978
1
70.427
1
56.919
1
Coruña (A).
8
212.665
3
172.799
3
81.677
1
38.187
0
Cuenca.
3
42.654
2
31.997
1
16.467
0
9.482
0
16.755
0
Gipuzkoa.
6
77.720
1
20.797
0
11.892
0
71.296
1
6.783
0
Girona.
6
12.377
0
34.009
0
10.715
0
Granada.
7
177.478
3
96.588
1
90.935
1
71.466
1
73.914
1
Guadalajara.
3
42.521
1
28.618
1
26.817
1
17.524
0
23.501
0
Huelva.
5
97.766
2
44.909
1
44.842
1
34.396
1
33.920
0
Huesca.
3
41.354
1
25.149
1
24.568
1
17.151
0
13.389
0
Jaén.
5
152.932
3
75.885
1
61.413
1
40.880
0
46.934
0
León.
4
95.536
2
68.530
1
50.945
1
35.103
0
33.653
0
Lleida.
4
11.153
0
19.150
0
6.005
0
Lugo.
4
66.441
2
67.191
2
17.812
0
11.450
0
Madrid.
37
1.031.534
11
705.119
7
792.203
8
613.911
6
524.176
5
Málaga.
11
251.908
4
144.562
2
159.316
2
118.537
2
114.199
1
Murcia.
10
190.540
3
180.163
2
150.289
2
80.053
1
143.234
2
Navarra.
5
94.551
2
68.393
1
17.771
0
Ourense.
4
63.304
2
67.020
2
20.689
0
9.984
0
Palencia.
3
33.209
1
31.332
1
16.843
1
9.787
0
12.407
0
Palmas (Las).
8
154.342
3
88.313
2
84.015
1
91.216
2
38.229
0
Pontevedra.
7
185.785
3
144.290
2
63.867
1
27.426
0
Rioja (La).
4
57.307
2
47.947
1
32.181
1
21.331
0
16.255
0
Salamanca.
4
59.331
1
60.154
2
43.580
1
16.575
0
26.631
0
S/C Tenerife.
7
141.132
2
76.491
1
71.667
1
75.695
1
31.385
0
Segovia.
3
26.088
1
24.853
1
18.460
1
8.931
0
11.468
0
Sevilla.
12
416.543
5
162.891
2
187.243
2
179.497
2
136.949
1
Soria.
2
16.513
1
13.887
1
8.501
0
4.481
0
4.866
0
Tarragona.
6
21.376
0
52.395
1
20.105
0
Teruel.
3
25.629
1
18.566
1
15.357
1
8.224
0
8.336
0
Toledo.
6
123.561
2
87.134
2
69.678
1
41.934
0
66.927
1
Valencia/València.
15
394.703
4
255.868
3
254.360
3
211.527
2
170.070
2
Valladolid.
5
97.244
2
78.433
1
67.775
1
39.305
0
45.965
1
Zamora.
3
34.628
1
32.750
1
18.729
1
9.187
0
12.887
0
Zaragoza.
7
173.557
3
99.527
1
115.651
1
77.555
1
70.663
1
Ceuta.
1
13.800
1
8.147
0
4.546
0
1.838
0
9.092
0
Melilla.
1
6.989
0
8.087
1
4.351
0
1.292
0
5.807
0
Total estatal.
350
6.550.885
111
4.261.473
65
4.155.665
57
2.897.419
33
2.688.092
24
CUADRO II (Continuación)
Total escaños
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
ERC-SOBIRANISTES
PSC
ECP-GUANYEM EL CANVI
JxCAT-JUNTS
EAJ-PNV
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Albacete.
4
Alicante/Alacant.
12
Almería.
6
Araba/Álava.
4
40.300
1
Asturias.
7
Ávila.
3
Badajoz.
6
Balears (Illes).
8
Barcelona.
32
716.714
8
769.548
9
509.016
6
316.904
3
Bizkaia.
8
235.916
3
Burgos.
4
Cáceres.
4
Cádiz.
9
Cantabria.
5
Castellón/Castelló.
5
Ciudad Real.
5
Córdoba.
6
Coruña (A).
8
Cuenca.
3
Gipuzkoa.
6
119.668
2
Girona.
6
114.031
3
65.422
1
36.947
0
85.863
2
Granada.
7
Guadalajara.
3
Huelva.
5
Huesca.
3
Jaén.
5
León.
4
Lleida.
4
75.760
2
37.637
1
18.723
0
46.781
1
Lugo.
4
Madrid.
37
Málaga.
11
Murcia.
10
Navarra.
5
Ourense.
4
Palencia.
3
Palmas (Las).
8
Pontevedra.
7
Rioja (La).
4
Salamanca.
4
S/C Tenerife.
7
Segovia.
3
Sevilla.
12
Soria.
2
Tarragona.
6
113.887
2
89.650
1
50.979
1
51.239
1
Teruel.
3
Toledo.
6
Valencia/València.
15
Valladolid.
5
Zamora.
3
Zaragoza.
7
Ceuta.
1
Melilla.
1
Total estatal.
350
1.020.392
15
962.257
12
615.665
7
500.787
7
395.884
6
CUADRO II (Continuación)
Total escaños
EUSKAL HERRIA BILDU
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
PARTIDO POPULAR-FORO
EH Bildu
PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO
COMPROMÍS 2019
CCa-PNC
PP-FORO
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Albacete.
4
Alicante/Alacant.
12
31.030
0
Almería.
6
Araba/Álava.
4
24.747
1
Asturias.
7
112.180
1
Ávila.
3
Badajoz.
6
Balears (Illes).
8
Barcelona.
32
Bizkaia.
8
91.771
1
Burgos.
4
Cáceres.
4
Cádiz.
9
Cantabria.
5
Castellón/Castelló.
5
16.713
0
Ciudad Real.
5
Córdoba.
6
Coruña (A).
8
100.019
1
Cuenca.
3
Gipuzkoa.
6
96.364
2
Girona.
6
Granada.
7
Guadalajara.
3
Huelva.
5
Huesca.
3
Jaén.
5
León.
4
Lleida.
4
Lugo.
4
20.282
0
Madrid.
37
Málaga.
11
Murcia.
10
Navarra.
5
46.765
0
Ourense.
4
17.213
0
Palencia.
3
Palmas (Las).
8
34.853
0
Pontevedra.
7
100.547
1
Rioja (La).
4
Salamanca.
4
S/C Tenerife.
7
102.811
2
Segovia.
3
Sevilla.
12
Soria.
2
Tarragona.
6
Teruel.
3
Toledo.
6
Valencia/València.
15
126.078
1
Valladolid.
5
Zamora.
3
Zaragoza.
7
Ceuta.
1
Melilla.
1
Total estatal.
350
259.647
4
238.061
2
173.821
1
137.664
2
112.180
1
CUADRO II (Continuación)
Total escaños
NAVARRA SUMA
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
NA+
PRC
Votos
Escaños
Votos
Escaños
Albacete.
4
Alicante/Alacant.
12
Almería.
6
Araba/Álava.
4
Asturias.
7
Ávila.
3
Badajoz.
6
Balears (Illes).
8
Barcelona.
32
Bizkaia.
8
Burgos.
4
Cáceres.
4
Cádiz.
9
Cantabria.
5
52.266
1
Castellón/Castelló.
5
Ciudad Real.
5
Córdoba.
6
Coruña (A).
8
Cuenca.
3
Gipuzkoa.
6
Girona.
6
Granada.
7
Guadalajara.
3
Huelva.
5
Huesca.
3
Jaén.
5
León.
4
Lleida.
4
Lugo.
4
Madrid.
37
Málaga.
11
Murcia.
10
Navarra.
5
107.619
2
Ourense.
4
Palencia.
3
Palmas (Las).
8
Pontevedra.
7
Rioja (La).
4
Salamanca.
4
S/C Tenerife.
7
Segovia.
3
Sevilla.
12
Soria.
2
Tarragona.
6
Teruel.
3
Toledo.
6
Valencia/València.
15
Valladolid.
5
Zamora.
3
Zaragoza.
7
Ceuta.
1
Melilla.
1
Total estatal.
350
107.619
2
52.266
1
CUADRO III
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Congreso de los Diputados
Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que no han obtenido escaño
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
NUEVA CANARIAS
PACMA
FRONT REPUBLICÀ
BNG
RECORTES CERO-GV
NCa
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
2.205
324
Alicante/Alacant.
12.982
1.527
Almería.
3.452
412
Araba/Álava.
1.869
536
Asturias.
6.670
1.133
Ávila.
673
169
Badajoz.
2.938
449
Balears (Illes).
8.864
1.197
Barcelona.
50.505
84.945
5.845
Bizkaia.
6.187
1.177
Burgos.
1.981
715
Cáceres.
1.724
407
Cádiz.
11.079
1.620
Cantabria.
3.049
332
Castellón/Castelló.
3.381
341
Ciudad Real.
2.360
529
Córdoba.
4.946
756
Coruña (A).
7.176
45.095
1.331
Cuenca.
776
135
Gipuzkoa.
3.171
593
Girona.
5.112
14.434
433
Granada.
5.804
630
Guadalajara.
1.816
335
Huelva.
3.182
646
Huesca.
1.013
284
Jaén.
3.369
401
León.
2.338
299
Lleida.
2.089
6.194
204
Lugo.
1.602
9.658
306
Madrid.
50.909
7.512
Málaga.
15.122
1.769
Murcia.
10.611
1.406
Navarra.
3.325
1.295
Ourense.
1.576
7.548
202
Palencia.
799
265
Palmas (Las).
8.669
1.439
36.225
Pontevedra.
6.859
32.132
1.007
Rioja (La).
1.394
275
Salamanca.
1.370
275
S/C Tenerife.
9.157
1.212
Segovia.
611
183
Sevilla.
15.073
1.592
Soria.
263
103
Tarragona.
6.189
8.234
462
Teruel.
452
113
Toledo.
3.931
703
Valencia/València.
20.923
2.108
Valladolid.
2.699
545
Zamora.
585
147
Zaragoza.
5.469
1.428
Ceuta.
157
Melilla.
99
Total estatal.
328.299
113.807
94.433
47.363
36.225
CUADRO III (Continuación)
ACTÚA
VEUS PROGRESSISTES
GEROA BAI
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
EN MAREA
PACT
ARA-MES-ESQUERRA
GBAI
PUM+J
EN MAREA
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
304
Alicante/Alacant.
Almería.
335
Araba/Álava.
338
Asturias.
4.554
777
Ávila.
347
113
Badajoz.
745
442
Balears (Illes).
796
25.191
686
Barcelona.
Bizkaia.
844
Burgos.
597
Cáceres.
743
Cádiz.
Cantabria.
274
Castellón/Castelló.
302
Ciudad Real.
Córdoba.
469
Coruña (A).
6.806
Cuenca.
109
Gipuzkoa.
429
Girona.
Granada.
624
Guadalajara.
254
Huelva.
Huesca.
170
Jaén.
325
León.
419
Lleida.
137
Lugo.
2.168
Madrid.
19.208
5.221
Málaga.
1.046
Murcia.
Navarra.
22.309
1.203
Ourense.
213
2.220
Palencia.
159
Palmas (Las).
837
Pontevedra.
6.705
Rioja (La).
199
Salamanca.
322
S/C Tenerife.
582
Segovia.
276
127
Sevilla.
3.567
1.527
Soria.
77
Tarragona.
280
Teruel.
74
Toledo.
559
Valencia/València.
Valladolid.
473
Zamora.
141
Zaragoza.
749
Ceuta.
87
Melilla.
39
Total estatal.
30.236
25.191
22.309
21.863
17.899
CUADRO III (Continuación)
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
ANDALUCÍA POR SÍ
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
PCTE
EL PI
AxSI
PCOE
PCPE
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
182
224
Alicante/Alacant.
1.345
Almería.
Araba/Álava.
235
Asturias.
1.359
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
11.692
Barcelona.
1.882
Bizkaia.
603
Burgos.
421
Cáceres.
Cádiz.
4.284
2.224
Cantabria.
260
286
Castellón/Castelló.
329
Ciudad Real.
Córdoba.
426
1.233
Coruña (A).
600
1.814
Cuenca.
84
Gipuzkoa.
313
Girona.
Granada.
391
779
Guadalajara.
325
Huelva.
856
871
Huesca.
216
Jaén.
545
León.
402
Lleida.
Lugo.
304
Madrid.
2.329
2.038
Málaga.
631
1.655
Murcia.
1.162
663
Navarra.
Ourense.
143
Palencia.
133
Palmas (Las).
831
Pontevedra.
601
Rioja (La).
Salamanca.
265
S/C Tenerife.
655
Segovia.
89
184
Sevilla.
830
3.288
1.317
Soria.
81
Tarragona.
471
Teruel.
96
Toledo.
Valencia/València.
1.542
Valladolid.
282
313
Zamora.
116
Zaragoza.
589
453
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
14.022
11.692
11.407
9.130
8.991
CUADRO III (Continuación)
AVANT ADELANTE LOS VERDES
ESCAÑOS EN BLANCO
COALICIÓN POR MELILLA
SOMOS REGIÓN
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
AVANT ADELANTE LOS VERDES
EB
CpM
SOMOS REGIÓN
PCPA
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
3.183
Almería.
536
353
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
812
Cantabria.
427
Castellón/Castelló.
586
Ciudad Real.
Córdoba.
788
816
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
678
Girona.
Granada.
373
Guadalajara.
Huelva.
272
Huesca.
474
Jaén.
437
León.
Lleida.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
835
Murcia.
4.976
Navarra.
Ourense.
Palencia.
Palmas (Las).
Pontevedra.
886
Rioja (La).
385
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
Sevilla.
799
Soria.
Tarragona.
Teruel.
272
Toledo.
Valencia/València.
3.563
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.
2.626
Ceuta.
Melilla.
6.857
Total estatal.
7.332
7.072
6.857
4.976
4.697
CUADRO III (Continuación)
PARTIDO HUMANISTA
SOM VALENCIANS EN MOVIMENT
ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ
IZQUIERDA EN POSITIVO
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
PH
UIG-SOM-CUIDES
ERPV
IZQP
PCPC
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
1.221
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
480
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
2.213
2.555
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
859
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
240
353
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
León.
Lleida.
138
205
Lugo.
Madrid.
3.456
Málaga.
Murcia.
712
Navarra.
Ourense.
Palencia.
Palmas (Las).
559
Pontevedra.
Rioja (La).
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
200
260
Teruel.
Toledo.
Valencia/València.
4.473
2.156
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
4.495
4.473
4.236
3.503
3.373
CUADRO III (Continuación)
AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA ANC Y UNIDAD DEL PUEBLO
COMPROMISO POR GALICIA
PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO
CONVERGENTS
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONÉS
AHORA CANARIAS
CxG
PPSO
CNV
PREPAL
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
1.793
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
1.272
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
485
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
León.
1.476
Lleida.
Lugo.
391
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.
272
Palencia.
Palmas (Las).
1.263
Pontevedra.
825
Rioja (La).
Salamanca.
309
S/C Tenerife.
1.774
Segovia.
Sevilla.
Soria.
2.663
Tarragona.
263
Teruel.
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
Zamora.
405
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
3.037
2.760
2.663
2.541
2.190
CUADRO III (Continuación)
EXTREMEÑOS PREX CREX
PARTIDO RIOJANO
PARTIDO LIBERTARIO
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS
ANDECHA ASTUR
Ex Prex Crex
PR+
P-LIB
CILU-LINARES
ANDECHA ASTUR
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
973
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
932
Ávila.
Badajoz.
920
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
1.230
Cádiz.
Cantabria.
187
Castellón/Castelló.
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
56
Gipuzkoa.
Girona.
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
1.081
León.
Lleida.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.
Palencia.
Palmas (Las).
Pontevedra.
Rioja (La).
2.098
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
2.150
2.098
1.216
1.081
932
CUADRO III (Continuación)
PARTIDO DE JUBILADOS POR EL FUTURO. DIGNIDAD Y DEMOCRACIA
PUYALON
FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
FEMINISM8
JUFUDI
PYLN
FIA
FE de las JONS
F8
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
96
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
222
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
Granada.
876
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
148
127
Jaén.
León.
Lleida.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.
Palencia.
99
Palmas (Las).
Pontevedra.
Rioja (La).
Salamanca.
S/C Tenerife.
571
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
66
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
229
Zamora.
Zaragoza.
621
658
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
876
835
785
646
571
CUADRO III (Continuación)
PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA
DEMOCRACIA PLURAL
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN
CENTRADOS
VIVIR OURENSE
SOLIDARIA
DPL
UNIÓN REGIONALISTA
centrados
VOU
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
528
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
León.
Lleida.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
504
Navarra.
Ourense.
335
Palencia.
Palmas (Las).
Pontevedra.
Rioja (La).
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
459
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
490
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
528
504
490
459
335
CUADRO III (Continuación)
DEFENSA DE LO PÚBLICO
PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS-UNIDAD DE CENTRO
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA REVOLUCIONARIA
PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ
CONVERXENCIA 21
DP
PDSJE-UDEC
IZAR
RISA
C 21
Votos
Votos
Votos
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
Badajoz.
308
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
Ciudad Real.
277
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
Granada.
257
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
190
León.
Lleida.
Lugo.
73
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.
Palencia.
Palmas (Las).
Pontevedra.
Rioja (La).
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
308
277
257
190
73
CUADRO III (Continuación)
MUERTE AL SISTEMA
UNIÓN DE TODOS
+MAS+
UDT
Votos
Votos
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Araba/Álava.
Asturias.
Ávila.
Badajoz.
Balears (Illes).
Barcelona.
Bizkaia.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Cantabria.
Castellón/Castelló.
Ciudad Real.
Córdoba.
Coruña (A).
Cuenca.
Gipuzkoa.
Girona.
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
León.
Lleida.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.
Palencia.
Palmas (Las).
Pontevedra.
Rioja (La).
Salamanca.
S/C Tenerife.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
47
28
Toledo.
Valencia/València.
Valladolid.
Zamora.
Zaragoza.
Ceuta.
Melilla.
Total estatal.
47
28
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Relación de Diputados proclamados electos
Albacete
Don Manuel Gabriel González Ramos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Luisa Vilches Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Carmen Navarro Lacoba
PARTIDO POPULAR
Doña María Dolores Arteaga Espinosa de los Monteros
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Alicante/Alacant
Don Pedro Francisco Duque Duque
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Patricia Blanquer Alcaraz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Alejandro Soler Mur
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Yolanda Seva Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don César Sánchez Pérez
PARTIDO POPULAR
Doña Macarena Montesinos de Miguel
PARTIDO POPULAR
Don Agustín Almodóbar Barceló
PARTIDO POPULAR
Doña Marta Martín Llaguno
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Ignacio López-Bas Valero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Txema Guijarro García
UNIDAS PODEMOS
Doña María Teresa Pérez Díaz
UNIDAS PODEMOS
Don Manuel Mestre Barea
VOX
Almería
Don José Guirao Cabrera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Sonia Ferrer Tesoro
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Javier Aureliano García Molina
PARTIDO POPULAR
Don Juan José Matarí Sáez
PARTIDO POPULAR
Doña Rocío de Meer Méndez
VOX
Don José Manuel Villegas Pérez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Araba/Álava
Don Mikel Legarda Uriarte
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Doña Mª Isabel Celaá Diéguez
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
Don Juan Antonio López de Uralde Garmendia
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
Don Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano
EUSKAL HERRIA BILDU
Asturias
Doña Adriana Lastra Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Luisa Carcedo Roces
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Roberto García Morís
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Paloma Gázquez Collado
PARTIDO POPULAR - FORO
Doña Sofía Fernández Castañón
UNIDAS PODEMOS-XUNIES PODEMOS
Don José Ignacio Prendes Prendes
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don José María Figaredo Álvarez-Sala
VOX
Ávila
Doña Alicia García Rodríguez
PARTIDO POPULAR
Doña María Margarita Robles Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Manuel Hernández Muñoz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Badajoz
Don Valentín García Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Isabel García López
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Mariano Sánchez Escobar
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Víctor Valentín Píriz Maya
PARTIDO POPULAR
Doña María José Calderón Díaz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Víctor Manuel Sánchez del Real
VOX
Balears (Illes)
Don Pere Joan Pons Sampietro
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Doña Sofía Hernanz Costa
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Don Pau Morlà Florit
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
Doña Antonia Jover Díaz
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM
Doña Lucía Miriam Muñoz Dalda
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM
Don Joan Mesquida Ferrando
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Margarita Prohens Rigo
PARTIDO POPULAR
Doña Magdalena Margarita Contestí Roselló
VOX
Barcelona
Doña Meritxell Batet Lamaña
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don Francisco Polo Llavata
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Doña Mercè Perea Conillas
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don José Zaragoza Alonso
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Doña Lídia Guinart Moreno
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don Francisco Aranda Vargas
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Doña Carmen Andrés Añón
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don Arnau Ramírez Carner
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Doña Sònia Guerra López
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don Oriol Junqueras i Vies
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Gabriel Rufián Romero
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña Carolina Telechea Lozano
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Joan Josep Nuet Pujals
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña María Carvalho Dantas
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Gerard Gómez del Moral i Fuster
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña Marta Rosique i Saltor
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Joan Capdevila i Esteve
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Jaume Asens Llodrà
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Doña Aina Vidal Sáez
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Doña María del Mar García Puig
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Don Gerardo Pisarello Prados
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Don Joan Miquel Mena Arca
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Doña María Freixanet Mateo
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Doña Inés Arrimadas García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Antonio Roldán Monés
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Fernando Tomás de Páramo Gómez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don José María Espejo-Saavedra Conesa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Jordi Sànchez Picanyol
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Doña Laura Borràs Castanyer
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Doña Míriam Nogueras Camero
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
Don Ignacio Garriga Vaz de Concicao
VOX
Bizkaia
Don Aitor Esteban Bravo
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Doña Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Doña Josune Gorospe Elezkano
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Don Patxi López Álvarez
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
Doña María Guijarro Ceballos
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
Don Roberto Uriarte Torrealday
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
Doña Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
Don Oskar Matute García de Jalón
EUSKAL HERRIA BILDU
Burgos
Doña Esther Peña Camarero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Agustín Javier Zamarrón Moreno
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Sandra Moneo Díez
PARTIDO POPULAR
Doña Aurora Nacarino-Brabo Jiménez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Cáceres
Doña Ana Belén Fernández Casero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don César Joaquín Ramos Esteban
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Alberto Casero Ávila
PARTIDO POPULAR
Doña María Victoria Domínguez Paredes
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Cádiz
Don Fernando Grande-Marlaska Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Eva Bravo Barco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Juan Carlos Campo Moreno
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María del Carmen Martínez Granados
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Francisco Javier Cano Leal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Noelia Vera Ruiz Herrera
UNIDAS PODEMOS
Don Juan Antonio Delgado Ramos
UNIDAS PODEMOS
Doña María José García-Pelayo Jurado
PARTIDO POPULAR
Don Agustín Rosety Fernández de Castro
VOX
Cantabria
Don Luis Santos Clemente Guadilla
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Jesús Calva Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Diego Movellán Lombilla
PARTIDO POPULAR
Don Rubén Gómez González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don José María Ángel Mazón Ramos
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
Castellón/Castelló
Doña Susana Ros Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Germán Renau Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Óscar Clavell López
PARTIDO POPULAR
Doña María Sandra Julià Julià
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Marisa Saavedra Muñoz
UNIDAS PODEMOS
Ciudad Real
Doña Blanca Pilar Fernández Morena
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Miguel Ángel González Caballero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Rosa María Romero Sánchez
PARTIDO POPULAR
Don Francisco Javier Fernández-Bravo García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Ricardo Chamorro Delmo
VOX
Córdoba
Don Luis Planas Puchades
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Rafaela Crespín Rubio
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Andrés Lorite Lorite
PARTIDO POPULAR
Don Marcial Gómez Balsera
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña María Martina Velarde Gómez
UNIDAS PODEMOS
Don José Ramírez del Río
VOX
Coruña (A)
Doña Pilar Cancela Rodríguez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Don Pablo Arangüena Fernández
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Doña María Montserrat García Chavarría
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Doña Marta González Vázquez
PARTIDO POPULAR
Doña Tristana María Moraleja Gómez
PARTIDO POPULAR
Doña María Valentina Martínez Ferro
PARTIDO POPULAR
Don Antón Gómez-Reino Varela
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
Doña Marta Rivera de la Cruz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Cuenca
Don Luis Carlos Sahuquillo García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Mariana de Gracia Canales Duque
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Rafael Catalá Polo
PARTIDO POPULAR
Gipuzkoa
Don Joseba Andoni Agirretxea Urresti
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Don Íñigo Barandiaran Benito
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
Doña Mertxe Aizpurua Arzallus
EUSKAL HERRIA BILDU
Don Jon Iñarritu García
EUSKAL HERRIA BILDU
Don Odon Elorza González
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
Doña Pilar Garrido Gutiérrez
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
Girona
Doña Montserrat Bassa Coll
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Joan Margall Sastre
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña Laia Cañigueral Olivé
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Don Sergi Miquel i Valentí
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Don Marc Lamuà Estanyol
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Granada
Don José Antonio Montilla Martos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Elvira Ramón Utrabo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Antonio Rodríguez Salas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Carlos Rojas García
PARTIDO POPULAR
Don Francisco Javier Hervías Chirosa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Macarena Olona Choclán
VOX
Don Pedro Antonio Honrubia Hurtado
UNIDAS PODEMOS
Guadalajara
Doña Magdalena Valerio Cordero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Silvia Valmaña Ochaíta
PARTIDO POPULAR
Doña María de los Ángeles Rosado Peinado
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Huelva
Doña María Luisa Faneca López
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Luis Ramos Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Juan José Cortés Fernández
PARTIDO POPULAR
Don Carlos Juan Hermoso Ayuso
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Alejandro García Orta
UNIDAS PODEMOS
Huesca
Doña Begoña Nasarre Oliva
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Mario Garcés Sanagustín
PARTIDO POPULAR
Doña Lourdes Guillén Figuerola
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Jaén
Don Felipe Jesús Sicilia Alférez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Laura Berja Vega
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Juan Francisco Serrano Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Luisa del Moral Leal
PARTIDO POPULAR
Doña María Ángeles Adán de la Paz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
León
Don Javier Alfonso Cendón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Andrea Fernández Benéitez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María del Carmen González Guinda
PARTIDO POPULAR
Don Justo Fernández González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Lleida
Don Xavier Eritja i Ciuró
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña Inés Granollers i Cunillera
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Jordi Turull i Negre
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Doña Montserrat Mínguez García
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Lugo
Don Jaime Eduardo de Olano Vela
PARTIDO POPULAR
Don Joaquín María García Díez
PARTIDO POPULAR
Doña Ana Prieto Nieto
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Doña Sonsoles López Izquierdo
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Madrid
Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Carmen Calvo Poyato
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Manuel Franco Pardo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Teresa Ribera Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Dolores Delgado García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Reyes Maroto Illera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Rafael Simancas Simancas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Beatriz Corredor Sierra
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Zaida Cantera de Castro
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Daniel Vicente Viondi
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Isaura Leal Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Albert Rivera Díaz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Marcos de Quinto Romero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Laura Sara Giménez Giménez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Edmundo Bal Francés
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Patricia-Isaura Reyes Rivera
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Francisco de la Torre Díaz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Roberto Hernández Blázquez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Pablo Casado Blanco
PARTIDO POPULAR
Don Adolfo Suárez Illana
PARTIDO POPULAR
Doña Edurne Uriarte Bengoechea
PARTIDO POPULAR
Don Daniel Lacalle Fernández
PARTIDO POPULAR
Doña Ana María Beltrán Villalba
PARTIDO POPULAR
Doña Andrea Levy Soler
PARTIDO POPULAR
Don Antonio Pablo González Terol
PARTIDO POPULAR
Don Pablo Iglesias Turrión
UNIDAS PODEMOS
Doña Irene Montero Gil
UNIDAS PODEMOS
Don Enrique Santiago Romero
UNIDAS PODEMOS
Doña Gloria Elizo Serrano
UNIDAS PODEMOS
Don Rafael Mayoral Perales
UNIDAS PODEMOS
Doña María Mercedes Pérez Merino
UNIDAS PODEMOS
Don Santiago Abascal Conde
VOX
Don Javier Ortega Smith-Molina
VOX
Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón
VOX
Doña María de la Cabeza Ruiz Solás
VOX
Doña Carla Toscano de Balbín
VOX
Málaga
Don Ignacio López Cano
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Fuensanta Lima Cid
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Carlos Durán Peralta
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Dolores Narváez Bandera
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Guillermo Díaz Gómez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Irene Rivera Andrés
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Pablo Montesinos Aguayo
PARTIDO POPULAR
Doña Carolina España Reina
PARTIDO POPULAR
Don Alberto Garzón Espinosa
UNIDAS PODEMOS
Doña Eva García Sempere
UNIDAS PODEMOS
Doña Patricia Rueda Perelló
VOX
Murcia
Don Pedro Saura García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Maria Soledad Sánchez Jódar
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Juan Luis Soto Burillo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Teodoro García Egea
PARTIDO POPULAR
Doña Isabel María Borrego Cortés
PARTIDO POPULAR
Don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don José Luis Martínez González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña Lourdes Méndez Monasterio
VOX
Don Joaquín Robles López
VOX
Don Javier Sánchez Serna
UNIDAS PODEMOS
Navarra
Don Sergio Sayas López
NAVARRA SUMA
Don Carlos García Adanero
NAVARRA SUMA
Don Santos Cerdán León
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Concepción Ruiz López
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Ione Belarra Urteaga
UNIDAS PODEMOS
Ourense
Doña Ana Belén Vázquez Blanco
PARTIDO POPULAR
Don Celso Luis Delgado Arce
PARTIDO POPULAR
Doña Marina Ortega Otero
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Don Adolfo Pérez Abellás
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Palencia
Doña María Luz Martínez Seijo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Milagros Marcos Ortega
PARTIDO POPULAR
Don Enrique Víctor Rivero Ortega
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Palmas (Las)
Doña Elena Máñez Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Luc Andre Diouf Dioh
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Ariagona González Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Victoria Rosell Aguilar
UNIDAS PODEMOS
Doña María del Carmen Pita Cárdenes
UNIDAS PODEMOS
Don Guillermo Carlos Mariscal Anaya
PARTIDO POPULAR
Doña María del Carmen Hernández Bento
PARTIDO POPULAR
Don Saúl Ramírez Freire
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Pontevedra
Doña María Olga Alonso Suárez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Don Guillermo Antonio Meijón Couselo
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Doña María de los Ángeles Marra Domínguez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
Doña Ana María Pastor Julián
PARTIDO POPULAR
Don Diego José Gago Bugarín
PARTIDO POPULAR
Doña Yolanda Díaz Pérez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
Doña Beatríz María Pino Ocampo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Rioja (La)
Doña María Marrodán Funes
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Juan Cuatrecasas Asua
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
PARTIDO POPULAR
Doña María Luisa Alonso García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Salamanca
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández
PARTIDO POPULAR
Doña María Jesús Moro Almaraz
PARTIDO POPULAR
Don David Serrada Pariente
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Antonio Mirón Canelo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
S/C Tenerife
Don Héctor Gómez Hernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Tamara Raya Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Ana Mª Oramas González-Moro
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
Doña Mª Guadalupe González Taño
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
Doña Ana María Zurita Expósito
PARTIDO POPULAR
Don Alberto Rodríguez Rodríguez
UNIDAS PODEMOS
Doña Melisa Rodríguez Hernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Segovia
Don José Luis Aceves Galindo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Beatriz Marta Escudero Berzal
PARTIDO POPULAR
Don Eduardo Calvo García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Sevilla
Doña María Jesús Montero Cuadrado
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Francisco José Salazar Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Eva Patricia Bueno Campanario
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Pablo Emérito Cambronero Piqueras
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña María Virginia Millán Salmerón
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña María Salud Márquez Guerrero
UNIDAS PODEMOS
Doña Isabel Franco Carmona
UNIDAS PODEMOS
Doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio
PARTIDO POPULAR
Doña María Soledad Cruz-Guzmán García
PARTIDO POPULAR
Doña María de los Reyes Romero Vilches
VOX
Soria
Don Javier Antón Cacho
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Tomás Cabezón Casas
PARTIDO POPULAR
Tarragona
Don Jordi Salvador i Duch
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Doña Norma Pujol i Farré
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
Don Joan Ruiz i Carbonell
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Don Sergio del Campo Estaún
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Josep Rull i Andreu
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
Don Ismael Cortés Gómez
EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVI
Teruel
Don Herminio Sancho Íñiguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don José Alberto Herrero Bono
PARTIDO POPULAR
Don Joaquín Francisco Moreno Latorre
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Toledo
Don Sergio Gutiérrez Prieto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Esther Padilla Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Vicente Tirado Ochoa
PARTIDO POPULAR
Doña Carmen Riolobos Regadera
PARTIDO POPULAR
Don Juan Carlos Girauta Vidal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Manuel Mariscal Zabala
VOX
Valencia/València
Don Jose Luís Ábalos Meco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Ana María Botella Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Vicent Sarrià i Morell
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Josefa Andrés Barea
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Belén Hoyo Juliá
PARTIDO POPULAR
Don Vicente Betoret Coll
PARTIDO POPULAR
Don Luís Javier Santamaría Ruíz
PARTIDO POPULAR
Doña María Muñoz Vidal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Vicente Ten Oliver
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Doña María Amparo Moya Sanz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Héctor Illueca Ballester
UNIDAS PODEMOS
Doña Roser Maestro Moliner
UNIDAS PODEMOS
Don Ignacio Gil Lázaro
VOX
Doña Cristina Esteban Calonje
VOX
Don Joan Baldoví Roda
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
Valladolid
Don José Javier Izquierdo Roncero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Helena Caballero Gutiérrez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Isabel García Tejerina
PARTIDO POPULAR
Doña Soraya Mayo Alonso
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Pablo Sáez Alonso-Muñumer
VOX
Zamora
Doña María del Mar Rominguera Salazar
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña María Isabel Blanco Llamas
PARTIDO POPULAR
Don José Antonio Bartolomé Cachón
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Zaragoza
Doña Susana Sumelzo Jordán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Pau Marí Klose
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Doña Noemí Villagrasa Quero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Don Rodrigo Gómez García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Don Eloy Suárez Lamata
PARTIDO POPULAR
Don Pablo Echenique Robba
UNIDAS PODEMOS
Don Pedro Fernández Hernández
VOX
Ceuta
Don José Simón Marín
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Melilla
Don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu
PARTIDO POPULAR
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Senado
Relación de Senadores proclamados electos
Votos
Albacete
Don Francisco Valera González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
77.198
Doña Donelia Roldán Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
74.116
Don Manuel Miranda Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
71.221
Don Antonio Serrano Aguilar
PARTIDO POPULAR
67.969
Alicante/Alacant
Don José Asensi Sabater
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
258.850
Doña Ana Martínez Zaragoza
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
250.548
Don Carlos Giménez Bertomeu
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
235.819
Don Pablo Ruz Villanueva
PARTIDO POPULAR
226.330
Almería
Don Fernando Martínez López
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
96.928
Doña Inés María Plaza García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
94.956
Don Juan Carlos Pérez Navas
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
91.413
Don Rafael Antonio Hernando Fraile
PARTIDO POPULAR
85.421
Araba/Álava
Doña Almudena Otaola Urquijo
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
43.490
Don Juan Carlos Medina Martínez
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
40.122
Doña Julia Liberal Liberal
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
39.168
Doña Rosa Peral Díez
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
38.946
Asturias
Don Francisco Antonio Blanco Ángel
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
209.215
Doña María Fernández Álvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
205.332
Don Fernando Lastra Valdés
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
198.863
Don José Ramón García Cañal
PARTIDO POPULAR-FORO
140.683
Ávila
Don Juan Pablo Martín Martín
PARTIDO POPULAR
36.519
Doña Patricia Rodríguez Calleja
PARTIDO POPULAR
32.358
Don Sebastian González Vázquez
PARTIDO POPULAR
31.751
Don Jesús Caro Adanero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
26.529
Badajoz
Doña María Teresa Macías Mateos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
157.683
Don Baldomero Espinosa Moreno
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
151.296
Doña María Ascensión Godoy Tena
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
150.268
Don Pedro Acedo Penco
PARTIDO POPULAR
97.946
Balears (Illes): Mallorca
Don Cosme Bonet Bonet
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
107.619
Doña Susanna Moll Kammerich
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
102.887
Doña María Salom Coll
PARTIDO POPULAR
75.485
Balears (Illes): Menorca
Doña María del Carme García Querol
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
11.856
Balears (Illes): Eivissa-Formentera
Doña Patricia Abascal Jiménez
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
17.598
Barcelona
Don Raül Romeva i Rueda
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
944.201
Don Manuel Cruz Rodríguez
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
741.978
Doña Elia Tortolero Orejuela
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
697.906
Doña Ana Surra Spadea
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
687.671
Bizkaia
Doña Nerea Ahedo Ceza
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
243.336
Doña María Dolores Etxano Varela
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
233.468
Don Imanol Landa Jauregi
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
231.424
Don Txema Oleaga Zalvidea
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
133.292
Burgos
Don Ander Gil García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
65.703
Don Francisco Javier Lacalle Lacalle
PARTIDO POPULAR
63.503
Doña María del Mar Arnáiz García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
63.306
Don José Salvador Sierra García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
58.763
Cáceres
Don Miguel Ángel Nacarino Muriel
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
91.682
Doña María Isabel Moreno Duque
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
90.056
Don Javier Garcinuño Rama
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
86.582
Don Carlos Javier Floriano Corrales
PARTIDO POPULAR
65.335
Cádiz
Doña María Jesús Castro Mateos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
208.471
Don Alfonso Carlos Moscoso González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
193.227
Doña Cándida Verdier Mayoral
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
189.284
Don Carlos Pérez González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
140.227
Cantabria
Don Javier Puente Redondo
PARTIDO POPULAR
92.080
Doña María Isabel Fernández Gutiérrez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
90.928
Don Gustavo García García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
86.215
Doña María Rocío Rábago Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
84.792
Castellón/Castelló
Don Artemi Vicent Rallo Lombarte
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
94.072
Doña Ana Belén Edo Gil
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
91.802
Don Josep Lluís Grau Vallés
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
87.258
Doña Salomé Pradas Ten
PARTIDO POPULAR
77.507
Ciudad Real
Don Jesús Martín Rodríguez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
103.540
Doña Carmen Mínguez Sierra
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
100.278
Don José Manuel Bolaños Viso
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
96.689
Doña María del Carmen Quintanilla Barba
PARTIDO POPULAR
86.738
Córdoba
Doña María de los Ángeles Luna Morales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
162.475
Don Alfonso Muñoz Cuenca
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
153.632
Doña María Jesús Serrano Jiménez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
152.045
Don Fernando Priego Chacón
PARTIDO POPULAR
113.953
Coruña (A)
Don Antonio Vázquez Lorenzo
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
208.400
Doña Obdulia Taboadela Álvarez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
197.052
Don Julio Barros Casal
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
188.059
Don Miguel Lorenzo Torres
PARTIDO POPULAR
185.429
Cuenca
Doña Carmen Torralba Valiente
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
43.096
Don Alfonso Escudero Ortega
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
41.660
Don José Manuel Tortosa Ruiz
PARTIDO POPULAR
41.298
Doña María Ángeles López Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
40.746
Gipuzkoa
Doña María Isabel Vaquero Montero
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
121.318
Doña María Mercedes Garmendia Bereciartu
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
117.378
Don Luke Uribe-Etxebarria Apalategi
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
115.159
Don Gorka Elejabarrieta Diaz
EUSKAL HERRIA BILDU
99.215
Girona
Don Jordi Martí Deulofeu
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
132.212
Doña Elisenda Pérez Esteve
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
112.723
Don Josep Maria (Jami) Matamala i Alsina
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
105.011
Don Josep Quintana Caralt
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
98.008
Granada
Don Alejandro José Zubeldia Santoyo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
174.896
Doña María Sandra García Martín
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
172.141
Don Francisco Javier Aragón Ariza
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
165.120
Don Vicente Azpitarte Pérez
PARTIDO POPULAR
120.517
Guadalajara
Don Rafael Esteban Santamaría
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
43.448
Doña Riansares Serrano Morales
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
41.229
Don Julio García Moreno
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
39.677
Don Antonio Román Jasanada
PARTIDO POPULAR
38.399
Huelva
Don Amaro Huelva Betanzos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
95.482
Doña Josefa Inmaculada González Bayo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
91.185
Don Jesús González Márquez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
87.696
Don Carmelo Romero Hernández
PARTIDO POPULAR
61.032
Huesca
Don Antonio José Cosculluela Bergua
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
42.088
Doña Rosa María Serrano Sierra
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
39.555
Don Gonzalo Palacín Guarné
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
38.257
Doña Ana Isabel Alós López
PARTIDO POPULAR
35.443
Jaén
Doña Micaela Navarro Garzón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
152.227
Don José Latorre Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
145.824
Don Manuel Ángel Fernández Palomino
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
143.647
Don Francisco Javier Márquez Sánchez
PARTIDO POPULAR
95.261
León
Don Salvador Vidal Varela
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
96.241
Doña María del Carmen Morán Franco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
94.212
Don Constantino Marcos Álvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
90.041
Don Javier Santiago Vélez
PARTIDO POPULAR
82.515
Lleida
Doña Sara Bailac i Ardanuy
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
86.371
Don Miquel Caminal i Cerdà
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
75.043
Don Xavier Castellana i Gamisans
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
68.865
Doña María Teresa Rivero Segalàs
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
53.679
Lugo
Don José Manuel Barreiro Fernández
PARTIDO POPULAR
69.577
Doña Rosa María Arza Rodríguez
PARTIDO POPULAR
66.345
Don Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
PARTIDO POPULAR
65.653
Don César Alejandro Mogo Zaro
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
62.942
Madrid
Doña Cristina Narbona Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
1.090.551
Don Pío García-Escudero Márquez
PARTIDO POPULAR
1.009.911
Don Antonio Armando Ferrer Sais
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
979.150
Don Carlos Cuadrado Arroyo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
957.626
Málaga
Don Miguel Ángel Heredia Díaz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
250.230
Doña Estefanía Martín Palop
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
241.824
Don José Aurelio Aguilar Román
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
228.652
Doña María Ángeles Muñoz Uriol
PARTIDO POPULAR
183.823
Murcia
Doña Violante Tomás Olivares
PARTIDO POPULAR
208.770
Don Joaquín López Pagán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
192.296
Doña Susana Hernández Ruiz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
186.757
Don Domingo José Segado Martínez
PARTIDO POPULAR
182.659
Navarra
Doña Ruth Goñi Sarries
NAVARRA SUMA
110.323
Don Alberto Catalán Higueras
NAVARRA SUMA
107.796
Don Antonio Magdaleno Alegría
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
107.621
Doña Amelia Salanueva Murguialday
NAVARRA SUMA
107.186
Ourense
Don Miguel Ángel Viso Diéguez
PARTIDO POPULAR
69.974
Doña María del Carmen Leyte Coello
PARTIDO POPULAR
67.082
Don Francisco José Fernández Pérez
PARTIDO POPULAR
65.815
Don Juan Carlos Francisco Rivera
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
60.210
Palencia
Don Rodrigo Mediavilla Pérez
PARTIDO POPULAR
34.866
Doña Rosa María Aldea Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
33.402
Don Eduardo Santiago Calleja
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
31.825
Don Jorge Domingo Martínez Antolín
PARTIDO POPULAR
31.579
Palmas (Las): Gran Canaria
Don Ramón Morales Quesada
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
124.876
Doña Saturnina Santana Dumpierrez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
117.970
Don Sergio Ramos Acosta
PARTIDO POPULAR
83.357
Palmas (Las): Lanzarote
Don Francisco Manuel Fajardo Palarea
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
15.910
Palmas (Las): Fuerteventura
Doña Paloma Hernández Cerezo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
9.449
Pontevedra
Don Modesto Pose Mesura
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
180.061
Doña María Margarita Peregrina Adrio Taracido
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
174.696
Don Daniel Chenlo Padín
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
164.450
Don Miguel Fidalgo Iglesias
PARTIDO POPULAR
154.869
Rioja (La)
Doña María Victoria de Pablo Dávila
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
58.367
Don Pedro Antonio Montalvo Íñigo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
55.382
Doña María del Carmen Arana Álvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
53.938
Doña Ana Lourdes González García
PARTIDO POPULAR
53.215
Salamanca
Don Bienvenido de Arriba Sánchez
PARTIDO POPULAR
72.983
Don Gonzalo Robles Orozco
PARTIDO POPULAR
62.940
Doña Esther Basilia del Brío González
PARTIDO POPULAR
62.021
Doña Elena Diego Castellanos
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
60.516
S/C Tenerife: Tenerife
Doña Olivia María Delgado Oval
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
125.347
Don José Antonio Valbuena Alonso
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
116.653
Don Antonio Alarcó Hernández
PARTIDO POPULAR
82.448
S/C Tenerife: La Palma
Don Sergio Matos Castro
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
12.161
S/C Tenerife: La Gomera
Doña Yaiza Castilla Herrera
AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA
5.611
S/C Tenerife: El Hierro
Doña Esther Carmona Delgado Segovia:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
2.328
Segovia
Doña Paloma Inés Sanz Jerónimo
PARTIDO POPULAR
30.362
Doña Ana María Agudíez Calvo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
26.792
Don Juan José Sanz Vitorio
PARTIDO POPULAR
25.453
Don Jesús Javier Lucía Marugán
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
24.761
Sevilla
Don Antonio Gutiérrez Limones
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
400.414
Doña María Nieves Hernández Espinal
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
388.963
Don Juan Antonio Gilabert Sánchez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
372.099
Don Ángel Mayo Llanos
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
216.981
Soria
Don Jesús Manuel Alonso Jiménez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
17.636
Doña Laura Concepción Prieto Arribas
PARTIDO POPULAR
15.977
Doña María Pilar Delgado Díez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
15.282
Don Gerardo Martínez Martínez
PARTIDO POPULAR
14.550
Tarragona
Don Miquel Aubà i Fleix
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
129.714
Doña Laura Castel i Fort
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
117.324
Don Josep Rufà i Gràcia
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
106.669
Don Santiago José Castellà Surribas
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 85.195
Teruel
Doña María José Villalba Chavarría
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
25.525
Don Antonio Amador Cueto
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
24.283
Doña María Perla Borao Aguirre
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
23.492
Don Manuel Blasco Marqués
PARTIDO POPULAR
21.751
Toledo
Don Félix Ortega Fernández
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
124.631
Doña Montserrat Muro Martín
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
121.997
Don José Manuel Tofiño Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
119.081
Don José Julián Gregorio López
PARTIDO POPULAR
110.599
Valencia/València
Don Javier de Lucas Martín
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
406.479
Doña Mercedes Berenguer Llorens
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
386.456
Don Pedro Rodríguez Navarro
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
366.141
Don Fernando de Rosa Torner
PARTIDO POPULAR
330.696
Valladolid
Don Manuel Escarda Escarda
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
99.609
Don José Ángel Alonso Pérez
PARTIDO POPULAR
99.115
Doña Sara María Galván Lobato
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
96.626
Don Marcial Barba González
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
90.862
Zamora
Don Fernando Martínez-Maíllo Toribio
PARTIDO POPULAR
36.180
Don José Fernández Blanco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
35.430
Doña Clara Isabel San Damián Hernández
PARTIDO POPULAR
34.177
Doña María Ángeles Martínez Blanco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
33.740
Zaragoza
Don Miguel Carmelo Dalmau Blanco
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
172.361
Doña Ana Isabel Villar Lechón
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
168.282
Don Víctor Javier Ruiz de Diego
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
158.256
Doña Ana Pilar Velilla Martínez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
140.521
Ceuta
Don Hamed Mohamed Ahmed
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
12.656
Doña María Blanca Gómez Serra
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
12.654
Melilla
Don Juan José Imbroda Ortiz
PARTIDO POPULAR
9.109
Doña Sofía Acedo Reyes
PARTIDO POPULAR
7.487
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Senado
Relación de candidatos que no han obtenido escaño
Votos
Albacete
Don Simón Valentín Bueno Vargas
PARTIDO POPULAR
52.209
Doña María del Rosario Rodríguez Rueda
PARTIDO POPULAR
50.966
Don Daniel Faura Macía
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
47.548
Don José Romero Castillejos
VOX
36.512
Doña Agustina García Monasor
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
31.987
Don José Antonio Ibánez López
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
28.897
Don Juan Miguel Rodríguez Cuesta
UNIDAS PODEMOS
23.868
Doña María Ángeles López Sánchez
VOX
21.916
Doña Rebeca Cañavate Ayuso
UNIDAS PODEMOS
20.558
Don Vicente Martínez Zalve
UNIDAS PODEMOS
20.514
Don Jesús Pardo Serrano
VOX
20.341
Doña Patricia González Berruga
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.849
Don Javier Fernández Fernández
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.750
Doña María Llanos Reolid Ródenas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.689
Doña Clara Martínez Rabadán
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.020
Don Jaime Oliver Cortés
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
970
Don José Manuel Muñoz Plata
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
932
Alicante/Alacant
Doña María Adelaida Pedrosa Roldán
PARTIDO POPULAR
183.035
Don Carlos Castillo Márquez
PARTIDO POPULAR
175.828
Don José Quirante Manresa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
164.344
Doña Lucía Granados Alós
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
127.567
Don Pascual Moxica Pruneda
VOX
119.152
Doña María Asunción Villaverde Zamora
UNIDAS PODEMOS
116.832
Don Santiago Mira Quiles
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
111.897
Doña María José Gómez-Pimpollo López-Castillo
UNIDAS PODEMOS
100.910
Don Cristian Fortanet Van Assendelft De Coningh
UNIDAS PODEMOS
90.661
Don Gerardo Carretero Fernández
VOX
78.674
Doña Carolina Vigara García
VOX
78.640
Don José Manuel Dolon García
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
45.335
Doña Concepción del Ruste Aguilar
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
37.386
Don Vicent Miquel Sansano Belso
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
30.595
Doña Paloma Jérez Cabello
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
22.672
Doña Elena Martínez Martínez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
14.277
Don Antonio Ripoll Cánovas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
13.772
Don Francisco Marco Juan
LOS VERDES ECOPACIFISTAS ADELANTE
7.773
Don Manuel Serna Oltra
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
2.790
Don Albert Jesús Amorós Alted
ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ
2.593
Don Adrián Martínez Ramos
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.529
Doña Rosa Isabel Payá Giménez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.937
Don José María García Cabrera
PARTIDO LIBERTARIO
1.107
Don Rafael Adrián Serrano
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.009
Almería
Don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez
PARTIDO POPULAR
73.264
Doña María Rosario Soto Rico
PARTIDO POPULAR
70.518
Don Francisco José Ramos Martínez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
62.174
Don Antonio Francisco Barrionuevo Osorio
VOX
60.879
Doña Lourdes García Garzón
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
49.221
Don Miguel Angel Benavides Vilchez
VOX
45.984
Doña Cristina García Plaza
VOX
45.202
Don Agustín Cánovas Sáez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
44.589
Doña Begoña Rojas Gutiérrez
UNIDAS PODEMOS
28.810
Don José Enrique Martínez García
UNIDAS PODEMOS
24.083
Doña Ana Isabel Expósito Fernández
UNIDAS PODEMOS
23.959
Don Eduardo José Milla Juan
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.318
Doña Susana Conejero Calvo-Flores
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.094
Don Luis Javier Gabarro Campos
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.374
Don Julio Rodríguez Ruiz
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.053
Don Juan José Sánchez López
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
1.030
Doña María del Pilar del Moral Arroyo
ESCAÑOS EN BLANCO
948
Don Mario Pablo Sánchez Barrón
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
861
Don Miguel Ángel Navarro Belmonte
ESCAÑOS EN BLANCO
659
Doña María Carmen Rodríguez Nieto
ESCAÑOS EN BLANCO
653
Araba/Álava
Don Pablo de Oraá Oleaga
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
36.779
Doña Rosa Fresno Asensio
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
35.805
Doña María Concepción Palencia García
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
30.411
Doña Garazi Dorronsoro Gárate
EUSKAL HERRIA BILDU
26.370
Don Gustavo Angulo García
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
25.986
Don Iñaki Oyarzabal de Miguel
PARTIDO POPULAR
25.186
Doña María Araceli Fuente Basconcillos
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
25.151
Don Aitor Miguel Quintana
EUSKAL HERRIA BILDU
23.801
Doña Estíbaliz Ibáñez de Gauna Garaigordobil
EUSKAL HERRIA BILDU
23.267
Don Jorge Ibarrondo Bajo
PARTIDO POPULAR
22.875
Doña Blanca Lacunza Blázquez
PARTIDO POPULAR
22.458
Doña Begoña Fernández Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
7.870
Don Daniel Ollora Moreno
VOX
6.026
Doña Arantxa Carrasco Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
5.583
Don Alberto Alonso Sáez de Vicuña
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
5.207
Don Juan Pablo Galán García
VOX
4.246
Doña Patricia Izquierdo Sarasola
VOX
4.159
Doña María Fernández de Arroyabe Guerras
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.033
Doña Lorea Burges Ruiz
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.951
Don José Luis Díaz Vázquez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.865
Don Luis María Díaz de Garayo Madina
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.082
Doña Nekane Oribe Moreno
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (BIDEZKO MUNDURANTZ)
966
Don Mikel Tapia García del Valle
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA
646
Asturias
Don Nicanor García Fernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
122.675
Don José Manuel Rodríguez González
PARTIDO POPULAR-FORO
107.871
Doña María del Camino Gutiérrez Gutiérrez
PARTIDO POPULAR-FORO
106.022
Doña Mar García González
UNIDAS PODEMOS-XUNIES PODEMOS
104.710
Don Juan Carlos Hevia Lozano
UNIDAS PODEMOS-XUNIES PODEMOS
94.740
Doña María Victoria Rubio Prieto
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
91.263
Don José Ovidio Álvarez Rozada
UNIDAS PODEMOS-XUNIES PODEMOS
89.048
Don Joaquín Merediz Vidal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
85.413
Don Juan Fernández Baños
VOX
80.322
Doña Carlota Cueto-Felgueroso Landeira
VOX
49.614
Don Luis Andrés Cleominio Sánchez Caveda
VOX
46.139
Don Walter Sánchez Suárez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
10.408
Doña Sandra María Serrano García
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
9.692
Don David Cienfuegos Cereijo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.034
Don Saúl Fernández Garrote
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA
3.216
Don Eduardo Madroñal Pedraza
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.695
Don Arturu Xosé Bermeyu García
ANDECHA ASTUR
2.550
Don Agustín Garrido Acera
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
2.138
Doña Rosa María Navarrete Sehnert
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.792
Doña Ana Fernández Marqués
ANDECHA ASTUR
1.739
Doña María Beatriz Rivero Infiesta
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.389
Don Jesús Fernando Rodríguez Roiz
PARTIDO HUMANISTA
1.381
Don Mario Arbesú Iglesias
ANDECHA ASTUR
1.311
Ávila
Doña María Virginia Parra Garrosa
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
24.954
Don Enrique Rodríguez Álvarez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
23.838
Don Juan Martitegui González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
21.562
Don Jesús Ignacio Sopelana Rodríguez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
17.303
Doña Francisca Polonio Pérez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
16.372
Doña Eloísa Cristina Vicenta Sánchez Rodríguez-Morcón
VOX
13.673
Don Diego Arderius González
VOX
9.552
Doña María Esther Rodríguez Martínez
VOX
8.905
Doña María Teresa Gloria López Alija
UNIDAS PODEMOS
8.282
Don Javier Jara García
UNIDAS PODEMOS
6.510
Don Víctor Manuel García Muñoz
UNIDAS PODEMOS
5.797
Doña María Yolanda Gallego Gómez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.637
Don José Manuel Cotrina Secas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
889
Doña Beatriz Gómez Fernández
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
638
Doña María del Carmen Paradinas Riestra
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
508
Don Anastasio Rodríguez Martín
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
255
Badajoz
Don Isidro Fernández Fernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
85.638
Doña María Teresa Tortonda Gordillo
PARTIDO POPULAR
80.176
Doña María Auxiliadora Correa Zamora
PARTIDO POPULAR
77.957
Doña María del Carmen Matos Muñoz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
67.860
Doña Antonia Fernández Blanco
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
64.607
Don Pablo Manuel Tena Guerra
VOX
45.880
Doña Salud Ángel Ramos Vergeles
UNIDAS PODEMOS
35.488
Don Juan Valor Murillo
UNIDAS PODEMOS
31.640
Don José María Morales González
UNIDAS PODEMOS
30.187
Doña Alicia Plaza Velasco
VOX
28.358
Don Antonio Pozo Pitel
VOX
26.745
Doña Rocío Carrasco Carrasco
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.802
Doña Ana Belén Souto Doval
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.320
Don Antonio Cortés Benítez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.282
Don José María Beltrán de Heredia Alonso
EXTREMEÑOS PREX CREX
2.075
Doña Manuela Cornejo Flores
EXTREMEÑOS PREX CREX
1.629
Don Mario Cano Paredes
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.365
Doña Inmaculada Martínez Calaco
EXTREMEÑOS PREX CREX
1.300
Don Ángel Álvarez Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.166
Doña Carmen Pedrero Ruiz
DEFENSA DE LO PÚBLICO
751
Don Pedro Morales Fernández
DEFENSA DE LO PÚBLICO
339
Balears (Illes): Mallorca
Don Pep Malagrava Rigo
UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES
73.961
Doña Rosa Cursach Salas
UNIDAS PODEMOS-VEUS PROGRESSISTES
73.256
Don Pedro Luis Ribas Dietrich
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
70.229
Don Miguel Ángel Ramis Socías
PARTIDO POPULAR
64.068
Doña Beatriz Medina Muñoz-Torrero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
61.718
Don Antonio Salvá Verd
VOX
46.619
Doña Manuela Cañadas Pinilla
VOX
37.798
Don Rafel Alexandre Ballester Riutort
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
15.798
Doña Juana Xamena Terrasa
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
13.891
Doña Marina Mir García
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.624
Don José Manuel Miñano Linde
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.971
Doña Irina Martínez Valero
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.914
Doña María del Carmen Rodríguez Nieto
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.303
Don Jaume Bonet Moll
VIDA I AUTONOMIA
1.231
Balears (Illes): Menorca
Doña Aurora Herráiz Águila
PARTIDO POPULAR
8.919
Doña Mae de la Concha Garcia-Mauriño
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM
7.611
Don José Manuel Morales Bosch
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
6.897
Don Eduard Riudavets Florit
MÉS PER MENORCA
4.524
Don Guillermo Juan Jusué de Olives
VOX
2.468
Doña María Elena Pérez de Gracia Jabardo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
919
Don Joaquin Ferrer Lorenzo
EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
440
Don Antonio Triay Castro
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
164
Balears (Illes): Eivissa-Formentera
Don Santiago Marí Torres
PARTIDO POPULAR
13.282
Don Mario Devis Luján
UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM
10.802
Don David Ortega Ribas
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
9.151
Don José Luis Sánchez Saliquet
VOX
5.222
Doña María de la Paloma Marqueta Tous
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.607
Don Josep Antoni Prats Serra
ARA EIVISSA I FORMENTERA
1.302
Don Vicente Juan Torres Ribas
PROPOSTA x EIVISSA
681
Doña Tania González Ambrós
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
259
Barcelona
Don Carles Martí Jufresa
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
664.402
Don Robert Masih Nahar
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTES
585.582
Doña Noelia Bail García
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
510.826
Don Lluís Puig Gordi
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
451.319
Don Joan Comorera Estarellas
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
389.641
Doña Vanessa Maxé Navarro
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
362.071
Don Martín Eusebio Barra López
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
337.735
Doña Meritxell Lluís Vall
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
293.700
Doña Carmen de Rivera Pla
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
292.274
Don Juan (Nito) Foncuberta Riba
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
266.196
Don Ignasi Roda Fàbregas
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
222.361
Don Manuel Buenaño García
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
215.018
Doña Elisabet Ortega Robles
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
170.309
Don Álvaro Benejam Peretó
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
161.195
Don Pau Font Martínez
POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ
154.235
Don Juan Carlos Segura Just
VOX
111.882
Don Alejandro Cuesta Hidalgo
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
88.719
Doña Olga Eyre Estrada
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
70.843
Doña Raquel Casviner Cañellas
VOX
70.421
Don José Antonio Martínez Tortosa
VOX
64.713
Don Ivan Guijarro Vila
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
47.461
Doña Antonina Rodrigo García
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
12.960
Don Quim Boix Lluch
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
11.786
Don Ferran Peris Serrano
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA
9.336
Don Agustín Tella Barrachina
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
5.938
Don Manuel Camuñas Gómez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
5.769
Don Miguel Candel Sanmartín
IZQUIERDA EN POSITIVO
4.955
Doña Remedios Gómez Pérez
CONVERGENTS
3.696
Bizkaia
Doña Idoia Agorria Martínez
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
129.572
Don Ignacio Rodríguez Puertas
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
124.930
Don José Antonio Martín Acosta
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
105.672
Doña Amaia Hernández Rodríguez
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
100.091
Doña Arantza Gutiérrez Paz
EUSKAL HERRIA BILDU
98.308
Don Xabier Jiménez López
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
98.163
Don Joseba Gezuraga Uribarren
EUSKAL HERRIA BILDU
92.972
Doña María Jesús (Txusa) Etxeandia Cirion
EUSKAL HERRIA BILDU
91.512
Doña Raquel González Díez-Andino
PARTIDO POPULAR
55.820
Don Jazael Martínez Esteban
PARTIDO POPULAR
48.733
Doña María Carmen Sánchez Sequeros
PARTIDO POPULAR
47.812
Don Arman Basurto Barrio
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
21.557
Doña María Pérez Fernández
VOX
15.941
Doña Marta Rebeca Acha Pajares
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
15.408
Don Santiago Orozco García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
14.120
Don Luis Ángel de Grandes Vargas
VOX
10.284
Don Javier Arrieta Martín
VOX
9.810
Doña Blanca Amelia Rodríguez Crespo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
9.182
Doña Miren Andone Requejo Rodríguez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.248
Don Alejandro Ferrer Cabello
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.107
Don Pablo Setién Pascual
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.186
Doña María Soraya Urrutia Santos
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.893
Don Francisco Javier Zazpe Nicuesa
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.805
Doña María Pilar Vivar Ramos
PARTIDO DE ACCIÓN SOLIDARIA EUROPEA
1.314
Burgos
Doña Cristina Ayala Santamaría
PARTIDO POPULAR
55.996
Don Salvador de Foronda Vaquero
PARTIDO POPULAR
53.909
Don Julián Ruiz Navazo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
48.337
Don Jesús Moreno Revilla
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
38.007
Doña Cristina Hermosilla Álvarez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
37.385
Doña Laura del Pozo Abejón
UNIDAS PODEMOS
27.648
Doña Beatriz Delgado Sainz
VOX
24.252
Don Guillermo Ubieto López
UNIDAS PODEMOS
22.998
Doña Mirta Stella Cajamarca Páez
UNIDAS PODEMOS
21.174
Don Christian Santiago Orduña
VOX
15.920
Doña Noemi Pilar Cámara Felipe
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.254
Don José Luis Dolz Fernández
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.263
Doña Ana Beatriz Asensio Hidalgo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.229
Don Domingo Hernández Araico
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
2.229
Don Alejandro Represa Martín
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.867
Cáceres
Don Diego Sánchez Duque
PARTIDO POPULAR
54.621
Doña María Felisa Cepeda Bravo
PARTIDO POPULAR
53.749
Don José Antonio Villa Cortés
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
48.529
Doña María Francisca García Díaz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
37.510
Don David Redondo Iglesias
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
35.356
Doña Encarnación Solís Trejo
VOX
27.315
Doña María del Carmen Muñoz Donoso
UNIDAS PODEMOS
23.667
Doña María Victoria Mata Moreno
UNIDAS PODEMOS
21.395
Don Gonzalo Ramos Mateos
UNIDAS PODEMOS
19.376
Don José Manuel Menéndez-Manjón Cueto
VOX
16.837
Don Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara
VOX
15.977
Doña Ana Chaves Martínez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.563
Don José Julio Tiemblo Pérez
EXTREMEÑOS PREX CREX
3.416
Doña Ana María de la Ascensión Sánchez López
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.075
Don Ignacio José Bermúdez de Castro Navarro
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.050
Don Ricardo Hurtado Piris
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.427
Cádiz
Don José Ignacio Landaluce Calleja
PARTIDO POPULAR
129.333
Doña María Regla Moreno Gómez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
112.348
Don Antonio Díaz Aznar
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
101.983
Don Anton Gilen Haidl Dietlmeier
UNIDAS PODEMOS
100.870
Doña Rocío Ramírez Montañez
UNIDAS PODEMOS
98.084
Doña María José de Alba Castiñeira
PARTIDO POPULAR
97.967
Don Rafael Jesús Lara Batllería
UNIDAS PODEMOS
95.009
Don Domingo Jesús González Gil
PARTIDO POPULAR
90.511
Don Carlos José Zambrano García-Ráez
VOX
89.630
Doña Ana María Ros Domínguez
VOX
61.953
Don Jesús María Grandes-Melgarejo Osborne
VOX
57.165
Doña María Isabel de Montalbán Podadera
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
19.189
Doña Almudena Calzada Pérez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
13.274
Don Marcelino Laínez de los Reyes
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
12.879
Don Antonio Acosta Fernández
ANDALUCÍA POR SÍ
8.398
Don Manuel Serrano Martín
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
5.137
Don Fermín Fernández Lombao
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
2.740
Cantabria
Doña Ana María Madrazo Díaz
PARTIDO POPULAR
75.860
Don Rafael Gutiérrez Suárez
PARTIDO POPULAR
72.668
Doña Ruth Pérez Higuera
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
63.597
Doña María Rosa Valdés Huidobro
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
56.177
Don Francisco Javier Gómez Blanco
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
50.598
Doña María Teresa Noceda Llano
PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA
48.973
Don Agustín Alberto Prieto Espuñes
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
45.760
Doña Blanca Rosa Saro Arce
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
44.296
Don José Joaquín Bengochea Seco
VOX
43.469
Don Rodrigo Romero Jiménez
UNIDAS PODEMOS
32.371
Don Pablo Ángel González de la Riva
UNIDAS PODEMOS
29.280
Doña María Rosario Quintana Pantaleón
UNIDAS PODEMOS
28.858
Don Eufronio de los Ríos Sarabia
VOX
26.747
Doña Eulalia García Barbero
VOX
25.685
Doña Elena Esperanza Bonhome Herreros
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.296
Don Jesús Fernández Escobar
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.309
Doña Raquel López Carrasco
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.193
Doña María López Revuelta
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
1.168
Don José Jaime Gómez García
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
858
Don Arturo Limón Fernández
ESCAÑOS EN BLANCO
770
Doña Montserrat Barrio López
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
682
Doña María Pilar Artigas Manero
ESCAÑOS EN BLANCO
611
Don Alejandro Ruiz Benito
PARTIDO LIBERTARIO
390
Castellón/Castelló
Don Luís Gandía Querol
PARTIDO POPULAR
64.569
Don Vicente Martínez Mus
PARTIDO POPULAR
62.662
Don Francisco José Vicent Melchor
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
48.177
Don Luis Andrés Cisneros
VOX
39.440
Don Carlos Monsonis Adsuara
UNIDAS PODEMOS
37.285
Doña Mari Cielo Leiros Otero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
34.987
Doña María Luisa Martí Canseco
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
32.829
Doña Salomé Agudo López
UNIDAS PODEMOS
31.631
Don Francisco Porcar Rebollar
UNIDAS PODEMOS
31.370
Don José Aymerich Miralles
VOX
27.065
Doña Ana Belén Vázquez Hernández
VOX
26.979
Don Jordi Navarrete Pla
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
23.271
Doña Empar Carceller Centelles
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
17.472
Don Carlos Javier Vidaurre Garayo
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
17.062
Doña Natalia Giner Montañés
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.021
Doña Lorena Velasco Andrés
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.957
Don Ricardo Sancho Arnau
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.203
Don Francesc Manuel Puchol Querol
ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ
1.809
Doña María Rosa Romero Alemany
AVANT ADELANTE LOS VERDES
1.081
Don Kevin Álvarez Cuesta
PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA
773
Doña Rosa M.ª Lentini Chao
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
656
Don Manuel Martin Villegas
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
638
Doña Carla López Gallego
PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA
559
Don Juan Amoros Mezquita
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
524
Don Antonio Tapia Cañamero
AVANT ADELANTE LOS VERDES
470
Doña María del Rosario Mataix Vivancos
AVANT ADELANTE LOS VERDES
455
Don Alejandro Fas Recatalá
PARTIT COMUNISTA DELS POBLES D’ESPANYA
389
Don Ricardo Cano Gaviria
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
233
Ciudad Real
Don Carlos Manuel Cotillas López
PARTIDO POPULAR
72.138
Don Miguel Ángel Valverde Menchero
PARTIDO POPULAR
70.912
Don Rafael López Sánchez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
50.705
Doña María Victoria Díaz-Patón Porras
VOX
40.885
Doña Virginia Espinosa Gallego
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
36.458
Don Genaro Galán García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
32.416
Don Carlos Fernández Ayala
VOX
26.324
Don Alejandro Becerra Rubio
UNIDAS PODEMOS
25.167
Don Alberto Arenas Valencia
VOX
24.783
Don Luis Benítez de Lugo Enrich
UNIDAS PODEMOS
22.087
Doña Argelia Hernández Llorente
UNIDAS PODEMOS
21.900
Doña Pilar Gallego Bernal
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.058
Doña Cristina Llorente Prieto
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.979
Don Eric Martínez Marine
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.943
Don Alejandro Cerro de Lara
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
1.574
Córdoba
Doña Isabel Cabezas Regaño
PARTIDO POPULAR
89.808
Don Bartolomé Madrid Olmo
PARTIDO POPULAR
84.706
Don Isidoro García-Escribano Acedo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
80.147
Don Manuel Baena Cobos
UNIDAS PODEMOS
64.231
Doña Noemi Martínez Jiménez
UNIDAS PODEMOS
62.252
Don Manuel Ángel González Molina
VOX
59.392
Doña Marina Ruíz Gutiérrez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
58.579
Don Francisco Antonio Molina Varona
UNIDAS PODEMOS
56.027
Don Rafael Bermejo Pastor
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
52.277
Doña María Francisca Osuna Moliz
VOX
36.402
Doña María Luisa Díaz Sánchez-Diezma
VOX
34.222
Doña Ana María Cuevas Ángeles
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
8.424
Don Manuel de Toro Costa
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.324
Doña Ana Isabel Rubio Ramírez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.148
Doña Rosario Vázquez Hidalgo
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
2.364
Doña María del Mar Díaz Polonio
ESCAÑOS EN BLANCO
1.557
Don Rafael Alfonso Gómez Aguilar
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.484
Don Óscar Ramírez Calvo
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.440
Don Francisco Infante Lisarte
ESCAÑOS EN BLANCO
976
Doña Carmen María Valderrama Crespo
ESCAÑOS EN BLANCO
899
Coruña (A)
Don Juan Manuel Juncal Rodríguez
PARTIDO POPULAR
172.132
Doña Verónica María Casal Míguez
PARTIDO POPULAR
170.800
Doña Cristina Laya Miguélez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
91.802
Doña María del Carmen Mahía Vázquez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
78.809
Doña Carmen Armada Martínez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
76.079
Don Santiago Eloy Díaz Gómez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
68.710
Don Miguel Ángel Reviejo Ares
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
64.563
Doña María Tereixa dos Anxos Novo Arrojo
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
63.973
Don Gónzalo Iglesias López
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
61.516
Doña Laura Tato Fontaiña
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
49.564
Don Xosé Deira Triñanes
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
44.654
Don Francisco Javier Somoza Vales
VOX
33.504
Doña Isabel Eguillor Montero
VOX
24.504
Doña María Nieves Coloma Sánchez
VOX
23.254
Doña María Dolores Candedo Gunturiz
EN MAREA
15.418
Doña Ana Isabel Vázquez Santos
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
14.016
Don Adrián Abuín Pose
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
8.522
Doña Lydia Cembellín Martín
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.935
Don Xosé Manuel Pérez Sardiña
EN MAREA
7.535
Doña Eva López Soto
EN MAREA
7.210
Doña Raquel Pillado Rey
COMPROMISO POR GALICIA
3.941
Don José Manuel Valiño Vázquez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.900
Don Alfonso Martínez Merlán
PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA
2.407
Cuenca
Don Carlos Alberto Algaba Soler
PARTIDO POPULAR
33.351
Doña María Pilar Martínez Peñarrubia
PARTIDO POPULAR
32.461
Don Jaime Saiz Leal
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
18.138
Don Carlos Riquelme Ramos
VOX
17.299
Doña Ana María Romero García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
11.761
Doña Laura Galán Rodríguez
VOX
11.014
Don Augusto Mesas García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
10.212
Doña Beatriz Martínez Valencoso
UNIDAS PODEMOS
9.760
Doña Ana María Navarrete Tudela
UNIDAS PODEMOS
8.555
Don Marcelino Olivas Martínez
UNIDAS PODEMOS
8.002
Doña Marta Serrano Díaz de Otálora
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.565
Doña Alicia San Antonio López de la Manzanara
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.111
Don Jaime Torres Rubinat
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
905
Don Mario Martínez Belmar
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
433
Don Fernando Muñoz García
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
417
Don Ángel Granados Llamas
PARTIDO LIBERTARIO
176
Gipuzkoa
Doña Olaia Duarte López
EUSKAL HERRIA BILDU
97.381
Don Aitor Ibero Urbieta
EUSKAL HERRIA BILDU
94.375
Doña Maria Arrate (Miren) Gallastegui Oyarzabal
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
76.043
Don Lucio Hernando Albistegui
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
70.989
Doña María Jesus Egido Moreno
PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
70.378
Don Javier Ezkerekotza Pajares
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
59.381
Doña Nagore Basurto Escamilla
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
57.987
Doña Amaia Pérez Bravo
ELKARREKIN PODEMOS-UNIDAS PODEMOS
53.481
Don Alejandro Sáenz Muriel
PARTIDO POPULAR
24.018
Doña Cristina García Salinas
PARTIDO POPULAR
21.048
Don Jacobo Caparrós Ruipérez
PARTIDO POPULAR
19.653
Doña Rocío Galiana Naranjo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
12.142
Don Javier Ignacio Estévez Videira
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
8.720
Doña Naomi Peña Fonseca
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
7.983
Don Carlos María Bel Clerico
VOX
7.211
Doña María Pilar Julia Otegui Serrano
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.923
Doña Haizea Cañadas Almazán
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.610
Don Juan Manuel Hernández Lallement
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.220
Don Jakes Iñarra Lasagabaster
EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI
1.556
Don Jordi Martínez Rigol
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.414
Doña María Rosario Elcuaz Viscarret
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.148
Don Luis García Molina
ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK
1.047
Doña María Cruz Pascual Sánchez
ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK
777
Don Luis María Ormaetxea Santsiñena
ESCAÑOS EN BLANCO-AULKI ZURIAK
699
Girona
Don Josep Maria Cervera i Pinart
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
83.477
Doña Laura Karina Corsunsky i Zeitune
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
75.997
Don Ferran Camas Roda
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
61.285
Doña María Josefa (Pepa) Celaya Armisen
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
57.576
Don Xavier Rangel Martínez
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
55.278
Doña Gemma Triedo Salvador
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
36.118
Doña Marta Domènech Gràcia
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
28.806
Don Bernat Doria i Fornells
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
27.961
Don Wilder Alfonso Palacio Pineda
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
24.075
Doña Nagore García Pintado
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
23.351
Doña María Paz García Moreno
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
21.688
Doña María Ángeles Olmedo Delestal
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
19.262
Don Paulino Gracia Montañez
POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ
17.370
Doña Elisabet Cortés López
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
14.841
Don Jonatan Muela Pajares
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR
13.937
Don José Luis Rodríguez Ruíz
VOX
11.581
Doña M. Pilar Ferràndiz Jordà
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
9.750
Doña Isabel Ramos Sierpes
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
6.185
Don Luis Pradas Amat
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL
4.649
Don Esteve Huguet Pardo
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
1.623
Don Francesc Sergio Ibáñez Laffort
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.248
Doña Dolores Masarre de Goicoechea
PER UN MÓN MÉS JUST
791
Don Jesús Osorio Hernández
IZQUIERDA EN POSITIVO
705
Don Jordi Domènech Llaneza
CONVERGENTS
326
Granada
Don Fernando Serrano González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
106.945
Don Mariano García Castillo
PARTIDO POPULAR
91.191
Doña Celia Santiago Buendía
PARTIDO POPULAR
89.357
Doña María Amparo Siles Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
79.173
Don José Gómez García
VOX
78.349
Don Luis Eugenio Pertíñez Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
72.196
Don Manuel Morales García
UNIDAS PODEMOS
66.534
Doña Francisca Sánchez Alias
UNIDAS PODEMOS
60.866
Don José Ismael Criado Aguilera
UNIDAS PODEMOS
60.181
Doña Paloma Gómez Enríquez
VOX
50.107
Don Rafael Morenate Sánchez
VOX
45.998
Doña Elena María Mayorga Pérez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.025
Don Rubén Cañadas Salas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.780
Doña María Elena Gutiérrez Cortacero
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.690
Doña María Paz Cobo González
PARTIDO DE JUBILADOS POR EL FUTURO. DIGNIDAD Y DEMOCRACIA
2.918
Doña Celia Principal López
ANDALUCÍA POR SÍ
1.955
Don Luis Antonio Rodríguez Huertas
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.803
Don Juan Antonio Ortiz López
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.744
Doña María Nieves Mesa Rodríguez
PARTIDO DE JUBILADOS POR EL FUTURO. DIGNIDAD Y DEMOCRACIA
1.631
Doña Kim Joaquina Pérez Fernández-Fígares
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.458
Don Antonio Francisco Buendía López
PARTIDO DE JUBILADOS POR EL FUTURO. DIGNIDAD Y DEMOCRACIA
1.356
Don Esteban Leyva Cortés
ANDALUCÍA POR SÍ
1.016
Doña Carmen López Díaz
ANDALUCÍA POR SÍ
980
Guadalajara
Don Felipe Oliva Encabo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
31.985
Don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco
PARTIDO POPULAR
28.167
Doña Ana María González García
PARTIDO POPULAR
27.341
Don Gustavo Aguado Alonso
VOX
25.087
Doña Lidia Diana Rodríguez Morán
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
22.981
Don Daniel de la Orden Alcocer
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
20.920
Doña Milagros Ruiz-Roso Martín-Moyano
UNIDAS PODEMOS
17.598
Doña María Genoveva Bueno Bagase
UNIDAS PODEMOS
15.662
Don Juan González-Perabá Miralles
VOX
15.637
Doña María José Agudo Calvo
VOX
14.937
Don Nicolás Santamaría Gómez
UNIDAS PODEMOS
14.143
Doña Ainhoa Pérez López
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.324
Don Manuel Carnero Chamón
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.040
Doña Laura Liñán Gómez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.987
Don Julio Peco Sigüenza
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
970
Doña María Pilar Nasarre de Goicoechea
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
746
Huelva
Doña María Ponce Gallardo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
45.567
Don Francisco Javier González Pérez
PARTIDO POPULAR
45.122
Doña María Dolores Vázquez Muñoz
PARTIDO POPULAR
44.010
Don Carlos Bermejo Martíns
VOX
34.870
Don Luis Alberto Zambrano Arenas
UNIDAS PODEMOS
31.882
Don Juan de Dios Martín Tocino
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
30.786
Doña María del Carmen Valera Mora
UNIDAS PODEMOS
30.550
Doña Tamara Vargas Jiménez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
28.597
Don José Gómez Galván
UNIDAS PODEMOS
26.669
Doña María del Carmen Córdoba Pallarés
VOX
22.440
Doña Rosario Toro Faustino
VOX
20.740
Don Juan Sebastián Gómez Mejía
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.878
Doña Rosa María Jiménez Toledo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.441
Doña Adelina Gago Casal
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.519
Don José Ángel Brizo Álvarez
ANDALUCÍA POR SÍ
1.534
Doña María Dolores Márquez Jaramillo
ANDALUCÍA POR SÍ
1.184
Don Mario Alberto Delgado Jiménez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.054
Don Gregorio Bermejo Sánchez
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
915
Don Demetrio Luna Cordero
ANDALUCÍA POR SÍ
816
Huesca
Don José Miguel Burillo Julián
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
28.799
Doña María Blanca Puyuelo del Val
PARTIDO POPULAR
26.176
Don Antonio Comps Encuentra
PARTIDO POPULAR
23.380
Doña Paula Martínez-Guisasola Cornago
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
20.352
Don David Jorge Betrián Villas
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
18.079
Don Chorche Paniello Puig
UNIDAS PODEMOS-ALTOARAGÓN EN COMÚN
16.796
Don Fermín Civiac LLop
VOX
16.050
Doña Alceste Pedrocchi Betrán
UNIDAS PODEMOS-ALTOARAGÓN EN COMÚN
13.940
Don Daniel Isábal Rami
UNIDAS PODEMOS-ALTOARAGÓN EN COMÚN
12.847
Doña María Pilar Magén Gracia
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.653
Don Ignacio Barreras Bernad
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.361
Doña Lara Pilar Valero Ondiviela
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.356
Don Rubén Andrés Gil
ESCAÑOS EN BLANCO
1.223
Doña Rosa María Martín Bartolomé
ESCAÑOS EN BLANCO
943
Don Francisco Javier Guiu Benito
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
836
Don Pablo Herranz Burillo
ESCAÑOS EN BLANCO
782
Don Luis Ladislao Izquierdo Pradilla
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
729
Doña Francisca Payero Soto
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
662
Don Alejandro Nasarre Piqué
PUYALON
574
Don José María Abad Torres
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
360
Doña Silvia Susana Lozano Renieblas
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
207
Don Carlos Luis Peropadre Torres
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
151
Jaén
Doña Ángeles Isac García
PARTIDO POPULAR
78.202
Don Fernando Casado Martínez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
74.972
Don Juan Morillo García
PARTIDO POPULAR
69.248
Doña Rosel Jiménez Ruiz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
55.050
Don Miguel Ángel Carmona Carmona
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
51.263
Don Alfonso Jesús Bayona Gómez
VOX
51.098
Don Antonio Machado Villacañas
UNIDAS PODEMOS
38.471
Doña Carmen Lechuga Viedma
UNIDAS PODEMOS
35.757
Don Francisco David Anguita Arance
UNIDAS PODEMOS
34.826
Doña Sonia Collado Oropesa
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.576
Doña Rosa Garrido Serrano
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.245
Don Manuel Poblete Tamara
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.850
Don Luis Ortiz Fernández
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS
1.522
Doña Teresa Recena González
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.128
Doña Marta Chinchilla García
CIUDADANOS INDEPENDIENTES DE LINARES UNIDOS
1.060
Don Juan de Dios Ortega López
ANDALUCÍA POR SÍ
899
Doña Montserrat Malo de Molina Fernández de Cordova
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
855
Doña Ana María Ramos Martínez
ANDALUCÍA POR SÍ
603
Don Antonio Navas Molina (Tonini)
PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ
590
Doña Rita María Dolores Santaella Ruiz
PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ
364
Don Tomás Francisco Portero Pérez
ANDALUCÍA POR SÍ
312
Don Antonio Ángel Pérez Rodríguez
PARTIDO REPUBLICANO INDEPENDIENTE SOLIDARIO ANDALUZ
235
Doña Alma María Valero Almagro
ANDALUCÍA POR SÍ
183
León
Doña Ester Muñoz de la Iglesia
PARTIDO POPULAR
68.500
Don Alfonso Arias Balboa
PARTIDO POPULAR
66.076
Doña María del Mar Ordóñez Álvarez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
60.018
Don Luis Carlos Fernández Tejerina
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
44.008
Don Francisco Javier Panizo García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
42.336
Don Jaime Martínez Cadórniga
VOX
34.242
Don Pabel Enrique Albán Ramírez
UNIDAS PODEMOS
31.134
Don Javier Arias Blanco
UNIDAS PODEMOS
28.199
Doña Tamara Sánchez Carrera
UNIDAS PODEMOS
28.090
Doña María Virginia Saénz de Miera Jaén
VOX
20.337
Doña Elena Merino Urbón
VOX
18.996
Doña Catalina Antúnez García
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
4.663
Doña María Natividad Franco Natal
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.517
Don Jesús Fernández Villar
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
2.893
Doña Rosa Ana Escudero Martínez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.751
Don Fernando Rodrigo López
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.703
Don Manuel Matilla Pérez
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
2.436
Doña Paloma María Ortiz del Río
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.050
Don Alberto Sánchez Oveja
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
756
Don Tomás Franciso Arconada Villar
UNIÓN REGIONALISTA
464
Lleida
Doña Cristina Simó Andreu
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
44.205
Don Jordi Murgó Ambou
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
39.788
Don Victor Orrit Ambrosio
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
35.679
Doña Montserrat Parra Albà
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
34.336
Doña Pasión Gador Romero García
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
32.320
Doña Cristina Daza Requena
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
19.453
Doña Mercè Agustí Parareda
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
18.458
Don Francisco de Urquia Comas
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
16.376
Don Juan Felipe Córdoba Ortega
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
15.751
Doña Blanca Rubio Aner
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
14.033
Don Miguel Angel Balao García
PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR
13.105
Don Lluc Capacete Gallardo
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
12.380
Doña Gemma Batalla Casanovas
PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR
10.973
Don José Reñé Porté
PARTIT POPULAR-PARTIDO POPULAR
10.689
Don Carlos González Iglesias
POBLE LLIURE-SOM ALTERNATIVA-PIRATES DE CATALUNYA: FRONT REPUBLICÀ
8.293
Don Antonio Ramón López Gómez
VOX
6.353
Don Ramón Monfá Herreros
VOX
4.127
Doña Judith Sarrablo Roure
VOX
4.067
Don Francisco Javier Martí Vallés
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.385
Doña Maria Rosa Blasco Prim
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.843
Don Iker García Alonso
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.981
Don Francesc Xavier García i Llop
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
752
Don José Fernando Hernández Marín
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
503
Don Emiliano Rapaport Escardo
PER UN MÓN MÉS JUST
497
Doña Yolanda Gran Peruga
IZQUIERDA EN POSITIVO
326
Lugo
Doña María del Pilar García Porto
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
61.081
Don José Luis Raposo Magdalena
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
58.521
Doña Nery Díaz Prieto
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
18.194
Doña Carmen María Fernández Alarcón
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
15.093
Don Víctor González García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
14.177
Doña María Pilar Prieto Pita
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
13.776
Don Luis Manuel Daporta Rodríguez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
13.564
Don José Ramón Fernández Yáñez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
10.954
Doña Mercedes Marcos Fernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
10.769
Don Cosme Eladio Pombo Rodríguez
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
9.957
Don Antonio Miguel Gálvez García
VOX
9.361
Don Cecilia Diéguez Fociños
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
8.968
Don Víctor Miguel López Quiñoá
VOX
7.357
Doña Noelia Rabanal González
VOX
7.092
Doña María Victoria Esteban Riesco
EN MAREA
3.658
Don Alberto José Franco Barrera
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.827
Doña Cecilia Medina López-Lucendo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.356
Don Manuel Germade Mayo
EN MAREA
1.885
Doña María Emma Rodríguez Blanco
EN MAREA
1.787
Don Juan Antonio Sánchez Conesa
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.635
Don Saúl Sánchez Freire
COMPROMISO POR GALICIA
923
Don Daniel López García
PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA
479
Don Jesús Puga Fraga
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
474
Don Florentino Piñeiro Vázquez
CONVERXENCIA 21
234
Madrid
Doña Silvia Buabent Vallejo
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
955.039
Don Juan Carlos Vera Pró
PARTIDO POPULAR
695.474
Doña Ángeles Pedraza Portero
PARTIDO POPULAR
669.945
Don Juan Luis Cano Perucha
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
637.009
Doña María del Carmen Gutiérrez Moreno
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
629.457
Doña Ana María Martínez Arenaza Muñoz
UNIDAS PODEMOS
625.598
Don José María Marco Tobarra
VOX
610.601
Doña María Carmen Barrios Corredera
UNIDAS PODEMOS
555.861
Don José Blanco Martos
UNIDAS PODEMOS
495.847
Don Carlos Bustelo García del Real
VOX
310.453
Doña Margarita de la Pisa Carrión
VOX
294.595
Doña Ana Belén Martín Rojo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
111.211
Don Jaime Fernández Garrido
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
63.804
Doña Margarita Morales Sarabia
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
60.995
Don Jorge Serrano Paradinas
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
18.250
Don Fernando Colomo Gómez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
18.106
Doña Violeta Cabal Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
12.085
Doña Gloria López López
PARTIDO HUMANISTA
11.359
Don José Ramón Lobo Rico
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
7.142
Don Arturo Viloria Fuentes
PARTIDO HUMANISTA
3.668
Doña María Luisa Gabaldón Maroto
PARTIDO HUMANISTA
3.489
Don Juan Francisco Cerrada Cerrada
PARTIDO HUMANISTA
1.095
Málaga
Don Andrés Ruiz León
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
176.280
Don Laura Moreno Incio
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
138.271
Don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez
PARTIDO POPULAR
137.709
Don Manuel Marmolejo Setién
PARTIDO POPULAR
131.051
Don José Luis Bernabé López de Cózar
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
123.784
Don Pablo Fernando Sáenz de Tejada Ariza
VOX
114.288
Doña Aydé Salomón Ganado
UNIDAS PODEMOS
111.095
Don Ernesto Alba Aragón
UNIDAS PODEMOS
99.611
Don Francisco López Baena
UNIDAS PODEMOS
94.390
Don José Carlos Pallarés Muñoz
VOX
72.244
Doña María Sánchez Jiménez
VOX
70.064
Doña Cristina García Salazar
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
24.965
Don Vicente Manuel Corrales Rosado
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
14.924
Doña Cristina Falkenberg Ambrosio
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
14.585
Doña María Gloria Fernández Ruiz
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
8.643
Don Francisco José Rodríguez Marín
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
4.280
Don José Manuel Moreno Rodríguez
ANDALUCÍA POR SÍ
4.203
Doña Susana Llamas González
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
3.442
Don Nicolás Gemio Ruiz
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
3.376
Don Rafael Núñez Ruiz
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.467
Murcia
Doña María Consolación Vicente Sandoval
PARTIDO POPULAR
179.735
Doña Emilio Martínez Martínez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
175.637
Don Pablo Ruiz Palacios
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
159.872
Don José Manuel Marín Gascón
VOX
137.176
Doña María Raquel Cancela Fernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
134.333
Don Francisco José Caparrós Fernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
125.454
Doña María Isabel García Lorenzo
VOX
111.333
Don Francisco Martínez Ortega
VOX
105.920
Doña María Belén Fernández Palazón
UNIDAS PODEMOS
79.298
Doña María Trinidad Espinosa Mira
UNIDAS PODEMOS
68.793
Don José Ibarra Bastida
UNIDAS PODEMOS
62.258
Doña Eva García Pinar
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
18.723
Don Eduardo Konrad López Orenes
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
10.977
Doña Gloria Cristina Morales Conde
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
10.548
Doña María Pilar García Santos
SOMOS REGIÓN
9.732
Don Jesús Macanás Sánchez
SOMOS REGIÓN
6.457
Don Jesús Rodríguez Madrid
SOMOS REGIÓN
5.502
Don Carlos Enrique Marín Bernal
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
3.088
Doña María Isabel Requena Ruiz
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
2.599
Don Guillermo García Botía
IZQUIERDA EN POSITIVO
1.537
Don José García Gil
DEMOCRACIA PLURAL
612
Doña Diana Muñoz Pérez
DEMOCRACIA PLURAL
467
Don Segundo Humberto Álvarez Pillaga
DEMOCRACIA PLURAL
351
Navarra
Doña Susana Castanera Gómez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
105.056
Don Emilio Cigudosa García
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
98.740
Don Ricardo Feliu Martínez
CAMBIO ALDAKETA
98.555
Don Arturo Goldaracena Asa
CAMBIO ALDAKETA
95.504
Doña Ana Luján Martínez
CAMBIO ALDAKETA
94.888
Don Luis María Pezonaga Pérez
VOX
17.416
Doña Helena Garrués Iñigo
VOX
13.574
Don Fermín Carlos Rosas Vilar
VOX
12.263
Doña Yobana María Martínez Cunchillos
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.766
Don Adrián Latorre Mozota
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
8.022
Don Juan Carlos Villar Moreno
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.940
Doña María Paulina del Moral Ancho
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.585
Don Josu Lasanta Izaguirre
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
5.978
Ourense
Doña Marina Tallón Núñez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
56.903
Don José Antonio Pérez Domínguez
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE
54.157
Doña Montserrat Lama Novoa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
17.079
Don A. Víctor Ferreiro Outomuro
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
15.536
Doña Celsa Ferreiro Varela
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
13.603
Don Luis Garayzabal Pedrosa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
12.974
Don Ignacio Juan Martín Amaro
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
12.263
Don Manuel Nogueira Pérez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
11.540
Doña Gloria María Viana Rivera
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
11.470
Don Xosé Lois González Vázquez (O Carrabouxo)
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
10.389
Doña María Cristina Bravo Bosch
VOX
9.278
Don Roberto Quiroga López
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
7.766
Don Amador Rego Villar Amor
VOX
6.974
Don Julio Rodríguez Garrido
VOX
6.515
Don Millán Brea Castro
EN MAREA
4.845
Don Rubén Bermejo Cañas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.075
Doña Ana García Earley
EN MAREA
2.866
Doña Raquel García Cortezón
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.507
Don Jorge Lorenzo Vila
EN MAREA
2.278
Don Borja Samper Alonso
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.717
Don Antonio Manuel Iglesias Fernández
COMPROMISO POR GALICIA
910
Don Enrique Rodríguez Portabales
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
608
Doña Celia Rodríguez Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
571
Don José Jesús Ramos Martínez
PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA
442
Palencia
Doña Gema Sanfélix Boubeta
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
31.034
Doña María del Carmen Fernández Caballero
PARTIDO POPULAR
30.876
Doña Elena León Hernández
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
18.877
Don Juan José Espegel Morte
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
14.804
Don Manuel Vicente Gómez Sanz
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
14.012
Don José María Nieto Vigil
VOX
11.680
Don Luis Álvaro Villoldo Pelayo
UNIDAS PODEMOS
9.318
Doña Rosa María Rebolledo Manuel
UNIDAS PODEMOS
8.634
Don Luis Javier Zurro Hernández
VOX
8.132
Doña Sandra Valverde García
VOX
7.909
Don Eduardo Velázquez Martín
UNIDAS PODEMOS
7.596
Doña Miriam Serrano Vilches
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.598
Don Agustín Hernández Araújo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
908
Doña María Raquel Ochoa Torres
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
830
Don Manuel Ontañón Carrera
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
477
Don Julio César de Alaiz Martínez
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
294
Palmas (Las): Gran Canaria
Doña Rosa Faustina Viera Fernández
PARTIDO POPULAR
73.212
Doña Ylenia Pulido González
UNIDAS PODEMOS
54.657
Don Joaquín Alberto Cáceres Moreno
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
53.499
Doña Alicia Esther Díaz Álamo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
44.401
Doña Laura Saz Almazan
UNIDAS PODEMOS
42.161
Doña María José López Santana
NUEVA CANARIAS
39.429
Don Heriberto José Dávila Ojeda
NUEVA CANARIAS
32.968
Don Francisco Gaspar Candil González
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
28.259
Doña María Ángeles Batista Perdomo
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
27.390
Don Nicasio Jesús Galván Sasia
VOX
26.366
Doña María Vázquez González
VOX
21.950
Don Carlos Carmelo Reyes Lima
UNIDAS PODEMOS
11.739
Doña Raquel Díaz Santana
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
10.634
Don Daniel Romero Vecino
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.826
Don Abisai Melián Ramírez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.428
Doña Luz Carmen Rodríguez Gangura
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
1.411
Doña Laura Rodríguez Álvarez
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.311
Doña Paula Arguedas Gaspar
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.285
Don Juan Tomás Perdomo Moreno
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
1.006
Don Javier Delgado Pérez
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO
832
Doña Judit Duque Suárez
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO
663
Don Luis Bodoque Gómez
PARTIDO HUMANISTA
581
Doña María de los Dolores Blanco López
PARTIDO HUMANISTA
455
Palmas (Las): Lanzarote
Don Luis Celestino Arráez Guadalupe
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
9.838
Don Remigio Joel Delgado Cáceres
PARTIDO POPULAR
9.463
Don Jorge Miguel Peñas Lozano
UNIDAS PODEMOS
8.252
Doña Noemí del Pino Ramírez Rodríguez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
4.641
Don Fernando Bermejo Reales
VOX
3.139
Don Yone Xarach Caraballo Medina
NUEVA CANARIAS
2.205
Doña Bárbara Fernández Granda
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.167
Don Laureano Álvarez Delgado
UNIDOS POR LANZAROTE
456
Doña Nuria Esther Cedrés Perdomo
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
181
Doña Concepción Jiménez Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
153
Doña Francisca Carmen Sánchez Mácias
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
67
Palmas (Las): Fuerteventura
Doña Edilia Rosa Pérez Guerra
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
6.394
Doña Jessica de León Verdugo
PARTIDO POPULAR
6.120
Doña María Rodríguez Figueroa
UNIDAS PODEMOS
5.448
Don Óscar Cancela Romero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
2.946
Don Francisco Sánchez Fernández
VOX
2.783
Don Domingo González Arroyo
GANA FUERTEVENTURA
2.275
Don David Manuel Perdomo Guerra
NUEVA CANARIAS
2.255
Doña María de los Ángeles Encabo López
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
694
Don Alberto Dolcet Pérez
PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN
135
Doña Elena Nasima Santana Salsouli
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
121
Don José Manuel Vázquez Rodríguez
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
93
Doña María del Carmen Talavera Quevedo
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO
77
Pontevedra
Doña Pilar Rojo Noguera
PARTIDO POPULAR
147.397
Don Salvador González Solla
PARTIDO POPULAR
142.780
Doña María Vanessa Angustía Gómez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
90.362
Doña Marta Díaz Marcos
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
78.146
Don Óscar González Álvarez
EN COMÚN-UNIDAS PODEMOS
69.637
Doña María Elena Posada Gutiérrez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
54.382
Don André Vidal Capón
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
46.440
Don Gregorio Revenga Portela
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
41.737
Don Luis Miguel Pérez Lamas
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
39.574
Doña Cecilia Pérez Orge
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
38.934
Don Segundo González González
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
31.958
Doña María de los Ángeles Romero Tirado
VOX
25.078
Don Carlos Rodríguez Luis
VOX
18.297
Don Javier Figalgo Iglesias
VOX
17.410
Doña María del Carmen Camiña Vázquez (Mari)
EN MAREA
13.536
Don Alberto Ivo de Salazar Viñas
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.507
Doña Iria Montenegro García
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
10.649
Doña Silvia Díaz Iglesias
EN MAREA
7.989
Don Francisco Antonio González-Moro Rodríguez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.036
Don Xulio Villanueva González
EN MAREA
6.839
Don Daniel Lago Leirós
COMPROMISO POR GALICIA
2.881
Don José Carlos Vázquez González
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.487
Don José Feliciano Gallego López
PARTIDO COMUNISTA DOS TRABALLADORES DE GALIZA
1.959
Don David Troncoso Casal
ESCANOS EN BRANCO
1.876
Rioja (La)
Don Javier Merino Martínez
PARTIDO POPULAR
46.910
Doña Rosa Ortega Martínez
PARTIDO POPULAR
45.726
Doña Irene de Juan González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
35.022
Doña Cristina Moreno Martínez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
27.611
Don José Javier Garijo Sánchez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
26.166
Don Diego Mendiola García
UNIDAS PODEMOS
19.696
Doña Miriam González Blanco
UNIDAS PODEMOS
18.431
Doña Silvia Garrido Rivas
VOX
17.633
Don Raúl Pérez Núñez
UNIDAS PODEMOS
16.178
Don Carmelo José Borondo Munera
VOX
11.601
Don Eric Fernando Alonso Somovilla
VOX
10.926
Doña Sofía Montenegro Leza
PARTIDO RIOJANO
3.964
Doña Isabel Martínez Torres
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
2.651
Doña Montserrat Mallen Peregrina
PARTIDO RIOJANO
2.382
Don Francisco Javier Rodríguez Carazo
PARTIDO RIOJANO
2.146
Don Joseba Astarloa Aguirrebeitia
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.577
Doña Rosa María Pérez Álvarez-Cedrón
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.424
Don Santiago Olalla Moreno
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
820
Doña María del Carmen Andrés Domínguez
ESCAÑOS EN BLANCO
726
Doña Agurtzane Iraeta Zabala
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
561
Doña Sonia Silvestrini García
ESCAÑOS EN BLANCO
547
Don José Carlos Palacios Miguel
ESCAÑOS EN BLANCO
494
Salamanca
Don Francisco Díaz Muñoz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
56.264
Doña María Rosa Hernández Rubio
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
55.452
Don Manuel Morán González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
47.680
Doña María Natalia del Arco Pozas
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
39.845
Don Jerónimo Gamallo de Cabo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
36.537
Don Germán Torres Varas
VOX
23.507
Doña Rosa de Tavira Olias
VOX
16.380
Don Genaro Luis García López
UNIDAS PODEMOS
16.119
Doña María Isabel López Blázquez
UNIDAS PODEMOS
15.230
Don José Vicente Delgado
UNIDAS PODEMOS
12.424
Doña Judit Rodá Panadés
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.010
Don Rafael de la Cruz Ruiz Martín
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.671
Don Juan Manuel Andrés López
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
1.063
Doña Mar Huilén Vial Chubarovsky
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
915
Don José Ramón Luna de María
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
832
Doña Manuela Iglesias Carreño
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
574
Don Miguel Ángel Diego Núñez
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
573
S/C Tenerife: Tenerife
Don José Manuel Pitti González
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
80.177
Doña M.ª Coromoto Yanes González
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
75.735
Doña María Isabel García Luis
PARTIDO POPULAR
71.351
Don Daniele Alekai Hernández Izquierdo
UNIDAS PODEMOS
61.195
Doña Eliana Acosta Rodríguez
UNIDAS PODEMOS
57.290
Doña María Aranzazu Artal Díez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
53.506
Don Ciro Machado Ucelay
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
40.877
Doña Raquel Atienza Santana
VOX
25.048
Don José Manuel Muñoz García
VOX
20.225
Don Javier Hernández García
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.480
Doña María Candelaria Oval Afonso
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.146
Don Eduardo Nacimiento García
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
2.478
Don José Ramón Carrillo Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.173
Doña Yasmyn Lucrecia Bouzaoui Acosta
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
2.012
Don Juan Manuel Batista Sánchez
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.298
Doña Andrea Concepción Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.252
Doña Ariadna Delgado Delgado
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO
879
Doña María de la Trinidad Cabrera García
FEMINISM8
835
Don Manuel Gómez Díaz
PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO
761
Don Andoni Arcos Prado
FEMINISM8
570
S/C Tenerife: La Palma
Don Borja Pérez Sicilia
PARTIDO POPULAR
11.799
Don Onán Cruz Díaz
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
6.983
Doña Noelia Rodríguez Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
4.569
Don José Luis Cabrera Sánchez
UNIDAS PODEMOS
3.566
Don Jorge de la Rosa del Toro
VOX
1.609
Doña María José Martín Fagundo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
731
Don Rayco Pérez Rodríguez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
107
S/C Tenerife: La Gomera
Don Fernando Manuel Méndez Borges
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
2.067
Don Héctor Armando Bencomo Bayoll
PARTIDO POPULAR
955
Don Jesús Eder Arteaga Jeréz
UNIDAS PODEMOS
751
Doña M.ª Consuelo Rivero Guerrero
COALICION CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO
630
Doña Laura Serafina Vega Casanova
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
566
Doña María Elba Martín Brito
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
148
Don Iván Medina Verheyen
AHORA CANARIAS: Alternativa Nacionalista Canaria ANC y Unidad del Pueblo
52
Don Salvador Morales Coello
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
38
S/C Tenerife: El Hierro
Don Daniel Morales Barrera
AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA
1.465
Don José Miguel Sánchez Padrón
PARTIDO POPULAR
1.091
Doña Teresa de las Nieves Ruiz González
UNIDAS PODEMOS
431
Don Lisardo Gaspar Cejas Padrón
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
366
Doña Silvana Ferreira Pérez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
76
Don Neido González Álvarez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
13
Segovia
Don José Luis Sanz Merino
PARTIDO POPULAR
24.732
Doña Yolanda Benito Muñoz
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
23.772
Doña Olga de Pablos Salgado
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
21.011
Don Víctor Manuel Alvarado Gómez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
15.901
Don Luis Mariano Ortiz Esteban
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
14.766
Don Rodrigo Jiménez Revuelta
VOX
10.837
Doña María Mercedes Marinero Pilar
UNIDAS PODEMOS
9.460
Doña Ana Peñalosa Llorente
UNIDAS PODEMOS
7.724
Don Luis Luque Alonso
UNIDAS PODEMOS
7.676
Doña Esther Núñez Martínez
VOX
7.272
Don David de Santos Gómez
CENTRADOS
1.965
Doña Irene Sacido Martín
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.397
Doña Ana María Garcimartín Herranz
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
743
Don Goran Carrillo Delgado
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
735
Don Mariano Fuente Blanco
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
677
Doña Pilar Barral Heredero
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
456
Doña Montserrat Ortega Gascón
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
334
Sevilla
Don José Luis Sanz Ruiz
PARTIDO POPULAR
214.215
Don Ismael Sánchez Castillo
UNIDAS PODEMOS
168.741
Doña Asunción Cid Pagador
UNIDAS PODEMOS
158.890
Doña Amelia Velázquez Guevara
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
156.834
Doña María Ángeles García Ramírez
UNIDAS PODEMOS
151.017
Don Ricardo Villena Machuca
PARTIDO POPULAR
150.666
Don Macario Valpuesta Bermúdez
VOX
144.546
Doña Isabel del Pilar Fernández de Liencres Rodríguez
PARTIDO POPULAR
144.210
Don Guillermo Prieto Perea
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
141.848
Doña Ángela Jiménez Vico
VOX
87.375
Don José Alfredo Muñoz Martínez
VOX
80.652
Doña María Cutiño Zamora
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
28.039
Don Gonzalo González Valencia
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
17.409
Doña Rosario Carmona Rodríguez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
17.106
Don Antonio Jesús Acevedo Blanco
ANDALUCÍA POR SÍ
8.018
Doña María Gloria Molina Ramos
ANDALUCÍA POR SÍ
5.786
Don Sixto Manuel Blanco Núñez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
4.826
Don Manuel Vera Silvestre
ANDALUCÍA POR SÍ
4.200
Doña Raquel Fernández Gómez
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
4.118
Soria
Don Pedro Carlos Lafuente Molinero
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
14.412
Doña María del Mar Angulo Martínez
PARTIDO POPULAR
13.003
Don José Bernabé Boces Diago
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
8.340
Doña María Jesús Ruíz Ruíz
PLATAFORMA DEL PUEBLO SORIANO
5.410
Doña Asunción Oliva Domínguez
VOX
5.376
Doña Catherine Dunn Decker
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
5.330
Don Enrique Maestu Fonseca
UNIDAS PODEMOS
4.754
Don Francisco Javier Sanz Romera
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
4.574
Doña Ana Isabel Barca Oliva
UNIDAS PODEMOS
4.091
Don Ángel Alberto Flores Gaitan
UNIDAS PODEMOS
3.350
Don Francisco García El Hassaouni
VOX
3.093
Doña Estefanía Gutiérrez Ledesma
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
692
Don Luis Bernad Fernández
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
357
Doña Florentina Juanes González
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
341
Doña Isabel González Zúñiga
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
306
Tarragona
Don Joan Castor Gonell Agramunt
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
79.580
Doña M. Jesús Sequera Garcia
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
78.837
Don Hèctor López i Bofill
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
62.300
Doña Patricia Faura Fernández
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
53.094
Doña Assumpció Castellví i Auví
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
51.214
Don Carles Fuxet García
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
47.193
Doña Cristina Satué Vallvé
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
45.521
Don Jordi Sendra i Vellvè
JUNTS PER CATALUNYA-JUNTS
44.737
Don José Patiño Ribera
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
43.726
Doña Ángeles Aguilera Méndez
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
40.110
Don Juan Vicente Martínez Navarro
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI
34.295
Don José Juan Acero de Dios
PARTIDO POPULAR
27.612
Doña Nuria Gómez Granès
PARTIDO POPULAR
21.561
Don Juan Manuel Sánchez Ramírez
PARTIDO POPULAR
20.813
Don Sergio Macián de Greef
VOX
18.381
Doña Ruth Elena García Cámara
VOX
12.516
Don Alejandro Soler Baiget
VOX
11.822
Doña María Elena García Santos
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.705
Don Iñigo Manrique Romero
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.757
Doña Núria Español Martorell
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.617
Don José Juan Ferré Fornos
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
1.739
Don Gerardo Fonts Bonet
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.255
Doña Alicia Garrido Muñiz
PER UN MÓN MÉS JUST
1.094
Don Magí Pallarès Morgades
CONVERGENTS
909
Don Juan Ignacio Bellido del Brío
IZQUIERDA EN POSITIVO
806
Teruel
Doña María Carmen Isabel Pobo Sánchez
PARTIDO POPULAR
18.048
Don Miguel Ángel Estevan Serrano
PARTIDO POPULAR
17.617
Don Alfonso Palmero Quintanilla
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
16.928
Doña Nuria Tregón Martín
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
13.410
Don Luis Octavio Esteban Guijarro
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
12.310
Don Juan Manuel Hernández Simón
VOX
9.296
Doña María Peña Martínez Rubio
UNIDAS PODEMOS
8.534
Doña María Yolanda Vellisca González
UNIDAS PODEMOS
7.071
Don Víctor Manuel Sanroma Latorre
UNIDAS PODEMOS
6.321
Don Alberto Gómez Celma
VOX
5.521
Doña Paula Gragera Moreno
VOX
5.321
Doña María Isabel Salesa Ariño
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
984
Doña Ángeles Cabestre Ramos
ESCAÑOS EN BLANCO
642
Doña Selena Tomasa Sánchez Galindo
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
595
Don José Domingo Anguís Gimeno
ESCAÑOS EN BLANCO
467
Don Miguel Ángel Lázaro Escolano
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
459
Doña Ana Cristina Muñoz Sistac
ESCAÑOS EN BLANCO
453
Doña Ana Burriel Navarro
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
374
Doña Desamparados Herrera Rubio
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
330
Don Guillén González Bautista
PUYALON
284
Don Jaime Gil Merino
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
260
Toledo
Doña María Pilar Alía Aguado
PARTIDO POPULAR
88.320
Doña Begoña Molina Rodríguez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
85.334
Don Tomás Burgos Beteta
PARTIDO POPULAR
85.154
Doña María Isabel Moreno Carvajal
VOX
65.499
Don Jorge Fernández Torres
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
61.669
Don Rafael Cano García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
59.507
Don Juan Julián Bejarano Rodríguez
VOX
43.338
Don Isaac Marín Rubio
VOX
40.745
Don Manuel Dorado Martín
UNIDAS PODEMOS
38.544
Doña Patricia Turón Monje
UNIDAS PODEMOS
35.123
Don Jorge Vega Martín
UNIDAS PODEMOS
34.970
Doña María Isabel Cuesta Sánchez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
7.059
Don José Manuel González García
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.427
Doña María Esther Durán González
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
4.411
Don Pedro Manuel Soriano Galán
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
1.672
Doña María Paz Quer de las Heras
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.561
Valencia/València
Don Rubén Fausto Moreno Palanques
PARTIDO POPULAR
259.209
Doña Susana Camarero Benítez
PARTIDO POPULAR
257.072
Don Pablo García Medrano
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
248.530
Doña Susana Ruiz Vives
UNIDAS PODEMOS
199.453
Don Ernesto Francisco Armañanzas Villena
VOX
183.636
Don Ignacio Cartagena Sinisterra
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
167.332
Doña Inmaculada Ester Redondo Cebolla
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
166.209
Doña Dolors Pérez Martí
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
163.359
Doña Ester Roca Laborda
UNIDAS PODEMOS
160.895
Don Luis Escobar de la Paz
UNIDAS PODEMOS
142.238
Don Xavier Hervás Martínez
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
123.394
Don Ricardo Belda Valiente
VOX
116.574
Doña Raquel Vallés Navarro
COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA-VERDSEQUO
116.297
Doña Delia Barral Navarro
VOX
112.417
Don Ignacio Javier de Guzman Muñoz
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
34.386
Doña María Carmen Jachán Sánchez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
25.911
Don Carlos Naranjo González
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
22.187
Don Carlos Crespo Grau
SOM VALENCIANS EN MOVIMENT
10.715
Don Vicent Ruiz Navarro
ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ
6.182
Don Roberto José Lázaro del Barrio
AVANT ADELANTE LOS VERDES
5.951
Don Ricardo Puchades Pérez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
4.016
Don Simeón Lezcano Serrano
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
3.894
Doña María Desamparados Escobedo
AVANT ADELANTE LOS VERDES
3.395
Don José Francisco Boix Yuste
AVANT ADELANTE LOS VERDES
2.802
Doña M.ª José Salvador Pérez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.609
Don Juan Luis Costa Zúñiga
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
1.374
Valladolid
Doña Mónica Martín García
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
83.036
Don Miguel Ángel Cortés Martín
PARTIDO POPULAR
75.376
Doña María Arenales Serrano Argüello
PARTIDO POPULAR
73.680
Don Jesús Agustín San José Sancho
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
57.860
Don Pablo Pombo Díez
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
54.354
Don Pedro María Fernández Barbadillo
VOX
50.353
Doña Soraya Brezo Sutil Álvarez
UNIDAS PODEMOS
38.000
Don Julio Martín Ruíz
UNIDAS PODEMOS
31.646
Doña Lara Gago Blanco
UNIDAS PODEMOS
30.651
Doña María Otero Garay
VOX
28.785
Don Alfonso González Rodríguez-Vilariño
VOX
26.141
Doña Irene Patricia García Hernando
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.644
Don Joel Brangwin Masso
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
3.223
Don Jerónimo Fernández García
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
1.651
Don José Ignacio Moratinos Delgado
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN
1.557
Don Jesús Alberto Fernández Gómez
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.467
Don Fernando García García
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
1.303
Don Francisco Javier Sanz Méndez
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
513
Doña María Cristina Lorenzo Pau
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
249
Zamora
Don José María Barrios Tejero
PARTIDO POPULAR
33.705
Don Luis Malmierca Pérez
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
32.269
Doña Laudelina Celia Santos Poza
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
16.830
Doña Inmaculada Benítez Gutiérrez
VOX
12.844
Don Esteban Fernández Prieto
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
12.693
Don Alfonso Joaquín Martín Carretero
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
11.491
Don Luis Ramos de la Torre
UNIDAS PODEMOS
9.449
Don Ángel Gutiérrez Hernando
VOX
9.248
Don Rafael Luis Oñate Regojo
VOX
8.586
Doña María Dolores Carreras Luis
UNIDAS PODEMOS
8.019
Don Antonio Narváez de las Heras
UNIDAS PODEMOS
6.807
Doña Laura Urbaneja Frechilla
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
1.433
Doña Josefa González Centeno
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
1.119
Don Álvaro García Ruiz
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
760
Don Miguel Ángel López Valle
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
656
Doña Teresita Loreto Álvarez Pérez
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES
547
Don Marcos Gutiérrez González
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
483
Doña María Josefa Fernández Álvarez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE-PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA
461
Zaragoza
Don José Manuel Aranda Lassa
PARTIDO POPULAR
137.187
Don Manuel Monzón Valdrés
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
94.798
Don Ricardo Canals Lizano
PARTIDO POPULAR
93.878
Doña María Tatiana Gaudes Lalmolda
PARTIDO POPULAR
90.976
Don Ángel Sánchez Calvo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
89.421
Don Julio José Calvo Iglesias
VOX
83.225
Doña Yolanda Sancho Serrano
UNIDAS PODEMOS
78.085
Doña Elena García Juango
UNIDAS PODEMOS
69.097
Don Iván Andrés Martínez
UNIDAS PODEMOS
61.678
Doña Ana María Ochoa Olivera
VOX
44.154
Don José Francisco Torreblanca Pelegrín
VOX
40.236
Doña Marina Luna Gálvez
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
11.099
Don José Carlos Sancho Ezquerra
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
6.061
Doña Olga Adela María Frontera Sancho
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
5.785
Don Antonio José Mateo Aguarón
ESCAÑOS EN BLANCO
4.916
Doña María Teresa Lou Arnal
ESCAÑOS EN BLANCO
4.213
Don Santiago Pintos Pamplona
ESCAÑOS EN BLANCO
3.559
Don Julio Calvo Francés
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.899
Doña Ángeles Chueca Perales
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
2.334
Don Andrés Serrano Paradinas
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
1.919
Don Alberto Sopeña Borroy
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA
1.773
Don Jesús Lipe Figueruelo
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
1.612
Don Miguel Angel Galindo Vicente
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
1.573
Don José Emilio Anadón Ponz
PUYALON
1.442
Doña María Elena Josefa Blas Martínez Herrero
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
1.102
Don Carlos Guillén Fabregat
FEDERACION DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGON
759
Ceuta
Don José María Rodríguez Ruiz
VOX
8.870
Don David Juan Muñoz Arbona
PARTIDO POPULAR
7.999
Doña Fátima Mohamed Dos Santos
PARTIDO POPULAR
7.983
Doña Yolanda Merelo Palomares
VOX
7.197
Don José Manuel Gómez Lozano
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
4.483
Doña Raquel González Espinosa
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
3.967
Doña Nadia Akjal El Mrabet
UNIDAS PODEMOS
1.822
Don Alfonso Anacleto Pérez Alonso
UNIDAS PODEMOS
1.570
Doña Soledad Rodríguez Cazorla
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
488
Doña Marta Babé Riestra
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
122
Melilla
Doña Dunia Al-Mansouri Umpierrez
COALICION POR MELILLA
6.893
Doña Cristina Morales del Pino
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
6.732
Don Emilio Guerra Muñoz
COALICION POR MELILLA
6.449
Don Miguel Luis Aparicio Montilla
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
6.075
Don José Miguel Tasende Souto
VOX
5.884
Doña Ana María Trujillo Díaz
VOX
4.411
Doña Paula Villalobos Bravo
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
4.325
Don Eduardo de Castro González
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
3.550
Doña María Josefa Ruiz Hodar
UNIDAS PODEMOS
1.363
Don José Ouviña Mantel
UNIDAS PODEMOS
983
Don Francisco Jesús Vázquez Pérez
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
129
Don Francisco Jordano Luna
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
86 | Los resultados de las generales. | De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, y en los términos previstos en el mismo, la Presidencia de la Junta Electoral Central, de conformidad con delegación de la propia Junta acordada en sesión de 21 de mayo de 2019, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados generales y por circunscripciones de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, y celebradas el 28 de abril de 2019, a tenor de las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla y recogiendo, estrictamente, los datos que constan en dichas actas, haciendo constar en la columna relativa al censo electoral los datos al efecto remitidos por la Oficina del Censo Electoral.
La publicación se ordena en relación con el Congreso de los Diputados del modo siguiente:
Cuadro I. Resumen general. Censo electoral (total de electores: residentes en España, residentes ausentes que viven en el extranjero y certificaciones censales específicas de alta), votantes, votos a candidaturas, votos en blanco, votos válidos (votos a candidaturas más los en blanco) y votos nulos.
Cuadro II. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que han obtenido escaño y número de estos.
Cuadro III. Relación de votos correspondientes a cada uno de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que no han obtenido escaño.
A continuación se inserta la relación de Diputados proclamados electos con indicación de la formación política a la que pertenecen y de la circunscripción por la que han sido elegidos, ordenando las mismas alfabéticamente.
Finalmente se incluye la relación de Senadores proclamados electos en cada circunscripción, así como la de los candidatos a dicha Cámara que no han obtenido escaño, con indicación en cada caso de la formación política a la que pertenecen y número de votos obtenidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2019.–El Presidente de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez Pérez.
CUADRO I
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019
Congreso de los Diputados
Resumen General
Electores
Votantes
Votos válidos
Votos a candidaturas
Votos en blanco
Votos nulos
Albacete.
310.207
237.382
234.404
232.699
1.705
2.978
Alicante/Alacant.
1.272.928
927.652
917.498
911.276
6.222
10.154
Almería.
500.563
331.015
328.097
325.814
2.283
2.918
Araba/Álava.
257.797
179.186
177.366
176.291
1.075
1.820
Asturias.
974.491
633.601
626.661
619.803
6.858
6.940
Ávila.
137.119
103.501
102.079
101.357
722
1.422
Badajoz.
555.447
414.940
408.393
404.969
3.424
6.547
Balears (Illes).
801.721
524.101
518.507
513.860
4.647
5.594
Barcelona.
4.178.927
3.134.881
3.120.441
3.103.694
16.747
14.440
Bizkaia.
949.442
691.702
686.960
682.403
4.557
4.742
Burgos.
299.337
222.580
219.553
217.278
2.275
3.027
Cáceres.
345.155
253.058
248.732
246.962
1.770
4.326
Cádiz.
1.000.037
675.912
667.562
659.356
8.206
8.350
Cantabria.
501.411
362.910
359.104
356.801
2.303
3.806
Castellón/Castelló.
419.714
317.302
313.393
311.092
2.301
3.909
Ciudad Real.
396.510
298.148
293.907
291.443
2.464
4.241
Córdoba.
648.790
480.773
473.716
468.961
4.755
7.057
Coruña (A).
1.087.856
686.409
677.342
669.441
7.901
9.067
Cuenca.
155.014
121.127
119.530
118.515
1.015
1.597
Gipuzkoa.
583.745
414.600
412.126
409.704
2.422
2.474
Girona.
522.860
384.473
382.275
380.421
1.854
2.198
Granada.
752.991
531.552
523.843
520.115
3.728
7.709
Guadalajara.
186.507
144.611
142.707
141.711
996
1.904
Huelva.
397.592
268.999
264.569
261.660
2.909
4.430
Huesca.
172.644
126.720
125.314
124.043
1.271
1.406
Jaén.
526.911
392.085
386.916
384.392
2.524
5.169
León.
433.575
295.778
291.600
288.701
2.899
4.178
Lleida.
314.558
227.046
225.655
224.176
1.479
1.391
Lugo.
345.038
203.751
199.998
197.678
2.320
3.753
Madrid.
5.054.955
3.814.359
3.782.247
3.757.616
24.631
32.112
Málaga.
1.191.841
826.474
816.868
809.580
7.288
9.606
Murcia.
1.057.296
777.423
769.084
764.313
4.771
8.339
Navarra.
511.085
370.706
366.998
363.
### RESUMEN: Los resultados de las generales. |
Con fecha 28 de noviembre de 2012 se ha suscrito el Protocolo General de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Comunidad del Principado de Asturias, por lo que procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de noviembre de 2012.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
REUNIDOS
Don José Manuel García-Margallo y Marfil, en el ejercicio de sus funciones de Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y
Don Javier Fernández Fernández, en el ejercicio de sus funciones de Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y en los artículos 1 y 15 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
MANIFIESTAN
Al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le corresponde la dirección de la Política Exterior y la de la Cooperación Internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices del gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.
Para el adecuado ejercicio de sus competencias y la efectiva aplicación de la unidad de acción en el exterior, el Ministerio considera indispensable llevar a cabo una estrecha cooperación con las Comunidades Autónomas para que puedan desempeñar eficazmente la proyección en el exterior de sus competencias, sin perjuicio de las del Estado, y en el marco de la mutua lealtad institucional.
A tal fin, el Ministerio está dispuesto a incorporar en las cancillerías de las Misiones diplomáticas, en la medida de las disponibilidades, las oficinas en el exterior de las Comunidades Autónomas que lo deseen, con objeto de prestarles una asistencia directa en la promoción de sus intereses, lograr una mejor coordinación de funciones, y obtener una más eficaz utilización de los recursos disponibles.
Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias, dentro de su ámbito competencial, desarrolla las funciones de coordinación e impulso de la acción del Principado de Asturias en su proyección ante la Unión Europea, así como el ejercicio de las funciones de coordinación general, seguimiento y evaluación permanente de los asuntos relacionados con la misma.
Careciendo en la actualidad en Bruselas de una Oficina al efecto, el Gobierno del Principado de Asturias acoge muy favorablemente la oferta del Ministerio y la posibilidad de incorporar el mencionado servicio en los locales de la Misión Diplomática en Bruselas que mutuamente se acuerde, de conformidad con los objetivos arriba indicados por el Ministerio.
Por cuanto antecede, las dos partes
ACUERDAN
Primero.
El Gobierno del Principado de Asturias instalará en los locales de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea que se determinen de común acuerdo, una oficina para desarrollar funciones de su competencia en materia de asuntos europeos.
Segundo.
Dicha oficina recibirá todo el apoyo posible de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea para el adecuado ejercicio de sus funciones. A tal efecto, mantendrá informado al Jefe de la Representación, o miembro de la misma que aquel designe, sobre sus planes de actuación y sus relaciones con los servicios de las Instituciones europeas o del gobierno y la administración belgas.
Tercero.
Sin perjuicio de su incorporación en los locales de la misión diplomática, la citada oficina del Gobierno del Principado de Asturias en Bruselas depende orgánicamente de la Comunidad Autónoma, por lo que a su personal y a sus medios materiales no les serán de aplicación las disposiciones relativas a los miembros del personal y a los medios de las misiones diplomáticas previstas en el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas.
Cuarto.
A la oficina y a su personal les serán de aplicación las disposiciones de régimen interior establecidas por el Jefe de la misión diplomática.
Quinto.
Mediante un Convenio de colaboración se especificarán las actuaciones que las dos administraciones acuerden desarrollar para el cumplimiento del presente Protocolo, así como su financiación, vigencia y causas de extinción.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente en duplicado ejemplar en Madrid, a 28 de noviembre de 2012.–Don José Manuel García-Margallo Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.–Don Javier Fernández Fernández, Presidente del Principado de Asturias. | El Gobierno del Principado de Asturia en Bruselas una oficina para desarrollar funciones de su competencia en materia de asuntos europeos. | Con fecha 28 de noviembre de 2012 se ha suscrito el Protocolo General de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Comunidad del Principado de Asturias, por lo que procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de noviembre de 2012.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
REUNIDOS
Don José Manuel García-Margallo y Marfil, en el ejercicio de sus funciones de Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y
Don Javier Fernández Fernández, en el ejercicio de sus funciones de Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, y en los artículos 1 y 15 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
MANIFIESTAN
Al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le corresponde la dirección de la Política Exterior y la de la Cooperación Internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices del gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.
Para el adecuado ejercicio de sus competencias y la efectiva aplicación de la unidad de acción en el exterior, el Ministerio considera indispensable llevar a cabo una estrecha cooperación con las Comunidades Autónomas para que puedan desempeñar eficazmente la proyección en el exterior de sus competencias, sin perjuicio de las del Estado, y en el marco de la mutua lealtad institucional.
A tal fin, el Ministerio está dispuesto a incorporar en las cancillerías de las Misiones diplomáticas, en la medida de las disponibilidades, las oficinas en el exterior de las Comunidades Autónomas que lo deseen, con objeto de prestarles una asistencia directa en la promoción de sus intereses, lograr una mejor coordinación de funciones, y obtener una más eficaz utilización de los recursos disponibles.
Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias, dentro de su ámbito competencial, desarrolla las funciones de coordinación e impulso de la acción del Principado de Asturias en su proyección ante la Unión Europea, así como el ejercicio de las funciones de coordinación general, seguimiento y evaluación permanente de los asuntos relacionados con la misma.
Careciendo en la actualidad en Bruselas de una Oficina al efecto, el Gobierno del Principado de Asturias acoge muy favorablemente la oferta del Ministerio y la posibilidad de incorporar el mencionado servicio en los locales de la Misión Diplomática en Bruselas que mutuamente se acuerde, de conformidad con los objetivos arriba indicados por el Ministerio.
Por cuanto antecede, las dos partes
ACUERDAN
Primero.
El Gobierno del Principado de Asturias instalará en los locales de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea que se determinen de común acuerdo, una oficina para desarrollar funciones de su competencia en materia de asuntos europeos.
Segundo.
Dicha oficina recibirá todo el apoyo posible de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea para el adecuado ejercicio de sus funciones. A tal efecto, mantendrá informado al Jefe de la Representación, o miembro de la misma que aquel designe, sobre sus planes de actuación y sus relaciones con los servicios de las Instituciones europeas o del gobierno y la administración belgas.
Tercero.
Sin perjuicio de su incorporación en los locales de la misión diplomática, la citada oficina del Gobierno del Principado de Asturias en Bruselas depende orgánicamente de la Comunidad Autónoma, por lo que a su personal y a sus medios materiales no les serán de aplicación las disposiciones relativas a los miembros del personal y a los medios de las misiones diplomáticas previstas en el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas.
Cuarto.
A la oficina y a su personal les serán de aplicación las disposiciones de régimen interior establecidas por el Jefe de la misión diplomática.
Quinto.
Mediante un Convenio de colaboración se especificarán las actuaciones que las dos administraciones acuerden desarrollar para el cumplimiento del presente Protocolo, así como su financiación, vigencia y causas de extinción.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente en duplicado ejemplar en Madrid, a 28 de noviembre de 2012.–Don José Manuel García-Margallo Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.–Don Javier Fernández Fernández, Presidente del Principado de Asturias.
### RESUMEN: El Gobierno del Principado de Asturia en Bruselas una oficina para desarrollar funciones de su competencia en materia de asuntos europeos. |
Por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre (BOE de 1 de octubre), se anunció para su cobertura por el sistema de libre designación el puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela (Caracas).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que resulta de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en relación con el artículo 56.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo, se ha acreditado la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
Se ha valorado la idoneidad del candidato para el desempeño del puesto que se le asigna, ostentando la capacidad y competencia personal y profesional, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado, coincidente en el mismo sentido con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En concreto, se ha tenido en cuenta la formación curricular del candidato, su dilatada experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el campo sociolaboral hispanoamericano.
En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
Segundo.
La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Tercero.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
ANEXO
Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela-Caracas
Puesto adjudicado:
Denominación: Consejero/Consejera de Empleo y Seguridad Social.
Nivel de complemento destino: 28.
Complemento específico: 19.823,16 €.
Puesto de procedencia:
Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Centro Directivo: Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina.
Nivel complemento destino: 28.
Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Camba Bouzas, José Santiago.
Número registro personal: 3493531635 A2056.
Grupo/Subgrupo: A1.
Cuerpo: C. Médicos Titulares E. Sanitaria/C.F.S. de la Xunta de Galicia.
Situación administrativa: Servicio activo. | José Santiago Camba Bouzas, nombrado Consejero de Empleo y Seguridad Social de Venezuela. | Por Orden ESS/1561/2016, de 27 de septiembre (BOE de 1 de octubre), se anunció para su cobertura por el sistema de libre designación el puesto de Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela (Caracas).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que resulta de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en relación con el artículo 56.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo, se ha acreditado la observancia del proceso debido y el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
Se ha valorado la idoneidad del candidato para el desempeño del puesto que se le asigna, ostentando la capacidad y competencia personal y profesional, en virtud del artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende el puesto de trabajo convocado, coincidente en el mismo sentido con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En concreto, se ha tenido en cuenta la formación curricular del candidato, su dilatada experiencia en el ámbito internacional, especialmente en el campo sociolaboral hispanoamericano.
En virtud de todo lo anterior, este Ministerio ha dispuesto:
Primero.
Resolver la referida convocatoria en los términos que se señalan en el anexo adjunto.
Segundo.
La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, antes citado.
Tercero.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, ante el mismo órgano que lo dictó, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente desde el día siguiente al de su publicación, según los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 16 de diciembre de 2016.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo, el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente Cachorro.
ANEXO
Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela-Caracas
Puesto adjudicado:
Denominación: Consejero/Consejera de Empleo y Seguridad Social.
Nivel de complemento destino: 28.
Complemento específico: 19.823,16 €.
Puesto de procedencia:
Organismo: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Centro Directivo: Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina.
Nivel complemento destino: 28.
Datos personales adjudicatario:
Apellidos y nombre: Camba Bouzas, José Santiago.
Número registro personal: 3493531635 A2056.
Grupo/Subgrupo: A1.
Cuerpo: C. Médicos Titulares E. Sanitaria/C.F.S. de la Xunta de Galicia.
Situación administrativa: Servicio activo.
### RESUMEN: José Santiago Camba Bouzas, nombrado Consejero de Empleo y Seguridad Social de Venezuela. |
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó Sentencia, de fecha 30 de septiembre de 2012, casada ésta parcialmente por Sentencia número 199/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 15 de marzo de 2012, declarada firme, condenando al Policía del Cuerpo Nacional de Policía, en segunda actividad sin destino, don Joaquín Rabasco Ferreira, con DNI número 75.667.644, adscrito a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares, como autor de un delito de negociaciones prohibidas a las penas de multa de nueve meses a razón de 30 euros de cuota diaria, y dos años de suspensión de todo empleo o cargo público; y como autor de un delito de fraude por funcionario público a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años.
Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril: «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia»,
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Joaquín Rabasco Ferreira.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio. | Inhabilitación como funcionario para el policia Joaquín Rabasco Ferreira, condenado por malversación | La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó Sentencia, de fecha 30 de septiembre de 2012, casada ésta parcialmente por Sentencia número 199/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 15 de marzo de 2012, declarada firme, condenando al Policía del Cuerpo Nacional de Policía, en segunda actividad sin destino, don Joaquín Rabasco Ferreira, con DNI número 75.667.644, adscrito a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares, como autor de un delito de negociaciones prohibidas a las penas de multa de nueve meses a razón de 30 euros de cuota diaria, y dos años de suspensión de todo empleo o cargo público; y como autor de un delito de fraude por funcionario público a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años.
Y como quiera que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63.e) y 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril: «La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia»,
Esta Secretaría de Estado dispone:
Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Joaquín Rabasco Ferreira.
Madrid, 27 de diciembre de 2012.–El Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio.
### RESUMEN: Inhabilitación como funcionario para el policia Joaquín Rabasco Ferreira, condenado por malversación |
El Ministerio de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander han suscrito, con fecha de 25 de julio de 2018, un Convenio Marco para la implantación de un Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la antigua sede del Banco de España en Santander, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 30 de agosto de 2018.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J. Borja-Villel.
ANEXO
Convenio marco entre el Ministerio de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander para la implantación de un centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la antigua sede del Banco de España en Santander
En Santander, a 25 de julio de 2018.
REUNIDOS
Don José Guirao Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, nombrado por Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, actuando en virtud de lo previsto en el artículo 30.1.h) 2.º c) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias, atendiendo al especial interés del proyecto.
Don Javier García Fernández, Subsecretario de Cultura y Deporte nombrado por Real Decreto 674/2018, de 22 de junio, quien interviene como Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, conforme al artículo 1.5.d) del Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, y del artículo 4.2.d) del Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, de Regulación del Organismo Autónomo.
Don Manuel Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (el MNCARS), Organismo Público dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, actuando en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Doña Gema Igual Ortiz, Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Santander en el ejercicio de su cargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
EXPONEN
I. Que, con fecha 18 de febrero de 2016, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Archivo Lafuente, D. José María Lafuente y el MNCARS según el cual se acordaban los siguientes compromisos (i) constitución de un derecho de uso a título gratuito de los fondos del Archivo Lafuente, con (ii) un compromiso de no enajenación a terceros de los fondos durante el período de vigencia del Convenio, y (iii) una voluntad por parte del MNCARS, en el ámbito de sus competencias, de impulsar el establecimiento de una sede asociada del MNCARS en Santander, en el edificio de la antigua sede del Banco de España, al que durante la vigencia del Convenio se trasladarán en préstamo los fondos del Archivo Lafuente, previo cumplimiento de los oportunos trámites administrativos, patrimoniales y presupuestarios.
II. Que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el Propietario del edificio de la antigua sede del Banco de España en Santander. Se trata de una finca urbana situada en Santander, entre la Avenida de Alfonso XIII y calle de la Naos, Salvador Hedilla y Somorrostro, hoy calle Alfonso XIII, señalado con el número cuatro. El solar mide una extensión superficial de mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados; y deduciendo de ellos los seis metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados, ocupados por los chaflanes de los cuatro vértices queda una superficie útil para la edificación de mil ochocientos setenta y dos metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados. Sobre dicho solar y ocupando parte de su superficie se halla construido edificio destinado a Sucursal del Banco de España en Santander, que tiene la configuración de un cuadrilátero regular, construido con piedra de sillería y cemento, con cuatro fachadas. Consta de sótano, planta baja destinada a las oficinas del Banco de España, piso principal para vivienda de los señores Director y Cajero de aquella entidad y primero para vivienda de portero y ordenanza y terraza. Ocupa una superficie de ochocientos diez metros cuadrados, tiene su entrada por la Avenida de Alfonso XIII.
III. Que mediante Orden Ministerial de 29 de mayo de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado, acordó la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Cantabria del inmueble descrito antigua sede del «Banco de España», con destino a sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Instituto de Investigación de Prehistoria de Cantabria y Centro de Investigación de categoría n.º 2 de Arte Rupestre de la Unesco.
El Consejo de Gobierno de Cantabria, mediante Decreto 42/2013, de 27 de junio (Boletín Oficial de Cantabria n.º 129, del día 8 de julio de 2013) aprobó la adquisición por vía de donación a favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria del citado inmueble situado en la c/ Alfonso XIII n.º 4 de Santander, con destino a fines culturales y museísticos.
La cesión se formalizó en documento administrativo expedido en Santander el día 9 de julio de 2013, por lo que, actualmente, dicho edificio figura inscrito a nombre de la Comunidad Autónoma de Cantabria Registro de la Propiedad n.º 1 de Santander finca registral 11990, inscripción 2.ª, al tomo 2.744, Libro 170, Folio 134. Referencia catastral 4925701VP3142F0001ZP con una superficie de suelo de 1.895 m2 y construida de 3.469 m2.
El inmueble se destinaba exclusivamente al fin anteriormente descrito, y quedaba sujeto de modo permanente a dicha condición siendo, por tanto, intransmisible de conformidad con lo previsto en los artículos 145 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Igualmente, se establecía que si el bien no fuera dedicado de forma permanente al uso previsto o se incumplieran las condiciones establecidas en la citada Orden, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Administración General del Estado, integrándose en su Patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización.
IV. Que según han tenido conocimiento las partes, el Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha resuelto dotar de nueva ubicación al proyecto de construcción de la nueva sede del Museo de la Prehistoria y Arte Contemporáneo de Cantabria (MUPAC), que inicialmente pensó en desarrollarse en el citado inmueble.
V. Que el Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de Santander prevé el uso del inmueble citado en el expositivo precedente como equipamiento en determinados términos de usos compatibles y grado de protección, figurando concretamente como Equipamiento Público con la tipificación 5.35 «Banco de España», asignándose al edificio un nivel de protección Integral por su valor arquitectónico, con el número 1.1 dentro del Catálogo de Elementos Protegidos.
VI. Que tanto el Ayuntamiento de Santander como el resto de partes firmantes consideran estratégica la promoción y el desarrollo del denominado «ANILLO CULTURAL» en el centro de Santander, como motor del cambio del modelo productivo de la ciudad y en su condición de capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. A tal efecto, la presencia de una institución de proyección internacional como el MNCARS, a través de la aportación de sus fondos museísticos y propuestas expositivas, así como, por medio de la prestación de su asesoramiento y experiencia para el desarrollo de la programación cultural de un nuevo espacio que albergue esas colecciones, constituye un elemento esencial para el impulso y consolidación de la referida iniciativa municipal.
VII. Que, por todo ello, es voluntad de todas las partes la implantación de un centro asociado al MNCARS en el antiguo inmueble del Banco de España en Santander, referido en los expositivos II a V, en la que también se disponga el Archivo Lafuente en los términos expresados en el citado Convenio de 18 de febrero de 2016. A tal efecto, tras la finalización o reversión de la cesión de dicho inmueble a favor del Gobierno de Cantabria, y una vez esté acondicionado el centro asociado del MNCARS – Archivo Lafuente en el antiguo edificio del Banco de España en Santander, las partes firmantes suscribirán el pertinente acuerdo con el Archivo Lafuente en el que se recojan los aspectos relativos a la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la nueva sede asociada, incluida la adopción de las medidas de carácter económico y administrativo que garanticen el adecuado depósito, conservación y restauración de los fondos del citado Archivo.
VIII. Que la inversión estimada para poder llevar a cabo la implantación del centro asociado al MNCARS se cifra en la cantidad de diez millones de euros (10.000.000 €).
De conformidad con lo anterior, las Partes suscriben el presente Convenio Marco en los términos que se detallan en las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio y condiciones para su desarrollo.
Todas las partes firmantes se comprometen, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, a impulsar la implantación de un centro asociado al MNCARS –Archivo Lafuente en la antigua sede del Banco de España en Santander, destinado a la exposición, conservación y puesta a disposición del público y de los investigadores del Archivo Lafuente, así como a la implantación en dicho inmueble de un espacio destinado al arte contemporáneo, nutrido, de manera especial, con las propuestas expositivas y los propios fondos museísticos del MNCARS así como con los fondos del citado Archivo (en adelante denominado de manera general, el Proyecto).
Cualquier otro planteamiento artístico o conceptual del inmueble requerirá el previo consentimiento expreso del MNCARS, en aras a conservar la misión del centro asociado a la marca MNCARS y evitar así riesgos reputacionales que pudieran afectar también al resto de las partes.
El citado centro, cuya creación deberá contar con la aprobación del Gobierno regional, en los términos fijados en la Ley 5/2001, de 19 de noviembre, de Museos de Cantabria, tendrá la consideración de museo de titularidad y gestión municipal, siendo responsable el Ayuntamiento de Santander de su funcionamiento y financiación, sin perjuicio de que el MNCARS participe como centro asociado, en los términos y con el alcance previsto en el presente y los que puedan suscribirse en desarrollo del mismo.
El desarrollo del Proyecto estará condicionado a que, previamente y con carácter formal, finalice o revierta la cesión de la antigua sede del Banco de España al Gobierno de Cantabria, otorgada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 29 de mayo de 2013, con destino a sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Instituto de Investigación de Prehistoria de Cantabria y Centro de Investigación de categoría n.º 2 de Arte Rupestre de la Unesco. Igualmente estará supeditado a la cesión gratuita de la antigua sede del Banco de España al ayuntamiento de Santander durante un plazo mínimo de 30 años para destinarlo a sede del centro asociado al MNCARS-Archivo Lafuente o a otros usos museísticos o de carácter cultural
Segunda. Compromisos del Ayuntamiento de Santander.
2.1 Facilitar y promover el desarrollo íntegro del contenido de este Convenio Marco, aceptando la cesión del inmueble y suscribiendo con las partes firmantes, o con terceros, los correspondientes convenios de desarrollo o colaboración que procedan.
2.2 Promover, impulsar y facilitar, en el ámbito de sus competencias, la modificación del PGOU de Santander que faculte el cambio de uso necesario para albergar el centro asociado MNCARS – Archivo Lafuente y la materialización de las obras que se hagan necesarias para el desarrollo completo del Proyecto.
2.3 Licitar y contratar la redacción del Proyecto Museográfico, a partir del Programa o Estudio de necesidades desarrollado por el MNCARS y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. Previamente, y sobre la base de dicho Programa o Estudio de Necesidades, el Ayuntamiento contratará la redacción de un Proyecto arquitectónico que aborde específicamente las tareas de restauración y remodelación de la antigua sede del Banco de España, con el fin de adaptarlo a las necesidades de uso cumpliendo con la normativa de edificación vigente.
2.4 Licitar y contratar los diferentes estudios, anteproyectos, proyectos técnicos y, en general, cualquier trabajo de índole técnico necesario para la consecución de los objetivos del presente Convenio; basados en el Proyecto Museológico elaborado por el Ayuntamiento de Santander con el asesoramiento y la supervisión del MNCARS y en el Proyecto Museográfico elaborado conforme a lo previsto en el apartado precedente.
2.5 Licitar y contratar las obras que se deriven de los proyectos técnicos.
2.6 Financiar tanto los trabajos técnicos como las obras con cargo al presupuesto municipal, de acuerdo con la estimación inicial que se fija en el apartado VIII de la parte expositiva de este Convenio. Dicha inversión resultará minorada en caso de que se produzcan aportaciones de patrocinadores privados o inversiones privadas en concepto de mecenazgo, o por la obtención de cualquier tipo de subvención o ayuda de entidades públicas.
2.7 Asimismo, una vez finalizadas todas las labores conducentes a la implantación de la sede asociada del MNCARS, el Ayuntamiento de Santander se compromete a gestionar dicho equipamiento, adoptando las medidas necesarias para garantizar la adecuada instalación, funcionamiento y mantenimiento del centro asociado al MNCARS y las exposiciones temporales que en él se organicen, incluidos los gastos de personal, corrientes, de vigilancia y cualquier otra medida de carácter económico-administrativo que garantice el adecuado depósito, conservación y restauración de los fondos.
Dichas medias se detallarán en un posterior Convenio de desarrollo, sin perjuicio de que en lo relativo a los fondos del Archivo Lafuente, será igualmente de aplicación la Cláusula Quinta del Convenio suscrito por el 18 de febrero de 2016 entre el Archivo Lafuente, D. José María Lafuente y el MNCARS.
Tercera. Compromisos del MNCARS.
3.1 Facilitar el Programa o Estudio de Necesidades mencionado en la Cláusula Segunda, apartado 3, elaborado con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, para que la antigua sede del Banco de España albergue el centro asociado del MNCARS y que servirá de base para la redacción, contratación y licitación de los trabajos y proyectos técnicos correspondientes (Proyecto Arquitectónico, Proyecto Museográfico, etc).
3.2 Asesorar y supervisar, junto con el Archivo Lafuente, la redacción del Proyecto Museográfico, que será contratado por el Ayuntamiento de Santander conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda, apartado 3.
3.3 Supervisar y comprobar que el espacio artístico del centro asociado MNCARS – Archivo Lafuente, una vez equipado por el Ayuntamiento de Santander conforme a lo previsto en la Cláusula precedente, cuenta con el acondicionamiento adecuado, desde el punto de vista de la seguridad y la conservación, para permitir el préstamo de obras del MNCARS.
3.4 Proponer el programa de exposiciones temporales del nuevo espacio expositivo y colaborar en las mismas, con sujeción a la disponibilidad presupuestaria del organismo, mediante futuros convenios de préstamo de obras de su colección –conforme al procedimiento requerido por la normativa reguladora del MNCARS–, y a través del asesoramiento en la selección de las propuestas expositivas para esas muestras temporales.
El programa artístico y todas las propuestas expositivas a exhibir en el centro asociado requerirán la previa aprobación de la Dirección del MNCARS.
3.5 Albergar el Archivo Lafuente en las condiciones convenidas en el Convenio de 18 de febrero de 2016, destinándolo de manera especial a su exposición y explotación con fines de investigación.
3.6 Aportar al Proyecto el planteamiento conceptual y técnico de todas las exposiciones que el espacio acoja, asesorando y prestando su conocimiento técnico y experiencia al desarrollo de la programación cultural del centro.
Cuarta. Compromisos del Ministerio de Cultura y Deporte.
4.1 Facilitar y promover el desarrollo íntegro del contenido de este Convenio Marco, suscribiendo con las partes firmantes, o con terceros, los correspondientes convenios de desarrollo o colaboración que procedan.
4.2 Impulsar y aprobar, en el ámbito de sus competencias, la extinción del título actual de cesión de uso del antiguo inmueble del Banco de España en Santander, a favor del Gobierno de Cantabria, en los términos que faculten la consecución de los objetivos de este Convenio.
4.3 Facilitar, a través del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el Programa o Estudio de Necesidades mencionado en la Cláusula Segunda, apartado 3.
4.4 Prestar el apoyo técnico necesario para la contratación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, tanto de las obras a realizar como de la museografía del nuevo espacio.
Quinta. Compromisos del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
5.1 Elaborar, en colaboración con el MNCARS, el programa o Estudio de necesidades para que la antigua sede del Banco de España albergue en condiciones adecuadas de conservación los fondos del Archivo Lafuente, así como el desarrollo de un programa de exposiciones temporales programadas, diseñadas y supervisadas por el MNCARS. Dicho Estudio de necesidades servirá de base para la redacción, contratación y licitación de los trabajos y proyectos técnicos correspondientes (Proyecto Arquitectónico, Proyecto museográfico, etc.).
5.2 Prestar el apoyo técnico necesario para la contratación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, tanto de las obras a realizar como de la museografía del nuevo espacio.
Sexta. Promoción.
La promoción del Proyecto objeto del presente convenio se realizará conjuntamente por todas las partes firmantes del mismo. Por ello, todos los actos promocionales (a título enunciativo pero no limitativo: ruedas y/o notas de prensa, material divulgativo, inserciones en medios, etc.) que se realicen serán acordados expresamente por escrito y de forma conjunta entre las partes intervinientes, concretándose las fechas, lugares y contenidos de cada elemento de difusión.
Séptima. Comisión Mixta de Seguimiento.
Las partes acuerdan la constitución de una Comisión Mixta de Seguimiento a la que corresponderá de manera especial, coordinar y supervisar el desarrollo de la programación expositiva del Centro, así como velar por el correcto desarrollo de lo acordado y la resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución que del presente Convenio pudieran derivarse. La Comisión estará constituida por:
(i) Un representante del Ministerio de Cultura y Deporte.
(ii) Un representante del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
(iii) Un representante del MNCARS.
(iv) Un representante del Ayuntamiento de Santander.
Los representantes de cada entidad serán designados por los responsables que en cada caso ostenten competencia al efecto.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, y con carácter extraordinario cuando lo solicite cualquiera de las partes.
La Comisión será presidida por el representante del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, y actuará como secretario el representante del Ayuntamiento de Santander.
El presidente de la Comisión convocará las reuniones ordinarias con una antelación mínima de quince días. En las extraordinarias que se soliciten con carácter de urgencia dicha antelación podrá reducirse a cinco días.
La Comisión se ajustará en su funcionamiento a las disposiciones de la Sección 3ª del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las normas de funcionamiento que se acuerden en el seno de la propia Comisión.
Octava. Vigencia y causas de extinción.
8.1 El presente Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En aplicación de lo dispuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno, este convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia.
8.2 El presente Convenio estará en vigor durante un plazo de cuatro (4) años. Las partes podrán acordar expresamente y por escrito su prórroga, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.h) 2.º de la citada Ley 40/2015
8.3 El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución del presente Convenio:
a) El transcurso de su plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo mutuo entre las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, la parte afectada podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los daños y perjuicios causados, cuya valoración tomará como base el criterio de los gastos asumidos hasta ese momento por la parte perjudicada. En todo caso, y sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Primera en relación con los efectos producidos sobre la cesión del inmueble, las partes no estarán obligadas a resarcimiento alguno entre ellas en el supuesto de que, finalizado el plazo del compromiso de no enajenación a terceros de los fondos del Archivo Lafuente, dichos fondos no pudieran ser adquiridos por el MNCARS.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.
Novena. Modificación del convenio.
El presente Convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo deberá ser hecha por escrito y firmada por ambas partes, y requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décima. Jurisdicción.
En el caso de que surja alguna controversia en la interpretación o aplicación de este Convenio, las partes acuerdan resolverlas mediante negociación amistosa en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento prevista en la Cláusula Séptima.
En defecto de acuerdo amistoso, las cuestiones litigiosas serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Duodécima. Aseguramiento.
12.1 El Ayuntamiento de Santander, como entidad gestora del espacio, se hará cargo de los seguros del edificio, la Responsabilidad Civil y los fondos que albergue el centro asociado al MNCARS-Archivo Lafuente, tanto aquellos que custodie y exhiba de forma permanente, como de las colecciones y exposiciones temporales programadas por el MNCARS.
12.2 En lo relativo a los fondos del Archivo Lafuente, será de aplicación la Cláusula Quinta del Convenio suscrito por las partes en Madrid, a 18 de febrero de 2016.
Decimotercera. Régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En defecto de previsión en este Convenio, se atenderá asimismo a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 16/1985, de 26 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil; Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos; Ley 5/2001, de 19 de noviembre, de Museos de Cantabria; y Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Y, en prueba de conformidad de todo lo que antecede, suscriben y firman el presente Convenio, por cuatriplicado, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–El Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao Cabrera.–El Presidente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, Javier García Fernández.–La Alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J. Borja-Villel. | El Ayuntamiento de Santander tendrá un museo asociado al Reina Sofía. Los detalles del convenio (el ayuntamiento paga la reforma, pero lo que se exponga debe tener el OK del museo) | El Ministerio de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander han suscrito, con fecha de 25 de julio de 2018, un Convenio Marco para la implantación de un Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la antigua sede del Banco de España en Santander, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 30 de agosto de 2018.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel J. Borja-Villel.
ANEXO
Convenio marco entre el Ministerio de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Santander para la implantación de un centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la antigua sede del Banco de España en Santander
En Santander, a 25 de julio de 2018.
REUNIDOS
Don José Guirao Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, nombrado por Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, actuando en virtud de lo previsto en el artículo 30.1.h) 2.º c) de la Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias, atendiendo al especial interés del proyecto.
Don Javier García Fernández, Subsecretario de Cultura y Deporte nombrado por Real Decreto 674/2018, de 22 de junio, quien interviene como Presidente del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, conforme al artículo 1.5.d) del Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, y del artículo 4.2.d) del Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, de Regulación del Organismo Autónomo.
Don Manuel Borja-Villel, Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (el MNCARS), Organismo Público dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, actuando en virtud de las competencias atribuidas por la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Doña Gema Igual Ortiz, Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de Santander en el ejercicio de su cargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 41.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
EXPONEN
I. Que, con fecha 18 de febrero de 2016, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Archivo Lafuente, D. José María Lafuente y el MNCARS según el cual se acordaban los siguientes compromisos (i) constitución de un derecho de uso a título gratuito de los fondos del Archivo Lafuente, con (ii) un compromiso de no enajenación a terceros de los fondos durante el período de vigencia del Convenio, y (iii) una voluntad por parte del MNCARS, en el ámbito de sus competencias, de impulsar el establecimiento de una sede asociada del MNCARS en Santander, en el edificio de la antigua sede del Banco de España, al que durante la vigencia del Convenio se trasladarán en préstamo los fondos del Archivo Lafuente, previo cumplimiento de los oportunos trámites administrativos, patrimoniales y presupuestarios.
II. Que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el Propietario del edificio de la antigua sede del Banco de España en Santander. Se trata de una finca urbana situada en Santander, entre la Avenida de Alfonso XIII y calle de la Naos, Salvador Hedilla y Somorrostro, hoy calle Alfonso XIII, señalado con el número cuatro. El solar mide una extensión superficial de mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados; y deduciendo de ellos los seis metros con cuarenta y dos decímetros cuadrados, ocupados por los chaflanes de los cuatro vértices queda una superficie útil para la edificación de mil ochocientos setenta y dos metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados. Sobre dicho solar y ocupando parte de su superficie se halla construido edificio destinado a Sucursal del Banco de España en Santander, que tiene la configuración de un cuadrilátero regular, construido con piedra de sillería y cemento, con cuatro fachadas. Consta de sótano, planta baja destinada a las oficinas del Banco de España, piso principal para vivienda de los señores Director y Cajero de aquella entidad y primero para vivienda de portero y ordenanza y terraza. Ocupa una superficie de ochocientos diez metros cuadrados, tiene su entrada por la Avenida de Alfonso XIII.
III. Que mediante Orden Ministerial de 29 de mayo de 2013, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado, acordó la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Cantabria del inmueble descrito antigua sede del «Banco de España», con destino a sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Instituto de Investigación de Prehistoria de Cantabria y Centro de Investigación de categoría n.º 2 de Arte Rupestre de la Unesco.
El Consejo de Gobierno de Cantabria, mediante Decreto 42/2013, de 27 de junio (Boletín Oficial de Cantabria n.º 129, del día 8 de julio de 2013
### RESUMEN: El Ayuntamiento de Santander tendrá un museo asociado al Reina Sofía. Los detalles del convenio (el ayuntamiento paga la reforma, pero lo que se exponga debe tener el OK del museo) |
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Femando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 8317-2005, interpuesto por el Ayuntamiento de Gomecello, representado por doña Concepción del Rey Estévez y bajo la asistencia del Letrado don Francisco Javier Plaza Veiga, contra la Ley de las Cortes de Castilla y León, 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca). Han intervenido los Letrados de las Cortes y de la Junta, ambas de Castilla y León. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Con fecha 21 de noviembre de 2005, doña Concepción del Rey Estévez, Procuradora de los Tribunales y del Ayuntamiento de Gomecello, interpuso conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca), publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 27 de mayo de 2005. Tras justificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad relativos a la legitimación, acuerdo de inicio de tramitación, solicitud de informe al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y al cumplimiento de los plazos, la demanda expone los argumentos en los que basa la vulneración de la autonomía local imputable a la totalidad de la Ley impugnada, sin perjuicio de que las alegaciones versen, también, sobre los concretos preceptos de la mencionada disposición legal.
Comienza la demanda manifestando que la autonomía local se encuentra reconocida en los artículos 137 y 140 CE, reconocimiento que enlaza con el principio democrático que impregna el sistema constitucional y que conlleva el derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuántos asuntos le atañen, criterio que coincide con lo regulado en el artículo 2.1 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LBRL), reconociendo el Estatuto de Autonomía de Castilla y León plena autonomía a los municipios para la gestión de sus intereses. Recuerda, además, que la garantía institucional de la autonomía local no predetermina una configuración concreta, pero obliga al legislador a preservar la institución local en términos reconocibles para la conciencia social en cada tiempo y lugar. En la medida en que la Ley impugnada desposee al municipio de sus competencias en materia de medio ambiente, urbanismo y autofinanciación, interfiriendo en las competencias que la Ley reguladora de las bases de régimen local reconoce a los municipios (arts. 2.25 y 84 LBRL), y ha actuado a espaldas de la conciencia social, cuando ha optado por la vía de la ley, ajena al control judicial, en lugar del decreto, ha vulnerado ese núcleo indisponible de la autonomía local.
Entiende, además, que de haber tenido alguna participación el Ayuntamiento de Gomecello en el proceso administrativo que ha precedido a la aprobación del proyecto regional, lo habría sido en igualdad de condiciones con cualquier otro interesado para la defensa de sus intereses cuando el Ayuntamiento lo hace en defensa de la autonomía local. Pero en todo caso, la remisión por la Ley impugnada al procedimiento establecido en la Ley 11/2003, de prevención ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 3/2005, no garantiza ni la audiencia pública ni la información pública, ni el informe a que se refiere el artículo 15 de la Ley 11/2003, pues el artículo 20.2 de esta misma Ley se limita señalar que cuando la declaración de proyectos regionales se lleve a efecto por ley, «la misma podrá resolver la autorización ambiental».
El número uno del artículo único de la Ley 6/2005, al declarar de interés regional la instalación del centro de tratamiento de residuos en Gomecello, hace tal declaración sin haber contado con el municipio y sin que la ley establezca un solo trámite que se haya realizado a tal fin, cuando la instalación del centro es obvio que afecta al círculo de intereses del municipio. No puede admitirse que, como señala el preámbulo de la Ley 6/2005, se hayan producido actuaciones previas con intervención del municipio, pues el Decreto 65/2004, de 1 de julio, por el que se aprueba el proyecto regional para la instalación de este mismo centro, que fue impugnado en la vía contencioso-administrativa por el Ayuntamiento de Gomecello, ha sido derogado por la propia Ley 6/2005, de donde se concluye que no se han producido las actuaciones que habrían permitido integrar la intervención municipal. Por tanto, se solicita que la Sentencia reconozca al Ayuntamiento la posibilidad de participar en el procedimiento mediante la emisión de informes previos en el ámbito de sus competencias.
El apartado dos del artículo único concede la autorización ambiental integrada al centro de tratamiento de residuos urbanos. La Ley estatal 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación, que se reconoce como básica, prevé que la solicitud de autorización ambiental debe ser acompañada, entre otra documentación, de la correspondiente licencia municipal de actividades clasificadas, establece la exigencia de un informe urbanístico municipal que, de ser negativo, impide el otorgamiento de la autorización ambiental (art. 15) y el informe municipal sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia (art. 18), pero la Ley 6/2005 ignora estas intervenciones municipales preceptivas con lesión de los artículos 25 y 84.1 b), ambos de la Ley de bases de régimen local.
El apartado tercero del artículo único establece que los efectos de la declaración son los previstos en la Ley 9/2002, de 10 de julio, y en la Ley 11/2003, de 8 de abril, produciéndose así una inmediata aptitud del proyecto para su ejecución. La demanda pone de relieve la existencia de dos procesos previos ante el Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad núm. 5753-2000 y el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 1400-2003, interpuesto por el municipio de Santovenia del Pisuerga, y aduce que la Ley 9/2002 ha servido de modelo a la Ley ahora impugnada, de manera que en ambos casos se ha producido la misma vulneración de la autonomía local.
El apartado 4 del artículo único clasifica el suelo afectado por el proyecto como suelo rústico de protección de infraestructuras. Se aduce, nuevamente, que no ha existido intervención del Ayuntamiento, apoyándola en el hecho de que la ley impugnada deroga el Decreto de la Junta de Castilla y León 65/2004, de 1 de julio, por el que se aprueba el proyecto regional, decreto que incorpora como anexo la Orden 16 de junio de 2004, cuyo antecedente sexto pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha emitido informe negativo, lo que indica que se han vulnerado las competencias urbanísticas del municipio consagradas en el artículo 25.2 d) e i) LBRL, en relación con los artículos 13 y 15 de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
En cuanto al apartado cinco del artículo único, que determina la aplicación orientativa o plena de las distintas características técnicas del proyecto, y la disposición adicional que atribuye a la Consejería de medio ambiente la resolución de las cuestiones que se susciten sobre la autorización ambiental concedida por la Ley, también infringen la autonomía local por las mismas razones antes señaladas.
Por las razones expuestas, la demanda solicita que el Tribunal Constitucional declare (i) que el artículo único y la disposición adicional de la Ley 6/2005 lesionan la autonomía local constitucionalmente garantizada del municipio de Gomecello, (ii) que dicha Ley no respeta el nivel mínimo de competencias que están legalmente atribuidas a dicho municipio, reconociendo que a éste le corresponde participar en el proceso previo, coetáneo y posterior a la declaración del proyecto regional y, (iii) que dicha Ley carece de efectos vinculantes para el municipio, dejando sin efecto las actuaciones realizadas tras la entrada en vigor de la Ley.
2. Mediante providencia de 28 de febrero de 2006, la Sección segunda acordó admitir a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Consejo de Gobierno y a las Cortes, ambos de Castilla y León, y al Gobierno de la Nación, para personación y trámite de alegaciones, ordenándose además la publicación del conflicto en la forma legalmente establecida.
3. Por escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 7 de marzo de 2006, el Abogado del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta, se personó en el conflicto, manifestando su intención de no formular alegaciones. El 15 de marzo del mismo año, se registró escrito del Presidente del Senado dando por personada a la Cámara y ofreciendo su colaboración. Por su parte, el Presidente del Congreso de los Diputados, dio traslado del acuerdo de la Mesa, mediante escrito presentado el 21 del mismo mes y año, de no personación en el conflicto.
4. El Letrado de las Cortes de Castilla León presentó, mediante escrito que tuvo entrada en el Tribunal Constitucional el 3 de abril de 2006, las alegaciones que a continuación se resumen. Comienza recordando las características esenciales de este proceso constitucional, previsto para cuando una norma con rango de ley lesiona la autonomía local constitucionalmente garantizada. Aun siendo necesario que se vean afectadas competencias de los entes cuya autonomía se pretende defender, hace falta, además, que formen parte de ese núcleo de competencias constitucionalmente garantizadas, debiéndose tener en cuenta que, por tratarse la autonomía local de una autonomía administrativa, los intereses locales vienen determinados por el legislador básico y por las legislaciones de desarrollo, de manera que debe tenerse en cuenta la configuración legal de las competencias administrativas, aspecto éste que no puede ignorarse so pretexto de la legitimidad democrática de los municipios, principio que nadie discute.
Esto expuesto, pasa a analizar las competencias municipales y autonómicas en cada una de las materias afectadas por la Ley impugnada. Así, en materia de residuos, la Ley de bases de régimen local se limita a establecer entre las obligaciones municipales la recogida y tratamiento de residuos urbanos que se producen en el propio municipio, lo que se corresponde con la genérica atribución de competencias a las entidades locales, por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, para la gestión de los residuos urbanos, en los términos establecidos en esta Ley y, en su caso, dicten las Comunidades Autónomas. Es sin embargo competencia autonómica, de acuerdo con la Ley 10/1998, de 21 de abril, la elaboración de los planes de residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos, planes de residuos que deberán contener los lugares e instalaciones adecuadas para la eliminación de residuos. En materia de medio ambiente, la prestación de servicios en esta materia queda limitada a los municipios de más de cincuenta mil habitantes, lo que evidencia que no es el ámbito de los estrictos intereses municipales el directamente afectado, siendo así que su actividad tradicional en la materia venía dada por las licencias de actividades clasificadas, licencia que, conforme a lo establecido en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León no sería exigible. Las competencias autonómicas de desarrollo normativo y ejecutivas en la materia vienen establecidas por el Estatuto de Autonomía (art. 34.1.5).
Conforme a la Ley 11/2003 corresponde a la Comunidad Autónoma otorgar la autorización ambiental en el caso de proyectos regionales. Para el caso de los proyectos regionales que, de conformidad con la Ley de ordenación del territorio sean declarados por ley, la tramitación ambiental se realizará conforme a lo establecido en la Ley de ordenación territorial. La competencia de ordenación territorial es sustancialmente autonómica aunque los municipios participarán en ella mediante la intervención en la aprobación de planes y proyectos regionales de carácter sectorial, mediante la emisión de informes. En efecto, la Ley 10/1998, de ordenación del territorio, atribuye la titularidad de la competencia a la Comunidad Autónoma. Su artículo 20.1 c) se refiere a los proyectos regionales a los cuales quedan vinculados los planes urbanísticos y a la sustitución de las licencias urbanísticas y medio ambientales por el informe previo. En cuanto a las competencias urbanísticas, aunque de componente esencialmente municipal, la propia Ley de urbanismo en su disposición final segunda, acoge la incidencia de la legislación de ordenación del territorio en el ámbito urbanístico estableciendo que cuando los instrumentos de ordenación en los supuestos excepcionales de interés regional incluyan entre sus determinaciones las que procedan de las previstas en el título II de esta Ley, corresponderán a la Comunidad Autónoma las competencias propias de los municipios, sin más limitación que la obligada justificación del interés regional que habilite para el ejercicio de actividad urbanística por la Comunidad Autónoma.
Continúa exponiendo la contestación a la demanda el procedimiento que se ha seguido para la aprobación de la Ley impugnada. Tras la correspondiente tramitación administrativa en los términos señalados por la Ley 10/1998, de ordenación del territorio, se aprobó el proyecto regional por Decreto 65/2003, de 1 de julio («Boletín Oficial de Castilla y León» de 2 de julio de 2004). En este procedimiento previo participó el Ayuntamiento de Gomecello, en la forma prevista por la ley citada. Posteriormente, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley 9/2002, es asumido por el órgano legislativo que lo reviste con forma de ley, de manera que no cabe afirmar que el municipio no ha podido participar en modo alguno en ejercicio de sus competencias, sin que tenga incidencia alguna el hecho de que la ley impugnada deroga el citado Decreto.
Finalmente, tras destacar la imprecisión con la que aparecen formuladas las competencias municipales que se estiman vulneradas y la cita imprecisa de preceptos de la Ley de bases de régimen local que se habrían ignorado, señala que los municipios no tienen competencias para otorgar licencias cuando se trata de proyectos regionales declarados por ley pues el ordenamiento prevé su participación lo que garantiza el mínimo exigible en garantía de la autonomía.
5. Con fecha 4 de abril de 2013 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, actuando en representación de la Junta de Castilla y León, en el que se realizan las siguientes alegaciones. Comenzando por las procesales, discute la Junta la legitimación del Ayuntamiento de Gomecello, pues niega que se trate de una ley de destinatario único. La Ley impugnada manifiesta en su exposición de motivos que obedece a la previa planificación del sector de los residuos para el ámbito de la Comunidad Autónoma, con adopción del modelo provincial, y encuentra su cobertura en la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, y que contempla que los centros de tratamiento, depósito, eliminación y valorización de residuos puedan ser declarados por ley proyectos regionales. En este caso, el centro de tratamiento de residuos tiene un especial interés para la provincia de Salamanca de acuerdo con el plan de residuos urbanos aprobado por Decreto 18/2005. Dado el carácter supramunicipal del centro de tratamiento, no es Gomecello el único destinatario de la norma impugnada. De serlo alguno, lo sería la Diputación Provincial de Salamanca. Solicita, en consecuencia, la inadmisión por Sentencia del presente conflicto constitucional.
En segundo lugar, entiende la Junta que el contenido de la Sentencia en este tipo de conflictos es declarativo a lo que responde la primera de las peticiones formuladas en el suplico del escrito de demanda, la declaración de que lesiona la autonomía local. Podrá, además, la Sentencia determinar la titularidad de la competencia controvertida pero no puede olvidarse que la participación en el proceso previo, coetáneo y posterior no es una competencia en este sentido, será en su caso, un derecho, pero ello no lo convierte en competencia en sentido estricto. Es por ello que deben descartarse los demás pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Finalmente, tampoco podría la Sentencia declarar la inconstitucionalidad de la Ley impugnada debiéndose seguir en su caso el proceso establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para la cuestión de inconstitucionalidad con los efectos contemplados en el artículo 38 LOTC.
En cuanto a las alegaciones materiales, señala el Letrado de la Junta que a diferencia de las competencias que la Constitución reconoce al Estado y a las Comunidades Autónomas, las competencias de los municipios y provincias no gozan de rango constitucional correspondiendo al legislador constitucionalmente competente determinar el concreto contenido de la autonomía local. A estos efectos, recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido en la STC 40/1998 que: a) el derecho a intervenir en los asuntos de su competencia forma parte del núcleo de la autonomía local; b) que la Constitución no asegura un contenido concreto o determinado; c) que no cabe hablar de intereses naturales de los entes locales (STC 32/1981); d) que más allá del contenido mínimo, la autonomía es un concepto jurídico de determinación legal, y e) que corresponde al legislador determinar el contenido concreto de la autonomía local. Recuerda, a continuación, la STC 40/1998, en la que este Tribunal afirmó que aunque entre los asuntos que son de interés de los municipios está el urbanismo, de ello no puede colegirse que la intervención del municipio en los casos de ejecución de obras que deben realizarse en su término tenga que traducirse en el otorgamiento de la correspondiente licencia. En consecuencia, la autonomía local garantizada en la Constitución se concreta en el derecho de la entidad local a intervenir, sin que puedan equipararse los términos autonomía local, competencias e intereses locales, ni siquiera con el derecho a acceder a los Juzgados y Tribunales.
Continúa exponiendo que la competencia autonómica exclusiva en materia de ordenación del territorio se ha visto plasmada en la Ley 10/1998, de ordenación del territorio, que regula en su artículo 20 los proyectos de interés regional, que están dotados de una especial eficacia en la medida en que son causa de modificación de los instrumentos de ordenación del territorio existentes y del planeamiento urbanístico local. Esta es la concreción que, en materia de ordenación del territorio, ha realizado el legislador competente sin que pueda tacharse de vulneradora de la autonomía local. En ejercicio de esta misma competencia el legislador autonómico aprobó la Ley 9/2002, de 10 de julio, que permite la aprobación por ley de proyectos regionales de plantas o centros de tratamiento, depósito, eliminación y valorización de residuos de singular interés para la Comunidad Autónoma. Estos son instrumentos de intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, tal y como se definen en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el derecho de intervención de los municipios queda garantizado a través de los procedimientos en ella previstos y la emisión del correspondiente informe.
La Comunidad Autónoma ostenta también competencia en materia de medio ambiente. En su ejercicio ha dictado la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León, en la que una vez más son las Cortes autonómicas las competentes para determinar el contenido concreto del derecho a participar de los municipios en el marco de la legislación básica del Estado. Esta disposición legal establece la autorización ambiental como acto de autorización de determinadas instalaciones, actividades o proyectos, entre las que se encuentran las de residuos urbanos, y se configura como un acto único otorgado por el órgano designado en la Ley, siendo así que la competencia para otorgar esta autorización, cuando se trata de proyectos regionales en que concurren motivos de singular interés, corresponde a la ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/2003: «con carácter excepcional, cuando se trate de proyectos regionales a los que se refiere la Ley de Ordenación del territorio de Castilla y León cuya declaración se lleve a cabo por ley, la misma podrá resolver la autorización ambiental. En estos casos la tramitación administrativa de la autorización ambiental será la prevista en esta ley». La integración en un solo acto de los elementos concurrentes en la autorización de las instalaciones de tratamiento de residuos resulta plenamente respetuosa con el derecho a intervenir de los municipios afectados mediante la emisión de informes previstos legalmente.
En materia de gestión de residuos, hay que destacar que los intereses a proteger tienen una trascendencia superior al ámbito local y prueba de ello es que la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de junio de 1975, crea una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos teniendo en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones especializadas para determinado tipo de residuos. Como señala el Consejo Consultivo, la aprobación de un proyecto regional para una instalación de este tipo es una obligación impuesta por la normativa estatal básica.
A la vista de lo expuesto, resulta que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, ha delimitado con rigor el procedimiento para la adecuación de los intereses generales en los supuestos en que concurren condicionantes supralocales de acuerdo con los criterios determinados por la legislación europea. La declaración por ley encuentra su amparo en el artículo 1 de la Ley 9/2002, de 10 de julio, de manera que no puede considerarse lesiva de la autonomía local al respetar el derecho de las corporaciones locales afectadas a intervenir en su tramitación. No cabe identificar autonomía local con la concesión de licencias municipales o cumplimiento de los trámites que inicialmente corresponden a los Ayuntamientos, ni puede concluirse que se haya vulnerado el artículo 25 LBRL, pues corresponde a la Comunidad Autónoma determinar el nivel de participación de los municipios en la elaboración de los instrumentos de planeamiento.
Finalmente, la exposición de motivos de la Ley impugnada indica expresamente que dando cumplimiento al apartado 2 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, se ha tramitado el procedimiento previsto en la Ley de ordenación del territorio de Castilla y León y que ha dado cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 11/2003, de 8 de abril, y, por tanto, el Ayuntamiento ha intervenido mediante la emisión de los correspondientes informes en las actuaciones administrativas encaminadas a la obtención de la autorización ambiental, que han sido incorporadas a la Ley 6/2005 en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria de la Ley 3/2005.
6. Por providencia de 10 de marzo de 2014, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
1. Este conflicto en defensa de la autonomía local se interpone por el Ayuntamiento de Gomecello (Salamanca) contra la Ley 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello.
Tal y como ha quedado expuesto pormenorizadamente en los antecedentes, la impugnación se fundamenta en la vulneración de la autonomía local constitucionalmente consagrada en la medida en que el municipio habría quedado desprovisto de sus competencias en materia de urbanismo, medio ambiente, y autofinanciación, por no haber podido intervenir en el procedimiento previo, ni en el procedimiento legislativo, y haberse suprimido su participación posterior a la declaración por ley del proyecto regional al haberse eliminado la exigencia de licencias municipales. Por el contrario, tanto el Letrado de las Cortes de Castilla y León, como el Letrado de la Junta de Castilla y León consideran que la Ley impugnada se ha aprobado en el ejercicio de las competencias que en materia de urbanismo, medio ambiente y residuos, atribuye a la Comunidad Autónoma la legislación autonómica y, en concreto, al legislador cuando se trata de proyectos regionales de singular interés, y que se ha respetado la participación del municipio en la adopción de la Ley impugnada al haber participado éste en el procedimiento administrativo previo.
2. Con carácter preliminar, debemos analizar la legitimación que asiste al municipio de Gomecello para la impugnación de la Ley 6/2005, de 26 de mayo, en este conflicto en defensa de la autonomía local. Como se anticipó en los antecedentes, el Letrado de la Junta la rechaza con base en que la instalación de residuos que autoriza la Ley impugnada está destinada a prestar servicio a los municipios de la provincia de Salamanca, de manera que son todos los municipios de la provincia los destinatarios de la ley impugnada.
Conforme a lo establecido en el artículo 75 ter LOTC, están legitimados para promover este tipo de conflictos «el municipio... que sea destinatario único de la ley», concepto éste que debe ser determinado caso por caso, a partir del ámbito territorial de la disposición legal presuntamente vulneradora de la autonomía local y de su contenido material, sin que, en contra de lo que alega la Junta de Castilla y León, quepa confundir la legitimación para interponer este tipo proceso constitucional con la legitimación por la titularidad de intereses legítimos, propia de la jurisdicción contencioso administrativa.
La Ley impugnada consta de un artículo único con cinco apartados, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos anexos. El apartado primero declara «Proyecto Regional, por su singular interés para la Comunidad, y con el contenido que se describe en el anexo I de esta Ley, el Proyecto para la instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca). El Proyecto se ejecutará en las parcelas 10.001, 20.001, 2, 3 y 4 del polígono 504, paraje ‘‘Las Galvanas’’ en el término municipal de Gomecello (Salamanca)». El apartado segundo concede la autorización ambiental a la instalación declarada proyecto regional en los términos establecidos en el anexo II. El apartado tercero especifica los efectos de la aprobación de la Ley y, en concreto, la legitimación de la inmediata ejecución de la obra y la realización de la actividad. El apartado cuarto clasifica el suelo y establece los principales parámetros urbanísticos, y el apartado cinco determina qué aspectos técnicos del proyecto aprobado son de necesaria aplicación y cuáles son únicamente orientativos. En cuanto a la disposición adicional, atribuye al Consejero de Medio Ambiente la resolución de las cuestiones que se susciten sobre la autorización ambiental concedida. Finalmente, la disposición derogatoria deroga el Decreto del Consejo de Gobierno 65/2004, de 1 de julio («Boletín Oficial de Castilla y León» número 126, de 2 de julio de 2004), que había aprobado el proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca).
La Ley impugnada tiene un ámbito territorial limitado, pues la instalación de residuos está ubicada íntegramente en el término municipal de Gomecello. En cuanto a su contenido material, la Ley impugnada autoriza la obra y actividad de una concreta instalación de residuos y le otorga la autorización ambiental. Como señalamos en la STC 129/2013, de 4 de junio, las leyes contempladas en la Ley 9/2002, constituyen un ejemplo de ley singular autoaplicativa: «[E]n efecto, el artículo único de la Ley impugnada contiene una reserva formal de ley que conlleva la sustracción a la Administración de la función de aplicación de la norma al caso concreto que, de otra manera, le correspondería. De hecho, las leyes de aprobación de los proyectos regionales de infraestructuras de residuos ejercen, por mandato del legislador autonómico, una función materialmente administrativa. Son, en definitiva, leyes autoaplicativas que no requieren de una posterior actividad administrativa de aplicación pues en sí mismas la contienen» (FJ 2).
A este modelo responde, sin duda, la Ley impugnada. No sólo porque su exposición de motivos reconoce que se ha dictado con la cobertura legal de la Ley 9/2002, afirmando, además, que «las instalaciones del mencionado Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos tienen un carácter singular y cumplen los requisitos indicados en la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, dado el grave problema planteado en la provincia de Salamanca en relación con la gestión de los residuos generados por los habitantes de esta provincia». Sino, también, porque a la vista del contenido antes expuesto, muy similar al de la disposición adicional de la Ley 9/2002, que aprobaba la instalación de residuos ubicada en Santovenia de Pisuerga, podemos afirmar, como ya señalamos en la STC 129/2013, de 4 de junio, que esta disposición contiene una ley singular de aplicación de la ley general, esto es, de la Ley 9/2002, que sustituye la actividad administrativa de aplicación de la ley general. En consecuencia, la única autonomía local que podría haberse visto lesionada como consecuencia de la aprobación del proyecto regional es la del municipio de Gomecello, donde la instalación está ubicada, y siendo la finalidad de este proceso constitucional la defensa de la autonomía local constitucionalmente garantizada, hay que concluir que éste ostenta legitimación para la impugnación de la Ley 6/2005, de 26 de mayo, legitimación que, por otra parte, reconocimos al municipio de Santovenia de Pisuerga para impugnar la disposición adicional que aprobaba el proyecto regional para la instalación de residuos en aquél municipio [STC 142/2013, de 11 de julio de 2013, FJ 2 b)].
3. Debemos, también con carácter previo, precisar el objeto de este proceso constitucional, que es, en esencia, un proceso competencial tal y como se deduce del contenido que el artículo 75 quinquies.5 LOTC, prevé para las Sentencias recaídas en este tipo de procesos constitucionales: «La sentencia declarará si existe o no vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada, determinando, según proceda, la titularidad o atribución de la competencia controvertida, y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones de hecho o de derecho creadas en lesión de la autonomía local». Se trata, además, de un proceso ideado como una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, especificidad que, tal y como señalamos en la STC 240/2006, de 20 de julio, «[s]e manifiesta en que el conflicto sólo puede ser promovido frente a normas legales con base en un único motivo de inconstitucionalidad, la lesión de 'la autonomía local constitucionalmente garantizada', en consecuencia no podrán alegarse en él otros motivos fundados en la infracción de preceptos constitucionales que no guarden una relación directa con la autonomía que la Constitución garantiza a los entes locales» (FJ 3).
Por esta razón no cabe analizar, como plantea indirectamente la demanda, si la Ley, tramitada por el procedimiento de lectura única, al eliminar el control judicial al que estaba sujeto el Decreto 65/2004, de aprobación del proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos en Gomecello (Salamanca) y que había sido impugnado por este municipio, ha vulnerado la tutela judicial efectiva, derecho éste que, por otra parte, no ha invocado expresamente el recurrente. Si la Ley singular vulnera o no este derecho fundamental del municipio de Gomecello, aun con el limitado alcance que éste reviste para las Administraciones públicas, o de los terceros cuyos derechos o intereses legítimos hayan podido verse afectados por la aprobación de la instalación de residuos, es una cuestión ajena por completo a la autonomía local constitucionalmente garantizada que es objeto exclusivo de protección en este proceso, autonomía que no es otra que, como hemos señalado de forma reiterada «el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos y materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y administración de cuanto les atañe, los órganos representativos de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica es posible» (STC 121/2012, de 5 de junio, FJ 5, con cita de las anteriores).
4. De acuerdo con lo establecido por la doctrina constitucional para otros procesos constitucionales en los que se trata de depurar el ordenamiento jurídico, la impugnación de las normas debe ir acompañada de una fundamentación que permita, tanto a las partes a las que asiste el derecho de defensa, como a este Tribunal, conocer las razones por las cuales el recurrente entiende que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional, en este caso, la autonomía local constitucionalmente garantizada, pues «resulta carga de los recurrentes, no solo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende a esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida... En suma, la presunción de constitucionalidad de normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente» (STC 237/2007, de 8 de noviembre, FJ 3).
Pues bien, si la vulneración de las competencias urbanísticas y medio ambientales que alega el municipio recurrente se encuentra profusamente argumentada en la demanda, no cabe decir lo mismo en relación con la vulneración de la autonomía financiera municipal, lesión ésta que, a pesar de estar enunciada, aparece huérfana de una mínima argumentación dirigida a justificarla. Por ello, en la medida en que no se ha cumplido con la carga procesal de exponer las razones en las que se fundamenta la lesión de la autonomía financiera, este Tribunal no se pronunciará sobre este extremo.
5. Finalmente, antes de entrar en el fondo de las concretas lesiones de la autonomía local invocadas por el Ayuntamiento de Gomecello, es importante recordar cuál es el canon de constitucionalidad a aplicar en este tipo de procesos. Tal y como señalamos en la STC 121/2012, de 5 de junio, con cita de otras anteriores, «el canon que este Tribunal deberá aplicar para resolver los conflictos en defensa de la autonomía local promovidos frente a leyes estatales se ciñe a los preceptos constitucionales (arts. 137, 140 y 141 CE) que establecen ese ‘‘contenido mínimo’’ que protege la garantía institucional y que hemos considerado definitorios de ‘‘los elementos esenciales’’ o del ‘‘núcleo primario’’ del autogobierno de los entes locales territoriales» (FJ 5), garantía que impide al legislador, so pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulneración de la citada garantía «[t]oda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogobierno» (FJ 5). Por ello añadimos que «[a]un cuando la normativa básica estatal... deba ser traída a colación en el examen del precepto impugnado, no puede formar parte del objeto de este proceso la discusión en torno a la supuesta vulneración de la misma, ya que ésta es una cuestión que afecta al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 75 bis.1 LOTC, no puede ser suscitada en el presente proceso constitucional, sin perjuicio de que la supuesta vulneración de la normativa básica pudiera, en su caso, integrar también materialmente una lesión de la autonomía local para la que el conflicto ofrece un cauce procesal viable». En otras palabras, la contradicción entre la normativa básica estatal y la autonómica sólo conllevará la lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada cuando la legislación estatal, en su diseño básico de la autonomía local, se haya limitado a recoger ese núcleo primario indisponible del autogobierno de los entes locales territoriales. Por el contrario, la vulneración por una ley autonómica de una ley básica estatal que haya optado por dotar a la autonomía local de un contenido más amplio que el constitucionalmente garantizado, afectará al modelo constitucional de distribución de competencias, pero no producirá la lesión de la autonomía local que se protege en este proceso constitucional.
6. El principal argumento en que el municipio recurrente basa la lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada es la falta de intervención del municipio en la declaración del proyecto regional que contiene la Ley impugnada, pues considera que (i) no puede considerarse tal la participación en el procedimiento administrativo previo que llevó a la aprobación por decreto del proyecto regional en la medida en que este Decreto ha sido derogado por la Ley impugnada, (ii) que el municipio de Gomecello no ha intervenido en la tramitación legislativa del proyecto de Ley y, finalmente, (iii) que tampoco puede intervenir posteriormente mediante el otorgamiento de las correspondientes licencias pues la propia Ley las excluye.
La exposición de motivos de la Ley 6/2005, de 26 de mayo, explicita que se ha dado cumplimiento al apartado 2 del artículo único de la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés, y que con carácter previo a la declaración por ley del proyecto regional se ha tramitado el procedimiento previsto en la Ley 10/1998, de ordenación del territorio. Conforme al artículo 22 de la Ley de ordenación del territorio, antes de someter a información pública los proyectos regionales, se dará audiencia a los municipios afectados. Asimismo, señala la exposición de motivos que a los efectos de la tramitación de la autorización ambiental, se ha dado cumplimiento al procedimiento contemplado en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León, habida cuenta de que la reforma operada en la Ley 11/2003 contempla la utilización de las actuaciones administrativas realizadas hasta la entrada en vigor de dicha norma. Pues bien, el Ayuntamiento recurrente no acredita que se haya omitido la intervención previa del municipio de Gomecello, ni alega que el proyecto regional aprobado por la Ley impugnada constituya, en mayor o menor medida, un proyecto distinto del que inicialmente fue aprobado por el Decreto 65/2004, de 1 de julio, pues se limita a indicar que el procedimiento administrativo previo culminó con la aprobación del Decreto 65/2004, de 1 de julio, que incorporaba como anexo la Orden de 16 de junio de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente por la que, tras la tramitación administrativa establecida en la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga la autorización ambiental para el proyecto regional, y que una vez éste ha sido derogado por la disposición derogatoria de la ley impugnada, también habrían quedado derogados los actos de trámite, de donde concluye que no ha existido intervención alguna por parte del municipio recurrente antes de la aprobación de la Ley.
El procedimiento administrativo que precede a la aprobación de un proyecto regional, previo, por tanto, al procedimiento legislativo que se ha seguido para la aprobación de la Ley impugnada, está compuesto por una serie de actos de trámite protegidos por el principio general de conservación de los actos administrativos que se plasma, entre otros, en los artículos 64 a 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo una de sus manifestaciones más intensas la conservación de los actos y trámites que se habrían mantenido igual aun cuando la resolución definitiva adolezca de algún vicio. De tal manera que, si incluso en los casos en que el acto definitivo es nulo de pleno derecho, se conservan los actos y trámites, tanto más se conservarán cuando el acto definitivo es derogado como consecuencia de la elevación de rango del acuerdo de aprobación de este mismo proyecto regional, dicho sea esto sin entrar ahora, por no ser objeto de este proceso constitucional, en otras vulneraciones constitucionales distintas de la vulneración de autonomía constitucionalmente garantizada, en las que podría incurrir la Ley impugnada como consecuencia de su contenido material.
A mayor abundamiento, la intervención del municipio en el procedimiento administrativo previo a la aprobación del Decreto, aunque después haya sido derogado por la Ley contra la que se interpone el presente conflicto en defensa de la autonomía local, ha permitido al municipio de Gomecello expresar su voluntad y criterio, en relación con el ejercicio de las competencias que le asisten, sobre el proyecto regional finalmente aprobado por la Ley en cuestión, de ahí que debamos descartar desde este momento que la Ley se haya aprobado sin la intervención del municipio recurrente, esto es, sin haberle permitido participar en modo alguno en la aprobación de una instalación de residuos que afecta a los intereses que le son propios.
7. Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los apartados 2, 3, 4 y 5, del artículo único, Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, que remiten al procedimiento administrativo previsto en la Ley de ordenación del territorio para los proyectos regionales, eliminan la exigencia de licencias municipales, pues su aprobación conlleva su aptitud para la inmediata ejecución de las actividades y actos de uso del suelo, y atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia para el control ambiental y todas sus fases.
En concreto, en el fundamento jurídico 8 de la STC 129/2013, de 4 de junio, recordamos la doctrina constitucional que había precisado el alcance de la autonomía local constitucionalmente garantizada en relación a las competencias urbanísticas municipales, doctrina según la cual «aunque el urbanismo se encuentra entre los asuntos de interés de los municipios y, dentro de él, la competencia para asegurar que los usos del suelo se acomodan a la ley y a los planes de ordenación urbana, y que el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, somete la actividad de los ciudadanos y de las Administraciones públicas a licencia y a otros actos de control preventivo, no supone una intromisión ilegítima en la autonomía local que, concurriendo razones que lo justifiquen, el legislador garantice la participación o intervención del municipio por otros medios, que es lo que exige la garantía institucional de la autonomía local que extendimos a las competencias ambientales municipales».
Concluimos entonces, extendiendo esta doctrina a las competencias ambientales municipales, que las citadas previsiones, comunes para todos los proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, no vulneraban la autonomía local: «En aplicación de la doctrina anteriormente expuesta, debe concluirse que la exención de licencias y autorizaciones urbanísticas y ambientales para este tipo de proyectos de infraestructuras de residuos no vulnera la autonomía local. En primer lugar porque, aun cuando los proyectos de interés regional no son necesariamente obras públicas autonómicas, ya que pueden ser promovidas por particulares (art. 24 de la Ley de ordenación del territorio de Castilla y León), la Administración debe garantizar la prestación de la actividad de gestión de los residuos, pues tanto la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, vigente cuando se aprobó la Ley impugnada, como la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, atribuyen respectivamente esta competencia a las entidades locales y las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, porque la participación previa de los municipios afectados se garantiza con la exigencia de informe dentro del procedimiento administrativo que precede a la aprobación del proyecto de singular interés de la Comunidad Autónoma (art. 24 de la Ley de ordenación del territorio). Y, finalmente, porque los proyectos de infraestructuras de residuos de singular interés regional revisten un carácter excepcional, pues exigen la concurrencia de un interés singular que va más allá del mero interés supramunicipal que concurre en el resto de proyectos regionales regulados en la Ley 10/1998, para los que el artículo 22.5 de esta Ley no excluye la obtención de licencia.»
El apartado primero del artículo único de la Ley impugnada declara proyecto regional la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, que, según señala la exposición de motivos, viene a solucionar el grave problema planteado en esta provincia en relación con la gestión de los residuos en ella generados, que se traduce en la existencia de numerosos vertederos incontrolados así como en la progresiva saturación de los controlados, lo que provoca una situación insostenible a nivel medioambiental. Además, el centro de tratamiento tiene un evidente alcance provincial y será la única instalación de estas características en la provincia. El resto de apartados, o bien se remiten a lo dispuesto en la Ley 9/2002, en concreto a la inmediata aptitud para legitimar la obra y actividad eliminando, en consecuencia, las licencias municipales, o bien clasifican el suelo afectado por el proyecto regional y establecen las determinaciones urbanísticas básicas, o reconocen la naturaleza vinculante plena u orientativa de las características técnicas del proyecto aprobado, o, finalmente, otorgan la autorización ambiental y atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia en relación con la autorización ambiental. En aplicación de la doctrina establecida por la STC 129/2013, de 4 de junio, ninguno de estos apartados vulnera la autonomía constitucionalmente consagrada. Aun conteniendo todos ellos medidas de naturaleza urbanística y medio ambiental, que afectan en mayor o menor grado a las competencias locales –la competencia para otorgar la autorización ambiental corresponde en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 20 de la Ley 11/2003, de prevención ambiental de Castilla y León, a la Comunidad Autónoma y no al municipio–, el ejercicio de la competencia autonómica justifica que la clasificación del suelo afectado por el proyecto, así como las determinaciones urbanísticas por éste requeridas, se impongan a los instrumentos de planeamiento municipal, tal y como establece el artículo 21.2 de la Ley de ordenación del territorio de Castilla y León, al igual que las especiales circunstancias referidas en la exposición de motivos justifican la sustitución de las licencias por la intervención previa del municipio en la tramitación del proyecto regional.
Esto afirmado, no cabe entrar a resolver la alegación según la cual la Ley impugnada habría vulnerado la Ley estatal 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, por haber seguido el procedimiento específico en ella establecido para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, pues, como anticipamos en el fundamento jurídico 6, este proceso constitucional no tiene por objeto el control de la constitucionalidad mediata de las normas autonómicas, sino únicamente la garantía de la autonomía local consagrada en la Constitución cuyo contenido esencial, hemos afirmado, respeta la ley impugnada.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Desestimar el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por el Ayuntamiento de Gomecello contra la Ley de Castilla y León 6/2005, de 26 de mayo, de declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca).
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a once de marzo de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. | Sentencia del TC que da la razón a Junta de Castilla y Leín en el conflicto por el centro de residuos de Gomecello | El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Femando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 8317-2005, interpuesto por el Ayuntamiento de Gomecello, representado por doña Concepción del Rey Estévez y bajo la asistencia del Letrado don Francisco Javier Plaza Veiga, contra la Ley de las Cortes de Castilla y León, 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca). Han intervenido los Letrados de las Cortes y de la Junta, ambas de Castilla y León. Ha sido Ponente el Magistrado don Enrique López y López, quien expresa el parecer del Tribunal.
I. Antecedentes
1. Con fecha 21 de noviembre de 2005, doña Concepción del Rey Estévez, Procuradora de los Tribunales y del Ayuntamiento de Gomecello, interpuso conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 6/2005, de 26 de mayo, sobre declaración de proyecto regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello (Salamanca), publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el 27 de mayo de 2005. Tras justificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad relativos a la legitimación, acuerdo de inicio de tramitación, solicitud de informe al órgano consultivo de la Comunidad Autónoma y al cumplimiento de los plazos, la demanda expone los argumentos en los que basa la vulneración de la autonomía local imputable a la totalidad de la Ley impugnada, sin perjuicio de que las alegaciones versen, también, sobre los concretos preceptos de la mencionada disposición legal.
Comienza la demanda manifestando que la autonomía local se encuentra reconocida en los artículos 137 y 140 CE, reconocimiento que enlaza con el principio democrático que impregna el sistema constitucional y que conlleva el derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuántos asuntos le atañen, criterio que coincide con lo regulado en el artículo 2.1 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LBRL), reconociendo el Estatuto de Autonomía de Castilla y León plena autonomía a los municipios para la gestión de sus intereses. Recuerda, además, que la garantía institucional de la autonomía local no predetermina una configuración concreta, pero obliga al legislador a preservar la institución local en términos reconocibles para la conciencia social en cada tiempo y lugar. En la medida en que la Ley impugnada desposee al municipio de sus competencias en materia de medio ambiente, urbanismo y autofinanciación, interfiriendo en las competencias que la Ley reguladora de las bases de régimen local reconoce a los municipios (arts. 2.25 y 84 LBRL), y ha actuado a espaldas de la conciencia social, cuando ha optado por la vía de la ley, ajena al control judicial, en lugar del decreto, ha vulnerado ese núcleo indisponible de la autonomía local.
Entiende, además, que de haber tenido alguna participación el Ayuntamiento de Gomecello en el proceso administrativo que ha precedido a la aprobación del proyecto regional, lo habría sido en igualdad de condiciones con cualquier otro interesado para la defensa de sus intereses cuando el Ayuntamiento lo hace en defensa de la autonomía local. Pero en todo caso, la remisión por la Ley impugnada al procedimiento establecido en la Ley 11/2003, de prevención ambiental de Castilla y León, modificada por la Ley 3/2005, no garantiza ni la audiencia pública ni la información pública, ni el informe a que se refiere el artículo 15 de la Ley 11/2003, pues el artículo 20.2 de esta misma Ley se limita señalar que cuando la declaración de proyectos regionales se lleve a efecto por ley, «la misma podrá resolver la autorización ambiental».
El número uno del artículo único de la Ley 6/2005, al declarar de interés regional la instalación del centro de tratamiento de residuos en Gomecello, hace tal declaración sin haber contado con el municipio y sin que la ley establezca un solo trámite que se haya realizado a tal fin, cuando la instalación del centro es obvio que afecta al círculo de intereses del municipio. No puede admitirse que, como señala el preámbulo de la Ley 6/2005, se hayan producido actuaciones previas con intervención del municipio, pues el Decreto 65/2004, de 1 de julio, por el que se aprueba el proyecto regional para la instalación de este mismo centro, que fue impugnado en la vía contencioso-administrativa por el Ayuntamiento de Gomecello, ha sido derogado por la propia Ley 6/2005, de donde se concluye que no se han producido las actuaciones que habrían permitido integrar la intervención municipal. Por tanto, se solicita que la Sentencia reconozca al Ayuntamiento la posibilidad de participar en el procedimiento mediante la emisión de informes previos en el ámbito de sus competencias.
El apartado dos del artículo único concede la autorización ambiental integrada al centro de tratamiento de residuos urbanos. La Ley estatal 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación, que se reconoce como básica, prevé que la solicitud de autorización ambiental debe ser acompañada, entre otra documentación, de la correspondiente licencia municipal de actividades clasificadas, establece la exigencia de un informe urbanístico municipal que, de ser negativo, impide el otorgamiento de la autorización ambiental (art. 15) y el informe municipal sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de su competencia (art. 18), pero la Ley 6/2005 ignor
### RESUMEN: Sentencia del TC que da la razón a Junta de Castilla y Leín en el conflicto por el centro de residuos de Gomecello |
Don Fernando Ramírez de Haro y Valdés ha solicitado la sucesión en el título de Conde de Bornos, con Grandeza de España, vacante por fallecimiento de su padre, don Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de Guzmán.
Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 26 de noviembre de 2012.- El Director de la División, Jorge García-Figueras López. | Solicitud de la sucesión en el título de Conde de Bornos por parte de Fernando Ramírez de Hato y Valdés. | Don Fernando Ramírez de Haro y Valdés ha solicitado la sucesión en el título de Conde de Bornos, con Grandeza de España, vacante por fallecimiento de su padre, don Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de Guzmán.
Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.
Madrid, 26 de noviembre de 2012.- El Director de la División, Jorge García-Figueras López.
### RESUMEN: Solicitud de la sucesión en el título de Conde de Bornos por parte de Fernando Ramírez de Hato y Valdés. |
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La crisis económica ha puesto de relieve una premisa que debe sostenerse más allá de las circunstancias económicas, y es que el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos.
No existe, según la teoría económica, un tamaño óptimo del sector público, pero sí indicadores que dan una idea de su dimensión. El más habitual es el ratio de Gasto Público sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De acuerdo con este indicador, España se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con menor gasto público en porcentaje de PIB, que ascendió a 43,4% en 2012 (excluyendo la ayuda financiera).
Desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB, España se ha situado tradicionalmente también por debajo de la media de la zona euro.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y la actuación de los estabilizadores automáticos, en los últimos años se ha producido un fuerte incremento del gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha traducido en un largo periodo de déficit públicos que no son sostenibles en el medio y largo plazo, por lo que resulta necesario avanzar en el proceso de consolidación fiscal.
En este contexto, abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas es una cuestión ineludible. Se debe asegurar que los servicios públicos se prestan de la forma más eficiente y al menor coste posible: que se aprovechan todas las economías de escala, que no se producen solapamientos ni duplicidades y que los procedimientos son simples y estandarizados.
La racionalización de la estructura de la Administración Pública, como parte del programa de reformas del Gobierno, tiene un antecedente de gran trascendencia en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos, al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.
Pese a ello, el objetivo de una reforma de las Administraciones Públicas no puede ser otro que el de convertir a la Administración española en un factor de eficiencia y productividad, que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos.
Con este fin, el 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.
Así, por ejemplo, se han tomado los acuerdos necesarios para la implantación del Proyecto Emprende en 3; han sido regulados los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares; se ha concluido el traslado del Centro de Estudios Económicos y Comerciales al Instituto de Estudios Fiscales o se ha puesto en marcha el servicio telemático en la sede electrónica de la Seguridad Social para el envío de certificados de estar al corriente de pago de las cuotas. También se ha aprobado la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, como instrumento vertebrador de la actuación de las Administraciones Públicas en esta materia, o el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que permitirá a las víctimas un acceso privado y electrónico al estado de tramitación de sus procedimientos. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 2 de agosto de 2013, el Plan Anual de la Política de Empleo 2013.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, revisa el umbral de 300 metros cuadrados para que los establecimientos comerciales puedan sustituir la licencia de apertura por la declaración responsable, regula la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva e incluye medidas para favorecer el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública. Otro ejemplo de medida CORA que ha sido aprobado finalmente es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Por otra parte, diversos proyectos de ley remitidos o ya aprobados por las Cortes Generales contienen medidas procedentes del Informe.
En lo que se refiere a la reordenación del sector público institucional también se ha avanzado en su proceso de restructuración.
Se ha procedido a la extinción del Consorcio Solar Decathlon. Adicionalmente, se ha acordado la disolución y están en fase de liquidación las Sociedades de Estiba y Desestiba del Puerto de La Gomera y del Puerto de La Estaca del Hierro.
Para avanzar en la reordenación de las entidades públicas analizadas en el Informe, de forma paralela a la presente Ley se ha aprobado el Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, en el que se recogen determinadas disposiciones de rango reglamentario, y un Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial, publicado mediante la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre.
El presente texto adopta las medidas legislativas necesarias para implantar recomendaciones de la CORA, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa.
II
En primer lugar, se adoptan modificaciones normativas para permitir la reordenación de organismos públicos con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el gasto público.
En el Ministerio de Defensa se procede a la integración, en primer término, del Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Igualmente, se integran en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» el Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto Tecnológico «La Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».
La Ley de 3 de junio de 1940 creó la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén como una institución autónoma del Estado, adscrita al entonces recién creado Ministerio de Asuntos Exteriores, al entender que España no podía abdicar de su pasado histórico e influencia en Oriente Medio en los órdenes político, comercial, cultural y religioso. Transcurridos más de setenta años desde entonces, con un nuevo orden constitucional vigente, un nuevo marco de relaciones con la Iglesia Católica, y un conjunto de disposiciones posteriores rectoras de las entidades del sector público estatal, resulta inexcusable acometer la modificación de su ley de creación con una triple finalidad. En primer lugar, para actualizar y enumerar con claridad sus fines y las competencias que se le atribuyen para su adecuado cumplimiento; en segundo lugar, para definir, de acuerdo con el ordenamiento vigente, su naturaleza y establecer su régimen patrimonial, contractual, presupuestario, contable, fiscal y de control. Y, en tercer lugar, para prever que se dote a la entidad de un nuevo estatuto que establezca una organización y unos criterios de funcionamiento acordes con los generales de la organización y modos de actuación de las entidades de la Administración Pública española de nuestros días.
En el ámbito educativo, se atribuye al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), que venía gestionando programas de la Unión Europea de indudable incidencia en el ámbito de la educación superior, la competencia de promover la internacionalización del sistema universitario, tarea de la que se venía ocupando la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), fundación que se extingue. Con esta operación se concentran en un mismo organismo funciones complementarias, lo que permitirá una mayor eficacia y eficiencia en la gestión.
En materia cultural, y con objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones culturales del Estado, la Ley prevé en su artículo 6 la suscripción de convenios de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Corporación RTVE, a fin de promover y difundir la música a nivel nacional e internacional.
Estos convenios de colaboración podrán además contemplar la utilización conjunta de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, incrementando así su capacidad artística sin tener que acudir a contrataciones externas ocasionales.
La Ley fija también en el citado artículo el contenido mínimo de los convenios de colaboración, en los que habrá de regularse el ejercicio de la dirección artística en las actuaciones objeto de la colaboración, así como los términos económicos de la misma.
En todo caso, estos convenios deberán respetar la independencia de los conjuntos corales, no alterando la relación jurídica entre el personal que participe en las actuaciones conjuntas y las entidades públicas de que dependen.
Asimismo, en el ámbito educativo, se concentran en un único organismo todas las funciones de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que hasta ahora venían desarrollando la fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
De conformidad con lo descrito en el Informe CORA, corresponde al Estado la evaluación del conjunto del sistema educativo, -tanto en su programación, como en su organización-, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No obstante, en su ámbito territorial, las Comunidades Autónomas han creado sus propios Institutos de Evaluación que organizan pruebas en torno a «Unidades de Evaluación» mediante cuestionarios sobre la competencia lingüística y matemática. En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se prevé una transformación de dicho sistema con el fin de lograr la interconectividad entre las evaluaciones educativas estatal y autonómicas, lo que debería conducir a redimensionar las Unidades de Evaluación de éstas.
En el ámbito de la evaluación de Planes de Estudio conducentes a la obtención de Títulos Universitarios Oficiales, el Estado tiene atribuida la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, que realiza a través de la ANECA.
Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas cuentan con agencias de evaluación homologadas internacionalmente y, por ello, con capacidad para evaluar los planes de estudio de las Universidades (evaluación de títulos); mientras que otras tienen agencias de evaluación con competencia únicamente para emitir informes acerca de la renovación de acreditaciones ya concedidas. Por tanto, se trata de dos administraciones que ejercen la misma función sobre un mismo territorio.
Todos estos cambios aconsejan la conversión de la hasta ahora Fundación ANECA en un organismo público, lo que se lleva a cabo a través del texto de la presente Ley.
El proceso de reestructuración del sector público debe tener, igualmente, una incidencia especial en las organizaciones relacionadas con la internacionalización de la economía española. El Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo de 2012, por el que se aprobó el plan de reestructuración y racionalización del sector público estatal, ya autorizó la cesión global de activo y pasivo de la «Sociedad Estatal para la promoción y atracción de las inversiones exteriores S.A.» a favor de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX). En esta línea, se establece ahora la integración de la rama de actividad de medio propio que realiza actualmente la Sociedad Estatal España Expansión Exterior, S.A., relacionada con la actividad que desarrolla el ICEX, en este último, a efectos de acentuar sus labores de apoyo a la internacionalización, con el consiguiente ahorro de costes y mejoras en la gestión derivadas de las sinergias producidas por el proceso de integración.
Por otro lado, se suprime el Organismo «Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla», creado en 1938 para atender las necesidades de vivienda de familias desfavorecidas en la ciudad de Sevilla, cuyas funciones y régimen jurídico no responden ya al planteamiento que determinó su establecimiento. Se han tomado las necesarias cautelas para que la declaración de puesta en liquidación de su patrimonio no merme la situación de los actuales ocupantes de las viviendas propiedad del Organismo, que ven asegurada su posición jurídica mediante el reconocimiento de un derecho de usufructo vitalicio sobre ellas y de derechos de adquisición preferente y de acceso directo a la compra en los procesos de enajenación.
III
Otro de los objetivos pretendidos en la reforma de la Administración Pública es la racionalización de estructuras públicas, especialmente en aquellos ámbitos donde existen competencias compartidas entre distintas Administraciones, de modo que cada Administración cuente con el tamaño y los medios adecuados para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. El presente texto recoge una serie de modificaciones legislativas para adecuar las estructuras de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de modo que sus funciones, y en especial las de observación, análisis, evaluación, e impulso de la cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se lleven a cabo en un menor número de entidades y órganos colegiados, con una visión más global e integradora y con un menor coste para los ciudadanos.
Así, en ejecución de las recomendaciones de la CORA, se procede a la modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con un doble objetivo: en primer lugar, permitir de manera más eficaz el control de las cuentas corrientes en las que se sitúan fondos de Tesoro Público, abarcando no solo el control para la apertura de cuentas en entidades distintas del Banco de España, sino también sobre aquéllas que vayan a abrirse en esta entidad. Además, se regula la apertura de cuentas en el Instituto de Crédito Oficial estableciéndose como trámite preceptivo el informe previo de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre el convenio regulador de las condiciones de utilización de dichas cuentas.
En segundo lugar, se modifica la mencionada Ley para permitir al Ministerio de Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la firma de contratos con una o varias entidades bancarias, diferentes del Banco de España, para que posteriormente los órganos administrativos que sean autorizados para abrir una cuenta corriente se incorporen al sistema mediante la adhesión de aquellos. En la actualidad se tienen identificadas un total de 3.163 cuentas pertenecientes a órganos de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos y Agencias Estatales situadas fuera del Banco de España. La modificación realizada pretende que el Ministerio de Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinen las condiciones de utilización de las cuentas de manera centralizada, correspondiendo a cada uno de los órganos administrativos que sean autorizados únicamente la apertura y utilización de las cuentas. Esta contratación centralizada va a permitir convenir condiciones homogéneas aplicables a todas las cuentas, llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar su dispersión y obtener condiciones económicas más ventajosas.
También en el marco de las medidas CORA la presente Ley introduce un régimen jurídico, con carácter básico, sencillo y ex novo del derecho de separación de los miembros del consorcio administrativo y, cuando ello dé lugar a su disolución, se establecen las reglas por las que se regirá. Posteriormente, en la futura Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se incluiría un régimen integral (creación, adscripción, funcionamiento, disolución) y básico referido a los consorcios, que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Sin embargo, contar ya con estas normas permitirá a cualquier Administración Pública poder ejercer su derecho de separación del consorcio cuando considere que sea la solución más adecuada para la sostenibilidad de las cuentas públicas y se den los requisitos legales para ello. Con este nuevo régimen se mejora la sostenibilidad y eficiencia de los consorcios y la seguridad jurídica de sus miembros.
La norma incluye también una modificación puntual de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para que sea el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal quien analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado. Esta modificación pretende contribuir a evitar la ineficiente superposición de observatorios de diferentes Administraciones Públicas en el ámbito del empleo y a mejorar su utilidad para la definición de las políticas públicas.
En el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Instituto de la Mujer fue creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, en cumplimiento y desarrollo del principio constitucional de igualdad, como organismo autónomo encargado de promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación efectiva de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social. Actualmente, el citado instituto está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, coincidiendo la titularidad de ambas direcciones generales en la misma persona.
Por otro lado, la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, tal y como establece el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, es un órgano directivo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que tiene como funciones la de promover las políticas activas para el empleo y el autoempleo de las mujeres y la de impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Con el objetivo de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicidades entre organismos administrativos, se acuerda la integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer.
También se recoge en el Informe CORA la supresión de distintos órganos colegiados, entre ellos el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, que, tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y sus disposiciones organizativas de desarrollo, deja de tener sentido como órgano de coordinación ministerial en las políticas de igualdad, una vez creada la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
Ambas cuestiones son abordadas por esta norma, que modifica la denominación del organismo y sus competencias.
Se procede asimismo a la modificación del artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se crea el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, como consecuencia de la transposición al ordenamiento jurídico español del artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Esta modificación tiene como objetivo fundamental adaptar el citado Consejo a la realidad de la nueva organización administrativa, proceder a la simplificación de su denominación para fomentar un mejor y más fácil acceso a sus servicios por parte de la ciudadanía en general, y de las potenciales víctimas de discriminación en particular, aclarando sus ámbitos de actuación y recogiendo expresamente la independencia en el ejercicio de sus funciones, requisito indispensable en la actuación de los organismos de igualdad previstos en el citado artículo 13.
También, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante la presente Ley se suprime la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, cuya creación fue ordenada por la Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ya que sus funciones son concurrentes con las que ostentan el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por su parte, se integran funcionalmente varios observatorios del ámbito sanitario en un único órgano de consulta y asesoramiento. Como paso previo a la creación de este nuevo órgano, se hace preciso suprimir los Observatorios del Sistema Nacional de Salud y para la Prevención del Tabaquismo, cuya creación estaba prevista, respectivamente, en las Leyes 16/2003, de 28 de mayo y en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. De igual modo se suprime el Observatorio de Salud de la Mujer y el Observatorio de Salud y Cambio Climático, creados por sendos Acuerdos del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2003 y de 24 de abril de 2009. Las competencias y funciones de estos observatorios quedarán integradas en el nuevo Observatorio de Salud, sin que esta operación de reorganización administrativa suponga merma alguna de la competencia atribuida a los órganos que se suprimen.
La parcelación en las funciones asignadas a los actuales órganos colegiados adscritos a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) resta eficiencia a la coordinación y cooperación de todos los agentes implicados en el marco de dicho Plan. La necesidad de aprovechar de manera más racional y eficiente todos los recursos obliga a rediseñar todos aquellos órganos que, de una manera u otra, participan en la definición y ejecución técnica de las políticas en este ámbito.
Con este objetivo, debe acometerse la supresión de varios de estos órganos colegiados y la asunción de sus funciones por el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, que ahora se crea, permitiendo con ello mejorar la eficiencia y cumplir los postulados de política internacional y nacional sobre drogas, en el marco de la necesaria austeridad demandada por el Gobierno.
El Consejo de la Juventud de España fue creado por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, confiriéndole el carácter de organismo autónomo. De acuerdo con el artículo 2 de dicha ley, el Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad de base asociativa, siendo sus miembros las asociaciones juveniles o federaciones constituidas por éstas y las secciones juveniles de las demás asociaciones. De acuerdo con esa naturaleza, su función es hacer llegar a los poderes públicos los intereses y las demandas de la juventud asociada, a través de la participación en los consejos y órganos consultivos de la Administración General del Estado y mediante la formulación de propuestas de medidas relacionadas con el fin que le es propio.
Por otro lado, el Instituto de la Juventud, regulado en el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba su Estatuto, se configura actualmente como un referente nacional en materia de juventud para comunidades autónomas, ayuntamientos y movimiento asociativo, estableciendo mecanismos de articulación y cooperación con éstos. Entre otras competencias y actividades, el Instituto de la Juventud lleva a cabo acciones relativas a: políticas y estrategias de emprendimiento y acceso al empleo de los jóvenes; cooperación internacional; observatorio de la juventud en España; promoción de la participación social y asociacionismo juvenil; información nacional e internacional; movilidad juvenil; premios anuales de juventud de diversas disciplinas; actividades formativas; y desarrollo y ejecución de programas europeos.
En definitiva, en la Administración General del Estado conviven dos organismos autónomos de similar régimen jurídico, que duplican, en algunos casos, las funciones a realizar, imponiéndose la necesidad de unificar acciones, actores y posturas en materia de juventud y del asociacionismo juvenil. Esta necesidad de reforma tiene como consecuencia la asunción por parte del Instituto de la Juventud de las funciones esenciales que hasta ahora ha venido realizando el Consejo de la Juventud de España, procediéndose a la supresión de este último como organismo público, consiguiendo así, además de un ahorro económico y presupuestario, un adelgazamiento de la administración institucional sin que se vea mermada la presencia y representación del asociacionismo juvenil en los mecanismos y toma de decisiones de las instituciones en materia de juventud.
No obstante, el movimiento juvenil debe seguir jugando un papel fundamental en la determinación de las políticas de juventud y, por ello, atendiendo a la naturaleza privada de las entidades que lo integran, se configura el Consejo de la Juventud de España como una entidad corporativa de base privada y personalidad jurídica propia. Se considera que este tipo de organización, que tiene una larga tradición en el ordenamiento jurídico español, permitirá a las asociaciones y federaciones de las asociaciones juveniles a nivel estatal tener una estructura con autonomía organizativa que garantice su necesaria independencia de acción.
En el ámbito de la fiscalización de cuentas, cuatro Comunidades Autónomas (Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia) no cuentan con órgano de control externo (OCEX), y una quinta (Castilla-La Mancha) está a punto de suprimirlo. En este escenario, parece razonable que la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas contemple la posibilidad de establecer, allí donde no existan o se supriman OCEX, secciones territoriales del Tribunal. Así se contemplaba en el artículo 14 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, antes de su derogación por la disposición final primera 2 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Igualmente razonable resulta que el Tribunal de Cuentas, como órgano de relevancia constitucional y supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, haya de ser consultado antes de la aprobación de cualquier anteproyecto de ley o proyecto de norma reglamentaria que afecte a su régimen jurídico o al ejercicio de sus funciones, a semejanza de otros órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial. La Ley determina también, en referencia a este órgano, los requisitos de titulación para el acceso a sus Cuerpos Superiores (Letrados y Auditores).
Por otro lado, se crea bajo la denominación de Registro de Vehículos del Sector Público Estatal un registro único en el que figuren todos los vehículos pertenecientes a dicho sector, lo que permitirá racionalizar su gestión y control.
La existencia de un elevado número de vehículos destinados a prestar servicios de automovilismo, con una gran dispersión en lo que a controles y registros se refiere, además de implicar una notable falta de homogeneidad entre los modelos que integran las diferentes flotas existentes hace indispensable esta medida.
IV
Uno de los objetivos de la CORA es la simplificación de procedimientos para ciudadanos y empresas, reduciendo trabas burocráticas e impulsando la Administración electrónica. El presente texto recoge modificaciones básicas de normativas necesarias para la implantación de algunas de las sugerencias de simplificación más ambiciosas que se recogen en el informe.
En el ámbito deportivo, una de las principales reformas consiste en la implantación de una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial. Esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional, ya que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites administrativos necesarios para la práctica deportiva. Además, existen otras ventajas directamente derivadas de esta eliminación de cargas administrativas: se simplificarán las actuaciones en la tramitación de licencias de los deportistas, jueces, árbitros y clubes; mejorará la movilidad geográfica de los deportistas para poder participar en competiciones de Comunidades Autónomas diferentes a las de residencia; y se abaratarán los costes asociados a la obtención de las licencias.
Con la introducción del modelo de licencia deportiva única y la atribución de la expedición de las mismas a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, las federaciones estatales, en los casos previstos en la propia modificación de la norma, podrían dejar de percibir ingresos por la expedición u homologación de las licencias de ámbito nacional que hasta la fecha venían percibiendo.
Por este motivo, en el texto se establece que, en el supuesto de que tales circunstancias se dieran, las federaciones nacionales serán compensadas por las federaciones autonómicas por tales conceptos, así como por el resto de servicios que, en su caso, pudieran prestar a dichas federaciones autonómicas. En los casos que proceda dicha compensación, se determinará conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente y siempre previo acuerdo adoptado en la Asamblea General de la Federación Nacional.
En lo que respecta a la firma electrónica en la Administración pública, se modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones Públicas, de manera que se liberen recursos administrativos para otros fines más productivos y se eliminen los costes y cargas que su aceptación en cada Administración Pública supone para los prestadores de servicios. Esa lista será la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España que mantiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que contiene, de manera diferenciada, los certificados electrónicos reconocidos correspondientes a los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por las Administraciones Públicas. Dicha lista sustituye a las relaciones de prestadores de servicios de certificación que cada Administración puede crear en la actualidad, por lo que decae la necesidad de publicarlas a que se refería el artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Aunque no es objeto de la regulación contenida en la presente disposición, debe tenerse en cuenta que se está tramitando un Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones en el mercado interior, que obligará a las Administraciones Públicas a admitir también los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea en los términos que prevea dicha norma comunitaria, por lo que las Administraciones Públicas deberán ir planteándose la adaptación de sus sistemas a dicha circunstancia, contando para ello con el sistema nacional de verificación de certificados electrónicos en las Administraciones Públicas.
Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados es la implantación del Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del Estado», como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la Administración General del Estado. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la estructura interna del BOE se rige por criterios subjetivos, distinguiendo los actos a publicar en razón de la Administración de la que procedan. Todas estas publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme establece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias según norma con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación que se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con la garantía y seguridad jurídica que supone el «Boletín Oficial del Estado», puede tener conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, independientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan.
Conectada con esta medida [Tablón edictal único] se encuentra la modificación de la Ley General Tributaria y la del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) en materia de notificaciones, que tienen por objeto incluir entre las notificaciones del Tablón edictal único, respectivamente, las notificaciones en los procedimientos tributarios y aquellas correspondientes a los procedimientos catastrales de valoración colectiva. Estas últimas tienen actualmente, dadas sus singularidades de volumen y plazos, un sistema específico de anuncio para la notificación por comparecencia, consistente en la publicación en el diario oficial correspondiente al ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto.
Con la modificación del apartado b) del artículo 29.4 del TRLCI en lo relativo a la supresión de la publicación de edictos en otros boletines oficiales distintos, se unifica en el BOE la publicación de los anuncios correspondientes a todas las notificaciones catastrales, deriven del procedimiento que deriven, en aras de la simplificación de trámites, y de la coordinación normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.
Asimismo, se establece, en los términos que dispuso la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en su Disposición adicional sexta, el instrumento jurídico de la encomienda general para integrar las diferentes encomiendas de gestión que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda viene cumpliendo en el ámbito de los servicios de administración electrónica, con la finalidad de ampliar para el ejercicio 2014 esta posibilidad, en el marco de las medidas derivadas de los Acuerdos del Consejo de Ministros y en el Informe CORA, para el ámbito de la informática y la administración electrónica.
Otra serie de medidas se hallan referidas a la eficiencia energética, mediante la trasposición del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Con ellas se establecen los principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.
De acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sobre esta medida, las Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el anexo de esta Ley.
La obligación anterior será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, será aplicable a la adquisición o al arrendamiento de edificios.
Finalmente, se introducen en el proyecto otras modificaciones que precisan ser verificadas a través de la aprobación de una norma con rango de Ley.
Es el caso de la modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) para incluir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La misma situación concurre en lo que se refiere a la modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, artículos 77 y 81.1.j). Esta modificación resulta urgente para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de febrero de 2013, que consideró incumplidas por parte de España las obligaciones que imponen los artículos 4.1, 11, 13.2 y 14.1, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización.
Es igualmente necesaria la modificación de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para que se aplique el régimen general de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La responsabilidad de las Administraciones Públicas derivada del incumplimiento de la normativa europea en materia de consumo que den lugar a una sanción al Reino de España por parte de la Unión Europea, se rigen en todo caso por la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, sin que sea necesario hacer una mención expresa al efecto en cada norma de carácter sectorial, pues dicha normativa se aplica con carácter general a todos los incumplimientos de normativa europea o de derecho internacional, independientemente de la materia afectada.
V
En último lugar, se introducen varias medidas relativas al régimen de los empleados públicos.
En primer lugar, se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de ampliar el número de días reconocidos en la normativa vigente para la atención de asuntos particulares.
En segundo lugar, se introducen en la misma Ley unos cambios imprescindibles para fomentar movilidad de los empleados públicos, con un doble objetivo: conseguir que, en un contexto de reducción del gasto público, puedan destinarse más recursos a aquellas unidades deficitarias; y posibilitar que las personas que trabajan en la Administración tengan otras vías de desempeño profesional para completar su carrera administrativa. Con estas finalidades, se flexibiliza la dependencia funcional de los funcionarios interinos, se aclara el régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones territoriales, y se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar, para lo que también es necesario modificar la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
CAPÍTULO I
Medidas de reordenación de la administración institucional
Sección 1.ª Organismos del Ministerio de Defensa
Artículo 1. Integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
1. Se aprueba la integración del Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
2. El INVIED, organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera de competencia, para el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus normas de desarrollo, el artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa; y asumirá los fines y funciones encomendados al SMC en la Ley de 2 de marzo de 1943 y en el Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Servicio Militar de Construcciones, subrogándose en los derechos y en las obligaciones que en la actualidad ostenta este organismo autónomo.
Corresponderá igualmente al INVIED la ejecución de obras con su presupuesto para los Cuarteles Generales de los Ejércitos, Órgano Central y demás Organismos dependientes del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el Plan de Inversiones del Organismo, en coordinación con la Dirección General de Infraestructura.
3. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley se procederá, a iniciativa del Ministerio de Defensa, a adaptar el Estatuto del INVIED y su Plan Inicial de actuación a lo dispuesto en esta norma, momento en el que se producirá la efectiva integración mencionada en el apartado 1.
4. El personal funcionario, militar y laboral que estuviera prestando servicio en el SMC será adscrito al INVIED en la forma que determine el Estatuto y continuará prestando servicios en las mismas condiciones existentes antes de dicha fecha.
5. El patrimonio del SMC se incorporará al patrimonio del INVIED, integrándose en el mismo.
Respecto de las viviendas que forman parte del patrimonio del SMC, su calificación y condiciones de uso se determinarán en el nuevo Estatuto del INVIED.
6. El INVIED incorporará los recursos económicos del SMC así como sus fuentes de financiación en los plazos y condiciones que se establezcan en el Estatuto que se indica en el apartado 3.
7. Hasta el fin de la vigencia del régimen especial de gestión patrimonial previsto en las disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley 33/2003, de 26 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el INVIED podrá enajenar las viviendas militares y los demás bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los extintos patronatos de Casas Militares del Ejército de Tierra, de Casas de la Armada y de Casas del Ejército del Aire, de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y del Servicio Militar de Construcciones, así como todos aquellos inmuebles que se pongan a su disposición, sin necesidad de actualizar las titularidades registrales de dichos bienes, así como, en su caso, de los bienes muebles de los que sea titular.
Artículo 2. Integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».
1. Se aprueba la integración en el Organismo Público de Investigación Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría de Estado, del organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), así como del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».
2. El INTA, como Organismo Público de Investigación, seguirá ejecutando actividades de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos, y estará especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de la hidrodinámica y de las tecnologías de la defensa y seguridad.
El INTA se subrogará en las funciones y en la titularidad de los derechos y las obligaciones y de toda clase de relaciones jurídicas que correspondan al organismo autónomo CEHIPAR, el Instituto Tecnológico «La Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».
El INTA actuará en el marco de las prioridades señaladas por el Ministerio de Defensa, y dentro de las directrices de investigación, desarrollo e innovación de interés para la defensa nacional que le asigne el departamento.
3. Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley se procederá a la aprobación de los nuevos estatutos del INTA, así como de su plan inicial de actuación, momento en el que se producirá la efectiva integración mencionada en el apartado 1. En cualquier caso, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto Tecnológico «La Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá» dependerán orgánica y funcionalmente del INTA.
Asimismo, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Director General del INTA asumirá las competencias que el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, atribuye a los órganos de gobierno de dicho organismo autónomo, incluidas las competencias en materia de contratación.
Hasta la aprobación de los nuevos estatutos el Ministro de Defensa dictará las resoluciones necesarias que permitan la aplicación y desarrollo de esta Ley.
El personal afectado por la integración se adscribirá al INTA y se le respetará la situación administrativa o laboral en que se encuentre en el momento de la constitución efectiva.
Todas las delegaciones de competencia existentes a favor del Director del organismo autónomo CEHIPAR, del Director del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Director del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá», se entenderán efectuadas al Director General del INTA.
Sección 2.ª Obra Pía de los Santos Lugares
Artículo 3. Naturaleza y Régimen Jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares.
1. La Obra Pía de los Santos Lugares es una entidad estatal de derecho público, sin fines de lucro, de las previstas en el artículo 2.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, integrante del sector público administrativo y adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Subsecretaría. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
La entidad se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones que la desarrollen, por la Ley 6/1997, de 27 de noviembre, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y, supletoriamente, por las demás normas de derecho administrativo.
La Obra Pía de los Santos Lugares tiene como fin primordial conservar y gestionar el patrimonio perteneciente a dicha entidad.
Asimismo, son fines de la entidad:
a) Sostener la Basílica-Museo de San Francisco el Grande de Madrid.
b) Mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa.
c) Promover el estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio y, en especial, en Tierra Santa.
d) Coadyuvar la labor humanitaria y educativa en esa misma área.
2. El personal de la Obra Pía de los Santos Lugares será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.
El actual personal propio contratado en régimen de derecho laboral por la Obra Pía de los Santos Lugares tendrá la consideración de «a extinguir», amortizándose los puestos de trabajo que actualmente ocupa el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y se podrán dar de alta, en su caso, en la misma condición de personal laboral, siempre que sea necesario para garantizar la continuidad del ejercicio de las funciones que vienen desarrollándose a través de los mismos y como personal del ámbito del Convenio Colectivo único de la Administración General del Estado.
3. El régimen de gestión patrimonial de la entidad será el previsto para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio del respeto estricto a los compromisos asumidos en el Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa y anejo, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.
La Obra Pía de los Santos Lugares tendrá plena capacidad para adquirir y enajenar sus bienes. Cuando se trate de bienes inmuebles, lo comunicará previamente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 81.3 y 116.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.
El procedimiento para la enajenación de los bienes inmuebles será el establecido en el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, para la enajenación de bienes inmuebles en el extranjero, si bien la competencia para tramitar, informar y resolver el procedimiento corresponderá a los propios órganos de la entidad.
4. El régimen de contratación de la entidad será el previsto para las Administraciones Públicas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
5. El presupuesto de la Obra Pía de los Santos Lugares se ajustará a la estructura presupuestaria que señale el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a efectos de su integración en los Presupuestos Generales del Estado.
6. La contabilidad de la entidad se ajustará a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el Plan General de Contabilidad Pública.
7. El régimen tributario de la entidad será el previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
8. La entidad Obra Pía de los Santos Lugares será considerada entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
9. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, la gestión económico financiera de la Obra Pía de los Santos Lugares estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Sección 3.ª Integración de fundaciones en organismos públicos
Artículo 4. Integración de fundaciones en organismos públicos.
El organismo público Programas Educativos Europeos integrará la actividad de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es) y pasará a denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación integrará la actividad de la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación. ICEX España Exportación e Inversiones integrará la actividad de la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Red.es integrará la actividad de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La integración de la actividad de las fundaciones en los organismos tendrá lugar mediante la cesión a favor de éstos de todos los bienes y derechos de las fundaciones. La cesión se practicará con ocasión de la liquidación de las fundaciones, en unidad de acto, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros que se menciona en la disposición adicional novena.
Los órganos de gobierno de los organismos públicos adoptarán cualesquiera actuaciones sean precisas para integrar la actividad de las fundaciones en el Acuerdo mencionado en la disposición adicional novena.
La integración no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que mantengan las fundaciones citadas, quedando los organismos públicos subrogados en las citadas relaciones jurídicas.
Sección 4.ª Organismos educativos y culturales
Artículo 5. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Se modifica el apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que quedaría redactada en los siguientes términos:
«Uno. Se crea, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para la ejecución de los créditos presupuestarios que puedan resultar afectados por la gestión coordinada, a escala nacional, de la realización de las acciones del «Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente» de la Unión Europea o del programa comunitario que lo sustituya, así como para el desarrollo de todas las demás actividades necesarias para dicha gestión. De acuerdo con la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión Europea el 15 de julio de 2004 y adoptada por el Consejo el 24 de julio de 2006, el Organismo asumirá la gestión del mencionado Programa, e informará a las Comunidades Autónomas de su ejecución, a través de su Consejo Rector.»
Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria. El organismo autónomo asumirá estas funciones en el momento en que se extinga la fundación del sector público estatal Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), y con la nueva denominación de Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), subrogándose en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha fundación, excepto los derechos y obligaciones que esta fundación ostenta derivados de su absorción de la extinta Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que están destinados al cumplimiento de los fines de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que se ejecutan en virtud de los fines recogidos en el artículo 3.2 de sus Estatutos, que pasarán al Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la Fundación Universidad.es y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá al presidente del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
El personal de la Fundación Universidad.es se incorporará, dependiendo de sus funciones, en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos o en el Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde el momento de su extinción, con la misma situación, antigüedad y grado que, en su caso, tuvieran, subrogándose el Organismo correspondiente en los contratos de trabajo concertados con personal sujeto a contrato laboral.
En todo caso, la incorporación del personal procedente de la fundación se realizará, en su momento, con la condición de «a extinguir» y sin que, en ningún caso, este personal adquiera la condición de empleado público.
Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
La integración de la Fundación Universidad.es en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos y la incorporación de parte de su personal al Organismo Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo no supondrá coste adicional al que suponga la adición de los presupuestos de ambas entidades. En ningún caso la incorporación del personal a ambos organismos podrá suponer incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos.
Artículo 6. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Al objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones culturales del Estado, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Corporación RTVE suscribirán convenios de colaboración para la promoción y difusión de la música a nivel nacional e internacional, en los que promoverán la utilización conjunta y optimización de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
En estos convenios se regulará el ejercicio de la dirección artística en las actuaciones objeto de la colaboración y los términos económicos de la misma. En todo caso, los convenios respetarán la independencia de los conjuntos corales y no alterarán la relación jurídica entre el personal que participe en las actuaciones conjuntas y las entidades públicas de que dependen.
Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
1. Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley.
La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia funcional.
La ANECA ejercerá las funciones previstas en el párrafo primero de este apartado 1, dentro del marco general de competencias definido en nuestro ordenamiento.
2. La ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional.
3. La ANECA podrá participar en los procedimientos de homologación y reconocimiento de equivalencias a títulos universitarios españoles y correspondencia de nivel académico, en los términos que se determinen reglamentariamente. La iniciación de estos procedimientos devengará una tasa.»
Artículo 8. Creación del organismo público ANECA.
1. Se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), como organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al que corresponden las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. El Organismo autónomo ANECA estará adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Secretaría General de Universidades.
3. El Organismo autónomo ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional. Los estatutos del Organismo autónomo ANECA, que se aprobarán mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y tendrán el contenido previsto en el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, garantizarán su independencia funcional.
El Director de la ANECA, responsable de su dirección y gestión ordinaria, será nombrado y separado por su Consejo Rector, a propuesta de su Presidente, entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto.
4. Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control de la gestión económico-financiera de este Organismo autónomo se ejercerá bajo la modalidad de control financiero permanente, en las condiciones y en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. El Organismo autónomo ANECA deberá entrar en funcionamiento efectivo en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa aprobación de sus estatutos y de la extinción de la Fundación ANECA.
A partir del momento de su entrada en funcionamiento efectivo, el Organismo autónomo ANECA se subrogará en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha entidad.
En todo caso, la incorporación del personal procedente de la fundación se realizará, en su momento, con la condición de «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las correspondientes pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril.
La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la fundación ANECA y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, corresponderá al Presidente o Director de la ANECA.
6. La creación de la ANECA no implicará incremento en el gasto público con respecto a la supresión de la fundación del sector público estatal que, con la misma denominación, viene desarrollando sus funciones.
En ningún caso podrá suponer incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos.
7. El Organismo autónomo ANECA gestionará desde el momento de su efectiva constitución y hasta que disponga de un presupuesto propio aprobado por norma con rango de ley, con los efectos que en la misma se establezca, el presupuesto de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Sección 5.ª ICEX
Artículo 9. Trasferencia de la rama de actividad de medio propio de la Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A., a la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX).
La Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A. podrá traspasar en bloque por sucesión universal a la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) la actividad que desarrolla como medio propio relacionada con la que realiza ésta. El traspaso se regirá por lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, siendo preciso autorización del Consejo de Ministros con arreglo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 169, en la que se determinarán los términos del traspaso, con los activos, pasivos y personal que corresponda.
En todo caso, la incorporación del personal procedente de la Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A. se realizará en su momento con la condición de «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público.
Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril.
En el proceso de integración del personal laboral habrá de respetarse, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso exigidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
En cualquier caso, no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en las entidades afectadas.
Sección 6.ª Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla
Artículo 10. Extinción del Organismo «Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla».
1. Queda suprimido el Organismo «Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla».
2. La liquidación del patrimonio propio del Organismo se realizará, bajo la supervisión y dirección de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la sociedad estatal COFIVACASA, S.A. que procederá a la enajenación de los bienes del organismo. No obstante, se podrán integrar en el patrimonio de la Administración General del Estado los bienes y derechos que, en su caso, resulten necesarios para su afectación o adscripción a servicios de la Administración General del Estado o de los Organismos públicos vinculados o dependientes, o que se estime conveniente que pasen a ser administrados directamente por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Concluidas las operaciones de liquidación se elaborará el correspondiente balance, ingresándose en el Tesoro Público el remanente líquido resultante, si lo hubiere.
3. La compensación a COFIVACASA por los gastos en que pueda incurrir por razón de la liquidación del Organismo se fijará por convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta los costes directos y los indirectos, así como márgenes razonables, acordes con el importe de aquéllos, para atender desviaciones e imprevistos y cubrir el beneficio empresarial.
4. Las personas que a 30 de junio de 2013 ocupasen las viviendas de propiedad del Organismo continuarán en el usufructo de las mismas con carácter vitalicio, no siendo transmisible su derecho a sus sucesores o causahabientes salvo que éstos acrediten que, con anterioridad a la subrogación pretendida, solo se hubiese producido una transmisión anterior del derecho a ocupar la vivienda desde su primera ocupación. El canon por el usufructo se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios de Consumo. Los ocupantes de las viviendas tendrán derecho preferente a su adquisición, pudiendo acordarse la enajenación a su favor de forma directa.
CAPÍTULO II
Medidas de simplificación de estructuras y procedimientos administrativos
Sección 1.ª Cuentas del Tesoro Público
Artículo 11. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Uno. El apartado 1 del artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrá la siguiente redacción:
«1. Con carácter general, los ingresos y pagos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las agencias estatales, se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan en el Banco de España, en los términos que se convenga con éste, conforme al artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. La apertura de estas cuentas, salvo aquéllas destinadas a la centralización de la tesorería de cada organismo autónomo o agencia estatal, requerirá de autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Podrán abrirse cuentas en el Instituto de Crédito Oficial cuando éste actúe como agente financiero de las entidades mencionadas en el párrafo anterior. Los convenios reguladores de las condiciones de utilización de dichas cuentas deberán ser informados favorablemente por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a su suscripción.
El Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer supuestos excepcionales en los que la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas en otras entidades de crédito, en los términos establecidos en el artículo siguiente.»
Dos. El artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrá la siguiente redacción:
«Artículo 109. Relación con entidades de crédito.
1. La apertura de cuentas de situación de fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las agencias estatales, fuera del Banco de España requerirá previa autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las condiciones de utilización. Tras la autorización quedará expedita la vía para el inicio del correspondiente expediente de contratación, que se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratos del Sector Público, mediante procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva. La autorización caducará a los seis meses si, transcurrido dicho plazo desde su concesión, no se hubiera adjudicado el contrato.
Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada autorización, ésta se entenderá no concedida.
Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos públicos establecido en el artículo 23 de esta Ley. Podrá pactarse que los gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses devengados por la misma.
Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos extremos a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con expresión de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. La autorización se concederá por el plazo de duración total del contrato, incluidas las prórrogas previstas, y con un límite máximo de seis años. En el caso de cancelación anticipada de la cuenta, deberá comunicarse este extremo a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá ordenar la cancelación o paralización de las cuentas a que se refiere el apartado anterior cuando se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su autorización o que no se cumplen las condiciones impuestas para su uso.
3. No obstante lo señalado en los apartados precedentes, podrá declararse la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. Corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento y determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno acuerdo marco.
La apertura de cuentas por los órganos y organismos mencionados en el apartado 1 de este artículo se realizará mediante los contratos derivados del acuerdo marco, requiriéndose autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en la que se determinará, en su caso, la entidad en que, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco, deberán abrirse las cuentas según las estipulaciones pactadas.
Excepcionalmente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese caso el procedimiento descrito en el apartado 1.
4. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, en relación con las cuentas abiertas en entidades de crédito a las que se refiere este artículo, podrá recabar, del órgano administrativo gestor o de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la apertura de la cuenta.»
Sección 2.ª Consorcios
Artículo 12. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo determinado si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.
Artículo 13. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al fondo patrimonial del consorcio, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.
La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
Artículo 14. Liquidación del consorcio.
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.
Artículo 15. Plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.
1. Los estatutos de los consorcios recogerán lo previsto en los artículos anteriores referidos al derecho de separación y disolución y liquidación del consorcio, pudiendo desarrollarlo siempre que no contravenga lo previsto en la Ley.
2. Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
3. En lo no previsto en los Estatutos ni en esta Ley, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Sección 3.ª Empleo
Artículo 16. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
La letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada en los siguientes términos:
«f) Gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, con una red en todo el territorio del Estado, que analice la situación y tendencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, en colaboración con las Comunidades Autónomas.»
Sección 4.ª Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Artículo 17. Modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo autónomo Instituto de la Mujer.
Uno. El organismo autónomo Instituto de la Mujer cambia su denominación por la de «Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades».
Dos. Se modifica el artículo primero de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo autónomo Instituto de la Mujer, que tendrá la siguiente redacción:
«Artículo primero. Naturaleza y régimen jurídico.
1. Se crea el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, como organismo autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
2. De conformidad con la disposición adicional vigésimo octava de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades es el organismo competente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) y en el artículo 12 de la Directiva 2004/113/CE, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
3. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se rige por lo dispuesto en la presente Ley, en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en el resto de normas que le sean de aplicación.»
Tres. Se modifica el artículo segundo que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo segundo. Fines.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
Cuatro. Se modifica el artículo tercero, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo tercero. Funciones.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades desarrollará, en el ámbito de las competencias del Estado, las siguientes funciones:
a) Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación y, singularmente, de las medidas que hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
b) Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas en casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que tramiten sus reclamaciones.
c) Promover las medidas dirigidas a la asistencia y protección de las víctimas de discriminación por cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 2, sin perjuicio de las competencias asumidas por otros órganos.
d) Recopilar información y documentación relativa a la mujer y a las personas víctimas de discriminación, así como crear un banco de datos actualizado que sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.
e) Elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre la situación de las mujeres en España y sobre materias que afecten a la igualdad de trato y a la no discriminación y su difusión e intercambio con departamentos ministeriales y entes públicos o privados, de ámbito internacional, nacional, autonómico o local.
f) Realizar cuantas actividades favorezcan la participación de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
g) Velar por la imagen de las mujeres en la publicidad y atender a las denuncias concretas en este campo.
h) Fomentar las relaciones en el ámbito de sus competencias con organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, así como con entes estatales, autonómicos y locales, públicos o privados y procurar la vinculación del Instituto con Organismos Internacionales dedicados a materias afines.
i) Formular iniciativas y actividades de sensibilización social, información, formación y participación, así como realizar cuantas actividades sean requeridas para el logro de las finalidades expuestas, con arreglo a la normativa de aplicación.
j) Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas por la normativa vigente.»
Cinco. Se modifica el artículo cuarto, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo cuarto. Dirección y coordinación.
La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, ejercerá la dirección y coordinación de las funciones encomendadas al organismo. Su nombramiento se realizará mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio al que esté adscrito.»
Seis. Se suprimen los artículos 2 bis, quinto y sexto.
Siete. El actual artículo séptimo pasa a ser el artículo quinto, con la siguiente redacción:
«Artículo quinto. Financiación.
Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades dispondrá de los siguientes recursos económicos:
a) Las transferencias y demás asignaciones que figuren en los Presupuestos Generales del Estado.
b) Las donaciones, legados, subvenciones y cualquier otra ayuda económica que pueda obtener y que válidamente acepte.
c) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
d) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
e) Los beneficios que, en su caso, pueda obtener de la actividad que sea propia del Instituto.
f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.»
Sección 5.ª Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica
Artículo 18. Modificación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Se modifica el artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 33. Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.
1. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica se configura como un órgano colegiado de los previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adscrito al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, sin participar de su estructura jerárquica.
Además, tiene la consideración de Organismo de Igualdad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
2. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ejercerá las competencias a las que se refiere el apartado 3 en los siguientes ámbitos:
a) La educación,
b) la sanidad,
c) las prestaciones y los servicios sociales,
d) la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, incluida la vivienda, y
e) el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación profesional ocupacional y continua.
3. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ejercerá con independencia las siguientes competencias:
a) Prestar asistencia a las víctimas de discriminación por su origen racial o étnico a la hora de tramitar sus reclamaciones.
b) Realizar estudios y publicar informes sobre la discriminación de las personas por el origen racial o étnico.
c) Promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminación de las personas por el origen racial o étnico, formulando, en su caso, recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación.
Estas funciones se ejercerán por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas en los ámbitos a que se refiere el apartado anterior.
4. Formarán parte del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica los Ministerios con competencias en las materias a que se refiere el apartado 2. Asimismo, deberá asegurarse la participación de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como de otras organizaciones y asociaciones cuya actividad esté relacionada con la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico.
5. La composición y funcionamiento del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica se regulará mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
6. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades prestará al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones.
7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo establecidas por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.
El Defensor del Pueblo podrá establecer con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica los mecanismos de cooperación y colaboración que se consideren oportunos.»
Sección 6.ª Integraciones y simplificaciones orgánicas
Artículo 19. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Sección 2.ª del Capítulo VI de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, queda redactada en los siguientes términos:
«Sección 2.ª Del Observatorio de Salud
Artículo 63. Observatorio de Salud.
1. Se crea el Observatorio de Salud como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, de los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, contribuir a alcanzar los objetivos previstos en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, así como promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género, las actuaciones tendentes a la consecución de la equidad en salud y a la prevención del impacto del cambio climático sobre la salud pública y sobre el Sistema Nacional de Salud.
3. Para el cumplimiento de sus fines, el Observatorio de Salud tiene las funciones de consulta y asesoramiento sobre cuantas medidas en materia de salud puedan abordarse.
4. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad prestará al Observatorio de Salud el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones.
5. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la organización y las reglas de funcionamiento del Observatorio de Salud, que funcionará en pleno y en secciones, en función de los temas a tratar.»
Artículo 20. Creación del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones.
1. Se crea el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, de los previstos en el artículo 40.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
2. El Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones tiene como finalidad la mejora de la calidad técnica en la definición y ejecución de las políticas y actuaciones estatales de control de la oferta y reducción de la demanda de drogas, así como de otras adicciones, y de sus perjudiciales efectos en la vida de las personas y en la sociedad, que se promuevan, coordinen o lleven a cabo por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
3. Son funciones del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, las siguientes:
a) Actuar como órgano permanente de consulta y asesoramiento técnico de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
b) Proponer a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la adopción de cuantas medidas y actuaciones estén relacionadas con las materias que constituyen sus fines.
c) Cualquier otra que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.
4. Reglamentariamente se determinará la composición y funcionamiento del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, garantizándose en todo caso, en cuanto a su composición, la presencia de las administraciones públicas con competencias en materia de control de la oferta y reducción de la demanda de drogas y de otras adicciones, de la Fiscalía General del Estado y de los principales agentes sociales implicados en la prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con las drogodependencias y otras conductas adictivas.
5. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad prestará al Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones.
Artículo 21. Consejo de la Juventud de España.
1. El Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica, que tiene por finalidad servir de cauce de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud, y que desempeñará las funciones que reglamentariamente se determinen para el cumplimiento de estos fines.
2. El Consejo de la Juventud de España estará integrado por asociaciones juveniles, federaciones constituidas por éstas y secciones juveniles de las demás asociaciones, siempre que reúnan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
3. El Consejo de la Juventud de España aprobará su reglamento de organización y funcionamiento, el cual deberá ser autorizado por el órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siempre que se ajuste a las normas que reglamentariamente se aprueben, en cuanto a su composición y funcionamiento.
Sección 7.ª Tribunal de Cuentas
Artículo 22. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 29, con el siguiente contenido:
«4. No obstante lo anterior, en las Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas podrá establecer secciones territoriales del mismo para el cumplimiento de las funciones propias.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional undécima. Informe preceptivo.
Se someterán a informe del Tribunal de Cuentas los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.
El Tribunal de Cuentas emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días. Excepcionalmente, el órgano remitente podrá conceder una prórroga del plazo, atendiendo a las circunstancias del caso.
El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales, en el caso de tratarse de anteproyectos de ley.»
CAPÍTULO III
Medidas de simplificación administrativa para ciudadanos y empresas
Sección 1.ª Deporte
Artículo 23. Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Se modifica el apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que queda redactado en los siguientes términos:
«4. Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la correspondiente federación estatal, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la federación estatal correspondiente las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento, número de DNI y número de licencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexistencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica no se hallare integrada en la federación estatal, la expedición de licencias será asumida por la federación correspondiente de ámbito estatal. También a ésta le corresponderá la expedición de aquellas licencias para las que sea necesario contar con un visado o autorización previa de la federación deportiva internacional correspondiente, y en particular cuando así se desprenda de lo dispuesto en los estatutos de dichas federaciones internacionales.
Reglamentariamente se determinarán los criterios para fijar el reparto económico correspondiente a la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente prestados entre la federación estatal y las autonómicas y respetando la libertad de cada federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica diferente. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General respectiva, debiendo contar, además, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los responsables de las federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. Estas federaciones deberán representar, a su vez, al menos las dos terceras partes de las licencias de esa modalidad deportiva. En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un acuerdo para la determinación de la cuantía económica que corresponde a cada federación autonómica y a la federación estatal, dicha determinación se someterá a decisión de un órgano independiente, cuyo Presidente y demás miembros serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior de Deportes y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas.
Corresponde a las federaciones de ámbito estatal la elaboración y permanente actualización del censo de licencias deportivas, que deberá estar a disposición de todas las federaciones autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios censos o registros de las licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación en materia de protección de datos.
Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en las competiciones de cualquier modalidad deportiva a las que hace referencia el párrafo primero los deportistas y demás personas de otros estamentos que hayan sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el internacional, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas competentes reconozcan o mantengan la condición de deportista o técnico de alto nivel. El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar en competiciones oficiales. De igual forma y en los mismos términos que el párrafo anterior, no podrán obtener licencia aquellas personas que se encuentren inhabilitadas, como consecuencia de las infracciones previstas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y en su caso en la normativa autonómica vigente. Todo lo dispuesto en este párrafo se entenderá en los términos que establezca la legislación vigente en materia de lucha contra el dopaje.
Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva podrán ser sometidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.»
Sección 2.ª Firma electrónica
Artículo 24. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2.b) del artículo 13, que queda redactado como sigue:
«b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos.
Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»
Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 15.
Sección 3.ª Notificaciones
Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes términos:
«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.
Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”».
Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente contenido:
«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.
1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las diversas Administraciones Públicas un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el “Boletín Oficial del Estado” previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.
2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.
3. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de los anuncios a que se refieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna por parte de los organismos que la hayan solicitado.»
Tres. Se introduce una Disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de la notificación por medio de anuncios.
Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 y en la Disposición adicional vigésima primera resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.»
Artículo 26. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quedará redactado como sigue:
«1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”.
La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.»
Artículo 27. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Se modifica la letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que quedará redactado como sigue:
«b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos se publicará anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, en el que se indicará lugar y plazo de exposición pública de la relación de titulares con notificaciones pendientes.
Esta relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, el órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta individual. La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»
CAPÍTULO IV
Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Uno. Se modifica el epígrafe c) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Funcionarios interinos.
(…)
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.»
Dos. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 10, con la siguiente redacción:
«Artículo 10. Funcionarios interinos.
(…)
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.»
Tres. Se modifica la letra k) del artículo 48, que queda redactada como sigue:
«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.
(…)
k) Por asuntos particulares, cinco días al año.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.
(…)
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.
En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.
Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.
De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.»
Cinco. Se añade una Disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional duodécima. Personal militar que preste servicios en la Administración civil.
1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa.
2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.
No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil.
Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado.
Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.
Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil.»
Artículo 29. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 107, quedando redactados dichos apartados de la siguiente forma:
«1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de funciones.
e) Suspensión de empleo.
f) Reserva.
g) Servicio en la Administración civil.
2. A la situación administrativa de reserva y de servicio en la Administración civil solo podrán acceder los militares de carrera.
(…)
5. El militar que, encontrándose en las situaciones administrativas contenidas en el apartado 1, puntos c) y g), reingrese a la situación de servicio activo y ostente alguno de los empleos relacionados en las plantillas reglamentarias de su cuerpo y escala, permanecerá en exceso de plantilla, a los únicos efectos de planificación del ciclo de ascensos, produciéndose la amortización de los excedentes conforme a lo dispuesto en el artículo 16.5 de la presente Ley, en el ciclo siguiente al de su incorporación.»
Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 110 que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Los militares de carrera quedarán en situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público cuando pasen a la situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas o pasen a prestar servicios en ellas o en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo, servicios especiales o en la situación de servicio en la Administración civil, siempre que se trate del desempeño de puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo.»
Tres. Se añade un nuevo artículo 113 bis.
«Artículo 113 bis. Servicio en la Administración civil.
1. Los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en la Administración civil, serán declarados en esta situación administrativa.
El régimen jurídico de aplicación a este personal será el previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. La movilidad de los militares de carrera para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración civil estará sometida a la condición de la previa autorización del Subsecretario de Defensa. Para poder participar en los procedimientos de provisión de estos puestos de trabajo deberán contar con al menos veinte años de servicios, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 110.
3. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración civil por cualquier causa deberán solicitar el reingreso a la situación de servicio activo en el Ministerio de Defensa, salvo que, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, les corresponda pasar a la situación de reserva.»
Artículo 30. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
Uno. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 17 en los siguientes términos:
«b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.»
Dos. Se modifica el artículo 18 con el siguiente contenido:
«Artículo 18. Publicidad de las subvenciones.
1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20.
3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.»
Tres. Se modifica el artículo 20 en los siguientes términos:
«Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas.
2. La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentariamente podrá establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya a los fines de la Base de Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea o a la coordinación de las políticas de cooperación internacional y demás políticas públicas de fomento.
El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.
Igualmente contendrá la identificación de las personas o entidades incursas en las prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición.
3. La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.
4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos y entidades contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5; las entidades que según ésta u otras leyes deban suministrar información a la base de datos y los organismos que reglamentariamente se determinen en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y otras ayudas públicas.
Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido:
a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos.
b) En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma.
c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local.
La prohibición de obtener subvenciones prevista en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13, será comunicada a la BDNS por el Tribunal que haya dictado la sentencia o por la autoridad que haya impuesto la sanción administrativa; la comunicación deberá concretar las fechas de inicio y finalización de la prohibición recaída; para los casos en que no sea así, se instrumentará reglamentariamente el sistema para su determinación y registro en la Base de Datos.
La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos precedentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
5. La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:
a) La colaboración con las Administraciones Públicas y los órganos de la Unión Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.
b) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.
c) La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social en el ámbito de sus competencias.
d) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
e) La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.
f) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
g) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las funciones que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
h) La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.
i) La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y la Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la competencia.
En estos casos, la cesión de datos será realizada preferentemente mediante la utilización de medios electrónicos, debiendo garantizar la identificación de los destinatarios y la adecuada motivación de su acceso.
Se podrá denegar al interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control.
6. Dentro de las posibilidades de cesión previstas en cada caso, se instrumentará la interrelación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones con otras bases de datos, para la mejora en la lucha contra el fraude fiscal, de Seguridad Social o de subvenciones y Ayudas de Estado u otras ayudas. En cualquier caso, deberá asegurarse el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos cedidos.
7. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan conocimiento de los datos contenidos en la base de datos estarán obligados al más estricto y completo secreto profesional respecto a los mismos. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de secreto se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.
8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos:
a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias sujetas a esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.
b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. Igualmente deberá informarse, cuando corresponda, sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 y, en caso de subvenciones plurianuales, sobre la distribución por anualidades. No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal sólo podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE.
c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en este apartado.
9. La Base de Datos Nacional de Subvenciones podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves. En concreto, se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese impuesto y la subvención a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y durante el tiempo que así se establezca.
10. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las Instrucciones oportunas para concretar los datos y documentos integrantes de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la información que sea objeto de publicación para conocimiento general y el plazo de su publicación, que se fijarán de modo que se promueva el ejercicio de sus derechos por parte de los interesados.»
Cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 23 con el siguiente contenido:
«2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el “Boletín Oficial del Estado” de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
(...)»
Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 47 con la siguiente redacción:
«5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Intervención General de la Administración del Estado para el ejercicio de sus funciones de control financiero conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»
Seis. Se inserta una nueva letra f) en el artículo 57 mientras que su contenido actual pasa a recogerse en la letra g):
«f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.»
Siete. Se modifica el artículo 62, añadiéndose un apartado 3:
«3. Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el apartado 20.3 no cumplan con la obligación de suministro de información, se impondrá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensualmente hasta que se cumpla con la obligación.
En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración General del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancionador al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 63 con el siguiente contenido:
«3. El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.»
Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 66 con la siguiente redacción:
«4. El expediente sancionador por incumplimiento de la obligación de suministro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones contemplado en el apartado 3 del artículo 62 será iniciado por acuerdo del Interventor General de la Administración del Estado y la resolución será competencia del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, cuando el responsable de la infracción sea un órgano de la Administración General del Estado, los órganos competentes serán los establecidos en el artículo 31 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»
Diez. Se añade una nueva disposición adicional vigésima cuarta con el siguiente contenido:
«Disposición adicional vigésima cuarta. Colaboración del Ministerio de Justicia con la Intervención General de la Administración del Estado.
El Ministerio de Justicia proporcionará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, la información referida a las penas y medidas de prohibición de acceso a subvenciones contenida en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, sin que para ello sea preciso requerir la autorización de los interesados. A partir de su puesta en marcha, la obligación impuesta a los Tribunales en el artículo 20.4 será instrumentada a través de esta medida.»
Disposición adicional primera. Supresión del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.
1. Queda suprimido el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España, creado por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera.
2. El Instituto de la Juventud se subroga en los bienes, derechos y obligaciones del organismo autónomo que se suprime.
3. Los empleados públicos del extinto organismo autónomo Consejo de la Juventud de España, se integrarán en su totalidad en el Instituto de la Juventud.
Disposición adicional segunda. Supresión de diversos órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas.
Quedan suprimidos los siguientes órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda:
1. Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas, regulado en el Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.
2. Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, regulado en la Orden de 24 de noviembre de 1998 por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.
Disposición adicional tercera. Supresión de Observatorios en el ámbito de la salud.
Quedan suprimidos los siguientes Observatorios en el ámbito de la salud, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda:
1. El Observatorio del Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. El Observatorio para la prevención del Tabaquismo, previsto en el artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2006.
3. El Observatorio de Salud de la Mujer, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2003.
4. El Observatorio de Salud y Cambio Climático, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2009.
Disposición adicional cuarta. Supresión de la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.
Queda suprimida la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, prevista en la disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional quinta. Supresión de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades y del Consejo Rector del Instituto de la Mujer.
1. Queda suprimida la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, cuyas funciones serán asumidas por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Las referencias hechas a esta Dirección General por el ordenamiento jurídico se entenderán realizadas al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
2. Se suprime el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, asumiendo la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades todas las funciones que este órgano tenga atribuidas.
Disposición adicional sexta. Aportaciones a los consorcios en los que participa el Estado.
Cuando la Administración General del Estado o cualquiera de sus entidades u organismos vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estén obligados.
Disposición adicional séptima. Encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.
Uno. Con el objeto de racionalizar su gasto, la prestación de los servicios de certificación, firma y de administración electrónica que la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda viene realizando en el ámbito de la Administración General del Estado así como en el de los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, se instrumentará, con vigencia durante los años 2014 y 2015, a través de una encomienda general a realizar por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En esta encomienda general se unificarán, sin solución de continuidad, las diferentes encomiendas que la entidad tiene formalizadas y en vigor en ese ámbito; todo ello, sin perjuicio de que los órganos y organismos públicos encomendantes puedan acordar, al vencimiento de las respectivas encomiendas vigentes, la extinción de las mismas o su prórroga, o la contratación con entidades públicas o privadas distintas a la entidad encomendataria. En esta encomienda, podrán incorporarse además, otros servicios o funcionalidades derivados del desarrollo de la Administración Electrónica, si así lo acordara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Dos. El importe total de la encomienda referida en el apartado anterior deberá ser, en todo caso, inferior a la suma de las diferentes encomiendas de gestión vigentes que la entidad tiene suscritas individualmente con cada uno de los órganos, entidades y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se incluyan en el ámbito de la encomienda general, salvo que se incluyeran nuevos servicios o funcionalidades no previstas, o se preste servicio a órganos, entidades y organismos actualmente no vinculados a través de encomiendas vigentes.
Al expediente o expedientes que se tramiten con motivo de la formalización o, en su caso, modificación de la encomienda general habrá de incorporarse un certificado a expedir por el órgano encomendante acreditativo de la observancia de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Las tarifas a aplicar a esta actividad de la entidad se aprobarán de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Entidad, aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio.
Tres. La Entidad percibirá, de acuerdo con las tarifas establecidas, la contraprestación por la actividad realizada directamente de los departamentos y centros directivos destinatarios de esta actividad o, en su caso, de los organismos públicos correspondientes.
Cuatro. El Gobierno podrá acordar la prórroga de la encomienda general siempre que las condiciones que la han motivado se mantuvieran en ejercicios posteriores al 2015.
Disposición adicional octava. Aplicación del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a determinados órganos de la Administración General del Estado.
1. Durante un período transitorio de dos años, podrán seguir utilizándose certificados no reconocidos en los procedimientos y servicios del Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, sin que, durante el referido plazo, les resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, respecto a la admisión de los certificados reconocidos incluidos en la lista de servicios de confianza.
2. El Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán exigir la acreditación previa ante sus oficinas de la identidad y, en su caso, relación de representación de los interesados para la realización de trámites por vía electrónica en los procedimientos que así lo requieran.
Disposición adicional novena. Integración de fundaciones en organismos públicos.
La integración de fundaciones en organismos públicos autorizada en el artículo 4 se materializará en los términos fijados en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, publicado mediante Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley respecto de los organismos Programas Educativos Europeos y ANECA.
Disposición adicional décima. Registro de Vehículos del Sector Público Estatal.
1. Se crea el Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, que tiene por objeto agrupar y unificar en un solo archivo todos los vehículos pertenecientes a dicho sector.
2. Estarán incluidos en el Registro todos los vehículos de la Administración General del Estado y de los organismos y entidades que integran el sector público estatal, definido en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
3. Quedan excluidos los vehículos de las Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que se trate de vehículos adscritos al ejercicio de funciones propias y específicas de dichas Fuerzas o Cuerpos.
4. La gestión del Registro corresponderá al Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado.
5. Los responsables de la gestión o administración de los vehículos, deberán solicitar su inscripción en el registro en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que se dicte en desarrollo de lo previsto en esta Disposición.
6. La adquisición por compra, renting, leasing o cualquier otro negocio jurídico asimilado que se realice por los sujetos a los que se refiere el apartado 2 de esta Disposición, deberá ser autorizada, con carácter previo, por la Dirección General del Parque Móvil del Estado, que, a estos efectos, ejercerá funciones de homologación de servicios en cuanto a la determinación de los modelos, características y tipos de vehículos.
Disposición adicional undécima. Incremento del gasto público.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal y el funcionamiento de los diferentes órganos entes y organismos tendrá que realizarse con los medios materiales y personales de que se dispone actualmente por el organismo o ente que se integra y el organismo en el que será integrado. Los órganos, organismos y entes se dotarán exclusivamente mediante la incorporación de efectivos de los propios organismos y entes afectados en cada caso o mediante la correspondiente redistribución de efectivos de cualquier ente u organismo público.
Disposición adicional duodécima. Límites al permiso por asuntos particulares derivados de los Acuerdos, Pactos y Convenios suscritos por las Administraciones Públicas.
La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva redacción dada al artículo 48, letra k), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la presente Ley.
Disposición adicional decimotercera. Eficiencia energética en las adquisiciones de las Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.
1. Las Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el Anexo de esta Ley.
La obligación establecida en el párrafo anterior será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, será aplicable a la adquisición o arrendamiento de edificios.
2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las Fuerzas Armadas únicamente en la medida que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con su naturaleza y con los objetivos básicos de sus actividades. La obligación no se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar, entendiendo por tal el equipo específicamente diseñado o adaptado para fines militares destinado a ser utilizado como armas, municiones o material de guerra, cuya contratación está regulada en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y seguridad.
3. Por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se impulsarán actuaciones encaminadas a conseguir que por las distintas entidades del sector público autonómico y local se adquieran bienes, servicios y edificios con alto rendimiento energético.
Igualmente, por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Hacienda y Administraciones Públicas, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para facilitar que los órganos de contratación, en las licitaciones para contratos de servicios con una componente energética importante, puedan evaluar la posibilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que permitan valorar el ahorro energético computado en el periodo total de duración del contrato. A estos efectos facilitarán a los órganos de contratación mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, herramientas metodológicas para realizar la evaluación así como modelos de contrato y cláusulas administrativas de contenido jurídico que deban contener los pliegos que rijan la licitación de este tipo de contratos.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos a los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE, las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición podrán exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética de los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta.
Disposición transitoria primera. Continuación de funciones por el Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se constituirá la entidad corporativa de base privada prevista en el artículo 21. Hasta tanto se constituya la referida entidad corporativa de base privada el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España al que se refiere la Disposición adicional primera continuará desempeñando sus funciones de conformidad con sus normas de creación y funcionamiento.
Durante este periodo, los miembros del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España permanecerán en su cargo en funciones.
2. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los cuentadantes de dicho organismo, o al Director General del Instituto de la Juventud en el caso de que ya se hubiera constituido la entidad corporativa de base privada.
3. Las operaciones ejecutadas por el Instituto de la Juventud correspondientes al organismo autónomo suprimido Consejo de la Juventud de España, se registrarán en la contabilidad y el presupuesto del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España, en tanto no se modifique el presupuesto del Instituto de la Juventud para incorporar los correspondientes créditos del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.
4. Se formulará una cuenta del ejercicio en el que se extinga el Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España correspondiente a las operaciones realizadas por el mismo y las indicadas en el apartado 3 anterior, procediendo también a su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicha cuenta será independiente a la cuenta a rendir por el Instituto de la Juventud.
Disposición transitoria segunda. Continuación de funciones por los órganos que se suprimen.
1. Los órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas a los que se refiere la disposición adicional segunda seguirán desempeñando sus funciones, de conformidad con su normativa reguladora, hasta el momento de la constitución del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones creado en el artículo 20 de esta Ley.
2. Los Observatorios en el ámbito de la salud a los que se refiere la disposición adicional tercera seguirán desempeñando sus funciones, de conformidad con sus normas de creación y funcionamiento, hasta el momento de la constitución del Observatorio de Salud previsto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en su nueva redacción dada por el artículo 19 de esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de rendición de cuentas anuales del ejercicio 2013 de los organismos del Ministerio de Defensa.
La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de SMC y CEHIPAR y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los Directores Generales de los organismos INVIED e INTA.
Disposición transitoria cuarta. Órganos directivos de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades.
Los órganos directivos de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades pasan a depender directamente de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, conservando su actual denominación, estructura y funciones en tanto no se realicen las oportunas modificaciones orgánicas en los reales decretos de estructura del citado organismo autónomo y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Disposición transitoria quinta. Notificaciones en el ámbito tributario.
El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a todas las notificaciones que hayan de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la entrada en vigor, aunque los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con anterioridad.
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la aplicación de medidas de eficiencia energética.
Lo previsto en la Disposición adicional decimotercera será de aplicación a los expedientes de contratación y de adquisiciones y arrendamiento de inmuebles que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
A estos efectos, se entenderá como fecha de iniciación del expediente la publicación de la correspondiente convocatoria para la adjudicación del contrato o en ausencia de convocatoria la de aprobación de los correspondientes pliegos o documentos equivalentes.
Disposición transitoria séptima. Notificaciones catastrales.
La nueva regulación de las notificaciones catastrales en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial prevista en el artículo 29, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la redacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a las notificaciones que hayan de practicarse a partir del día 1 de junio de 2015, aunque los procedimientos de los que deriven se hubieren iniciado con anterioridad.
Disposición transitoria octava. Licencia deportiva única.
Aquellas federaciones que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubieran incorporado a sus Estatutos la expedición de licencias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 o contaran ya con un sistema de expedición de licencia única, podrán mantener el sistema de reparto económico y de expedición que viniesen aplicando, siempre que hubiera sido aprobado por mayoría absoluta de los votos de su correspondiente Asamblea General, debiendo contar además con el voto favorable de, al menos, la mayoría absoluta de los responsables de las federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. Estas federaciones a su vez deberán sumar al menos la mayoría absoluta de las licencias totales de la correspondiente federación estatal en esa modalidad deportiva. En tal caso, serán necesarias idénticas mayorías para modificar posteriormente dicho sistema de reparto económico.
Disposición transitoria novena. Régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
Lo previsto en el artículo 28, apartado cuatro de esta Ley, por el que se modifica el artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a la misma que hayan sido cesados en un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre designación, será de aplicación a los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública antes de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera objeto de supresión, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.
Disposición transitoria décima. Régimen transitorio.
Las modificaciones introducidas en el artículo 30 (de modificación de la Ley 38/2003) entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La modificación recogida en el artículo 20.8 y las correlativas de los artículos 17.3.b, 18 y 23.2, serán de aplicación a las subvenciones convocadas o concedidas a partir del 1 de enero de 2016.
No obstante, a efectos de dar cumplimiento a la previsión recogida en el artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en referencia a lo establecido en su artículo 8.1.c), la Base de Datos Nacional de Subvenciones dará publicidad a las subvenciones y ayudas públicas concedidas a partir de 2014 por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculantes o dependientes, con indicación de la convocatoria, beneficiario e importe concedido a partir de la entrada en vigor del citado artículo 10.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, y específicamente:
– La Ley de 3 de junio de 1940, por la que se constituye en Institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Obra Pía de los Santos Lugares, y reorganizando la Junta de Patronato de la misma.
– La Orden del Ministerio de la Gobernación de 23 de marzo de 1960, sobre reorganización de la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla y el Reglamento de 5 de febrero de 1938, para la aplicación del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, de 14 de diciembre de 1936.
– La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.
– La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
– El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y publicidad de los productos del tabaco.
– La Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
– La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
– La Disposición adicional primera de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
– El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.
– El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.
– La Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones, composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Se modifica el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con la siguiente redacción:
«2. Además de los requisitos generales establecidos en la legislación general de la Función Pública, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas se exigirá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o título de Grado en Derecho que lo sustituya.
Podrán acceder al Cuerpo Superior de Auditores del propio Tribunal quienes estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero y Arquitecto. Igualmente podrán acceder a dicho Cuerpo quienes se encuentren en posesión del título de Grado o el que, en su caso, se pueda establecer para el acceso a Cuerpos o Escalas clasificados en el Subgrupo A1.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que queda redactado como sigue:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Uno. Se modifica el artículo 77, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 77. Actualización.
1. La modificación o actualización de las cuantías resultantes de lo establecido en los artículos 74 y 75 deberá ser elaborada por el administrador de infraestructuras ferroviarias, junto con la correspondiente memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dicha modificación será sometida a consulta de las empresas ferroviarias y a informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y establecerá los valores concretos de los parámetros de los cánones, particularizando en su caso, en cada línea, elemento de la red o períodos de aplicación.
2. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los valores así obtenidos se remitirán al Ministerio de Fomento para su inclusión en los anteproyectos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.»
Dos. Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 81, que queda redactada de la siguiente forma:
«j) El desarrollo del marco general de cánones y del sistema de incentivos a aplicar por el administrador de infraestructuras ferroviarias.»
Disposición final cuarta. Títulos competenciales.
Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado:
– Lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II, relativa a los consorcios, tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
– Los artículos 24 y 25, y la Disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y en materia de procedimiento administrativo común.
– El artículo 26 y el artículo 27 se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General y Deuda del Estado.
– El artículo 28 y la Disposición adicional duodécima (permiso por asuntos particulares), tienen carácter básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
– El artículo 29 se dicta al amparo del artículo 149.1.4.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.
– La Disposición final tercera, se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que establece la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y régimen general de comunicaciones.
– El anexo se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª, sobre legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas.
Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno y los ministros afectados podrán dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
El Gobierno, mediante real decreto, desarrollará las previsiones establecidas en el artículo 25 de esta Ley.
Disposición final sexta. Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares.
El Gobierno, por real decreto, aprobará el estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares, a iniciativa del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de adaptar el régimen del organismo a lo dispuesto en esta Ley.
En tanto no se apruebe el estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares, los órganos previstos en la Ley de 3 de junio de 1940 continuarán ejerciendo sus funciones.
El estatuto tendrá el contenido previsto en el artículo 62 apartado primero de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Disposición final séptima. Transposición de la Directiva de Eficiencia Energética.
Mediante la Disposición adicional decimotercera de esta Ley se incorpora al ordenamiento jurídico interno el artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE y se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Disposición final octava. Modificación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se modifica el artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en los siguientes términos:
«Artículo 28. Tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros.
Uno. Creación de la tasa.
Se crea la tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dos. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, de un expediente de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico de títulos extranjeros de educación superior, o bien de un expediente de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros de educación no universitaria.
Tres. Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación de la solicitud de homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación. La justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la tramitación del expediente.
Cuatro. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación de títulos o estudios extranjeros.
Cinco. Cuantía.
1. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
Euros
a) Solicitud de homologación al título español de Doctor
118
b) Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
80
c) Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico
40
d) Solicitud de homologación al título Superior de Música, Danza o Arte Dramático
80
e) Solicitud de homologación al título español de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, o Título Profesional de Música o Danza
40
f) Solicitud de homologación al título español de Técnico de Formación Profesional, Técnico de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo
40
g) Solicitud de homologación al título español de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
40
h) Solicitud de homologación al Certificado de Aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas
40
i) Solicitud de convalidación por cursos o módulos de enseñanzas españolas de nivel no universitario
20
j) Solicitud de homologación a un título español universitario de Grado o Máster
160
k) Solicitud de equivalencia a titulación y a nivel académico
160
2. Cuando se trate de títulos o estudios no mencionados expresamente en los subapartados anteriores, se aplicará la cuantía correspondiente al título o estudios equivalentes por sus efectos o nivel académico.
Seis. Exenciones.
No se devengará tasa alguna por la solicitud de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de especialidades en Ciencias de la Salud.
Siete. Gestión y recaudación.
1. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siéndole aplicable lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
2. No obstante, en aquellos países de residencia de los solicitantes en que no exista entidad de depósito autorizada, el ingreso se verificará mediante su ingreso en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito para este fin.
3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los servicios competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se modifica el Anexo II de la Disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en los siguientes términos:
«Procedimiento
Norma reguladora
Artículo
Los procedimientos de expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación, reconocimiento, correspondencia y equivalencia a titulación y a nivel académico de títulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados académicos o profesionales.
(resto igual).»
Disposición final décima. Modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Se modifica la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, para incluir una nueva disposición adicional única, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única. Régimen jurídico de los consorcios sanitarios.
1. Los consorcios sanitarios cuyo objeto principal sea la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud están adscritos a la Administración sanitaria responsable de la gestión estos servicios en su ámbito territorial de actuación y su régimen jurídico es el establecido en esta disposición y, subsidiariamente, en aquello no regulado en esta Ley, la normativa que regula con carácter general el resto de consorcios administrativos.
2. Los consorcios sanitarios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración sanitaria a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración sanitaria a la que este adscrito el consorcio.
3. El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o laboral en caso de ser contratado directamente por el consorcio. El personal laboral contratado directamente por los consorcios sanitarios adscritos a una misma Administración se someterá al mismo régimen. El régimen jurídico del personal del consorcio será el que corresponda de acuerdo con su naturaleza y procedencia.»
Disposición final undécima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La nueva redacción del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, entrará en vigor el 1 de julio de 2015.
La nueva redacción del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entrará en vigor el 1 de junio de 2015.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 16 de septiembre de 2014.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
ANEXO
Requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas Centrales
Las Administraciones a que se refiere la Disposición adicional decimotercera de esta Ley que adquieran bienes, servicios o edificios, en la medida en que esta adquisición se ajuste a la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido amplio, la idoneidad técnica, así como a una competencia suficiente, deberán actuar de los siguientes modos:
a) Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2010/30/UE, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente.
b) Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia energética especificados en dicha medida de ejecución.
c) Adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la oficina energética para los equipos ofimáticos que cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión.
d) Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición adquieran neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté justificado por razones de seguridad o salud pública.
e) Exigir en sus licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los prestadores del servicio utilicen, para los fines de dicho servicio, solo productos que cumplan los requisitos indicados en las letras a) a d), al prestar el servicio en cuestión. Este requisito únicamente se aplicará a los nuevos productos adquiridos parcial o totalmente por el prestador de servicios para los fines de dicho servicio.
f) Adquirir solamente edificios o suscribir nuevos contratos de arrendamiento que cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética, fijados en cada momento por la normativa interna, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
En tanto no se modifique la regulación vigente que en esta materia incluye el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sus modificaciones ulteriores, la calificación exigible a los edificios de uso administrativo a que se refiere este anexo será:
– Clase C para el indicador de demanda energética de calefacción.
– Clase C para el indicador de demanda energética de refrigeración.
– Clase C para el indicador de consumo de energía primaria no renovable.
A estos efectos el rendimiento energético de un edificio se acreditará mediante los certificados de eficiencia energética, regulados en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
No resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos precedentes cuando la finalidad de la adquisición o arrendamiento sea:
– La renovación en profundidad o la demolición del edificio.
– La devolución del edificio al tráfico jurídico, sin ser ocupado por las Administraciones Públicas a las que se refiere el presente anexo.
– Preservarlo como edificio protegido oficialmente o como parte de un entorno declarado protegido oficialmente, o por razones de su particular valor arquitectónico o histórico. | Mañana entra en vigor Ley de racionalización del sector público aprobada ayer, que sigue instrucciones CORA | FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
I
La crisis económica ha puesto de relieve una premisa que debe sostenerse más allá de las circunstancias económicas, y es que el sector público debe ser sostenible en el tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos.
No existe, según la teoría económica, un tamaño óptimo del sector público, pero sí indicadores que dan una idea de su dimensión. El más habitual es el ratio de Gasto Público sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De acuerdo con este indicador, España se sitúa entre los diez países de la Unión Europea con menor gasto público en porcentaje de PIB, que ascendió a 43,4% en 2012 (excluyendo la ayuda financiera).
Desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB, España se ha situado tradicionalmente también por debajo de la media de la zona euro.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y la actuación de los estabilizadores automáticos, en los últimos años se ha producido un fuerte incremento del gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha traducido en un largo periodo de déficit públicos que no son sostenibles en el medio y largo plazo, por lo que resulta necesario avanzar en el proceso de consolidación fiscal.
En este contexto, abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas es una cuestión ineludible. Se debe asegurar que los servicios públicos se prestan de la forma más eficiente y al menor coste posible: que se aprovechan todas las economías de escala, que no se producen solapamientos ni duplicidades y que los procedimientos son simples y estandarizados.
La racionalización de la estructura de la Administración Pública, como parte del programa de reformas del Gobierno, tiene un antecedente de gran trascendencia en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos, al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.
Pese a ello, el objetivo de una reforma de las Administraciones Públicas no puede ser otro que el de convertir a la Administración española en un factor de eficiencia y productividad, que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios públicos.
Con este fin, el 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que debía elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.
Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo proponer nuevas medidas.
Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas normas y acuerdos para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.
Así, por ejemplo, se han tomado los acuerdos necesarios para la implantación del Proyecto Emprende en 3; han sido regulados los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares; se ha concluido el traslado del Centro de Estudios Económicos y Comerciales al Instituto de Estudios Fiscales o se ha puesto en marcha el servicio telemático en la sede electrónica de la Seguridad Social para el envío de certificados de estar al corriente de pago de las cuotas. También se ha aprobado la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, como instrumento vertebrador de la actuación de las Administraciones Públicas en esta materia, o el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que permitirá a las víctimas un acceso privado y electrónico al estado de tramitación de sus procedimientos. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó, en su reunión de 2 de agosto de 2013, el Plan Anual de la Política de Empleo 2013.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, revisa el umbral de 300 metros cuadrados para que los establecimientos comerciales puedan sustituir la licencia de apertura por la declaración responsable, regula la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva e incluye medidas para favorecer el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública. Otro ejemplo de medida CORA que ha sido aprobado finalmente es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Por otra parte, diversos proyectos de ley remitidos o ya aprobados por las Cortes Generales contienen medidas procedentes del Informe.
En lo que se refiere a la reordenación del sector público institucional también se ha avanzado en su proceso de restructuración.
Se ha procedido a la extinción del Consorcio Solar Decathlon. Adicionalmente, se ha acordado la disolución y están en fase de liquidación las Sociedades de Estiba y Desestiba del Puerto de La Gomera y del Puerto de La Estaca del Hierro.
Para avanzar en la reordenación de las entidades p
### RESUMEN: Mañana entra en vigor Ley de racionalización del sector público aprobada ayer, que sigue instrucciones CORA |
Vista la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se aprueban las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19
Considerando lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta la evolución del riesgo epidemiológico, estas medidas tienen un carácter dinámico y deberán someterse a una valoración periódica en función de los cambios en la transmisión de la pandemia.
2. De conformidad al aparado cuarto de la resolución de 9 de julio de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo adoptará las modificaciones de las Directrices operativas atendiendo a la naturaleza, dificultad y medios necesarios para su implementación. En este sentido, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo reunido el 19 de noviembre de 2020 informó favorablemente la nueva versión de las directrices.
3. La Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, publicado en BOE núm. 298, de 12 de noviembre de 2020.
4. Estas directrices deben actualizarse para garantizar que guarden proporción con la evolución de la pandemia.
En virtud de lo anterior, esta Agencia, resuelve:
Primero. Objeto.
La actualización de las Directrices higiénico-sanitarias y de control en el ámbito aeroportuaria para mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19 publicadas por Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en el BOE número 195, de 17 de julio de 2020. La actualización consiste en una nueva versión de las directrices de fecha 20 de noviembre de 2020.
Segundo. Ámbito.
Esta resolución es aplicable a los gestores de los aeropuertos situados en el territorio nacional; las compañías aéreas que operen en dichos aeropuertos, incluidas las que realicen operaciones de aerotaxi, y quienes realicen operaciones de aviación general; los pasajeros que transiten por estas infraestructuras; y las empresas que desarrollen servicios auxiliares en el aeropuerto así como, en general, todo el personal que intervenga en la realización de las operaciones aéreas en orden a minimizar el riesgo de contagio del SARS-Cov-2 en el transporte aéreo.
Tercero. Efectos.
Esta resolución producirá efectos al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto. Modificación de las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
El Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo adoptará las modificaciones de las Directrices operativas atendiendo a la naturaleza, dificultad y medios necesarios para su implementación, así como el plazo máximo en que los sujetos obligados por ellas están obligados a su cumplimiento.
Quinto. Publicidad.
Esta Resolución o cualquiera de sus modificaciones deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de AESA.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o alternativamente, recurso potestativo de reposición ante la Directora de AESA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este acto.
Madrid, 20 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.
DIRECTRICES OPERATIVAS PARA LA GESTIÓN DE PASAJEROS AÉREOS Y PERSONAL DE AVIACIÓN EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19
Edición 20/11/2020
Índice
Antecedentes.
Consideraciones generales.
Normas de obligado cumplimiento.
1) Obligaciones de los gestores aeroportuarios.
a) En relación con el acceso a los edificios terminales.
b) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas en la infraestructura.
c) En relación con el distanciamiento de pasajeros y otro personal que presta servicios en los terminales aeroportuarios.
d) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio en los aeropuertos.
e) En relación con la coordinación y el establecimiento de procedimientos con otros agentes.
f) En relación a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento.
2) Obligaciones para las compañías aéreas y otros operadores de aeronaves.
a) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas a bordo.
b) En relación con el tratamiento de los pasajeros.
c) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio a bordo.
d) En relación con la coordinación y procedimientos.
Anexo 1: Material de orientación.
Principios generales.
1) Gestión de pasajeros.
En todo momento.
Antes de llegar al aeropuerto.
Consideraciones para la gestión de pasajeros en el aeropuerto.
Gestión de pasajeros a bordo de la aeronave.
Gestión de pasajeros a bordo con síntomas compatibles con COVID-19.
Gestión de pasajeros de llegada y en tránsito.
2) Gestión de miembros del personal de aviación.
Anexo 2: Modelo de declaración COVID-19.
Anexo 3: Formulario de salud pública para localizar pasajeros.
Anexo 4: Formatos informativos.
Antecedentes
En base a la evolución de la situación de la epidemia por el coronavirus COVID-19 y por recomendación del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005), el 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada.
Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuatro, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declaró, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en varias ocasiones en los términos expresados en dicha norma.
Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó el Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por el que las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas quirúrgicas o de protección superior.
En el mismo Real Decreto-ley, se especifica que los operadores de transporte aéreo con número de asiento preasignado deberán conservar, a disposición de las autoridades de salud pública, la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos.
Finalmente, con fecha 8 de julio de 2020, se publica el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en el que se establece en el artículo 3, relativo a las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación en relación a la pandemia COVID-19 que el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo, previsto en la Orden PRE/248/2003, de 6 de febrero, establecerá en castellano las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación en relación a la pandemia COVID-19, aplicables a las operaciones desarrolladas en los aeropuertos situados en territorio nacional, incorporando al ordenamiento jurídico interno las adoptadas por Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), así como sus sucesivas modificaciones, adaptadas a las especificidades de España. Las Directrices EASA/ECDC adaptadas, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» por resolución de la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Además, se indica que las Directrices son de obligado cumplimiento para los gestores de los aeropuertos de interés general abiertos al tráfico civil situados en territorio nacional, así como para las empresas que desarrollen trabajos auxiliares en ellos; las compañías aéreas que realicen operaciones en los aeropuertos españoles y el resto de los usuarios de estas infraestructuras.
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Facilitación podrá declarar que otras recomendaciones internacionales para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación en relación a la pandemia COVID-19, ofrecen niveles de eficacia equivalentes a las Directrices EASA/ECDC adaptadas en orden a minimizar el riesgo de contagio del SARS-Cov-2 en el transporte aéreo.
En tal caso y sujeto al principio de reciprocidad, se entenderá que el cumplimiento por las compañías aéreas de terceros países de las recomendaciones internacionales declaradas equivalentes, satisface lo previsto en el citado apartado.
Por otro lado, el apartado 3 del artículo 7 dispone que corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la supervisión del cumplimiento de las Directrices EASA/ECDC adaptadas y de las recomendaciones internacionales declaradas equivalentes aplicables conforme al principio de reciprocidad.
La Agencia podrá, adicionalmente, previa audiencia del Comité de Facilitación, adoptar guías o material de orientación relativo a la aplicación de los requisitos y sobre los procedimientos de supervisión que lleve a cabo.
Consideraciones generales
La finalidad de este documento es recoger las obligaciones, así como proporcionar orientación al gestor aeroportuario y operadores aéreos, así como a otras partes interesadas, sobre cómo facilitar la recuperación, segura y gradual, del transporte aéreo de pasajeros.
Tanto las recomendaciones como los requerimientos, serán revisados de manera permanente de cara a irse adaptando a la evolución del riesgo epidemiológico, de la evolución del tráfico aéreo, así como de la propia evolución de las Guías EASA/ECDC.
Normas de obligado cumplimiento
1) Obligaciones de los gestores aeroportuarios
Los gestores aeroportuarios de cualquier aeropuerto abierto al tráfico civil situado en territorio español deberán:
a) En relación con el acceso a los edificios terminales:
i) En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el acceso a los edificios terminales debe limitarse:
− A los pasajeros provistos de un billete o tarjeta de embarque válidos, en las 6 horas anteriores a la salida prevista del vuelo, y en el caso de menores, personas con movilidad reducida u otra causa debidamente justificada, a los acompañantes de estos pasajeros estrictamente necesarios.
− A los empleados del aeropuerto o de las empresas que presten servicios en la infraestructura debidamente acreditados, así como las tripulaciones y pilotos de compañías y otros operadores aéreos para las operaciones programadas, incluidos los pilotos de aviación general y los acompañantes de estos que se dispongan a realizar un vuelo.
− Al personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el personal que preste otros servicios aeroportuarios, entre otros, sanidad exterior, aduaneros, correos, seguridad exterior e interior.
− A otras personas debidamente autorizadas, entre otros, inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el ejercicio de sus funciones de inspección.
ii) Poner a disposición de los pasajeros con carácter previo a su llegada al aeropuerto, a través de sus canales de comunicación, información sobre las restricciones de acceso a los terminales y otra información de interés para la planificación adecuada del viaje.
iii) Establecer los procedimientos adecuados para evitar que se produzcan aglomeraciones en los accesos a los terminales.
iv) Señalizar e informar adecuadamente sobre las limitaciones del acceso al terminal.
b) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas en la infraestructura:
i) Vigilar, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que todas las personas que entren en el edificio terminal hacen uso obligatorio, dentro de las instalaciones del aeropuerto, de mascarilla quirúrgica o que provea una protección superior, salvo en casos debidamente justificados, y facilitar su adquisición por parte de aquellos pasajeros que no dispongan de las mismas.
ii) Reforzar los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones aeroportuarias teniendo en cuenta la programación de vuelos, especialmente de aquellas por las que transiten los pasajeros, así como de aquellos dispositivos u objetos sujetos a contacto, pantallas de protección, bandejas de los controles de seguridad, etc. En esta materia se seguirán las guías sobre limpieza de EASA.
iii) Potenciar el empleo de dispositivos electrónicos sin contacto. En la medida de lo posible, instalará dispositivos que minimicen el contacto con superficies en el aeropuerto.
iv) Instalar dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en el terminal y, especialmente, en localizaciones con mayor potencial de contacto, como, por ejemplo, a la salida de los controles de seguridad.
v) Instalar un número suficiente de papeleras para el desecho de las mascarillas y otro material de protección fungible, adoptando los procedimientos para su adecuada limpieza y tratamiento.
vi) Proporcionar los elementos de protección adecuados, así como la correcta formación sobre su utilización a sus trabajadores, en el ámbito de sus programas de prevención de riesgos laborales.
vii) Reforzar las medidas de ventilación en los edificios terminales, minimizando la recirculación de aire y evitando en lo posible flujos de aire horizontales. Asimismo, llevar a cabo las actuaciones oportunas para el mantenimiento, limpieza y sustitución de los filtros de aire con la periodicidad adecuada.
viii) Colaborar con las compañías aéreas, en el ámbito de responsabilidad del gestor aeroportuario, para evitar que los pasajeros permanezcan a bordo durante más de 30 minutos si la aeronave estacionada no dispone de ventilación adecuada conforme a las recomendaciones EASA/ECDC.
ix) Proporcionar, dentro del marco de colaboración establecido con el Ministerio de Sanidad, los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos sanitarios requeridos.
x) Colaborar con el con el operador aéreo o agente de asistencia en tierra para que, siempre que sea posible, optimizar el uso de cintas de recogida de equipajes con el fin de mantener la distancia física de seguridad y reservar cintas utilizadas únicamente para vuelos provenientes de zonas de alto riego (designadas por las autoridades sanitarias).
c) En relación con el distanciamiento de pasajeros y otro personal que presta servicios en los terminales aeroportuarios:
i) Establecer protocolos y mecanismos adecuados para que, en la medida de lo posible, tanto pasajeros como personal mantengan un distanciamiento interpersonal en el terminal de 1,5 m. Asimismo, establecer los mecanismos para prevenir aglomeraciones en las zonas de alta concentración de pasajeros, entre otras, zonas de espera, lavabos, etc.
En particular, colaborará con las compañías aéreas a la hora de establecer los protocolos para prevenir aglomeraciones durante los procesos de embarque y desembarque.
En línea con este apartado, instalar señalética y otros medios adecuados para asegurar el citado distanciamiento de los pasajeros en el terminal y en las instalaciones de su responsabilidad, evitar aglomeraciones y minimizar el contacto de los pasajeros con los elementos físicos en el terminal.
En las localizaciones fijas de atención al público, instalar pantallas de protección.
ii) Establecer los mecanismos de coordinación adecuados y vías de información para que, en los concesionarios comerciales, como tiendas, restaurantes y otros locales en los edificios terminales de los aeropuertos que gestiona se respetan las condiciones de aforo, distanciamiento, y otras medidas sanitarias.
iii) Colaborar con las autoridades competentes en materia de aduanas y fronteras para establecer medidas adecuadas de distanciamiento de los pasajeros, evitando de este modo que se produzcan aglomeraciones.
iv) Separar los flujos entre llegadas y salidas, siempre que sea posible. En otro caso, establecer las medidas de mitigación que sean necesarias.
Asimismo, establecer flujos diferenciados para evitar el contacto de los pasajeros con las tripulaciones tanto a la entrada de los edificios terminales, como en el acceso a la zona restringida del aeropuerto, potenciando así la protección de las tripulaciones y limitando de esta forma posibles riesgos de contagio.
v) En aquellos casos en los que, por el diseño del terminal, no sea posible garantizar una separación interpersonal de 1,5 m, establecer los procedimientos de mitigación del riesgo adecuados y ponerlos en conocimiento de los pasajeros y otro personal en el aeropuerto.
vi) En su ámbito de actuación, colaborar con los agentes de handling y/o compañías aéreas para facilitar el despliegue de un mayor número de medios de transporte, favoreciendo así el distanciamiento de los pasajeros en su trayecto hasta el avión.
d) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio en los aeropuertos:
i) Adoptar las medidas oportunas para procurar que su personal evite acudir a las infraestructuras aeroportuarias si presenta sintomatología compatible con la COVID-19 y trabajar con las empresas con las que haya suscrito un contrato para que eviten que su personal con síntomas acuda al aeropuerto.
ii) Informar a los pasajeros, a través de los canales adecuados de comunicación, para que eviten acudir al aeropuerto en aquellos casos en los que presenten síntomas compatibles con la COVID-19. En dicha comunicación, advertirá de que una posible detección de síntomas en el aeropuerto podría dar lugar a las acciones pertinentes por parte de las autoridades competentes.
iii) Informar de manera continuada, a través de material informativo como pictogramas, pantallas y medios electrónicos, sobre las medidas para la promoción de la seguridad sanitaria en los aeropuertos, prestando especial atención en aquellas zonas con mayor concentración de pasajeros en el terminal, entre otras, sobre medidas de distanciamiento, reducción del contacto con las superficies, higiene y protección, etc.
iv) Informar al pasajero sobre la necesidad de adherirse en todo momento a las medidas sanitarias que les sean indicadas, señalando los efectos de no cumplir esta obligación.
v) Informar sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas quirúrgicas o de protección superior para todas las personas de seis años en adelante, incluyendo pasajeros, así como personal del aeropuerto y compañía aérea en las infraestructuras aeroportuarias y a bordo de las aeronaves, así como sobre la utilización adecuada de las mismas (tipo, colocación, retirada, desecho, etc.). Las mascarillas con válvula exhaladora no están permitidas, dado que este tipo de mascarillas no filtran el aire exhalado.
La información señalada en este apartado estará disponible, en castellano, en las otras lenguas oficiales de las regiones en las que esté situado el aeropuerto, y en inglés en aquellos aeropuertos en los que el volumen de pasajeros internacionales sea significativo.
e) En relación con la coordinación y el establecimiento de procedimientos con otros agentes:
i) Coordinar la aplicación de las medidas preventivas en los aeropuertos que gestiona por parte de su personal y de las empresas con las que haya contraído un contrato y que presten servicios en dichos aeropuertos. A tal efecto designará un coordinador en cada aeropuerto.
ii) Informar a las empresas subcontratadas, en especial de las empresas de seguridad privada cuyo personal de seguridad lleva a cabo inspecciones físicas, sobre sus obligaciones en cuanto medios de protección y su correcta utilización, sin eximir a cada empresa de su responsabilidad en el ámbito de sus programas de prevención de riesgos laborales.
iii) Coordinar los protocolos adecuados con las FFCCSE para el tratamiento de aquellos pasajeros que no se adhieran a las medidas preventivas en el aeropuerto.
iv) Asimismo, colaborará con las autoridades sanitarias para el tratamiento de los pasajeros sintomáticos conforme a los procedimientos que se establezcan.
v) Prestar colaboración a las autoridades sanitarias y FFCCSE para la implementación de los controles sanitarios determinados por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de garantizar que estos se puedan llevar a cabo. No podrán almacenar, acceder o tratar los datos de salud y cualquier otro dato conexo obtenidos en el ejercicio de dicha colaboración.
vi) Colaborar con el operador aéreo y la autoridad sanitaria para la localización y aviso a los acompañantes que puedan permanecer en las instalaciones aeroportuarias, y para el tratamiento del equipaje, de aquellos pasajeros que, como consecuencia del control de llegadas, sean derivados a un centro sanitario.
vii) Los gestores aeroportuarios prestarán su colaboración al Ministerio de Sanidad para la implementación de las medidas previstas en la presente resolución.
f) En relación a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento:
i) Realizar una evaluación de riesgos previa a la implantación de posibles medidas alternativas de cumplimiento en función de la tipología y el volumen de tráfico de un aeropuerto.
2) Obligaciones para las compañías aéreas y otros operadores de aeronaves
Las compañías aéreas y otros operadores de aeronaves que operen en cualquier aeropuerto abierto al tráfico civil situado en territorio español deberán:
a) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas a bordo:
i) Adoptar las medidas de limpieza y desinfección recomendadas por EASA/ECDC de los elementos de contacto que sean responsabilidad del operador de la aeronave, así como a bordo de la aeronave, durante todos los procesos de los que son responsables.
ii) Establecer mecanismos adecuados para que, tanto la plantilla que presta servicios del ámbito de responsabilidad de la compañía aérea en el aeropuerto, como sus tripulaciones, cumplan en todo momento con las medidas sanitarias (higiene de manos, uso de mascarilla, limitación del contacto directo, etc.).
iii) Proporcionar el equipo de protección personal necesario a sus trabajadores, así como la formación adecuada de los mismos sobre su uso.
iv) Prever procedimientos para la eliminación del material sanitario de desecho a bordo (guantes, mascarillas, etc.), así como su posterior tratamiento de acuerdo a las guías de aplicación internacionales.
v) Establecer los protocolos para minimizar el contacto de las tripulaciones y pasajeros, teniendo en cuenta, entre otros, el uso exclusivo de aseos cuando sea posible, medidas de limpieza y desinfección adecuadas, etc.
vi) Informar sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas quirúrgicas o de protección superior a bordo de las aeronaves. Las mascarillas con válvula exhaladora no están permitidas.
vii) Prever una cantidad suficiente de mascarillas quirúrgicas o de protección superior a bordo para ponerlas a disposición para su adquisición por parte de los pasajeros que no hayan previsto su renovación, especialmente en los vuelos de larga distancia.
viii) Establecer protocolos para la higienización y tratamiento de aquellos miembros de la tripulación que hayan estado en contacto con pasajeros que muestren síntomas.
ix) Llevar a cabo las actuaciones adecuadas de limpieza y desinfección de la aeronave tras la detección de pasajeros con síntomas a bordo, de acuerdo con las guías EASA/ECDC.
x) Reducir el servicio a bordo, tanto como sea posible, en función de la duración del viaje con el objetivo de limitar la exposición a contacto de los pasajeros con la tripulación.
xi) Establecer los protocolos adecuados para la ventilación a bordo, de acuerdo con las recomendaciones de EASA, optimizando la ventilación en cabina.
xii) Coordinar con el gestor aeroportuario los protocolos para evitar que los pasajeros estén a bordo sin una adecuada ventilación durante más de 30 minutos.
xiii) Disponer a bordo de la aeronave de al menos un kit de precaución universal (UPK por sus siglas en inglés). Estos kits deben ser usados para asistir a un posible caso de COVID-19 y/o para la limpieza y desecho de posibles elementos contaminados a bordo de la aeronave.
xiv) Las compañías aéreas prestarán su colaboración al Ministerio de Sanidad para la implementación de las medidas previstas en la presente resolución.
b) En relación con el tratamiento de los pasajeros:
i) En coordinación con el operador aeroportuario y, en su caso, con el agente de handling, adoptar medidas apropiadas para mantener el distanciamiento de 1,5 m y evitar las colas en las zonas de alta concentración de pasajeros en los procesos que gestionan en el terminal (por ejemplo, embarque, desembarque, etc.) y poner en marcha las medidas de mitigación necesarias. Dichas medidas tendrán en cuenta los diferentes modos de embarque (a pie, pasarela, etc.).
ii) Adoptar los procedimientos necesarios para evitar que se produzcan aglomeraciones a bordo, en los pasillos de las aeronaves y zonas próximas a los lavabos, en todos los procesos de los que los operadores de aeronaves sean responsables.
iii) Impedir el acceso a la aeronave a los pasajeros que no utilicen mascarilla quirúrgica o de protección superior.
iv) Limitar, en la medida de lo posible, la movilidad de los pasajeros en cabina, minimizando de esta forma su posible contacto.
v) En la medida de lo posible y en función de la ocupación del vuelo, procurar el mayor distanciamiento físico posible entre los pasajeros a bordo de la aeronave, permitiendo en cualquier caso que miembros de una misma familia, personas que convivan, o acompañantes de personas de movilidad reducida puedan ocupar asientos contiguos.
c) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio a bordo:
i) Informar, a través de sus canales de comunicación y con carácter previo a la llegada de los pasajeros a los edificios terminales, sobre las restricciones de acceso a los edificios terminales, así como otra información útil para la planificación del viaje, como, por ejemplo, la necesidad de unos mayores tiempos para el embarque.
ii) Adoptar las medidas oportunas para procurar que su personal evite acudir a las infraestructuras aeroportuarias ante posible sintomatología compatible con la COVID-19.
iii) Informar a los pasajeros, para que eviten ir al aeropuerto en aquellos casos en los que presenten sintomatología compatible con la COVID-19.
iv) Informar regularmente al pasajero de las medidas preventivas a bordo de la aeronave sobre la adecuada utilización de mascarillas (tipo, colocación, desecho, frecuencia y disponibilidad, etc.), así como la necesidad de su uso durante el vuelo, salvo casos excepcionales convenientemente previstos; además de medidas higiénicas y la necesidad del cumplimiento continuado de las buenas prácticas en materia sanitaria.
v) Facilitar información a los pasajeros de los vuelos de salida, con carácter previo a la emisión de la tarjeta de embarque, acerca de las causas sanitarias por las que un pasajero debe abstenerse de acceder al aeropuerto, así como de las consecuencias derivadas de detectar en los controles sanitarios a una persona con sospecha de padecer COVID-19.
vi) Recabar, antes del vuelo y preferiblemente antes de la llegada al aeropuerto, la declaración de cada pasajero de acuerdo con el modelo de declaración COVID-19 habilitado al efecto (modelo incorporado como anexo 2 al presente documento).
vii) Informar a los pasajeros sobre las consecuencias de hacer una declaración falsa y el hecho de que puede ser rechazados si se detectan síntomas durante su viaje.
viii) Informar a los pasajeros de vuelos de llegada a los aeropuertos de España con origen internacional, de la obligatoriedad de acceder a la aplicación desarrollada por la autoridad sanitaria SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH (o a través de la dirección de internet www.spth.gob.es) para recabar los datos de salud y de contacto del pasajero, así como de las consecuencias de su incumplimiento.
ix) Las compañías aéreas comprobarán con anterioridad al embarque que los pasajeros con destino España disponen del código QR generado a través de la web https://www.spth.gob.es/, o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Aquellos pasajeros que excepcionalmente no hubieran cumplimentado telemáticamente el Formulario de Control Sanitario lo podrán presentar en formato papel antes del embarque, debiendo ir siempre acompañado del documento acreditativo de la realización de la PDIA, si proceden de un país o zona clasificada de riesgo. Es este caso, la actuación realizada por las compañías se limitará a la comprobación de que el viajero presenta los documentos citados y en ningún caso se accederá a la información contenida en los mismos.
x) Las agencias de viaje, los operadores turísticos, las compañías de transporte aéreo y cualquier otro agente que comercialice billetes aisladamente o como parte de un viaje combinado deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España, así como en el proceso de la emisión de la tarjeta de embarque, de la obligatoriedad de presentar el Formulario de Control Sanitario en el aeropuerto o puerto de destino. Así mismo, si el país o la zona de origen del viaje está clasificado como de riesgo deberán informar de la obligatoriedad de disponer de una PDIA para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada.
xi) Incluir en sus demostraciones de seguridad las condiciones de uso de las mascarillas en situaciones de emergencia.
xii) Desinfectar exhaustivamente después de su uso, las mascarillas de oxígeno de la aeronave, en caso de haber sido utilizadas durante el vuelo.
d) En relación con la coordinación y procedimientos:
i) Tener en cuenta lo previsto en las recomendaciones operativas EASA en relación con el COVID-19 en su último estado de revisión.
ii) Coordinar los protocolos con las autoridades públicas para el tratamiento de aquellos pasajeros que no se adhieran a las medidas preventivas durante el vuelo.
iii) Prever incentivos para evitar que aquellos pasajeros que presenten síntomas acudan al edificio terminal.
iv) Poner en marcha procedimientos para retirar inmediatamente de las tareas de vuelo a las tripulaciones cuando presenten indicios de sintomatología compatible con COVID-19.
v) Promover dentro de sus programas de monitorización de la salud la distribución de información relacionada con la COVID-19 así como la detección de posibles casos de contagio entre sus empleados.
vi) En coordinación con el gestor aeroportuario, asistir a los pasajeros en la utilización de procedimientos de auto-facturación, siempre que esta resulte posible, e incentivar la facturación del equipaje para evitar que sea transportado en cabina, advirtiendo de que no se facturen baterías de litio dentro del equipaje.
vii) Instruir a las tripulaciones sobre los procedimientos de emergencia compatibles con el uso de mascarillas.
viii) Establecer procedimientos y medidas de prevención para el tratamiento a bordo bajo situaciones de presión de posibles pasajeros conflictivos y potencialmente conflictivos.
ix) Establecer procedimientos para el tratamiento de pasajeros que muestren síntomas a bordo, así como los protocolos para el tratamiento de aquellos pasajeros sentados en las proximidades de pasajeros con posibles síntomas.
x) Establecer procedimientos para la protección y, en su caso, aislamiento y cuarentena, de las tripulaciones que hayan estado en contacto durante el vuelo con posibles contagiados del COVID-19.
xi) Establecer procedimientos para informar al aeropuerto y a las autoridades sanitarias locales en caso de detectar un caso a bordo antes del despegue.
xii) Mantener la información para contacto de todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.
xiii) Prestar debida colaboración a las autoridades sanitarias para la implementación de los controles sanitarios establecidos. No podrán almacenar, acceder o tratar los datos de salud y cualquier otro dato conexo obtenidos en el ejercicio de dicha colaboración.
ANEXO 1
Material de orientación
El objetivo de esta guía es promover la implementación de las pautas operativas por parte de los gestores aeroportuarios y operadores aéreos. Por tanto, establecer un protocolo implica que se aplica y que se verifica su utilidad para el fin perseguido, y en caso de que no sea útil debe modificarse.
Por ello, se implantará un modelo declarativo por el que los gestores aeroportuarios y operadores aéreos declaran el estado de cumplimiento relativo a las medidas establecidas en el presente documento.
Para llevar a cabo estas medidas, el gestor aeroportuario, los operadores aéreos y, cuando corresponda, otros proveedores de servicios deberán considerar las medidas recomendadas incluidas en la última revisión de EASA e implementarlas en la medida de lo posible, así como promover el acceso de los miembros de su personal a programas de formación, y utilización de la guía de EASA o cualquier otra guía relevante.
Se tendrá en cuenta, para la implementación de determinadas medidas, la diversidad de la red aeroportuaria, la tipología del aeropuerto y su volumen de tráfico.
Los operadores aéreos, el gestor aeroportuario y otros proveedores de servicios y partes interesadas deben coordinar sus acciones a través del Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo, para disminuir los riesgos y garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa.
En el contexto de estas medidas, puede generarse una situación de conflicto si no se maneja adecuadamente. Para abordar esto, los operadores están invitados a considerar la probabilidad aumentada de estos factores dentro de sus procedimientos y capacitación.
Principios generales
– Limitar a los pasajeros, miembros de la tripulación y el personal del aeropuerto, el acceso a las terminales del aeropuerto. Los acompañantes deberían tener acceso en circunstancias especiales (PMRs, menores no acompañados).
– Puesta en marcha de medidas destinadas a disuadir a los pasajeros sintomáticos, a través de actividades de comunicación de riesgos y promoción de la salud.
– Implementación de distanciamiento físico (1,5 metros entre individuos), siempre que sea posible.
– Evitar colas en las áreas de alta concentración de pasajeros (las marcas del suelo a 1,5 metros de distancia pueden ayudar a los pasajeros a mantener el distanciamiento físico).
– El uso de mascarillas en función del nivel de riesgo y la disponibilidad de mascarillas, teniendo en cuenta los posibles riesgos y desventajas.
– Medidas de higiene para el personal y los pasajeros.
– La limpieza y desinfección de la infraestructura de la terminal y todos los equipos de manera regular, y su frecuencia debería aumentarse según sea necesario en función del tráfico.
– Fomentar el uso de procesos electrónicos alternativos (por ejemplo, check-in móvil).
– Proporcionar acceso a agua mediante fuentes o máquinas expendedoras, cuando no sea posible conseguirla por el cierre de las instalaciones aeroportuarias.
– Disponibilidad en las instalaciones del aeropuerto y en la cabina de vuelo de los materiales de promoción de seguridad de la salud. Se debería prestar especial atención a las áreas de alta concentración de pasajeros y al formato de los materiales (en todas las lenguas nacionales e inglés).
– Limpieza y desinfección de todas las áreas con potencial de contacto humano y transmisión según lo prescrito por las autoridades de salud pública.
– El sistema de climatización (HVAC) se deberá configurar en el modo más favorable.
(Estos principios deberían regir, en la medida de lo posible, en las terminales de aviación general).
1) Gestión de pasajeros
Por razones de claridad, y de acuerdo con el sumario de la guía de EASA, esta guía sobre la gestión de pasajeros se presenta en la siguiente secuencia: en todo momento, antes de llegar al aeropuerto de salida, al aeropuerto, a bordo de la aeronave y al aeropuerto de llegada.
Las medidas propuestas se evaluarán y actualizarán periódicamente de acuerdo con los cambios en el conocimiento del riesgo de transmisión, así como con el desarrollo de otras medidas de diagnóstico o prevención.
En todo momento
Objetivo: Garantizar que los pasajeros que lleguen al aeropuerto conozcan y cumplan con las medidas de prevención establecidas para garantizar un entorno seguro.
Para ello, se comunicará a los pasajeros que el distanciamiento físico entre individuos de 1,5 metros debe mantenerse siempre que sea posible en el aeropuerto.
Además, se informará de la obligatoriedad de uso de mascarillas quirúrgicas o de protección superior para todos los pasajeros y personas dentro del aeropuerto y la aeronave, desde el momento en que entren en el edificio de la terminal hasta que salen del terminal en el aeropuerto de destino.
El uso de mascarillas no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Comunicar a los pasajeros que, por lo general, las mascarillas quirúrgicas se deben reemplazar después de usarlas durante 4 horas, si el fabricante de la máscara no lo indica, o cuando se mojan o se ensucian, y que deben garantizar un suministro suficiente de mascarillas adecuadas para toda la duración de su viaje.
Disponibilidad de papeleras en las instalaciones del aeropuerto y las bolsas de basura de un solo uso a bordo y al desembarcar para desechar las mascarillas usadas.
El gestor aeroportuario y los operadores aéreos informarán sobre el uso y retirada apropiada de las mascarillas y la forma correcta de desecharlas en su material de promoción de seguridad de la salud.
El gestor aeroportuario considerará la posibilidad de implementar sistemas que permitan adquirir mascarillas quirúrgicas o de protección superior en los aeropuertos (por ejemplo, a través de máquinas expendedoras).
El uso de mascarillas es una medida complementaria y no un reemplazo de las medidas de prevención establecidas, tales como distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de las manos y evitar tocar la cara, nariz, ojos y boca, pero sí una medida alternativa en caso de no poder cumplir la distancia física.
Además, los pasajeros observarán las siguientes medidas, a menos que el personal del aeropuerto o los miembros de la tripulación aérea indiquen lo contrario:
– Higiene de manos: lavándose con agua y jabón o, cuando no esté disponible, utilizando una solución desinfectante para manos a base de alcohol.
– Etiqueta respiratoria: cubrir la boca y la nariz con una toalla de papel o un codo flexionado al estornudar o toser, incluso cuando se usa una mascarilla.
– Limitar el contacto directo de cualquier superficie en el aeropuerto y en la aeronave solo cuando sea necesario.
Se proporcionará el equipo de protección (EPI) necesario y se asegurará la formación necesaria para el uso de los equipos a los miembros del personal del gestor aeroportuario, operadores aéreos y proveedores de servicios.
Además, se proporcionará al personal que interactúa directamente con los pasajeros mascarilla, guantes y uniformes; se recomienda cambiar los uniformes diariamente, y en el caso de que no sea posible, se usará un traje de protección como alternativa.
Los vigilantes de seguridad dispondrán de protectores faciales o alternativas adecuadas además de sus mascarillas para mitigar el riesgo de inhalación de micro-gotas causada por su contacto con los pasajeros durante las inspecciones manuales. Además, deberán cambiarse de guantes después de cada inspección manual.
Los miembros del personal que interactúan con los pasajeros desde detrás de una pantalla de protección no tienen que usar equipo de protección personal en todo momento.
Además, si las pantallas necesitan tener ventanillas para gestionar los documentos, los pasajeros deben mantenerse alejados del mostrador a menos que entreguen documentos y equipaje. Esto se puede facilitar con marcas específicas en el suelo, que podrán extenderse a la cola para mantener el distanciamiento físico.
A pesar del uso de EPI, la higiene de manos debe reforzarse en todo momento. Cuando se usen guantes, deben cambiarse regularmente. No todos los tipos de guantes se pueden desinfectar con una solución a base de alcohol. Algunos pueden deteriorarse significativamente y contribuir a la contaminación. Por lo tanto, no se recomienda la desinfección de guantes. Cuando el personal use guantes, los operadores recordarán que usar guantes no protege contra la propagación del virus y alertarán sobre la posible falsa sensación de seguridad que pueden crear si no se siguen escrupulosamente las medidas paralelas.
Se notificará regularmente a los pasajeros a través de mensajes visuales y de audio de las medidas preventivas adoptadas. También se les debe informar las consecuencias de no cumplir con tales medidas.
A los pasajeros que no cumplan con las medidas señaladas se les denegará el acceso al edificio de la terminal del aeropuerto, a la cabina de la aeronave, o desembarcará, si los hechos han ocurrido antes de que se cierren las puertas de la aeronave. Además, pueden ser sancionados si incumplen las medidas adoptadas por el Estado.
Si el hecho tiene lugar durante el vuelo, se debe aplicar el procedimiento de pasajeros conflictivos, pudiendo además ser sancionados en virtud de las Leyes de Seguridad Aérea y General de Salud Pública.
Se priorizarán, en la medida de lo posible, los trabajos de mantenimiento y reparaciones en las zonas públicas, reajustando su programación o si es posible se pospondrán aquellos trabajos no esenciales.
Antes de llegar al aeropuerto
Objetivo: Reducir las posibilidades de que cualquier pasajero con síntomas compatibles con COVID-19 llegue al aeropuerto y garantizar que los pasajeros que lleguen al aeropuerto conozcan las medidas preventivas establecidas.
Se informará a los futuros pasajeros de las restricciones de viaje para cualquier pasajero que pueda tener síntomas compatibles con COVID-19 antes de llegar al aeropuerto de salida.
Se informará de los síntomas a considerar. El material promocional incentivará a los pasajeros sintomáticos a no presentarse en el aeropuerto para el vuelo.
Se informará a los pasajeros que aquellos sintomáticos identificados en el aeropuerto pueden ser rechazados para continuar su viaje.
Se recomienda a los operadores aéreos que ofrezcan incentivos tales como cambio de reserva o reembolso sin costo sobre la base de un certificado médico que confirma la sospecha de contaminación con COVID19.
Se comunicará a los pasajeros el uso de mascarilla quirúrgica o de protección superior en el aeropuerto y a bordo de la aeronave, excepto donde se especifique lo contrario. Además, sobre la duración prevista de las medidas preventivas vigentes para programar su llegada al aeropuerto a su debido tiempo. Sin embargo, se intentará reducir al mínimo el tiempo que pasan en el aeropuerto, siempre que sea posible.
Se comunicará a los pasajeros antes de llegar al aeropuerto que el acceso a la terminal está restringido solo a los pasajeros que vayan a volar para reducir el número de personas en la terminal y, en consecuencia, facilitar el distanciamiento físico.
Además, el gestor aeroportuario indicará claramente el punto más allá del cual no se permite el paso de ninguna persona acompañante.
Así mismo, se debería evitar la formación de multitudes y colas, lo que aumentaría los riesgos de transmisión y crearía una vulnerabilidad de seguridad potencial.
En caso de cualquier duda que pueda tener síntomas o cualquier problema relacionado con la salud, el miembro de la tripulación debe ser retirado inmediatamente de las tareas de vuelo por la aerolínea.
Se recomienda incentivar a los pasajeros a viajar con todo el equipaje facturado, excepto el equipaje de mano pequeño que cabe debajo del asiento.
Consideraciones para la gestión de pasajeros en el aeropuerto
Objetivo: Reducir el riesgo de transmisión del virus de pasajeros potencialmente contagiosos asintomáticos.
Podrán acceder a los edificios terminales de los aeropuertos situados en territorio español los pasajeros provistos de un billete o tarjeta de embarque válidos, en las 6 horas anteriores a la salida prevista del vuelo, y en el caso de menores, personas con movilidad reducida u otra causa debidamente justificada, a los acompañantes de estos pasajeros que sean estrictamente necesarios.
También se permitirá la entrada a las instalaciones aeroportuarias a empleados del aeropuerto o de las empresas que presten servicios en la infraestructura debidamente acreditados, tripulaciones y pilotos de compañías aéreas y otros operadores de aeronave; personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como otras personas debidamente autorizadas, como, por ejemplo y entre otros, inspectores de la AESA en el ejercicio de sus funciones de inspección.
Limpieza y desinfección: Se incrementarán las actividades de limpieza tanto en amplitud como en frecuencia.
El procedimiento para garantizar que la limpieza y desinfección se implementará de la forma siguiente:
– La limpieza y desinfección periódicas de las superficies convendría realizarse con detergentes estándar, con especial cuidado en las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, picaporte de puertas, barandillas, botones, lavabos, autobuses, etc.).
– Intensificar la limpieza de bandejas y colocar desinfectante de manos en la entrada y salida de los lugares de seguridad para fomentar la higiene de las manos. Alternativamente, se pueden usar cubiertas de bandeja de un solo uso.
– Garantizar una ventilación de aire adecuada, minimizando el porcentaje de recirculación de aire y favoreciendo, cuando sea posible, el uso de aire fresco.
– La limpieza y el mantenimiento también deben incluir inodoros, todas las superficies que se tocan con frecuencia y el sistema de aire acondicionado, incluido el uso de filtros de aire y el aumento de la frecuencia del reemplazo del filtro.
– Los operadores aéreos deben realizar la limpieza y desinfección de sus aeronaves de acuerdo con la guía de limpieza y desinfección de aeronaves de EASA.
Pantallas protectoras: Siempre que el personal aeroportuario interactúe con los pasajeros desde una ubicación fija, las pantallas protectoras deben instalarse de tal manera que permitan la entrega de los documentos requeridos, pero proporcionen protección al miembro del personal de las gotas respiratorias de los pasajeros, y viceversa.
En la medida de lo posible se implementarán tecnologías o procesos que ayuden a la desinfección de las pantallas.
Check-in y embarque: Se recomienda adoptar medidas para ayudar e incentivar a los pasajeros a utilizar los procedimientos de auto check-in, siempre que lo contemple el operador aéreo en sus procedimientos de facturación, y minimizar la cantidad de equipaje de mano que se lleva a la cabina.
En este sentido, conviene fomentar que los pasajeros completen los procesos de facturación antes de llegar al aeropuerto. El check-in en línea, la tarjeta de embarque móvil, el etiquetado de equipaje fuera del aeropuerto y otras iniciativas contribuirán a reducir la cantidad de contacto con el personal y la infraestructura del aeropuerto.
En los mostradores de check-in tradicionales, se debe considerar el uso de señalización en el área de espera para alentar el distanciamiento social y considerar la instalación de barreras transparentes frente al personal en los mostradores.
Siempre que sea posible, el aeropuerto debe utilizar procesos y tecnología sin contacto, incluida la biometría sin contacto, como el reconocimiento facial o de iris. Se recomienda aplicar dichos procesos de identificación digital en auto facturación de equipaje, control de fronteras, puertas de embarque, etc. y tecnología sin contacto en puntos de venta minoristas y libres de impuestos, etc.
Esto eliminará o reducirá en gran medida la necesidad de contacto con documentos de viaje entre el personal y los pasajeros. También puede acelerar varios procesos, lo que resulta en una mejor protección de la salud, colas reducidas y otras eficiencias del proceso.
Se recomienda promover el transporte de equipaje en los compartimentos de carga.
Los operadores aéreos y el gestor aeroportuario deben cooperar para garantizar que se respete el distanciamiento físico, especialmente durante el check-in, el control de seguridad, el embarque previo y el embarque.
Cuando no es posible el distanciamiento físico recomendado de 1,5 metros, debido a limitaciones de infraestructura, los operadores aéreos y el gestor aeroportuario deben implementar medidas adicionales de mitigación de riesgos.
Los flujos opuestos deberán encontrarse separados. Esto podría lograrse mediante marcas en el suelo, señales de dirección, cordones, etc.
El acceso a los baños del aeropuerto debe respetar los principios de distanciamiento físico.
Antes de embarcar, se debe recordar a los pasajeros que deben garantizar un suministro suficiente de mascarillas quirúrgica o de protección superior para toda la duración de su viaje. No obstante, los operadores aéreos y el gestor aeroportuario también deberían considerar permitir la adquisición de mascarillas quirúrgicas o de protección superior en caso de que los pasajeros no tengan acceso a las mascarillas de antemano.
El uso de mascarillas no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Por otro lado, operador aéreo debe incentivar el uso de mostradores de facturación en modo autoservicio (self bag drop) para minimizar el contacto entre personas.
Gestión de pasajeros a bordo de la aeronave
Objetivo: Reducir el riesgo residual de transmisión de COVID-19 en una aeronave, en el caso de que un pasajero asintomático esté a bordo.
Se debe proporcionar material de orientación a los pasajeros sobre las medidas de seguridad a bordo, que incluyen:
– Higiene de manos, particularmente antes de comer o beber y después de usar el baño.
– Uso apropiado de mascarillas.
– Etiqueta respiratoria.
– Limitar el contacto con las superficies de la cabina.
– Servicio a bordo reducido.
– Reducir el uso de boquillas de suministro de aire individuales en la mayor medida posible, a menos que el fabricante de la aeronave recomiende lo contrario.
Las demostraciones de seguridad a bordo de la aeronave deben incluir que, en caso de emergencia, los pasajeros deben quitarse las mascarillas antes de usar las mascarillas de oxígeno de la aeronave.
Además, se deberá indicar a los miembros de su tripulación que se quiten las mascarillas protectoras en caso de emergencia, para facilitar la comunicación de instrucciones a los pasajeros.
Se deberán adoptar medidas para evitar que los pasajeros hagan cola en el pasillo o para el uso de los baños. Además, se reservará un baño, preferiblemente el más cercano a la cubierta de vuelo, para uso exclusivo de la tripulación.
Se recomienda a los operadores aéreos que utilizan la recirculación del aire de la cabina que instalen y usen filtros HEPA, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, o que eviten el uso de la recirculación del aire de la cabina por completo, siempre que se confirme que esto no comprometerá ninguna función crítica de seguridad.
Los operadores aéreos deben considerar revisar sus procedimientos para el uso de ventiladores de recirculación en los sistemas de aire acondicionado en función de la información proporcionada por el fabricante de la aeronave o, si no está disponible, buscar el asesoramiento del fabricante para lograr los objetivos establecidos anteriormente.
Si la aeronave dispone de la opción de operación con alto flujo de aire (high pack flow), se deberá contactar con el fabricante del sistema para obtener recomendaciones sobre su ajuste. En caso de que el procedimiento de operación en vuelo de la aeronave exija mantener el sistema de flujo de aire apagado durante el despegue, se debe volver a encender una vez las prestaciones de potencia lo permitan.
Con el objetivo de mejorar la calidad de aire de la cabina, se recomienda el uso de todos los paquetes de flujo de aire y el sangrado del APU o el sistema de aire acondicionado externo de pasarela dependiendo de la configuración de la aeronave y de acuerdo con los procedimientos aplicables como las restricciones de uso del APU.
Se debe tener en cuenta que el aire preacondicionado externo (PCA) es tratado en la aeronave, de la misma manera que el aire procedente del APU, es decir, pasando a través de los filtros HEPA, si está equipada con ellos.
Los operadores aéreos y el gestor aeroportuario deben colaborar para garantizar que los pasajeros no se encuentren a bordo de la aeronave sin la ventilación adecuada durante más de 30 minutos.
Además, los operadores aéreos deben garantizar, en la medida de lo posible, el distanciamiento físico entre los pasajeros. Para ello, deberán modificar en la medida de sus posibilidades el proceso de asignación de asientos, procurando la máxima distancia entre los pasajeros, a excepción de los miembros de la familia y las personas que viajan juntas como parte del mismo hogar que podrán sentarse uno al lado del otro.
Si no se puede garantizar el distanciamiento físico debido a la ocupación de la aeronave, la configuración del asiento u otras restricciones operativas, los pasajeros y los miembros de la tripulación a bordo de un avión deben cumplir en todo momento con todas las demás medidas preventivas, incluida la estricta higiene de las manos y la etiqueta respiratoria, y deben usar una mascarilla quirúrgica o de protección superior.
Se deberá reducir el servicio a bordo al mínimo necesario para garantizar los estándares de comodidad y bienestar para los pasajeros y limitar el contacto entre los miembros de la tripulación y los pasajeros, teniendo debidamente en cuenta la duración del vuelo. Entre estas medidas, se deben considerar las siguientes:
– Sin venta de productos libres de impuestos u otros productos no esenciales a bordo.
– Servicio reducido de alimentos y bebidas.
– Preferencia por alimentos y bebidas preenvasados y sellados, como bebidas enlatadas.
– Siempre que sea posible, se deben evitar los procedimientos de pago que impliquen contacto, como pagos en efectivo.
– Se debe recordar a los pasajeros que permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado.
Se deberá llevar una cantidad suficiente de mascarillas quirúrgicas o de protección superior a bordo para poner a disposición de los pasajeros, especialmente para vuelos de larga distancia donde la necesidad de cambiar las mascarillas puede ser necesaria. Se debe implementar un proceso seguro de eliminación de mascarillas.
Los pasajeros deben ser regularmente informados de la obligación de llevar mascarilla durante todo el vuelo y hasta que abandonen las instalaciones del aeropuerto de destino, y de que no deben quitársela si no es necesario. La mascarilla debe quedar ajustada a la cara, cubriendo la nariz y la boca completamente.
Cuando se reemplace las mascarillas, deberá hacerse tocando únicamente las cintas o gomas de sujeción para evitar la contaminación de las manos. Se debe recordar a los pasajeros que lleven la mascarilla de forma adecuada y que cuando se reemplacen se depositen en las bolsas habilitadas (no se tiren al suelo de la cabina o se dejen sobre los asientos).
Se debe prestar especial atención a la prevención y el tratamiento de los pasajeros conflictivos y potencialmente conflictivos en el contexto de las presiones impuestas por la pandemia. Esto debería considerar acciones de varias capas que comiencen con la información del pasajero y la preparación sobre las medidas implementadas, y preste atención a los procedimientos y las acciones de la tripulación necesarias para mitigar este riesgo.
Gestión de pasajeros a bordo con síntomas compatibles con COVID-19
Objetivo: Reducir el riesgo de transmisión de un pasajero sintomático a bordo durante el vuelo.
En el caso de que, después del despegue, un pasajero muestre síntomas compatibles con COVID-19, como fiebre, tos persistente, vómitos, diarrea, dificultad para respirar u otros síntomas similares a la gripe, se deben considerar las siguientes medidas:
– La tripulación debe asegurarse de que el pasajero use su mascarilla correctamente y tenga mascarillas adicionales disponibles para reemplazarla en caso de que se moje después de toser o estornudar. Si no se puede tolerar una mascarilla, la persona enferma debe cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar. En caso de que el pasajero tenga dificultades para respirar, se debe buscar asistencia médica y ofrecer suplementos de oxígeno.
– El pasajero debe estar aislado a bordo. Dependiendo de la configuración de la aeronave, la ocupación y distribución real de pasajeros, la posición del caso sintomático y en la medida de lo posible:
• Se debe definir un área de aislamiento, dejando, si es posible, dos (2) filas de asientos despejados en cada dirección alrededor del pasajero sospechoso.
• Teniendo en cuenta todos los factores, cuando sea posible, el pasajero sospechoso debe estar sentado en el asiento de la ventana de la última fila, preferiblemente en el lado de la aeronave donde está la válvula de salida.
• Cuando sea posible, el baño más cercano al pasajero sospechoso debe estar específicamente designado para él y no debe ser utilizado por el resto de los pasajeros o la tripulación.
• De acuerdo con la composición de la tripulación de cabina, el miembro superior de la tripulación de cabina debe designar miembros específicos de la tripulación para proporcionar el servicio necesario en vuelo a las áreas de aislamiento. Este miembro de la tripulación de cabina debe ser elegido entre los que hayan tenido contacto previo con el pasajero sospechoso. El miembro designado de la tripulación debe usar el EPI en el Kit de precaución universal de la aeronave. El miembro designado de la tripulación debe minimizar el contacto cercano con otros miembros de la tripulación y evitar otro contacto innecesario con otros pasajeros.
– Siempre que sea posible, la boquilla de suministro de aire individual para el pasajero sintomático debe cerrarse para limitar la propagación potencial de gotas.
– Si el pasajero sospechoso viaja acompañado, los acompañantes del pasajero también deben estar confinados en el área de aislamiento, incluso cuando no presenten ningún síntoma.
– La tripulación deberá informar al aeropuerto de destino a través del sistema de control del tráfico aéreo, seguir sus instrucciones y cumplimentar la Parte Sanitaria de la Declaración General de Aeronave en la que se indique la información sanitaria a bordo y enviarla a las autoridades sanitarias del aeropuerto de destino si le es requerida.
– Después de que el vuelo haya aterrizado y otros pasajeros hayan desembarcado, el pasajero aislado y, cuando corresponda, los miembros de la tripulación deben ser transferidos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
– Los pasajeros que se sentaron a 2 asientos en todas las direcciones del caso sospechoso pueden considerarse contactos cercanos y deberán ser entrevistados, si se confirma el caso sospechoso. Si se descubren más casos entre estos, se debe considerar hacer un seguimiento a todos los pasajeros del vuelo.
– El miembro de la tripulación designado para proporcionar servicios a bordo para el pasajero sospechoso, y otros miembros de la tripulación que puedan haber estado en contacto directo con el pasajero sospechoso, deben ser transporte a las instalaciones donde se pueda limpiar y desinfectar antes de tener contacto físico con otras personas. Alternativamente, como último recurso, después de eliminar cuidadosamente el EPI usado, lavarse y desinfectarse las manos, los miembros de la tripulación de cabina respectivos podrían aislarse a bordo, en un área de cuarentena, antes de regresar a la base o a un destino de escala.
– Los operadores aéreos deben esforzarse por recibir información sobre el resultado de la prueba del caso sospechoso lo antes posible. Los miembros de la tripulación que brindaron servicio en vuelo al pasajero con síntomas compatibles con COVID-19 deben considerarse en contacto cercano y se les debe pedir que tomen las medidas de autoaislamiento apropiadas después de regresar a la base de operaciones. Estos miembros de la tripulación pueden considerarse aptos para el regreso a su servicio, pero no después de 48 horas tras el primer contacto con el pasajero sintomático y tras una exhaustiva higiene personal y cambio de uniforme o traje protector.
– Si el caso sospechoso se confirma positivo, dichos miembros de la tripulación deben ser puestos en cuarentena por 14 días desde el último contacto con el pasajero positivo confirmado (analizando en la medida de lo posible qué miembros de la tripulación tuvieron contacto estrecho con el pasajero afectado). Si la prueba es negativa, pueden reanudar las tareas de vuelo.
– Después de retirar el caso sospechoso de COVID-19, la limpieza y desinfección de la aeronave debe realizarse de acuerdo con la guía provisional de EASA sobre limpieza y desinfección de aeronaves. El EPI usado, como delantales, mascarillas faciales, protectores faciales y cualquier otro producto desechable como restos de comida y bebida, servilletas, papel, etc. debe desecharse en una bolsa de desechos separada, bien cerrada, que puede desecharse como desecho normal, de acuerdo con las guías de aplicación internacionales.
Si se identifica a un pasajero sospechoso a bordo antes del despegue, se debe informar al aeropuerto y se deben seguir las instrucciones contempladas por la autoridad. En este punto, si no se ha producido un contacto directo específico entre el pasajero sintomático y los miembros de la tripulación, no es necesario tomar medidas adicionales con respecto a la gestión de los miembros de la tripulación, a menos que se indique lo contrario.
Gestión de pasajeros de llegada y en tránsito
Objetivo: Reducir el riesgo residual de que, si una persona infectada hubiera estado en un vuelo o en el aeropuerto, infectaría a otros pasajeros en el aeropuerto de llegada y/o en la región de destino.
Desembarque: Se debe recordar a los pasajeros, que deben adherirse a las medidas de seguridad indicadas.
Los operadores aéreos garantizarán, contando con la colaboración del gestor aeroportuario, que se practique el distanciamiento físico tanto como sea posible durante el procedimiento de desembarque». Las mascarillas quirúrgicas o de protección superior usadas se depositarán en las papeleras disponibles a lo largo de las instalaciones del aeropuerto. Se recomienda que las mismas sean fácilmente accesibles (por ejemplo, la instalación de «no-touch bins») para depositar las mascarillas y no permitirán recuperar el material desechado.
Dependiendo de las instalaciones de la terminal y la disposición de la plataforma, el desembarque se puede realizar a través de autobuses desde la aeronave estacionada, caminando de manera separada desde la aeronave estacionada en la plataforma hasta la puerta, y finalmente usando las escaleras o pasarelas directamente a la terminal.
Cuando se usen autobuses en el proceso de desembarque, se recomienda el uso de una mayor cantidad de autobuses para acomodar el distanciamiento físico dentro de ellos. El desembarque debe realizarse por filas comenzando por las más cercanas a las salidas en uso, saliendo en primer lugar los pasajeros ubicados en el pasillo, a continuación, los ubicados en asientos centrales y por último en ventanilla; o un procedimiento alternativo que garantice el distanciamiento físico en la mayor medida posible y evite las colas. Se deberán tener en cuenta los requisitos de peso y centrado de la aeronave para evitar problemas de seguridad (tail tipping) a la hora de definir los procesos de embarque y desembarque. Así mismo, los responsables de prevención de los agentes de handling podrán establecer los procedimientos adecuados de acuerdo con la normativa en vigor.
Todas las instalaciones utilizadas en el proceso de desembarque deben estar sujetas a limpieza y ventilación.
Todos los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera de España deberán cumplimentar, antes de la salida, un formulario de salud pública denominado «Formulario de Control Sanitario», a través de la web https://www.spth.gob.es/, o de la aplicación Spain Travel Health-SpTH. Su modelo se adjunta como anexo III a la presente resolución.
Se debe informar que todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea serán sometidos a un control sanitario previo. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero se llevará a cabo en el primer puerto o aeropuerto español al que llegue el pasajero.
Lo indicado en el párrafo anterior no se aplicará a aquellos pasajeros internacionales en tránsito en un puerto o aeropuerto español con destino final a otro país.
Los pasajeros que, procediendo de un país o zona de riesgo de los definidos por el Ministerio de Sanidad (el listado de países o zonas de riesgo establecido en el anexo II de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, así como los criterios empleados para su definición, serán revisados cada quince días y su actualización será publicada en la página web del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/ y en la web: https://www.spth.gob.es.), no acrediten adecuadamente la realización de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa (en adelante PDIA) para SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada, deberán someterse a la realización de la PDIA que establezcan los servicios de sanidad exterior.
Como parte del control documental que se realiza en los puntos de entrada, se podrá solicitar al pasajero, en cualquier momento, la acreditación del resultado de la PDIA. El documento acreditativo deberá ser el original, estará redactado en español y/o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. El documento contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre del viajero, número de pasaporte o del documento o carta nacional de identidad (que deberá coincidir con el utilizado en el Formulario de Control Sanitario), fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, técnica empleada y resultado negativo de la prueba.
La PDIA para SARS-CoV-2 admitida es la PCR (RT-PCR de COVID-19). Mientras no sea aceptado su uso armonizado en la Unión Europea, no se admitirán otras pruebas diagnósticas tales como test rápidos de anticuerpos, pruebas rápidas de detección de antígeno o serologías de alto rendimiento (ELISA, CLIA, ECLIA).
Alternativamente, se podrá exigir a los pasajeros una prueba RT-PCR de COVID-19 en las cuarenta y ocho horas siguientes a la llegada, cuyo resultado deberán comunicar a los Servicios de Sanidad Exterior por la vía que se le indique a tal efecto.
Se prestará colaboración a los Servicios de Sanidad Exterior para la realización de la PDIA a aquellos pasajeros respecto de los que, tras la realización de los controles previstos, se determine que existe sospecha de que pueda padecer COVID-19.
Pasajeros en tránsito: Cuando sea necesario un control de seguridad en tránsito, este debe llevarse a cabo de la misma manera que para el proceso de salida.
Datos de contacto de pasajeros: Los operadores de transporte aéreo con número de asiento pre asignado deberán conservar, a disposición de las autoridades de salud pública, la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos.
Control de la temperatura corporal en el aeropuerto de llegada: Los pasajeros que lleguen a España por vía aérea deberán someterse a un control de temperatura, el cual se realizará de modo rutinario con el fin de identificar viajeros con fiebre. Se establece como límite de detección una temperatura igual o superior a 37,5 ºC.
La toma de la temperatura debe hacerse mediante termómetros sin contacto o por cámaras termo gráficas. No se almacenarán datos personales ni las imágenes captadas por las cámaras termo gráficas, debiendo garantizarse la privacidad del pasajero en todo momento.
Los pasajeros con una temperatura superior a 37,5 ºC y aquellos sobre los que se determine que existen sospechas de que pudieran padecer COVID-19 u otra patología transmisible tras el control visual o tras analizar la información contenida en el Formulario de Control Sanitario, en el caso de que éste indicase la presencia de síntomas o de contactos estrechos con COVID-19, deberán someterse a una evaluación sanitaria, que incluirá la valoración de su estado clínico y epidemiológico.
Si tras la evaluación sanitaria se confirma la sospecha de que el pasajero padece una patología que pudiera suponer un riesgo para la salud pública, si se trata de un contacto estrecho de COVID-19 o si se obtiene un resultado positivo tras la realización de una PDIA para SARS-CoV-2, se activarán los protocolos de alerta sanitaria establecidos en coordinación con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Para ello la autoridad sanitaria podrá solicitar la colaboración de otros órganos administrativos, de personal funcionario público o de otras instituciones.
Reclamación de equipaje y salida del aeropuerto de llegada: Se informará a los pasajeros que tengan debidamente en cuenta las medidas preventivas descritas en esta guía, incluido el uso de las instalaciones del aeropuerto.
Para trámites aduaneros, siempre que sea posible, se recomiendan carriles verdes/rojos para auto-declaraciones. Deben tomarse medidas sanitarias apropiadas en los puntos de control secundarios para proteger a los pasajeros y al personal.
El gestor aeroportuario debe informar que el acceso a la terminal está limitado a pasajeros, miembros de la tripulación y personal.
Se debe fomentar, el empleo de servicios de reparto cuando sea posible entregar directamente el equipaje en el hotel o la residencia del pasajero.
La información de localización del equipaje debe estar a disposición del pasajero para que este pueda presentar reclamaciones en caso de pérdida o daño sin necesidad de esperar para reclamar presencialmente.
2) Gestión de miembros del personal de aviación
Objetivo: Reducir el riesgo residual de infección por parte de los pasajeros al personal y viceversa y evitar procedimientos duplicados.
Los miembros de la tripulación, los miembros del personal del aeropuerto y los miembros del personal del proveedor de servicios estarán exentos de los procedimientos de evaluación COVID-19 del aeropuerto, sujetos a que la aerolínea o el gestor aeroportuario, según corresponda, hayan implementado un procedimiento equivalente para controlar el estado de salud de los miembros de su personal.
Además, el gestor aeroportuario, en la medida de lo posible, debe garantizar flujos separados para las tripulaciones con el fin de garantizar que el distanciamiento físico de los pasajeros esté garantizado en todo momento. Los equipos empleados comúnmente por el personal como ordenadores, tablets, radios, auriculares, etc. se desinfectarán previo a su utilización.
Para empleados que trabajen a turnos, el relevo entre turnos se llevará sin contacto, por ejemplo, por teléfono, videoconferencia, registro electrónico o, como mínimo, manteniendo la distancia física.
Para la formación del personal, se priorizará el uso cursos online y clases virtuales sobre la formación presencial.
Los tripulantes que viajen como pasajeros en el ámbito de su actividad laboral están exentos de los controles sanitarios de llegada y por tanto de la presentación de PDIA y FCS. Para ello, deberán presentar un documento que acredite que se encuentran dentro de su actividad laboral expedido por su compañía y acompañarlo de su licencia de vuelo.
Sin embargo, aquellos tripulantes que se desplacen como pasajeros en otro ámbito distinto del laboral, sí les sería de aplicación las normas del presente documento, incluidos los controles sanitarios de llegada.
ANEXO 2
Modelo de declaración COVID-19
ANEXO 3
Formulario de Salud Pública para localizar pasajeros
ANEXO 4
Formatos informativos | Cambian las directrices para aeropuertos y compañías aéreas, pero solo para incluir la nueva obligación de contar con PCR negativa si vienes de país de riesgo. | Vista la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se aprueban las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19
Considerando lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta la evolución del riesgo epidemiológico, estas medidas tienen un carácter dinámico y deberán someterse a una valoración periódica en función de los cambios en la transmisión de la pandemia.
2. De conformidad al aparado cuarto de la resolución de 9 de julio de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo adoptará las modificaciones de las Directrices operativas atendiendo a la naturaleza, dificultad y medios necesarios para su implementación. En este sentido, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo reunido el 19 de noviembre de 2020 informó favorablemente la nueva versión de las directrices.
3. La Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, publicado en BOE núm. 298, de 12 de noviembre de 2020.
4. Estas directrices deben actualizarse para garantizar que guarden proporción con la evolución de la pandemia.
En virtud de lo anterior, esta Agencia, resuelve:
Primero. Objeto.
La actualización de las Directrices higiénico-sanitarias y de control en el ámbito aeroportuaria para mitigar el riesgo de transmisión del COVID-19 publicadas por Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en el BOE número 195, de 17 de julio de 2020. La actualización consiste en una nueva versión de las directrices de fecha 20 de noviembre de 2020.
Segundo. Ámbito.
Esta resolución es aplicable a los gestores de los aeropuertos situados en el territorio nacional; las compañías aéreas que operen en dichos aeropuertos, incluidas las que realicen operaciones de aerotaxi, y quienes realicen operaciones de aviación general; los pasajeros que transiten por estas infraestructuras; y las empresas que desarrollen servicios auxiliares en el aeropuerto así como, en general, todo el personal que intervenga en la realización de las operaciones aéreas en orden a minimizar el riesgo de contagio del SARS-Cov-2 en el transporte aéreo.
Tercero. Efectos.
Esta resolución producirá efectos al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto. Modificación de las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
El Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo adoptará las modificaciones de las Directrices operativas atendiendo a la naturaleza, dificultad y medios necesarios para su implementación, así como el plazo máximo en que los sujetos obligados por ellas están obligados a su cumplimiento.
Quinto. Publicidad.
Esta Resolución o cualquiera de sus modificaciones deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de AESA.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o alternativamente, recurso potestativo de reposición ante la Directora de AESA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de este acto.
Madrid, 20 de noviembre de 2020.–La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre Moreno.
DIRECTRICES OPERATIVAS PARA LA GESTIÓN DE PASAJEROS AÉREOS Y PERSONAL DE AVIACIÓN EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19
Edición 20/11/2020
Índice
Antecedentes.
Consideraciones generales.
Normas de obligado cumplimiento.
1) Obligaciones de los gestores aeroportuarios.
a) En relación con el acceso a los edificios terminales.
b) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas en la infraestructura.
c) En relación con el distanciamiento de pasajeros y otro personal que presta servicios en los terminales aeroportuarios.
d) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio en los aeropuertos.
e) En relación con la coordinación y el establecimiento de procedimientos con otros agentes.
f) En relación a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento.
2) Obligaciones para las compañías aéreas y otros operadores de aeronaves.
a) En relación con la instalación de dispositivos de protección, limpieza e higiene y otras medidas a bordo.
b) En relación con el tratamiento de los pasajeros.
c) En relación con la información suministrada a los pasajeros y personal que presta servicio a bordo.
d) En relación con la coordinación y procedimientos.
Anexo 1: Material de orientación.
Principios generales.
1) Gestión de pasajeros.
En todo momento.
Antes de llegar al aeropuerto.
Consideraciones para la gestión de pasajeros en el aeropuerto.
Gestión de pasajeros a bordo de la aeronave.
Gestión de pasajeros a bordo con síntomas compatibles con COVID-19.
Gestión de pasajeros de llegada y en tránsito.
2) Gestión de miembros del personal de aviación.
Anexo 2: Modelo de declaración COVID-19.
Anexo 3: Formulario de salud pública para localizar pas
### RESUMEN: Cambian las directrices para aeropuertos y compañías aéreas, pero solo para incluir la nueva obligación de contar con PCR negativa si vienes de país de riesgo. |
El Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza, establece en su artículo 6 que al menos dos terceras partes del número de patronos que integran el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, tendrán el carácter de patronos gubernamentales y que su nombramiento se realizará por el Gobierno mediante real decreto, bien por razón del cargo que los mismos ostenten, bien a título personal.
Al haberse producido una vacante en los puestos de patronos gubernamentales, resulta necesario cubrirla.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 2012,
Vengo en nombrar patrono gubernamental del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a don Isidro Fainé Casas.
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA | Wert nombra patrono de la Fundación Thyssen a Isidro Fainé Casas. | El Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza, establece en su artículo 6 que al menos dos terceras partes del número de patronos que integran el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, tendrán el carácter de patronos gubernamentales y que su nombramiento se realizará por el Gobierno mediante real decreto, bien por razón del cargo que los mismos ostenten, bien a título personal.
Al haberse producido una vacante en los puestos de patronos gubernamentales, resulta necesario cubrirla.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre de 2012,
Vengo en nombrar patrono gubernamental del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza a don Isidro Fainé Casas.
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
### RESUMEN: Wert nombra patrono de la Fundación Thyssen a Isidro Fainé Casas. |
Mediante Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero («Boletín Oficial de Estado» núm. 45, de 21 de febrero) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre asuntos relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
De conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la citada Orden, se anunció la convocatoria para la concesión de tales subvenciones, correspondiente al ejercicio 2016, mediante Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (Extracto publicado en BOE de 29 de febrero y texto completo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones).
Constituida la Comisión de Valoración, en virtud de lo previsto en el artículo séptimo de la mencionada Orden, se han valorado y ponderado las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el apartado octavo de la Resolución de 22 de febrero de 2016, es decir, formulación clara y precisa de los objetivos y coincidencia de los mismos con los temas prioritarios de la convocatoria; calidad e innovación del proyecto; impacto, repercusión, relevancia e interés objetivo de la actividad y experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades similares. Como consecuencia de dicha valoración, la Comisión de Valoración ha emitido informe de valoración, de fecha 13 de abril de 2016, en base al cual, el órgano instructor del procedimiento ha elaborado la correspondiente propuesta de concesión.
Vistas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» núm. 276 de 18 de noviembre), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» núm. 176 de 25 de julio), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» núm. 285 de 27 de noviembre), la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero («Boletín Oficial del Estado» núm. 45, de 21 de febrero) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, de convocatoria de las presentes subvenciones y demás de general y pertinente aplicación, y vista la propuesta definitiva de concesión y denegación de subvenciones, acuerdo:
Primero.
Aprobar la propuesta presentada por el órgano instructor y conceder, con cargo al crédito consignado a tal efecto en la aplicación presupuestaria 12.02.02.142B.488, las subvenciones a las asociaciones e instituciones que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.
Segundo.
Hacer pública la relación de tales subvenciones y ayudas concedidas, por las cuantías y las actividades que se especifican.
Tercero.
Excluir o denegar expresamente el resto de las solicitudes presentadas por las entidades.
Los beneficiarios deberán, en el plazo máximo de diez días a contar a partir del siguiente al de la notificación, aceptar por escrito la subvención concedida. Si no fuera aceptada en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la misma.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» núm. 167 de 14 de julio). Potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» núm. de 27 de noviembre).
Madrid, 25 de abril de 2016.–El Secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu Palacios.
ANEXO
Nº orden
Entidad solicitante
Actividad
Importe
–
(euros)
1
AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA
El papel del gas vs. la eficiencia energética en el marco de la nueva Unión de la Energía
7.000,00
2
Asociación Atlántica Española
Dependencia energética e inmigración: prioridades para UE y preocupaciones para OTAN
3.000,00
3
ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE EUROPA
XII JORNADAS EUROPEAS: «CRECIMIENTO, UNIÓN DE LA ENERGÍA E INMIGRACIÓN: GRANDES RETOS PARA LA NUEVA EUROPA»
7.000,00
4
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL. (AFAMMER)
Crecimiento, una de las tres prioridades del nuevo ciclo europeo
13.000,00
5
ASOCIACIÓN EUROPEA EUROPA JUNIOR
Creciendo como ciudadanos europeos
5.000,00
6
ASOCIACIÓN EXECUTIVAS DE GALICIA
La inmigración en la UE: una oportunidad para el crecimiento económico, un desafío para la integración
3.000,00
7
Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural ANEMUR
Creciendo con Europa
10.000,00
8
ASOCIACIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE
Modelo Energético Sostenible; Reducción de CO2
3.000,00
9
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA
Foro: EDS, Retos y Oportunidades de la Política Energética y Desarrollo sostenible de la Unión Europea
5.000,00
10
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO
Crecimiento sostenible, unión de la energía e inmigración: reflexiones desde Bruselas sobre nuevos retos para la economía española
7.000,00
11
CEOE-CEPYME GUADALAJARA
EUROPA, CONJUNTO DE OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA
11.000,00
12
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID
EUROPA 2020, EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD DEL NUEVO CICLO EUROPEO
3.000,00
13
Comité Español de Personas con Discapacidad CERMI
Unión de la energía e inmmigración: las prioridades del nuevo ciclo europeo desde la perspectiva de la discapacidad
6.000,00
14
Confederación CERES
15 años de inmigración en Europa. 15 años de inmigración en España
5.000,00
15
CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS -CECU
La energía que nos une
3.000,00
16
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
Desarrollo económico de Castilla-La Mancha dentro de la UE: 1986-2016
5.000,00
17
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-IR)
La contribución de la agroalimentación al crecimiento económico de la Unión Europea
12.000,00
18
EAPN-ES Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en el Estado Español
Crecimiento inclusivo, empleo y lucha contra la pobreza
7.000,00
19
FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
Crecimiento, unión de la energía e inmigración: las tres prioridades del nuevo ciclo europeo
15.000,00
20
FEAPS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Jornada de Presentación del Estudio: Tercer Sector y Provisión de Servicios. Prácticas europeas y lecciones para España
4.000,00
21
FEDERACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ÁMBITO RURAL. AMFAR
Plan de difusión sobre la Unión Europea en el ambito rural: Crecimiento, Unión de la Energia e Inmigración-2
11.000,00
22
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS
V Seminario de Expertos en Política Familiar: El crecimiento en la UE, la unión energética y la protección de los colectivos vulnerables (Barcelona)
4.000,00
23
Federación Nacional de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA)
III Feria de Empleo y Autoempleo ATA
8.000,00
24
FORO DEBATE CIUDADANO
Plan de Comunicación 2016 ‘Construyendo Europa hacia el 2020
3.500,00
25
FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
La Europa de la Energía. Le estrategia de la Unión Energética para la creación de empleo y el desarrollo sostenible en Europa
15.000,00
26
FUNDACIÓN CAROLINA
XIV Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos (2016)
15.000,00
27
Fundación Cortina-Domingo Romero Grande
Protección jurídica del menor inmigrante en la Unión Europea y España
11.000,00
28
Fundación ONCE para la Cooperación e inclusión social de personas con discapacidad
Serie animada Followers Europa-Fundación ONCE: por un crecimiento inclusivo
15.000,00
29
Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana
Unión de la energía, una de las prioridades en la Unión Europea
5.000,00
30
FUNDACIÓN SERVICIOS EMPRESARIALES CEOE-CEPYME CANTABRIA
CEOE CEPYME CANTABRIA «EUROPA MAS CERCA»
7.000,00
31
Fundación Universitaria San Pablo-CEU
Migración y asilo: Retos y oportunidades para Europa
8.000,00
32
INSOLAMIS Integración socio-laboral de minusválidos psíquicos
La política de inmigración de la UE vista desde la discapacidad
3.000,00
33
Liga Europea de Cooperación Económica (LECE)
Desarrollos en España de la Unión Europea de la Energía
5.000,00
34
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad
Jornada: Migración y desarrollo: hacia un modelo común europeo
5.000,00
35
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
VII Encuentro euromediterráneo de mujeres líderes en la empresa y la política: crecimiento de la mujer en la Unión Europea en la empresa y la política.
8.000,00
36
Plataforma Internacional de Cooperación y Migración (PICM)
Tercera Jornada sobre políticas migratorias de la Unión Europea
9.000,00
37
UNIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL DE ESPAÑA
Un Mercado Único de la Energía, clave para impulsar un sector industrial sólido
5.000,00
38
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN
Unión de la energía: Consumidores y eficiencia energética
3.000,00
39
UNION DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE ESPAÑA
El autoempleo como instrumento de crecimiento económico y de integración laboral de los inmigrantes en la Unión Europea, en el marco de las prioridades del nuevo ciclo europeo
5.000,00
Importe máximo de la convocatoria
279.540,00
Importe total concedido
279.500,00
Remanente
40,00 | Subvenciones para promover temas de la UE: 15.000,00 euros para FAES y lo mismo para la Fundación Alternativas | Mediante Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero («Boletín Oficial de Estado» núm. 45, de 21 de febrero) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre asuntos relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
De conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la citada Orden, se anunció la convocatoria para la concesión de tales subvenciones, correspondiente al ejercicio 2016, mediante Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (Extracto publicado en BOE de 29 de febrero y texto completo en la Base de Datos Nacional de Subvenciones).
Constituida la Comisión de Valoración, en virtud de lo previsto en el artículo séptimo de la mencionada Orden, se han valorado y ponderado las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el apartado octavo de la Resolución de 22 de febrero de 2016, es decir, formulación clara y precisa de los objetivos y coincidencia de los mismos con los temas prioritarios de la convocatoria; calidad e innovación del proyecto; impacto, repercusión, relevancia e interés objetivo de la actividad y experiencia, trayectoria y especialización del solicitante en actividades similares. Como consecuencia de dicha valoración, la Comisión de Valoración ha emitido informe de valoración, de fecha 13 de abril de 2016, en base al cual, el órgano instructor del procedimiento ha elaborado la correspondiente propuesta de concesión.
Vistas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» núm. 276 de 18 de noviembre), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones («Boletín Oficial del Estado» núm. 176 de 25 de julio), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» núm. 285 de 27 de noviembre), la Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero («Boletín Oficial del Estado» núm. 45, de 21 de febrero) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, de convocatoria de las presentes subvenciones y demás de general y pertinente aplicación, y vista la propuesta definitiva de concesión y denegación de subvenciones, acuerdo:
Primero.
Aprobar la propuesta presentada por el órgano instructor y conceder, con cargo al crédito consignado a tal efecto en la aplicación presupuestaria 12.02.02.142B.488, las subvenciones a las asociaciones e instituciones que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.
Segundo.
Hacer pública la relación de tales subvenciones y ayudas concedidas, por las cuantías y las actividades que se especifican.
Tercero.
Excluir o denegar expresamente el resto de las solicitudes presentadas por las entidades.
Los beneficiarios deberán, en el plazo máximo de diez días a contar a partir del siguiente al de la notificación, aceptar por escrito la subvención concedida. Si no fuera aceptada en dicho plazo, se entenderá que renuncia a la misma.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» núm. 167 de 14 de julio). Potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» núm. de 27 de noviembre).
Madrid, 25 de abril de 2016.–El Secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu Palacios.
ANEXO
Nº orden
Entidad solicitante
Actividad
Importe
–
(euros)
1
AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA
El papel del gas vs. la eficiencia energética en el marco de la nueva Unión de la Energía
7.000,00
2
Asociación Atlántica Española
Dependencia energética e inmigración: prioridades para UE y preocupaciones para OTAN
3.000,00
3
ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES DE EUROPA
XII JORNADAS EUROPEAS: «CRECIMIENTO, UNIÓN DE LA ENERGÍA E INMIGRACIÓN: GRANDES RETOS PARA LA NUEVA EUROPA»
7.000,00
4
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL. (AFAMMER)
Crecimiento, una de las tres prioridades del nuevo ciclo europeo
13.000,00
5
ASOCIACIÓN EUROPEA EUROPA JUNIOR
Creciendo como ciudadanos europeos
5.000,00
6
ASOCIACIÓN EXECUTIVAS DE GALICIA
La inmigración en la UE: una oportunidad para el crecimiento económico, un desafío para la integración
3.000,00
7
Asociación Nacional de Emprendedores del Medio Rural ANEMUR
Creciendo con Europa
10.000,00
8
ASOCIACIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE
Modelo Energético Sostenible; Reducción de CO2
3.000,00
9
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA
Foro: EDS, Retos y Oportunidades de la Política Energética y Desarrollo sostenible de la Unión Europea
5.000,00
10
C
### RESUMEN: Subvenciones para promover temas de la UE: 15.000,00 euros para FAES y lo mismo para la Fundación Alternativas |
El 26 de junio de 2016 se celebrarán elecciones a Cortes Generales, convocadas por el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, cuyo artículo 6 indica que las mismas se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y por su normativa de desarrollo.
El Programa Anual de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2015 y modificado a estos efectos el 26 de mayo de 2016, incorpora, dentro del apartado correspondiente a fiscalizaciones a realizar en cumplimiento de un mandato legal concreto, la «Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016», habiéndose aprobado por el Pleno del Tribunal, con la misma fecha de 26 de mayo de 2016 y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las Directrices Técnicas a las que ha de sujetarse el correspondiente procedimiento de fiscalización.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, el Tribunal de Cuentas se ha de pronunciar, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas y, en el caso de que se aprecien en las mismas irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
El Tribunal de Cuentas ha estimado conveniente elaborar la presente Instrucción –y publicarla en el «Boletín Oficial del Estado»–, con la finalidad de precisar los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades relativas a las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral, de modo que sean conocidos por las formaciones políticas, con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa electoral.
Al igual que en el proceso relativo a las elecciones a Cortes Generales de 20 de diciembre de 2015, la remisión de la contabilidad electoral se realizará mediante el empleo de medios informáticos y telemáticos; procedimiento establecido, con carácter general, como forma de operar en el Sector público por el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que viene reforzado por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La presente Instrucción se comunicará a todas las formaciones políticas que, de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, están obligadas a presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas. Asimismo, un ejemplar de la misma se remitirá, para su conocimiento, a la Junta Electoral Central, así como a la Presidencia de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Adicionalmente, esta Instrucción estará disponible en la página web del Tribunal de Cuentas (http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/Documentos-Oficiales/).
Así, por cuanto antecede, el Pleno del Tribunal, en su sesión de 26 de mayo de 2016, aprueba la siguiente
Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016
1. Formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas y plazos legales
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la LOREG, están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones estatales.
b) Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan solicitado un adelanto con cargo a las subvenciones como consecuencia de haberlas obtenido en similar proceso electoral anterior.
Las formaciones políticas han de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral entre los 100 y 125 días tras la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación se extenderá al periodo comprendido entre el 4 y el 29 de octubre de 2016.
En el caso de que una formación política remita con anticipación la contabilidad electoral, la fecha de cierre de las operaciones deberá abarcar como mínimo el periodo comprendido en el artículo 125.3 de la LOREG, esto es, hasta el 24 de septiembre de 2016, a efectos de comprobar el cumplimiento de la limitación relativa a la no disposición de los saldos de la cuentas bancarias electorales para pagar con posterioridad, a los noventa días siguientes a la votación, los gastos electorales previamente contraídos.
De acuerdo con los plazos fijados en la LOREG, el Tribunal de Cuentas en los 200 días posteriores a las elecciones habrá de pronunciarse sobre la regularidad, proponiendo en su caso, la reducción o la no adjudicación de la subvención a percibir, de conformidad con el artículo 134 de la LOREG.
Los resultados provisionales de las actuaciones fiscalizadoras de la contabilidad electoral se remitirán a las formaciones políticas a fin de que estas puedan formular alegaciones y aportar cuantos documentos estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Dichos resultados provisionales se acompañarán de los correspondientes anexos en los que se detallarán cada una de las operaciones o partidas contabilizadas con deficiencias en su justificación, a fin de facilitar su identificación y la formulación, en su caso, de las alegaciones y presentación de la documentación correspondiente.
2. Remisión telemática de la contabilidad electoral por la sede electrónica del Tribunal de Cuentas
La contabilidad electoral relativa a las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016 será presentada al Tribunal de Cuentas mediante soporte informático.
La remisión de la documentación contable, conjuntamente con los demás documentos justificativos exigidos de acuerdo con la presente Instrucción, se realizará por medio de la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas y se recibirá a través del Registro Telemático del Tribunal, conforme a los criterios dispuestos en el Acuerdo de su Comisión de Gobierno de 30 de marzo de 2007, regulador del referido Registro.
El procedimiento para la remisión telemática de la documentación se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en sus normas de desarrollo en relación con los procedimientos electrónicos.
La contabilidad electoral deberá remitirse en un formato electrónico «xlsx» (Excel 2010), utilizando para ello los ficheros que se publicarán en la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas (https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/). Únicamente se presentará mediante ficheros en formato «pdf» la documentación complementaria que se especifica en cada caso. Con carácter general, los ficheros «pdf» no podrán ser objeto de fraccionamiento ni su tamaño excederá del publicado en dicha Sede.
Para la remisión de la documentación contable y de la documentación justificativa adicional, cada formación política deberá presentar los ficheros informáticos en los formatos establecidos en los Anexos 1 y 2 de la presente Instrucción, respectivamente. Esta información deberá enviarse acompañada del documento de remisión con arreglo al modelo y formato incluido en el Anexo 3.
El Tribunal de Cuentas proporcionará a cada formación política que de acuerdo con lo señalado anteriormente esté obligada a presentar la contabilidad electoral, un usuario y contraseña para proceder a la remisión telemática de la documentación justificativa relativa a dicha contabilidad. Para cualquier eventualidad o dificultad que se presente en el proceso de envío de la contabilidad electoral, se podrá contactar con las siguientes direcciones: [email protected] y [email protected].
3. Requisitos de la documentación justificativa a presentar ante el Tribunal de Cuentas
3.1 Documentación contable (en formato «xlsx»).
De conformidad con el apartado 1 del artículo 133 de la LOREG, las formaciones políticas deberán presentar una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. El apartado 2 del citado artículo establece que la presentación se realizará por los administradores generales de las formaciones políticas. El Tribunal evaluará la idoneidad de la información presentada a fin de poder determinar el importe de los gastos regulares justificados aplicables a las elecciones a Cortes Generales, según se contempla en el artículo 134 de la LOREG.
Por su parte, a tenor de las previsiones del artículo 175.3 de la LOREG, los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, deberán diferenciarse de los gastos electorales restantes, de forma que queden claramente identificadas las partidas correspondientes a los gastos de dicha naturaleza.
La contabilidad se llevará a cabo según el Plan General de Contabilidad o el Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas. Los estados contables a remitir incluirán el balance de situación, la cuenta de resultados, el Libro Diario, el extracto de los movimientos registrados agrupados por cuentas (Libro Mayor) y el balance de sumas y saldos previo al cierre de la contabilidad.
En el caso excepcional de formaciones que han concurrido al proceso electoral en un ámbito territorial limitado y que puedan tener dificultades para llevar una contabilidad adaptada a los Planes de Contabilidad anteriormente citados, aquellas deberán remitir, al menos, una relación pormenorizada de cada uno de los ingresos y gastos de la campaña electoral agrupados según los conceptos señalados en el artículo 130 de la LOREG, indicándose para cada una de las partidas su fecha de cobro o pago y si estos se han efectuado a través de caja o bancos, así como, en su caso, la cuenta bancaria utilizada. Además, cuando la formación política cumpla los requisitos para la percepción de la subvención de los gastos electorales por envío directo y personal de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, deberá remitir también una relación separada para este tipo de gastos con el mismo detalle señalado para la misma anteriormente.
Las formaciones políticas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, estén obligadas a remitir los estados contables anuales al Tribunal de Cuentas deberán integrar en los mismos la contabilidad de las operaciones económico-financieras derivadas de su participación en el proceso electoral. En el Informe de fiscalización de la contabilidad anual, previsto en el artículo 16.4 de la mencionada Ley Orgánica 8/2007, el Tribunal expondrá los resultados del análisis de dicha integración y emitirá, al respecto, el correspondiente pronunciamiento.
3.2 Documentación justificativa de los ingresos.
Con carácter general, las formaciones políticas deberán aportar la documentación acreditativa del origen de todos los recursos aplicados a la campaña electoral, en la que, como mínimo, se deberá incluir:
− Identificación de las aportaciones privadas con los requisitos exigidos en la LOREG (nombre, domicilio y número del Documento Nacional de Identidad o pasaporte). En formato «xlsx».
− Documentación acreditativa del origen de los fondos procedentes de la tesorería ordinaria del partido, según lo contemplado en la LOREG (en formato «xlsx»).
− Pólizas de las operaciones de crédito o préstamo utilizados para la financiación de la campaña electoral (en formato «pdf»).
− Documentos acreditativos de los adelantos de las subvenciones electorales (en formato «pdf»).
3.3 Documentación justificativa de los gastos electorales ordinarios (en formato «xlsx» y «pdf»).
De conformidad con el artículo 130 de la LOREG, se considerarán gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos, por los conceptos determinados en dicho artículo.
A efectos de la fiscalización de los gastos electorales, se remitirá la justificación de las anotaciones contables superiores a 1.000 euros (copia de la factura o documento acreditativo similar y justificante del pago en formato «pdf»), salvo para los gastos de envíos electorales, según se detalla más adelante. Todas las facturas justificativas remitidas deberán indicar expresamente las elecciones a las que corresponde el gasto electoral. La documentación justificativa de las anotaciones de menor importe se mantendrá a disposición del Tribunal de Cuentas y será presentada en el caso de ser solicitada por el mismo.
En el caso de que los documentos justificativos que acrediten la realización de los gastos electorales contengan descripciones genéricas de los bienes o servicios facturados, cuyo valor individual supere el importe de 50.000 euros, se deberá adjuntar el presupuesto o documento descriptivo similar que permita verificar la naturaleza e importe de los conceptos facturados (en formato «pdf»).
Respecto a los gastos de restauración declarados como gastos electorales por las formaciones políticas con motivo de la celebración de actividades electorales, se considera, al igual que en fiscalizaciones de procesos electorales anteriores, que no están incluidos entre los conceptos enumerados en el referido artículo 130.
Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central y el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas en anteriores fiscalizaciones, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130 h) de la LOREG, los gastos de suministros, tales como electricidad, teléfono, etc., no tendrán la consideración de gasto electoral salvo que se acredite fehacientemente el carácter electoral de los mismos y, en consecuencia, su contratación con motivo del proceso electoral.
En relación con la cuantificación de los gastos financieros de las operaciones de crédito concertadas para la financiación de las campañas electorales que se contemplan en el apartado g) del artículo 130 de la LOREG, se mantiene el criterio, ya seguido en fiscalizaciones anteriores, de considerar como gastos financieros los intereses devengados desde la formalización del crédito hasta un año después de la celebración de la elecciones, periodo medio estimado para la percepción de las subvenciones correspondientes o, en su caso, hasta la fecha de amortización del crédito si esta se produjese antes. Dicha estimación se calculará sobre los siguientes importes del principal de la deuda y periodos:
a) Sobre el capital pendiente de amortizar, hasta la fecha en la que surge el derecho de la percepción del adelanto tras la presentación de la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas. Con objeto de homogeneizar el período de devengo, este comprenderá desde el día de la convocatoria de las elecciones hasta transcurridos cinco meses tras la celebración de las mismas.
b) Sobre los saldos no cubiertos por los adelantos de las subvenciones, hasta completar el año a partir de la celebración de las elecciones o, en su caso, hasta la fecha de amortización de crédito si se produjese antes.
En el caso de que se hayan computado gastos financieros como gastos electorales ordinarios y como gastos por envíos de propaganda y publicidad electoral, la imputación a este último concepto deberá observar, como máximo, la misma proporción que los gastos por envíos de propaganda electoral representan sobre la totalidad de los gastos electorales.
Si en el examen de la contabilidad remitida se observara que una formación política, sin justificación suficiente, no ha aplicado los criterios anteriores en el cálculo y distribución de los gastos financieros, el Tribunal de Cuentas ajustará los importes declarados a los únicos efectos de la verificación del cumplimiento del límite de gastos y de la imputación total de gastos por envíos directos y personales de propaganda y publicidad electoral.
3.4 Documentación justificativa de los gastos por envíos de propaganda electoral y del número de envíos personales y directos (en formato «xlsx» y «pdf»).
El artículo 175.3 de la LOREG contempla que el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara.
En el caso de que la formación política tenga derecho a percibir la subvención para sufragar este tipo de gastos, se deberá presentar justificación documental de todos los gastos de esta naturaleza, con independencia de su cuantía (en formato «pdf»). Asimismo, todas las facturas justificativas remitidas deberán indicar expresamente las elecciones a las que corresponde el gasto electoral.
Por otra parte, las formaciones políticas deberán declarar de forma expresa, en documento aparte, el número de electores a los que se les haya efectuado el envío directo y personal de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral para las elecciones a Cortes Generales por cada una de las circunscripciones (en formato «xlsx»).
En cuanto a la justificación de los mencionados envíos, se deberá aportar la documentación que acredite de forma fehaciente su realización en formato «pdf». Así, en el caso de que los envíos se hayan efectuado a través de Correos o de una empresa privada de distribución, habrá de aportarse certificación expedida por la entidad correspondiente, comprensiva del número de envíos directos y personales a los electores efectuados a nivel provincial, salvo cuando en la factura emitida por la empresa que ha realizado los envíos se indique expresamente la prestación de la actividad y los envíos efectuados al nivel requerido. Si la distribución se ha realizado directamente con medios propios, el responsable de cada formación política certificará, igualmente a nivel provincial, el número de envíos directos y personales efectuados. La formación política deberá conservar la relación de las personas que han participado en dicha distribución por si el Tribunal estimase oportuno efectuar las comprobaciones pertinentes que acrediten suficientemente la realización efectiva de la actividad.
En el caso de envíos a los electores residentes en el extranjero, deberá informarse específicamente del número total de envíos efectuados y aportarse la documentación que acredite de forma explícita la realización de este tipo de envíos (en formato «pdf»).
De acuerdo con la normativa electoral, el importe de los gastos por envíos electorales que no resulte cubierto por la subvención a percibir por el número de envíos justificados incrementará, a todos los efectos, los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria.
3.5 Otra documentación (en formato «pdf»).
Sin perjuicio de la documentación que se estime necesaria para la realización de la fiscalización, se considera imprescindible disponer de copia de las comunicaciones efectuadas a la Junta Electoral competente relativas a los siguientes extremos:
− Nombramiento del administrador general responsable de la contabilidad electoral.
− Identificación de las cuentas bancarias electorales abiertas.
− Afección, en su caso, de las subvenciones electorales a los créditos otorgados.
− En el supuesto de presentarse en coalición, copia del pacto de coalición comunicado a la Junta Electoral competente.
Además, se remitirá copia de los extractos bancarios de las cuentas electorales abiertas en entidades de crédito y cuentas asociadas a los créditos otorgados.
3.6 Presentación y custodia de la documentación a remitir.
A efectos de la presentación de la documentación contable y justificativa señalada anteriormente, se acompañará escrito de remisión firmado por el administrador general, en el que deberá figurar debidamente identificada la documentación contable y justificativa remitida y en el que se certifique su autenticidad, según el modelo del Anexo 3 (en formato «pdf»).
La custodia de los originales, tanto de los estados contables como de la totalidad de documentos justificativos, será responsabilidad de cada formación política.
4. Información de las entidades financieras y de los proveedores
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3.º y 5.º del artículo 133 de la LOREG, las entidades financieras que hayan concertado operaciones con las formaciones políticas y las empresas que les hubiesen facturado por gastos electorales superiores a 10.000 euros, deberán informar al Tribunal de Cuentas de sus respectivas operaciones.
Al objeto de poder contrastar los gastos declarados por las formaciones políticas, se solicita la colaboración de las mismas a fin de que, en el momento de la contratación del servicio o cuando lo estimen oportuno, recuerden a las citadas entidades financieras y empresas el cumplimiento de esta obligación.
Las entidades financieras y los proveedores deberán proceder a la remisión de la información relativa a sus operaciones con las formaciones políticas en formato «xlsx», empleando los ficheros que se publicarán en la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas y cuyo modelo se incluye en los Anexos 4 y 5, respectivamente. Para tal fin, se deberán utilizar las siguientes direcciones de correo electrónico: [email protected] y [email protected].
5. Cuantificación y comprobación de los límites legales de gastos
5.1 Límite máximo de gastos electorales.
Como consecuencia de la celebración de un único proceso electoral, para el cálculo del límite máximo de gastos electorales se aplicará lo contemplado en el artículo 131.1 de la LOREG, que dispone que ningún partido, federación, coalición o agrupación puede realizar gastos electorales que superen los límites establecidos en las disposiciones específicas establecidas en la propia Ley, que para las elecciones a Cortes Generales se contemplan en el artículo 175.2 de dicha Ley.
De conformidad con lo previsto en dicho artículo y en el artículo 2 de la Orden HAP/666/2016, de 5 de mayo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, el límite de los gastos electorales para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras, será el que resulte de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación.
A efectos de su comprobación, se computarán los gastos declarados por la formación política, siempre que se acomoden a los conceptos incluidos en la legislación electoral, con independencia de que el Tribunal de Cuentas los considere o no suficientemente justificados. Asimismo, se computarán aquellos gastos que no hayan sido declarados y que el Tribunal estime que corresponden a gastos electorales. No obstante, con independencia de su consideración a efectos de la observancia del límite de gastos, estos gastos no declarados no se incluirán dentro del importe de gastos electorales susceptibles de ser subvencionados.
Asimismo, se comprobará que el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral no supera, en número, al máximo de electores a nivel provincial, obtenido por la suma de los electores de las correspondientes circunscripciones en las que la formación política se haya presentado. En caso contrario, los gastos por el exceso de los envíos declarados sobre el número máximo de electores se considerarán no subvencionables por este concepto.
La cuantía de los gastos por los mencionados envíos directos y personales de propaganda electoral que no resulten subvencionables se agregará a los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria y, en consecuencia, será computada a efectos del cumplimiento del límite de gastos, según lo dispuesto en el artículo 175.3.b) de la LOREG.
Para el cálculo del límite máximo de gastos, se utilizarán las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referida al 1 de enero de 2015 con efectos del 31 de diciembre de 2015, declaradas oficiales mediante Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre.
5.2 Otros límites de gastos.
Los artículos 55 y 58 de la LOREG contemplan sendos límites referidos a determinados gastos de publicidad exterior y a gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas, respectivamente, que no podrán exceder del 20 por ciento del límite máximo de gastos en ambos casos.
Para facilitar la comprobación de ambos límites, la formación política deberá presentar, de forma diferenciada, los gastos de esta naturaleza de la del resto de gastos en la contabilidad remitida.
A efectos de la comprobación de los límites de ambos tipos de gasto, se considerarán excluidos los gastos relativos a la producción del contenido o material que haya de ser objeto de publicidad o emisión.
Con respecto a los gastos de publicidad en prensa periódica, se considerarán incluidos los gastos realizados en prensa digital por la formación política para la campaña electoral.
6. Propuestas del Tribunal de Cuentas en relación con la subvención a percibir por las formaciones políticas
A tenor de lo contemplado en el artículo 127 de la LOREG, el Estado subvenciona los gastos electorales de acuerdo con las reglas específicas establecidas en la misma, que para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado se regulan en el artículo 175 de la LOREG. No obstante, en ningún caso la subvención correspondiente a cada formación política podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora, con independencia de la cuantía que resulte de aplicar las citadas reglas.
Como se ha indicado anteriormente, de conformidad con lo previsto en el artículo 134.2 de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, en el caso de que se aprecien irregularidades en las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, el Tribunal de Cuentas puede iniciar el procedimiento sancionador regulado en la Ley Orgánica 8/2007 y proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
En el Informe de fiscalización correspondiente a las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016 se dejará constancia expresa de las irregularidades o violaciones –entre ellas, las infracciones tipificadas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2007– que se apreciaran y, en caso de que proceda, se efectuará la propuesta que corresponda respecto a la subvención electoral. Cuando no se realice propuesta de no adjudicación o de reducción de la mencionada subvención, se hará constar expresamente este hecho.
6.1 Propuesta de no adjudicación de la subvención electoral.
La propuesta de no adjudicación de la subvención electoral se formulará para las formaciones políticas que no cumplan con la obligación de presentar ante el Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales.
6.2 Propuesta de reducción de la subvención electoral.
La propuesta de reducción de la subvención electoral se fundamentará en los siguientes supuestos:
A. La superación de los límites establecidos para las aportaciones de personas físicas.
B. La falta de justificación suficiente de la procedencia de los fondos utilizados en la campaña electoral.
C. La realización de gastos no autorizados por la normativa electoral relativos a la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión privada (artículo 60 de la LOREG), en las emisoras de radiodifusión sonora de titularidad municipal (Ley Orgánica 10/1991) y en las emisoras de televisión local por ondas terrestres (Ley Orgánica 14/1995).
En el caso de que las deficiencias detectadas afecten fundamentalmente a aspectos de naturaleza formal, se valorará su incidencia en la justificación y, en consecuencia, el Tribunal de Cuentas estimará la formulación de propuesta de reducción de la subvención a percibir.
Con independencia de la cuantía de las reducciones propuestas, estas tendrán como límite el importe de las subvenciones que correspondan a las formaciones políticas por los resultados obtenidos. Dichas subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de la LOREG, en ningún caso podrán sobrepasar la cifra de gastos declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.
7. Identificación de supuestos de infracciones establecidas en la Ley Orgánica 8/2007
Con arreglo al referido artículo 134.2 de la LOREG, y además de las posibles propuestas de no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política que pudieran efectuarse, el Tribunal de Cuentas habrá de identificar los supuestos de posibles infracciones en materia de ingresos y gastos electorales regulados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2007, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015.
En el caso de observarse la existencia de dichas infracciones, se pondrá de manifiesto esta circunstancia en el Informe de fiscalización, sin perjuicio de hacer constar otros posibles incumplimientos, a efectos de que el Tribunal de Cuentas pueda, en su caso, iniciar el procedimiento sancionador regulado en el artículo 18 de la citada Ley Orgánica 8/2007, con arreglo a las Reglas Internas del Tribunal de Cuentas para la iniciación del procedimiento sancionador sobre financiación de partidos políticos previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, aprobadas por el Pleno de la Institución en su sesión de 30 de abril de 2015.
Madrid, 31 de mayo de 2016.–El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García.
ANEXO 1
Ficheros de documentación contable a remitir
Estados contables a presentar por las formaciones políticas que lleven una contabilidad adaptada al Plan General de Contabilidad o al Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 26 de septiembre de 2013
Las formaciones políticas incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales, remitirán sus estados contables mediante los siguientes ficheros:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_BALANCE.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_RESULTADOS.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_SUMAS-SALDOS.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_MAYORES.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_DIARIO.xlsx
La remisión de los ficheros anteriormente referidos se realizará, preferentemente, en un único fichero con la siguiente denominación:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_ESTADOS-CONTABLES.zip
En el campo «FECHA» se hará constar la siguiente referencia al proceso electoral a Cortes Generales: «26J16».
Los ficheros «xlsx» se ajustarán a las plantillas publicadas en la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas (https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/).
Relación pormenorizada de cada uno de los ingresos y gastos de la campaña electoral agrupados según los conceptos señalados en el artículo 130 de la LOREG
Las formaciones políticas con participación electoral en un ámbito territorial limitado que, por causa debidamente justificada, tengan dificultades para llevar una contabilidad adaptada a los planes anteriormente citados, remitirán información sobre sus ingresos y gastos electorales mediante el siguiente fichero:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_INGRESOS-GASTOS.xlsx
En el campo «FECHA» se hará constar la siguiente referencia al proceso electoral a Cortes Generales: «26J16».
Los ficheros «xlsx» se ajustarán a las plantillas publicadas en la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas (https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/).
ANEXO 2
Ficheros de documentación justificativa adicional a remitir
Información adicional sobre los ingresos
Para los recursos aplicados a la campaña electoral:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_RECURSOS.xlsx
Para las aportaciones privadas y su justificación:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_APORTACIONES-PRIVADAS.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_APORTACIONES-PRIVADAS.pdf
Para las aportaciones de fondos procedentes del Partido y su justificación:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_APORTACIONES-PARTIDO.xlsx
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_APORTACIONES-PARTIDO.pdf
Para la(s) póliza(s) de crédito suscrita(s) para la financiación de la campaña electoral:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_POLIZA.pdf
(En caso de haber suscrito más de una póliza, se establecerá una numeración del tipo «POLIZA1», «POLIZA2»…).
Para la acreditación de los adelantos de las subvenciones electorales:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_ADELANTOS.pdf
Información adicional de los gastos electorales ordinarios
Para la relación de gastos electorales ordinarios contraídos por importes superiores a 1.000 euros:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_GASTOS-ORDINARIOS.xlsx
Para la justificación de las anotaciones contables por importes superiores a 1.000 euros:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_GASTOS-ORDINARIOS.pdf
(Se permite el fraccionamiento de este fichero, tantas veces como resulte necesario, en caso de que supere el tamaño máximo).
Para los presupuestos o documentos descriptivos similares por importes superiores a 50.000 euros:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_PRESUPUESTOS.pdf
(Se permite el fraccionamiento de este fichero, tantas veces como resulte necesario, en caso de que supere el tamaño máximo).
Información de los gastos por envíos directos de sobres y papeletas electorales y de propaganda y publicidad electoral y del número de envíos personales y directos
Para la relación de gastos electorales por envíos de propaganda electoral:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_GASTOS-ENVIOS.xlsx
Para la justificación de las anotaciones contables:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_GASTOS-ENVIOS.pdf
(Se permite el fraccionamiento de este fichero, tantas veces como resulte necesario, en caso de que supere el tamaño máximo).
Para la declaración del número de envíos por cada una de las circunscripciones:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_NUM-ENVIOS.xlsx
Para la justificación del número de envíos:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_NUM-ENVIOS.pdf
Para la acreditación del número de envíos efectuados al extranjero:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_NUM-EXTRANJERO.pdf
Otra información
Para la comunicación a la Junta Electoral competente del nombramiento del administrador general:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_ADMINISTRADOR.pdf
Para la comunicación a la Junta Electoral competente de la cuenta electoral abierta:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_CUENTAS.pdf
Para la comunicación a la Junta Electoral competente de la afección de las subvenciones electorales a los créditos otorgados:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_AFECCION-SUBV.pdf
Para la copia del pacto de coalición comunicado a la Junta Electoral competente:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_PACTO-COALICION.pdf
Para la remisión de los extractos bancarios de la cuenta electoral y, en su caso, de la(s) cuenta(s) asociada(s) a los créditos otorgados:
– SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_EXTRACTO-CC.pdf
(En caso de haber más de un extracto, se establecerá una numeración del tipo «EXTRACTO-CC1», «EXTRACTO-CC2»…).
Los ficheros «xlsx» se ajustarán a las plantillas publicadas en la Sede Electrónica del Tribunal de Cuentas (https://sede.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sede-electronica/).
ANEXO 3
Documento para la remisión de la documentación a presentar por las formaciones políticas
Los estados contables y demás documentación justificativa vendrán acompañados por un documento remisorio, igualmente protegido por firma digital, del siguiente tenor:
D/Dª.................................................................................................... (nombre y apellidos del cuentadante),........................................................................ (Administrador/a general electoral de la formación política xxx) para las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, remito al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral de las mencionadas elecciones a Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133.1 y 2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la forma y con la documentación adicional a que se refiere la Instrucción del Tribunal de Cuentas, aprobada mediante Acuerdo de su Pleno de 26 de mayo de 2016 y publicada en el «BOE» de 3 de junio de 2016, relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016.
La información relativa a dicha contabilidad electoral queda contenida en los ficheros ……....……, cuyo resumen electrónico es ………........, en los términos indicados por la referida Instrucción del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, certifico la autenticidad de los datos remitidos y de las copias de la documentación justificativa presentadas respecto de los originales que conserva esta formación política a disposición del Tribunal de Cuentas.
En................................................ a...........de............................de 2016
El Administrador «general» electoral
Este archivo será nombrado como se indica a continuación:
SIGLAS FORMACIÓN(9)_ FECHA(5)_ DOC-REMISION.pdf
Nota: En el campo «FECHA» se hará constar la siguiente referencia al proceso electoral a Cortes Generales: «26J16».
ANEXO 4
ANEXO 5 | Instrucciones para remitir cuentas de partidos en campaña al Tribunal de Cuentas (para cobrar las subvenciones) | El 26 de junio de 2016 se celebrarán elecciones a Cortes Generales, convocadas por el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, cuyo artículo 6 indica que las mismas se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y por su normativa de desarrollo.
El Programa Anual de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2015 y modificado a estos efectos el 26 de mayo de 2016, incorpora, dentro del apartado correspondiente a fiscalizaciones a realizar en cumplimiento de un mandato legal concreto, la «Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016», habiéndose aprobado por el Pleno del Tribunal, con la misma fecha de 26 de mayo de 2016 y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las Directrices Técnicas a las que ha de sujetarse el correspondiente procedimiento de fiscalización.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, el Tribunal de Cuentas se ha de pronunciar, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas y, en el caso de que se aprecien en las mismas irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
El Tribunal de Cuentas ha estimado conveniente elaborar la presente Instrucción –y publicarla en el «Boletín Oficial del Estado»–, con la finalidad de precisar los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades relativas a las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral, de modo que sean conocidos por las formaciones políticas, con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa electoral.
Al igual que en el proceso relativo a las elecciones a Cortes Generales de 20 de diciembre de 2015, la remisión de la contabilidad electoral se realizará mediante el empleo de medios informáticos y telemáticos; procedimiento establecido, con carácter general, como forma de operar en el Sector público por el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que viene reforzado por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La presente Instrucción se comunicará a todas las formaciones políticas que, de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, están obligadas a presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas. Asimismo, un ejemplar de la misma se remitirá, para su conocimiento, a la Junta Electoral Central, así como a la Presidencia de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Adicionalmente, esta Instrucción estará disponible en la página web del Tribunal de Cuentas (http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/Documentos-Oficiales/).
Así, por cuanto antecede, el Pleno del Tribunal, en su sesión de 26 de mayo de 2016, aprueba la siguiente
Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016
1. Formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas y plazos legales
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la LOREG, están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral:
a) Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones estatales.
b) Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan solicitado un adelanto con cargo a las subvenciones como consecuencia de haberlas obtenido en similar proceso electoral anterior.
Las formaciones políticas han de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral entre los 100 y 125 días tras la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación se extenderá al periodo comprendido entre el 4 y el 29 de octubre de 2016.
En el caso de que una formación política remita con anticipación la contabilidad electoral, la fecha de cierre de las operaciones deberá abarcar como mínimo el periodo comprendido en el artículo 125.3 de la LOREG, esto es, hasta el 24 de septiembre de 2016, a efectos de comprobar el cumplimiento de la limitación relativa a la no disposición de los saldos de la cuentas bancarias electorales para pagar con posterioridad, a los noventa días siguientes a la votación, los gastos electorales previamente contraídos.
De acuerdo con los plazos fijados en la LOREG, el Tribunal de Cuentas en los 200 días posteriores a las elecciones habrá de pronunciarse sobre la regularidad, proponiendo en su caso, la reducción o la no adjudicación de la subvención a percibir, de conformidad con el artículo 134 de la LOREG.
Los resultados provisionales de las actuaciones fiscalizadoras de la contabilidad electoral se remitirán a las formaciones políticas a fin de que estas puedan formular alegaciones y aportar cuantos documentos estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Dichos resultados provisionales se acompañarán de los correspondientes anexos en los que se detallarán cada un
### RESUMEN: Instrucciones para remitir cuentas de partidos en campaña al Tribunal de Cuentas (para cobrar las subvenciones) |
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene entre sus objetivos –conforme al artículo 3 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño.
El cumplimiento de tales fines exige necesariamente el constante desarrollo del Museo en sus espacios, colecciones y actividades, así como un decidido compromiso con la prestación de unos servicios públicos de calidad que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
La nueva regulación precios públicos de entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 20.1 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, sustituye a la Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio, por la que se regula la visita pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, trata de dar una adecuada cobertura a las nuevas demandas de los usuarios, al tiempo que pretende ofrecer una diversidad de propuestas que facilite la máxima accesibilidad a su programación, garantizando así el necesario equilibrio entre una oferta adecuada para el disfrute del visitante y el reforzamiento de la capacidad de autofinanciación del organismo, con el fin de poder dar cumplimiento a sus fines a la par que se asegura la estabilidad presupuestaria.
En este marco y a la luz de la evolución en los hábitos de visita de los usuarios del Museo, resulta conveniente replantear las distintas modalidades de entrada, el régimen de exenciones y de precios reducidos, revisar el distinto precio público a satisfacer en función del tipo de servicio al que el usuario accede, así como modificar el horario de gratuidad para adecuarlo a los nuevos horarios de apertura.
En virtud de lo expuesto, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y previa autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, prevista en el artículo 20.1 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la presente Resolución de la Comisión Permanente del Real Patronato aprueba el precio de entrada al Museo y el régimen de acceso.
Artículo 1. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto regular el precio de la entrada y el régimen de acceso al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Artículo 2. Precio de entrada individual.
1. El precio de entrada individual para la visita conjunta a la colección y a las exposiciones temporales que, en su caso, sean coetáneas el día de la visita se establece en 8 euros. La entrada será válida para un día.
2. El precio de entrada individual para la visita a las exposiciones temporales será de 4 euros.
3. Mediante Resolución del Director del Museo y previo informe del Real Patronato del Museo, podrá establecerse un precio de entrada distinto a los regulados en esta resolución cuando el Museo lo considere oportuno por las características de las exposiciones programadas y durante el tiempo que duren dichas exposiciones.
4. Se podrá determinar por Resolución del Director del Museo y previo informe del Real Patronato del Museo, un precio de entrada combinada que incluya el acceso al Museo así como a otras prestaciones complementarias.
5. Será gratuito el acceso a los siguientes servicios complementarios: Biblioteca y Centro de Documentación, librería, tienda, cafetería, terrazas u otros de similar carácter, sin perjuicio del debido control.
6. El precio de entrada o, en su caso, la gratuidad para el acceso al resto de actividades culturales programadas por el Museo será determinado en cada caso mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato del Museo.
7. Los visitantes menores de 14 años deberán ir siempre acompañados de un adulto.
Artículo 3. Precio de entrada para grupos.
1. A todos los grupos les serán de aplicación los siguientes criterios generales, con independencia de los criterios específicos que a cada uno de ellos les pueda corresponder:
a) Tendrán la consideración de grupo las visitas realizadas por 15 o más personas, hasta un límite máximo de 30 personas por grupo, siendo obligatoria su reserva por los medios que el Museo establezca.
b) A los efectos descritos en el presente artículo, se establece la siguiente categorización de grupos:
1.º Grupo turístico.
2.º Grupo cultural.
3.º Grupo educativo.
c) Las personas que integren cada categoría de grupos no podrán beneficiarse con carácter individual del régimen de gratuidad ni de reducciones recogidos en los artículos 5 y 6 de esta resolución, con independencia de que cumplan alguno de los requisitos establecidos en ellos.
d) La acreditación necesaria para la categoría de grupo que así lo requiera se realizará mediante la presentación en taquilla de una carta de la institución o centro educativo o cultural que recoja todos aquellos datos necesarios para su identificación, así como los datos relativos tanto al número de integrantes del grupo como a la fecha y hora de la visita, debidamente actualizados.
e) Podrán establecerse mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato, reducciones o excepciones a la gratuidad establecidas en los párrafos siguientes cuando el Museo lo considere oportuno atendiendo a las características de las exposiciones programadas.
f) Mediante Resolución del Director, y previo informe del Real Patronato, podrá establecerse un régimen singular a los precios de grupos para visitas exclusivas tanto a la colección como a las exposiciones temporales.
2. Los criterios específicos para cada una de las categorías de grupos son los siguientes:
a) Grupo turístico.
El precio de la entrada para la visita conjunta a la colección y a la exposiciones temporales para cada uno de los integrantes del grupo es de 6 euros por día. Para la visita a las exposiciones temporales el precio se establece en 3 euros para cada integrante.
Estos grupos podrán beneficiarse de campañas de promoción para el fomento de la visita pública al Museo que incorporen la aplicación de reducciones sobre el precio de entrada fijado en el párrafo anterior.
b) Grupo cultural.
Se considerará que el grupo tiene carácter cultural cuando acrediten su pertenencia a asociaciones, instituciones o fundaciones relacionadas con el mundo del arte y de la cultura.
El precio de la entrada para cada uno de los integrantes del grupo será el resultado de aplicar una reducción del 50 % sobre el precio establecido en el artículo 2, apartados 1 y 2 de esta Resolución.
c) Grupo educativo.
Se considerará que el grupo es de carácter educativo cuando esté constituido por estudiantes que cursen estudios en cualquiera de los ciclos de enseñanza, ya sea ésta obligatoria o no.
El acceso al Museo por grupos de carácter educativo será gratuito.
Artículo 4. Venta de entradas por medios telemáticos.
1. Las entradas tanto individuales como de grupos para la visita conjunta, las exposiciones temporales o cualquier otra establecida al amparo del artículo 2 y 3 de esta resolución podrán adquirirse, además de en las taquillas del Museo, por los medios telemáticos habilitados por el Museo, así como por cualquier otro canal de venta que en su caso se establezca. Podrá establecerse la obligatoriedad de la reserva y venta anticipada de estas entradas.
2. El precio fijado para la compra individual de entradas por medios telemáticos será de 6 euros para la visita conjunta y de 3 euros para la visita a las exposiciones temporales, pudiéndose aplicar a dicho precio el coste de la gestión del servicio.
3. Podrán establecerse precios distintos a los anteriormente señalados mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato, para el acceso de grupos en sus diferentes categorías.
4. No será de aplicación al precio de la entrada telemática el régimen de gratuidad y reducciones mencionado en los artículos 5 y 6 de la presente Resolución, salvo lo establecido para los días y horarios de visita gratuita.
5. Mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato, podrá establecerse un precio de entrada distinto a los anteriores cuando el Museo lo considere oportuno por las características de las exposiciones programadas y durante el tiempo que duren dichas exposiciones.
Artículo 5. Visita gratuita.
1. La visita será gratuita para todos los visitantes en los días y horarios siguientes:
a) Los días 18 de abril (Día del Patrimonio Mundial), 18 de mayo (Día Internacional de los Museos), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y 6 de diciembre (Día de la Constitución Española).
b) El domingo desde las 15:00 horas hasta la hora de cierre.
c) Los lunes y de miércoles a sábado desde las 19:00 horas hasta la hora de cierre, con excepción de los grupos regulados en el artículo 3 de esta resolución.
d) Mediante Resolución del Director del Museo y previo informe del Real Patronato del Museo, podrán establecerse días o franjas de acceso gratuito distintos a los fijados en el apartado anterior, atendiendo a circunstancias de carácter cultural o social.
e) Podrá modificarse el horario y días de apertura, en cuyo caso también se adaptarán las franjas de acceso gratuito a dicha modificación.
2. El Museo podrá visitarse de forma gratuita por todas aquellas personas que se incluyan en cualquiera de los colectivos que se detallan a continuación, para lo cual será requisito imprescindible la presentación en taquillas del documento acreditativo válido en cada caso, y debidamente actualizado, que refleje el período de validez o la fecha de caducidad:
a) Menores de dieciocho años.
b) Mayores de 65 años.
c) Estudiantes hasta los 25 años.
d) Periodistas.
e) Miembros de las siguientes asociaciones:
ICOM (Consejo Internacional de Museos).
APME (Asociación Profesional de Museólogos de España).
ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos).
AEM (Asociación Española de Museólogos).
IAC (Instituto de Arte Contemporáneo).
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).
CIMAM (Comité Internacional de Museos de Arte Moderno).
AAVC (Associació d’Artistes Visuals de Catalunya).
AAVAM (Asociación de Artistas Visuales Asociados de Madrid).
GEIIC (Grupo Español del International Institute for Conservation).
AAVIB (Associació d’artistes Visuals de les Illes Balears).
AVA (Asociación de Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León).
AA (Asociación de les Artes Visuales d’Asturies).
AICAV (Asociación Islas Canarias de Artistas Visuales).
AVVAC (Associació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló).
MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales).
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
f) Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
g) Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
h) Donantes de bienes culturales al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
i) Las personas que realicen labores de voluntariado cultural en el Museo.
j) Titulares del carné joven o documento equivalente.
k) Personas con discapacidad, de acuerdo con la definición que realiza el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. También podrá acceder al museo de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea imprescindible para que aquél pueda realizar su visita.
l) Personas en situación legal de desempleo.
m) Personal docente, según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
n) Grupos familiares integrados por al menos un adulto y tres descendientes (o dos, si uno de ellos tiene alguna discapacidad), incluidos en el mismo título de familia numerosa, según dispone el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, que desarrolla la citada ley.
ñ) Guías Oficiales de Turismo.
o) Personal que presta sus servicios en los Museos adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 6. Visita con precio reducido.
Se aplicará una reducción del 50 % sobre los precios de entrada fijados en el artículo 2, de esta Resolución, para lo cual será requisito imprescindible la presentación en taquillas del documento acreditativo válido en cada caso, y debidamente actualizado, que refleje el período de validez o la fecha de caducidad:
a) Las personas que realicen labores de voluntariado cultural.
b) Miembros de Fundaciones de Amigos de otros Museos, cuando así se haya establecido por convenio.
c) Miembros de familias numerosas según dispone el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, que desarrolla la citada ley.
d) Personal que presta sus servicios en los museos no incluidos en el artículo 5 apartado o).
Artículo 7. Medidas de fomento de visita y autorizaciones especiales.
1. Para el fomento de la visita, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía podrá, por Resolución del Director, realizar campañas de promoción cultural, turístico y social, así como acordar convenios de colaboración con terceros para el fomento de la visita al Museo que incorporen la aplicación de reducciones sobre el precio de entrada general establecido en el artículo 2 o, en su caso, la gratuidad de las mismas.
2. Mediante Resolución del Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se podrá autorizar la entrada gratuita o con precio reducido a las personas, asociaciones o grupos que lo soliciten por motivos profesionales, de estudio, investigación u otros.
Artículo 8. Tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
1. El acceso al Museo podrá realizarse mediante la adquisición del Abono Paseo del Arte, regulada por la Orden del Ministerio de Cultura, de 20 de enero de 1995, cuya validez temporal, precio reducido y demás condiciones de expedición y uso se ajustarán a los términos del Convenio que se formalice entre dichas instituciones y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2. Se puede visitar el Museo con la Tarjeta anual conjunta de acceso a los Museos gestionados directamente por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, regulada por la Orden del Ministerio de Cultura, de 20 de enero de 1995.
3. Podrá establecerse la creación de tarjetas de fidelización para acceso al Museo, cuyas condiciones en cuanto a precio, uso, validez y expedición se fijarán de manera concreta en el momento de su creación, atendiendo a necesidades específicas, y se difundirán por los medios habilitados para ello.
Artículo 9. Prestación del servicio de reserva de visita pública.
1. Podrán fijarse servicios de visita con reserva, que facultará a la persona que adquiere la entrada a visitar el museo el día y la hora concertados, sin más trámite y espera que el derivado de la presentación del correspondiente documento acreditativo en el control de entrada especial que se habilite al efecto.
2. En estos sistemas de visita con reserva no se aplicará lo establecido para visitas gratuitas y reducidas en los artículos 5 y 6.
Disposición transitoria única.
1. Las entradas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución mantendrán el precio y las condiciones aplicadas en el momento de la adquisición de las mismas.
2. Quedan excluidas de lo establecido en el párrafo anterior las entradas que se hayan adquirido como resultado de campañas de promoción o firma de convenios de colaboración con terceros, recogidos en el artículo 7 apartado 1 de esta Resolución.
3. Las entradas adquiridas por medios telemáticos con posterioridad a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución tendrán el precio fijado en el artículo 4.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día 24 de abril de 2013, salvo lo dispuesto en el artículo 2.3 y la disposición transitoria única, que entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 11 de abril de 2013.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel. | A partir del 24 de abril, las entradas al Reina Sofía suben pasan a 8 euros (de 3 a 4 euros las de exposiciones temporales) | El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que tiene entre sus objetivos –conforme al artículo 3 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, promover el conocimiento y el acceso del público al arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, fotografía, audiovisuales, espectáculos en vivo y diseño.
El cumplimiento de tales fines exige necesariamente el constante desarrollo del Museo en sus espacios, colecciones y actividades, así como un decidido compromiso con la prestación de unos servicios públicos de calidad que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
La nueva regulación precios públicos de entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, de acuerdo con la habilitación establecida en el artículo 20.1 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, sustituye a la Orden CUL/2244/2009, de 30 de julio, por la que se regula la visita pública al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, trata de dar una adecuada cobertura a las nuevas demandas de los usuarios, al tiempo que pretende ofrecer una diversidad de propuestas que facilite la máxima accesibilidad a su programación, garantizando así el necesario equilibrio entre una oferta adecuada para el disfrute del visitante y el reforzamiento de la capacidad de autofinanciación del organismo, con el fin de poder dar cumplimiento a sus fines a la par que se asegura la estabilidad presupuestaria.
En este marco y a la luz de la evolución en los hábitos de visita de los usuarios del Museo, resulta conveniente replantear las distintas modalidades de entrada, el régimen de exenciones y de precios reducidos, revisar el distinto precio público a satisfacer en función del tipo de servicio al que el usuario accede, así como modificar el horario de gratuidad para adecuarlo a los nuevos horarios de apertura.
En virtud de lo expuesto, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y previa autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, prevista en el artículo 20.1 de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la presente Resolución de la Comisión Permanente del Real Patronato aprueba el precio de entrada al Museo y el régimen de acceso.
Artículo 1. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto regular el precio de la entrada y el régimen de acceso al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Artículo 2. Precio de entrada individual.
1. El precio de entrada individual para la visita conjunta a la colección y a las exposiciones temporales que, en su caso, sean coetáneas el día de la visita se establece en 8 euros. La entrada será válida para un día.
2. El precio de entrada individual para la visita a las exposiciones temporales será de 4 euros.
3. Mediante Resolución del Director del Museo y previo informe del Real Patronato del Museo, podrá establecerse un precio de entrada distinto a los regulados en esta resolución cuando el Museo lo considere oportuno por las características de las exposiciones programadas y durante el tiempo que duren dichas exposiciones.
4. Se podrá determinar por Resolución del Director del Museo y previo informe del Real Patronato del Museo, un precio de entrada combinada que incluya el acceso al Museo así como a otras prestaciones complementarias.
5. Será gratuito el acceso a los siguientes servicios complementarios: Biblioteca y Centro de Documentación, librería, tienda, cafetería, terrazas u otros de similar carácter, sin perjuicio del debido control.
6. El precio de entrada o, en su caso, la gratuidad para el acceso al resto de actividades culturales programadas por el Museo será determinado en cada caso mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato del Museo.
7. Los visitantes menores de 14 años deberán ir siempre acompañados de un adulto.
Artículo 3. Precio de entrada para grupos.
1. A todos los grupos les serán de aplicación los siguientes criterios generales, con independencia de los criterios específicos que a cada uno de ellos les pueda corresponder:
a) Tendrán la consideración de grupo las visitas realizadas por 15 o más personas, hasta un límite máximo de 30 personas por grupo, siendo obligatoria su reserva por los medios que el Museo establezca.
b) A los efectos descritos en el presente artículo, se establece la siguiente categorización de grupos:
1.º Grupo turístico.
2.º Grupo cultural.
3.º Grupo educativo.
c) Las personas que integren cada categoría de grupos no podrán beneficiarse con carácter individual del régimen de gratuidad ni de reducciones recogidos en los artículos 5 y 6 de esta resolución, con independencia de que cumplan alguno de los requisitos establecidos en ellos.
d) La acreditación necesaria para la categoría de grupo que así lo requiera se realizará mediante la presentación en taquilla de una carta de la institución o centro educativo o cultural que recoja todos aquellos datos necesarios para su identificación, así como los datos relativos tanto al número de integrantes del grupo como a la fecha y hora de la visita, debidamente actualizados.
e) Podrán establecerse mediante Resolución del Director del Museo, y previo informe del Real Patronato, reducciones o excepciones a la gratuidad establecidas en los párrafos siguientes cuando el Museo lo considere oportuno atendiendo a las características de las exposiciones programadas.
f) Mediante Resolución del Director, y previo informe del Real Patronato, podrá establecerse un régimen singular a los precios de grupos para visitas exclusivas tanto a la colección como a las exposiciones temporales.
2. Los criterios específicos para cada una de las categorías de grupos son los siguientes:
### RESUMEN: A partir del 24 de abril, las entradas al Reina Sofía suben pasan a 8 euros (de 3 a 4 euros las de exposiciones temporales) |
Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Rudy Fernández resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Rodolfo Fernández Farrés, en Madrid, el 27 de enero de 2014, según consta en la escritura pública número 23, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Juan Díez Herrera.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Velázquez, número 126, 4.º derecha y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial asciende a treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y se ha procedido al desembolso del mínimo legal exigido, siete mil quinientos euros (7.500 €). El resto de la dotación de veintidós mil quinientos euros (22.500 €) deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución por los fundadores en los términos establecidos en la misma.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación la cooperación en el ámbito social al cumplimiento de los fines de interés general consistentes en conseguir, de forma primaria y principal, la práctica del baloncesto, en sus distintas categorías y edades, y, con carácter general, la práctica de todos los deportes.
Constituyen otros fines fundamentales de la Fundación: Potenciar todos los aspectos culturales vinculados al deporte, así como fomentar, en España y en el extranjero, los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción de ésta como un instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes lo practican y también como un factor de integración social en beneficios de quienes padecen cualquier tipo de marginación; contribuir mediante la cooperación internacional en materia socio-deportiva al desarrollo humano y la inclusión social de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos en los países en desarrollo.
Quinto. Patronato.
Presidente: Doña María Teresa Farrés Torán.
Vicepresidente: Don Rodolfo Fernández Rodríguez.
Vocal: Don Rodolfo Fernández Farrés.
Secretario no patrono: Don Javier Lezcano García.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Sexto. Poderes.
Se otorgan poderes a favor de don Rodolfo Fernández Rodríguez en los términos que constan en la escritura pública anteriormente mencionada. Esta inscripción se realiza sujeta a las limitaciones que imponen los artículos 16 y 21 de la Ley 50/2002, de Fundaciones.
Fundamentos de derecho
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo:
Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Rudy Fernández, su Patronato y el otorgamiento de poderes.
Madrid, 7 de abril de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. | Rudy Fernández ha creado una fundación con su nombre: Fundación Rudy Fernández | Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación Rudy Fernández resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Rodolfo Fernández Farrés, en Madrid, el 27 de enero de 2014, según consta en la escritura pública número 23, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Juan Díez Herrera.
Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.
El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Velázquez, número 126, 4.º derecha y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español.
Tercero. Dotación.
La dotación inicial asciende a treinta mil euros (30.000 €). La dotación es dineraria y se ha procedido al desembolso del mínimo legal exigido, siete mil quinientos euros (7.500 €). El resto de la dotación de veintidós mil quinientos euros (22.500 €) deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución por los fundadores en los términos establecidos en la misma.
Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley.
Cuarto. Fines de la Fundación.
En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación la cooperación en el ámbito social al cumplimiento de los fines de interés general consistentes en conseguir, de forma primaria y principal, la práctica del baloncesto, en sus distintas categorías y edades, y, con carácter general, la práctica de todos los deportes.
Constituyen otros fines fundamentales de la Fundación: Potenciar todos los aspectos culturales vinculados al deporte, así como fomentar, en España y en el extranjero, los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción de ésta como un instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes lo practican y también como un factor de integración social en beneficios de quienes padecen cualquier tipo de marginación; contribuir mediante la cooperación internacional en materia socio-deportiva al desarrollo humano y la inclusión social de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos en los países en desarrollo.
Quinto. Patronato.
Presidente: Doña María Teresa Farrés Torán.
Vicepresidente: Don Rodolfo Fernández Rodríguez.
Vocal: Don Rodolfo Fernández Farrés.
Secretario no patrono: Don Javier Lezcano García.
Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas.
Sexto. Poderes.
Se otorgan poderes a favor de don Rodolfo Fernández Rodríguez en los términos que constan en la escritura pública anteriormente mencionada. Esta inscripción se realiza sujeta a las limitaciones que imponen los artículos 16 y 21 de la Ley 50/2002, de Fundaciones.
Fundamentos de derecho
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.
La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro.
Segundo.
Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto.
Tercero.
Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones.
Por todo lo cual, resuelvo:
Inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación Rudy Fernández, su Patronato y el otorgamiento de poderes.
Madrid, 7 de abril de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
### RESUMEN: Rudy Fernández ha creado una fundación con su nombre: Fundación Rudy Fernández |
Visto el texto del Convenio marco de la empresa Unión General de Trabajadores (Código de convenio nº: 90010222011996), que fue suscrito con fecha 31 de enero de 2013, de una parte, por la Comisión de Seguimiento de la Política de Personal en representación de la empresa y, de otra, por la Sección Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de abril de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO MARCO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 2012-2014
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Ámbito personal.
1.1 El presente Convenio Marco afecta a todas las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en la Unión General de Trabajadores mediante contrato laboral, cualesquiera que fueran sus cometidos.
1.2 Queda excluido el personal con responsabilidad política por haber sido elegido en los órganos políticos de la organización y el personal liberado cualquiera que sea su cometido.
1.3 En lo sucesivo se emplea el término «trabajadores» para designar a las mujeres y hombres comprendidos en el ámbito personal del presente Convenio, que garantiza su igualdad en derechos y obligaciones y la no discriminación por razón de sexo.
Artículo 2. Ámbito funcional.
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre todos los Organismos de la Unión General de Trabajadores y sus trabajadores. Los citados Organismos comprenden el ámbito Confederal, las Federaciones y Uniones Estatales en el ámbito sectorial o profesional y las Uniones de Comunidad Autónoma en el ámbito territorial; en lo sucesivo: los Organismos –y/o cualquier otra entidad que los sustituya–.
Artículo 3. Ámbito territorial.
El ámbito geográfico de este Convenio abarca todo el territorio del Estado Español, afectando por tanto a todos los centros de trabajo en la Unión General de Trabajadores, independientemente del Organismo al que estén adscritos.
Artículo 4. Ámbito temporal, denuncia y prórroga.
4.1 El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá vigencia durante tres años, iniciando sus efectos el día 1 de enero de 2012 y finalizando el día 31 de diciembre de 2014.
4.2 Al finalizar el período de vigencia establecido en el párrafo 4.1 anterior, el presente Convenio se entenderá prorrogado de año en año, si no fuera denunciado por cualquiera de las partes negociadoras (Comisión de Seguimiento de Política de Personal y Sección Sindical Estatal) de acuerdo con las formalidades previstas en la legislación vigente. La citada denuncia, en los términos expresados, deberá producirse con una antelación mínima de tres meses anteriores al vencimiento inicial o al de cualquiera de sus prórrogas anuales. Denunciado el Convenio, las partes iniciarán lo antes posible la negociación del próximo.
4.3 Denunciado el presente Convenio y hasta que se firme otro posterior, se mantendrá en vigor su contenido íntegro (tanto normativo como obligacional).
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
5.1 Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible, con carácter de mínimo en el ámbito de UGT y a efectos de su aplicación serán consideradas global y conjuntamente, quedando las partes mutuamente vinculadas a su totalidad.
5.2 En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción laboral, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o dejara sin efecto, en todo o en parte, alguna de las cláusulas del presente Convenio, éste deberá ser revisado y reconsiderado en su totalidad, si alguna de las partes así lo requiriera expresamente a la otra.
Artículo 6. Normas supletorias y articulación de la negociación colectiva.
6.1 En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
6.2 Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, el presente Convenio tiene carácter de norma exclusiva y excluyente. Tienen la consideración en todo caso de materias no negociables en los ámbitos inferiores de la UGT, - ya sea en los Organismos sectoriales o territoriales -, las siguientes: período de prueba; modalidades de contratación; clasificación profesional, - grupos profesionales y factores de encuadramiento- criterios generales sobre promociones profesionales y cobertura de vacantes-; criterios generales y definición de la jornada laboral; definición de los conceptos salariales y estructura retributiva; cuantificación del salario base; excedencias; código de conducta laboral; derechos sindicales y de representación colectiva; normas mínimas sobre plan de igualdad y protocolo de acoso y normas mínimas en las materias de seguridad e higiene, formación profesional y movilidad geográfica.
6.3 En aquellas materias o aspectos en que exista remisión directa a otros ámbitos de negociación, se estará al carácter, contenido y alcance con los que el presente Convenio contemple tal remisión.
6.4 Las parte firmantes del presente Convenio expresan su voluntad de que el mismo constituya referencia eficaz para establecer las relaciones laborales en todos los ámbitos de la UGT. El presente Convenio ha sido negociado al amparo del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y articula la negociación colectiva en la UGT a través de la estructura negociadora siguiente:
a) Convenio Colectivo Marco de la UGT: El presente Convenio, de eficacia general y aplicación directa en todos sus ámbitos.
b) Otros pactos o acuerdos colectivos, si los hubiere. Dichos pactos o acuerdos sólo pueden tener por objeto el desarrollo del presente Convenio y la regulación de las materias concretas que, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, puedan ser objeto de negociación en ámbito inferior por los Organismos, especificados en el artículo 2 anterior y sus Secciones Sindicales correspondientes.
6.5 De acuerdo con los principios de jerarquía normativa y complementariedad, los pactos y acuerdos colectivos de aplicación en ámbitos inferiores mantienen una relación de subordinación y dependencia con respecto al presente Convenio. En consecuencia dichos pactos y acuerdos no pueden modificar las materias declaradas como no disponibles en el presente Convenio. En ámbito inferior se podrán regular materias no incluidas en el presente Convenio, así como modificar aquellas materias declaradas disponibles por el mismo, respetando en cualquier caso los principios y el contenido esencial de las mismas pactadas en el presente Convenio.
Artículo 7. Garantías.
7.1 El presente Convenio contiene el conjunto de condiciones laborales que tiene el carácter de mínimo en el ámbito de la UGT; en consecuencia, el marco de relaciones laborales entre los Organismos de la UGT y sus trabajadores no podrá ser inferior al pactado en el presente Convenio.
7.2 Los pactos colectivos vigentes a la entrada en vigor del presente Convenio, concertados entre los Organismos y las Secciones Sindicales Regionales y que desarrollen aspectos regulados en el mismo sin vulnerar su contenido, se mantendrán en vigor, salvo acuerdo de las partes en contrario.
7.3 Se respetarán las condiciones más beneficiosas individualmente reconocidas a los trabajadores, que se conservarán sin que puedan ser objeto de compensación y absorción.
Artículo 8. Comisión Mixta de interpretación y seguimiento.
8.1 Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento del Convenio, en lo sucesivo: Comisión Mixta, con las siguientes funciones:
a) Interpretación de la aplicación de la totalidad de los artículos de este Convenio.
b) Vigilancia y adopción de las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo pactado.
c) Mediación en los problemas que se deriven de la aplicación del Convenio,- incluidos los de concurrencia con otros pactos o acuerdos colectivos en aquellos conflictos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por las partes afectadas-, en los ámbitos de aplicación del presente Convenio y que versen sobre la aplicación o interpretación del mismo. De subsistir el desacuerdo, podrá someter la controversia a las reglas y procedimientos derivados del Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos (ASAC). La solicitud de intervención de la Comisión Mixta no priva a las partes de acudir a la vía administrativa o judicial, según proceda.
d) La Comisión Mixta será informada en el mismo momento de la apertura del período de consultas y posteriormente, en el plazo de cinco días desde su firma, de los acuerdos alcanzados en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo reguladas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y, de procedimientos de despidos, suspensiones de contrato o reducciones de jornada. Dichos acuerdos deberán negociarse en el ámbito de cada Organismo con sus respectivas Secciones Sindicales.
e) Recibir información y actuar en materia de inaplicación del incremento salarial o de la tabla salarial que figura como anexo, pactados en el presente Convenio, de conformidad con lo regulado en el artículo 28 del mismo. Las modificaciones de las condiciones de trabajo reguladas en el presente Convenio de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores sólo se podrán realizar por acuerdo entre las partes negociadoras del presente Convenio –Comisión de Seguimiento de Política de Personal Confederal y Sección Sindical Estatal–.
f) Recibir copia de los Planes de Igualdad que se elaboren en los Organismos, así como copia del acta de constitución de los Comités de Prevención del Acoso Laboral en cada Comunidad Autónoma.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el presente Convenio o tiendan a la mayor eficacia en la aplicación del mismo.
8.2 La Comisión Mixta estará constituida por tres miembros en representación de la Comisión de Seguimiento de la Política de Personal y tres miembros de la Sección Sindical Estatal de los trabajadores de la Unión General de Trabajadores, como partes firmantes del presente Convenio.
8.3 Los Organismos y las Secciones Sindicales agotarán todas las posibilidades de solución de las diferencias que, como consecuencia de la interpretación o cumplimiento del mismo, puedan suscitarse, sometiéndose a la Comisión Mixta con carácter previo a la Autoridad Laboral, o a la Jurisdicción Social competente.
8.4 La Comisión Mixta se reunirá trimestralmente, salvo que se produzca una convocatoria extraordinaria por cualquiera de las partes integrantes de la misma, por causa que afecte a los intereses generales en el ámbito de este Convenio. Para la convocatoria extraordinaria bastará la comunicación escrita a la otra parte, incluyendo el orden del día propuesto.
8.5 Los acuerdos de la Comisión Mixta se adoptarán por mayoría absoluta.
8.6 En su primera reunión, la Comisión Mixta se dotará de un reglamento interno de funcionamiento.
8.7 La actual dirección postal de la Comisión Mixta, a efectos de consultas y notificaciones, es Avenida de América nº 25, 28002, Madrid.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo y contratación
Artículo 9. Organización del trabajo.
9.1 La organización práctica del trabajo y la asignación de funciones son facultades de los Organismos de la UGT, que las llevarán a cabo de tal forma que se alcancen los objetivos propuestos con la colaboración de las Secciones Sindicales.
9.2 Las facultades de organización serán ejercidas dentro del respeto a los derechos de los trabajadores.
9.3 Dicha facultad de organizar y controlar el trabajo va dirigida al incremento y mejora en el servicio que los Organismos de la UGT prestan a sus afiliados y a toda la sociedad, donde sea preciso.
9.4 Sin merma de la facultad aludida, las Secciones Sindicales del ámbito correspondiente o en su defecto la Sección Sindical Estatal tendrán funciones de orientación, propuesta y emisión de informe, en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, de conformidad con la legislación vigente y de acuerdo con lo establecido en este Convenio.
Artículo 10. Nuevas contrataciones.
10.1 Todos los contratos celebrados por cualquier Organismo de la UGT deberán realizarse por escrito. De no observarse esta obligación, el contrato se considerará concertado por tiempo indefinido.
10.2 Los Organismos informarán previamente a su respectiva Sección Sindical Regional o, si no estuviese constituida, a la Sección Sindical Estatal sobre los puestos de trabajo que se piensa cubrir y las características de las pruebas de selección a realizar.
10.3 Los Organismos, cuando lo estimen oportuno, determinarán las pruebas selectivas a realizar.
10.4 Tendrán derecho preferente en las nuevas contrataciones quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la Organización, en aras al mantenimiento del empleo. Todo ello se realizará a través de la bolsa de contratación que se creará al efecto en cada Organismo, en función del perfil del puesto de trabajo a cubrir.
Artículo 11. Modalidades de contratación.
11.1 Las modalidades de contratación responderán siempre a la naturaleza del puesto de trabajo a cubrir y deberán adecuarse a los requisitos, duración, efectos y periodo de prueba que la ley establezca. De conformidad con los citados criterios las modalidades de contratación a utilizar, a tiempo completo o parcial, serán las siguientes:
a) Con carácter general, se realizará contrato ordinario indefinido, con un período de prueba acorde con el grupo profesional del puesto de trabajo a cubrir, según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
b) Contrato fijo discontinuo, para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos, dentro del volumen normal de actividad de la organización.
c) El contrato de relevo y jubilación parcial, para la prestación de servicio de un trabajador durante parte de la jornada que deja vacante otro trabajador al jubilarse parcialmente.
d) Contrato de interinidad, que se podrá utilizar para sustituir a un trabajador, haciendo constar el trabajador sustituido y la causa de la sustitución. Cuando se dé concatenación de causas, se hará constar la modificación correspondiente. En caso de que desaparezcan las causas y el trabajador sustituido no se reincorpore, el contrato de interinidad correspondiente se considerará automáticamente convertido en indefinido.
e) Contrato por obra o servicio determinado, para la prestación de servicios con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.
f) Contrato eventual, cuando las circunstancias de la actividad, o la acumulación de tareas así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la organización.
g) Contrato en sustitución por jubilación a los 64 años.
h) Cualquier otra modalidad de contratación que esté recogida en la legislación laboral vigente en cada momento se informará previamente a la Sección Sindical.
11.2 Para la cobertura de los puestos de trabajo necesarios para cumplir los programas que se concierten por convenio de colaboración con las distintas Administraciones Públicas, se utilizará la modalidad de contrato fijo discontinuo o la modalidad de contrato por obra o servicio determinado.
El Organismo acreditará ante la Sección Sindical correspondiente la existencia y extensión de dichos programas y lo establecido en los referidos convenios de colaboración, teniendo en cuenta la situación económica general y la propia del Organismo.
En aras al mantenimiento del empleo, para los trabajadores contratados por obra o servicio determinado y/o con la modalidad de fijos discontinuos para desarrollar su actividad laboral adscritos a un programa en virtud de un convenio de colaboración, excepcionalmente durante los años 2013 y 2014 y hasta la finalización de los programas concertados en los referidos años, la tabla salarial y el tiempo de trabajo se regirán por lo determinado en dichos convenios de colaboración, siendo de aplicación lo dispuesto en el presente convenio en el resto de materias y en aquellas no reguladas por los citados convenios de colaboración.
11.3 Los trabajadores afectados por este Convenio deberán ser contratados directamente a través de las Oficinas Públicas de Empleo o como resultado de un proceso de selección interno.
11.4 Como medida social, se fomentará la contratación de trabajadores discapacitados, al menos en las condiciones que establece la legislación vigente.
11.5 Se entregará copia de todos los contratos a la Sección Sindical Regional correspondiente o, si no estuviese constituida, a la Sección Sindical Estatal.
Artículo 12. Bajas voluntarias.
En caso de que un trabajador cause baja voluntaria, éste vendrá obligado a comunicar por escrito su decisión con un mínimo de 15 días de antelación. Si no realizase el preaviso, se podrá deducir de su liquidación un número de días de salario igual a los que haya incumplido respecto al plazo de comunicación establecido.
Artículo 13. Información a las secciones sindicales sobre planes de empleo y contratación.
13.1 Los Organismos darán información sobre planes de empleo y contratación a la Comisión de Seguimiento de la Política de Personal y a la Sección Sindical Regional correspondiente o, en su defecto, a la Sección Sindical Estatal, con carácter periódico coincidiendo con la elaboración de los presupuestos o cuando surja la necesidad de cubrir vacantes.
13.2 Los contenidos de esta información serán los siguientes:
a) Previsiones y planes en materia de empleo y contratación.
b) Planes de formación
c) Grado de cumplimiento de las previsiones y los planes anteriores
d) Modalidades de contratación a utilizar y documentos relativos a éstas: cláusulas, condiciones salariales, etc.
e) Relación y criterios de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos y contratados por obra o servicio determinado referentes a los convenios de colaboración con las Administraciones Públicas previstos en el artículo 11.2 anterior. Los citados criterios de llamamiento deberán ser de carácter objetivo y no discriminatorio y estarán basados en los principios de preparación profesional, antigüedad e idoneidad para el desempeño del puesto, que serán desarrollados en el Organismo para el caso concreto de que se trate.
13.3 En cualquier caso, los Organismos remitirán copia de la información a este respecto a la Sección Sindical Regional correspondiente o, en su defecto, a la Sección Sindical Estatal.
CAPÍTULO III
Tiempo de trabajo
Artículo 14. Jornada laboral.
14.1 De acuerdo con la filosofía imperante en la sociedad y concretamente en la clase trabajadora a través de sus representantes sindicales, y de forma especial en la UGT, en la distribución de la jornada (horario) se tenderá a conciliar la vida familiar, personal y laboral de la forma más amplia posible, para lo que se tenderá a implantar las jornadas continuadas en aquellos puestos de trabajo en que sea compatible con las necesidades del servicio. En cualquier caso, lo establecido anteriormente son principios rectores cuyo desarrollo se hará a través de la negociación colectiva en los Organismos, respetando las necesidades del servicio.
14.2 Los criterios generales y definición de la jornada laboral son los siguientes:
a) La jornada laboral será de treinta y cinco horas semanales en cómputo anual. Dicho cómputo anual se establece en 1561 horas. Excepcionalmente, mediante negociación en el ámbito de cada Organismo, se podrá adecuar este cómputo si así fuere acordado entre el Organismo de que se trate y la Sección Sindical Regional del mismo, en el marco de la negociación del calendario anual.
b) La distribución de la jornada será de lunes a viernes.
c) La jornada continuada se establecerá en los diferentes Organismos del 1 de junio al 30 de septiembre, con los horarios y turnos que se negocien en cada uno de ellos.
d) Todos los horarios que se puedan establecer garantizarán la cobertura del servicio.
14.3 La determinación del calendario laboral se realizará en el ámbito de cada Organismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del presente Convenio.
Artículo 15. Calendario laboral.
15.1 Cada Organismo, en el último mes de cada año, negociará el calendario laboral para el año siguiente, de acuerdo entre el mismo y la Sección Sindical del ámbito correspondiente. Dicho calendario deberá incluir las fiestas locales y las fechas hábiles para el disfrute de las vacaciones, así como la fijación de los descansos y el sistema de horarios.
15.2 Las partes negociadoras de los calendarios laborales de cada Organismo, procurarán elaborar dichos calendarios conciliando la vida laboral con la familiar y personal.
15.3 En la negociación del calendario laboral, se partirá de la regulación actual, que deberá adecuarse a la regulación de jornada establecida en el presente Convenio. En caso de que se mantuvieran discrepancias para el logro del acuerdo, se procederá de acuerdo con lo previsto en la Ley.
Artículo 16. Ampliación de jornada.
16.1 Cuando, por circunstancias extraordinarias, marcadas por el responsable directo, tuviera que realizarse un exceso de jornada, dicha realización será voluntaria por parte del trabajador y su compensación se realizará en tiempo de descanso, correspondiente al ciento setenta y cinco por cien del tiempo trabajado en exceso.
16.2 El tiempo de descanso compensatorio deberá disfrutarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se hubiera realizado el exceso de jornada, determinando la fecha concreta de acuerdo con el responsable directo; en caso de no hacerlo así, se perderá el derecho a la compensación.
Artículo 17. Vacaciones.
17.1 Todos los trabajadores en la UGT disfrutarán de unas vacaciones anuales de veinticinco días laborables, a disfrutar preferentemente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para el disfrute de este bloque de vacaciones anualmente se negociará un calendario en cada Organismo, dándolo a conocer con una antelación mínima de dos meses.
17.2 De estos veinticinco días, se establecen como obligatorios los días 24 y 31 de diciembre. En el supuesto de que estos dos días sean sábado o domingo, se disfrutarán el día laborable inmediatamente anterior.
17.3 El devengo de las vacaciones será proporcional al tiempo trabajado. Para la distribución concreta de los períodos de disfrute de las vacaciones en cada Organismo se partirá de los criterios aplicados en años anteriores. En caso de que se mantuvieran discrepancias para el logro del acuerdo se procederá de conformidad con lo establecido en la Ley.
17.4 Las vacaciones se devengarán y disfrutarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, no pudiéndose acumular vacaciones de un año al siguiente, salvo en casos de verdadera y urgente necesidad y de acuerdo con el responsable máximo del Organismo correspondiente.
17.5 Los trabajadores que no hubieran podido disfrutar sus vacaciones en las fechas previstas dentro del año natural por encontrarse en situación de Incapacidad Temporal, cualquiera que sea su contingencia, o coincidan con el período de suspensión del contrato de alguno de los supuestos regulados en los artículos 48 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, disfrutarán las mismas una vez concluida la situación que impidió su disfrute. El disfrute de estas vacaciones pendientes será acordado entre el trabajador y su Organismo dentro del período de los doce meses siguientes a la finalización de la situación que demoró el mismo.
17.6 Todos los períodos de disfrute de las vacaciones se formalizarán siempre por escrito.
Artículo 18. Permisos y reducciones de jornada.
18.1 Permisos retribuidos:
Los trabajadores, previo aviso y justificación, tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos:
a) Dieciséis días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días en los casos de nacimiento de hijo o fallecimiento de parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando, por estos motivos, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el permiso será de cuatro días.
c) Dos días en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Los citados días de permiso que correspondan por accidente o enfermedad grave que precise hospitalización se podrán disfrutar en todo caso durante el período en que esté hospitalizado el pariente del trabajador o en los dos días siguientes al alta hospitalaria.
Cuando, por estos motivos, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el permiso será de cuatro días.
d) Dos días laborables por traslado de domicilio habitual.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un período de tres meses, podrá el Organismo pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en UGT.
f) Dos días laborables de libre disposición, a pactar entre el Organismo y el trabajador.
g) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, una hora de ausencia del trabajo, tanto durante la jornada como al principio o final de la misma. Este permiso podrá ser ejercido indistintamente por la madre o el padre. Dentro del marco de la conciliación de la vida familiar y laboral, y con objeto de armonizar esta, dentro de las responsabilidades de hombres y mujeres, el tiempo destinado a la lactancia de los hijos podrá agruparse en un periodo proporcional de días. Esta medida tiene por objeto no sólo una mejor organización del trabajo, sino, y eso es lo mas importante, una mayor y mejor atención a los hijos. La agrupación del permiso de lactancia debe ser propuesta por los interesados y debe ser disfrutado de forma continuada. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en caso de partos múltiples.
h) El tiempo necesario para acudir al médico.
i) Con objeto de atender a la formación de los trabajadores, se facilitarán cuantos permisos retribuidos sean necesarios para la asistencia a exámenes y pruebas, tanto profesionales como académicas.
j) El tiempo establecido en la Ley para los supuestos de maternidad.
k) El tiempo necesario para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, cuando sea necesaria su realización dentro de la jornada de trabajo.
l) En el supuesto de paternidad, trece días continuados, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la Ley.
m) Los trabajadores con al menos un año de antigüedad, tienen derecho a veinte horas anuales de formación profesional vinculada a la actividad de la Organización y/o al puesto de trabajo, acumulables por un periodo de hasta cinco años. La concreción del disfrute de este permiso lo comunicará el trabajador con la antelación suficiente para que quede garantizado el servicio. La asistencia a la formación que por imperativo legal deba ser impartida obligatoriamente por el Organismo no será incluida en este permiso retribuido.
18.2 Permisos no retribuidos:
Los trabajadores tendrán derecho a permisos no retribuidos por un periodo de entre uno y seis meses, estudiándose casos especiales. El trabajador deberá preavisar su solicitud con antelación suficiente, de forma que permita al Organismo planificar la atención del servicio en su ausencia. No se concederán este tipo de permisos para la realización de trabajos por cuenta propia o ajena.
18.3 Reducciones de jornada:
a) Con efectos a partir de la firma del presente Convenio, quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Esta jornada reducida se podrá realizar de forma continua.
b) Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
c) Las trabajadoras víctimas de violencia de género, podrán solicitar una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional de su salario, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.
En los supuestos de violencia doméstica distinta de la de género, los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar una reducción de jornada de trabajo, con la disminución proporcional de su salario, en los casos de necesitar asistencia.
d) Las reducciones de jornada contemplada en los apartados 18.3.a) y 18.3.b) constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de un mismo Organismo generasen este derecho por el mismo sujeto causante, este Organismo podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento del mismo.
18.4 Condiciones para el disfrute:
a) Las solicitudes de los permisos y las licencias deberán ser formalizadas por los trabajadores mediante escrito remitido a su Organismo, al menos con una semana de antelación al inicio de su disfrute, excepto por causas suficientemente justificadas.
b) La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 1.g), 3.a), 3.b) y 3.c) de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al Organismo con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
18.5 En los supuestos de permisos y reducciones de jornada no contemplados en este artículo será de aplicación lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 19. Excedencias.
19.1 El trabajador que pase a ejercer algún cargo de responsabilidad política en la Organización, por haber sido elegido en los órganos políticos, solicitará excedencia forzosa al organismo en el que esté adscrito, mientras dure el cargo, según lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
19.2 Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. En este supuesto de excedencia, el trabajador tendrá derecho a reserva del mismo puesto de trabajo durante el primer año.
19.3 El trabajador tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de un mismo Organismo generasen este derecho por el mismo sujeto causante, este Organismo podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento del mismo.
19.4 Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
19.5 El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por su Organismo, especialmente con ocasión de su reincorporación. En los supuestos recogidos en los puntos 19.2 y 19.3 de este artículo, el trabajador durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional y nivel equivalente.
19.6 El trabajador podrá solicitar al Organismo una excedencia especial con derecho a reingreso en un puesto de trabajo del mismo grupo profesional y nivel equivalente por un período no superior a cinco años. La concesión de esta excedencia especial será decidida por el Organismo en atención a los motivos alegados por el trabajador, a la acreditación de la causa y a las circunstancias concurrentes en cada caso. El tiempo transcurrido en esta situación de excedencia especial no computará a efectos de antigüedad.
CAPÍTULO IV
Política salarial
Artículo 20. Sistema retributivo.
20.1 La definición de los conceptos salariales, de la estructura retributiva, del pago de los salarios y de las condiciones de inaplicación salarial; así como la cuantificación del salario base, se acuerdan con carácter exclusivo y excluyente, sin que puedan ser objeto de negociación en ámbitos inferiores.
20.2 Las retribuciones de los trabajadores comprendidos en este Convenio estarán constituidas por el «salario base» y los «complementos de puesto de trabajo»; así como por el «complemento ad personam» y la «antigüedad consolidada», en los términos recogidos en el presente Convenio.
20.3 El «salario base» es la percepción económica que percibe cada trabajador en función del grupo profesional y nivel salarial en el cual esté encuadrado. Dicha retribución se entiende referida a la jornada laboral anual pactada en este Convenio. La cuantía del salario base es la establecida en el Anexo del presente Convenio.
20.4 Complementos de puesto de trabajo:
a) Por el desempeño de las tareas en distintas condiciones que las del resto de puestos de trabajo de igual denominación, se adjudicarán unos determinados complementos salariales, que se denominarán «complementos de puesto de trabajo».
Tendrán la consideración de complementos de puesto de trabajo, entre otros, los importes que se perciban por coordinación, idiomas, etc.
b) Cada complemento al puesto de trabajo se valorará con un porcentaje sobre el salario base, con carácter no absorbible.
c) La cuantificación de los complementos de puesto de trabajo y el desarrollo de su contenido serán objeto de negociación en cada Organismo.
20.5 El «complemento ad personam» es el concepto salarial consolidado con carácter personal por determinados trabajadores a fecha de 31 de diciembre de 2011 proveniente de la anterior estructura de la nómina, no absorbible ni compensable y revisable anualmente.
20.6 El concepto «antigüedad consolidada», es el concepto ad personam proveniente de la anterior estructura de la nómina, no compensable ni absorbible, que retribuye la antigüedad consolidada por determinados trabajadores a 31 de diciembre de 2011, cuyo importe fue reflejado en sus nóminas en el año 2012. Este concepto será revisado anualmente por negociación colectiva.
Artículo 21. Pago de salarios.
21.1 Los salarios serán distribuidos en doce pagas ordinarias mensuales más dos pagas extraordinarias.
21.2 Las pagas ordinarias se percibirán en el último día laborable del mes vencido.
21.3 Las pagas extraordinarias se abonarán en la segunda quincena de los meses de Junio y Diciembre de cada año. Las pagas extraordinarias se devengarán en proporción al tiempo trabajado en el semestre natural anterior a su pago. A efectos de devengo de la paga extraordinaria la fracción de mes se computará como mes completo.
21.4 Por acuerdo entre el Organismo y su Sección Sindical Regional se podrá establecer el prorrateo de las pagas extraordinarias entre las doce mensualidades ordinarias.
21.5 La liquidación y el pago del salario se hará mediante recibo de salario que se ajustará a las normas vigentes sobre la materia.
21.6 El abono del salario se realizará preferentemente por transferencia bancaria. Cuando el abono se realice de forma diferente, el pago o firma de recibos que lo acrediten se llevará a cabo durante la jornada de trabajo y en el centro donde el trabajador preste sus servicios.
Artículo 22. Compensación por traslado.
22.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del presente Convenio, los Organismos en sus respectivos ámbitos podrán negociar con sus Secciones Sindicales las condiciones de movilidad geográfica establecidas con carácter de mínimo en el Estatuto de los Trabajadores.
22.2 Cuando por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, el Organismo decida el traslado forzoso de un trabajador a otro centro de trabajo en distinta localidad y que implique cambio de residencia, el trabajador trasladado tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos los de la familia que con él conviva, al pago de los gastos suplidos de transporte de mobiliario y enseres y a una indemnización por los gastos originados equivalente a seis pagas mensuales de su retribución real; con efectos a partir de la fecha de la firma del presente Convenio.
Artículo 23. Incapacidad temporal.
En caso de incapacidad temporal, se complementará al personal la diferencia entre la prestación que por este concepto reciba de la Seguridad Social y la percepción al cien por cien que le correspondiera de estar trabajando normalmente.
Se establece la obligación de justificar en tiempo y forma las ausencias que por este motivo se produzcan.
Artículo 24. Jubilación.
24.1 Jubilación parcial y contrato de relevo:
a) Los trabajadores podrán acogerse a la jubilación parcial siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, cuando reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente.
b) La distribución de la jornada efectiva del trabajador parcialmente jubilado se acordará entre el Organismo y el trabajador, procurando cuando el servicio lo permita su realización en períodos de cuatro o cinco horas diarias.
c) El trabajador en situación de jubilación parcial percibirá una compensación económica que sumada a la retribución por la realización de su jornada parcial más la pensión de la seguridad social, alcance el equivalente al total de la retribución bruta que percibiría de estar trabajando a tiempo completo.
24.2 Gratificación por jubilación:
a) Con motivo de su jubilación los trabajadores percibirán una gratificación equivalente a seis mensualidades de su retribución real si concurren simultáneamente las dos condiciones siguientes:
– Que tengan reconocida una antigüedad mínima de seis años en el momento de causar baja en el Organismo.
– Que causen baja en el Organismo en el momento de llegar a la edad ordinaria de jubilación o jubilación anticipada, siempre que se cumplan los supuestos y requisitos legamente establecidos para acceder a la jubilación ordinaria o anticipada con derecho a percibir pensión de la seguridad social.
b) En el caso de jubilación parcial, el trabajador percibirá a cuenta la parte proporcional de la gratificación correspondiente a la jornada que deje de realizar y el resto en el momento de alcanzar los requisitos mencionados en el apartado 2. a) anterior.
c) Asimismo el trabajador que se jubile parcialmente podrá pactar con el Organismo otra distribución temporal distinta de la gratificación por jubilación, como distribuirla en pagos anuales o en un solo pago al pasar a jubilación ordinaria.
Artículo 25. Dietas y kilometraje.
25.1 Los trabajadores que, por necesidades de la organización, tengan que efectuar viajes y desplazamientos, de acuerdo con su Organismo, percibirán por este concepto, como mínimo, las siguientes cantidades, expresadas en euros, durante cada año de vigencia del Convenio:
Año de vigencia:
2012
2013
2014
Dieta completa:
29,00
30,00
30,00
Media dieta:
14,40
15,00
15,00
25.2 En el supuesto de pernocta, el trabajador percibirá el importe del hospedaje.
25.3 El importe del kilometraje es de 0,19 euros por kilómetro y será actualizado de forma automática en función del importe mínimo exento fijado en cada período por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Artículo 26. Incremento salarial 2012-2013.
26.1 Para el año 2012, las cuantías de los salarios y complementos permanecerán invariables, siendo las que se reflejan en el articulado y en las tablas del Anexo del presente Convenio Colectivo.
26.2 Para el año 2013, se aplicará sobre todos los conceptos retributivos vigentes a 31 de Diciembre de 2012 un incremento salarial del 0,5 %.
Artículo 27. Incremento y actualización salarial 2014.
27.1 Para el año 2014, el incremento a aplicar sobre los conceptos retributivos vigentes a 31 de diciembre de 2013 será del 0,6 %.
27.2 En caso de que la tasa de variación anual del IPC español a 31 de diciembre de 2014 se situara entre el 0,6 % y el 2% se aplicará una revisión salarial con efecto de 1 de enero de 2014 por la diferencia entre el 0,6 % y la tasa de IPC alcanzada.
Si la citada tasa de variación superara el 2% a 31 de diciembre de 2014, se aplicará una revisión salarial por la diferencia entre el 0,6 % aplicado al inicio del ejercicio y el 2%.
Artículo 28. Condiciones de inaplicación salarial.
28.1 Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, por acuerdo entre el Organismo y su Sección Sindical se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas de quince días, a inaplicar el incremento salarial o a ajustar la tabla salarial prevista en el presente convenio. En la aplicación de este artículo, las partes tendrán en cuenta la relación entre las medidas acordadas y el empleo en su ámbito.
28.2 Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo anterior, y sólo podrá ser impugnado el acuerdo ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Mixta.
28.3 El acuerdo de inaplicación del incremento o de ajuste de la tabla salarial deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por los trabajadores, estableciendo, en su caso y en atención a la desaparición de las causas que lo determinaron, una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en el presente convenio, sin que en ningún caso dicha inaplicación o ajuste pueda superar el período de vigencia del mismo.
28.4 En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas en el ámbito del Organismo, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Mixta del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.
CAPÍTULO V
Clasificación profesional
Artículo 29. Normas generales de clasificación profesional.
29.1 Criterios de clasificación profesional:
29.1.a) A los efectos del presente Convenio se entiende por sistema de clasificación profesional la ordenación jurídica por la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en un marco general que establece los distintos cometidos laborales en el conjunto de la UGT. Dicha ordenación jurídica se traduce en la definición de los conocimientos, criterios, tareas y funciones en los que se estructura la prestación debida, sirviendo a la vez para la contraprestación económica y demás efectos del contrato de trabajo.
29.1.b) El presente sistema de clasificación profesional tiene por objeto facilitar la gestión y el desarrollo profesional de los trabajadores en los Organismos de la UGT, considerando que entre ambas actuaciones ha de conseguirse una correspondencia positiva.
29.1.c) El sistema de clasificación profesional precisa de la plena colaboración de políticas activas de formación, y de procesos dinámicos en la promoción, lo que conllevará una mayor amplitud en las expectativas profesionales. Todo ello con el objetivo de consolidar la profesionalización y el desarrollo del factor humano en la UGT, en aras de una mejora permanente de la calidad interna y en la prestación del servicio a los afiliados.
29.1.d) Los trabajadores que presten sus servicios en la Organización serán clasificados teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, iniciativa, grado de autonomía, responsabilidad, mando y supervisión y complejidad de las actividades profesionales pactadas y / o desarrolladas y de conformidad con las normas que se contienen en el presente sistema de clasificación profesional.
29.1.e) La clasificación se realizará en grupos profesionales, por interpretación y aplicación de los factores de valoración y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores y trabajadoras. El grupo profesional es el que agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. 2 del Estatuto de los Trabajadores.
29.1.f) Con carácter general, el trabajador realizará las tareas propias de su grupo profesional, así como las suplementarias o auxiliares precisas que integran el proceso del cual forma parte. Cuando un trabajador realice tareas correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificación se realizará de acuerdo con las tareas o actividades más relevantes a las que en el conjunto de su actividad dedique mayor tiempo de trabajo.
29.1.g) En el contrato de trabajo se acordará el contenido de la prestación laboral objeto del mismo, identificándolo de acuerdo con el presente sistema de clasificación profesional.
29.1.h) De acuerdo con las necesidades de la organización, en cada Organismo, ya sea el ámbito Confederal, las Federaciones Estatales en el ámbito sectorial o profesional o las Uniones de Comunidad Autónoma en el ámbito territorial, se fijará la composición de la estructura profesional de conformidad con el sistema de clasificación pactado en el presente Convenio.
29.2 Factores de encuadramiento:
29.2.a) El encuadramiento de los trabajadores incluidos en los ámbitos de aplicación del presente Convenio dentro de la estructura profesional pactada y, por consiguiente, la asignación de cada uno de ellos a un determinado grupo profesional, será el resultado de la conjunta ponderación de los siguientes factores: conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando, supervisión y complejidad.
29.2.b) En la valoración de los factores mencionados en el párrafo anterior se tendrán en cuenta los siguientes contenidos:
Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación básica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, el conjunto de conocimientos técnicos, experiencia y habilidades requeridas para un correcto desempeño de la función, independientemente de su forma de adquisición.
Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.
Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.
Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
Mando y supervisión: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión recibida y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.
29.3 Grupos Profesionales:
29.3.a) El sistema de clasificación profesional queda integrado por los grupos profesionales: I personal técnico, II personal administrativo y III personal de servicios, con los contenidos que a continuación se señalan:
29.3.b) Grupo profesional I: El grupo profesional I –personal técnico– integra al personal técnico superior y al personal técnico medio, de acuerdo con los criterios generales, formación y niveles salariales que a continuación se exponen.
Personal Técnico Superior.
1.º Criterios generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.
Se incluyen también en este grupo profesional funciones que suponen responsabilidades completas por la gestión de una o varias áreas funcionales, a partir de directrices generales muy amplias directamente emanadas de las comisiones ejecutivas, a las que deben dar cuenta de su gestión.
Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de más alta complejidad e incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad en dicho cargo de especialidad técnica.
2.º Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios de licenciatura o grado.
3.º Niveles salariales equivalentes:
Técnico Superior A+:
Se exige titulación universitaria superior, experiencia y formación específica para el puesto de trabajo, así como una completa autonomía en el desarrollo de su trabajo y responsabilidad sobre el ámbito o unidad de trabajo que le haya sido encomendada, organización y control de los procesos de trabajo a realizar y, en su caso, de los trabajadores que los han de llevar a cabo, así como de su motivación, integración y forma. Dominio de los conocimientos y competencias requeridos para el desempeño del puesto y capacidad de solución de problemas y toma de decisiones en situaciones de alta complejidad técnica y humana.
Técnico Superior A:
Se exige experiencia y formación específica para el puesto de trabajo, así como una alta autonomía en el desarrollo de sus funciones y responsabilidad sobre el ámbito o unidad de trabajo que le haya sido encomendada, organización y control de los procesos de trabajo a realizar y, en su caso, de los trabajadores que los han de llevar a cabo, así como de su motivación, integración y formación.
Técnico Superior B:
No se precisa experiencia anterior. Se incluyen en este nivel los puestos que se responsabilizan de desarrollar una actividad técnica especializada, o bien un proceso de trabajo de la máxima complejidad, que se lleva a cabo con amplia autonomía, y recibiendo supervisión sobre los resultados obtenidos. La realización del trabajo supone afrontar, con cierta frecuencia, situaciones diversas que requieren el trabajo en equipo con otros departamentos y, eventualmente, la dirección de personas.
Personal Técnico Medio.
1.º Criterios generales: Funciones de naturaleza técnica o administrativa que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas diversas, realizadas por un conjunto de colaboradores.
Tareas complejas pero homogéneas que, implicando o no responsabilidades de mando, tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales de alta complejidad técnica.
2.º Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a estudios universitarios de diplomatura o grado.
3.º Niveles salariales equivalentes:
Técnico Medio C:
Se exige experiencia completada con formación específica para el puesto de trabajo. Cuentan para el desempeño de sus tareas con propia autonomía y responsabilidad sobre el ámbito o unidad de trabajo que le haya sido encomendado, que desempeñan con altos conocimientos técnicos y capacidad de resolución de problemas.
Técnico Medio D:
No se necesita experiencia anterior. Se incluyen en este nivel los puestos que se responsabilizan de desarrollar una actividad técnica, o bien un proceso de trabajo de la máxima complejidad, que se lleva a cabo con autonomía, y recibiendo supervisión sobre los resultados obtenidos.
Organizador Sindical:
Tareas complejas que, aun sin implicar responsabilidades de mando, tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales de alta complejidad técnica y/o sindical. Se encargan de visitar centros de trabajo, realizar elecciones sindicales, incrementar la afiliación y representación sindical, asesorar y difundir las directrices sindicales de nuestra organización. Por la especificidad del contenido de sus funciones, se encuadran en un ámbito funcional propio, dentro del grupo profesional técnico.
29.3.c) Grupo profesional II: El grupo profesional II –personal administrativo– integra al personal administrativo de acuerdo con los criterios generales, formación y niveles salariales que a continuación se exponen.
1.º Criterios generales: Trabajos de naturaleza administrativa, de ejecución autónoma que exijan, habitualmente, iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñen, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas y pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores.
2.º Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a Bachillerato o Formación Profesional.
3.º Niveles salariales equivalentes:
Responsable Administrativo:
Se responsabilizan de desarrollar una actividad funcional especializada, o bien un proceso de trabajo de alta complejidad, que se lleva a cabo con amplia autonomía y recibiendo supervisión sobre los resultados obtenidos. La realización del trabajo supone afrontar, con cierta frecuencia, situaciones diversas que requieren trabajo en equipo con otros niveles, y la dirección de personas y requiere formación específica en el puesto de trabajo.
Especialista administrativo:
Se responsabilizan del pleno desarrollo de uno o varios proceso de trabajo complejos, disponiendo de autonomía en la aplicación de los procedimientos y normas establecidas y, recibiendo supervisión sobre los resultados obtenidos. La realización del trabajo puede suponer el análisis de situaciones diversas así como la interacción con otros niveles profesionales. El desempeño del puesto podrá requerir la coordinación de un grupo de colaboradores de niveles inferiores.
Administrativo:
Se responsabilizan del pleno desarrollo de un proceso de trabajo medianamente complejo, o de una amplia variedad de actividades pertenecientes a diferentes procesos, aplicando los procedimientos y normas establecidas, y recibiendo supervisión sobre el avance del trabajo y sus resultados. En la realización del trabajo existen precedentes claramente identificados que facilitan la determinación de las soluciones.
29.3.d) Grupo profesional III: El grupo profesional III –personal de servicios– con los criterios generales, formación y niveles salariales que a continuación se exponen.
1.º Criterios generales: Tareas realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, bajo supervisión y que exigen conocimientos profesionales operativos de oficio, con especialización.
2.º Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes a Graduado Escolar, ESO, Formación Profesional o Bachillerato.
3.º Niveles salariales equivalentes:
Especialista de oficios varios:
Se responsabilizan del pleno desarrollo de uno o varios proceso de trabajo complejos, disponiendo de autonomía en la aplicación de los procedimientos y normas establecidas y, recibiendo supervisión sobre los resultados obtenidos. La realización del trabajo puede suponer el análisis de situaciones diversas así como la interacción con otros niveles profesionales. El desempeño del puesto requiere formación específica y podrá requerir la coordinación de un grupo de colaboradores de niveles inferiores.
Oficial de oficios varios:
Se responsabilizan del pleno desarrollo de un proceso de trabajo medianamente complejo, o de una amplia variedad de actividades pertenecientes a diferentes procesos, aplicando los procedimientos y normas establecidas, y recibiendo una estrecha supervisión sobre el avance del trabajo y sus resultados. La solución a los problemas se produce, generalmente, de forma rutinaria a partir de modelos y precedentes claramente identificados.
La competencia técnica requerida por el puesto permite una fácil detección de anomalías, que siendo corregibles, pueden tener consecuencias de escasa importancia.
29.4 Tabla de Grupos Profesionales y Niveles Salariales:
La tabla de grupos profesionales y niveles salariales se incluye como Anexo del presente Convenio.
29.5 Promociones, ascensos y cobertura interna de vacantes:
a) La promoción profesional puede derivar de la concurrencia del trabajador a un puesto vacante o del desarrollo profesional del trabajador en el puesto de trabajo que esté desempeñando.
b) Los trabajadores podrán acceder a un nivel superior dentro del mismo grupo profesional o acceder a un nivel correspondiente a otro grupo profesional diferente siempre que se produzca una vacante, mediante pruebas de aptitud.
c) El Organismo comunicará las vacantes en su ámbito a su Sección Sindical o en su defecto a la Sección Sindical Estatal.
d) Las coberturas de vacantes se realizarán de acuerdo con los principios de transparencia, mérito y objetividad, atendiendo a los factores de encuadramiento definidos en la clasificación profesional y dando prioridad a la promoción interna cuando los candidatos reunieran condiciones equivalentes de idoneidad.
e) Los ascensos para cubrir vacantes en cualquier puesto de trabajo o ampliaciones de plantilla se pondrán en conocimiento de la Sección Sindical correspondiente, atendiendo siempre a criterios objetivos de conocimientos y preparación profesional para el puesto a cubrir.
f) Tendrán derecho preferente en la cobertura de vacantes quienes hayan desempeñado o desempeñen funciones en la Organización, en aras al mantenimiento del empleo. Todo ello se realizará a través de la bolsa de contratación que se creará al efecto en cada Organismo en función del perfil del puesto de trabajo a cubrir.
g) El trabajador podrá desarrollarse profesionalmente en su puesto de trabajo atendiendo a criterios y circunstancias objetivas tales como la formación específica recibida en el puesto –considerando las horas de formación y su grado de aprovechamiento–; los años de experiencia; la responsabilidad e iniciativa en el desempeño de sus funciones y la mayor amplitud y profundidad en el ejercicio de sus competencias profesionales.
h) Cada Organismo con la Sección Sindical correspondiente establecerán los principios pruebas y criterios que desarrollen la aplicación de este artículo.
29.6 Movilidad funcional:
29.6.a) Para poder proceder a la movilidad funcional ascendente y descendente de un trabajador, deberá ser informada y consultada previamente la Sección Sindical Regional del Organismo, justificando la causalidad del hecho que la motiva: razones organizativas, técnicas y de producción, o bien casos excepcionales de necesidad perentoria e imprevisible de la actividad.
29.6.b) La movilidad funcional no supondrá reducción del nivel retributivo de procedencia y, tendrá en cuenta el íntegro respeto a la dignidad del trabajador y la formación y los conocimientos específicos necesarios para ejercer el contenido de la prestación laboral pactada.
29.6.c) La movilidad funcional cuando sea descendente, será por el tiempo imprescindible, no pudiendo superar nunca los seis meses dentro de un año. En caso de persistir la necesidad, se procederá a sacar la vacante de dicho puesto de trabajo.
29.6.d) La movilidad funcional cuando sea ascendente, no podrá superar los seis meses dentro de un año u ocho meses dentro de dos años y el trabajador percibirá el salario correspondiente a dicho nivel superior. De persistir la necesidad y, previa consulta a la Sección Sindical, se procederá a publicar la vacante de dicho puesto de trabajo.
CAPÍTULO VI
Formación profesional
Artículo 30. Formación profesional.
30.1 La formación profesional es un derecho y un deber de los trabajadores de UGT que responderá a criterios de continuidad, a fin de impulsar el permanente desarrollo de las cualificaciones profesionales.
30.2 Con objeto de favorecer la profesionalización y mejora permanente de la formación en UGT, las partes firmantes se ratifican en los siguientes objetivos:
• Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
• Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como por nuevas formas de organización del trabajo.
• Contribuir con la formación profesional continua a propiciar una mayor eficacia en el desarrollo de las actividades que nos son propias.
30.3 La formación, a través de la organización y participación en cursos, actividades y programas, favorecerá la promoción del personal y será elemento referencial a efectos del sistema de clasificación profesional y de la estructura retributiva.
30.4 UGT a través de sus Organismos prestará especial atención al diseño e impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
30.5 La financiación de las acciones formativas se hará a través de FETFE o de la institución o instituciones similares que puedan establecerse, en su caso, con análogas dotaciones económicas y finalidades.
30.6 Las líneas generales del plan de desarrollo de carrera profesional y los criterios rectores de la organización y gestión de la formación se establecerán en ámbito estatal. En ámbitos inferiores se realizará la gestión específica de las acciones formativas y el establecimiento del calendario y horario de formación concreto de sus trabajadores.
30.7 La Comisión Mixta está facultada para realizar el seguimiento, evaluación y apoyo de las acciones tramitadas, a fin de contrastar orientaciones, promover otras iniciativas y actualizar, en su caso, los objetivos generales.
Artículo 31. Tiempo de formación profesional.
31.1 Cuando la formación profesional programada y facilitada por los Organismos de UGT sea preceptiva para el trabajador, el tiempo invertido en la misma será considerado íntegramente tiempo efectivo de trabajo. Cuando la participación del trabajador en dicha formación requiera desplazamientos, éstos serán a cargo de su Organismo.
31.2 Cuando la formación profesional programada y facilitada por los Organismos de UGT no sea obligatoria, y sea opcional por parte del trabajador, una vez agotado el permiso retribuido para la misma, la mitad del tiempo de formación tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo. Cuando la participación del trabajador en dicha formación requiera desplazamientos, éstos serán negociados en cada Organismo.
31.3 En caso de que se trate de formación elegida únicamente por el trabajador, siempre y cuando dicha formación sirva para el desarrollo de actividades propias de la UGT, el tiempo destinado por el trabajador a esta formación profesional será imputado en primer lugar al permiso retribuido establecido en el artículo 18.1 del presente Convenio y, además el trabajador podrá pactar con su Organismo el porcentaje máximo de aportación por parte del mismo.
CAPÍTULO VII
Prestaciones no salariales
Artículo 32. Anticipos extraordinarios.
32.1 Los trabajadores que precisen un anticipo extraordinario realizarán la solicitud por escrito y la remitirán a sus respectivos Organismos.
32.2 La cuantía máxima del anticipo será de tres mensualidades del salario bruto del solicitante.
32.3 Los anticipos extraordinarios serán concedidos de acuerdo con las necesidades y premura de los solicitantes y atendiendo a los siguientes motivos: ayuda médica, todo tipo de pagos por adquisición de primera vivienda, mobiliario no suntuario, casos especiales.
32.4 Para la concesión de un anticipo extraordinario, el Organismo podrá solicitar al trabajador cuanta documentación estime oportuna y relacionada con su solicitud.
32.5 En caso de discrepancia entre el Organismo y el solicitante, éste podrá remitir su solicitud a la Comisión Mixta, junto con una fotocopia de la última nómina. La Comisión Mixta del Convenio dará contestación en el plazo máximo de quince días a contar desde la recepción de la misma.
32.6 La Comisión Mixta comunicará su resolución al interesado y, si ésta fuera afirmativa al Tesorero del Organismo correspondiente para que proceda a hacer efectivo el importe solicitado y a su posterior descuento en la nómina.
32.7 El anticipo se liquidará a través de la nómina, comenzando a ser descontando el mes siguiente al de su concesión. El plazo máximo para liquidar el anticipo será de un año en 14 mensualidades, considerándose como tales las pagas extraordinarias.
32.8 Concedido el anticipo al solicitante, éste quedará excluido de la adjudicación de nuevos anticipos hasta que no haya sido saldado el anterior.
32.9 Mientras esté pendiente de liquidación un anticipo extraordinario, el trabajador no podrá pedir otros anticipos sobre su salario mensual, superiores al 70% de la cantidad restante neta de su nómina.
32.10 En caso de cese de un trabajador que tenga un anticipo pendiente de devolución, la cantidad que reste por reintegrar le será descontada de la liquidación que le corresponda.
Artículo 33. Póliza de seguro.
33.1 Los trabajadores en plantilla de los diferentes Organismos de UGT estarán incluidos en una póliza de seguro que cubre las siguientes contingencias y prestaciones, expresadas en euros:
Muerte por cualquier causa: 6.010 euros.
Muerte por accidente: 12.020 euros.
Muerte por accidente de circulación: 18.030 euros.
Invalidez permanente y absoluta por cualquier causa: 6.010 euros.
Invalidez permanente y absoluta por accidente: 12.020 euros.
Invalidez permanente y absoluta por accidente de circulación: 18.030 euros.
33.2 Los trabajadores serán dados de alta y baja en la póliza automáticamente, en la misma fecha de su alta o de su baja en la relación laboral, respectivamente.
CAPÍTULO VIII
Derechos sindicales
Artículo 34. Derechos sindicales.
34.1 Las partes están de acuerdo en que los trabajadores deben disfrutar de los derechos sindicales de la manera más amplia y de conformidad con los principios del Sindicato y la legislación vigente. La regulación colectiva de los derechos sindicales en UGT es materia de negociación exclusiva y excluyente en el ámbito del presente Convenio Marco.
34.2 En ámbito estatal, existirán dos liberados. Hasta un máximo de seis miembros de la comisión ejecutiva de la Sección Sindical Estatal, tendrán la consideración de delegados LOLS y podrán disfrutar un crédito horario de hasta un máximo de 40 horas mensuales, aunque no ostenten la condición de representantes unitarios de los trabajadores.
34.3 Cada Sección Sindical Regional (Unión de Comunidad Autónoma) podrá nombrar un Delegado Sindical con los derechos y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto, de libertad sindical (LOLS) con un cómputo de crédito horario de 40 horas mensuales, en la figura de su Secretario General o Secretario de Organización, cuando no ostente la representación unitaria.
34.4 Además y debido a la nueva articulación del Convenio cada Sección Sindical Regional percibirá los gastos correspondientes y razonables que se originen por manutención y transporte debido a las reuniones mantenidas con los Organismos de la UGT, siendo abonados por dichos Organismos. Con carácter general, se establecen dos reuniones al año convocadas por la Sección Sindical y las que cada Organismo por su parte convoque.
34.5 Se dotará anualmente a la Sección Sindical Estatal de la cantidad de seis mil euros para el desarrollo de su Acción Sindical. Previa justificación, serán abonados los gastos de la Sección Sindical Estatal que se originen por motivo de la negociación del Convenio.
34.6 Existirá el derecho a celebrar dos asambleas anuales en las que una hora de cada una de ellas esté dentro de la jornada laboral, y se compute como trabajo efectivo.
34.7 La Sección Sindical Estatal podrá gestionar un espacio web. Los trabajadores pueden utilizar el correo electrónico para recibir información de carácter sindical con las normas de uso establecidas en cada Organismo.
34.8 Se constituirá una bolsa de horas sindicales que acumule aquellas que sean cedidas por los delegados sindicales, delegados de personal, delegados de prevención y miembros del comité de empresa de UGT. El crédito de horas retribuidas correspondientes a los citados representantes será acumulable por periodos anuales.
Dicha bolsa de horas será gestionada en primera instancia por la Sección Sindical Estatal que establecerá con cada Sección Sindical Regional el número de horas de dicho crédito horario de las que podrá hacer uso.
La citada representación de los trabajadores en cada Sección Sindical Regional podrá ceder a la bolsa de horas un máximo de 2/3 de su crédito horario.
Una vez determinado el referido crédito horario correspondiente a cada Sección Sindical Regional corresponderá a estas su gestión. Cada Sección Sindical Regional negociará con cada Organismo afectado la distribución del uso del crédito horario de esta bolsa.
Tanto la acumulación como la distribución del crédito horario será comunicada con la suficiente antelación para facilitar al Organismo la organización del trabajo, indicando en qué términos se produce la misma y a quién afecta.
Artículo 35. Pago de la cuota sindical.
A los trabajadores afiliados a la UGT incluidos en el presente Convenio les será descontado el importe de la cuota sindical de su nómina mensual. Dichos trabajadores quedarán adscritos al ámbito dispuesto en las resoluciones congresuales.
CAPÍTULO IX
Seguridad y salud laboral
Artículo 36. Salud laboral.
36.1 A todos los efectos es de aplicación en el ámbito del Convenio la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
36.2 Los riesgos para la salud serán prevenidos evitando su generación, emisión y transmisión. Sólo en última instancia se utilizarán medios de protección personal, siendo esta medida de carácter provisional y transitorio, debiendo en todo caso marcarse un plazo para su utilización.
36.3 Se adaptarán progresivamente todos los edificios a los discapacitados físicos.
Artículo 37. Reconocimientos médicos.
37.1 Se fijan dos tipos de reconocimientos médicos anuales:
• Reconocimiento general para todos los trabajadores.
• Reconocimientos específicos para riesgos concretos.
37.2 Los Organismos de la UGT ofrecerán revisiones ginecológicas y mamografías a sus trabajadoras una vez al año. Asimismo el reconocimiento médico ofrecido para los hombres mayores de cuarenta y cinco años incluirá la prueba de PSA.
37.3 La planificación, instrumentación y pago de los citados reconocimientos y revisiones médicas se realizarán a través de los diferentes Organismos, que podrán dar cabida a otros reconocimientos médicos en sus respectivos ámbitos.
Artículo 38. Protección al embarazo.
La trabajadora gestante tendrá derecho a ocupar, durante el embarazo, un puesto de trabajo y/o turno distinto al suyo, si la prescripción del especialista que atiende su embarazo así lo aconsejara. Este cambio de puesto de trabajo no supondrá modificación en su categoría, ni merma en sus derechos económicos o profesionales. Finalizada la causa que motivó el cambio, se procederá a su reincorporación a su destino original. En todo caso será de aplicación el artículo 26 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 39. Órganos de prevención.
39.1 Los delegados de prevención se elegirán en el ámbito de cada Organismo, sin que les sea requerido para ser elegibles la condición de representantes de los trabajadores.
39.2 Los delegados de prevención actuarán dentro del ámbito territorial correspondiente a cada Organismo, con competencias en esta materia en todas las sedes de la Unión de Comunidad Autónoma por la cual han sido elegidos y se les dotará de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones, incluyendo en su caso el tiempo necesario dentro del horario laboral derivado de la bolsa de horas citado en el art. 34.8 anterior.
39.3 Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en todos los Organismos, independientemente del número de trabajadores de los mismos. En las Federaciones Estatales, al compartir una misma sede, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud.
Artículo 40. Riesgos psicosociales.
40.1 Las partes afectadas por el presente Convenio, asumen el compromiso de velar porque exista en la UGT un ambiente exento de riesgo para la salud psíquica de los trabajadores y, en concreto, para el acoso sexual o laboral, estableciendo procedimientos que deberán seguirse para presentar quejas por quienes sean víctimas de tales tratos, a fin de obtener ayuda inmediata.
40.2 Las partes negociadoras han acordado un protocolo de actuación para la prevención del acoso en el trabajo, de aplicación general y directa a todos los Organismos en el ámbito del presente Convenio e integrado en el Plan de Igualdad referido en el art. 42 siguiente.
CAPÍTULO X
Políticas de desarrollo social y medioambiental
Artículo 41. Garantías sociales.
Las partes firmantes se comprometen a seguir las directrices que en materia de acción social están establecidas en la UGT:
a) No se discriminará a ningún trabajador en función de su sexo, nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, enfermedad o ideología.
b) Se equiparan a todos los efectos los matrimonios con las parejas de hecho. Será necesario aportar justificación del Registro de Parejas de Hecho allí donde lo hubiere o del Censo donde se justifique la convivencia de la pareja.
c) Se respetará la permanencia en la UGT de aquellos trabajadores que, por accidente laboral, sufran una discapacidad sobrevenida con posterioridad a su incorporación al Organismo.
d) Se garantiza el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido en cuando a cupos mínimos de contratación de personas discapacitadas.
e) Se garantizará la promoción profesional de los trabajadores discapacitados en iguales condiciones que el resto de trabajadores.
Artículo 42. Plan de igualdad.
42.1 Con el fin de promover la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, UGT cuenta con una Plan Marco de Igualdad negociado de acuerdo con lo regulado en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dicho Plan Marco de Igualdad incorpora un protocolo de actuación para la prevención del acoso en el trabajo.
42.2 El citado Plan de Igualdad, junto con el protocolo para la prevención del acoso en el trabajo, se consideran a todos los efectos parte integrante del presente Convenio en la redacción de los mismos publicada en el BOE con fecha de 20 de marzo de 2009, por resolución de la Dirección General de Trabajo de 9 de marzo del mismo año.
42.3 Dicho Plan de Igualdad y el protocolo de prevención del acoso mantendrán su vigencia mientras no sean expresamente denunciados por cualquiera de las partes.
42.4 Los Organismos enviarán a la Comisión Mixta del Convenio los Planes de Igualdad que acuerden con sus Secciones Sindicales, así como la composición de los miembros y suplentes de los Comités para la prevención del Acoso que designen y sus respectivas modificaciones.
Artículo 43. Protección del medio ambiente.
43.1 Las partes firmantes se comprometen a seguir las directrices que en materia de protección medioambiental están establecidas en la UGT, con los siguientes objetivos:
a) Reducción del consumo energético.
b) Reducción del consumo de agua.
c) Reducción del consumo de papel y otros bienes consumibles.
d) Recogida selectiva y fomento del reciclaje de los residuos generados.
e) Sustitución de aquellos materiales y productos que en su producción y utilización provocan un deterioro medioambiental.
f) Incrementar la concienciación de los trabajadores y de los organismos.
g) En general, mejorar la perspectiva medioambiental en la gestión de las instalaciones y actividades de la UGT y el comportamiento de los trabajadores en este ámbito.
43.2 En los centros de trabajo de la UGT existirán recipientes adecuados para el reciclaje de los distintos elementos de consumo habitual.
Disposición transitoria primera. Plan marco de desarrollo profesional.
Durante la vigencia del presente Convenio se establecerá un Plan Marco de desarrollo profesional que contemplará acciones de formación y desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores de la UGT. Las líneas generales de dicho Plan Marco serán acordadas por la Comisión Mixta y su desarrollo corresponderá a los Organismos.
Disposición transitoria segunda. Otros convenios colectivos.
Los convenios colectivos que estuvieren vigentes en la UGT a la entrada en vigor del presente Convenio, seguirán desplegando sus efectos durante su vigencia. A su conclusión, o antes si así lo acordaran, las partes legitimadas en el ámbito de que se trate decidirán lo que a sus intereses convenga, teniendo siempre como referencia las previsiones y regulación del presente Convenio Colectivo Marco, al que se adaptarán conforme a lo establecido en el mismo sobre articulación de la negociación colectiva.
Disposición transitoria tercera. Ampliaciones de jornada.
Durante la vigencia del presente Convenio y en aras al mantenimiento del empleo, no se realizarán ampliaciones de jornada de las establecidas en el artículo 16 anterior, salvo concurrencia de circunstancias excepcionales de urgente necesidad.
Disposición transitoria cuarta. Gratificación extraordinaria por jubilación.
Si el trabajador que cumpliera las condiciones establecidas en el artículo 24.2 del presente Convenio para acceder al cobro de la gratificación por jubilación no causara baja en ese momento en el Organismo, no tendrá derecho a percibir posteriormente la citada gratificación extraordinaria.
Disposición transitoria quinta. Otros compromisos.
Durante la vigencia del presente Convenio, las partes negociarán un código de conducta laboral que tenga como finalidad el mantenimiento de un ambiente laboral respetuoso con la normal convivencia y prestación del servicio en UGT, de forma que preservando las facultades disciplinarias de los Organismos dote de garantías a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
Dicho código de conducta estará basado en los principios de no discriminación e igualdad de trato, derecho a la defensa, proporcionalidad y ecuanimidad. Las partes delegan en la comisión mixta las competencias necesarias para desarrollar dicha negociación que deberá ser ratificada por las mismas en su texto final. Una vez acordado, el citado código de conducta laboral, que sustituirá en su ámbito al Acuerdo sobre cobertura de vacíos, de 13 de mayo de 1997, será de aplicación y se entenderá incorporado al presente Convenio.
Disposición transitoria sexta. Atrasos 2013 y actualización 2014.
El pago de atrasos que de conformidad con el presente Convenio correspondan por el tiempo transcurrido desde el 1 de Enero de 2013 hasta la fecha de entrada en vigor del mismo, se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su firma.
En el primer trimestre del año 2015, una vez publicado el IPC anual real de España del año 2014, se reunirá la Comisión Mixta a fin de confirmar la tabla de salario base en virtud de lo acordado como incremento salarial en el art. 27 de este Convenio para 2014, que será de común aplicación a todos los trabajadores. El abono de dichos atrasos que pudieran corresponder al año 2014, se realizará dentro de los tres primeros meses de 2015.
ANEXO
Tabla de salario base a incluir de conformidad con los incrementos pactados
Tabla de clasificación profesional y niveles salariales 2012-2013
Nivel
Salario base 2012
Salario base 2013
Salario base 2014
Grupo Profesional I
Personal Técnico
Técnico Superior A+.
1.995,26 €
2.005,24 €
2.017,27 €
Técnico Superior A.
1.910,18 €
1.919,73 €
1.931,25 €
Técnico Superior B.
1.774,09 €
1.782,96 €
1.793,66 €
Técnico Medio C.
1.726,84 €
1.735,47 €
1.745,89 €
Técnico Medio D.
1.622,89 €
1.631,00 €
1.640,79 €
Organizador Sindical.
1.460,91 €
1.468,21 €
1.477,02 €
Grupo Profesional II
Personal Administrativo
Responsable Administrativo.
1.485,02 €
1.492,46 €
1.501,41 €
Especialista Administrativo.
1.415,05 €
1.422,13 €
1.430,66 €
Administrativo.
1.224,26 €
1.230,38 €
1.237,76 €
Grupo Profesional III
Personal de Servicios
Especialista Oficios Varios.
1.337,46 €
1.344,15 €
1.352,22 €
Oficial Oficios Varios.
1.222,19 €
1.228,30 €
1.235,67 € | Convenio de UGT (Unión General de Trabajadores) | Visto el texto del Convenio marco de la empresa Unión General de Trabajadores (Código de convenio nº: 90010222011996), que fue suscrito con fecha 31 de enero de 2013, de una parte, por la Comisión de Seguimiento de la Política de Personal en representación de la empresa y, de otra, por la Sección Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de abril de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
CONVENIO MARCO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 2012-2014
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Ámbito personal.
1.1 El presente Convenio Marco afecta a todas las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en la Unión General de Trabajadores mediante contrato laboral, cualesquiera que fueran sus cometidos.
1.2 Queda excluido el personal con responsabilidad política por haber sido elegido en los órganos políticos de la organización y el personal liberado cualquiera que sea su cometido.
1.3 En lo sucesivo se emplea el término «trabajadores» para designar a las mujeres y hombres comprendidos en el ámbito personal del presente Convenio, que garantiza su igualdad en derechos y obligaciones y la no discriminación por razón de sexo.
Artículo 2. Ámbito funcional.
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre todos los Organismos de la Unión General de Trabajadores y sus trabajadores. Los citados Organismos comprenden el ámbito Confederal, las Federaciones y Uniones Estatales en el ámbito sectorial o profesional y las Uniones de Comunidad Autónoma en el ámbito territorial; en lo sucesivo: los Organismos –y/o cualquier otra entidad que los sustituya–.
Artículo 3. Ámbito territorial.
El ámbito geográfico de este Convenio abarca todo el territorio del Estado Español, afectando por tanto a todos los centros de trabajo en la Unión General de Trabajadores, independientemente del Organismo al que estén adscritos.
Artículo 4. Ámbito temporal, denuncia y prórroga.
4.1 El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá vigencia durante tres años, iniciando sus efectos el día 1 de enero de 2012 y finalizando el día 31 de diciembre de 2014.
4.2 Al finalizar el período de vigencia establecido en el párrafo 4.1 anterior, el presente Convenio se entenderá prorrogado de año en año, si no fuera denunciado por cualquiera de las partes negociadoras (Comisión de Seguimiento de Política de Personal y Sección Sindical Estatal) de acuerdo con las formalidades previstas en la legislación vigente. La citada denuncia, en los términos expresados, deberá producirse con una antelación mínima de tres meses anteriores al vencimiento inicial o al de cualquiera de sus prórrogas anuales. Denunciado el Convenio, las partes iniciarán lo antes posible la negociación del próximo.
4.3 Denunciado el presente Convenio y hasta que se firme otro posterior, se mantendrá en vigor su contenido íntegro (tanto normativo como obligacional).
Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
5.1 Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible, con carácter de mínimo en el ámbito de UGT y a efectos de su aplicación serán consideradas global y conjuntamente, quedando las partes mutuamente vinculadas a su totalidad.
5.2 En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción laboral, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o dejara sin efecto, en todo o en parte, alguna de las cláusulas del presente Convenio, éste deberá ser revisado y reconsiderado en su totalidad, si alguna de las partes así lo requiriera expresamente a la otra.
Artículo 6. Normas supletorias y articulación de la negociación colectiva.
6.1 En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
6.2 Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, el presente Convenio tiene carácter de norma exclusiva y excluyente. Tienen la consideración en todo caso de materias no negociables en los ámbitos inferiores de la UGT, - ya sea en los Organismos sectoriales o territoriales -, las siguientes: período de prueba; modalidades de contratación; clasificación profesional, - grupos profesionales y factores de encuadramiento- criterios generales sobre promociones profesionales y cobertura de vacantes-; criterios generales y definición de la jornada laboral; definición de los conceptos salariales y estructura retributiva; cuantificación del salario base; excedencias; código de conducta laboral; derechos sindicales y de representación colectiva; normas mínimas sobre plan de igualdad y protocolo de acoso y normas mínimas en las materias de seguridad e higiene, formación profesional y movilidad geográfica.
6.3 En aquellas materias o aspectos en que exista remisión directa a otros ámbitos de negociación, se estará al carácter, contenido y alcance con los que el presente Convenio contemple tal remisión.
6.4 Las parte firmantes del presente Convenio expresan su voluntad de que el mismo constituya referencia eficaz para establecer las relaciones laborales en todos los ámbitos de la UGT. El presente Convenio ha sido negociado al amparo del
### RESUMEN: Convenio de UGT (Unión General de Trabajadores) |
La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Los contribuyentes que, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006 estén obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla, en su caso, en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, conforme dispone el artículo 97 de la Ley 35/2006.
Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes no obligados a declarar, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad y las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial que, en su caso, correspondan a cada uno de ellos.
Así, cuando el importe de los pagos anticipados de la deducción por maternidad percibidos sea inferior al de la deducción correspondiente, la regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada caso, proceda.
Por lo que respecta a las deducciones por familia numerosa, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado o sin vínculo matrimonial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 bis, apartado 4.3.º del Reglamento del Impuesto, los contribuyentes no obligados a declarar que hayan percibido indebidamente el abono anticipado de las deducciones reguladas en el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto, deberán regularizar su situación tributaria mediante el ingreso de las cantidades percibidas en exceso, a través del modelo 122 para la regularización de la deducción por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Si el importe de los pagos anticipados de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo percibidos por un contribuyente no obligado a declarar fuese inferior al de la deducción correspondiente, la regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En relación con la deducción a que se refiere el párrafo anterior, los descendientes o ascendientes con discapacidad que se relacionen en las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo deberán disponer de número de identificación fiscal.
Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el 1 de enero de 2010 entraron en vigor, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las competencias normativas atribuidas a las citadas Comunidades Autónomas en su artículo 46 y las modificaciones introducidas por la disposición final segunda de la misma en la normativa del impuesto para adecuarlo al porcentaje del 50 por ciento de participación de las Comunidades Autónomas en este impuesto.
El artículo 46 de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre, con los requisitos y condiciones en el mismo establecidos, otorga a las Comunidades Autónomas competencias normativas sobre el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general; sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales, por aplicación de renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma y sobre aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012. La normativa de las Comunidades Autónomas de régimen común que regula los aspectos indicados puede consultarse en el Manual práctico de Renta y Patrimonio 2016 o en el portal de Fiscalidad Autonómica y Local, al que es posible acceder desde el apartado de Enlaces de interés de la página inicial de la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es.
En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, que también se configura como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, y cuya legislación básica se contiene en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, debe recordarse que fue materialmente exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, norma que, sin derogar el impuesto, eliminó la obligación efectiva de contribuir por el mismo con efectos desde el 1 de enero de 2008.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, reactivó la exigibilidad de dicho impuesto con carácter temporal y exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, si bien las leyes de presupuestos de los ejercicios posteriores prorrogaron su vigencia. En concreto, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, lo prorrogó para el ejercicio 2016.
Respecto de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas de régimen común en este impuesto, el alcance de las mismas se establece en el artículo 47 de la Ley 22/2009 anteriormente citada, de acuerdo con el cual las Comunidades Autónomas de régimen común pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones de la cuota, que serán compatibles con las establecidas en la normativa estatal y no podrán suponer una modificación de las mismas. Por su parte, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, establece en su disposición adicional segunda que las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
Haciendo uso de las competencias normativas atribuidas por la citada Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas de régimen común han regulado, con efectos para el ejercicio 2016, las cuantías del mínimo exento, las escalas de tipos de gravamen o las bonificaciones de la cuota, a que se refieren los artículos 28.Uno, 30 y 33.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, que resultarán de aplicación a los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio residentes en sus respectivos territorios. La normativa de las Comunidades Autónomas de régimen común que regula los aspectos indicados puede consultarse en el Manual práctico de Renta y Patrimonio 2016 o en el portal de Fiscalidad Autonómica y Local, al que podrá acceder desde el apartado de Enlaces de interés de la página inicial de la web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica http://www.agenciatributaria.es.
Respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los apartados 5 y 6 del citado artículo 96 de la Ley 35/2006 y el apartado 5 del artículo 61 del Reglamento del Impuesto, disponen que la declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración y determinar los lugares de presentación de las mismas, los documentos y justificantes que deben acompañarlas, así como los supuestos y condiciones para la presentación de las declaraciones por medios telemáticos. Respecto del Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 38 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, dispone que la declaración se efectuará en la forma, plazos y modelos que establezca el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, que podrá establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos.
En cumplimiento de estas habilitaciones normativas se procede a la aprobación de los modelos de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar tanto los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2016 por uno, otro o ambos impuestos, como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligados a declarar que soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les corresponda.
A este respecto, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aprueba en la presente orden da respuesta a lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 22/2009, de 18 diciembre, en cuya virtud los modelos de declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos, con el fin de hacer visible el carácter cedido del impuesto. Así, el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado deberá ser utilizado por todos los contribuyentes, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma de régimen común en la que hayan tenido su residencia en el ejercicio 2016, tanto si resultan obligados a declarar como si no lo están y solicitan la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda.
La principal novedad para el ejercicio 2016 consiste en la generalización del borrador de declaración a todos los contribuyentes, cualquiera que sea la naturaleza de las rentas obtenidas. De esta forma, todos los contribuyentes podrán obtener su borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (RentaWEB), tras aportar, en su caso, determinada información que les será solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar.
Destacar también que, como todos los años, la presente orden regula los procedimientos de obtención del borrador de declaración y su remisión por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el procedimiento de modificación del borrador previamente obtenido y el de confirmación y presentación del mismo por el contribuyente. Los contribuyentes podrán acceder a su borrador y a sus datos fiscales, desde el primer día de la campaña de renta, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, utilizando alguno de los sistemas de acceso descritos en el artículo 15.4 de esta orden, es decir, con certificado electrónico reconocido, «Cl@ve PIN» o con el número de referencia, desde dónde podrán confirmarlo y presentarlo o, en su caso, modificarlo, confirmarlo y presentarlo. Asimismo, en los supuestos en los que sea necesario aportar determinada información para finalizar la elaboración del borrador, una vez aportada la misma, los contribuyentes podrán obtener el borrador a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración.
Estas medidas responden, por una parte, al objetivo de promover entre los contribuyentes la utilización de medios electrónicos o telemáticos en este ámbito y, por otra, la de conseguir una mayor racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos materiales y humanos asignados al desarrollo de la campaña.
Otro avance muy significativo consiste en la posibilidad de solicitar la rectificación de autoliquidación del impuesto a través de la propia declaración, cuando el contribuyente ha cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso. Así, si el contribuyente ha marcado la casilla de solicitud de rectificación, la declaración hace las funciones de escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Por otra parte, en el modelo de declaración para 2016 se separan determinadas rentas para un mejor control de la obligación de declarar por este impuesto y se realizan los ajustes necesarios para realizar las operaciones de integración y compensación de rentas reguladas en la Ley del Impuesto.
Por lo que se refiere a las deducciones autonómicas, en los anexos B.1, B.2, B.3, B.4 y B.5, se han efectuado las necesarias modificaciones en el modelo de declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2016.
En cuanto a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en la presente orden reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2015, manteniéndose la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas.
Por último, y teniendo en cuenta la habilitación conferida al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en el artículo 38 de la Ley 19/1991, reguladora del Impuesto, para establecer los supuestos y condiciones de presentación de las declaraciones por medios telemáticos, y atendiendo a la especial capacidad económica puesta de manifiesto por los sujetos pasivos obligados a declarar por este impuesto, en la presente orden se mantiene como forma de presentación exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre Patrimonio la presentación electrónica a través de Internet y se permite que dicha presentación se pueda realizar utilizando alguno de los sistemas de acceso descritos en artículo 15.4 de esta orden.
Idénticas razones justifican que, al igual que en ejercicios anteriores, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio también deban utilizar la vía electrónica, o, en su caso, la vía telefónica, para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o para la confirmación del borrador de la misma, según proceda.
Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda recogidas en este preámbulo deben entenderse realizadas al Ministro de Hacienda y Función Pública de acuerdo con la nueva estructura ministerial establecida por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
En su virtud, dispongo:
CAPÍTULO I
Obligación de declarar
Artículo 1. Obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 y en la disposición transitoria decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, los contribuyentes estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos.
2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2016 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores de este tipo de prestaciones.
b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 12.000 euros anuales, cuando:
1.º Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres, en virtud de decisión judicial previstas en el artículo 7, letra k) de la Ley del Impuesto.
3.º El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4.º Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 97 del Reglamento del impuesto, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.
d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.
Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.
A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta las rentas exentas ni las rentas sujetas al Gravamen especial sobre determinadas loterías y apuestas, regulado en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley del Impuesto.
3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda, por doble imposición internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de la declaración será necesaria, en todo caso, para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Tienen dicha consideración las que procedan por alguna de las siguientes razones:
a) Por razón de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes al ejercicio 2016.
b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que se refiere el párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Por razón de la deducción por maternidad prevista en el artículo 81 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Por razón de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo previstas en el artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración solo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley del Impuesto, cuando los datos facilitados por el contribuyente al pagador de rendimientos del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de ello, unas retenciones inferiores a las que habrían sido procedentes. Para la práctica de esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas que se deriven de los datos facilitados por el contribuyente al pagador.
Igualmente, cuando los contribuyentes no obligados a presentar declaración soliciten la devolución que corresponda mediante la presentación de la oportuna declaración o del borrador debidamente confirmado, la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria no podrá implicar a cargo del contribuyente ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 2. Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar declaración por este Impuesto, ya lo sean por obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.
CAPÍTULO II
Modelos de declaración
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en:
a) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Modelo D-100, que se reproduce en el anexo I de la presente orden.
b) Documentos de ingreso o devolución, que se reproducen en el anexo II de la presente orden, con el siguiente detalle:
1.º Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que consta de dos ejemplares, uno para el contribuyente y otro para entidad colaboradora-AEAT.
El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 100. No obstante, el número de justificante que debe figurar en las declaraciones que se obtengan en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comenzarán con el código 101 si el resultado de la declaración es a ingresar y con el código 103 si el resultado de la declaración es a devolver o negativo.
2.º Modelo 102. Documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que consta de dos ejemplares, uno para el contribuyente y otro para entidad colaboradora-AEAT. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 102.
2. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución firmados por el declarante que se presenten en papel impreso generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para la impresión será necesario disponer de conexión a Internet. Los datos impresos en estas declaraciones y en sus correspondientes documentos de ingreso o devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran producirse sobre los mismos, por lo que éstas no producirán efectos ante la Administración tributaria, salvo las que se refieran al Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) y a la opción de fraccionamiento que podrán ser modificados en el momento de la presentación en la entidad colaboradora. No obstante por motivos de seguridad, el dato del Número de Identificación Fiscal (NIF) del obligado tributario se deberá cumplimentar manualmente.
Artículo 4. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.
Se aprueban los modelos de declaración y de documento de ingreso del Impuesto sobre el Patrimonio. Dichos modelos consisten en:
a) Modelo D-714. «Impuesto sobre el Patrimonio. Declaración. Ejercicio 2016», que se reproduce en el anexo III de la presente orden.
b) Modelo 714. «Impuesto sobre el Patrimonio 2016. Documento de ingreso», que se reproduce en el anexo IV de la presente orden. El número de justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 714.
CAPÍTULO III
Borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 5. Obtención del borrador de declaración o de los datos fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas todos los contribuyentes podrán obtener un borrador de declaración en los términos previstos en el artículo 98 de la Ley del Impuesto.
A efectos de la elaboración del borrador de declaración, la Administración tributaria podrá requerir a los contribuyentes la aportación de la información que resulte necesaria.
2. Desde el 5 de abril de 2017, los contribuyentes podrán obtener el borrador y los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios telemáticos en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta, al que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es.
Los datos fiscales de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también estarán disponibles desde el 5 de abril de 2017 en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, accediendo a través del trámite de «Datos fiscales».
Los contribuyentes, haciendo uso de alguno de los sistemas de acceso establecidos en el artículo 15.4 de esta orden, podrán acceder a su borrador y a sus datos fiscales a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde dónde podrán confirmar y presentar el borrador de declaración o, en su caso, modificarlo, confirmarlo y presentarlo. En el supuesto de obtención del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge y su número de referencia o «Cl@ve PIN».
3. En cualquier caso, la falta de obtención o recepción del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará al contribuyente de su obligación de declarar. En estos supuestos, la declaración deberá presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos en la presente orden.
Artículo 6. Procedimiento de modificación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la modificación del borrador de declaración por este impuesto cuando considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el mismo o advierta que contiene datos erróneos o inexactos.
La modificación del borrador de declaración podrá realizarse a través de alguna de las siguientes vías:
a) Por medios electrónicos, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, accediendo al Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta. Para ello el contribuyente deberá hacer uso de alguno de los sistemas de acceso establecidos en el artículo 15.4 de esta orden. En el supuesto de modificación del borrador de declaración por la opción de tributación conjunta deberá hacerse constar el Número de Identificación Fiscal (NIF) del cónyuge y su número de referencia o «Cl@ve PIN».
b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, mediante llamada al número 901 200 345 (accesible también a través del teléfono 91 535 68 13), comunicando el contribuyente su Número de Identificación Fiscal (NIF) y su número de referencia, previamente solicitado a la Agencia Tributaria, exclusivamente para aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos que consten en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet. En los supuestos de declaración formulada por ambos cónyuges será necesario, además, comunicar el NIF así como el número de referencia del cónyuge. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de modificación del borrador de declaración.
c) Mediante personación, previa solicitud de cita, en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando el contribuyente para acreditar su identidad, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF).
2. Asimismo, podrá solicitarse la modificación del borrador de la declaración en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
3. Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración no refleja su situación tributaria a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no opte por la modificación de aquél en los términos establecidos en este artículo, deberá presentar la correspondiente declaración en el plazo, forma y lugar establecidos en esta orden.
Artículo 7. Procedimiento de confirmación y presentación del borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando el contribuyente considere que el borrador de la declaración refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto podrá confirmarlo y presentarlo, teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.
2. La confirmación y presentación del borrador de declaración y la realización del ingreso, la solicitud de la devolución o la renuncia a la misma, se efectuarán por alguno de los siguientes medios:
a) Por medios electrónicos a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este caso, el contribuyente deberá utilizar alguno de los sistemas de acceso descritos en artículo 15.4 de esta orden. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas por ambos cónyuges será necesario además, comunicar el NIF así como el número de referencia o «Cl@ve PIN» del cónyuge.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º El declarante deberá conectarse con la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, accediendo al Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta. A continuación, según cuál sea el resultado de borrador de declaración, el contribuyente deberá actuar del modo siguiente:
Si el resultado del borrador de la declaración es a ingresar y no opta por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora a que se refiere el artículo 14 de esta orden, como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo, el declarante cumplimentará o confirmará, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo, consignará el Número de Referencia Completo (NRC) obtenido tras efectuar el ingreso en la entidad colaboradora y procederá a la confirmación y presentación del borrador.
El contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica que aquéllas presten a sus clientes. También podrá obtenerlo a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, por vía electrónica, utilizando alguno de los sistemas de identificación descritos el artículo 15.4.a) o b) de esta orden.
Si el resultado del borrador de la declaración es a ingresar y el contribuyente opta por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo, deberá cumplimentar o confirmar el identificador único de la cuenta, Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) y, en su caso, las opciones de fraccionamiento del pago y la domiciliación bancaria y procederá a la confirmación y presentación del borrador.
Si el resultado del borrador de la declaración es un resultado a devolver o negativo el declarante deberá, en su caso, cumplimentar o confirmar el identificador único de la cuenta, Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) y proceder a su confirmación y presentación.
2.º Si la declaración es aceptada, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a la declaración presentada, justificante de presentación, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará la fecha y hora de presentación que el contribuyente deberá conservar.
b) Por medios electrónicos a través del teléfono, mediante llamada al número 901 200 345 (accesible también a través del teléfono 91 535 68 13). A tal efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), el número de referencia, así como, en su caso, el Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) en el que desee efectuar la domiciliación o solicitar la devolución. En los supuestos de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges será necesario, además, comunicar el NIF así como el número de referencia del cónyuge.
Realizada la presentación, la Agencia Estatal de Administración Tributaria generará el código seguro de verificación asociado a la presentación. A estos efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación, la confirmación y la presentación del borrador de declaración.
El contribuyente podrá obtener el justificante de su presentación accediendo a la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la dirección electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, accediendo al Portal de Servicios Personalizados de Renta, mediante el uso de alguno de los sistemas de acceso descritos en el artículo 15.4 de esta orden, o bien mediante el servicio de cotejo de documentos electrónicos de la sede electrónica con el código seguro de verificación que le comunicará el operador telefónico.
c) En las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración y su inmediata transmisión electrónica.
Las modalidades de confirmación y presentación del borrador de declaración descritas en las letras b) y c) anteriores no podrán utilizarse cuando el resultado del borrador de la declaración sea a ingresar y el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo.
d) En las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) sitas en territorio español, incluso cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo establecido.
En estos supuestos previstos en las letras c) y d) el contribuyente deberá presentar debidamente firmado el modelo el «Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas» en papel impreso obtenido a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta o, en su caso, remitido al contribuyente por la Agencia Tributaria por correo ordinario. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, será necesaria la firma de ambos cónyuges.
e) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del correspondiente protocolo de seguridad.
A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, entre otros datos, su Número de Identificación Fiscal (NIF), así como el número de justificante del «Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas» en papel impreso obtenido a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta o, en su caso, remitido al contribuyente por la Agencia Tributaria por correo ordinario. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.
Las modalidades de confirmación y presentación del borrador de declaración descritas en las letras d) y e) anteriores, sólo podrán utilizarse cuando el resultado del borrador de la declaración sea a ingresar y el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora como medio de pago del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo o cuando el resultado del borrador de la declaración sea a devolver. En estos casos la entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la presentación e ingreso realizados en su caso, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el anexo V de esta orden, que servirá como documento acreditativo de dicha operación.
f) Cuando el resultado del borrador de la declaración sea a devolver o negativo, también podrá confirmarse y presentarse en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio.
En los casos señalados en las letras c) y f) anteriores se entregará al contribuyente su ejemplar del «Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», debidamente sellado como justificante de la presentación realizada o, en su caso, el justificante de presentación con los datos del Modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a la declaración presentada, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará la fecha y hora de la presentación de la declaración.
3. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el apartado 1 del artículo siguiente, podrán confirmar y presentar el borrador de declaración así como, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por los medios no presenciales a que se refieren las letras a), b) y e) del apartado 2 de este artículo.
CAPÍTULO IV
Plazo de presentación de las declaraciones
Artículo 8. Plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. El plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea su resultado, será el comprendido entre los días 5 de abril y 30 de junio de 2017, ambos inclusive.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del plazo específicamente establecido en el artículo 14.3 de esta orden para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación y presentación podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2017.
2. El plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 5 de abril y 30 de junio de 2017, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo específicamente establecido en el artículo 14.3 de esta orden, para la domiciliación bancaria del pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas.
CAPÍTULO V
Forma y lugar de presentación de las declaraciones
Artículo 9. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el correspondiente documento de ingreso o devolución, se presentarán, de acuerdo con lo previsto en los apartados a), b), c) y d) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, con las siguientes especialidades:
a) El papel impreso obtenido a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración deberá ser firmado por el declarante. En el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores incapacitados judicialmente integrados en ella, en los términos del artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las oficinas habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales o en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, en los términos previstos en dicho convenio, podrán presentarse, cualquiera que sea su resultado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de esta orden, en dicho acto en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, la admisión de su presentación estará condicionada a que el contribuyente proceda en dicho acto a la domiciliación bancaria de la totalidad del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que el contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos establecidos en esta orden.
También podrán presentarse de esta forma las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso de la cantidad resultante de su declaración y el otro manifieste la renuncia al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración, cualquiera que sea el resultado final de sus declaraciones, a ingresar, a devolver o negativo.
Una vez presentada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entregará al contribuyente el justificante de presentación, con los datos del Modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a la declaración presentada, validado con un código seguro de verificación de 16 caracteres en el que constará la fecha y hora de la presentación de la declaración.
c) Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, deberán presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda en función de que el resultado final de sus declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados a presentar electrónicamente a través de Internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, debiendo asimismo utilizar la vía electrónica para confirmar y presentar, en su caso, el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 10. Documentación adicional que debe acompañar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional a que se refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán presentar, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores y lugar del domicilio fiscal.
c) Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.
d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.
e) Justificación de los Impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada.
2. Los contribuyentes que, al amparo de lo establecido en el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, hayan efectuado en el período impositivo inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, deberán presentar comunicación de la materialización de las citadas inversiones y su sistema de financiación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.
3. Los contribuyentes que soliciten la devolución mediante cheque nominativo sin cruzar del Banco de España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.2.b) de esta orden, deberán presentar escrito conteniendo dicha solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.
4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley del Impuesto de Sociedades, tratándose de operaciones de fusión o de escisión en las cuales ni la entidad transmitente ni la entidad adquirente tengan su residencia fiscal en España y en las que no sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 84 de la Ley del Impuesto, por no disponer la transmitente de un establecimiento permanente situado en este país, la opción por el régimen especial corresponderá al socio residente afectado. El ejercicio de la opción se efectuará por éste, cuando así lo consigne en la casilla correspondiente del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los contribuyentes que comuniquen la realización de estas operaciones deberán presentar de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo los siguientes documentos:
a) Identificación de las entidades participantes en la operación y descripción de la misma.
b) Copia de la escritura pública o documento equivalente que corresponda a la operación.
c) En el caso de que las operaciones se hubieran realizado mediante una oferta pública de adquisición de acciones, también deberá aportarse copia del folleto informativo.
5. Los citados documentos o escritos y, en general, cualesquiera otros no contemplados expresamente en los propios modelos de declaración que deban acompañarse a ésta podrán presentarse a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También podrán presentarse en el registro presencial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Los descendientes o ascendientes que se relacionen en las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo deberán disponer de número de identificación fiscal.
Artículo 11. Forma de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio se presentará de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet, con arreglo a lo establecido en los apartados a) y c) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
Artículo 12. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este Impuesto e ingresar, en su caso, el importe resultante en el Tesoro Público al tiempo de presentar las respectivas declaraciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la presente orden para los casos de fraccionamiento y domiciliación del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como para los supuestos de solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria, sin intereses de demora, realizada por el contribuyente casado y no separado legalmente con cargo a la devolución resultante de su cónyuge.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de la presentación por vía electrónica, a que se refieren los artículos 15 y 16 de la presente orden, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberán presentarse, en función de su resultado, en el lugar que corresponda de los siguientes:
a) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso deberá realizarse según lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
b) Declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver con solicitud de devolución. La presentación de las mencionadas declaraciones se realizará conforme al artículo 4.4 de la citada Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
c) Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro Público. La presentación de las mencionadas declaraciones se realizará conforme al artículo 4.5 de la citada Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
Además, en todos los casos, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas efectuadas a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales también podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión electrónica, y, en el caso de declaraciones con resultado a ingresar siempre que el contribuyente hubiera procedido, en los términos establecidos en el artículo 14 de esta orden, a la domiciliación del ingreso resultante o del primer plazo, si se trata de declaraciones en las que este hubiese optado por el fraccionamiento del pago.
3. Las declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a devolver o negativas también podrán presentarse directamente, en las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria o por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal.
4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional durante los plazos a que se refiere el artículo 8 de esta orden podrán presentar su declaración y, en su caso, realizar el ingreso o solicitar la devolución por vía electrónica en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 15 y 16 de esta orden.
En el supuesto de declaraciones a devolver con renuncia a la devolución o negativas, las mismas podrán enviarse por correo certificado dirigido a la última Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación tuvieron o tengan su residencia habitual.
5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria regulado en los artículos 138 a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, presentarán su declaración de acuerdo con las reglas previstas en los números Uno y Dos del apartado sexto de la Orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión en el sistema de cuenta corriente en materia tributaria, se establece el lugar de presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o créditos que deban anotarse en dicha cuenta corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
CAPÍTULO VI
Especialidades en el pago de las deudas tributarias resultantes
Artículo 13. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago prevista en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y desarrollada en los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en dos partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta el 6 de noviembre de 2017, inclusive.
En todo caso, para disfrutar de este beneficio será necesario que el borrador de la declaración o la autoliquidación se presenten dentro del plazo establecido en el artículo 8 de esta orden. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido en este artículo, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias.
En los supuestos en que, al amparo de lo establecido en el artículo 97.6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la solicitud de suspensión del ingreso de la deuda tributaria resultante de la declaración realizada por un cónyuge no alcance la totalidad de dicho importe, el resto de la deuda tributaria podrá fraccionarse en los términos establecidos en los párrafos anteriores.
Artículo 14. Pago de la deuda tributaria resultante de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio mediante domiciliación bancaria.
1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán utilizar como medio de pago del 40 por 100 correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del primer plazo.
Los contribuyentes que, al fraccionar el pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho plazo por vía electrónica o directamente en cualquier oficina situada en territorio español de estas entidades (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) hasta el día 6 de noviembre de 2017, inclusive, mediante el modelo 102.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación electrónica de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio o cuyas declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realicen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía que hayan suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria un convenio de colaboración para la implantación de sistemas de ventanilla única tributaria, y en las habilitadas a tal efecto por las restantes Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para su inmediata transmisión electrónica, así como los que efectúen la confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, por Internet o por teléfono o en las oficinas antes citadas, podrán utilizar como medio de pago de las deudas tributarias resultantes de las mismas la domiciliación bancaria en la entidad de crédito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de Crédito) sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago.
En el supuesto de que el contribuyente opte por el fraccionamiento del pago del ingreso resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la domiciliación, tanto del primero como del segundo plazo, esta última deberá efectuarse en la misma entidad y cuenta en la que se domicilió el primer plazo.
3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse desde el día 5 de abril hasta el 26 de junio de 2017, ambos inclusive.
No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2017.
4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará la orden u órdenes de domiciliación bancaria del contribuyente a la entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 30 de junio de 2017 a cargar en cuenta el importe domiciliado, ya sea la totalidad de la deuda tributaria o el importe correspondiente al primer plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ingresándolo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos. Posteriormente, la citada entidad remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
De forma análoga, en el supuesto de que el contribuyente hubiese procedido a la domiciliación del segundo plazo, en el supuesto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la entidad colaboradora procederá, en su caso, el día 6 de noviembre de 2017 a cargar en cuenta dicho importe y a ingresarlo en los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos, remitiendo al contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
5. Cuando los contribuyentes que presenten por vía electrónica la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de declaración, hayan fraccionado el pago de la deuda tributaria en dos plazos y, sin haber domiciliado el pago del primer plazo, opten por efectuar la domiciliación bancaria del importe correspondiente al segundo plazo, no precisarán efectuar comunicación alguna a la entidad colaboradora, ya que será la Agencia Estatal de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el documento de ingreso o devolución.
Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso realizado correspondiente a dicho segundo plazo, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá como documento acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
6. Los contribuyentes que presenten el borrador de declaración en las oficinas de las entidades de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7.2.d) de esta orden, cuando el resultado sea a ingresar y, habiendo optado por el fraccionamiento del pago, no hayan domiciliado el importe correspondiente al primer plazo, podrán al tiempo de presentar el borrador de declaración, domiciliar el importe correspondiente al segundo plazo.
7. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía electrónica declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación electrónica de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a los que representan.
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso realizado el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio.
CAPÍTULO VII
Presentación electrónica de las declaraciones
Artículo 15. Habilitación y condiciones para la presentación electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Con carácter general, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán presentar por medios electrónicos la declaración correspondiente a este Impuesto, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
Cuando los contribuyentes deban acompañar a la declaración la documentación adicional que se indica en el artículo 10 de esta orden y, en general, cualesquiera documentos, solicitudes o manifestaciones de opciones no contemplados expresamente en los propios modelos oficiales de declaración, la presentación electrónica de la declaración requerirá que la citada documentación adicional se presente, en forma de documentos electrónicos, en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio deberán presentar necesariamente por medios electrónicos la declaración correspondiente a este impuesto, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
En su caso, los sujetos pasivos que presenten declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio deberán también presentar por medios electrónicos, por Internet o teléfono, la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el borrador de la misma.
3. A partir del 1 de julio de 2021 no se podrá efectuar la presentación electrónica de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2016.
4. La presentación electrónica de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se realizará con sujeción a las formas de presentación establecidas en el artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. En particular, serán admitidos, los siguientes sistemas electrónicos de identificación, autenticación y firma:
a) Certificado electrónico reconocido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a).1.º de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
b) «Cl@ve PIN», de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a).2.º de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
c) Número de referencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.c) de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. Para obtener el número de referencia los contribuyentes deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal (NIF), el importe de la casilla 440 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015, «Base liquidable general sometida a gravamen», y el número del teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de referencia.
El número de referencia podrá solicitarse por medios electrónicos a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o a través del teléfono, mediante llamada al número 901 12 12 24 (accesible también a través del teléfono 91 535 73 26).
También podrá obtenerlo por medios electrónicos mediante un certificado electrónico reconocido o el sistema «Cl@ve PIN», sin necesidad de comunicar la casilla 440.
A tal fin, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará las medidas de control precisas que permitan garantizar la identidad de la persona o personas que solicitan el número de referencia, así como, en su caso, la conservación de los datos comunicados.
La obtención de un número de referencia invalida el número de referencia anterior que se hubiera solicitado, de tal forma que, en caso de que se hubieran solicitado varios números de referencia, sólo será válido y por tanto permitirá acceder al borrador o a los datos fiscales, modificar y en su caso presentar el borrador o la declaración del impuesto el último número de referencia solicitado.
Artículo 16. Procedimiento para la presentación electrónica de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. La presentación electrónica por Internet de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se efectuarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
Cuando se trate de autoliquidaciones a ingresar cuyo pago sea el correspondiente al primer plazo, en caso de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en que se opte por esta modalidad de fraccionamiento del pago, la orden de domiciliación podrá referirse al importe del primer plazo. En este caso, el contribuyente deberá imprimir y conservar, además de la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución, modelo 100, el documento de ingreso del segundo plazo modelo 102, validados con un código seguro de verificación de 16 caracteres y en los que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de fraccionamiento de pago elegida.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a ingresar, cuando el pago no se realice mediante domiciliación bancaria o cuando se realice el pago parcial con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, compensación, reconocimiento de deuda o mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, el contribuyente podrá obtener el Número de Referencia Completo (NRC) de la entidad colaboradora por alguna de las siguientes vías:
– De forma directa, bien en sus oficinas o bien a través de los servicios de banca electrónica que aquéllas presten a sus clientes.
– A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria por vía electrónica, utilizando alguno de los sistemas de identificación descritos en el artículo 15.4.a) o b) de esta orden.
3. En el caso de declaraciones conjuntas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas formuladas por ambos cónyuges, para su presentación electrónica será necesario además, comunicar el NIF así como el número de referencia o «Cl@ve PIN» del cónyuge.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el correspondiente protocolo de seguridad que permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la presentación.
4. En los supuestos de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión del ingreso y el otro la renuncia al cobro de la devolución, si alguno de los cónyuges opta por el sistema de presentación electrónica de la declaración, la declaración correspondiente al otro deberá presentarse también por este sistema. La presentación de ambas declaraciones se realizará con arreglo al procedimiento que en cada caso proceda, según el resultado final de las mismas.
Disposición final primera. Modificación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria:
Uno. Se modifica la letra d) del artículo 2 que queda redactada como sigue:
«d) En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presentación de la declaración también podrá realizarse a través de la confirmación del borrador de declaración de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Orden ministerial anual de aprobación del modelo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 23 que queda redactado como sigue:
«Artículo 23. Solicitud de rectificación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Cuando los contribuyentes consideren que su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación de la misma, de conformidad con el artículo 126 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, marcando la casilla correspondiente del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. La solicitud podrá acompañarse de la documentación en que se basa la solicitud de rectificación y los justificantes, en su caso, del ingreso efectuado por el contribuyente. Los citados documentos o escritos podrán presentarse a través del registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También podrán presentarse en el registro presencial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La presentación de una solicitud de rectificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo deberá realizarse por vía electrónica en los términos, condiciones y con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 20 y 21 de esta orden, con las siguientes especialidades:
a) Serán admitidos los sistemas electrónicos de identificación, autenticación y firma previstos en el artículo 2.a).1.º y 2.º y 2.c) de esta orden. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado b) del artículo 19 de esta orden.
b) La presentación de una solicitud de rectificación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo únicamente podrá realizarse a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, desde el Portal de Servicios Personalizados de Renta, al que se puede acceder a través del portal de la Agencia Tributaria en Internet (www.agenciatributaria.es) o bien directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
1. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. No obstante, lo dispuesto en la disposición final primera será de aplicación para las solicitudes de rectificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2016 y siguientes.
Madrid, 21 de marzo de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V | Orden sobre la próxima declaración de la renta. | La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Los contribuyentes que, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 96 de la citada Ley 35/2006 estén obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla, en su caso, en el lugar, forma y plazos determinados por el Ministro de Economía y Hacienda, conforme dispone el artículo 97 de la Ley 35/2006.
Por lo que atañe a los contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la presentación de la correspondiente declaración, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, en su caso, les corresponda, precisándose en el artículo 66.1 del citado Reglamento que en estos casos la liquidación provisional que pueda practicar la Administración tributaria, no podrá implicar a cargo del contribuyente no obligado a presentar declaración ninguna obligación distinta de la restitución de lo previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes no obligados a declarar, deben tenerse en cuenta, además de los pagos a cuenta efectuados, la deducción por maternidad y las deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial que, en su caso, correspondan a cada uno de ellos.
Así, cuando el importe de los pagos anticipados de la deducción por maternidad percibidos sea inferior al de la deducción correspondiente, la regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso contrario, es decir, cuando el importe de los pagos anticipados percibidos sea superior al de la deducción por maternidad, no es preciso que los contribuyentes no obligados a declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud del abono anticipado de esta deducción y, en su caso, en la comunicación de variaciones que afecten a dicho abono anticipado, puesto que la Administración tributaria, al disponer de los antecedentes precisos y de los datos necesarios, procederá a efectuar de oficio la regularización que, en cada caso, proceda.
Por lo que respecta a las deducciones por familia numerosa, personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado o sin vínculo matrimonial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 bis, apartado 4.3.º del Reglamento del Impuesto, los contribuyentes no obligados a declarar que hayan percibido indebidamente el abono anticipado de las deducciones reguladas en el artículo 81 bis de la Ley del Impuesto, deberán regularizar su situación tributaria mediante el ingreso de las cantidades percibidas en exceso, a través del modelo 122 para la regularización de la deducción por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Si el importe de los pagos anticipados de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo percibidos por un contribuyente no obligado a declarar fuese inferior al de la deducción correspondiente, la regularización que proceda debe efectuarla el contribuyente en la correspondiente declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En relación con la deducción a que se refiere el párrafo anterior, los descendientes o ascendientes con discapacidad que se relacionen en las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo deberán disponer de número de identificación fiscal.
Por lo que respecta a la configuración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el 1 de enero de 2010 entraron en vigor, en virtud de lo establecido en la disposición final quinta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las competencias normativas atribuidas a las citadas Comunidades Autónomas en su artículo 46 y las modificaciones introducidas por la disposición final segunda de la misma en la normativa del impuesto para adecuarlo al porcentaje del 50 por ciento de participación de las Comunidades Autónomas en este impuesto.
El artículo 46 de la mencionada Ley 22/2009, de 18 de diciembre, con los requisitos y condiciones en el mismo establecidos, otorga a las Comunidades Autónomas competencias normativas sobre el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico; sobre la escala autonómica aplicable a la base liquidable general; sobre las deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales, por aplicación de renta y por subvenciones y ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma y sobre aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, a que se refiere el apartado 2 del artículo 78 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012. La normativa de las Comunidades Autónomas de régimen común que regula los aspectos indicados puede consultarse en el Manual práctico de Renta y Patrimoni
### RESUMEN: Orden sobre la próxima declaración de la renta. |
Visto el texto del VIII Convenio colectivo de la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (código de convenio n.º 90006402011989), que fue suscrito con fecha 17 de abril de 2013, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y, de otra, por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de junio de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VIII CONVENIO COLECTIVO DE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U, SOCIEDAD UNIPERSONAL
CAPÍTULO I
Normas de configuración
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Los acuerdos contenidos en el presente Convenio colectivo tendrán fuerza normativa y obligarán a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante Telefónica Soluciones) y a sus empleados en todos los centros de trabajo de la empresa en el territorio nacional actuales, o que puedan constituirse en el futuro.
Quedan excluidos de la aplicación del presente Convenio colectivo:
a) Los empleados comprendidos en el artículo 1.3.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) Los considerados como relación laboral de carácter especial, conforme al artículo 2.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
c) Los que ostenten puestos de trabajo incluidos en la estructura jerárquica de la empresa, así como de especial responsabilidad y confianza, incluidos en el Grupo Profesional IV, tales como Director, Gerente, Jefe, Consultor Director y Consultor Gerente.
La empresa podrá declarar excluidos, previa comunicación a la representación de los trabajadores y aceptación de los interesados, a otros empleados con otros puestos de responsabilidad. A estos puestos les será de aplicación su contrato de trabajo, la normativa interna de la empresa para este colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.
La representación de los trabajadores tendrá conocimiento, a través de la Dirección, de la relación de personas excluidas de Convenio.
La Dirección de la empresa se compromete a reducir paulatinamente el número de empleados en situación de Fuera de Convenio de modo que, al finalizar el periodo inicial de vigencia se produzca una reducción en la cifra total respecto del número actual de empleados en esta situación.
Artículo 2. Vigencia y denuncia.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de 3 años, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.
La Comisión Paritaria de Negociación Permanente podrá acordar la prórroga de su contenido de duración máxima de un año hasta el 31 de diciembre de 2015.
La negociación de dicho acuerdo deberá llevarse a cabo en el seno de la referida Comisión durante el segundo semestre del año 2014.
El acuerdo así adoptado cumplirá seguidamente los mismos requisitos de registro y publicación previstos legalmente en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
De no alcanzarse un acuerdo sobre la prórroga del presente Convenio, se entenderá desde este momento denunciado con efectos de 1 de enero de 2015.
Artículo 3. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones acordadas en el presente Convenio colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cumplimiento de su totalidad.
2. Por lo tanto, el Convenio se considerará nulo y sin efecto alguno en el supuesto de que las Autoridades Administrativas o Jurisdiccionales, en el ejercicio de las funciones que les sean propias, alterasen o anulasen alguno de los artículos o no aprobaran la totalidad de su contenido.
En este caso, los componentes de la Comisión Paritaria del Convenio serán los encargados de procurar alcanzar en un plazo máximo de 30 días naturales un acuerdo consensuado que subsane las cuestiones planteadas al efecto de preservar la aplicación indivisible y única del presente Convenio.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Las condiciones económicas y de trabajo, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen a la totalidad de las hasta ahora aplicadas en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de su existencia, y expresamente al VII Convenio colectivo de Telefónica Soluciones.
Artículo 5. Prelación de normas laborales.
La prestación del trabajo entre Telefónica Soluciones y sus empleados, se regirá por lo establecido en el presente Convenio y, en todo lo no estipulado expresamente en el mismo, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales de ámbito general.
Artículo 6. Comisión Paritaria del Convenio.
Ambas partes acuerdan la constitución de una Comisión Paritaria del Convenio compuesta por cinco miembros de la representación de los trabajadores y otros cinco por la Dirección de la empresa. Dicha Comisión se constituirá en el plazo de 20 días desde la firma del presente Convenio.
Además del desarrollo de aquellas materias expresamente contempladas en el presente texto, esta Comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:
– La vigilancia y el control de la aplicación del contenido del Convenio.
– El seguimiento de la aplicación de las medidas adoptadas en cumplimiento del Convenio.
– La interpretación y la resolución, con carácter previo, de los conflictos colectivos que puedan derivarse de la aplicación del clausulado del Convenio.
– Cualquier otra consulta que pudiera plantearse a través del Comité y las Secciones Sindicales relacionada con la interpretación y aplicación del presente Convenio.
Artículo 6 bis. Comisión Paritaria de Negociación Permanente.
Ambas partes acuerdan la constitución de una Comisión Paritaria de Negociación Permanente compuesta por cinco miembros de la representación de los trabajadores, designados por el Comité Intercentros, y otros cinco por la Dirección de la empresa, ambas partes habrán de reunir los requisitos de legitimación y capacidad previstos para la negociación colectiva previstos en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores. La Comisión se constituirá en el plazo de 20 días desde la firma del presente Convenio.
Esta Comisión abordará todas aquellas cuestiones contempladas en el presente Convenio colectivo que requieran un desarrollo posterior, sirviendo además como punto de encuentro y de diálogo para acordar las soluciones oportunas, teniendo atribuidas entre otras, las siguientes funciones:
– Prórroga del Convenio en los términos previstos en el artículo 2.
– Adaptación y, en su caso, modificación del presente Convenio colectivo durante su vigencia para adaptarlo a la realidad social de la empresa.
– Entender de todas aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
Para solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del E.T., esta Comisión deberá ser convocada en el plazo máximo de siete días desde la comunicación de la finalización del período de consultas y deberá llegar a un acuerdo en el plazo de siete días desde que las discrepancias le hubiesen sido presentada.
En tanto dure el procedimiento en la Comisión, las partes no podrán acudir a otras instancias, ni plantear medidas de presión o declarar conflicto colectivo hasta que la Comisión se pronuncie sobre la cuestión sometida a su conocimiento, siendo su intervención previa y preceptiva, o hasta que hubiese transcurrido el plazo máximo establecido para su resolución o dictamen.
– Negociación y acuerdo en su caso de todas aquellas cuestiones que pudieran surgir durante la vigencia del Convenio que precisen la intervención de este foro de negociación y todo ello sin perjuicio de las atribuciones que la ley confiera a otros órganos de negociación colectiva.
Los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de Negociación Permanente, que modifiquen el contenido del Convenio colectivo tendrán el mismo valor y pasarán a formar parte del vigente Convenio colectivo, siguiendo los mismos requisitos de registro y publicación del mismo.
Artículo 7. Solución extrajudicial de conflictos.
Las partes firmantes de este Convenio acuerdan someterse para la solución extrajudicial de conflictos de carácter colectivo, y para solventar las discrepancias que pudieran surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo de acuerdo con lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, a lo contenido en el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales colectivos (ASAC), según Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo o a los que pudiesen sustituirle durante la vigencia del Convenio.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 8. Facultad de organización.
1. La organización del trabajo y asignación de funciones es facultad exclusiva de la Dirección de la empresa que, en cada caso, dictará las instrucciones y directrices pertinentes con sujeción a la legislación vigente y al presente Convenio colectivo.
2. La Dirección de la empresa adoptará cuantos sistemas de racionalización, informatización y modernización considere necesarios, así como cuantos métodos o procedimientos de trabajo puedan conducir al progreso técnico y económico de la empresa, asegurando la formación profesional a la que el personal tiene el derecho y deber de completar mediante la práctica laboral y la actualización de conocimientos.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la representación de los trabajadores tendrá los derechos que en esta materia vienen establecidos en la legislación vigente.
Artículo 9. Garantía de empleo.
La Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores consideran necesario contar con un marco, que garantice el mantenimiento y estabilidad del empleo y posibilite el desarrollo profesional del colectivo existente mediante la mejora de las capacidades de los trabajadores.
Por lo expuesto, y hasta el 31 de diciembre de 2014, la Dirección de la empresa se compromete a que en la reorganización del trabajo por causas tecnológicas, económicas, técnicas, organizativas o de producción no serán causa de baja en la empresa con carácter forzoso mediante la aplicación de mecanismos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, y hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que se produzca una reestructuración de actividades que pudiese afectar al volumen de empleo, se establecerán los foros de diálogo y negociación con la representación de los trabajadores, en consonancia con los compromisos de estabilidad y garantía de empleo asumidos por las partes.
CAPÍTULO III
Clasificación profesional
Artículo 10. Sistema de Clasificación Profesional.
1. El sistema de Clasificación Profesional de la empresa se estructura en torno a cuatro grupos profesionales. El ámbito del presente Convenio se articula en torno a los Grupos Profesionales I, II y III, definidos conforme a los criterios generales de responsabilidad, complejidad, formación y nivel de contribución que engloba a varios Puestos Tipo, quedando reservado el Grupo IV para el personal fuera de Convenio.
2. El Grupo Profesional define las funciones generales comunes a los distintos Puestos Tipo que lo forman y constituye el contenido básico de la prestación laboral pactada entre el trabajador y la empresa.
3. El Puesto Tipo es la agrupación de puestos de trabajo distintos y pertenecientes a un Grupo Profesional, dentro del cual el desarrollo se adquiere fundamentalmente por la incorporación de nuevos conocimientos (formales y/o informales), la experiencia y el ámbito de la gestión de la cual se le responsabiliza.
Artículo 11. Grupos profesionales.
1. Grupo profesional I.
a) Criterios generales: Se incluyen en este Grupo Profesional aquellos trabajadores cuyas funciones implican, bajo la supervisión de mandos o profesionales de más alta cualificación, la realización/ejecución de trabajos de carácter operativo bien relacionados con el soporte técnico de equipos y aplicaciones o bien con actividades administrativas soporte/apoyo a posiciones y/o unidades organizativas.
Los puestos a los que se refiere este Grupo Profesional operan habitualmente dentro de un marco de iniciativa y responsabilidad determinada.
b) Titulación mínima: Formación Profesional de segundo grado o conocimientos profesionales equivalentes adquiridos a través de una experiencia profesional acreditada.
c) Puesto Tipo: Técnico Auxiliar.
2. Grupo Profesional II.
a) Criterios Generales: Se incluyen en este Grupo Profesional aquellas funciones con carácter técnico especializado que ejecutan actividades y tareas técnicas complejas relacionadas con:
El desarrollo y ejecución de determinadas fases de proyecto.
La supervisión de equipos dentro de una determinada fase de un proyecto.
El control de niveles de servicio.
La realización de actividades de control de recursos materiales y humanos.
La ejecución de actividades de compra o venta de productos.
La prestación de actividades de soporte técnico especializado.
La ejecución de actividades de diseño, implantación y control de metodologías de soporte a la gestión del resto de áreas (análisis económico, gestión de recursos, etc.)
Son expertos técnicos en una determinada solución.
Estos puestos requieren de criterios propios para solucionar los problemas que se les plantean, extrapolando soluciones previas anteriores.
Deben responsabilizarse de la calidad de las actividades o análisis realizados dentro de los proyectos en los que desarrollan su actividad pudiendo ejercer de responsables de fases de proyectos e integrar sus resultados en proyectos de magnitud superior o dirigir pequeños proyectos dentro de un área muy específica.
Tienen una visión completa del proceso/actividad en la que trabajan y de la forma en la que esta se integra en la organización.
Son puestos técnicos con un amplio nivel de autonomía en las formas de trabajo que deben aplicar.
b) Titulación mínima: Titulación media o superior o conocimientos profesionales equivalentes adquiridos a través de una experiencia profesional acreditada.
c) Puestos tipo:
– Técnico.
– Analista.
– Consultor
3. Grupo profesional III.
a) Criterios generales: Se incluyen en este Grupo Profesional aquellas funciones que, con un alto nivel de especialización y experiencia:
Dirigen y gestionan el desarrollo de todas y cada una de las fases de proyectos (selección, análisis, definición, planificación, arranque, desarrollo, negociaciones de las incidencias, seguimiento, aceptación, y puesta en servicio) de soluciones, en los que entran en juego distintas tecnologías, con un horizonte temporal significativo, en el que el coste del proyecto o el volumen de recursos asociados es significativamente alto, y con un impacto transversal en la organización, asegurando la rentabilidad final del mismo.
Deben poseer los conocimientos y experiencia necesarios, por tanto, para participar y dirigir todas y cada una de las fases, desde la de diseño y elaboración de la propuesta técnica, hasta que el proyecto se convierte en un servicio más, gestionado o no por la compañía.
Se responsabilizan por tanto de un proyecto que a su vez está dividido en proyectos o subproyectos.
Dirigen e integran el trabajo de un equipo de técnicos especialistas con alto nivel de calificación técnica dentro de áreas de conocimientos similares, pero no homogéneos, o especialistas de diversas líneas de negocio, durante el período de desarrollo del mismo.
Estos especialistas tienen a su cargo partes o subproyectos.
Se considera un proyecto como un conjunto o conjuntos de actividades interrelacionadas entre sí, que van encaminadas a alcanzar un objetivo o meta específica con unas fechas de inicio y fin, así como unos costes claramente definidos.
Coordinan y supervisan actividades y tareas de carácter técnico complejo relacionadas con el desarrollo y control de proyectos de desarrollo de metodologías de gestión, y la gestión de recursos materiales y humanos.
Se incluyen también funciones de coordinación y/o supervisión de actividades de carácter técnico complejo, relacionadas con la gestión de recursos humanos, materiales y/o financieros de la organización y que dan soporte al conjunto de la misma.
Estas posiciones prestan asesoría y consultoría para la identificación de soluciones integradas en un determinado sector, o en el desarrollo de metodologías transversales y globales de soporte a la gestión del resto de áreas.
Estos profesionales requieren ver más allá de soluciones previas, deben ser capaces de tener un cierto grado de creatividad e innovación, para diseñar soluciones integradas que den respuesta a las necesidades de los clientes.
b) Titulación mínima: Titulación media o titulación superior o conocimientos profesionales equivalentes adquiridos a través de una experiencia profesional acreditada.
c) Puesto tipo: Consultor Senior.
4. Adscripción a Grupos profesionales.
Todos los trabajadores de Telefónica Soluciones incluidos en este Convenio estarán adscritos a alguno de los Grupos Profesionales y tendrá asignado un Puesto tipo de los recogidos en este Convenio.
CAPÍTULO IV
Desarrollo profesional
Artículo 12. Desarrollo profesional.
Con el fin de identificar, retener y desarrollar todo el talento disponible en la empresa, dentro de un marco que reconozca equitativamente la contribución de cada uno y que propicie la mejora permanente de las capacidades profesionales, se establece que el desarrollo profesional estará basado fundamentalmente en:
a) La Formación y actualización permanente de los conocimientos.
b) La Evaluación anual de desarrollo.
c) La Promoción profesional.
Artículo 13. Formación.
1. Las partes firmantes del presente Convenio reconocen la importancia de la formación en la empresa, tanto para responder con eficacia a las nuevas oportunidades de negocio en un ámbito tecnológicamente cambiante, como para servir de elemento motivador del personal y de instrumento de desarrollo y promoción profesional de los trabajadores.
Por consiguiente, el desarrollo de una política adecuada de formación afecta, tanto a los órganos de la empresa responsables de la gestión de los Recursos Humanos, como a los trabajadores y sus órganos de representación.
Por tanto, para propiciar el trabajo conjunto de la Dirección de la empresa y de los Representantes de los Trabajadores en este ámbito se mantiene la existencia del Comité de Formación y Promoción que estará formado por los siguientes miembros:
Tres miembros designados por la Dirección de la empresa.
Tres miembros designados por la representación de los trabajadores.
2. Las funciones de este Comité de Formación y Promoción serán las siguientes:
Conocer y participar en la elaboración de los planes anuales de formación, de acuerdo con las necesidades formuladas por las distintas áreas de la empresa y elaborados por el área de formación.
Ser informada de las promociones que se llevan a cabo anualmente y de los criterios y procedimientos puestos en práctica para su implementación.
Proponer cauces y procedimientos para facilitar la promoción interna.
Conocer las propuestas de formación/certificación individuales y su eventual consideración dentro de las acciones formativas de la empresa.
3. El Comité de Formación y Promoción se reunirá al menos una vez cada tres meses, y será convocado por la Dirección de Recursos Humanos, a iniciativa propia o a instancia de la representación de los trabajadores.
Artículo 14. Evaluación anual del Desarrollo.
1. Como mínimo una vez al año, todos los trabajadores de Telefónica Soluciones mantendrán con su mando una Entrevista de Evaluación.
2. En el transcurso de esta entrevista se analizará su actuación profesional y se solicitará su opinión sobre características del puesto de trabajo y condiciones en que se desarrolla su actividad laboral.
3. Conjuntamente con su Responsable, se determinarán las aptitudes y actitudes del trabajador, así como las competencias y niveles de capacidad y rendimiento. Al propio tiempo, de común acuerdo, se formularán planes para mejorar los resultados, completar la formación y potenciar el desarrollo profesional.
4. Se potenciarán los mecanismos orientados a fomentar la transparencia en el proceso de la evaluación para el desarrollo y la orientación a planes de mejora, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta dirigida al desarrollo profesional de los empleados.
Artículo 15. Promoción profesional.
1. La promoción profesional está basada en un proceso de formación y actualización permanente de conocimientos y tiene por finalidad impulsar la eficiencia y dedicación en el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo, objetivada a través de la Evaluación anual del Desarrollo, y procurar a los trabajadores una óptima adecuación de sus perfiles a las funciones que realizan, proporcionando la necesaria motivación y estímulo para mejorar la competitividad y la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas.
2. Esta promoción comportará una mejora económica. De todo ello se informará a la representación de los trabajadores.
CAPÍTULO V
Movilidad funcional y desplazamientos
Artículo 16. Movilidad funcional.
Con objeto de propiciar la movilidad interna dentro de la empresa y en su caso la promoción profesional, la Dirección dispondrá de un completo sistema de información a nivel del conjunto de la empresa sobre la competencia, dedicación y funciones de los empleados de la misma.
En dicho sistema de información quedarán recogidas las peticiones de cambio de actividad y de función, que podrán formular por escrito a la Dirección los empleados y que serán tomadas en consideración a la hora de emprender nuevos proyectos o actividades.
Artículo 17. Viajes y desplazamientos.
1. En caso de viajes y desplazamiento, en los términos y con las compensaciones recogidas en el Capítulo de Retribuciones, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se comunicará al empleado por escrito la fecha, duración y circunstancias del viaje, así como las condiciones especiales del trabajo en el lugar de destino. Siempre que sea posible la empresa tomará en consideración las propuestas del trabajador a la hora de planificar los viajes.
b) El aviso se hará con una antelación mínima de dos días laborables, y con una semana en el caso de desplazamientos superiores a una semana, salvo casos de fuerza mayor. En todo caso, si la duración del desplazamiento fuera superior a tres meses, el trabajador será informado mediante comunicación escrita, con una antelación superior a dos semanas.
c) El empleado que se encuentre desplazado podrá retornar a su domicilio, si lo desea, cada fin de semana desde cualquier punto del territorio nacional en el cual se encuentre desplazado. El importe de estos desplazamientos será abonado por la empresa. En el caso de que el desplazamiento se trate de estancias prolongadas en países de la Unión Europea y los comprendidos dentro del ámbito geográfico de ésta, el retorno a cargo de la empresa podrá realizarse cada quince días. En los casos de desplazamientos prolongados a países del continente americano el trabajador podrá retornar, con viaje a cargo de la empresa (clase turista), cada tres meses o cuatro veces a lo largo de un año de estancia. En todos los supuestos regulados en este apartado el trabajador dejará de percibir las dietas y compensaciones por el período correspondiente.
d) El trabajador desplazado al extranjero será cubierto con cargo a la empresa por un seguro similar o equivalente al del Régimen General de la Seguridad Social que le sea aplicable.
e) El medio de transporte a emplear será el que determine la empresa.
f) En los viajes en tren se utilizarán billetes de primera clase en los desplazamientos diurnos, salvo en el tren AVE o análogo, que se utilizará clase turista, y billetes coche cama para los desplazamientos nocturnos.
g) Los viajes en avión se realizarán con billete de clase turista, salvo para vuelos de más de 4 horas.
h) La utilización del automóvil particular del trabajador en los desplazamientos fuera de la localidad de trabajo tendrá que ser autorizada por la empresa con carácter previo.
i) La empresa gestionará y abonará el alojamiento a los empleados desplazados en un hotel de tres estrellas o superior categoría. No obstante lo anterior, los empleados tendrán la opción de renunciar al hotel que pueda reservar la empresa debiendo compensar esta última al desplazado.
j) Para desplazamientos internacionales se aplicarán los siguientes criterios:
Con carácter general, a todos los empleados que viajen al extranjero, adicionalmente a lo señalado en el convenio, se les compensarán aquellos otros gastos en que incurran y que estén debidamente justificados y, además, se les admitirá una cuantía diaria de hasta 30 euros sin necesidad de justificación, en concepto de pequeños gastos, propinas, justificantes extraviados y varios. Esta cantidad se devengará todos los días que dure el viaje con independencia de que se trate de días laborables o festivos.
No obstante lo anterior, los gastos que se justifiquen para su compensación deben ser de cuantía razonable. Antes de realizar el pago, el área de control interno correspondiente de la empresa está facultada para solicitar explicaciones adicionales sobre aquellos gastos justificados que superen en cuantía lo habitual y a decidir si su reembolso es procedente.
Régimen excepcional de dietas: Si el viaje tiene una duración superior a 15 días, se le ofrecerá la opción de viajar en el régimen general descrito en el apartado precedente o en régimen de dietas. En los casos en los que el empleado elija esta última opción, la empresa se hará cargo de los gastos de alojamiento, desayuno y locomoción, y el empleado percibirá una dieta de 150 euros diarios para compensar los gastos diferentes a los anteriores.
En el cómputo del total a percibir se realizará por días naturales y se incluirán en el mismo los días del viaje de ida y de vuelta.
CAPÍTULO VI
Tiempo de trabajo
Artículo 18. Principios generales.
Las medidas de flexibilización del tiempo de trabajo están orientadas a hacer compatibles la calidad de vida de los trabajadores con la atención a los clientes y con los procesos productivos de la empresa, respetando lo dispuesto en la normativa de este Convenio y en la legislación vigente.
Artículo 19. Jornada laboral.
La jornada laboral con carácter general para todos los empleados queda establecida en 39 horas semanales en jornada de invierno y en 35 horas semanales durante los meses de julio y agosto.
Artículo 20. Distribución de la jornada.
1. Período de jornada partida, de lunes a jueves todo el año, excepto los meses de julio y agosto:
– Horario de entrada: de 7,30 a 9,30.
– Horario de salida: de 16,30 a 18,30.
Descanso mínimo para la comida: 1 hora.
2. Período de jornada continuada, todos lo viernes del año, durante los meses de julio y agosto y la semana de fiestas locales:
– Horario de entrada: de 7,30 a 9,30.
– Horario de salida: de 14,30 a 16,30.
3. Flexibilidad en el horario de entrada en 2 horas. El horario de salida estará condicionado por el horario de entrada y el descanso para comida respetando en todo caso el cumplimiento del número de horas semanales.
4. Durante la semana de fiestas locales se realizará jornada continuada con horario de viernes/verano.
5. Por razones de actividad aquellos empleados que presten sus servicios para el cliente ajustarán el horario a las necesidades del mismo, dentro de los límites de la jornada pactada en este Convenio.
6. La modificación de la jornada continua en jornada partida se compensará con tiempos de descanso, a razón de 1 día por semana completa trabajada en régimen de jornada partida y/o 2 horas por día trabajado en jornada partida, que se disfrutará previo acuerdo con el Director. Esta situación da derecho a la percepción de los vales de comida correspondientes. En el caso de que por razones de la atención a los clientes o necesidades en los procesos productivos de la empresa, se realicen más de dos semanas completas, consecutivas o no, de jornada partida en el período de jornada continua cada día adicional que se realice será compensado, además de lo dispuesto en este apartado con el importe correspondiente a un módulo de disponibilidad, de acuerdo al artículo 39 de este Convenio, con la única obligación de permanecer en el centro de trabajo durante la franquicia de 2 horas de la disponibilidad.
7. El calendario laboral se realizará anualmente, ajustándose a lo dispuesto en este artículo y respetando las fiestas establecidas en la legislación vigente, tanto en el ámbito estatal, como autonómico y local.
8. Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de no laborables en la empresa. En los casos en que dichos días no se puedan disfrutar por necesidades de la atención a los clientes o del servicio, serán compensados como días de libre disposición.
Artículo 21. Horas extraordinarias.
1. Se establece que, en principio, no se realizarán horas extraordinarias, ni se sobrepasará el cómputo de trabajo establecido en la empresa, dentro de la flexibilidad horaria existente.
2. Podrán realizarse horas extraordinarias, dentro de los límites legales establecidos, con motivo de períodos punta de producción, ausencias imprevistas de trabajadores, cambio de turno u otras circunstancias extraordinarias derivadas de la naturaleza del trabajo de que se trate.
3. Las horas extraordinarias, cualquiera que sea su naturaleza, se abonarán con un incremento del 75 por 100 sobre la hora ordinaria de trabajo si se realizan en días laborables y horario diurno; cuando se realicen en horario nocturno (de 22h a 6h), el incremento será del 100 por ciento sobre la hora ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias realizadas en días no laborables el incremento será del 100 por ciento sobre la hora ordinaria de trabajo. No obstante se podrá acordar su compensación con tiempo de descanso, a razón de una hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora extraordinaria diurna o de dos horas por cada hora extraordinaria nocturna o días no laborables.
4. Mensualmente se informará al Comité de Empresa de las horas extraordinarias realizadas.
CAPÍTULO VII
Vacaciones y permisos retribuidos
Artículo 22. Vacaciones y días de libre disposición.
1. Cada trabajador tendrá derecho a disfrutar un período anual de vacaciones de 25 días laborables por año trabajado. Se consideran a estos efectos días laborables, los días de la semana de lunes a viernes, ambos inclusive, siempre que no coincidan con días festivos.
2. Las vacaciones podrán disfrutarse en varios períodos.
Sólo podrán disfrutarse de manera continuada un máximo de 30 días naturales de vacaciones.
El periodo mayor será como mínimo de 15 a 20 días naturales, garantizando la empresa su disfrute entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
El resto de días se disfrutarán en las fechas que se acuerden con los respectivos Mandos, teniendo siempre en cuenta las necesidades organizativas y productivas de la empresa.
3. El período de devengo de las vacaciones será el año natural y deberán disfrutarse dentro de ese mismo año, no siendo sustituible por compensación monetaria alguna. Las vacaciones se disfrutarán en proporción al tiempo trabajado en dicho periodo. Excepcionalmente, dicho periodo de disfrute podrá ampliarse por razones justificadas hasta el 31 de enero del siguiente año.
4. La enfermedad, debidamente justificada, interrumpe el disfrute de vacaciones, si la causa es por accidente o enfermedad de duración igual o superior a 4 días, a partir de la fecha de la declaración de I.T.
5. Excepcionalmente, los supuestos que hayan impedido el disfrute por Incapacidad Temporal derivada de enfermedad o accidente, y siempre en los supuestos de riesgo durante el embarazo o lactancia, periodo de maternidad o adopción, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año que corresponda.
6. Cuando sea necesario mantener un servicio, la prioridad en la fijación de vacaciones en caso de conflicto, se resolverá por acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
7. La planificación, solicitud, autorización y disfrute de las vacaciones anuales se regulará en el procedimiento interno realizado al efecto de acuerdo con lo establecido en el presente Convenio.
8. Todos los empleados tendrán derecho al disfrute anual de tres días de libre disposición. Los días se disfrutarán en proporción al tiempo de alta en dicho periodo anual. Su disfrute se solicitará con una antelación de al menos 7 días y estará únicamente condicionado a las necesidades organizativas de la Unidad.
Artículo 23. Permisos retribuidos.
1. Los trabajadores tendrán derecho a los permisos retribuidos en los casos y con la duración que se indica en el presente artículo. Todos los permisos retribuidos deberán justificarse ante la Dirección de Recursos Humanos con los justificantes acreditativos de la causa que da derecho a dicho permiso.
2. Su solicitud y tramitación serán reguladas por el Procedimiento de Ausencias de la empresa, que se ajustará a lo dispuesto en este Convenio.
3. A los efectos de estos permisos se consideran días laborables todos los días de la semana exceptuando (sábado), domingos y festivos.
4. En los permisos incluidos en este artículo se asimilará a la figura del cónyuge la del conviviente, cuando medie pareja de hecho debidamente acreditada. Por efecto de lo anterior, se entenderá extendido a la figura del conviviente los permisos reconocidos por grado de afinidad.
5. Los trabajadores, previo aviso y justificación que se les requiera, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
5.1 Quince días naturales por matrimonio del empleado.
5.2 Un día por matrimonio de familiar de 1.er o 2.º grado de consanguinidad o afinidad, que debe coincidir con el día de celebración de la ceremonia.
5.3 Dos días laborales por traslado de domicilio habitual siempre y cuando se trasladen enseres y mobiliario. Para el caso que no mediara traslado de enseres y mobiliario la duración será de 1 día.
5.4 Por el tiempo necesario para acudir a consulta médica debidamente justificada.
5.5 Por asistencia a exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación finales, cuando se cursen con regularidad estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales en Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, debidamente justificados.
5.6 Diez días naturales en los casos de fallecimiento de cónyuge o hijos.
5.7 Cuatro días naturales en caso de fallecimiento de padres. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento de más de 100 kilómetros al efecto, el plazo será de cinco días, permiso que en cómputo global es superior al establecido en el E.T.
5.8 Dos días naturales por fallecimiento de familiar de 2.º grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento de más de 100 kilómetros al efecto, el plazo será de cuatro días.
5.9 Cuatro días laborales en los casos de nacimiento de hijos o adopción de un menor.
5.10 Tres días naturales por accidente o enfermedad grave con o sin hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de cónyuge o de familiar de primer o segundo grado por consanguinidad o afinidad. Únicamente y en los casos de familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, si fuese necesario desplazarse a una localidad distante más de 100 kilómetros de la residencia del empleado, el permiso será de cinco días naturales.
5.11 En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora diaria mientras permanezca hospitalizado.
5.12 Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
5.13 Hasta un total de 15 horas al año (o el equivalente a 2 jornadas de trabajo) para las acciones de voluntariado corporativo que se realicen dentro del marco de actividades organizadas y gestionadas por la Fundación Telefónica, con las condiciones y requisitos que se establezcan en la Circular Corporativa para el voluntariado y siempre que los servicios solidarios no se puedan prestar fuera de la jornada laboral.
5.14 Por cualquiera de los motivos establecidos en la normativa laboral vigente, en los términos y por los plazos recogidos en la misma, debidamente justificados.
CAPÍTULO VIII
Conciliación de la vida laboral y personal
Artículo 24. Principios generales.
Las mejoras que el presente Convenio recoge en materia de jornada laboral, permisos, licencias y excedencia tienen como objetivo aunar la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores con el derecho de la empresa a desarrollar su actividad de acuerdo con sus necesidades y las de sus clientes.
Las medidas de conciliación de la vida personal y laboral en aplicación del objetivo estratégico de Telefónica de ser «el mejor lugar para trabajar», están encaminadas a que su aplicación sea compatible con la mejora en la atención a nuestros clientes y la consecución de los objetivos estratégicos y económicos de la empresa.
En este capítulo se recogen las medidas específicas, que, además de la flexibilidad horaria, permisos, así como las licencias y excedencias por cuidado de hijos o familiar recogidas en los respectivos artículos de este Convenio, mejoran la legislación laboral para propiciar un mayor grado de conciliación de la vida laboral y personal.
Artículo 25. Permiso por lactancia de hijo menor de doce meses.
1. Por lactancia de un hijo menor los trabajadores podrán reducir una hora diaria su jornada hasta que el hijo cumpla 12 meses. Durante el primer mes desde la fecha de incorporación al trabajo tras el alumbramiento los trabajadores podrán reducir en dos horas diarias su jornada. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre, en los términos previstos en la legislación vigente.
2. Como alternativa, los trabajadores podrán sustituir el descanso por lactancia, por un permiso retribuido de 21 días laborables disfrutados ininterrumpidamente a continuación del descanso por maternidad. La duración del permiso, tanto en reducción de la jornada como acumulado en días, se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
3. Cuando el empleado que hubiese disfrutado de las horas de lactancia con carácter acumulado, solicitase durante los doce primeros meses de vida de su hijo una excedencia o permiso sin sueldo, le serán descontados del tiempo de duración de excedencia o permiso sin sueldo los días de lactancia correspondientes a esos períodos de suspensión de la relación laboral.
Artículo 26. Flexibilidad horaria por razones de asistencia a familiares.
1. Cualquier trabajador dentro de Convenio podrá pactar con la empresa una flexibilidad horaria adicional a la establecida cuando dicha solicitud tenga como causa el atender necesidades derivadas de la asistencia a cónyuge, hijos o mayores a su cargo con necesidades especiales que así lo justifiquen (asistencia a centros de educación especial, asistencia a centros médicos, etc.) y no puedan ser atendidas mediante las reducciones de la jornada establecidas en el Convenio para estos casos. La solicitud debe realizarla el trabajador por escrito a la Dirección de RRHH, quien procederá a su resolución mediante escrito motivado.
2. Asimismo los trabajadores víctimas de violencia de género podrán solicitar la flexibilidad horaria en las condiciones establecidas en este artículo.
Artículo 27. Reducción de la jornada por guarda legal.
1. Podrán solicitar reducción de la jornada:
a) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado algún hijo menor de doce años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a estas reducciones de la jornada de trabajo a aplicar en el horario de entrada o salida, con la disminución proporcional del salario, de entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Esta reducción de la jornada no implica necesariamente la realización de jornada continua.
b) Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
c) Los trabajadores víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a las reducciones de jornada establecidas en este artículo, así como a la reordenación de su jornada laboral con aplicación de flexibilidad horaria por acuerdo del trabajador con la empresa.
d) El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
Estas reducciones serán compatibles con el disfrute del permiso de lactancia.
2. Modalidades de reducción de la jornada:
a) Reducción legal de la jornada de trabajo, a aplicar en el horario de entrada o salida, con la disminución proporcional del salario, de entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Esta reducción de la jornada no implica necesariamente la realización de jornada continua. Esta reducción es compatible con el disfrute del permiso de lactancia.
b) Reducción mejorada del Convenio: reducción de la jornada laboral realizando jornada continuada con la disminución proporcional del salario, según la siguiente tabla. Esta reducción tan solo podrá disfrutarse en períodos no inferiores a seis meses.
Horas trabajadas al día
Horario entrada / salida todos los días del año
Porcentaje del salario
7
7,30 - 9,30 / 14,30 - 16,30
91,54
6
7,30 - 9,30 / 13,30 - 15,30
78,47
5
8,30 - 9,30 / 13,30 - 14,30
65,39
4
8,30 - 9,30 / 12,30 - 13,30
52,31
c) Para disfrutar de la reducción de jornada del apartado b) anterior, el trabajador deberá contar con la concesión expresa de la empresa quien atenderá a razones organizativas o de servicio. No se podrá compatibilizar está reducción mientras se disfrute de reducción de la jornada de entrada o salida por permiso de lactancia.
Artículo 28. Nuevas formas de trabajo como medidas de conciliación.
Con la idea principal de «mejorar la vida de los empleados, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de la comunidad donde operamos, proporcionándole servicios innovadores», el Grupo Telefónica y Telefónica Soluciones como parte del mismo, han desarrollado una innovadora política de Nuevas Formas de Trabajo. Las personas, los espacios y la tecnología son los pilares básicos para crear «el mejor lugar para trabajar», como eje de actuación sobre los Equipos, para ser una compañía ágil, innovadora y orientada al cliente.
Estas nuevas formas de trabajar aportan valores esenciales para alcanzar una compañía integrada, comprometida y responsable. Si los empleados están ilusionados y comprometidos con el proyecto, repercutirá en el equipo y por extensión en los clientes y en los resultados de la compañía. Para lograrlo, la política de las nuevas formas de trabajo (NFT) apuesta por la gestión por objetivos de trabajo; flexibilidad y movilidad; autonomía y responsabilidad; equilibrio y conciliación; comunicación y cercanía; colaboración y trabajo.
El aumento de la autonomía y flexibilidad, la mayor cercanía entre áreas y el aumento de la eficiencia, así como una buena referencia para los clientes y un avance real hacia la conciliación, son los beneficios que se obtienen de su puesta en marcha.
Un seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos es necesario para conocer su evolución y resultados, por lo que resulta básico disponer de las herramientas para conseguirlo. En todo este proceso, es clave la implicación de toda la organización y la comunicación.
Durante la vigencia del presente Convenio ambas partes asumen el compromiso de evolucionar en el desarrollo de nuevas formas de trabajo entre las que se incluye el Teletrabajo, teniendo en cuenta el Acuerdo sobre Teletrabajo.
CAPÍTULO IX
Licencias y excedencias
Artículo 29. Permisos no retribuidos.
1. Los empleados que cuenten con una antigüedad en la empresa de al menos un año, podrán solicitar una vez al año, permiso sin sueldo por un periodo máximo de hasta 30 días naturales de duración. Dicho permiso será concedido siempre que lo permitan las necesidades del servicio.
2. De forma excepcional y por causas de extraordinaria necesidad no contempladas en el articulado de este Convenio, previa valoración de las causas alegadas, la empresa podrá ampliar dicho permiso hasta seis meses, siempre condicionado a que así lo permitan las necesidades organizativas del servicio.
3. Durante estos períodos el trabajador permanecerá en situación de alta. A efectos de la cotización se estará a lo dispuesto en la legislación sobre Seguridad Social. El trabajador en esta situación causará baja en los Beneficios Sociales, salvo en el Seguro de Vida y accidente. Únicamente podrá mantener el alta en los beneficios sociales cuando medie solicitud expresa del trabajador quien deberá asumir el coste económico de los mismos.
4. Por decisión del trabajador/a que se vea obligado/a a abandonar temporalmente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, podrá solicitar este permiso por un período mínimo de un mes, y máximo de un año. Transcurrido este período sin incorporarse a su puesto de trabajo, pasará a la situación de excedencia voluntaria.
Artículo 30. Suspensión por maternidad, paternidad, adopción de un menor o discapacitado, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
1. Suspensión por maternidad o adopción de un menor.
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el apartado 2 de este artículo.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
En los supuestos de adopción y de acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo.
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre el empresario y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como en los previstos en este artículo.
2. Suspensión por paternidad.
El trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos (ampliables a 20 días cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una persona con discapacidad), en el supuesto de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento regulados en este Convenio.
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el apartado anterior de este Convenio sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el apartado anterior de este Convenio, o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. El trabajador deberá comunicar a la empresa, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho.
3. Suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en su redacción dada por la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
4. Prestaciones durante la suspensión.
Durante el período de suspensión contemplado en este artículo, la empresa complementará, hasta alcanzar el 100 % de la retribución fija que perciba la trabajadora o el trabajador en su caso de la Seguridad Social. Igualmente, se le mantendrá en situación de alta en el Seguro Colectivo, Seguro Médico y Plan de Pensiones, a cargo de la empresa, salvo la aportación del partícipe al Plan de Pensiones.
Artículo 31. Excedencia voluntaria.
1. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa podrán solicitar el pase a excedencia voluntaria por un período no inferior a 4 meses ni superior a cinco años. Esta excedencia sólo podrá ser ejercitada otra vez por el mismo trabajador si ha transcurrido un mínimo de 4 años desde la finalización de la anterior excedencia. El trabajador deberá solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria con una anticipación no inferior a 30 días anteriores a la fecha solicitada, y la empresa deberá conceder dicha excedencia, en su caso, en un plazo no superior a 45 días a contar desde la fecha de solicitud.
2. En esta excedencia el trabajador conserva solo un derecho preferente al reingreso a partir del momento de la solicitud para ocupar un puesto de trabajo vacante de su mismo grupo profesional. Se informará a la representación de los trabajadores de las solicitudes de reingreso.
3. En el supuesto en que se produzca el reingreso, éste se produciría en las condiciones previstas en el Convenio para su Grupo Profesional en el momento del reingreso. El tiempo de permanencia en excedencia voluntaria no computará a efectos de antigüedad en la empresa.
4. En el caso de que esta excedencia haya sido solicitada y concedida para cursar estudios oficiales o de mejora profesional, la antigüedad computará como tiempo de permanencia en la empresa, siempre que la duración de dicha excedencia no sea superior a un año.
Artículo 32. Excedencia forzosa por elección o designación para cargo público o sindical de ámbito provincial o superior.
1. Los empleados que sean elegidos o designados para un cargo público o ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior, que imposibilite la asistencia al trabajo tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia forzosa durante el tiempo de ejercicio de su cargo representativo.
2. En los casos de estas excedencias el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante la excedencia.
3. En ambos casos el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o representativo sindical.
Artículo 33. Excedencia para el cuidado de hijos.
1. Esta excedencia será de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, que podrá disfrutarse de forma fraccionada en períodos no inferiores a seis meses, para facilitar la contratación por interinidad, de su puesto de trabajo por parte de la empresa.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que en su caso, pondrá fin a la que viniera disfrutando.
Cuando el padre y la madre trabajen en la empresa se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de tipo organizativo y de funcionamiento de la empresa.
2. A partir del inicio de una excedencia y durante el primer año de la misma, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo de categoría igual o similar. No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
3. El periodo en que el trabajador permanezca en esta excedencia será computable a efectos de antigüedad. La excedencia podrá interrumpirse a petición del interesado antes de finalizar el plazo solicitado.
4. La finalidad de esta excedencia es la del cuidado del hijo que da derecho a ella, por lo que la utilización de la misma para la realización de cualquier otra actividad laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena tendrá que ajustarse a las limitaciones dispuestas en la legalidad vigente.
5. Los empleados que soliciten esta excedencia permanecerán en situación de alta a cargo de la empresa, en el Seguro Médico familiar y el Seguro de Vida durante un año a partir de la fecha de finalización del disfrute del descanso por maternidad y acumulación de lactancia en su caso.
Artículo 34. Excedencia para el cuidado de familiar.
1. Los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, que podrá disfrutarse de forma fraccionada en períodos no inferiores a seis meses para facilitar la contratación por interinidad, de su puesto de trabajo por parte de la empresa. La empresa solicitará los justificantes acreditativos de dicha situación.
2. A partir del inicio de una excedencia y durante el primer año de la misma, el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo de categoría igual o similar.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
3. El periodo en que el trabajador permanezca en esta excedencia será computable a efectos de antigüedad. La excedencia podrá interrumpirse a petición del interesado antes de finalizar el plazo solicitado.
4. La finalidad de esta excedencia es la del cuidado del familiar que da derecho a ella, por lo que la utilización de la misma para la realización de cualquier otra actividad laboral, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena tendrá que ajustarse a las limitaciones dispuestas en la legalidad vigente.
Artículo 35. Solicitud, concesión, interrupción y reingreso.
Para todo lo relativo a la solicitud, concesión, interrupción y reingreso aplicable a las situaciones de Licencias y Excedencia contempladas en este capítulo, se estará a lo que al respecto se establece en el procedimiento de Licencias y Excedencias vigente en la empresa que se ajustará a lo dispuesto en este Convenio.
CAPÍTULO X
Igualdad en el trabajo
Artículo 36. Igualdad y no discriminación.
1. Ambas partes entienden que es necesario establecer un marco normativo general para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en la empresa sea real y efectivo, por lo que deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Por ello, y con objeto de avanzar en el desarrollo de políticas de igualdad se procurará:
Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento del plan de igualdad con el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.
Atribuir al Grupo de Trabajo de Igualdad de Oportunidades las competencias para que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de trato y oportunidades en el trabajo.
2. El plan de igualdad fijará los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
3. Se mantiene el Grupo de Trabajo de Igualdad de Oportunidades formada por tres Representantes de los Trabajadores designados por el Comité Intercentros y otros tantos de la Dirección de la empresa. Con carácter general el Grupo de Igualdad tendrá como objetivo avanzar en el desarrollo de buenas prácticas que favorezcan la integración laboral plena de las mujeres, así como desarrollar las medidas que contribuyan al avance en la igualdad entre hombres y mujeres y posibiliten la prevención de cualquier tipo de discriminación normativa en razón de género; así como trazar las líneas de actuación incluyendo los medios materiales y humanos necesarios para la realización de los estudios de diagnóstico necesarios, que nos permitan implantar, en su caso, los Planes de Acción correspondientes.
Además de lo anterior, se otorga al citado Grupo las siguientes competencias:
– Información y apoyo sobre los estudios de diagnóstico realizados por la empresa.
– Información y apoyo sobre los Planes de Acción a implantar en función de los resultados obtenidos de la diagnosis.
– Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en la empresa en relación con las disposiciones sobre Planes de Igualdad. Una vez implantado el Plan de Igualdad en la empresa, información anual sobre su evolución, pudiendo los Representantes de los Trabajadores emitir informe si así lo estiman oportuno.
– Seguimiento de la evolución del Plan de Igualdad que en su caso se implante en la empresa.
4. Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual.
La Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores se comprometen a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención.
Ambas partes se comprometen a continuar avanzando en la elaboración de un procedimiento que tenga por objeto establecer las pautas de actuación en Telefónica Soluciones para la identificación de situaciones que puedan suponer acoso laboral o sexual para los empleados de ésta, cualquiera que sea la persona de la que proceda y siempre que ambas mantengan una relación laboral con la empresa.
En este sentido, los trabajadores víctimas de violencia de género que tengan acreditada tal condición por parte de los Servicios Sociales de atención, o de salud, con independencia de la necesaria comunicación de las incidencias a la empresa, podrán ausentarse o tener faltas de puntualidad derivadas de su situación física o psicológica en los términos establecidos por la Ley.
CAPÍTULO XI
Retribuciones
Artículo 37. Estructura salarial.
Las retribuciones salariales dinerarias del personal estarán compuestas por:
1. Retribución Fija: Son las retribuciones que con carácter periódico fijo y cuantía establecida, percibe el personal que cumpla los requisitos establecidos para cada una de ellas. Se abonarán en doce pagas ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.
Su composición será:
– Salario Base: Es la retribución personal con carácter fijo que cada empleado tiene asignada.
– Complementos Salariales Personales: Fijado en función de circunstancias relativas a las condiciones personales o profesionales del trabajador.
2. Complementos Salariales Circunstanciales: Son las retribuciones no consolidables que obedecen a complementos de cantidad y calidad, disponibilidad o desempeño de determinados puestos de trabajo cuya realización pueda dar lugar a su percepción.
3. Retribución Variable: Fijada en un porcentaje de la Retribución Fija definida en el apartado 1 de este artículo, de acuerdo con el Sistema de Fijación de Objetivos y valoración de los mismos, vigente en cada momento en la empresa. Se devengará de una sola vez, finalizado el ejercicio y tendrá el carácter de no consolidable. El porcentaje será el fijado en contrato laboral individual o reconocimiento mediante comunicación escrita por la empresa.
Artículo 38. Salario Base.
Es la retribución que corresponde individualmente a cada trabajador. La cuantía correspondiente es anual y se distribuye en 14 pagas, de las cuales dos son extraordinarias. El período de devengo de estas pagas es semestral, del 1 al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre y se abonarán antes del 30 de junio y del 20 de diciembre respectivamente. El Salario Base habrá de respetar el salario mínimo anual de referencia del grupo profesional y Puesto tipo al que pertenece el trabajador, según la siguiente tabla, con los siguientes valores actualizados con efectos desde 1 de enero de 2013:
Grupo
Puesto tipo
Salario mínimo
–
Euros
Grupo I
Técnico Auxiliar
15.554
Grupo II
Técnico
Analista
Consultor
20.734
25.830
33.964
Grupo III
Consultor Senior
41.216
Artículo 39. Complementos circunstanciales.
1. Guardia de Servicio Técnico.
1.1 Se podrá requerir a los trabajadores que tengan la preparación adecuada para ello, que atiendan fuera del horario de trabajo, la guardia de servicio técnico que deba ser atendida por la empresa fuera de dicho horario, según la programación convenida de asistencia técnica regular con el cliente.
1.2 Para estas guardias de servicio técnico se destinará, siempre que sea posible, a aquellos trabajadores que voluntariamente lo acepten, y previo acuerdo entre el trabajador y su respectivo responsable o Director.
1.3 Dichos servicios se computarán y retribuirán de la siguiente manera:
a) Por cada módulo de ocho horas de disponibilidad, los trabajadores percibirán durante la vigencia del presente Convenio, la compensación de 30 euros. Por aquellas actuaciones, hasta un máximo de tres por módulo, dentro de la disponibilidad, que sobrepasen la franquicia por módulo, los trabajadores percibirán una compensación de 20 euros.
b) Se establece una franquicia por cada módulo de 8 horas. Se define esta franquicia como la realización de una intervención con una duración máxima de 2 horas por intervención. En los casos de intervención de más de 2 horas, se computará como una nueva intervención cada período de 2 horas de intervención.
c) Los días laborables se computan como 2 módulos, con una franquicia por cada módulo.
d) Los sábados, domingos y festivos, se computan como 3 módulos, con una franquicia por cada módulo.
e) En caso de ser requerido para intervenir, estas cantidades compensarán el tiempo de desplazamiento y de trabajo efectivo que se realice con este motivo.
f) A los efectos previstos en este artículo se entiende por actuación:
f.1) La solicitud realizada desde la unidad correspondiente por un responsable identificado.
f.2) La situación de emergencia en el servicio.
f.3) La solicitud realizada por demanda jerárquica.
1.4 No se podrá estar en una guardia más de dos semanas continuadas (por tanto, no se podrá estar en una guardia más de 2 fines de semanas consecutivos). El tiempo de descanso que debe mediar entre dos guardias consecutivas nunca será inferior al período (en semanas) de guardia prestada.
2. Complemento de localización: Es un complemento circunstancial que retribuye al trabajador el estar en situación de disponibilidad para la empresa y poder ser llamado a prestar servicios en cualquier momento, con las siguientes características:
Retribuye la expectativa de atender, por medio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) facilitadas por la empresa, las incidencias técnicas que con carácter excepcional plantee el cliente.
A estos efectos, se entiende por incidencia toda duda, problema, avería o mal funcionamiento de los elementos objeto del servicio que el cliente tiene contratado con Telefónica Soluciones y que son puestas de manifiesto por este a la empresa. Se atenderán estas incidencias dentro de un tiempo razonable.
Se incluye comprendido en este complemento no sólo la atención, sino también el trabajo efectivo realizado hasta el límite de la franquicia diaria establecida en el punto 1.3 b) de este artículo. Como consecuencia de ello, el tiempo de servicio que exceda se retribuirá del modo dispuesto en el referido artículo.
Para la percepción de este complemento no será condición indispensable llevar a cabo ninguna Intervención.
La asignación de este Complemento, la realizará RR.HH. a solicitud del responsable del Centro de Coste y deberá ser validada por el Director del CdC y el Director del Área debiendo ser conocida y aceptada la realización de localizaciones por parte del trabajador.
Este complemento será retribuido con 180 euros por semana completa efectivamente realizada en localización.
Se garantizará a los empleados un descanso mínimo de una semana por cada período de tres semanas realizado en localización.
3. Complemento de especial dedicación: Es un complemento circunstancial que compensa económicamente la disponibilidad extraordinaria fuera del horario laboral ordinario del trabajador que lo acepta libremente y que es consustancial a la especial naturaleza del puesto de trabajo, con las siguientes características:
La percepción de este complemento está vinculada a la realización efectiva de la función de atención personalizada a clientes, fuera del horario de trabajo, por medio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), facilitadas por la empresa.
La asignación de este Complemento, la realizará RR.HH. a solicitud del responsable del Centro de Coste y deberá ser validada por el Director del CdC y el Director del Área. Se dejará de percibir cuando no se realice dicha función mediante comunicación motivada de la empresa.
Este Complemento que no tiene en ningún caso la consideración de retribución fija tendrá un valor de 600 euros mensuales por mes completo efectivamente realizando dicha función de especial dedicación. No se abonará durante las vacaciones anuales. A estos efectos se podrá determinar el mes de junio, en los casos de que el disfrute de las vacaciones se realice de forma fraccionada.
4. Trabajos de carácter excepcional:
4.1 Se considera que un trabajo es de carácter excepcional cuando, por circunstancias excepcionales, se requiera la realización de un trabajo, esporádico y limitado en el tiempo, que precise una dedicación especial.
4.2 En el tiempo de su desarrollo se han de contemplar los descansos establecidos legalmente.
4.3 La prestación del trabajo de carácter excepcional tendrá carácter voluntario y será acordado y notificado por escrito garantizándose la cobertura de los seguros de vida y accidentes.
4.4 Por circunstancias urgentes o excepcionales, cualquier empleado podrá ser requerido para la realización de un trabajo de carácter excepcional.
4.5 Los trabajos de carácter excepcional, como su propio nombre indica, no suelen tener una programación previa. Cuando esto ocurra, los acuerdos se establecerán durante el desarrollo del trabajo o bien al finalizar el mismo.
4.6 Los trabajos de carácter excepcional serán compensados con tiempo de libre disposición, por compensación económica o por ambas, si así se acordase (según artículo 21).
5. Gratificaciones especiales: Es un complemento de cantidad o calidad del trabajo que se abona por una sola vez, sin que tenga carácter regular y consolidado, para compensar el esfuerzo o la dedicación extraordinarios en la realización del trabajo encomendado.
6. Mejora de eficiencia y productividad: Durante la vigencia del presente Convenio ambas partes asumen el compromiso de negociar y acordar un nuevo marco regulatorio para que, garantizando la adecuada prestación de la actividad, se establezca un sistema de ordenación del tiempo de trabajo y retribución asociada que permita mejorar la eficiencia y productividad en las áreas que prestan estos servicios.
Artículo 40. Retribución variable.
1. Es la retribución vinculada a la consecución de los objetivos definidos anualmente por la empresa, y consistirá en un porcentaje sobre la Retribución Fija. Será establecida por la empresa teniendo en cuenta la consecución de los objetivos generales de empresa y/o individuales, según la función desarrollada. De acuerdo con el Sistema de Fijación de Objetivos y valoración del mismo vigente en cada momento en la empresa.
2. Las percepciones por este concepto se abonarán, en su caso, en el primer trimestre del año siguiente al ejercicio que se está valorando, y en ningún caso son consolidables. En el caso de incorporaciones durante el ejercicio se cobrará, en su caso, la parte proporcional al tiempo trabajado con una permanencia mínima de 3 meses en la empresa.
3. El porcentaje de Retribución Variable será el fijado en contrato laboral individual o asignado. Todos los empleados tendrán asignado un mínimo del 6% de la Retribución Fija en caso de cumplimiento máximo de los objetivos establecidos, de acuerdo con el sistema de valoración de objetivos vigente en la empresa.
4. Ambas partes se comprometen a analizar y valorar las posibilidades de homogenización de los porcentajes de retribución variable para cada uno de los Grupos Profesionales.
Artículo 41. Dietas y suplidos.
Son las percepciones económicas de naturaleza extrasalarial, que vienen a compensar los gastos realizados por el empleado, en concepto de desplazamientos, manutención y alojamiento, por cuenta de la empresa.
1. Gastos de locomoción: se abonará a todo trabajador el importe del desplazamiento que haya efectuado como consecuencia de viajes ordenados por sus superiores y para el cumplimiento de un servicio o tarea.
2. Dietas y alojamiento: todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio viajará bajo el mismo régimen de alojamiento y dietas establecido, tanto en los viajes y desplazamiento en territorio nacional como extranjero y desde el primer día del desplazamiento.
Siempre que se pernocte fuera de casa se percibirá la dieta completa, cualquiera que sea el momento de iniciación del viaje. Cuando no se pernocte fuera de casa se percibirá media dieta. En los casos en que se viaje fuera de las horas de trabajo, sin pernoctar fuera de casa, se percibirá dieta completa.
Para estancias superiores a un mes se ofrece la siguiente alternativa:
a) Alojamiento ofrecido por la empresa, si el trabajador lo solicita. En este caso, percibirá una dieta sin alojamiento.
b) Dieta con alojamiento a cargo del trabajador. En estos casos podrá solicitar de la empresa un anticipo de hasta dos meses de dietas para el depósito de fianza para pisos o apartamentos, anticipo que deberá liquidar al terminar el desplazamiento.
Importe de las dietas y desplazamientos:
Concepto
Importe
–
Euros
a) Por cada kilómetro en vehículo propio autorizado
0, 26
b) Dieta de desplazamiento en territorio nacional con alojamiento a cargo de la empresa
42/día
c) Dieta de desplazamiento en territorio nacional con alojamiento a cargo de empleado
75/día
d) Dieta de desplazamiento en territorio nacional sin pernoctar
21/día
Dieta Internacional: Su importe será el determinado por el Procedimiento Corporativo que estará actualizado en el Procedimiento Interno de Viajes y desplazamientos.
Artículo 42. Aspectos económicos del Convenio.
1. A la firma del presente Convenio se acreditará por una sola vez a todos los empleados incluidos dentro de su ámbito de aplicación y que estén dados de alta en dicho momento un Plus Convenio por un importe asignado en función del Grupo Profesional de Referencia:
a) Grupo 1: 250 euros.
b) Grupo 2: 325 euros.
c) Grupo 3: 400 euros.
Dicha cantidad se abonará de forma proporcional al tiempo efectivo de jornada trabajada, en la nómina del mes de abril de 2013.
La referida cantidad se incorporará a los salarios base con efectos de 1 de enero de 2013.
2. Los Salarios Base se incrementarán en el 1% para el año 2013. El resto de conceptos económicos, incluidos los complementos salariales y extrasalariales, mantendrán los mismos valores que en el 2011.
3. Para el año 2014 se garantiza un incremento de los Salarios Base del 1%. El resto de conceptos económicos, incluidos los complementos salariales y extrasalariales, mantendrán los mismos valores que en el 2011.
CAPÍTULO XII
Acción y Beneficios Sociales
Artículo 43. Ayuda de comida.
1. Es la percepción reconocida a favor de los trabajadores por cada día efectivamente trabajado en régimen de jornada partida. La realización de la jornada partida es la causa que da derecho a la percepción de esta ayuda, por lo que en cualquier circunstancia en la que no se realice dicha jornada partida no se percibirá esta ayuda, (reducción de jornada, baja por enfermedad, permiso retribuido o similar circunstancia que implique la no-realización de la jornada partida). Tampoco se percibirá esta ayuda en los casos de percepción de dieta que ya incluya la manutención.
2. La cuantía económica durante la vigencia de este Convenio se establece en 9 euros por cada día efectivamente trabajado en jornada partida, que se percibirá mediante vales comida.
Artículo 44. Ayuda infantil y escolar.
1. Se abonará en concepto de ayuda infantil la cantidad de 30 euros mensuales por cada hijo de trabajador menor de seis años.
2. En concepto de ayuda escolar se abonará por cada hijo cuya edad esté comprendida entre los seis y los dieciséis años, la cantidad de 30 euros mensuales.
3. Igualmente, en concepto de ayuda extraordinaria escolar, se abonará en el mes de septiembre, en un pago único, la cantidad de 50 euros por cada hijo cuya edad esté comprendida entre los diecisiete y los diecinueve años.
4. Para acceder a estas ayudas habrá que acreditar tener la patria potestad sobre el hijo, mediante documento oficial (Libro de Familia).
Artículo 45. Seguro colectivo de vida y accidentes.
1. Todos los empleados podrán beneficiarse de las condiciones de la actual póliza de seguro colectivo de vida e invalidez suscrita por Telefónica Soluciones y a tal efecto suscribirán el impreso de adhesión individualizado con copia de las condiciones cubiertas.
2. El capital asegurado será en cada momento el que figure en el recibo de nómina individual de cada trabajador, que se corresponderá con tres anualidades por el seguro de vida e invalidez Absoluta Total y tres anualidades si el hecho causante es por causa de accidente acumulables al de Vida e Invalidez Absoluta Total.
Artículo 46. Seguro Médico familiar.
1. Telefónica Soluciones tiene concertado para sus empleados con una Entidad privada de la máxima solvencia y garantía, un Seguro de Salud, complementario a la Seguridad Social Pública, cuyo coste es soportado por la empresa y que cubrirá al asegurado, cónyuge o persona unida por relación de pareja de hecho debidamente acreditada e hijos de hasta 25 años.
2. Durante la vigencia del presente Convenio se analizarán las diferentes alternativas que permitan establecer una uniformidad de las condiciones del referido seguro de asistencia estudiando las alternativas posibles.
Cualquier modificación se acordará con la representación de los trabajadores de modo que puedan valorarse conjuntamente las alternativas que se presenten.
Artículo 47. Plan de Pensiones.
1. Todo el personal con contrato indefinido en la empresa podrá adherirse voluntariamente al Plan de Pensiones de empleados de Telefónica Soluciones, que es un Plan en la modalidad de empleo, de aportación definida, con aportaciones obligatorias del promotor y del partícipe, de acuerdo con las condiciones establecidas en su Reglamento. Este Plan de pensiones de empleo se regirá por su propio Reglamento y será supervisado por su Comisión de Control.
2. La integración en el Plan de Pensiones de los empleados indefinidos de nuevo ingreso, no pertenecientes a empresa del Grupo, se realizará progresivamente en los siguientes plazos:
1.er año
Promotor: 1.5 %.
Partícipe: 0.75 %.
2.º año
Promotor: 3 %.
Partícipe: 1.50 %.
Años sucesivos
Promotor: 4,51 %.
Partícipe: 2,2 %.
Durante la vigencia de este Convenio colectivo, como medida flexibilizadora y coyuntural se suspenderán las aportaciones obligatorias al Plan de Pensiones, tanto las del promotor como las obligatorias del partícipe durante un período de quince meses que abarcará desde abril de 2013 a junio de 2014.
Artículo 48. Complemento salarial por Incapacidad Temporal.
1. Durante el período de baja por Incapacidad Temporal (I.T.), la empresa complementará al trabajador la prestación que perciba de la Seguridad Social o de la Mutua Aseguradora, hasta alcanzar el 100 % de su Retribución Fija definida en el Convenio.
2. Para el abono de los complementos consignados en este artículo será condición inexcusable la presentación de los partes de baja, confirmación y alta de la Seguridad Social, extendidos en modelos oficiales.
3. La Empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, de acuerdo a los medios establecidos en la legislación vigente.
Artículo 49. Integración de personas con discapacidad. ATAM.
1. La empresa y la representación de los trabajadores se comprometen a poner de su parte todas las medidas necesarias para cumplir la legislación de integración social de minusválidos, en lo que a oportunidades de empleo se refiere, y dentro de las posibilidades de la empresa y específicamente lo dispuesto en la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido).
2. En este sentido la empresa está adherida a la Asociación Telefónica para la Asistencia de Minusválidos (ATAM).
Las aportaciones de carácter mensual establecidas son:
– Aportación del trabajador: 0,2% de la retribución fija bruta anual.
– Aportación de la empresa: 0,4% de la retribución fija bruta anual.
Dichas aportaciones se realizarán mensualmente.
3. La empresa y la representación de los trabajadores acuerdan que la adhesión de los trabajadores a esta Asociación se efectuará por defecto, a falta de la petición expresa de aquellos empleados que no deseen la adhesión.
Artículo 50. Anticipos y préstamos.
1. Los empleados de la empresa tendrán derecho a recibir anticipos sobre su salario de la empresa de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Anticipo ordinario sobre haberes mensuales: Todos los empleados de la empresa podrán solicitar anticipo, sobre la cantidad devengada en el momento de la petición, de su retribución mensual, que será reintegrado en la nómina correspondiente a dicho mes.
b) Anticipo ordinario sobre pagas extraordinarias: Todos los empleados de la empresa, podrán solicitar anticipo, sobre la cantidad devengada en el momento de su petición, de su retribución extraordinaria de junio o diciembre, que será reintegrado en la nómina correspondiente a dicha paga extraordinaria.
2. Los empleados de la empresa con contrato indefinido podrán solicitar a la empresa un préstamo, sin interés, de hasta cuatro mensualidades netas, calculadas sobre el salario medio de la plantilla o sobre el salario medio del solicitante, cuando no se alcance aquél, a reintegrar desde doce hasta veinticuatro mensualidades, a elección del empleado.
2.1 La cuantía máxima a concederse, de acuerdo con este criterio, será de 10.000 €.
2.2 El montante máximo de estos préstamos será el equivalente a cinco veces el salario medio mensual de la plantilla por cada 100 empleados. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de recepción.
2.3 El importe del salario medio se actualizará una vez al año, una vez que se hagan efectivas las subidas del Convenio y las revisiones salariales individuales, y de ello se pasará información a la representación de los trabajadores.
Artículo 51. Oferta de productos y servicios para el empleado.
Ambas partes consideran de interés que los empleados puedan disfrutar de ofertas diferenciales en los productos de telefonía y banda ancha, así como de productos más innovadores que se extiendan al ámbito de los productos fijos y móviles.
Por ello, durante la vigencia del presente Convenio se articularán los mecanismos necesarios que permitan mejorar las actuales ofertas en telefonía fija, móvil, ADSL y televisión con descuentos sobre los precios de comercialización. Igualmente, se avanzará en la consecución de una mejora en las condiciones de contratación de los nuevos productos de fijo+móvil+ADSL+Tv Imagenio que se comercializan como Movistar Fusión.
CAPÍTULO XIII
Seguridad, salud laboral y medio ambiente en la empresa
Artículo 52. Prevención de riesgos laborales.
1. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, prestando especial atención al derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación laboral, así como el deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente.
La organización y los medios preventivos necesarios para tal fin, serán los adecuados a la actividad de la empresa, contando para ello, con la modalidad preventiva que se estructura a través del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Telefónica.
2. La empresa se compromete a integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades. Dicha integración supone que todo el personal tiene una cuota de responsabilidad en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, de modo que la línea jerárquica tiene, como una función ejecutiva más, la de cumplir y hacer cumplir entre el personal a su cargo la normativa y legislación vigente en materia de prevención y salud laboral.
Todo el personal que se incorpore a Telefónica Soluciones, o tras su reincorporación por excedencia o I.T. de larga duración tendrá un reconocimiento médico que tendrá carácter obligatorio.
3. El Plan de prevención de riesgos laborales de Telefónica Soluciones establece y formaliza la política de prevención, recoge la normativa, la reglamentación y los procedimientos operativos, definiendo los objetivos de la prevención y la asignación de responsabilidades y funciones a los distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales.
4. La empresa velará por la eliminación de productos o procesos no respetuosos con la conservación del Medio Ambiente, sustituyéndolos por otros más inocuos. En cualquier caso, en lo referente a productos dañinos para el Medio Ambiente se actuará siempre conforme a los principios de mínimo consumo indispensable y posibilidad de reciclaje de los mismos. La Empresa estará abierta a la búsqueda de alternativas viables a las fuentes de energía tradicionales (no renovables), aunque mientras persista la utilización de éstas, se actuará conforme al criterio de reducción de gasto energético en todos los ámbitos de su actividad.
Artículo 53. Comités de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención.
1. Los trabajadores tienen derecho a la información y participación en la empresa, en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. Esta participación se ejercitará a través de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.
2. La Empresa proporcionará los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarias para el ejercicio de sus funciones.
3. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35, apartado 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las partes firmantes de este Convenio acuerdan que la designación de los Delegados de Prevención podrá realizarse por los órganos de representación de los trabajadores (Comité de Empresa y Delegados de Personal) entre los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de la prevención de los riesgos laborales.
4. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Sus normas de funcionamiento y funciones estarán descritas mediante el Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y Salud, aprobado por ambas representaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 54. Comité Intercentros de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se constituye en el ámbito de la empresa el Comité Intercentros de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Estará integrado por ocho miembros: cuatro Delegados de Prevención designados por el Comité Intercentros, y cuatro representantes designados por la empresa.
Sus competencias, además de las atribuidas a los Comités de Seguridad y Salud, serán las siguientes:
a) Coordinar y normalizar la actuación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, tratando aquellas cuestiones que afecten a toda la empresa o a varios Centros de Trabajo y específicamente en todo lo referente al Plan de Prevención de Riesgos laborales y la política de protección del medio ambiente de la empresa.
b) Integrar, dirigir y coordinar las actividades de los Comités de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Delegados de Prevención de los centros de trabajo.
c) Proponer todas aquellas actividades que contribuyan a la mejora de la prevención de riesgos laborales.
d) Impulsar la relación con los Comités de Seguridad y Salud de los centros de trabajo, así como con los Delegados de Prevención no pertenecientes a Comités.
CAPÍTULO XIV
Representación de los trabajadores
Artículo 55. Comité de Empresa y Delegados de Personal.
La empresa pondrá a disposición del Comité de Empresa un local para su uso exclusivo, dotado de mobiliario y de los recursos de oficina necesarios para el ejercicio de su labor. En cada centro de trabajo podrá disponer, cuando lo solicite, de una sala de reuniones. Asimismo, en cada uno de los centros de trabajo habrá a disposición del Comité de Empresa tablones de anuncios para difundir sus informaciones.
Las horas de crédito horario no empleadas por los Representantes electos de los Trabajadores, miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal, pasarán a formar parte de una «bolsa de horas acumuladas», que bajo el control de cada una de las candidaturas existentes, podrán ser utilizadas por cualquier miembro del mismo. La acumulación de horas en uno o varios delegados así realizada, sólo tendrá las limitaciones que la respectiva candidatura pudiera establecer para cada caso.
Los miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal no incluirán en el cómputo de su crédito horario legalmente establecido el tiempo dedicado a reuniones realizadas a iniciativa de la empresa o de comisiones del Convenio.
En cuanto a la información, la empresa facilitará al Comité de Empresa la prevista en la legislación laboral vigente, en los plazos y circunstancias establecidas en ella.
El Comité de Empresa dispondrá de una cuenta de correo electrónico y podrá enviar notificaciones a través de la misma, al personal de la empresa dentro de su ámbito de representación, con normalidad, salvo que el comunicado se dirija a todo el personal, en cuyo caso deberá solicitar autorización de la Dirección de la empresa.
El Comité de Empresa tendrá un apartado en la Intranet, desde donde se podrá acceder a su página web.
Artículo 56. Secciones Sindicales.
Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán constituir Secciones Sindicales, así como designar Delegados sindicales de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Artículo 57. Comité Intercentros.
1. Constitución y composición: El Comité Intercentros se crea al amparo del artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores y estará compuesto por 7 miembros, que serán designados de entre los componentes de los Comités de Empresa y Delegados de Personal. En su constitución se guardará la debida proporcionalidad, según el número de representantes unitarios obtenidos por cada candidatura en las elecciones sindicales.
2. Competencias: El Comité Intercentros tendrá, en el ámbito de toda la empresa, las competencias y derechos que la ley y el presente Convenio atribuyen a los Comités de Empresa y Delegados de Personal, y especialmente en negociar convenios colectivos, en lo referente a la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la empresa y en lo dispuesto en este Convenio.
Madrid, 23 de mayo de 2013.–Por la representación de la empresa, Loreto González Clemente, Francisco José Fuertes Guerrero y Vicente Barahona Aguilar.–Por la representación de los trabajadores, Juan Ángel Álvarez Chichón (CC.OO.), César González Ruano (CC.OO.) y José Antonio Cepeda García (UGT).–Por la Secretaría de la Comisión, Ricardo del Cura Ayuso. | Convenio colectivo de Telefónica | Visto el texto del VIII Convenio colectivo de la empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (código de convenio n.º 90006402011989), que fue suscrito con fecha 17 de abril de 2013, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y, de otra, por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 3 de junio de 2013.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
VIII CONVENIO COLECTIVO DE TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U, SOCIEDAD UNIPERSONAL
CAPÍTULO I
Normas de configuración
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Los acuerdos contenidos en el presente Convenio colectivo tendrán fuerza normativa y obligarán a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante Telefónica Soluciones) y a sus empleados en todos los centros de trabajo de la empresa en el territorio nacional actuales, o que puedan constituirse en el futuro.
Quedan excluidos de la aplicación del presente Convenio colectivo:
a) Los empleados comprendidos en el artículo 1.3.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
b) Los considerados como relación laboral de carácter especial, conforme al artículo 2.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
c) Los que ostenten puestos de trabajo incluidos en la estructura jerárquica de la empresa, así como de especial responsabilidad y confianza, incluidos en el Grupo Profesional IV, tales como Director, Gerente, Jefe, Consultor Director y Consultor Gerente.
La empresa podrá declarar excluidos, previa comunicación a la representación de los trabajadores y aceptación de los interesados, a otros empleados con otros puestos de responsabilidad. A estos puestos les será de aplicación su contrato de trabajo, la normativa interna de la empresa para este colectivo y el Estatuto de los Trabajadores.
La representación de los trabajadores tendrá conocimiento, a través de la Dirección, de la relación de personas excluidas de Convenio.
La Dirección de la empresa se compromete a reducir paulatinamente el número de empleados en situación de Fuera de Convenio de modo que, al finalizar el periodo inicial de vigencia se produzca una reducción en la cifra total respecto del número actual de empleados en esta situación.
Artículo 2. Vigencia y denuncia.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de 3 años, desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.
La Comisión Paritaria de Negociación Permanente podrá acordar la prórroga de su contenido de duración máxima de un año hasta el 31 de diciembre de 2015.
La negociación de dicho acuerdo deberá llevarse a cabo en el seno de la referida Comisión durante el segundo semestre del año 2014.
El acuerdo así adoptado cumplirá seguidamente los mismos requisitos de registro y publicación previstos legalmente en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
De no alcanzarse un acuerdo sobre la prórroga del presente Convenio, se entenderá desde este momento denunciado con efectos de 1 de enero de 2015.
Artículo 3. Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones acordadas en el presente Convenio colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible, quedando las partes mutuamente obligadas al cumplimiento de su totalidad.
2. Por lo tanto, el Convenio se considerará nulo y sin efecto alguno en el supuesto de que las Autoridades Administrativas o Jurisdiccionales, en el ejercicio de las funciones que les sean propias, alterasen o anulasen alguno de los artículos o no aprobaran la totalidad de su contenido.
En este caso, los componentes de la Comisión Paritaria del Convenio serán los encargados de procurar alcanzar en un plazo máximo de 30 días naturales un acuerdo consensuado que subsane las cuestiones planteadas al efecto de preservar la aplicación indivisible y única del presente Convenio.
Artículo 4. Compensación y absorción.
Las condiciones económicas y de trabajo, valoradas en su conjunto, compensan y sustituyen a la totalidad de las hasta ahora aplicadas en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de su existencia, y expresamente al VII Convenio colectivo de Telefónica Soluciones.
Artículo 5. Prelación de normas laborales.
La prestación del trabajo entre Telefónica Soluciones y sus empleados, se regirá por lo establecido en el presente Convenio y, en todo lo no estipulado expresamente en el mismo, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales de ámbito general.
Artículo 6. Comisión Paritaria del Convenio.
Ambas partes acuerdan la constitución de una Comisión Paritaria del Convenio compuesta por cinco miembros de la representación de los trabajadores y otros cinco por la Dirección de la empresa. Dicha Comisión se constituirá en el plazo de 20 días desde la firma del presente Convenio.
Además del desarrollo de aquellas materias expresamente contempladas en el presente texto, esta Comisión tendrá atribuidas las siguientes funciones:
– La vigilancia y el control de la aplicación del contenido del Convenio.
– El seguimient
### RESUMEN: Convenio colectivo de Telefónica |
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado, y el artículo 60.1 en relación con el 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Primero.
Publicar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, opción de trámites y servicios, la adjudicación provisional de ayudas, solicitudes denegadas y solicitudes en lista de espera.
Segundo.
Los interesados disponen de un plazo de 10 días a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar alegaciones en la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional (c/ Torrelaguna, n.º 58-28027 Madrid).
Madrid, 9 de mayo de 2014.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. | El Gobierno sigue apostando por la inmersión en inglés simulada, en pueblos de España | De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado, y el artículo 60.1 en relación con el 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto:
Primero.
Publicar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, opción de trámites y servicios, la adjudicación provisional de ayudas, solicitudes denegadas y solicitudes en lista de espera.
Segundo.
Los interesados disponen de un plazo de 10 días a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar alegaciones en la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional (c/ Torrelaguna, n.º 58-28027 Madrid).
Madrid, 9 de mayo de 2014.–El Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.
### RESUMEN: El Gobierno sigue apostando por la inmersión en inglés simulada, en pueblos de España |
Por Sentencia n.º 535 de fecha 4 de octubre de 2013 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, firme desde el día 24 de noviembre de 2015, dictada en el Rollo de Sumario n.º 21/2007, con las modificaciones acordadas en Auto de 6 de noviembre de 2013 de la misma Sección y las finalmente modificadas por la segunda Sentencia n.º 508, de fecha 27 de julio de 2015, recurso de casación 10062/2014P, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Auto de ésta de fecha 15 de octubre de 2015, Ejecutoria 48/2015, Pieza Separada 48.31/2015, se condena a don José Antonio Jaén Polonio, funcionario de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial con último destino en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Málaga, como autor de un delito continuado de cohecho pasivo, a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 120.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de un mes, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público la cual alcanza a los de Alcalde, Teniente de Alcalde, Concejal o cualquier otra naturaleza electiva o ámbito local que implique participación en el Gobierno Local.
Considerando que en el artículo 443.2.f), en relación con el artículo 491.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, se establece que la condición de funcionario se pierde «por condena a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito doloso».
Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don José Antonio Jaén Polonio, con D.N.I. número 37371565-S.
Notificada la Resolución al interesado, ha devenido firme en vía administrativa, al no haberse interpuesto recurso de reposición contra la misma.
Madrid, 14 de marzo de 2017.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. | José Antonio Jaén Polonio, pierde ahora su condición de funcionario. | Por Sentencia n.º 535 de fecha 4 de octubre de 2013 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, firme desde el día 24 de noviembre de 2015, dictada en el Rollo de Sumario n.º 21/2007, con las modificaciones acordadas en Auto de 6 de noviembre de 2013 de la misma Sección y las finalmente modificadas por la segunda Sentencia n.º 508, de fecha 27 de julio de 2015, recurso de casación 10062/2014P, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Auto de ésta de fecha 15 de octubre de 2015, Ejecutoria 48/2015, Pieza Separada 48.31/2015, se condena a don José Antonio Jaén Polonio, funcionario de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial con último destino en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Málaga, como autor de un delito continuado de cohecho pasivo, a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 120.000 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de un mes, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público la cual alcanza a los de Alcalde, Teniente de Alcalde, Concejal o cualquier otra naturaleza electiva o ámbito local que implique participación en el Gobierno Local.
Considerando que en el artículo 443.2.f), en relación con el artículo 491.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, se establece que la condición de funcionario se pierde «por condena a pena privativa de libertad superior a tres años por razón de delito doloso».
Este Ministerio, en el ejercicio de la competencia conferida por el artículo 494 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don José Antonio Jaén Polonio, con D.N.I. número 37371565-S.
Notificada la Resolución al interesado, ha devenido firme en vía administrativa, al no haberse interpuesto recurso de reposición contra la misma.
Madrid, 14 de marzo de 2017.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.
### RESUMEN: José Antonio Jaén Polonio, pierde ahora su condición de funcionario. |
Visto el texto del III Convenio Colectivo del Grupo de Empresas VIPS (Sigla, S.A.; Sigla Ibérica, S.A.; Reyse, S.A.; Starbucks Coffee España, S.L.; British Sandwich Factory, S.L.; SDH Sigla, S.L.; Grupo Vips Franchising, S.L. y Lúculo, S.A.), código de Convenio núm. 90016793012008, que fue suscrito, con fecha 18 de junio de 2015, de una parte por los designados por la Dirección de dicho Grupo de empresas, en representación de las mismas, y, de otra, por las organizaciones sindicales CC.OO., FETICO y UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de noviembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
III CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE EMPRESAS VIPS
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.º Partes que lo conciertan.
El presente Convenio colectivo se concierta entre la Dirección del Grupo de Empresas Vips, y las representaciones sindicales en el ámbito del Grupo de Empresas de la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo de UGT y la Federación de Servicios de CCOO que en su conjunto suman la mayoría representativa de los miembros de comité de empresa y delegados de personal existentes en el ámbito definido en el presente artículo.
Artículo 2.º Ámbito personal y territorial.
A los efectos de este convenio colectivo se entienden afectados por el mismo:
1. Empresas del Grupo: Sigla, SA; Sigla Iberica, SA; Reyse, SA; Starbucks Coffee España, SL; British Sandwich Factory, SL; SDH Sigla, SL; Grupo Vips Franchising, SL; Lúculo S.A.
También se entenderán afectadas aquellas empresas del Grupo Vips que se encuentren en los casos descritos en el punto 1 del artículo 42 del Código de Comercio y las franquicias que exploten las marcas del Grupo siempre que en ambos casos se adhieran al presente Convenio colectivo en los términos previstos en el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Trabajadores/as: Los que presten sus servicios con contrato laboral en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, tanto si los trabajos que realizan son mercantiles, como si son de cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del centro de trabajo y pertenezcan a la empresa incluida en el presente ámbito.
No será de aplicación el Convenio a las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos regulados en los artículos 1.3 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ámbito territorial: el presente Convenio colectivo será de aplicación en el territorio del Estado español.
Artículo 3.º Ámbito temporal y denuncia.
El presente Convenio colectivo, salvo disposición expresa, entrará en vigor el día de la firma del mismo, independientemente de que sus efectos económicos se retrotraigan al 1 de enero de 2015, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2018.
Con tres meses de antelación a la fecha de finalización de su vigencia cualquiera de las partes podrá denunciarlo sin más requisito que la obligación de comunicárselo a la otra parte de modo escrito, en donde deberán constar las materias y los criterios de revisión del Convenio colectivo que se proponen por la parte denunciante.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio colectivo subsistirán en todo caso, hasta su nueva revisión. No obstante, a partir del inicio de las deliberaciones, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en cambio, su contenido normativo.
Artículo 4.º Vinculación a la totalidad y garantía personal.
Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente.
Además de las específicas, expresamente recogidas en este Convenio, se respetarán aquellas condiciones ad persónam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.
Artículo 5.º Absorción y compensación.
Las condiciones que aquí se pactan sustituyen en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regían en el Grupo de Empresas en virtud de cualquier pacto, convenio u origen, salvo que expresamente se diga lo contrario en el presente Convenio.
Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que anteriormente rigieran, por mejora pactada o unilateralmente concedida por la empresa, imperativo legal, jurisprudencial, pacto o por cualquier otra causa, salvo que expresamente se señale lo contrario.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 6.º Organización del trabajo.
I. La organización del trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa.
II. Los/as trabajadores/as a través de sus representantes legales tendrán derecho a conocer aquellas decisiones de carácter organizativo que puedan afectar a los/as trabajadores/as.
III. En todo caso, las empresas estarán obligadas a informar con carácter previo a los/as representantes de los/as trabajadores/as sobre cualquier modificación sustancial que se produzca en la organización de la empresa que pueda afectar a los/as trabajadores/as, respetándose, los plazos establecidos para ello en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41.
IV. Sin merma de la autoridad conferida a la Dirección, los Comités de Empresa tienen atribuidas funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en los temas relacionados con la organización y racionalización del trabajo, teniendo derecho a presentar informe con carácter previo a la ejecución de las decisiones que aquéllas adopten en los casos de implantación o revisión de los sistemas de organización y control del trabajo sin perjuicio de las normas legales que sean de aplicación, y de las facultades expresamente otorgadas en este Convenio colectivo a la Comisión Mixta de interpretación.
Artículo 7.º Formación profesional.
I. Sin perjuicio del derecho individual de los/as trabajadores/as, los/as representantes de los mismos/as serán informados/as del desarrollo de los planes de formación de la empresa.
II. Las empresas velarán de forma adecuada por la actualización de conocimientos por parte del personal.
III. En todo caso se estará a lo establecido en el Acuerdo Laboral Estatal para el sector de Hostelería.
CAPÍTULO III
Período de prueba, contratación
Artículo 8.º Ingresos y contratación.
Al objeto de fomentar la competitividad, el empleo estable y la cohesión social, los firmantes del presente Convenio colectivo suscriben en su integridad el contenido del Capítulo II del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En cumplimiento de tal objeto, las partes expresamente se comprometen al Compromiso de Empleo Indefinido contenido en la disposición adicional sexta del presente texto.
La contratación de trabajadores/as se ajustará a las normas legales generales sobre empleo, comprometiéndose las Empresas a la utilización de los diversos modos de contratación de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos.
Artículo 9.º Periodo de prueba.
El período de prueba que podrá concertarse en los contratos de trabajo sujetos a una relación laboral común, por tiempo indefinido, fija o fija discontinua, o de duración temporal o determinada, tendrá que suscribirse siempre por escrito y con sujeción a los límites de duración máxima previstos en el ALEH.
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en el ALEH, respecto a otros grupos de trabajadores/as, como directivos o mandos.
Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el/la trabajador/a haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la misma empresa, o en otra empresa del mismo Grupo, bajo cualquier modalidad de contratación, siempre y cuando lo hubiera superado.
En los contratos celebrados bajo la modalidad de a tiempo parcial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá concertar un período de prueba con sujeción a los períodos contemplados en los artículos anteriores.
Cuando estos contratos se celebren para la prestación de servicios que no se vayan a realizar todos los días de la semana, con los descansos legalmente establecidos, el período de prueba no podrá superar veinte días de trabajo efectivo, cuando sean por tiempo indefinido, o quince días de trabajo efectivo cuando sean por duración determinada.
Artículo 10.º Contrato de obra o servicio determinado.
Será contrato de obra o servicio determinado aquel que se contrate con un trabajador/a para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.
Artículo 11.º Contrato eventual.
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 15.1.b) del ET, las Empresas incluidas en el artículo 1 de este Convenio podrán acogerse a esta modalidad de contratación por un tiempo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce, salvo que el ALEH prevea un tiempo máximo superior.
Dentro del compromiso de empleo estable se atenderá prioritariamente a la transformación a indefinido los contratos eventuales a su extinción, según los límites legales establecidos en cada momento (6 meses para los contratados en la modalidad eventual).
Artículo 12.º Contrato a tiempo parcial.
Se aplicará el régimen jurídico determinado en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes condiciones:
Se especificará en los contratos el número de horas al día, a la semana o al año contratadas así como su concreta distribución diaria, semanal, mensual o anual.
En los casos de aumento de plantilla o vacante o necesidad de contratación a tiempo parcial de mayor jornada, en relación al mismo grupo profesional, y en igualdad de condiciones y de idoneidad para el puesto, se cubrirá con trabajadores /as que ya presten sus servicios en la empresa teniendo preferencia las personas que vieron reducidas sus jornadas sobre las nuevas contrataciones.
Se podrá establecer un pacto de horas complementarias hasta del 50 % de la jornada ordinaria fijada en el contrato realizándose con carácter voluntario según la práctica habitual de la empresa. Este porcentaje se vincula a la realización por parte de los/as trabajadores/as de la propia plantilla de la mayor parte de las horas no estructurales racionalizando así el uso de empresas de trabajo temporal.
El/la trabajador/a podrá dejar sin efecto el pacto de horas complementarias de acuerdo con los supuestos de la ley de conciliación de la vida familiar y laboral y por causa de concurrencia acreditada de realización de otro trabajo anterior.
En el transcurso de un año, aquellos/as trabajadores/as con ampliaciones temporales y horas complementarias que se hayan realizado de forma regular, estructural y en el mismo centro de trabajo en dicho período anual, se consolidarán a voluntad del trabajador como jornada ordinaria siempre respetando la naturaleza causal de la carga de trabajo que da lugar a la ampliación, los límites del convenio y de la legalidad vigente. El comité intercentros realizará un seguimiento de esta materia.
Artículo 13.º Contratos formativos.
En materia de contratos formativos se estará a lo dispuesto con carácter general en el ALEH, y serán competencia del Comité Intercentros o en su caso de la Comisión Mixta de este Convenio aquellas cuestiones que el ALEH remita a tal nivel.
Dentro del compromiso de empleo estable se atenderá prioritariamente a la transformación a indefinido de los contratos formativos
Artículo 14.º Contrato de interinidad y contrato fijo discontinuo.
a) Interino.
I. Es el contrato para sustituir a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo (maternidad, vacaciones, etc.). Igualmente podrá celebrarse este contrato para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.
II. Se especificará en el contrato el nombre, apellidos, puesto de trabajo y grupo profesional del trabajador/a o trabajadores/as sustituidos/as y la causa de la sustitución, indicando si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador/a sustituido o el de otro/a trabajador/a de la empresa que pase a desempeñar el puesto de aquel. En los casos de selección o promoción el contrato deberá identificar el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el citado proceso de selección externa o promoción interna.
III. Los/as trabajadores/as interinos tendrán, en condiciones de idoneidad, preferencia de ingreso en los casos de necesidad de contratación.
b) Contrato fijo discontinuo: Cuando se trate de realizar trabajos fijos y periódicos en la actividad de la empresa, pero de carácter discontinuo, los/as trabajadores/as contratados/as para tales trabajos tendrán la consideración de fijos de carácter discontinuo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO IV
Clasificación profesional
Artículo 15.º Clasificación profesional.
Las partes firmantes del presente Convenio colectivo suscriben en su integridad el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, debiendo aplicar las Empresas que rijan sus relaciones laborales por este Convenio cualesquiera de las áreas funcionales y de los grupos profesionales definidos en el ALEH, en función de los trabajos que realicen sus trabajadores/as.
En este sentido se define, como propia del Grupo, la Clasificación Profesional del Área Funcional Tercera del Capítulo II del ALEH a la que se asimila la actual clasificación conforme al cuadro que figura en el anexo I del presente Convenio.
Gerente de Centro: Grupo profesional 1 del ALEH, nivel I del Convenio colectivo.
Supervisor de Restauración Moderna: Grupo profesional 2 del ALEH, nivel II del Convenio colectivo.
Preparador de Restauración Moderna: Grupo profesional 2 del ALEH, nivel III del Convenio colectivo.
Asistente de Restauración Moderna: Grupo profesional 3 del ALEH, nivel IV y III del Convenio colectivo.
CAPÍTULO V
Movilidad funcional y geográfica, ascensos y promociones
Artículo 16.º Movilidad funcional.
En materia de movilidad funcional se estará a lo previsto en el ALEH garantizando la formación en el puesto y en prevención de riesgos que sean necesarias.
Artículo 17.º Movilidad geográfica.
En el supuesto de que la empresa pretenda ubicar el centro de trabajo o al trabajador/a en otra localidad en el entorno de un área metropolitana y el mayor tiempo empleado en el desplazamiento al nuevo centro en transporte público sea igual o inferior al 20 % de la jornada diaria del trabajador/a, se entenderá que no existe la necesidad de cambiar la residencia habitual del trabajador/a. Para sucesivos movimientos se tendrá siempre como referencia el domicilio habitual acreditado mediante el certificado de empadronamiento o, en su defecto, el primer centro de trabajo.
El comité intercentros, a través de la oportuna comisión de trabajo, analizará las situaciones específicas que la aplicación de estos criterios pudieran generar.
Los cambios definitivos de centro en localidades de diferentes municipios deberán ser preavisados con un mínimo de tres días de antelación.
En los demás casos se considerara que existe movilidad geográfica, con las precisiones que para la misma, impone el E.T.
La comisión de conciliación de la vida laboral, personal y familiar atenderá y resolverá, entre otras cuestiones, de las situaciones de traslado definitivo que le plantee la RLT.
Artículo 18.º Ascensos.
a) El ascenso de los/as trabajadores/as a tareas o puestos de trabajo que impliquen confianza (nivel I), o mando y coordinación (nivel II), será de libre designación por la empresa mediante prueba evaluadora que, entre otros factores, tendrá en cuenta la formación, la experiencia demostrada en la buena gestión del personal, la dinamización de equipos y su integración. Para ello, la empresa utilizará el Programa Formativo de Líderes que contiene entre otras herramientas una prueba objetiva final. La Comisión de Igualdad tendrá conocimiento de las promociones en orden al cumplimiento de los objetivos contenidos en dicho Plan. Cuando la Dirección prevea cubrir un puesto de estos mediante ascenso, lo pondrá en conocimiento de la plantilla que pueda optar al mismo.
b) El ascenso de trabajadores/as del nivel IV al nivel III se realizará por el mero transcurso del tiempo, después de prestar servicios durante doce meses consecutivos en el grupo o ininterrumpidos dentro de un período de dieciocho meses.
CAPÍTULO VI
Tiempo de trabajo
Artículo 19.º Jornada.
La jornada máxima anual de trabajo efectivo durante la vigencia del convenio será de 1.800 horas de trabajo efectivo al año. La jornada podrá distribuirse en la forma que previene el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores a lo largo del año y de todos los días de la semana.
Esta distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente, esto es, 9 horas ordinarias diarias de trabajo efectivo, y 12 horas entre el final de una jornada y comienzo de la siguiente salvo en los supuestos exceptuados y compensados según dispone el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, que regula las jornadas especiales de trabajo. La jornada laboral no vendrá marcada por los horarios de apertura o cierre del centro de trabajo.
La jornada máxima, para quienes tuvieran una jornada de trabajo efectivo anual inferior, será la que vengan disfrutando, y la mantendrán a título individual.
Distribución. Habida cuenta de las especiales características vigentes en las Empresas del Grupo, la jornada anual pactada, respetando los descansos legalmente establecidos, podrá distribuirse como máximo a lo largo de 224 días de trabajo al año.
Trimestralmente se planificará, en cada centro, los cuadros horarios, con especificación de los distintos, turnos y horas de entrada y salida para todos/as los/as trabajadores/as. Dichas planificaciones se publicarán con 15 días de antelación al inicio del trimestre.
La verificación y control de la ejecución de la jornada anual pactada se efectuará, con carácter individual, trimestralmente.
A tal fin se desarrollarán y pondrán en práctica mecanismos de control y verificación de la jornada.
Los cambios en el horario individualmente adjudicado por causas organizativas imprevisibles (ausencias no previstas de otras personas de la plantilla, y retrasos o adelantos en suministros), se efectuarán, respetando lo establecido en el artículo 34.2 de Estatuto de los Trabajadores, con personal voluntario y en su defecto no podrán superar como límite máximo, 45 horas al trimestre para los/as trabajadores/as a jornada completa. Los/as trabajadores/as a tiempo parcial tendrán el límite en proporción a su jornada.
Los excesos de jornada, en caso de que los hubiere, se regularizarán en cómputo anual.
Las horas realizadas fuera del horario individualmente adjudicado se compensarán con descanso equivalente a lo más tardar dentro del siguiente trimestre, y en su caso de conformidad con lo establecido en el artículo 21. No tendrán tal consideración los cambios efectuados de mutuo acuerdo.
En el caso de que el cambio impidiera el disfrute del descanso semanal este se recuperará necesariamente dentro de los plazos legales.
Tendrán carácter obligatorio la realización de las horas de trabajo precisas fuera del horario normal para reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de pérdida de materias primas.
La compensación en descanso de los excesos de jornada previstos en al apartado anterior se realizará preferentemente concentrándose en días completos a disfrutar de mutuo acuerdo.
Artículo 20.º Descanso semanal.
En los centros donde se trabaje de manera habitual los domingos, el descanso semanal y cualquier otro de referencia temporal inferior se disfrutará descansando dos días consecutivos.
La planificación se hará de lunes a domingo, ambos inclusive, y se organizará, salvo pacto en contrario, en turnos rotativos. En lo que se refiere a la acumulación del descanso semanal se estará a las posibilidades legales por acuerdo. La rotatividad de los descansos queda garantizada por el sistema de trabajo 7/2 -7/5 o 7/2 - 8/4.
En aquellos centros de trabajo donde no se trabaje de manera habitual los siete días de la semana, en materia de descanso semanal, se estarán a los acuerdos que en los mismos se suscriban por la representación legal de los/as trabajadores/as.
Artículo 21.º Horas extraordinarias.
Las partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales.
No obstante y si se dieran por algún motivo excepcional, tendrán el siguiente tratamiento:
Se considera hora extraordinaria toda aquella que se realice sobre la duración máxima de la jornada trimestral que se compensarán con un incremento del setenta y cinco por cien sobre el valor del precio hora definido en el artículo 26, o bien con tiempo de descanso a razón de hora por hora, preferentemente concentrándose en días completos.
El/la trabajador/a elegirá el sistema de compensación.
Se entregará a la representación legal de los/as trabajadores/as una relación firmada y sellada por la empresa en la que se detalle el nombre del trabajador/a y número de horas extras realizadas por cada uno de ellos/as.
En el caso de no existir representación legal de los/as trabajadores/as, se entregará dicha relación a cada trabajador/a afectado/a en los mismos términos del párrafo anterior.
Artículo 22.º Vacaciones.
Todos/as los/as trabajadores/as afectados/as por el presente convenio disfrutarán de un período de vacaciones anuales retribuido cuya duración será de 31 días naturales.
Aquellos/as trabajadores/as que viniesen disfrutando de otras condiciones más beneficiosas las mantendrán a título personal.
Las vacaciones se podrán disfrutar a lo largo de todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, pudiendo fraccionarse su disfrute conforme al calendario laboral fijado.
Igualmente podrán disfrutarse los 31 días de modo continuado conforme al calendario laboral fijado en cada centro.
En el caso de que esté previsto el disfrute de vacaciones en el primer trimestre del año, el mismo se efectuará, salvo acuerdo, con el preaviso de dos meses contemplado en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores.
El inicio del periodo de vacaciones no puede coincidir con un día de descanso semanal, de forma y manera que, en estos casos, se entenderán iniciadas las vacaciones al día siguiente del descanso semanal. Los períodos de vacaciones correspondientes a jornadas con rotatividad de sistema de triadas, salvo acuerdo, se iniciarán después de descanso semanal siempre que sea un período mínimo de 9 días.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal, o suspensión del contrato derivado del embarazo, riesgo durante el mismo, la maternidad / paternidad o la lactancia natural según establecen los artículos 48.4 y 48 bis del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
Las vacaciones serán reprogramadas por acuerdo entre la Dirección y el trabajador.
Artículo 23.º Festivos abonables y no recuperables.
Lo 14 festivos del año que sean trabajados darán lugar al disfrute de un descanso de veinte días ininterrumpidos, o la parte proporcional si se prestan servicios menos festivos.
Los festivos coincidentes con día de descanso o vacaciones se considerarán a estos efectos como de servicios prestados.
Dicho descanso corresponde en compensación de los catorce días festivos más los seis días de descanso correspondientes a tres semanas, pudiéndose disfrutar de las siguientes maneras:
a) Acumulados a las vacaciones anuales.
b) Disfrutados en descanso continuado en periodo distinto.
c) Disfrutando el día festivo correspondiente.
También por acuerdo específico con el/la trabajador/a se podrán disfrutar los días festivos trabajados unidos a los días de descanso semanal, de tal modo que con carácter general sus turnos horarios serán 7 días de trabajo-5 de descanso y 7 días de trabajo-2 de descanso.
El seguimiento y desarrollo práctico de lo dispuesto en el párrafo anterior será objeto de tratamiento en el seno del Comité Intercentros o de la comisión que se cree al efecto tendiendo a la certeza en la concreción del descanso y a que paulatinamente no se produzcan períodos continuados de trabajo superiores a siete días.
Los/as trabajadores/as contratados por tiempo inferior a 20 horas y prestación de servicios no superior a cuatro días a la semana que se comprometan por acuerdo específico a trabajar los días en que su prestación de servicios coincida en festivo la empresa les abonarán el mismo.
Artículo 24.º Licencias.
1. Retribuidas. El/la trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario base de grupo, más los complementos personales por los motivos y el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. A petición del trabajador/a se podrá disfrutar en fecha posterior al hecho causante pero siempre antes de transcurrir un año del mismo y de común acuerdo entre la empresa y el trabajador.
b) Tres días por el nacimiento de hijos, y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si por tal motivo, el/la trabajador/a necesita hacer un desplazamiento al efecto en localidad distinta a la del domicilio, el plazo será de cinco días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los/as trabajadores/as, cuando éstos cursen estudios de carácter oficial o académico. En tales casos, deberán aportar la justificación administrativa que avale su solicitud.
e) Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
f) El tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que se deban realizar dentro de la jornada laboral.
g) Hasta siete horas anuales para acompañar al hijo menor de 12 años o persona dependiente para asistencia sanitaria de carácter urgente. Se deberá acreditar coincidencia con la jornada laboral y justificación acreditativa del período de asistencia facultativa.
A los efectos de licencias, tendrán los mismos derechos las parejas de hecho siempre que las mismas estén debidamente inscritas en el correspondiente registro oficial y el/la trabajador/a aporte la certificación acreditativa de la misma, en las poblaciones donde no exista registro, mediante certificación oficial administrativa que acredite los mismos extremos. La prevista en apartado a) de este artículo sólo podrá disfrutarse por una sola vez en el período de dos años. El matrimonio que provenga de la pareja de hecho que dio derecho al permiso no será considerado un nuevo hecho causante a los efectos de esta licencia.
Si en los supuestos relacionados con hospitalización de familiares debido a enfermedad o accidentes graves, o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario se establecieran turnos de estancia en el hospital a fin de atender al paciente, el/la trabajador/a podrá disfrutar fraccionadamente de su licencia por este concepto en días completos iniciándola en fecha posterior a la del hecho causante, siempre y cuando lo solicite en los términos a continuación establecidos y la consuma mientras perdure el mismo período de hospitalización o reposo domiciliario.
En estos supuestos el/la trabajador/a tendrá derecho al mismo número de días laborables de licencia que hubiera disfrutado en el caso del normal inicio de la misma.
El/la trabajador/a deberá comunicar y acreditar a la empresa la concurrencia del hecho causante, su intención de disfrutar la licencia en fecha posterior y señalar los días laborales que le correspondan, según el cálculo anterior, en los que disfrutará su licencia. Al término del disfrute deberá acreditar que durante los días efectivamente disfrutados como licencia concurría la situación que dio lugar al permiso.
Si el hecho causante coincide con libranza, el disfrute del permiso comenzará el siguiente día y terminará transcurridos los días de permiso.
2. No retribuidas. El/la trabajador/a dispondrá de cuatro días de licencia no retribuida al año para asuntos propios. El disfrute de esta licencia deberá ser preavisada con una semana de antelación a la Empresa, quien podrá oponerse a la concesión si coincide con periodos de alta actividad del centro que se trate o el nivel de absentismo del centro impide su concesión salvo que el/la trabajador/a proponga a otro/a trabajador/a para que le sustituya en el turno de forma voluntaria. Por acuerdo entre el/la trabajador/a y la Empresa se podrá establecer el mecanismo de recuperación del tiempo empleado en esta licencia, en otro caso se descontará de vacaciones.
En el caso de que el permiso obedezca a razones de urgencia inaplazable (enfermedad grave, fallecimiento de familiares o de relaciones de afectividad cercana de los no contemplados en los permisos retribuidos de este convenio), se preavisará a la empresa sin perjuicio que de que no se pueda hacer en el plazo que para otros supuestos se contemplan en este artículo y, justificando la causa del permiso a posteriori.
Los/as trabajadores/as que lleven prestando servicios en la empresa más de un año, podrán solicitar licencia sin sueldo con una duración de entre un mes como mínimo y dos como máximo, a cuyo efecto deberán comunicarlo con una anticipación de un mes.
CAPÍTULO VII
Régimen salarial
Artículo 25.º Retribuciones.
Las retribuciones de los/as trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio estarán formadas por el salario base y los distintos complementos, sin que la suma de todos ellos pueda ser inferior a la RMG.
Artículo 26.º Garantía retributiva.
I. Hasta el 1 de enero de 2015 se mantienen las retribuciones que efectivamente han sido abonadas a los/as trabajadores/as.
Desde el día 1 de enero de 2015 se establecen, y para los niveles definidos en el artículo 15 del Convenio colectivo las siguientes garantías retributivas:
Nivel IV: 6,73 euros/hora.
Nivel III: 7,27 euros/hora.
Nivel II: 7,70 euros/hora.
Nivel I: 8,45 euros/hora.
Los atrasos correspondientes a las nuevas tablas desde enero de 2015 se abonarán, a más tardar, en la nómina siguiente a la firma del convenio.
II. Esta garantía retributiva operará como retribución mínima garantizada (RMG), por todos los conceptos, incluida la ayuda al transporte, no pudiéndose establecer cuantías retributivas inferiores salvo que expresamente se prevea así en este convenio para determinados tipos de contratos.
III. Incrementos durante la vigencia del Convenio y retribución adicional:
III.1. Criterios generales:
a) Definiciones: Para el cálculo del EBITDA se tendrán en cuenta las cifras del Grupo de Empresas VIPS y se excluirán las amortizaciones, gastos financieros, write off e ingresos / gastos extraordinarios.
b) Bases de EBITDA:
1. Para el cálculo de los incrementos anuales fijos se tendrá en cuenta el EBITDA del año anterior, en función de los datos definitivos de cierre de ejercicio facilitados en el mes de marzo por el grupo. El incremento que corresponda se aplicará sobre la RMG con efectos desde el 1 de enero del año en curso.
2. Para el cálculo provisional del fijo de reparto variable anual se tendrán en cuenta los objetivos fijados en el presupuesto para el año facilitados en el mes de diciembre por el grupo y se regularizará al final del ejercicio con los datos reales del año, una vez constatados los mismos.
3. La Dirección de la empresa pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta, y a su disposición, los datos anuales que soporten las cifras de EBITDA estableciendo un seguimiento mensual de los mismos.
4. Anualmente la Comisión Mixta acordará y publicará las tablas salariales de cada año.
III.2. Incrementos salariales fijos: Sobre la tabla salarial vigente a primero de enero de cada año se practicarán los siguientes incrementos fijos en función del EBITDA del año anterior, y del que se consolidará, para el cálculo del incremento del siguiente año, el porcentaje que figura en la siguiente tabla:
Tramos EBITDA
Incremento fijo
–
Porcentaje
Consolidación sobre incremento fijo
–
Porcentaje
21.000.000
24.000.000
0,50
90,0
24.000.001
26.000.000
0,60
90,0
26.000.001
29.000.000
0,65
90,0
29.000.001
32.000.000
0,70
85,0
32.000.001
35.000.000
0,80
80,0
35.000.001
38.000.000
0,90
80,0
38.000.001
–
0,95
80,0
Para el cálculo del incremento fijo del 2015, de manera excepcional y única, habida cuenta los esfuerzos realizados por los/as trabajadores/as, las circunstancias concurrentes en el pasado año, y un resultado en el 2014 muy cercano al inicio de la tabla, la Empresa, ante la petición de los/as Representantes de los/as trabajadores/as y de común acuerdo con éstos, considera que dicho resultado queda incluido en el primer escalado de la tabla, por lo que los salarios de la tabla del Convenio vigentes a 31 de diciembre de 2014 se han incrementado para llegar a la tabla que figura en el apartado I del presente artículo, en el 0,5 % con efectos de 1 de enero de 2015, y el incremento que corresponda en 1 de enero de 2016 se aplicará sobre los salarios de la tabla del Convenio vigentes a 31 de diciembre de 2014, incrementados en el 90 % del incremento aplicado a 1 de enero de 2015.
III.3 Incrementos del importe fijo de reparto variable:
1. En función del EBITDA objetivo fijado en el presupuesto para cada año previsto por la Empresa se establecerá el siguiente importe global máximo de reparto variable, como Prima Anual de Resultados de Compañía e Incentivo Anual de Resultados de Unidad:
Tramos EBITDA
Fijo de reparto variable total
30% Prima anual de resultados CIA
70% Incentivo anual de resultados de unidad
21.000.000
24.000.000
1.200.000
360.000
840.000
24.000.001
26.000.000
1.400.000
420.000
980.000
26.000.001
29.000.000
1.600.000
480.000
1.120.000
29.000.001
32.000.000
1.800.000
540.000
1.260.000
32.000.001
35.000.000
2.000.000
600.000
1.400.000
35.000.001
38.000.000
2.200.000
660.000
1.540.000
38.000.001
–
2.400.000
720.000
1.680.000
Del presente sistema de Incrementos del importe fijo de reparto variable, que se aplicará desde el 1 de enero de 2015, quedarán excluidos los/as trabajadores/as afectados/as por un sistema de retribución variable distinto al previsto en este acuerdo.
Prima Anual de Resultados Compañía:
El pago se efectuará en marzo del año siguiente como prima para todos los/as trabajadores/as afectados/as en activo, en tal momento, y en proporción al tiempo de permanencia y jornada promedio efectiva anual del año de generación del resultado.
Dicho importe no se compensará ni se absorberá con ninguna otra cantidad que se pudiera percibir.
Incentivo Anual de Resultados de Unidad:
a) La base que se utilizará para el cálculo y pago de los incentivos de resultados de Unidad será la que corresponda en función de las jornadas equivalentes promedio del año anterior.
b) El abono se realizará en proporción al tiempo de permanencia y jornada efectiva promedio del período considerado, entendiendo por esto la jornada ordinaria contratada más las ampliaciones a la misma que se puedan acordar entre las partes.
c) Se establecen dos objetivos, de cumplimiento independiente, para cada unidad. El peso de cada uno de ellos será del 50 %.
1) Presupuesto anual de ventas.
2) Presupuesto anual de Ebitdar en porcentaje (%). (Ebitdar: Ebitda descontado los arrendamientos).
d) El objetivo de venta y de Ebitdar presupuestado de cada centro tendrá carácter anual realizándose anticipos a cuenta en función del 100 % del cumplimiento de los objetivos trimestrales acumulativos del presupuesto.
Los importes anticipados que no se correspondan con el cumplimiento de los objetivos anuales no se compensarán ni se absorberán.
e) Una vez contabilizado al finalizar el año todos los importes abonados, la diferencia existente entre el importe total máximo a abonar según el cuadro precedente y la cantidad abonada se repartirá, si existe, de la siguiente forma:
1) Las unidades con Ebitdar igual o superior al 22 % en hostelería, 15 % en comercio y 21 % en BSF, percibirán un importe de incentivo extra como máximo igual al 50 % del abonado en concepto de Prima Anual de Resultados Compañía.
2) El importe restante, descontado el anterior pago, se repartirá entre los/as trabajadores/as de las unidades que han cumplido el presupuesto anual de ventas y su Ebitdar sea igual o superior al 22 % en Hostelería, al 15 % en tiendas y al 21 % en BSF.
f) El/la trabajador/a que, a lo largo del año, preste sus servicios en varios centros percibirá el variable proporcional al período en que haya permanecido en cada unidad y al resultado de cada una de ellas en dichos períodos.
III.4. La empresa, una vez abonado en marzo la prima y el incentivo definitivo, suministrará a la Comisión Mixta listado con la relación de trabajadores/as e importes percibidos cuya suma deberá coincidir con el reflejado en la tabla de punto 4.3.1.
Dada la trascendencia de la función de la Comisión Mixta en el desarrollo y seguimiento tanto del sistema de incentivo como de los propios incrementos salariales, en el término de dos meses desde su constitución, la Comisión Mixta se dotará de un reglamento de funcionamiento con el régimen de reuniones y debates, y con especial referencia a los compromisos de entrega de documentación por parte de la Empresa para el conocimiento puntual de la marcha de la empresa y del señalamiento y cumplimiento de objetivos. Cuando la índole de la materia a tratar tenga contenido de necesario análisis económico, respetando siempre el preceptivo sigilo y secreto de los debates y datos analizados, las partes podrán acudir de técnicos expertos. A tal efecto y para una mayor operatividad y especialización, la Comisión Mixta del Convenio creará una comisión delegada de la misma al efecto de seguir trimestralmente la información económica que facilite la Empresa con la misma periodicidad. En dicha Comisión delegada se harán un seguimiento de las jornadas equivalente con las que se hará el reparto definitivo. En el momento de su creación se establecerá el correspondiente reglamento de funcionamiento.
III.5 Este sistema sustituye a todos los sistemas de incentivos vigentes de los grupos III y IV en la actualidad.
IV. Prima de fin de convenio.
Como retribución extraordinaria de carácter personal, se establece una prima, al finalizar la duración del presente convenio, de un 0,5 % de la RMG del último año de su vigencia natural, no consolidable y en un solo pago, si, en el año en cuestión, la Compañía ha superado los 38.000.000 de euros de EBITDA. Para el abono de esta prima, que afectará a los/as trabajadores/as sujetos a la retribución variable prevista en el punto 4.3 anterior, se tendrán en cuenta los criterios de devengo y pago contenidos en la misma.
Artículo 27.º Pagas extraordinarias.
Las pagas extraordinarias se abonarán conforme a los usos y costumbres de cada una de las empresas afectadas por el presente Convenio, pudiéndose prorratear las mismas en doce mensualidades, si así se acordara entre las partes.
Artículo 28.º Incremento salarial años 2016, 2017 y 2018.
La RMG con efectos de primero de enero de cada uno de dichos años tendrá un incremento que determinará la Comisión Mixta de conformidad con lo previsto en el punto III.2 del artículo 26.º
Artículo 29.º Nocturnidad.
Las horas de trabajo nocturno que se realicen entre las 22:00 y las 24:00 se abonarán al precio que figura en la disposición adicional undécima de este Convenio colectivo por cada hora efectivamente trabajada en tal período. Anualmente la Comisión Mixta elaborará las tablas correspondientes a cada año con el incremento que corresponda a la RMG conforme a lo previsto en el artículo anterior.
En el caso de que el/la trabajador/a preste sus servicios 5 o más horas en el período comprendido entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente, el incremento que se aplicará será del 25 % a todas las horas prestadas en jornada nocturna.
El trabajo nocturno que se realiza entre las 24:00 horas y las 6:00 horas, se retribuirá con el 25 % calculado como se ha realizado en la práctica de la empresa.
Durante las vacaciones se cobrará el promedio de lo percibido por este concepto en los tres últimos meses salvo que se incluyera su importe en la base de cálculo.
CAPÍTULO VIII
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
Artículo 30. Protección de la vida familiar.
I. En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
II. Lactancia: las trabajadoras y trabajadores podrán acumular el derecho al permiso de lactancia en 18 días continuados siempre y cuando el ejercicio de esta facultad se realice al finalizar el periodo de baja por maternidad, y siempre y cuando se preavise del ejercicio de este Derecho con quince días de antelación a la reincorporación tras la baja por maternidad.
En el caso de parto múltiple, las trabajadoras podrán ampliar este derecho en proporción al número de hijos recién nacidos.
III. Maternidad: Las trabajadoras en baja por maternidad podrán juntar tal periodo con el de vacaciones. También se podrá acumular el descanso compensatorio por festivos trabajados del año anterior cuando no hubiera podido ser disfrutado por encontrarse en situación de incapacidad temporal o suspensión del contrato por riesgo de embarazo. Igualmente se podrá acumular el del año en curso, compensando los posibles defectos de jornada.
IV. Guarda legal: De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y concordantes, quienes por razones de guarda legal tuviesen a su cuidado algún menor de 12 años o discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad, discapacidad o persona que no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
V. Nacimientos prematuros: en los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados/as a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora durante el tiempo que dure esta hospitalización.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas (o su parte proporcional en caso de contratos a tiempo parcial), con la disminución proporcional del salario.
VI. Suspensión del contrato por maternidad o adopción:
a) En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.
b) En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la suspensión del trabajo tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida.
c) En los casos de excedencia por maternidad, los/as trabajadores/as tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo hasta la edad de escolarización obligatoria. El máximo de antigüedad computable en estos casos será de 3 años. A partir del tercer año el regreso será en puesto equivalente y por el número de horas que tenga disponible la empresa.
Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre y la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 31.º Excedencias.
A. I. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años los/as trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad, discapacidad o persona que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
III. Si dos o más trabajadores/as de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, las empresas podrán limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de las empresas.
IV. Cuando un nuevo sujeto causante diese derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
V. En los casos contemplados en los apartados I, II, III y IV de este artículo, en que el/la trabajador/a permanezca en situación de excedencia, dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, y el/la trabajador/a tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la Dirección, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante los dos primeros años tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, salvo en el supuesto del apartado I que la reserva será hasta la escolarización obligatoria. Transcurrido dicho periodo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo en su mismo grupo profesional.
VI. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a una excedencia por estudios durante el tiempo necesario para completar la formación reglada u oficial con reserva de un año. Si los estudios son de Hostelería o de grado superior la reserva sería de dos años.
B. I. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
II. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la elección o designación de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. El reingreso deberá solicitarse dentro de los dos meses siguientes al cese en el cargo público.
III. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho a la excedencia forzosa, con derecho a reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro de los dos meses siguientes a la fecha del cese.
IV. El/la trabajador/a con al menos una antigüedad de un año en la empresa, tiene derecho a solicitar la excedencia voluntaria por un periodo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años, salvo acuerdo individual.
V. Las peticiones de excedencia serán resueltas por la Dirección en el plazo máximo de un mes.
VI. El/la trabajador/a que no solicite el reingreso antes de la terminación de su excedencia voluntaria perderá el derecho al reingreso, causando baja laboral.
VII. Para solicitar una excedencia voluntaria de las contempladas en el presente artículo no será necesario motivar la solicitud a la empresa.
VIII. Las excedencias voluntarias únicamente generan, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, un derecho preferente al reingreso en la empresa en puesto de igual o similar función.
CAPÍTULO IX
Régimen disciplinario
Artículo 32.º Faltas y sanciones de los trabajadores y las trabajadoras.
Las Empresas y los/as trabajadores/as del grupo incluidos en el presente artículo se regirán, en esta materia, por el contenido del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería en materia de faltas y sanciones vigente cada momento.
CAPÍTULO X
Condiciones sociales
Artículo 33.º Incapacidad temporal.
En el caso de situación legal de incapacidad temporal (IT), en el que la Seguridad Social o la mutua patronal reconozca el pago de prestaciones, la empresa, durante el tiempo en el que el/la trabajador/a tenga derecho a prestaciones económicas, complementará las mismas hasta la expedición del parte de alta por cualquier causa y, en todo caso, por el período máximo que para la misma establezca la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, según se establece a continuación:
a) Hasta el 100 por 100 del salario en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional y, en el caso de contingencia común con hospitalización, desde la hospitalización hasta el alta hospitalaria.
b) Hasta el 100 por 100 del salario para las tres primeras bajas por contingencias comunes dentro del año natural.
c) En la cuarta y sucesivas bajas por contingencias comunes el tratamiento será el siguiente:
Los 8 primeros días sin complemento.
Del día 9 al día 15: la Dirección complementará en su caso hasta el 75 % del salario.
A partir del día 16 de baja la Dirección complementará hasta el 100 % del salario.
Por salario se entenderán los conceptos salariales de tablas más los complementos personales o de puesto previstos en convenio o que provengan de regularización de convenios o acuerdos colectivos anteriores en los que se disfrutara de complemento de IT que el/la trabajador/a cobre en relación a su grupo profesional y jornada.
Para tener derecho a este complemento será requisito imprescindible que obren en poder de la empresa los correspondientes partes médicos de Seguridad Social reglamentarios en tiempo y forma, así como acudir a los servicios médicos de control correspondiente mediante comunicación escrita.
En la primera baja por contingencias comunes en el año natural en los supuestos anteriores, la empresa abonará también el 100 % del salario de los tres primeros días de baja.
En el caso de que el/la trabajador/a tuviera menos de tres bajas por contingencias comunes a lo largo de un año natural, la Empresa, en febrero del siguiente año, abonará al mismo las cantidades de salario dejadas de percibir durante los tres primeros días de la segunda baja del año anterior, siempre que a 31/12 del año en cuestión, el índice de absentismo de la Compañía no supere el 3,5 %. Se hará un seguimiento mensual de la evolución del mismo.
En función de la evolución del absentismo la comisión mixta del convenio valorará la aplicación de los citados complementos y su revisión en su caso.
Igualmente, a lo largo de la vigencia del convenio el Comité Intercentros estudiará la implantación de medidas o acciones positivas para la reducción del absentismo.
Si por norma de rango superior, durante la vigencia del Convenio, se modificara la cuantía de las prestaciones económicas que otorga la administración pública para esos casos, la Dirección podrá disminuir en el mismo porcentaje sus prestaciones.
Artículo 34.º Prendas de trabajo.
I. La Dirección de cada empresa del grupo facilitará a los/as trabajadores/as a los que se les exija llevar un uniforme determinado, las prendas o sistemas de adquisición de las mismas que están establecidos en la actualidad, según la costumbre de cada una. No se considera uniforme aquellas prendas que sean de uso general y se entiendan como forma correcta de vestir común.
II. La provisión de tales prendas se ha de hacer al comenzar la relación laboral entre la empresa y los/as trabajadores/as, o en el momento de exigencia por parte del empleador del uso del uniforme o prenda de trabajo. La reposición de las prendas se hará en función de su desgaste conforme a la costumbre establecida en cada empresa.
III. Los/as trabajadores/as vienen obligados a llevar puestas las prendas que les entreguen, así como cualquier otro signo de identificación que se establezca, debiendo conservar la uniformidad en buenas condiciones.
En el seno de la comisión mixta se creará una comisión de trabajo que analizará la problemática de este tema así como las peculiaridades por marcas y provincias. Esta comisión hará igualmente un seguimiento constante de la uniformidad.
Artículo 35.º Seguro de incapacidad permanente y fallecimiento.
I. Las empresas del grupo formalizarán un seguro colectivo de incapacidad permanente y fallecimiento para los supuestos de fallecimiento y/o para los supuestos de incapacidad permanente total y absoluta y gran invalidez por importe de 12.000 euros, siempre y cuando el/la empleado/a tenga una antigüedad no inferior a siete años en la compañía.
II. Las empresas entregarán copia del seguro colectivo suscrito a la representación de los/as trabajadores/as.
III. El/la trabajador/a podrá designar libremente al beneficiario de dicho seguro. Si así no lo hiciere, se estará a lo establecido en el Derecho de Sucesiones vigente.
Artículo 36.º Dietas.
Los/as trabajadores/as, que por necesidad de la empresa tengan que ejecutar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de aquellas en que radique su centro de trabajo, tendrán derecho a una compensación por los gastos originados por el/la trabajador/a desplazado/a en los términos establecidos a nivel de empresa.
Se entiende por población distinta aquella que se encuentre fuera del área urbana y de la zona de influencia constituida por una o varias poblaciones limítrofes entre sí.
Artículo 37.º Manutención.
Se mantiene el sistema de manutención en los términos que viene disfrutándose actualmente. En los nuevos centros se estará a lo que se establezca por la Comisión Mixta.
Artículo 38.º Comisión Mixta.
Las partes firmantes del presente texto constituirán una Comisión Mixta que entenderá de todas las cuestiones relacionadas con la interpretación de las normas contenidas en el presente Convenio.
1. La Comisión mixta estará formada por dos miembros de cada uno de los sindicatos firmantes del Convenio preferentemente de entre los miembros del comité intercentros cuyo voto estará ponderado en función de la representación real de cada uno de ellos medida a diciembre de cada año en el ámbito del Convenio y por el mismo número de miembros en representación de la Dirección. Igualmente se elegirán otros tantos suplentes, designados por cada una de las representaciones señaladas.
2. Ambas partes podrán ser asistidas por los/as asesores/as que estimen conveniente según las materias a tratar, con voz pero sin voto.
3. La Comisión elegirá de entre sus miembros a un/a Presidente/a y a un/a Secretario/a, que recaerá alternativamente en cada una de las representaciones.
4. De las reuniones celebradas por la Comisión se levantará acta en la que figurarán las decisiones tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por la totalidad de los miembros asistentes a ellas.
5. La Comisión se constituirá formalmente a la firma del presente Convenio dotándose de un Reglamento de funcionamiento en los términos previstos en el siguiente número.
6. Dada la trascendencia de la función de la Comisión Mixta en el desarrollo y seguimiento tanto del sistema de incentivo como de los propios incrementos salariales, en el término de dos meses desde su constitución, la Comisión Mixta se dotará de un reglamento de funcionamiento con el régimen de reuniones y debates, y con especial referencia a los compromisos de entrega de documentación por parte de la Empresa para el conocimiento puntual de la marcha de la empresa y del señalamiento y cumplimiento de objetivos. Cuando la índole de la materia a tratar tenga contenido de necesario análisis económico, respetando siempre el preceptivo sigilo y secreto de los debates y datos analizados, las partes podrán acudir de técnicos expertos. A tal efecto y para una mayor operatividad y especialización, la Comisión Mixta del Convenio creará una comisión delegada de la misma al efecto de seguir trimestralmente la información económica que facilite la Empresa con la misma periodicidad. En dicha Comisión delegada se harán un seguimiento de las jornadas equivalente con las que se hará el reparto definitivo. En el momento de su creación se establecerá el correspondiente reglamento de funcionamiento.
7. Para que exista acuerdo se requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.
Esta Comisión mixta tendrá, además de las funciones que expresamente se han manifestado en el presente Convenio, las siguientes:
a) Interpretación del presente Convenio en su más amplio sentido.
b) Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.
c) Seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe producirse en el tiempo y durante la totalidad de la vigencia de los mismos.
d) Mediación, arbitraje y conciliación, en caso de conflicto entre Empresa y un/a trabajador/a o trabajadores/as, en el supuesto de conflicto colectivo. A instancia de uno de sus órganos podrá solicitarse la inmediata reunión de esta Comisión a los efectos de interponer su mediación, interpretar lo acordado y ofrecer su arbitraje.
e) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional sobre la interposición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo.
Tendrán el carácter de controversia o conflicto colectivo, las disputas laborales que comprendan a una pluralidad de trabajadores/as, o en las que la interpretación objeto de la divergencia, afecte a intereses suprapersonales.
Una vez notificada a la Comisión mixta la correspondiente controversia por parte del interesado/a o interesados/as, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo máximo de veinte días, a contar desde la fecha de recepción del escrito en que se desarrolle la cuestión objeto de conflicto.
f) Cuando en la aplicación de lo pactado surjan discrepancias irresolubles por la Comisión Paritaria, ésta podrá remitir los conflictos colectivos e individuales, si así lo determinase a la mediación o arbitraje del ASEC.
Artículo 39.º Comité Intercentros y derechos de representación legal.
a) Al amparo de lo establecido en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, se constituirá un Comité Intercentros, como órgano de representación colegiado, para servir de resolución de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Centro o Delegados/as de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros del grupo, deban ser tratados con carácter general.
Al Comité Intercentros le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores.
b) El número máximo de componentes del Comité Intercentros será de nueve, sus miembros serán designados de entre los componentes de los distintos Comités de Centro o Delegados/as de Personal y en la constitución del Comité se guardará la proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales.
Para la distribución de puestos entre los sindicatos, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 71.2.b) del Estatuto de los Trabajadores, salvo el párrafo primero, sustituyéndose el término lista por el de sindicato, y el de voto válido por el de miembro del Comité o Delegado/a de Personal.
La designación de Miembro de Comité Intercentros se realizará por los sindicatos mediante comunicación dirigida a la empresa.
La composición del Comité Intercentros se comunicará al SMAC publicándose en los tablones de anuncios.
Los cambios que se produzcan en la representación con motivo de elecciones que no sean generales en el ámbito de la empresa, se tendrán en cuenta con carácter anual, a 31 de diciembre, para modificar en su caso la composición del Comité Intercentros.
c) El Comité Intercentros asume las competencias previstas en los artículos 64, 41 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo, respetando siempre las normas de interlocución de derecho necesario.
d) Competencias específicas en materia de formación:
La formación profesional, cuyos fines primordiales son mantener la competitividad de la Empresa y mejorar la calidad en el servicio, a la vez que facilitar el perfeccionamiento y la promoción profesional de los/as trabajadores/as, se determinará mediante un plan de formación profesional anual, que afectará a todos/as los/as trabajadores/as de los distintos departamentos.
Dicho plan, que tendrá como objetivos prioritarios la preparación para la introducción de nuevas tecnologías y modalidades de servicio, la cualificación de aquellos/as trabajadores/as que, como consecuencia de los cambios en la organización del trabajo o de creación de empleo, lo precisen y la puesta al día de conocimientos ya adquiridos, se establecerá, en cuanto a sus contenidos y actividades formativas sobre la base de la información obtenida de cada uno de los establecimientos, a iniciativa de la Dirección de la Empresa, o a la propuesta de la representación sindical.
A las reuniones conjuntas sobre formación entre el Comité Intercentros y la Dirección, que tendrán una periodicidad anual podrán acudir cuantos técnicos o asesores estimen oportunas las partes.
Las competencias del Comité serán las siguientes:
a) Asesorar a la Empresa en la concreción del plan de formación, marcando prioridades, junto con las actuaciones necesarias para su elaboración y seguimiento.
b) Proponer acciones formativas.
c) Colaborar en las acciones de formación y proveer en la facilitación de su financiación.
d) Llevar a la práctica cuantas acciones en materia de formación profesional acuerden las partes.
Si las fechas de impartición del curso coincidiera con el período vacacional o disfrute de días abonables del trabajador, en todo o en parte, éste tendrá derecho a disfrutarlo por mutuo acuerdo entre partes en un período distinto en el supuesto de que la asistencia al curso fuese obligatoria, no así en el supuesto de que la asistencia al mismo fuese voluntaria.
El Comité Intercentros se regirá en su funcionamiento por las normas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los Comités y sus decisiones en las materias de su competencia serán vinculantes para la totalidad de los/as trabajadores/as.
Los representantes de los/as trabajadores/as disfrutarán del número de horas y forma del disfrute que a continuación se detalla:
Los miembros del comité de empresa, delegados/as de personal, y delegados/as sindicales a los que la LOLS les reconozca el crédito horario, como representantes legales de los/as trabajadores/as, pueden disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, tanto en el seno de la empresa como en el sector, de acuerdo con la siguiente escala de trabajadores/as en función del centro de trabajo respectivo:
Hasta 50 trabajadores/as: 15.
De 51 a 100 trabajadores/as: 22.
De 101 a 250 trabajadores/as: 25.
De 251 a 500 trabajadores/as: 30.
De 501 a 750 trabajadores/as: 35.
De 751 en adelante: 40.
Respetándose cualquier otro sistema de acumulación establecido por las partes, los créditos horarios mensuales de todos los representantes legales de los/as trabajadores/as podrán acumularse en uno o varios de ellos, hasta el 100 por 100 de su jornada laboral en cada mes y, en todo caso, deberá ser comunicado previamente a la empresa.
Disposición transitoria primera.
A partir del primero de mes siguiente a la fecha de publicación del presente Convenio, el importe de la RMG figurará en los recibos de salarios como Salario Base de Grupo. Entre tanto se mantengan los regímenes de tratamiento fiscal y de seguridad social de los conceptos que integran la RMG vigentes al momento de la firma se mantendrá esta unificación. Cualquier cambio en estos regímenes legales dará lugar a la automática vuelta al desglose de los conceptos correspondientes.
Disposición transitoria segunda.
El tiempo de prestación de servicios exigible para el ascenso de trabajadores del nivel IV al nivel III contemplado en el artículo 18.º b) del presente Convenio se aplicará a los/as trabajadores/as contratados/as a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el boletín oficial. El ascenso de los/as trabajadores/as del nivel IV contratados con anterioridad a dicha fecha se regirá por el sistema existente en el momento de su contratación.
Disposición adicional primera. Solución extrajudicial de conflictos.
Las partes firmantes del presente Convenio colectivo acuerdan adherirse en su totalidad y sin condicionamiento alguno, al Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflicto Laborales (ASAC) vinculando en su consecuencia, a la totalidad de los/as trabajadores/as y empresas incluidos en el ámbito territorial y funcional que representan.
Disposición adicional segunda.
El régimen económico aplicable a las Empresas que pudieran adherirse al presente Convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.º, punto 1, párrafo segundo será el mismo para los incrementos salariales fijos previstos en este Convenio, y para los incrementos del importe fijo de reparto variable, el Acuerdo de Adhesión determinará el importe correspondiente al fijo de reparto variable correspondiente a un trabajador por jornada equivalente. Una vez totalizado el importe global máximo de reparto, el 30 % se destinará a una prima fija y el 70 % de su importe podrá estar sujeto a la venta de su presupuesto.
A aquellas empresas que se adhieran al Convenio colectivo, en el término de tres meses desde la adhesión al mismo, se les recomienda adecuar las retribuciones salariales de todos/as los/as trabajadores/as a los conceptos del Convenio de la siguiente manera:
I. Aquellos/as trabajadores/as que en el momento inmediatamente anterior a la aplicación de este Convenio vinieran percibiendo cantidades compensatorias como plus de transporte, las podrán mantener a título personal integrándose y formando parte anualmente de la retribución mínima garantizada.
Los/as trabajadores/as contratados con posterioridad a la aplicación del convenio también podrán percibir parte de su retribución mínima garantizada como plus de transporte, en los términos previstos en la disposición adicional décima.
II. Independientemente de la integración del plus de transporte en la RMG, aquellos/as trabajadores/as contratados/as con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio que vinieran percibiendo conjuntamente por los conceptos de salario base y plus de transporte una cantidad superior a las previstas como RMG, las mantendrán a título personal como condición más beneficiosa.
III. Para alcanzar la RMG podrá computarse cualquier otro tipo de retribución que fuera compensable y absorbible.
IV. En caso de que existiese alguna cantidad, una vez alcanzada en su caso la RMG, que en origen tuviese la consideración de no compensable y no absorbible y tal hubiese sido el tratamiento de la misma, pasará a integrar un complemento ad persónam que mantendrá el carácter de no compensable y no absorbible. Esta cantidad será revisable si venía revisándose con anterioridad.
Disposición adicional tercera. Reclasificación profesional.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del presente Convenio colectivo, se acuerda la relación de equivalencia entre las categorías/funciones/grupos profesionales que actualmente se aplican y las que se consideran como propias del Grupo en el presente convenio, de conformidad con el anexo I.
La Comisión Mixta del presente Convenio ejercerá las funciones de mediación y arbitraje en su caso a los efectos de una transición ordenada de los marcos normativos de aplicación al que se define en este Convenio.
Disposición adicional cuarta.
Seguridad y salud laboral.
Las partes firmantes del presente Convenio convienen en la transcendencia del papel de la representación legal de los/as trabajadores/as y, en orden, al aseguramiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y a la integración de los/as trabajadores/as en el mismo mediante su colaboración en la realización de las pertinentes auditorías y en la concienciación de los/as trabajadores/as en el seguimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad.
En este marco de colaboración se tendrá igualmente atención a los riesgos psicosociales a cuyo efecto ambas partes podrán compartir la realización de encuestas puntuales de clima laboral para la detección entre otras cuestiones de dichos riesgos y para proponer en su caso medidas tendentes a su corrección.
La empresa garantiza a los/as trabajadores/as la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los servicios sanitarios de la empresa realizarán una revisión periódica, específica y gratuita a todos/as los/as trabajadores/as, cuando se considere oportuno.
Cuando la evaluación de riesgo así lo exija, se realizarán las pruebas médicas complementarias necesarias para conocer el estado de salud del trabajador (control visión, audiometría y análisis de sangre y orina, o cualquier otro tipo de analítica complementaria).
En aquellos puestos con especial riesgo de enfermedad profesional, el reconocimiento médico será obligatorio e incluirá todo lo que sea procedente.
Asimismo, la empresa realizará campañas preventivas y en concreto la vacunación en función de los riesgos inherentes al trabajo, efectuando, como mínimo la vacunación antigripal.
Evaluación de riesgos laborales. La empresa dispondrá en todos sus centros de trabajo de la evaluación inicial de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Deberá actualizar dicha evaluación inicial mediante evaluaciones de riesgos periódicas y planificadas y por inspecciones técnicas tras accidente laboral y cambios en el proceso productivo.
Las evaluaciones de riesgo contendrán necesariamente un análisis de las condiciones de trabajo tanto desde el punto de vista de la seguridad e higiene industrial como de los factores ergonómicos y psicosociales derivados del trabajo.
La empresa podrá constituir un servicio de prevención mancomunado con otras empresas del grupo, aun cuando éstas no estén obligadas a constituir un servicio de prevención propio. La actividad preventiva del servicio mancomunado se limitará a las empresas participantes.
Para la designación de los Delegados/as de Prevención se procederá conforme a la legislación en vigor, correspondiendo la misma a los representantes de los/as trabajadores/as.
En su defecto se designarán de la siguiente forma:
En aquellos centros donde se hayan elegido delegados/as de personal, será delegado/a de prevención el/la más votado/a y, en el supuesto de renuncia, el que inmediatamente le siga.
En aquellos centros donde se haya constituido Comité de Empresa propio, el/la Delegado-a/s de Prevención, será nombrado/a según el siguiente orden resultante de la mencionada constitución del Comité, 1.º presidente/a, 2.º secretario/a, 3.º primer vocal, 4.º segundo vocal y 5.º tercer vocal.
En los centros donde se haya constituido Comité conjunto, serán designados delegados/as de prevención los que resulten del mismo orden anterior. En los centros donde no haya representantes electos, se nombrará de entre los/as trabajadores/as, un responsable de prevención.
Cuando se produzca alguna vacante, ésta se cubrirá automáticamente por el/la representante sindical inmediatamente siguiente al orden establecido y, en el supuesto de no poder cubrirse la vacante de esta forma, se nombrará un responsable de prevención de entre los/as trabajadores/as del centro.
Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral.
A los efectos de coordinar las labores de representación y participación en materia de riesgos laborales, y en atención a la convivencia en la empresa de órganos de representación individuales y colectivos (delegados/as de prevención en unos centros y comités de salud laboral en otros), de conformidad con el artículo 35.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las competencias de los/as Delegados/as de Prevención y Comités de Seguridad y Salud serán ejercidas por el Comité Intercentros de Seguridad y Salud como interlocutor del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, por lo que se acuerda por las partes constituir un comité Intercentros de seguridad y salud, que estará integrado: de una parte, y en nombre de los/as trabajadores/as del centro, por cinco miembros designados por el Comité Intercentros, y en proporción a su propia composición, de entre los miembros de los comités de seguridad y salud laboral, y los/as delegados/as de prevención que ejerzan sus funciones en los centros donde no se hubiera podido constituir un comité de seguridad y salud; y, de otra, y paritariamente, por los/as representantes de la empresa, designados/as por esta.
Sus funciones serán las mismas que las de los comités de seguridad y salud, dirigidas a la unificación y coordinación de criterios a nivel general de la empresa, en la totalidad del ámbito geográfico al que la actividad de la misma se extiende.
El Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral se reunirá con periodicidad trimestral. La Comisión Ordinaria de Seguridad y Salud Laboral tendrá una periodicidad mensual y realizará un seguimiento de las medidas de prevención, de los resultados y causas de absentismo y de las cuestiones operativas relacionadas con la materia.
Disposición adicional quinta. Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual.
Dada la voluntad de las partes de compartir la lucha frente a las posibles situaciones de riesgo psicosocial y como una de las medidas correctoras de los mismos, la Representación Legal de los/as trabajadores/as participará en las deliberaciones de la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (CITSA), con voz pero sin voto. El sistema de participación se definirá en la Comisión Mixta.
El/la representante designado/a en cada caso por los integrantes de la RLT deberá reunir las características de conocimiento necesario en la materia, a cuyo efecto la Empresa proveerá una formación adecuada, especialmente dirigida a la conciencia de preservación de la intimidad de los afectados y al carácter reservadísimo de los hechos que rodean a cada actuación hasta la conclusión final del procedimiento.
1. Declaración de principios. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral, son derechos fundamentales de la persona contemplados en la Constitución Española, además de los derechos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores de respeto a la intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
Un entorno laboral libre de conductas indeseadas, de comportamientos hostiles y opresores, es responsabilidad de las empresas. Por ello, las empresas, junto con los/as representantes de los/as trabajadores/as del centro, deben trabajar en implantar políticas, con distribución de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos laborales libres de acoso, donde se respete la dignidad del trabajador/a y se facilite el desarrollo de las personas.
Por todo ello, las partes firmantes del Convenio manifiestan su compromiso por mantener entornos laborales positivos, prevenir comportamientos de acoso y, perseguir y solucionar aquellos casos que se produzcan en el ámbito laboral, sancionándose como faltas muy graves, en su grado máximo, si esta conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.
2. Medidas preventivas. Todos/as los/as trabajadores/as del centro tienen derecho a un entorno libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona que garantice su dignidad y su integridad física y moral. Las personas con responsabilidad de mando tienen la obligación de garantizar las condiciones adecuadas de trabajo en su ámbito de responsabilidad.
Las empresas del grupo, afectadas por el presente Convenio, en el término de un año desde la entrada en vigor del mismo, pondrán en conocimiento de todos/as los/as trabajadores/as del centro el procedimiento aquí previsto.
Las partes firmantes asegurarán que todos los/as trabajadores/as del centro conozcan de la existencia del Procedimiento de actuación, distribuyéndose entre los órganos de representación de cada centro.
Las empresas del grupo establecerán los mecanismos de detección de posibles riesgos psicosociales y, en su caso, procederán a la evaluación de los mismos y promoverán, adicionalmente, la detección precoz de situaciones de riesgo a través de la vigilancia de la salud.
Las empresas del grupo, en el plazo de un año desde la implementación del Procedimiento, incorporarán en las acciones formativas de todo el personal que ingrese en las mismas, información relativa a las materias que aborda este procedimiento.
3. Definición del acoso moral y sexual. A los efectos del presente Procedimiento, se entiende por:
Acoso moral: Se entiende por acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento, realizada de modo sistemático o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador, al cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral.
A título de ejemplo, entre las conductas que aisladamente o en combinación con otras, pasivas o activas, pudieran llegar a ser constitutivas de acoso moral, cabe destacar:
Al trabajador/a se le ignora, se le excluye o se le hace el vacío.
Se evalúa su trabajo de manera desigual o de forma sesgada, criticando el trabajo que realiza despectivamente.
Se le deja sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, o se le asignan tareas o trabajos absurdos, sin sentido, o por debajo de su capacidad profesional o competencias.
Se le exige una carga de trabajo insoportable de manera manifiestamente malintencionada o que pone en peligro su integridad física o su salud.
Recibe ofensas verbales, insultos, gritos.
Recibe críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en su trabajo.
Le humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros compañeros/as o ante terceros.
Se le impiden oportunidades de desarrollo profesional.
Acoso sexual: Se entiende por acoso sexual toda aquella conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, desarrolladas en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no deseada por la víctima.
El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo.
La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha de haber ausencia de reciprocidad por parte de quien recibe la acción.
No es necesario que las acciones de acoso sexual en el trabajo se desarrollen durante un período prolongado de tiempo. Una sola acción, por su gravedad, puede ser constitutiva de acoso sexual.
Estos comportamientos deterioran el entorno de trabajo y afectan negativamente a la calidad del empleo, condicionales laborales y desarrollo profesional de la víctima de acoso.
Así, se pueden identificar unos comportamientos concretos que, a título de ejemplo, constituyen acoso sexual:
Insinuaciones y comentarios molestos, humillantes de contenido sexual.
Comentarios obscenos, proposiciones de carácter sexual, directas o indirectas.
Cartas o notas con contenido sexual, que propongan, inciten o presionen a mantener relaciones sexuales.
Insistencia en comentarios despectivos u ofensivos sobre la apariencia o condición sexual del trabajador/a.
Tocamientos, gestos obscenos, roces innecesarios.
Toda agresión sexual.
3. Procedimiento de actuación. En el término de un año desde la publicación del presente Convenio se establecerá un procedimiento específico de actuación que desarrolle lo aquí dispuesto.
Se creará una Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso, como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente procedimiento.
Disposiciones generales.
El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuación se desarrollará bajo los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso.
Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el Procedimiento.
Se creará a nivel del Grupo la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA–, como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente procedimiento.
Dicha Comisión estará integrada por un médico adscrito al servicio de prevención, un representante del servicio de prevención central y un representante del Departamento de Recursos Humanos ajenos al centro de trabajo en el cual se haya producido la situación objeto de análisis.
Proceso de solución mediante pronunciamiento. Se estructura un procedimiento de solución mediante pronunciamiento para aquellos/as trabajadores/as que consideren estar siendo objeto de acoso.
1. El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que presentará, a su elección, a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso –CITSA– o al médico adscrito al servicio de prevención. Si así lo desea el trabajador o trabajadora, también podrá dirigirse a los representantes de los/as trabajadores/as del centro, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de intervención.
La solicitud de intervención se presentará por escrito, o mediante correo certificado, al domicilio de la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones Acoso o por cualquier otro medio que pueda ser establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se inste la intervención de la Comisión.
Posteriormente, ésta solicitará el relato de los distintos actos e incidentes, identificación de la/s persona/s que adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de dichas conductas y actos.
2. En cualquier caso, los/as trabajadores/as del centro podrán ser asistidos/as, en sus intervenciones ante la Comisión Instructora, por un representante de los/as trabajadores/as del centro de su elección.
3. Una vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la Comisión de Instrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los/as representantes legales de los/as trabajadores/as del centro del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y veracidad de los hechos denunciados.
Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez, contradicción e igualdad.
Durante la tramitación de los actos alegatorios, siempre que medie solicitud escrita del trabajador o cuando lo aconsejen las sensibilidades puestas en el procedimiento se procederá al cambio provisional de puesto, turno y/ o centro de trabajo, en la medida que lo permita la organización del trabajo a fin de minimizar la relación entre las partes implicadas en la denuncia.
4. La Comisión tiene un plazo máximo de 21 días para resolver motivadamente la solicitud de intervención. Este plazo se iniciará desde el momento en que la Comisión tenga conocimiento oficial de la solicitud.
La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de un informe que pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante.
5. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del Departamento de Recursos Humanos al objeto de que éste adopte con carácter inmediato las medidas correctoras oportunas incluyendo las medidas tipificadas en el procedimiento sancionador y las acciones legales correspondientes si hubiere lugar a las mismas.
6. Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se archivará el expediente dando por finalizado el proceso. En la medida que lo permita la organización del trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de trabajo, facilitando el cambio de puesto de trabajo si el/la trabajador/a afectado/a lo solicita y es aconsejado por el Servicio Médico de la Empresa.
7. La Empresa asegurará que los/as trabajadores/as del centro que consideren que han sido objeto de acoso, los que planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán objeto de intimidación, persecución o represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción disciplinaria.
8. La Empresa informará a los/las representantes de los/as trabajadores/as del centro del centro de todos los casos de acoso sexual o moral que se produzcan y que finalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o muy grave.
Disposición adicional sexta. Empleo.
De acuerdo con lo determinado en el capítulo II del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se fijan como criterios rectores en materia de contratación y de acuerdo con la regulación legal vigente y con lo previsto en el Convenio colectivo los siguientes:
La promoción de la contratación indefinida, la conversión de contratos temporales en contratos fijos, así como el compromiso de evitar el encadenamiento injustificado de sucesivos contratos temporales, todo ello con el objetivo de reducir la contratación temporal injustificada.
El compromiso de utilizar las modalidades contractuales adecuadas de forma tal que las necesidades permanentes de las empresas se atiendan con contratos indefinidos y las necesidades coyunturales, cuando existan, puedan atenderse con contratos temporales causales
El fomento de contratos a tiempo parcial indefinidos, que pueden ser una alternativa a la contratación temporal.
El uso de los contratos formativos como vía de inserción y calificación de los/as jóvenes, garantizando que a su finalización contribuya a la estabilidad del empleo.
Como mecanismo de rejuvenecimiento de las plantillas se apuesta por la utilización de la jubilación parcial con contrato de relevo.
En consecuencia para promover la contratación indefinida y la estabilidad de las plantillas, se adquieren los siguientes compromisos:
La contratación indefinida será la modalidad normal de relación entre las empresas del Grupo y sus empleados/as, haciéndose por las mismas una apuesta firme por la estabilidad en el empleo como principio rector de su política social.
Las partes firmantes del convenio se fijan como objetivo el fomento de la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad.
A tal efecto, El grupo adquiere el compromiso de mantener el 90 % de empleo indefinido a lo largo de la vigencia del Convenio.
Dentro de este compromiso de empleo estable se atenderá prioritariamente a la transformación a indefinido de los contratos formativos y eventuales a su extinción, según los límites legales establecidos en cada momento (6 meses para los contratados en la modalidad eventual).
Los firmantes del Convenio entienden que el mantenimiento y la recuperación del empleo es un objetivo prioritario de esta negociación colectiva, favoreciendo la estabilidad, sin perjuicio de mantener la referencia de la contratación temporal para permitir responder a las necesidades claramente coyunturales producto de la gran variabilidad, en el tiempo y en la intensidad, de la demanda de nuestros consumidores.
En consecuencia, los firmantes del Convenio, conscientes de la necesidad de conjugar la efectividad de la garantía de empleo en el ámbito del grupo con las transformaciones y adaptaciones al mercado y a los clientes, convienen en que las empresas afectadas por el Convenio no llevarán a cabo medidas que puedan afectar al empleo en alguno o algunos de los centros afectados por el presente Convenio, sin antes haber agotado las previstas en el siguiente protocolo:
1. Cuando las medidas afecten a más de un centro de trabajo el órgano competente para la consulta y deliberación de las mismas, con respeto de la legalidad vigente, será el Comité Intercentros, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de este Convenio, o las representaciones sindicales si así lo decidiesen estas en los términos legales.
2. Como medidas necesarias para evitar o reducir los efectos y atenuar sus consecuencias para los/as trabajadores/as del centro afectado será necesario contemplar preferentemente las siguientes:
a) La recolocación interna de los/as mismos/as dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de empresas.
b) Movilidad funcional de los/as afectados/as conforme a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
c) Movilidad geográfica conforme a lo establecido en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores dentro del ámbito de actuación del grupo.
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
e) Acciones de formación o reciclaje profesional de los/as afectados/as que puedan contribuir a su continuidad en el proyecto empresarial.
f) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores afectados.
Disposición adicional séptima. Igualdad.
Como parte integrante del Plan de Igualdad del Grupo se incorporarán al mismo las siguientes medidas que en todo caso tendrán efectividad desde la firma del presente Convenio:
Conceder permisos retribuidos por el tiempo necesario para las trabajadoras en tratamiento de técnicas de reproducción asistida, previa justificación.
Garantizar un permiso retribuido de dos días para las gestiones previas a las adopciones internacionales y aquellas que exijan desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma, previa justificación.
Establecer un permiso no retribuido por el tiempo necesario para los/as trabajadores/as con descendientes menores de 15 años o con personas dependientes a su cargo para atender situaciones que exijan su presencia, justificándolo debidamente y siempre que la organización del trabajo lo permita. Por acuerdo entre el trabajador y la Empresa se podrá establecer el mecanismo de recuperación del tiempo empleado en esta licencia, en otro caso se descontará de vacaciones.
Dar preferencia, cumpliendo los requisitos de idoneidad, dentro de la misma área funcional en la movilidad geográfica fuera de la comunidad autónoma por motivos de cuidados de personas dependientes (menores de 8 años y familiares de 1.er grado de consanguinidad o afinidad), previa justificación.
Dar preferencia en el cambio de movilidad geográfica con el objetivo de atender situaciones parentales relacionadas con el régimen de visitas de hijos/as u otras situaciones para personas separadas/divorciadas o cuya guarda y custodia recaiga en uno de los dos progenitores. Las solicitudes se concederán, previo acuerdo entre las partes y justificación de la necesidad y siempre que exista idoneidad en el/la trabajador/a solicitante.
Dar preferencia en la adjudicación de los turnos de vacaciones a aquellos empleados/as que por decisión judicial tengan establecido un régimen de vacaciones con hijo/a menor que les obligue a hacerse cargo del mismo en un período determinado de vacaciones, conforme al calendario laboral fijado en cada centro.
Licencia no retribuida a la pareja para acompañar a las clases de preparación al parto y exámenes prenatales, previa justificación y preaviso de 7 días. Por acuerdo entre el/la trabajador/a y la Empresa se podrá establecer el mecanismo de recuperación del tiempo empleado en esta licencia, en otro caso se descontará de vacaciones.
Ampliación del permiso por nacimiento de hijos/as a cinco días, siendo de aplicación en los casos de adopción y acogimiento, siempre y cuando la madre le haya cedido al menos dos semanas de su suspensión de contrato por maternidad y se haya comunicado y acreditado esta circunstancia.
Los/as trabajadores/as del centro con hijos/as entre ocho y diez años de edad podrán concertar con la empresa la realización de una jornada inferior a la que tuvieran establecida con carácter normal. Será requisito indispensable para su concesión y establecimiento que el momento de la prestación de la jornada sea determinado necesariamente con la conformidad de ambas partes. Los/as trabajadores/as del centro con un preaviso de quince días podrán dejar sin efecto el acuerdo.
Disposición adicional octava. Condiciones de trabajo para la mejora de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en el Grupo Vips.
a) La empresa atenderá las solicitudes de cambio de centro de trabajo como forma de acercarse a su domicilio para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, a cuyo efecto se pondrá en práctica durante la vigencia del Convenio un sistema de puesta en conocimiento de las vacantes que se produzcan en los centros, a efectos de su solicitud por los/as trabajadores/as del centro interesados/as.
b) Las jornadas diarias iguales o inferiores a cuatro horas deberán ser necesariamente continuadas.
c) Las trabajadoras y trabajadores madres o padres de niños menores de tres años, a lo largo de la vigencia del Convenio, podrán solicitar no prestar servicios en sábados, domingos y festivos y ser adscritos a un turno de trabajo adaptado al horario de guardería, previa justificación del mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, en atención a las especiales circunstancias y previa justificación de las mismas, la edad establecida se ampliará a 4 años en el caso de que la atención al menor dependa de una sola persona, ya sea situación «de hecho», estado civil o adopción.
En los supuestos en que varios/as trabajadores/as de un mismo centro de trabajo se acogieran a esta u otras medidas similares, se procederá a ajustar de común acuerdo entre trabajadores/as y empresa el horario de trabajo efectivo.
Las condiciones establecidas en el párrafo primero de este punto no serán de aplicación para aquellos/as trabajadores/as empleados/as específicamente para prestar trabajos en sábados y domingos. A tal efecto se entenderán como tales los que trabajen el 50 % o más de la jornada contratada en festivos y fines de semana.
d) En los casos de las licencias contempladas en el artículo 24.1. b) y c) de este Convenio, el/la trabajador/a que tuviera que desplazarse fuera del territorio nacional podrá acumular a los días de permiso los días de vacaciones devengados necesarios a tal efecto. Igualmente podrán acumularse en los casos que no tenga que efectuarse desplazamiento fuera del territorio nacional siempre que la organización del trabajo lo permita.
La Comisión mixta del Convenio creará en su seno una Comisión para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en el Grupo Vips, que, a lo largo de la vigencia del Convenio analizará la aplicación práctica de las medidas previstas en esta disposición y participará en el seguimiento de las mismas.
Disposición adicional novena. Procedimiento para solventar las discrepancias a que se refiere el apartado c) del artículo 85.3 del E.T.
En el caso de que, durante la vigencia del Convenio y de las normas referidas, se produjeran discrepancias en orden a la negociación de las modificaciones sustanciales de trabajo previstas en el artículo 41.4 del E.T, o de la inaplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3 del mismo texto legal, la Comisión Mixta prevista en el artículo 38 del presente Convenio actuará conforme a lo previsto en el apartado g) del mismo, sometiendo la discrepancia a la mediación o arbitraje del ASAC para su resolución efectiva.
Disposición adicional décima. Ayuda al transporte.
Se establece con naturaleza extrasalarial una ayuda al transporte o plus de transporte que las empresas deberán abonar a todos/as sus trabajadores/as, sea cual fuere la modalidad contractual suscrita por los mismos o su jornada laboral, a excepción de aquellos que tengan otro tipo de compensaciones.
El plus de transporte se integra y forma parte anualmente de la retribución mínima garantizada.
Teniendo en cuenta el importe medio/moda por trayecto en servicio público en el ámbito del presente convenio, la cuantía se fija en 960€ anuales en defecto de lo previsto en el párrafo siguiente y se distribuirá a los solos efectos de administración de pagos en doce pagos mensuales iguales a partir de 1 de enero de 2015.
Dicha cuantía que se abonará en concepto de ayuda al transporte, se hará efectiva siempre que no se haya negociado con la representación legal de los/as trabajadores/as del centro fórmulas alternativas que sustituyan lo previsto y recogido en esta disposición. De producirse acuerdo a este respecto, éste deberá ser remitido a la Comisión Paritaria del Convenio para su conocimiento y aprobación.
En caso de no haberse alcanzado, o de no alcanzarse, acuerdo alguno a este respecto, las empresas vendrán obligadas a abonar efectivamente la denominada ayuda transporte en la cuantía que se indica.
El importe del plus de transporte, no será objeto de revisión a lo largo de la vigencia del presente convenio, por lo que los incrementos pactados en la cuantía total de la RMG prevista para cada año en el artículo 26 del Convenio, se aplicarán a los conceptos salariales que integran la RMG.
Aquellos/as trabajadores/as que vinieran percibiendo por plus de transporte una cantidad superior a la aquí prevista, la mantendrán exclusivamente a título personal como condición más beneficiosa.
Disposición adicional undécima. Precio de la hora nocturna de 22 a 24 horas en 2015:
Nivel IV: 6,736 euros/hora.
Nivel III: 7,277 euros/hora.
Nivel II: 7,707 euros/hora.
Nivel I: 8,458 euros/hora.
ANEXO I
Categorías antiguas
Grupo
profesional
Analista de Sistemas
Grupo I.
Comprador
Grupo I.
Director
Grupo I.
Grupo IV (Comercio)
Grupo I.
Jefe de Cocina
Grupo I.
Jefe de Comedor
Grupo I.
Jefe de Departamento
Grupo I.
Licenciado
Grupo I.
Primer Encargado
Grupo I.
Encargado Almacén
Grupo II.
Oficial 1.º Administrativo
Grupo II.
2.º Jefe de Cocina
Grupo II.
2.º Jefe de Comedor
Grupo II.
Grupo III (comercio)
Grupo II.
Jefe de Partida
Grupo II.
Jefe de Sector
Grupo II.
Oficial 2.º Administrativo
Grupo II.
Segundo Encargado
Grupo II.
Subjefe Departamento
Grupo II.
Delineante
Grupo II.
Dibujante
Grupo II.
Oficial Técnico
Grupo II.
Programador
Grupo II.
Técnico de Sistemas
Grupo II.
Camarero
Grupo III.
Cocinero
Grupo III.
Conductor
Grupo III.
Profesional de oficio
Grupo III.
Repostero
Grupo III.
Operador Ordenador
Grupo III.
Dependiente (ayudante de camarero)
Grupo IV.
Ayudante de Cocina
Grupo IV.
Grupo I (comercio)
Grupo IV.
Auxiliar Administrativo
Grupo IV.
Auxiliar de Cocina
Grupo IV.
Ayudante Camarero
Grupo IV.
Ayudante Dependiente
Grupo IV.
Cajero Comedor
Grupo IV.
Mozo
Grupo IV.
Portero Accesos
Grupo IV.
Auxiliar de Compras
Grupo IV.
Grupo II (comercio).
Grupo IV.
Ordenanza
Grupo IV.
Vigilante
Grupo IV. | Convenio grupo VIPS: 8,45 euros la hora del salario base | Visto el texto del III Convenio Colectivo del Grupo de Empresas VIPS (Sigla, S.A.; Sigla Ibérica, S.A.; Reyse, S.A.; Starbucks Coffee España, S.L.; British Sandwich Factory, S.L.; SDH Sigla, S.L.; Grupo Vips Franchising, S.L. y Lúculo, S.A.), código de Convenio núm. 90016793012008, que fue suscrito, con fecha 18 de junio de 2015, de una parte por los designados por la Dirección de dicho Grupo de empresas, en representación de las mismas, y, de otra, por las organizaciones sindicales CC.OO., FETICO y UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 5 de noviembre de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
III CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE EMPRESAS VIPS
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.º Partes que lo conciertan.
El presente Convenio colectivo se concierta entre la Dirección del Grupo de Empresas Vips, y las representaciones sindicales en el ámbito del Grupo de Empresas de la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo de UGT y la Federación de Servicios de CCOO que en su conjunto suman la mayoría representativa de los miembros de comité de empresa y delegados de personal existentes en el ámbito definido en el presente artículo.
Artículo 2.º Ámbito personal y territorial.
A los efectos de este convenio colectivo se entienden afectados por el mismo:
1. Empresas del Grupo: Sigla, SA; Sigla Iberica, SA; Reyse, SA; Starbucks Coffee España, SL; British Sandwich Factory, SL; SDH Sigla, SL; Grupo Vips Franchising, SL; Lúculo S.A.
También se entenderán afectadas aquellas empresas del Grupo Vips que se encuentren en los casos descritos en el punto 1 del artículo 42 del Código de Comercio y las franquicias que exploten las marcas del Grupo siempre que en ambos casos se adhieran al presente Convenio colectivo en los términos previstos en el artículo 92.1 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Trabajadores/as: Los que presten sus servicios con contrato laboral en las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, tanto si los trabajos que realizan son mercantiles, como si son de cualquier otra actividad que se desarrolle dentro del centro de trabajo y pertenezcan a la empresa incluida en el presente ámbito.
No será de aplicación el Convenio a las personas que se encuentren comprendidas en alguno de los supuestos regulados en los artículos 1.3 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ámbito territorial: el presente Convenio colectivo será de aplicación en el territorio del Estado español.
Artículo 3.º Ámbito temporal y denuncia.
El presente Convenio colectivo, salvo disposición expresa, entrará en vigor el día de la firma del mismo, independientemente de que sus efectos económicos se retrotraigan al 1 de enero de 2015, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2018.
Con tres meses de antelación a la fecha de finalización de su vigencia cualquiera de las partes podrá denunciarlo sin más requisito que la obligación de comunicárselo a la otra parte de modo escrito, en donde deberán constar las materias y los criterios de revisión del Convenio colectivo que se proponen por la parte denunciante.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio colectivo subsistirán en todo caso, hasta su nueva revisión. No obstante, a partir del inicio de las deliberaciones, perderán vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en cambio, su contenido normativo.
Artículo 4.º Vinculación a la totalidad y garantía personal.
Las condiciones aquí pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a efectos de su aplicación práctica deberán ser consideradas globalmente.
Además de las específicas, expresamente recogidas en este Convenio, se respetarán aquellas condiciones ad persónam que, consideradas globalmente y en cómputo anual, excedan del presente Convenio colectivo, pero sin que en tal caso se puedan acumular las mismas a las ventajas derivadas del Convenio.
Artículo 5.º Absorción y compensación.
Las condiciones que aquí se pactan sustituyen en su totalidad a las que hasta la firma del mismo regían en el Grupo de Empresas en virtud de cualquier pacto, convenio u origen, salvo que expresamente se diga lo contrario en el presente Convenio.
Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que anteriormente rigieran, por mejora pactada o unilateralmente concedida por la empresa, imperativo legal, jurisprudencial, pacto o por cualquier otra causa, salvo que expresamente se señale lo contrario.
CAPÍTULO II
Organización del trabajo
Artículo 6.º Organización del trabajo.
I. La organización del trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa.
II. Los/as trabajadores/as a través de sus representantes legales tendrán derecho a conocer aquellas decisiones de carácter organizativo que puedan afectar a los/as trabajadores/as.
III. En todo caso, las empresas estarán obligadas a informar con carácter previo a los/as representantes de los/as trabajadores/as sobre cualquier modificación sustancial que se produzca en la organización de la empresa que pueda afectar a los/as trabajadores/as
### RESUMEN: Convenio grupo VIPS: 8,45 euros la hora del salario base |
De conformidad con lo establecido en los artículos 385.2, 387 y 388 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; los artículos 269 y siguientes del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial; en el artículo 28.2.c) y 3.e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y demás disposiciones concordantes, por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 19 de septiembre de 2013,
Vengo en declarar la jubilación, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales, de don Antonio Eduardo Pedreira Andrade, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con efectos de 19 de septiembre de 2013 y con los derechos pasivos que le correspondan por dicha causa.
Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ | El juez Antonio Eduardo Pedreira Andrade, se jubila por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales. | De conformidad con lo establecido en los artículos 385.2, 387 y 388 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; los artículos 269 y siguientes del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial; en el artículo 28.2.c) y 3.e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y demás disposiciones concordantes, por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 19 de septiembre de 2013,
Vengo en declarar la jubilación, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales, de don Antonio Eduardo Pedreira Andrade, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con efectos de 19 de septiembre de 2013 y con los derechos pasivos que le correspondan por dicha causa.
Dado en Madrid, el 27 de septiembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
### RESUMEN: El juez Antonio Eduardo Pedreira Andrade, se jubila por incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones judiciales. |
Los Plenos del Senado y del Congreso de los Diputados, en sus sesiones de 17 de diciembre de 2014 y 18 de diciembre de 2014, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, así como los Acuerdos anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez. | El Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 2012. | Los Plenos del Senado y del Congreso de los Diputados, en sus sesiones de 17 de diciembre de 2014 y 18 de diciembre de 2014, respectivamente, aprobaron el Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2012, así como los Acuerdos anejos, de conformidad con las normas de las Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitación de la Cuenta General del Estado de 1 de marzo de 1984.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2014.–El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.–El Presidente del Senado, Pío García-Escudero Márquez.
### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas sobre las cuentas 2012. |